Los discapacitados contra la desregulación

Los discapacitados contra la desregulación

Más de 10 mil personas se movilizaron en Olivos y en varias ciudades del país para frenar el proyecto del gobierno de Javier Milei que busca desregular las prestaciones para personas con discapacidad. La medida, que afectaría a 200.000 pacientes y 100.000 trabajadores.

El gobierno de Javier Milei busca desregular las prestaciones y tratamientos destinados a personas con discapacidad, actualmente financiados por el Estado y las obras sociales. Ante esta posibilidad, cientos de familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se movilizaron hasta la Residencia de Olivos para detener esta medida. La masiva protesta, que según los organizadores reunió a más de 10 mil personas, también se replicó en varias ciudades del país, como Rosario, San Miguel de Tucumán, Villa María, Alta Gracia, Río Cuarto, Mendoza, San Juan y Salta.

Según el comunicado del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad, el 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. Si bien desde la Agencia Nacional de Discapacidad aseguraban que sólo se trataba de un borrador, el proyecto ya cuenta con dictamen firmado del 24 de mayo por la Secretaría de Legal y Técnica, aguardando a la firma del Jefe de Gabinete y del Presidente.

¿Qué implica?

“La ley 24901 fija un nomenclador único de prestaciones básicas para las personas con discapacidad y determina un valor único para los distintos financiadores que son tres (Incluir Salud, PAMI y la Superintendencia de Salud, que regula obras sociales y prepagas). Hoy, desde la resolución del año 1999, todos los valores están regulados de la misma manera, sin importar el financista. Con este decreto se quiere destruir el nomenclador y dejar al libre albedrío de cada financiador el valor de la prestación”, comenta en diálogo con ANCCOM Gabriela Rovere, directora de la Escuela de Educación Especial Pablo Picasso. De esta manera, el sistema argentino, modelo a nivel mundial y que permite el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad, se vería gravemente afectado. “Hasta ahora todos los chicos, más allá de la cobertura social que tuvieran, tenían el derecho a la misma prestación”, remarcó Rovere.

Según el petitorio presentado en la Residencia de Olivos, actualmente reciben atención 200.000 personas y hay alrededor de 100.000 que trabajan para que la misma sea posible. Independientemente de si el paciente tiene una pensión no contributiva o tiene una prepaga, todos tienen acceso a la misma institución y con la misma calidad de servicios. “La posible diversidad de aranceles en los distintos efectores puede llevar a que los prestadores, para cubrir sus reales costos, decidan trabajar solamente con los efectores que establezcan un arancel que les permitan brindar la prestación con sus exigencias”, remarca el petitorio presentado a Milei.

Florencia Poletto, directora de Khipu, centro de inclusión escolar para niños con discapacidad, denuncia: “Con esta desregulación vamos a tener pacientes de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Se perdería un derecho muy importante que ganamos hace 25 años: la universalidad para todas las personas con discapacidad”.

María Martínez, mamá de dos jóvenes con discapacidad, comenta: “Como madre, es una situación muy angustiante. Mis hijos progresan y están mejor gracias a todas estas personas que trabajan y que están acá. Sería muy triste perder sus servicios. Hoy se está hablando de prestaciones, pero sabemos que esto es la punta del iceberg, es el inicio de la quita de derechos”, agrega.

El diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, acompañado por Miguel Ángel Pichetto y Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, presentó un proyecto en el Congreso para pedirle al Poder Ejecutivo que se abstenga de sancionar el decreto para desregular las prestaciones de personas con discapacidad.

En el texto advierten que “en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto, será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional (…) Al no haber aranceles preestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las obras sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado», indica el texto que fue firmado por más de treinta diputados.

 

 

 

El gobierno misionero arregló con la policía pero sigue en conflicto con el resto de los estatales

El gobierno misionero arregló con la policía pero sigue en conflicto con el resto de los estatales

Los docentes continúan con el acampe en reclamo de un salario que los lleve por encima de la línea de indigencia. Los trabajadores de la salud y los judiciales tampoco aflojan.

