La marca de los próceres

Hoy, en medio de la jura de la nueva Constitución en la Legislatura local, el gobierno de Gerardo Morales arremetió contra los manifestantes. Ordenó el cese del transporte público y cerró el aeropuerto. El documento condenatorio de la CIDH y la defensa corporativa de Juntos por el Cambio. El ministro de Interior, Wado de Pedro, convocó al gobernador al diálogo y se puso a disposición para encontrar una salida negociada al conflicto político y social. 

A casi dos semanas de movilizaciones en contra de la reforma constitucional, aprobada el viernes pasado de manera exprés y a puertas cerradas, la situación en Jujuy se agrava cada vez más: durante la mañana del martes, mientras Gerardo Morales aprobaba la reforma de la carta magna local, una multitud conformada de docentes, gremios de trabajadores estatales, comunidades originarias, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos salían a protestar por las calles y rutas. La policía del gobernador jujeño no tardó en reprimir por medio de gases lacrimógenos y balas de goma que provocaron más de 50 detenidos y 20 heridos, uno de ellos de gravedad.

A raíz de estos sucesos, el ministro de Interior Wado de Pedro instó al gobernador Morales a sentarse a dialogar y se puso a disposición para encontrar una salida negociada del conflicto. Por su parte, los gremios CTERA, ADEMyS y CONADU convocaron a un paro nacional docente de 48 horas para este miércoles y jueves. Fueron las marchas docentes, las que iniciaron hace poco más de dos días las movilizaciones que terminaron este martes con represión de gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias.

“Lo que está pasando en Jujuy es gravísimo, hay una represión a las comunidades originarias y a los trabajadores. Hay maestras detenidas, referentes de derechos humanos, periodistas detenidos. Todo este cuadro de gravedad es para imponer una reforma que viene a quitar derechos, comenzando por el derecho a la protesta de rutas y calles. Lo de Morales tiene como objetivo atentar contra el derecho a la protesta”, dijo a ANCCOM el economista y ex convencional constituyente del PTS-FIT-U Gastón Remy.

 eEl herido de mayor gravedad, que se encuentra en estado crítico, es el integrante del Frente de Lucha Piquetero, Nelson Mamani, a quien la policía le disparó directo a la cabeza con un tubo de gas lacrimógeno, de la misma forma mataron a Carlos Fuentealba en abril de 2007 en el marco de la represión policial a maestros durante un corte de ruta. 

Otro de los casos que más circuló por los medios durante la tarde de martes fue la agresión que sufrió el periodista de La Izquierda Diario, Eduardo Castilla, quien pese a tener un chaleco que anunciaba “prensa” y a haberse identificado como periodista, recibió un balazo de goma en las piernas por parte de las fuerzas policiales. 

También la agrupación Red Nacional de H.I.J.O.S repudió la represión en Jujuy y pidió por la libertad de Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza y Ana Uro de H.I.J.O.S Jujuy, así como también la de todas las personas detenidas en la manifestación. Arroyo y Uro son, además, testigos con protección en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Durante el mediodía, Gerardo Morales utilizó Twitter como vía para deslindar su responsabilidad, culpando al presidente Alberto Fernandez y la vicepresidente Cristina Kirchner por la violencia que acontece en la provincia, y los acusó de financiar agrupaciones kirchneristas infiltradas para sembrar el caos en Jujuy. Ambos no tardaron en cruzarlo por la misma red social al tiempo que pidieron el cese del accionar represivo, y repudiaron la reforma impulsada por el gobernador radical porque “no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho a la protesta».Pasadas las 18, los precandidatos a presidentes del Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich dieron una muestra de unidad y respaldo a Morales. «Esto es el kirchnerismo», acusaron sin más pruebas e intentando mitigar los posibles daños que la represión de las fuerzas policiales jujeñas puedan ocasionar en medio de la campaña electoral. 

Por otro lado, en Purmamarca siguieron las protestas porque están cortadas las rutas 9 y 52 por parte de las comunidades originarias integrantes del Malón de la Paz, los centros gauchos de Maimará y de Tilcara. Una vocera de estas agrupaciones dijo que la reforma impulsada por Morales “le da permiso para robar todo el litio, todas nuestras riquezas naturales y todos nuestros territorio, así que por esto hay corte definitivo y no lo vamos a dejar entrar nunca más a nuestro territorio”. Allí expresaron que la medida se mantendrá hasta se derogue la reforma constitucional. Más temprano hicieron la ceremonia del Inti Raymi,  celebrada en honor del dios Sol, que se realiza cada solsticio de invierno.

Más de una decena de cortes de ruta provocaron que los controladores de vuelo no pudieran llegar al Aeropuerto Gobernador Guzmán de San Salvador de Jujuy, y las autoridades decidieron cerrarlo. Los vuelos programados eran derivados a la vecina Salta.

En tanto, en la CABA se desplegó una vigilia autoconvocada donde jujeños y no jujeños, originarios y porteños coincidieron en exigir la renuncia de Morales, a quien calificaron como un dictador. “Qué podés hacer con 60 mil pesos, en campaña Morales prometió y no cumplió, ahora da palo y palo, pedimos dos monedas y nos matan”, dijo Nora Flores, jujeña. “Te ponen una Constitución que ni siquiera te sirve para pedir cobrar un poquito más, no nos quiere dejar manifestar, hablar para defendernos, a vivir y q nos escuchen, no es así, no nos pueden cagar a palos cuando sea, esto no es por Milagro Sala, que se vaya Morales que es un dictador”, agregó la mujer ante las cámaras y micrófonos. “Espero que lo pasen”, pidió, a lo que los cronistas le respondieron que estaban transmitiendo en vivo.

Teléfono desde la OEA

La gravedad de la escalada represiva –que habría incluido la utilización de policías de civil que destruyeron comercios e intentaron acciones vandálicas frente a la Legislatura– provocó expresiones de casi todos los organismos de derechos humanos locales, como el CELS, Correpi y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros, y también un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que “observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con mayor población indígena auto reconocida”. El organismo internacional “llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

La CIDH mencionó que “el 17 de junio, en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales. De acuerdo a lo indicado por el Estado, la situación continúa en desarrollo”. Al respecto, la CIDH expresa “preocupación ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial en el contexto de las manifestaciones.

La entidad con sede en Washington indicó que posee información proporcionada por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, que reporta que 25 personas fueron detenidas, entre ellas un adolescente de 17 años que habría perdido un ojo, y al menos dos periodistas. También está informada sobre el contenido de la reforma parcial de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente, que modifica el sistema electoral local y criminaliza en forma total los cortes de ruta. 

“Según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales”, dijo la CIDH. Y recordó que “el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”, y que esa consulta “debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena fe, y debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre, informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo indígena”. Todo lo contrario a lo que sucedió en Jujuy.

A su vez, mencionó que el Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso excesivo de la fuerza con la debida diligencia”, y cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que estos son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta”. La CIDH “insta a Argentina a establecer procesos de diálogo transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas. En particular, hace un llamado a las autoridades locales de la Provincia de Jujuy a dialogar de manera amplia y constructiva con los gremios docentes y sindicatos movilizados en torno a las protestas relacionadas con reclamos salariales docentes y con la reforma constitucional provincial”.