Meta problemas

Meta problemas

La Junta de Supervisión interna le exigió a Mark Zuckerberg que respete los derechos humanos en Facebook e Instagram. Así, le dio la razón a organizaciones que plantearon cuestionamientos sobre contenidos distribuidos por las plataformas que incitan a la violencia.

Mark Zuckerberg en el video que publicó el 7 de enero de 2025 anunciando el cambio en las políticas de la plataforma. Captura de pantalla.

La Junta de Supervisión (Oversight Board) de Meta selecciona y analiza en última instancia algunas decisiones sobre qué contenidos circulan o no en Facebook o Instagram. Funciona como una suerte de autorregulación que creó Mark Zuckerberg el 6 de mayo de 2020. Actúa como un organismo de independiente para revisar decisiones de contenido polémicas tomadas por la empresa y ofrecer un proceso de apelación para los usuarios que no están de acuerdo con las mismas. 

El 27 de mayo, Derechos Humanos – América Latina publicó una nota sobre el caso de una publicación realizada por un grupo extremista religioso, La Resistencia, que incitaba a la violencia contra la defensora de derechos humanos en Perú.

La publicación mostraba el rostro de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual había sido manipulada con inteligencia artificial para mostrarla cubierta de sangre junto a un mensaje que la acusaba a ella y a su organización de supuestos actos de corrupción y violencia. El posteo alcanzó más de mil visualizaciones y 100 reacciones.

A los tres días, la publicación fue denunciada por un usuario de la red social por violar las políticas de Meta. La denuncia fue atendida por un moderador humano que determinó que la publicación debía permanecer en línea por estar conforme a esas políticas. La decisión fue apelada, pero automáticamente la queja fue cerrada por Meta, por lo que la publicación siguió circulando.

“Los intermediarios en Internet no deberían desentenderse de la responsabilidad corporativa que tienen sobre el impacto que el uso de sus plataformas conlleva en términos de desinformación, discursos de odio o circulación de discursos discriminatorios, como así tampoco de los efectos que ello puede generar sobre el debate público”, opina Bernadette Califano, investigadora adjunta del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, especialista en políticas y regulación de medios.

La Junta de Supervisión de Meta decidió de manera unánime que la publicación en cuestión constituía una amenaza “implícita o velada” de violencia, que contraría la Política de Incitación al Odio de Meta. Y rechazó la interpretación hecha por Meta respecto de la imagen como no problemática, fundamentada en que las barreras que tenía la plataforma contra el contenido violento y la desinformación en sus redes fueron suprimidas.

En un video que publicó el 7 de enero de 2025, Zuckerberg anunciaba un cambio en las políticas de la plataforma. Comenzaba saludando con un “es hora de volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión en Facebook e Instagram”. Y presentaba el reemplazo de los Fact–Checkers (Verificadores de Datos) por las Community Notes (Notas de la Comunidad). “Esto hizo Elon Musk en X (ex Twitter). Después de que Trump ganó las elecciones en 2016, los medios tradicionales no paraban de hablar de que la desinformación era una amenaza para la democracia. Nosotros intentamos, de buena fe, abordar esas preocupaciones sin convertirnos en árbitros de la verdad. Pero los Fact–Checkers (verificadores de datos) han estado demasiado sesgados políticamente y han destruido más confianza de la que crearon, especialmente en EE. UU”, explica la experta consultada por ANCCOM.

Califano agrega que “el discurso que expresa el CEO de Meta para desmantelar los sistemas de verificación de sus plataformas a favor de la libertad de expresión se revela falaz. Hay que recordar que el derecho a la libertad de expresión conlleva responsabilidades específicas.” En su mirada, “es un derecho que está sujeto a restricciones legítimas, tal como lo establecen varios tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos. Esas restricciones son necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás, la reputación individual, la seguridad nacional, el orden público y la salud pública.”

Otro anuncio de Meta fue que reajustaron los filtros de contenido para requerir un nivel de certeza mucho más alto antes de eliminar publicaciones. “La realidad es que esto implica un equilibrio: significa que detectaremos menos contenido dañino, pero también reduciremos la cantidad de publicaciones o cuentas de usuarios inocentes que eliminamos por error”, dijo Zuckerberg.

Por último, anunció que recomendará más contenido político en sus plataformas, incluidas Facebook, Instagram y Threads; y que trasladarán los equipos de Trust and Safety (Confianza y Seguridad) y Moderación de Contenido, de California a Texas.