Desde el 21 de mayo, docentes de diferentes lugares de la provincia de Misiones realizan un acampe en Avenida Uruguay y Trincheras, en la ciudad de Posadas, esperando respuestas a sus pedidos por una mejora salarial. El conflicto con el gobierno de Hugo Passalacqua se sigue profundizando y no aparecen las respuestas a los reclamos de los maestros que cobran un salario que no les alcanza para subsistir. También los trabajadores judiciales reclaman por sus salarios. Durante la madrugada de este miércoles, el gobierno logró desactivar el conflicto que más lo preocupaba, el acuartelamiento policial, llegando a un acuerdo por un incremento apenas superior a los 15 mil pesos. 

A pesar de las bajas temperaturas a las que están expuestos, los pedidos de los trabajadores del área de la Educación de Misiones no han sido apagados sino que cada vez hay más personas que se suman al reclamo. Lejos de que el clima se calme, la tensión y el conflicto va aumentando ya que, ante los reclamos por una mejora salarial, se están efectuando descuentos en los sueldos de aquellos que están participando en los paros.

‘’Estamos acá con la intención de que el gobierno escuche nuestro pedido, que es una real recomposición salarial, nosotros pedimos el 100% de aumento del básico, porque realmente los más perjudicados en lo que es la cuestión docente son las maestras de grado con un solo cargo que cobran 250.000 pesos. La vida, como es de público conocimiento, se ha encarecido’’ dijo a ANCCOM Gabriela Escobar, docente del nivel secundario que se encuentra en los acampes de Posadas desde hace una semana. Cabe recordar que un sueldo de 250.000 pesos coloca a una persona por debajo de la línea de la indigencia. ‘’Nosotros siempre decimos que Passalacqua, el gobierno actual, el gobernador actual de la coalición política de la renovación es el brazo ejecutor de las políticas de ajuste a nivel nacional y él las lleva a cabo acá en la provincia’’ continuó la docente.

 En el transcurso de la tarde del lunes, algunas autoridades de la provincia se acercaron a la ciudad de El Dorado, que se encuentra a unos 200 km de la ciudad de Posadas, para hablar con otros sectores docentes que allí se encuentran intentando buscar un camino de diálogo. ‘’Se está pendiente de eso pero no hay ninguna certeza. Eso podría llegar a salir el sábado pero nosotros estamos intentando que esa mesa esté más cerca, no tan alejada, porque la verdad es que las temperaturas son muy bajas, los docentes seguimos resistiendo, pero que nos tengan una semana más sobre las rutas y acampando en la ciudad de Posadas nos parece sumamente violento y deshumano por parte de este gobierno que tiene las herramientas para llamar pero no lo está haciendo’’, sostuvo Escobar.

 

De esta manera, durante el día martes se tomaron medidas a lo largo de toda la provincia. Se cortaron las rutas nacionales principales, la ruta 12, a la altura de las localidades de General Urquiza, El Dorado y Puerto Libertad, y la ruta 14 en determinados lugares, interrumpiendo el tránsito por varias horas como una manera de seguir manifestando y obtener una respuesta por parte del gobierno que sea de acuerdo con los pedidos y con las necesidades de los trabajadores. 

 A la vez, en Posadas también accionaba. ‘’Nosotros acá lo que hicimos fue un recorrido interno en la capital interpelando a los políticos de turno para que llamen a una mesa salarial paritaria, para que podamos sentarnos a dialogar porque la verdad es que no nos están dando respuesta, ni siquiera en acordar, en coordinar, una mesa de diálogo’’, prosiguió la docente desde el lugar de los reclamos. 

Pero no son solo los trabajadores de la educación los que están parando y reclamando al gobierno por mejoras salariales. Para sorpresa de muchos sectores, el área judicial también se encuentra en los reclamos por la obtención de un mejor salario. También cercano a este escenario, se encuentran los trabajadores del área de salud, quienes tomaron el Ministerio del sector desde el miércoles pasado y que, al igual que sus compañeros de reclamo, exigen un 100% de recomposición salarial. 

