«Si hay veto, hay marcha»

«Si hay veto, hay marcha»

Docentes, no docentes y estudiantes se reunieron en la Plaza del Congreso para apoyar el tratamiento al presupuesto universitario, que finalmente fue aprobado esta madrugada, por amplia mayoría. Frente al mismo despliegue policial que la jornada del miércoles, los manifestantes defendieron el derecho social a la educación superior.

, Una nueva movilización fue convocada por gremios docentes y no docentes, universitarios y preuniversitarios, sindicatos, estudiantes y representantes de centros de estudiantes de las universidades nacionales de todo el país durante el tratamiento en Senadores del proyecto de ley, finalmente aprobado, que busca garantizar el presupuesto par alas casas de studios superiores.

La plaza del Congreso, a las 13, ya estaba rodeada por un cordón de la Policía Federal. Permanecieron las vallas que utilizó el operativo a cargo de Patricia Bullrich durante la movilización del día anterior, que terminó con jubilados, jubiladas, niños y manifestantes reprimidos y gaseados. Por los parlantes resonaban canciones de rock nacional mientras que integrantes sindicales con pecheras de la CONADU tocaban trompetas y bombos. Algunos de los manifestantes llevaban pañuelos azules en el cuello o en la cabeza con la frase “En defensa de la universidad pública”. Entre una exposición y otra dentro del Congreso, afuera empezaron a cantar: “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”. Los carteles de los manifestantes llevaban las consignas: “Sin docentes no hay universidad. Sin lucha no hay salario digno” y “No regales tu educación. No regales tu futuro”.

Entre los autoconvocados pasaban las rondas de mate, otros almorzaban o se sacaban algunas fotos grupales. Había pecheras blancas y azules y banderas de los principales sindicatos, gremios docentes y no docentes como la CGT, FEDUBA, CONADU, CONADU HISTÓRICA, AGD UBA, CTA, CTERA, FEDUN, FAGDUT, FATUN, UDA, ADUBA, entre otros. Una bandera citaba “En defensa de la Universidad Pública” y agrupaba a todos los sindicatos docentes y no docentes. Era el fondo del escenario donde se fueron sumando las intervenciones: “Si hay veto, hay marcha. Si hay agresión a cualquier sector de los trabajadores o sector social, estaremos los universitarios acompañando y ayudando”, dijo uno de los primeros oradores.

También estaban presentes las banderas de los centros de estudiantes como el CEFYL de Filosofía y Letras y el CECSO de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, junto a algunos partidos políticos de izquierda, organizaciones del campo popular y movimientos socials. Entre los presents, se advertía a algunos diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores y de Unión por la Patria.

En las intervenciones públicas se remarcó la necesidad de construir una unidad más amplia, que exceda el espacio de la universidad e incluya a trabajadores y movimientos sociales: “No alcanza con la lucha de los universitarios solamente. Tenemos que militar en las aulas, tenemos que militar en nuestros barrios, tenemos que militar en las fábricas”, agregó el gremialista.

Los oradores también denunciaron la represión que se estaba llevando a cabo en ese mismo momento en la Ciudad de Santa Fe, durante el tratamiento de una reforma previsional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien incluyó un tope a las jubilaciones, un aumento de los aportes y la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria desde el gobierno provincial.

Además, De Feo recordó la reciente intervención policial en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y el desconocimiento por parte del Gobierno nacional de la autonomía universitaria a partir del nombramiento del interventor Eduardo Maurizzio, que atenta sistemáticamente contra el funcionamiento de la institución y definió que se trataba de una agresión a todas las universidades en su conjunto “porque si intervienen una, mañana intervienen cualquier otra que se les oponga”.

En sintonía con lo mencionado por el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo Paula Torricella, en diálogo con ANCCOM, contó: “Desde principio de año la universidad no tiene ni un centavo ni para salarios, ni para internet, ni para papel higiénico”. Frente al interrogante de cómo logran mantener la sede abierta y en funcionamiento, contestó que: “Con todo el esfuerzo de nuestra comunidad educativa. Como docentes, bancándonos con nuestros propios ahorros, nuestras propias fuerzas, con nuestra propia internet. Pero claramente es una situación muy insostenible y muy injusta”.

