Milei consiguió las bases para su gobierno
La Cámara de Diputados aprobó la ley que precariza los derechos laborales con los votos de La Libertad Avanza, el radicalismo, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal. La norma, si el Senado la convalida, habilita las privatizaciones de empresas públicas, le concede al Poder Ejecutivo facultades delegadas por un año y deroga la movilidad jubilatoria. Además, vuelve el Impuesto a las Ganancias, habrá blanqueo de capitales y un regimen de grandes inversores que puede convertir a la Argentina en un paraíso fiscal.
Tras un maratónico debate que comenzó el lunes 29 de abril al mediodía, en la mañana del martes 30 la Cámara Baja aprobó de manera general la Ley de Bases con 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Luego de cinco horas más de exposiciones destinadas a la votación en particular, La Libertad Avanza (LLA) consiguió delegar facultades al Poder Ejecutivo Nacional en materia económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa, la capacidad de disolver organismos públicos y avanzar con las privatizaciones. Además, de instalar una reforma laboral regresiva para los derechos de los trabajadores y dar por tierra con la moratoria jubilatoria.
Con una serie de medidas que promueven la precarización laboral, se aprobó eximir a los empleadores de multas por trabajo no registrado, reemplazar las indemnizaciones por despidos por un fondo de cese laboral mediante un acuerdo entre empresarios y sindicatos, extender el período de prueba de trabajadores -que actualmente era de tres meses- hasta un año, una reforma agraria que también extiende los períodos de prueba a los trabajadores rurales, un cambio en el régimen de jubilaciones que elimina las prestaciones previsionales y amplía la edad jubilatoria.
Además, el gobierno logró la aprobación de un paquete de reformas fiscales como la reinstauración del impuesto a las ganancias, la disminución de la alícuota de bienes personales y el blanqueo de capitales.
Por otro lado, los despidos masivos también fueron considerados necesarios para impulsar este modelo económico, convirtiendo en víctimas del desempleo a una gran cantidad de empleados públicos. Este recorte del personal estatal fue ejecutado con la justificación de promover la inversión privada, para así asegurar una eficiencia económica, aliviar la carga fiscal y poder mejorar la calidad de los servicios básicos y necesarios para el crecimiento de una sociedad. Eduardo Falcone, del partido Movimiento de Integración y Desarrollo, respaldó la estrategia propuesta por el oficialismo con respecto a disminuir el gasto público y recalcó que apostando a la privatización se les garantizaría un sueldo en blanco a los empleados con los derechos laborales que esa contratación implica.
Tanto Myriam Bregman -diputada del Frente de Izquierda- como Celia Moreau -de Unión Por La Patria- coincidieron en que la aprobación de estas medidas económicas se asemejan a políticas aplicadas previamente por el ministro de la dictadura militar José Alfredo Martínez De Hoz, y que por ende, los resultados no serían beneficiosos para el pueblo argentino.
En su intervención, Bregman hizo especial hincapié en la amenaza a los derechos laborales de las mujeres ya que el proyecto de LLA anunció que se les quitaría la oportunidad de acceder a una jubilación digna, aumentando su edad jubilatoria hacia los 65 años. De hecho, la diputada insistió en que el trabajo de las amas de casa no es valorado como corresponde, ya que estas se encargan de las tareas del hogar y las de cuidados de niños y adultos. Por último, resaltó la existencia de una brecha de género como una realidad que debe ser solucionada para lograr equidad y que no se debe apuntar al ataque a las mujeres trabajadoras.
Otra temática sujeta a debate fue la propuesta de reinstaurar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, en la cual Unión por la Patria se posicionó en contra. Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, también en oposición, acusó al oficialismo de querer bajar los impuestos a los sectores ricos sin importar que las grandes mayorías populares se vieran perjudicadas por ello mientras que se los aumenta a los trabajadores.
De cara a las declaraciones de la izquierda, Martín Tetaz -diputado de la UCR- manifestó que el acompañar la aplicación sería una forma de estafa electoral, y finalizó su discurso advirtiendo que, en su momento, Javier Miei dijo que iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver al impuesto a las ganancias, y sugirió que el Estado debe apuntar a un plan de estabilización.
Desde la oposición denunciaron el carácter entreguista de la Ley. “Dicen que buscan atraer inversiones pero acá existen poderosos intereses extranjeros, quienes vienen por el agua y nuestros recursos. Vamos a regalar nuestra riqueza a cambio de nada y nos lo presentan como el puntapié del desarrollo económico” expresó Itaí Hagman, diputado de Unión por la Patria.
Uno de los puntos más discutidos de la Ley de Bases fue la creación del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios a las grandes corporaciones, como libres importaciones y exportaciones, exenciones impositivas y la imposibilidad de aplicarles precios oficiales que regulen el mercado y prioricen el autoabastecimiento interno. Entre los sectores beneficiados se encuentran la agroindustria, la infraestructura, el forestal, la minería, el gas, el petróleo, la energía y la tecnología.
Luego de una maratónica sesión de un día y medio, la Ley de Bases tiene media sanción y pasa a ser evaluada por la Cámara de Senadores, lo que seguramente deba ocurrir antes del denominado “Pacto de Mayo” a través del cual Javier Milei seguirá intentando consolidar su poder.