“La lucha tiene que ver con los bajos salarios que tenemos en particular los trabajadores de salud y en general los trabajadores estatales de esta provincia. Además de esto, que lo venimos padeciendo y que muchos compañeros manifestaron que la situación estaba tan crítica que iban a trabajar angustiados, y cuando digo compañeras y compañeros me refiero a todos los que componemos el equipo de salud, desde los médicos a aquellos que realizan la tarea de limpieza”, cuenta Helena Rodriguez, enfermera del Hospital de Oberá, de la provincia de Misiones, quien se encuentra en la toma del Ministerio reclamando por un salario digno y mejores condiciones de trabajo. 

El martes, después de una semana, los trabajadores fueron recibidos en el Ministerio. ‘’Nos tomaron nota e intercambiamos algunos estudios y cuadros que tenemos nosotros que respaldan el por qué del pedido del 100%. Hubo un compromiso de estudiar, de hablar con aquellos que tienen el máximo poder de decisión que, en el caso de esta provincia, no es solo el gobernador sino el Ministro de Hacienda, que es el que últimamente decide los aumentos de todos los estatales’’. De esta manera, los trabajadores pasaron a cuarto intermedio y esperan durante el día de hoy ser recibidos por las autoridades. 

‘’El trabajador necesita vivir dignamente, asegurarse de que cuando vuelva a su casa su heladera esté llena, que sus hijos también estén protegidos, que puedan ir al colegio porque sino pareciera ser que se va estrechando esto y nuestros hijos ni siquiera tienen derecho a tener una carrera universitaria’’ mencionó, recordando la falta de presupuesto para las universidades nacionales, cuya marcha nacional tuvo lugar hace poco más de un mes. 

‘’Estamos todos esperando, expectantes, tratando de unificar nuestra demanda que es el aumento salarial para el trabajador de salud pero entendemos que en general la situación del trabajador estatal en esta provincia está siendo muy ajustada. Los compañeros manifiestan a cada momento el hecho de no poder afrontar con los gastos de alimentos, de servicios, de transportes’’ manifestó Rodríguez a ANCCOM

Mientras tanto, durante la madrugada se llegó a un acuerdo entre los policías y el gobierno provincial. Pudieron negociar un incremento salarial de 15.521 pesos que se le aplicará al básico a partir del mes de junio y se extenderá proporcionalmente a las demás jerarquías. 

El resto de los trabajadores que se encuentran reclamando, del área de salud y de la educación, siguen a la espera de algún tipo de solución y de respuesta por parte del gobierno durante el día de hoy sin dejar de  recalcar como un logro que, por primera vez, la problemática del trabajador cruzó la provincia de Misiones, pasando a que los reclamos sean escuchados en todo el país.

La Campaña por el Aborto Legal volvió a la calle

La Campaña por el Aborto Legal volvió a la calle

En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres realizó una acción en Plaza de Mayo. Sus referentes denunciaron el inclumplimiento de la Ley IVE, la falta de misoprostol y el desmantelamiento del Plan ENIA.

Este martes, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Disidencia Sexogenéricas, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumplió 19 años de activismo ininterrumpido y convocó a una movilización en Plaza de Mayo para seguir defendiendo este derecho adquirido. 

Entre un circo feminista, ferias del libro, una radio abierta y poetas, la Campaña Nacional por el Aborto Legal concentró en Plaza de Mayo en defensa de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). “Nosotras cuando logramos la ley nos planteamos el seguir en campaña, porque sabíamos que si nos había costado tanto con otros gobiernos obtener esta ley, quería decir que no es algo que este sistema o esta estructura social quiere darnos sino que se lo tuvimos que arrancar”, comunicaba la Campaña en el inicio de la jornada. “Cumplir 19 años de Campaña bajo este gobierno significa que estábamos en lo cierto, que teníamos que seguir en campaña porque la ley reconoce el derecho pero no lo garantiza. Quien tiene que garantizarlo es el Gobierno y el Estado, y para que eso suceda tenemos que seguir luchando y seguir organizando’’. 