No alcanza

Carolina Martínez Elebi, licenciada en Comunicación que investiga el impacto de las TIC en los derechos humanos, afirma que “la diferencia en este caso es que no es solo un veredicto, sino que la Junta de Supervisión le está diciendo a Meta que la flexibilizaron en las políticas de moderación, que propone desde enero de 2025, no cumplen con las normas de derechos humanos dentro de las plataformas que el propio Zuckerberg posee.” Y agrega que “a la Junta le parece que la empresa tomó esas medidas sin hacer el debido análisis en cuanto a derechos humanos y sin evaluar el impacto de estas políticas”.

No solo la propia Junta de Supervisión señaló a Meta, sino que también, hace unas semanas, la gubernamental Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos denunció a Meta de prácticas monopólicas. También sus multas en Europa continúan y su carrera tecnológica con China, a simple vista, no lo muestran como el candidato predilecto a ganar. 

El giro trumpista de Meta, como lo menciona Martin Becerra en sus análisis sobre el tema, pareciera que todavía no le dio ninguno de los beneficios que pensó conseguir. Según Becerra, “el objetivo explícito de mimetizarse con Trump se justifica, en palabras de Zuckerberg, por la necesidad de que el Gobierno apoye a las big tech estadounidenses ante la creciente competencia china, que las priorice en contrataciones estatales y que las proteja de multas y regulaciones legales en Europa.”

Martinez Elebi suma que “Meta es una de las plataformas que censuró a Donald Trump cuando fue la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Ahora trata de congraciarse con el gobierno de turno para evitar problemas políticos, económicos y legales. Estas plataformas operan y toman sus decisiones en función de capitalizar y acumular poder económico y político”.

Según los reportes oficiales de Meta Platforms Inc. de 2024, el número de usuarios activos en sus redes sociales a nivel global es de tres mil setecientos millones en Facebook, dos mil cuarenta millones en Instagram, dos mil setecientos ochenta millones en WhatsApp, y ciento cincuenta millones en Threads; siendo la población mundial unos ocho mil quinientos cincuenta y seis millones de habitantes. Con estos números, el año anterior, Facebook tenía dentro de sus usuarios casi a la mitad de la población mundial, siendo de esta forma la red social más grande del mundo.

Sin embargo en la página web de Meta, en la sección Noticias, su directora jurídica, Jennifer Newstead, y exasesora jurídica del Departamento de Estado de los Estados Unidos titula en un escrito: El caso de la Comisión Federal de Comercio de EEUU contra Meta es débil e ignora la realidad. Y se explaya explicando que la Comisión Federal de Comercio de EEUU para intentar ganar el caso alega que los únicos competidores de Meta son Snapchat y MeWe. Para Newstead, falta tener en cuenta Tiktok, Youtube y X. También suma que: “Es absurdo que la FTC intente desmantelar una gran empresa estadounidense al mismo tiempo que la Administración intenta salvar a TikTok, que es de propiedad china.”

 

De la violencia discursiva a la agresión física: atacaron a Roberto Navarro

De la violencia discursiva a la agresión física: atacaron a Roberto Navarro

El director de «El Destape» recibió un golpe en la cabeza por parte de un desconocido que aún no fue identificado. Todavía está hospitalizado. Lo que habilita la retórica agresiva del gobierno.

El pasado domingo de Pascuas el presidente Javier Milei, volvió a publicar en su cuenta de X violentas declaraciones contra los trabajadores de prensa. Los calificó de “sicarios con credencial de periodistas” y afirmó que “si los conocieran mejor los odiarían aún mucho más que a los políticos”. En este contexto de permanentes amenazas al sector, en la tarde del lunes fue atacado por la espalda y agredido con un golpe en la cabeza el director del medio de comunicación El Destape, Roberto Navarro. Al momento, continúa hospitalizado por la hemorragia producida por el golpe perpetrado por un atacante aún no identificado.