Con respecto a la situación salarial y la importancia de la aprobación del proyecto de ley, el secretario general de FEDUBA, investigador del CONICET y profesor de la UBA, Pablo Perazzi explicó: “Nosotros tenemos al 80% de los docentes universitarios por debajo de la línea de la pobreza”. El Consejo Interuniversitario Nacional confirma esta situación en el Informe de Emergencia Salarial de las y los Trabajadores de las Universidades donde se registra que más del 85 % de las y los docentes de universidades y el 60% de las y los no docentes están por debajo de la línea de pobreza.

En consonancia con lo expresado por el secretario Perazzi, el secretario adjunto de la Asociación Docente de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo Ricardo Aguirre, explicó con respecto al proyecto de ley que horas después se aprobara: “Es una ley que contempla, entre otras cuestiones, la recomposición salarial del 30% del salario docente. Nosotros de diciembre a la fecha perdimos un 35% del poder adquisitivo, sin contar el Fonid y, entre otras cosas, está ley nos permite pensar en un futuro a nivel universitario, en un presupuesto y finalmente sostener un pilar fundamental que es la educación pública y el derecho social a la educación universitaria”.

El movimiento estudiantil

Un representante del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza señaló ante sus pares: “Los estudiantes estamos hartos de esta situación que estamos viviendo, desde el 10 de diciembre que asumió Javier Milei. Estamos hartos de no tener previsibilidad, de no saber si el próximo cuatrimestre las materias se van a seguir dictando con normalidad.”. La presidenta de la Federación Universitaria de La Plata Albertina Bidart sumó: “No nos tenemos que olvidar que este gobierno, deshumanizante desde que arrancó, nos está haciendo cagar de hambre. Si pensamos solamente en la universidad escindida de nuestros abuelos y nuestras abuelas que eligen entre comprar los medicamentos y comprar la comida nos estamos equivocando. Si decidimos defender la universidad y no defender que hay un millón de pibes y de pibas que se van a dormir sin comer, nos estamos equivocando” y continuó: “Los estudiantes somos las juventudes que no solo no llegamos a tener nuestro trabajo en blanco para ser jubilados y jubiladas en algún momento, sino que tenemos uno, dos, tres o cuatro trabajos para sostenernos en la universidad pública. Esa es la universidad que estamos habitando hoy. La universidad donde los pibes y las pibas nos estamos quedando afuera”.

En coincidencia con lo expresado, la presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Agostina Olivera, en diálogo con Anccom, profundizó: “Tenemos cada vez más compañeros que tienen que tomar la decisión de juntar toda la cursada el mismo día o ir solo dos días porque no les alcanza para pagar el boleto de ida y vuelta. Compañeros que tienen que pasar tiempo en el cyber que está ahí en la facultad, porque no tienen la plata ni para tener una computadora ni tampoco para comprar los apuntes. Y compañeros que directamente están teniendo que dejar de estudiar porque están teniendo que agarrar trabajos de doce horas o conjugar horarios con cuatro trabajos”.

Hacia una nueva marcha universitaria

La solidaridad de la comunidad universitaria busca seguir entretejiendo alianzas con distintos sectores de trabajadores que son el blanco de las políticas del Gobierno de Javier MIlei, además de entrelazar las luchas con los sectores excluidos del modelo económico social y político que quiere imponer el gobierno libertario. La docente universitaria Paula Torricella aportó: “En el día de ayer los representantes universitarios hicieron una confluencia de intereses de acuerdo con los aeronavegantes, los aeronáuticos, sobre la base que son dos actividades que están siendo particularmente agredidas desde el gobierno nacional. Y ahí se empieza a ver una confluencia de diversas luchas de diversos sectores de nuestro pueblo. Eso me da esperanza y ojalá que se replique”.

La presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA Agostina Olivera, expresó que el desafío será construir la unidad y articulación con otras sedes, facultades, universidades y centros de estudiantes e invitar a los movimientos sociales y populares a participar de las instancias convocadas por la comunidad educativa, a la vez que estar presentes ellos mismos como universitarios en las luchas populares de esos sectores, tal como sucedió el día anterior, con la participación de los estudiantes en la marcha por la movilidad jubilatoria.

Hacia el final de la movilización, la cantidad de policías se duplicó alrededor de la plaza. Sin embargo, los autoconvocados desconcentraron sin incidentes ni represión.