El Gobierno de Javier Milei, desde que asumió, en cada oportunidad que tuvo le pegó al movimiento feminista, especialmente a la ley del aborto. Su dicho más reciente fue en la presentación de su libro en el Luna Park, donde se refirio a que ‘’la agenda del aborto es absolutamente asesina’’.

Desde que la Ley IVE se aprobó en diciembre del año 2020, permitió la realización de 245.015 abortos seguros y legales en instituciones públicas de salud. No obstante, también contribuyó a disminuir la tasa de mortalidad materna por abortos en un 53% entre 2020 y 2022. 

Con las políticas de desfinanciamiento, características del gobierno nacional actual, el acceso al derecho al aborto se encuentra con ciertos obstaculos para poder ser realizado  en algunas de las provincias. El Estado Nacional dejó de enviar insumos que son necesarios para poder realizar los abortos, insumos como la falta de mifepristona y misoprostol, que es la manera más segura y más eficaz según dicta la Organización Mundial de la Salud. Provincias como Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba se encuentran hoy con falta de estos medicamentos. ‘’En algunas instancias hemos hablado con los ministerios o con las instancias gubernamentales locales pero en otros lugares no nos saben decir que va a pasar con la compra de insumos. Sabemos que hay hasta junio pero después no sabemos más, y esa incertidumbre antes no la había, tenemos que seguir organizadas para exigirlo. Es responsabilidad del Estado y del gobierno implementar esta ley. Es un delito no garantizarla’’, informó la organización.

La Campaña enfatizó que las mujeres del país no están accediendo al sistema de salud y que el acceso a los medicamentos ha bajado un 35% en los últimos seis meses. Ante esto, en la lectura de la declaración de la Campaña Nacional, se manifestaron exigiendo la compra, producción y distribución de mifepristona y misoprostol para garantizar el cumplimiento al derecho a tener un aborto legal. A la vez que denunciaban la falta de cumplimiento de la ley por parte del gobierno nacional; exigieron la restauración y ampliación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), que el gobierno decidió eliminar a fin del mes de marzo. Esel plan que redujo la tasa de fecundidad adolescente del 49% al 27%. Finalmente, también exigieron el cese de los discursos y los crímenes de odio, para pasar al reclamo y pedido de justicia por Pamela, Roxana y Andrea, el lesbidicidio ocurrido en Barracas hace unas semanas.

Con los famosos bombos, la movilización llegó a su fin después del pañuelazo verde para demostrar que no dan ni un paso atrás sobre los derechos conquistados. La próxima parada del movimiento feminista es el 3J, en la marcha de Ni una menos que tendrá lugar el próximo lunes.

Los días que viajamos en peligro

Los días que viajamos en peligro

Los trabajadores ferroviarios denuncian que el choque de trenes de hace un par de semanas en Palermo no fue un accidente sino las consecuencias de las políticas de ajuste. Señalan que el desfinanciamiento tiene como objetivo generar deterioro para facilitar la privatización. El jueves, habrá medidas de fuerza para advertir la situación y reclamar aumentos salariales.

La Fraternidad, sindicato que representa a los maquinistas de trenes de todos el país, anunció mediante un comunicado una medida de fuerza para este próximo jueves 30 de mayo. Los trenes de pasajeros y de carga circularán durante todo el día a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La medida es en reclamo por la recomposición salarial y para manifestar la seria preocupación por la falta de inversión sostenida en infraestructura en el sistema en general, causal de los accidentes que han ocurrido en estas últimas semanas. De no obtener una respuesta favorable por parte del gobierno, advierten un paro total para el martes 4 de junio.

