La policía provincial reprimió las masivas manifestaciones que se oponían a la reforma constitucional. Hubo heridos graves y un adolescente perdió un ojo. Condenas locales e internacionales. El transfondo del negocio del litio.
“En estos momentos en Jujuy está corriendo sangre, lisa y llanamente”, denuncia Quintina Colque, referente de la Comunidad Molulo, pueblo kolla, y las comunidades que conforman el Tercer Malón de la Paz. “Jujuy está que arde, en las calles corre sangre”, agregó. En medio de una feroz represión, con decenas de heridos y detenidos en San Salvador de Jujuy, continúan exigiendo la derogación de la reforma constitucional así como la renuncia del gobernador Gerardo Morales, principal promotor de la aprobación de la modificación de la Carta Magna provincial y precandidato a presidente de la Nación.
El histórico “Tercer Malón de la Paz”, que llegó a pie desde distintas regiones de la provincia conformado por más de 400 comunidades originarias, continúa la resistencia tanto en la capital como en Purmamarca y otras regiones de la Puna.
Este martes 20 de junio, en plena jura de la nueva Carta Magna, la policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de plomo en la Legislatura. Se produjeron nuevas detenciones y desapariciones arbitrarias tras el acampe que la pueblada llevó a cabo en la capital provincial. Sigue el corte en la Ruta 9, a la altura del acceso a Purmamarca, y en otros veinte puntos de la provincia, donde se declaró paro por tiempo indeterminado. Sindicatos docentes, de salud, comunidades indígenas, estudiantes, vecinos y vecinas, se encuentran en las calles realizando un “Jujeñazo”, y desde El Tercer Malón de la Paz exigen “la no violación sistemática del convenio 169 de la OIT, la nulidad de la reforma constitucional, el cese de la violencia institucional, la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente y la renuncia del gobernador.”
La violenta represión en Jujuy incluye detenciones arbitrarias, saqueos, incendios, contexto de violencia absoluta. Nelson Mamani, del Movimiento Argentina Rebelde, resultó herido gravemente en la cabeza y está hospitalizado: tendido en el asfalto, inconsciente, su imagen sintetizó la virulencia de la represión. Menores de edad han sufrido disparos de balas de goma directamente en los ojos: Mijael Lamas, de 17 años, perdió un ojo tras las represiones a las comunidades indígenas en Purmamarca durante el pasado fin de semana.
El gobernador recibió el apoyo de los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich vía Twitter. Por esa vía, además, Morales responsabilizó al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los disturbios en la provincia, acusándolos del envío de infiltrados: para hacerlo reprodujo una foto de militantes peronistas, que resultó ser del año pasado y tomada en el Gran Buenos Aires, más precisamente en Guernica. “Hágase cargo, gobernador Morales, y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado -le respondió Cristina Fernández de Kirchner-. Lo que está sucediendo en la provincia es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe”.
En la jura de este martes se ratificó el Artículo 67 de la reforma parcial que prohíbe los cortes de rutas y calles, y la ocupación de edificios públicos, censurando el derecho a la expresión y la protesta consagrados en la Constitución Nacional. La reforma habilita, además, el desalojo de tierras pertenecientes a las comunidades originarias, pese a su carácter ancestral, herencia de sus antepasados. Los reclamos se extienden también a la utilización del agua para el extractivismo del litio, que produce en las comunidades la escasez de este bien esencial para la vida.
Como ANCCOM ha señalado anteriormente, Argentina, Bolivia y Chile conforman el denominado “triángulo del litio”, una región que concentra más del 60% de las reservas conocidas a nivel mundial del mineral en un marco en el que los precios del recurso se dispararon un 400% en 2022 y la tonelada llegó a alcanzar un valor de 80.000 dólares.
Quintina Colque, de la comunidad Molulo, pueblo kolla de Tilcara, dialogó con ANCCOM y expuso su perspectiva sobre el conflicto: “Mi territorio tiene una extensión bastante amplia, de entre 60 y 70 kilómetros de recorrido de camino de herradura. Es una zona muy fértil, apta para el cultivo y la cría de ganado. Con la reforma de la Constitución nos vemos seriamente afectados: especialmente por el Artículo 36, que habla de la propiedad privada; el Artículo 74, que tiene que ver con la explotación productiva de la tierra estatal; y el Artículo 75, que tiene que ver con el uso del agua para el extractivismo de litio. La reforma afecta seriamente nuestro territorio comunitario como así también el territorio de otras comunidades. Se hizo pensando básicamente en la quita del territorio, de la riqueza que tenemos: paisajística y de recursos naturales», argumentó Colque. En relación a qué esperan de la nueva reforma, fue concluyente: «La caída». «Esa es la lucha por la que estamos acá, y en segunda instancia también pedimos la renuncia del gobernador y entendemos que solo así volvería la paz y la tranquilidad en la provincia», señaló.
La Reforma de la Carta Magna provincial se aprobó en tiempo récord durante la madrugada del viernes 16 de junio. Morales participó como convencional de la constituyente encargada de la reforma, pero estuvo de licencia hasta el día de la aprobación y presidió la última sesión. La reforma, que demoró menos de un mes, fue inconsulta y censuró a más de sesenta expositores, negando el lugar a comisiones y temas de gravedad e importancia para la sociedad. Mientras que el pueblo se encontraba en las calles realizando una masiva marcha de antorchas, motivada por el reclamo salarial de los docentes jujeños.
“Basta de represión en Jujuy, abajo la reforma de Morales”, exige la Asociación Madres de Plaza de Mayo en un comunicado oficial fechado hoy, en el que reclaman el fin de la represión del gobernador, la liberación de todos los detenidos y la anulación de la reforma, “hecha a espaldas del pueblo, que con razón y justicia resiste su sanción”. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la virulencia de la represión “en una de las provincias con mayor población indígena autorreconocida”, y exigió que deben respetarse “los estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy”.