Con respecto a las expectativas de la votación en el Senado y la amenaza latente del presidente Javier Milei de vetar la ley si llegara a aprobarse, la comunidad universitaria ratificó que se realizará otra marcha en defensa de la educación pública. Agostina Olivera opinó: “Sería una muy mala estrategia de este gobierno decidir vetar la ley de financiamiento universitario porque el 23 de abril fue una demostración de que no es solo quienes habitamos las universidades los que las defendemos, sino que es un consenso del conjunto de la sociedad argentina en todo el país”.

En coincidencia con Olivera, el secretario general FEDUBA planteó: “Sobre todo porque la universidad, y después de la marcha del 23 de abril creo que quedó demostrado, es un valor constitutivo de la sociedad argentina que atraviesa todos los sectores de la sociedad argentina. Entonces el aeronáutico tiene un hijo en la universidad, el obrero de la construcción tiene un hijo en la universidad, el trabajador no docente tiene un hijo en la universidad o es él mismo, al mismo tiempo un estudiante de la universidad” y concluyó “Todos conocen a alguien o tienen un familiar en la universidad”.

 

El aumento del presupuesto universitario es ley

El aumento del presupuesto universitario es ley

Tras una larga jornada en la que se aprobó el proyecto de boleta única y se rechazó el DNU que incrementa exponencialmente los gastos secretos de inteligencia, también se votó la declaración de emergencia de las universidades nacionales, con el consecuente aumento de los gastos de funcionamiento y la actualización salarial de docentes y no docentes. El Ejecutivo amenaza con un nuevo veto.

Tras una sesión intensa dentro del Congreso de la Nación, donde senadores debatieron durante doce horas y aprobaron con cambios el Proyecto de Boleta Única de Papel -teniendo que volver el proyecto a tratarse en la Cámara de Diputados- y también rechazaron por amplia mayoría (49 votos), el DNU que aumentaba los fondos secretos de la SIDE, llegó el turno de la discusión en torno al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que declara la emergencia presupuestaria para el resto del año y la actualización de salarios de docentes y no docentes de manera mensual en línea con la inflación. A las 20:52, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, le cedió la palabra al senador de Unión por la Patria, Eduardo Wado de Pedro, quien eligió retomar una frase del presidente Javier Milei: “si me salen algunas cosas bien, me tienen que dar el premio Nobel”, para afirmar que “los argentinos tienen cinco premios Nobel. Todos ellos se formaron en las universidades nacionales y este proyecto de ley es, también, un homenaje para ellos”.

Sin embargo, la jornada comenzó varias horas antes, por fuera del recinto parlamentario. El reloj marcaba varios minutos después de las 13, el sol asomaba en la vereda frente al Congreso para mantenerse durante el resto de la tarde. La Policía Federal se ubicaba en el cordón de la vereda de enfrente al edificio parlamentario interrumpiendo el abrazo simbólico que planeaban los manifestantes, las primeras banderas se elevaban y los militantes comenzaron a llegar. La convocatoria, realizada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU), estuvo lejos de tener el volumen de la Marcha Universitaria Federal del pasado 23 de abril pero tuvo un fuerte componente en cuanto a representaciones políticas partidarias, universitarias y sindicales.

Aún quedaban rezagos de la movilización del día anterior, donde jubilados y niños fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad; la pintada que reza “Norma Pla! mano a mano a ver quién gana” y carteles pidiendo por el rechazo al veto que todavíano fueron removidos. Sin embargo, el panorama esta vez fue totalmente distinto: la paz reinó desde las 14 cuando el primer disertante tomó la palabra hasta cerca de las 15:30, horario en el que comenzó la desconcentración debido a que el debate del presupuesto fue pospuesto para el final de la jornada.

Sobre el propósito de esta convocatoria fuera del recinto, Mariela Solesio, docente del CBC e integrante de AGD-UBA, argumentó: “Estamos acá para defender la universidad pública. Los docentes se están yendo de la universidad porque no pueden sobrevivir con salarios de indigencia o con salarios de pobreza. Hoy nuestro salario testigo está por debajo de la línea de indigencia, alrededor de 300.000 pesos. Yo, por ejemplo, soy docente del CBC y por un cargo cobro 180.000 pesos. Si tuviera cinco cargos, que es lo máximo que puedo tener en la Universidad de Buenos Aires, estaría cobrando menos de 900.000, es decir, por debajo de la línea de pobreza”. Aunque sin hablar entre ellos y con diez horas de diferencia, Solesio y Martín Lousteau, senador por la Unión Cívica Radical, parecían coincidir: «Los salarios de los docentes cayeron más de un tercio este año. Y el 85 por ciento está por debajo de la línea de la pobreza. El Presidente hace ajustes donde él quiere. Acá estamos hablando de docentes pobres que se van de las universidades», señaló a su turno dentro del recinto.