Mónica Schlotthauer, diputada nacional por el FIT (Frente de Izquierda y de Trabajadores), delegada del Tren Sarmiento e integrante de la Unión Ferroviaria, conversó con ANCCOM sobre la situación del sistema ferroviario. Traza un paralelismo entre el anterior modelo menemista y la situación de desguace actual en los que observa el “destruir para luego privatizar”: “Hay una relación directa: los tipos quieren que el Estado ya no haga nada más que negocios para el bien del empresariado, que les voten leyes que les sirvan. Después no hay educación, no hay salud, no hay nada”, expresó. La diputada también trae a colación el entramado que cimenta la apuesta por la privatización como parte de un todo, de una destrucción total: “Es parte de un caos general al que van a llevar al país con todo este ajuste. Así no tenés luz para la universidad, no tenés seguridad en los trenes, no tenés medicación para el cáncer. Es parte de eso. Ellos, por supuesto, quieren también privatizar. Lo que tenemos que tener claro es que la privatización no es para evitar los gastos de los subsidios, porque acá ningún empresario va a querer tener trenes de pasajeros, que todos saben que son deficitarios. Solo van a venir a robar de los subsidios”, amplió la delegada.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado  (ADIFSE) sufrió un recorte del 92 por ciento en términos reales en relación al primer trimestre del año pasado, consecuencia lineal de funcionar con el mismo presupuesto que en 2023. Este desfinanciamiento implica una destrucción absoluta en materia de mantenimiento y control sobre la estructura de los ferrocarriles: maquinaria, vías, puentes y sistemas de señales, que no resguardan siquiera los estándares mínimos de seguridad operacional en algunas áreas, por lo que diferentes ramales funcionan constantemente con riesgo operativo o autorización del día.

Cristian Duarte, maquinista delegado del Ferrocarril Sarmiento, señala la importancia de que el sistema de señalización funcione adecuadamente: “Hay ciertas cuestiones que están naturalizadas dentro de la circulación de trenes que constituyen un riesgo total y son terribles: el sistema paliativo es una autorización para transitar de un punto hacia otro que se utiliza cuando el sistema de señalización no funciona”. Duarte explica que este sistema paliativo suele utilizarse en ramales poco transitados como es el caso del que va hacia Lobos o Mercedes. Pero explica que la peligrosidad es otra cuando se utiliza en ramales con frecuencia alta como es el caso del Sarmiento, en su recorrido desde Moreno hacia Once (aunque funciona con treinta formaciones menos) o el San Martín, que funcionaba sin señalización cuando ocurrió el choque de formaciones a la altura de Palermo el pasado 10 de mayo. Esta situación había sido advertida de forma anticipada por el presidente de Trenes Argentinos, Adrián Luque, quien alertó sobre la situación crítica de presupuesto que no alcanzaba a garantizar siquiera, el mínimo funcionamiento. El diagnóstico de Duarte coincide sobre las consecuencias de la desinversión estructural: “Cualquier desfinanciamiento, cualquier falta de políticas para resolver los problemas de fondo, el deterioro del material rodante y de la infraestructura ferroviaria, nos llevan a una situación como la del San Martín del otro día. El resumen más triste son los 52 muertos de Once que fueron resultado de una desidia total donde abandonaron por completo cualquier tipo de mantenimiento como consecuencia de la desinversión.”

Por otro lado, el maquinista se refirió al peligro que conlleva la profundización de este modelo de ajuste: “Las políticas de este gobierno apuntan no solamente en contra del conjunto de los trabajadores sino que también respalda los negociados con respecto al patrimonio nacional. Es una destrucción y un sometimiento total”.

Schlotthauer también se refirió a los ramales que son menos frecuentados donde el ajuste se vio agudizado y la frecuencia de los trenes escasea cada vez más. Este es el caso de ramales que se adentran hasta el cuarto cordón del conurbano bonaerense y llegan hasta localidades como Las Heras o Marcos Paz, que redujeron su servicio en un 60 por ciento, es decir que funcionan a un 40 por ciento de sus capacidades. El desfinanciamiento produce que múltiples máquinas estén paradas por la necesidad de recambio de repuestos que no se produce hace meses: “Lo que genera esta desinversión esencialmente es aislar, quitar oportunidades, dejar a la gente sin acceso a sus derechos”. La integrante de la Unión Ferroviaria amplía: “De Mercedes a Buenos Aires tenes que gastar 6.000 pesos si venís en colectivo. Olvídate de venir. ¡No podes gastar eso por día! Entonces la gente se queda sin nada, sin poder trasladarse a la capital, sin ferrocarril”.

“La privatización de los ferrocarriles argentinos enajena el patrimonio nacional”, declaró Ricardo Banegas, director de la escuela técnica de La Fraternidad, quien agrega otro elemento al análisis de la causas: “Entendemos que el trasfondo es el negocio inmobiliario- señaló en diálogo con ANCCOM-. Es monumental el valor que tienen los terrenos ferroviarios, por eso la idea es venderlos y hacer un negocio con esas tierras”. Además resaltó el marco reglamentario, legislativo y necesario que significa la Ley Bases para desarrollar materialmente la estructura en torno a un modelo privatista: “Tal cual como está presentado el proyecto de la Ley Bases, hay un solo renglón que define el destino de toda la industria, que es el de privatización y concesión, que no está justificado de ninguna manera”. Sobre las consecuencias de la privatización de empresas públicas de interés general, Banegas coincide con Schlotthauer: “Dan lo mínimo e indispensable para funcionar, no desarrollando obras de envergadura que hagan que el ferrocarril sea eficiente. Evidentemente están copiando un viejo modelo que se vivió en los años noventa, en donde no solamente se desfinancia sino que se genera en la opinión pública un desgaste y una idea errada que tiene como resultado final la premisa de que si funciona así mejor que lo hagan los privados”. Haciendo una historización, Banegas se retrotrae a cómo funcionaban los trenes cuando eran privados, en oposición a cualquier idealización: “Cuando se le entregaron las vías a los privados estaban a 120 km por hora y había trenes a todo el interior del país. Treinta  años después, los trenes funcionan con mucha más demora para llegar de un punto al otro, las velocidades son muy inferiores. Todo tiene que ver con que no se han hecho las inversiones necesarias comprometidas en el momento de la privatización”, explicó.

Sergio Galeano, también integrante del Sindicato La Fraternidad, comparte el diagnóstico y expresa que “apuntan a la destrucción del ferrocarril. Te lo digo así nomás: ya no hay inversión. Es muy preocupante porque esto ya lo vivimos con Menem: familias en la calle, sin trabajo. Esto es la vuelta a todo eso- sostuvo -. Y no pasa solamente acá. Esta destrucción no es solo al sistema ferroviario, sino de todo lo estatal. ¡Mirá el caso de Aerolíneas, también! Están destruyendo al país. No hay una sola para los trabajadores. La quieren toda para ellos”.

 

Amenaza de más despidos

Los trabajadores ferroviarios temen por la seguridad de sus puestos de trabajo ante el avance de estas políticas de desguace contra los trenes argentinos. En este sentido Ricardo Banegas explica: “La planificación está en reducir más de un 15 por ciento del plantel actual. Esa es una intención clara. Hay acciones: ya han presentado de alguna manera un plan de retiros voluntarios, que no se ven reflejados porque no tienen la plata para llevarlos adelante”.

“Acá el problema es que hay mucha gente” escucha de forma constante Schlotthauer de parte de la dirigencia del gobierno actual en el intento de respaldar el achique dentro del sistema ferroviario. A su vez, advierte sobre el peligro que significa el constante bombardeo acerca de que “sobra gente” en el Estado. “¡Pará!, ¿por qué no hacemos las cuentas de cuánto gastan en la gente y cuánto gastan en negociados? Porque el otro problema además de la desfinanciación y el vaciamiento es la plata que se llevan para negocios de ellos. Entonces acá no nos digan que lo privado anda mejor, como dice el presidente, porque acá el privado mató gente”.

 

Los vaqueros del Conurbano

Los vaqueros del Conurbano

Con sedes en distintas localidades, la más reciente en Avellaneda, una escuela de baile country cultiva la pasión por el género y convoca a hombres y mujeres que se animan a practicarlo. «El individualismo acá no tiene lugar», dicen. 

Las texanas negras y brillosas de Jorge enfilan sobre el piso de ladrillos rojos derecho hacia el espejo del salón de baile del Centro Cultural del Sur, de Villa Domínico. Veinte personas con sombreros blancos, jeans, botas y chaquetas lo aguardan en fila para comenzar. Al fondo, frente a una foto colgada de Spinetta, hay una pizarra blanca que anuncia que el 25 de mayo habrá peña, y más abajo un cartel informa que el lunes a las 19 hay clases de “country line dance”.