Quien culminó con las exposiciones fue Ezequiel Atauche, senador por Jujuy de La Libertad Avanza, que eligió hacer un peculiar repaso sobre posgrados y cursos dictados en algunas universidades, atreviéndose a hacer un juicio de valor sobre dichos proyectos educativos para cerrar: “Los docentes tienen que tener buenos salarios y cada vez estamos reconstruyendo más el salario de los argentinos.¿Cómo? Cortando curros para que no gastemos tanto y bajemos la inflación».

Entrada la madrugada del viernes, se pasó a la votación del proyecto de financiamiento universitario, que logró la aprobación en general -con 56 votos afirmativos, 11 negativos y 1 abstención- y en particular de todos sus artículos.

Los senadores de Unión por la Patria y la UCR sabían que tenían que superar los dos tercios y para ello el triunfo debía ser holgado para proyectar una pelea justa ante el posible veto del ejecutivo y lo lograron.»Es central cómo nos posicionemos frente a este tema», había advertido el radical Maximiliano Abad. Fuera del Congreso, ante la amenaza del veto, Marcelo Bornand, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), no dudó: “Consideramos que nuestros sindicatos deberían llamar a un paro general y a una movilización ante un veto que ya damos por descontado. El propio gobierno ya dijo que la va a vetar y la compra de voluntades que tuvo con el veto a la movilidad jubilatoria ya nos da a pensar que los compró para para tener ese tercio que necesita para sostener los vetos y por lo tanto eso lo tenemos que revertir en la calle, con movilización y con lucha. Hay que continuar. Deberíamos iniciar un plan de lucha más fuerte, una nueva marcha federal para conquistar un aumento total del conjunto del presupuesto que son los salarios de quienes sostenemos la universidad día a día”.

“No sé si gastar mi sueldo en el viaje o renunciar y quedarme sin ingresos”

“No sé si gastar mi sueldo en el viaje o renunciar y quedarme sin ingresos”

Septiembre marca un antes y un después para millones de trabajadores y estudiantes que cruzan diariamente el umbral entre el Gran Buenos Aires y CABA. La eliminación de subsidios y el aumento de tarifas perjudican su acceso a empleo y educación.

 

A partir del 16 de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aumentarán un 40 por ciento las tarifas de trenes y subtes, y 37,5 los colectivos. A esto se le suma la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar los subsidios para las 31 líneas de colectivos dentro de la ciudad, junto con la quita del «boleto integrado», lo que llevará el pasaje promedio a más de 700 pesos, cuando el mínimo actual es de 270.

“Estos aumentos me están matando, estoy pensando hasta en cambiar de trabajo”, expresa con preocupación Silvia Hernández, quien trabaja en un alquiler de bicicletas en San Telmo y vive en Florencio Varela. “Pero allá tampoco hay laburo. Así que al final, no sé si gastar mi sueldo en el viaje o quedarme sin ingresos”, se ríe con frustración.

El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, justifica la medida: «Traspasamos las líneas de colectivos a CABA para eliminar privilegios con respecto al interior», declaró. Aunque esta decisión pretende ahorrar recursos al Gobierno, su impacto directo en el costo de los viajes diarios es innegable.

Horacio Jara, docente en una escuela porteña, critica la medida: “La eliminación del subsidio a la Red SUBE y el aumento encubierto de tarifas no se corresponden con los aumentos salariales”. Además, señala que el ajuste afecta no sólo al bolsillo de los usuarios, sino también «el acceso de los alumnos a la educación». Muchos estudiantes del conurbano enfrentan ahora una barrera económica que les dificulta asistir a clase con regularidad.