“Es un viaje de ida, espero que les guste”, dice, antes de arrancar la primera clase, la profesora Alicia Mabel Fusto, que en la espalda de su campera de jean lleva el nombre de su escuela en letras rojas –Country Club Line Dance–, a tono con sus botas. Detrás de ella, los alumnos ya están listos y esperando la señal para moverse. Antes de que Alicia levante la punta de su taco para dar el primer paso, dos mujeres se acercan tímidamente al salón y preguntan por la primera clase de country. En segundos, se acoplan al resto de los bailarines y Alicia las ubica justo tras ella: “Las nuevas bien adelante”, dice.

Todos los alumnos, salvo las dos nuevas que tienen jogging y zapatillas, ensayan con la misma vestimenta, porque las coreografías así lo requieren: un sombrero para hacer el saludo bajando el mentón y pellizcando la visera; jean con cinturón para sostener el peso de los brazos y manos en la hebilla o en los bolsillos; texanas para deslizarse con los tacos y un corbatín.

El country line dance se baila en línea. Cuatro movimientos es un paso, no hay forma de errarle a menos que estés muy distraído, y es difícil estarlo porque los banjos que acompañan la música te hacen creer que conocés las direcciones como si fuera una partida de ajedrez. Alicia comienza a contar para atrás desde cinco y cuando llega a uno da las primeras indicaciones: “Vamos a empezar con un paso básico: un paso a la derecha, cruzo la izquierda por atrás, derecha al costado y cierro”. Un alumno, en el fondo, aclara que ese paso se llama vine. Ya en la segunda canción, las recién llegadas de adelante sonríen porque les sale el vine de taquito.

Alicia recuerda que su amor al country en línea comenzó hace 10 años, cuando visitó por primera vez el San Pedro Country Music Fest, el primer festival de country en Argentina, y el más grande, que se hace una vez al año en la localidad bonaerense de San Pedro, a orillas del Paraná. Años después y con muchas clases de country encima, en pandemia, se largó a bailar con su marido Jorge en el Parque Domínico de Avellaneda. Hoy su escuela, con base en Wilde, tiene más de 70 alumnos y sedes en Quilmes, La Plata y en el partido 9 de Julio.

“En Zona Sur se baila mucho rock and roll y estilo americano, que no es lo mismo que country”, explica Alicia. En el country line todas las coreografías son internacionales: si estás en San Pedro, Texas o Wilde y empieza a sonar una canción de country, todos saben qué pasos hacer. En el baile country se utilizan distintas canciones de los subgéneros del country: country folk, country pop, honky tonk y bluegrass, entre otros.

“Mientras nos sentábamos en el porche delantero / de esa vieja casa gris donde nací y crecí / Contemplando los campos polvorientos / donde mi papá trabajaba duro todos los días / Creo que lo lastimé cuando le dije / «Papá, hay muchas cosas que no sé / pero, ¿nunca sueñas con una vida / en la que el maíz no crece?»”, reza la canción de Waylon Jennings, el artista favorito de la casa de zona sur.

Fernando guía la coreografía al lado de Alicia, él será el profesor designado para la nueva sede de Domínico. Sobre sus texanas negras con hebilla recorre el salón bailando con los ojos cerrados, mientras una alumna con su sombrero blanco sale de la fila para sentarse y tomar un mate: “En la próxima canción me sumo, no doy más”, le dice a otra compañera.

El salón se llenó, hay más debutantes: ya son más de 20 alumnos que danzan sincronizados en línea, dan una vuelta, se saludan con los sombreros –imaginarios los que no tienen– y siguen bailando hacia otra dirección. Los que están sentados al costado y sólo observan la clase mueven sus pies al ritmo de la música. La inauguración de la sede es un éxito.

“Es un baile grupal, eso es lo interesante del country line, la socialización es clave –sostiene Aicia–. Es mucho más que música y baile, es un estilo de vida. Viajamos, vamos al festival y estamos todos juntos pensando las coreografías. El individualismo acá no tiene lugar”.