El impacto de estas medidas va más allá del encarecimiento de los viajes. Fragmenta aún más la cohesión social y económica del AMBA. “El mes pasado gasté aproximadamente 17.500 pesos en transporte. Con los ajustes, voy a empezar a gastar más de 68.800, es una locura si considerás que sólo estoy viniendo a estudiar”, dice Facundo Cancela, un estudiante de Quilmes que viaja a Capital para cursar. “Siento que ignoran esta realidad”, agrega.

“Salgo de trabajar de noche y no tengo opción más barata, porque los trenes ya no pasan a esa hora. Termino tomando dos colectivos y me sale un ojo de la cara. Si me siguen aumentando, no sé cómo voy a hacer”. Lautaro trabaja en un restaurante de Recoleta y hasta hace poco su gasto diario en transporte rondaba los 600 pesos, pero con las nuevas tarifas, superará los 1.400 diarios: “Una cifra insostenible para alguien que cobra el salario mínimo”, afirma.

La eliminación del «boleto integrado» agrava el ajuste del transporte para los habitantes del conurbano que viajan a la ciudad, incrementando los costos y complicando los desplazamientos entre distintas áreas metropolitanas.

Pero el costo del viaje diario no es el único precio a pagar, el tiempo también es un recurso que se gasta. “Es una locura el tiempo que se pierde», dice Marcela López, madre de dos hijos y empleada en una empresa de limpieza en el centro porteño. “Y ahora no sólo tardo casi dos horas en llegar a mi trabajo, sino que tengo que gastarme mi sueldo en un servicio que ni siquiera funciona bien”, se queja.

Las nuevas medidas agudizan las desigualdades en el transporte público y ponen en riesgo la movilidad y la equidad en el acceso a recursos esenciales.

“La música se paga o se apaga”

“La música se paga o se apaga”

Músicos e instituciones dedicadas a la protección de derechos de autor critican el reciente decreto promulgado por el Ejecutivo, que busca liberar de costos la reproducción de música en espacios privados.

Los últimos días de agosto, el presidente de la nación Javier Milei, emitió el Decreto 765/2024 por el cual ahora solo se pagarán las reproducciones musicales que se lleven a cabo en el ámbito público, dejando fuera las que ocurran en recintos privados. En respuesta, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SAdAIC) y la Unión de Músicos Independientes (UMI) divulgaron comunicados criticando la medida.

“Modifica dos artículos de la reglamentación de la Ley de Propiedad Intelectual, el 33 y el 35 y es demasiado impreciso en cuanto a lo que trata de definir como nuevo concepto de comunicación pública. Salimos a señalar esto porque para nosotros, los autores y compositores independientes, el derecho de autor es nuestro salario, lo creemos sin ningún tipo de complejo y pensamos que merecemos sostenerlo”, mencionó Gustavo Rohdenburg, músico y presidente de la UMI.

Guillermo Ocampo, director general de SAdAIC, mostró una posición similar y comentó que están evaluando la mejor forma para impugnar legalmente “desde el primer artículo del decreto”. Rohdenburg continuó: “No está bueno que el Estado se involucre en lo que es la administración de la gestión colectiva de la propiedad intelectual en el caso de la música, porque nosotros ya tenemos las entidades monopólicas para esas funciones. Sí debería educar en lo que son los derechos intelectuales y como relacionarse mejor con las entidades”.

El Artículo 33 ahora modificado dicta que “se entiende por representación o ejecución pública aquella que se efectúe -cualquiera que fueren los fines de la misma- en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas. No existe representación o ejecución pública cuando la misma se desarrolla en un ámbito privado, sea éste de ocupación permanente o temporal”, independientemente de si es efectuada “por ejecutantes o por cantantes, así como también la que se realice por medios mecánicos, electrónicos o digitales, incluyendo Internet”.

Federico Sturzenegger, a cargo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la medida en X alegando que “la confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel (aún si el cuarto estaba vacío), lo que encareció significativamente la prestación de los servicios”.

El Decreto también menciona que “se considerará debidamente remunerada la ejecución pública cuando un establecimiento utilizare una licencia de ejecución pública otorgada por los titulares de los derechos, sus derechohabientes, representantes, las sociedades de gestión colectiva o una plataforma autorizada por éstos a ofrecer licencias con ese fin”, revocando la exclusividad del cobro a SAdAIC.

Al respecto, Rohdenburg mencionó que “hay algunos países del mundo que tienen gestión no monopólica, como Estados Unidos, Canadá y creo que España. Eso queda abierto, pero no hay una letra chica que le dé forma. Se deja a la libre interpretación y es muy probable que se abra a la posibilidad que se judicialicen las cosas”. Por su lado, Ocampo entiende que “eso no puede ser regulado por el Ejecutivo” y que, en todo caso, “deberían mandar una ley para que sea tratado en el Congreso”.

 

Luciano Scaglione es bajista y compositor de Attaque 77. Si bien hoy la banda se encuentra en un parate, él está presentando su proyecto Lucho al Attaque, con el que ya lanzó un nuevo álbum. Al mismo tiempo, está a cargo de Strummer Bar en el barrio de Palermo, local que fundó junto a su compañero baterista de Attaque 77, Leonardo de Cecco, y al que recientemente se sumó Sergio Rotman, saxofonista y cantante de bandas como Los Fabulosos Cadillacs y Cienfuegos.

“Al músico y al compositor le interesa cuidar su derecho. Este gobierno se está metiendo en un montón de lugares que estarían últimos en una fila de cosas a revisar en el estado en que se encuentra este país. Como músico y compositor, yo necesito que SAdAIC cuide mis derechos. Había una frase de los setenta u ochenta que decía que la música se paga o se apaga. Yo tengo un lugar de música y lo pago, esa guita va a la mutual de SAdAIC que hace un trabajo increíble con precios muy accesibles y con una atención espectacular”, opinó Scaglione.

Agregó también que “una administración no puede decidir si le quita entidad a una organización que está hace 90 y pico de años. De hecho, mi abuelo fue socio fundador de SAdAIC porque era músico, mi viejo también es socio y yo soy desde el año 1995. El mayor patrimonio que me dio es la obra social, la mutual para mí y para mi familia. Para la familia de cualquier músico es muy fundamental, encima hoy, con los precios de las prepagas, influye directamente en el pasar de un montón de familias”.

Sobre la situación, se explayó: “Es importante esa plata, más desde que terminó la venta de vinilos y de CDs y de que las regalías son digitales. Muchos músicos dejaron de tener un ingreso importante, ahora ya está medio regulada pero, hasta hace muy poco, de repente hubo un hueco impresionante en los ingresos de los músicos donde solo te quedaba el ingreso para tocar en vivo”.

Cuenta la historia de un cantante que un día en su cuenta de X se quejó porque a pesar de su arte no había podido lograr digna erogación. El vocalista en cuestión fue Adrián Barilari, famoso por integrar Rata Blanca, que agradeció “a los directivos de SAdAIC por haberme ingresado al RAS (reconocimiento autor) por la suma de 7.800 pesos, por mis 30 años de aporte con mi voz y mi aporte a la cultura…¡Feliz! ¡Gracias Totales!”, en tono irónico.

“Lo que Barilari no aclara es que el Reconocimiento Autoral Sadaic (RAS) no está relacionado a los derechos de autor, sino que tiene que ver con haber estado 30 años en la organización. El monto es poco, pero se trata de algo simbólico. Nosotros ofrecemos un plan médico parecido o mejor al de OSDE 210”, explicó Ocampo.

Rohdenburg opinó que “sin duda el dinero es menor y que las entidades tienen cosas para mejorar, pero no por eso tiene que desregularse o, peor, permitir ingresar la competencia privada en la gestión, a la que solo acceden los que pueden abonarla”.

Por su lado, Scaglione sostuvo que “seguramente hay algo que no funciona de la mejor manera en SAdAIC, hay mucho dinero entrante que queda dando vueltas porque terminan los derechos de los herederos que, creo, duran 30 años y después, si nadie los reclama, van a lo que se llama el vuelco. Que habría que tener una administración muchísimo más transparente, más justa y real, no tengo dudas. Creo que SGAE, la SAdAIC española, funciona mucho mejor y, cada tanto, algún artista argentino, más los que tienen mucho trabajo por Europa o por España, como Calamaro, se van de SAdAIC y se registran SGAE”.

Asimismo, relató que “hace muchos años me hice un curso de estatuto en SAdAIC que era medio obligatorio cuando accedías a ser socio pleno. Me explicaron cosas muy interesantes, pero ante tanta cuestión burocrática e institucional, el músico se hincha las pelotas. Aparte te marean porque no sabés si están a favor tuyo o te están cagando. He escuchado de todo, managers históricamente puteando a SAdAIC y, por ejemplo, Sandro hacía una obra de teatro en sus shows, entonces él se arreglaba con Argentores. Él pasaba su show musical como obra teatral y nunca pagó SAdAIC, todos decían que era una jugada maestra que solo se le había ocurrido a él”.

Veto y palos a los jubilados

Veto y palos a los jubilados

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el aumento jubilatorio, la plaza del Congreso se inundó de gases lacrimógenos y, como en un loop de miércoles, los manifestantes fueron reprimidos. Hubo alrededor de 50 heridos y al menos dos detenidos.

La Plaza del Congreso fue una vez más testigo de la represión hacia los jubilados por parte de tres fuerzas federales durante la tarde del miércoles, luego de que en una sesión especial la Cámara de Diputados ratifique el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. “El jubilado no se toca”, exclamaban a coro los miles de manifestantes frente al personal policial.

Mientras que por un lado se encontraba la policía motorizada junto a un camión hidrante, por el otro estaban los jubilados, incluso algunos sostenían un cartel en una mano y el bastón en la otra. “Genocidio silenciosos” y “Veto es hambre” eran algunas de las frases que se lograban leer en los carteles.

Agrupaciones de jubilados, Sindicatos (CGT, las dos CTA, UTEP, SIPREBA, entre muchos otros), el Polo Obrero y movimientos sociales, organismos de Derechos Humanos fueron algunos de los que dijeron presente para reclamar una mejora en los haberes de los adultos mayores.

La concentración inició desde el mediodía. Los manifestantes se encontraron con el Congreso vallado, camiones hidrantes, además del personal de Gendarmería y la Policía Federal. Tal parece que, si bien desde el Gobierno nacional afirman que realizar acciones como un aumento a jubilaciones pone en riesgo el equilibrio fiscal, para la ministra de seguridad Patricia Bullrich no parece ser inconveniente organizar mega operativos de seguridad a manos de tres fuerzas federales. El diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdez denunció que tan solo diez de las balas de goma utilizadas ayer por la policía cuestan lo mismo una jubilación mínima.

“No nos van a doblegar porque el alma de doña Norma Plá me acompaña en la vida, y en la muerte también compañeros”, expresó un jubilado frente al cordón policial mientras sostenía en alto un cartel con la imagen de la emblemática dirigente de los años noventa, quien fue reconocida por luchar por los derechos de los jubilados contra el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem.

Si bien en la mañana del miércoles ya se sentía la tensión en las afueras del recinto –y dentro también–, la represión se inició luego de que los manifestantes tiren algunas de las vallas que rodeaban la zona en rechazo a la votación de Diputados. Palos, gas lacrimógeno y balas de goma fueron la ofrenda de las fuerzas de seguridad.

“Nosotros no somos la casta”, afirmó Julia, una jubilada que se encontraba en la movilización junto a sus dos amigas. “Un 8 por ciento de aumento nos negaron y ellos ganan siete palos, no se puede creer que sean tan desgraciados y ahora la policía también nos está dando ¿En dónde vivimos?”, exclamó con indignación una de las amigas de Julia, quién tuvo que salir corriendo sobre avenida Callao luego de oír un fuerte estruendo.

La policía motorizada avanzó sobre avenida Callao con impunidad, lanzando gas sobre los rostros de los manifestantes y generando estruendos con balas de goma. “¿Señor quiere limón?”, le ofreció una chica a un hombre que se encontraba con lágrimas y gas en la cara y con los ojos cerrados respondió con una afirmación, mientras extendía sus manos para luego frotar el jugo del cítrico en su rostro, intentando de alguna manera aliviar el ardor del gas.

La jornada, como un loop de miércoles, finalizó con alrededor de 50 personas heridas por gases lacrimógenos y balas de goma, entre ellas varios jubilados, trabajadores de prensa y hasta una niña de 11 años y un niño de 9, según el relevamiento que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El reporte de la Policía Federal informó dos detenidos.

La Ley de Reforma Jubilatoria que vetó el presidente Javier Milei consistía en mantener los aumentos por inflación para jubilados, pero además exigía tener en cuenta la evolución de los salarios y agregar una recomposición del 8,1%. Todo eso implicaba, en promedio, un aumento de 13,700 pesos a cada beneficiario, algo así como una docena de empanadas.