“Nadie se radicaliza solo. Es imposible desvincular el ataque a Navarro de este contexto que habilita la agresión de todo el que piensa distinto”, explicó en diálogo con ANCCOM, Ari Lijalad, politólogo y periodista de El Destape, medio desde el que informa el estado de salud de Navarro y agrega: “No es necesario que exista una orden directa para actuar violentamente porque quien actúa ya recibió el aval del Presidente y sus voceros, ya sean funcionarios públicos o figuras mediáticas. Así se crean los contextos políticos, culturales y simbólicos para que esto ocurra. Como periodistas solemos informar sobre temas que el propio Presidente muchas veces no quiere dar a conocer y por ello pretende silenciarnos, disciplinarnos. Si bien es una actitud que tiene hace mucho, en estos días mencionó que no se odiaba lo suficiente al periodismo y es en ese marco en que atacan en la calle a Roberto Navarro, periodista que hace tiempo viene marcando lo mal que va a terminar el plan económico del gobierno”.

No es la primera vez que el Presidente insulta o agrede verbalmente a trabajadores de prensa. Milei arremete contra aquellos que no reproducen su discurso prefabricado y a quienes critican su plan de gobierno. Como él mismo afirmó en una entrevista, se considera habilitado a una comunicación más informal por usar una cuenta personal de redes sociales en la que, desde la biografía, se presenta como economista y no como presidente. El ataque se profundiza con la participación colectiva de seguidores o trolls con cuentas anónimas que copian la actitud del presidente y se empeñan en agredir a aquellos que contradicen al gobierno libertario. En ese sentido, Lijalad explica que sistemáticamente “el presidente y toda la estructura que está por debajo de él atacan a periodistas individualmente, y en general a aquellos que piensan destino. Milei se dirige a ellos como virus a los que hay que exterminar y extirpar de la sociedad porque la dañan. Es el mismo discurso que tenían los nazis sobre los judíos”.

Sobre este episodio, y en consonancia con Lijalad, la periodista de investigación Miriam Lewin dialogó con ANCCOM y sostuvo que “los discursos violentos del Presidente y de sus funcionarios, quienes tienen influencia sobre millones de seguidores, provocan un efecto concreto y se corre el riesgo de que se transformen en actos de violencia en el mundo real. La estigmatización y el hostigamiento de quienes no se alinean con el pensamiento oficial degrada y demuele el debate democrático y tiene efectos de autocensura. El ataque a Pablo Grillo, a otros trabajadores de prensa por parte de las fuerzas de seguridad y a Roberto Navarro perpetrado por un desconocido de manera cobarde profundizan esta situación de peligro para el ejercicio de la profesión”. Hubo una etapa en que el presidente tenía una especial fascinación con degradar a periodistas mujeres. Así ocurrió, entre otras, con María O´Donnell, Florencia Donovan y Teresita Frías, la periodista que en una conferencia en Salta fue tratada de “burra” cuando Milei aún estaba en sus orígenes de panelista. Lewin explica que “las mujeres con opiniones fuertes y visibles son especialmente agredidas y los calificativos degradantes tienen además un contenido sexual. Se meten con su apariencia física, con su tono de voz, se les enrostra una supuesta ignorancia ‘inherente al género’. Se trata de una violencia simbólica que las tiene como blanco y las induce a hacer silencio para protegerse”.

Para el periodista de El Destape “están limitadas y deterioradas tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión y el derecho a la información. Y son temas vinculados. La libertad de expresión lo está por la violencia política y simbólica que se ejerce desde el gobierno pero también por los salarios paupérrimos de los periodistas. La precarización laboral de los trabajadores de prensa provoca que su capacidad de expresarse se deteriore. Luego, el derecho a la información está afectado porque millones de personas se quedan sin poder acceder a información plural a causa de la concentración de medios y la precarización de los periodistas. Todo eso lesiona el debate democrático, que no puede existir sin información”.

Así mismo, Lijalad concluyó que el periodismo ocupa el mismo lugar que siempre tuvo y que debe continuar con ese rol: “Nosotros producimos información, que incluye todo un trabajo previo a su comunicación o publicación. La información no es un hecho meteorológico que se emite, es algo que se produce de manera profesional y desde una mirada ideológica. Y estamos quienes elegimos el periodismo como forma de hacer política. No es contradictorio con el periodismo profesional. Por el contrario, se puede hacer desde una perspectiva ideológica. Ese fue el rol que el periodismo tuvo siempre. Lo que buscan es que uno no se anime a investigar ni publicar determinadas cosas, que el miedo nos paralice, silencie y amedrente”. En ese sentido evocó el trabajo de Rodolfo Walsh, reflexionando que “no lo podemos tener como referente si en estas adversidades nos replegamos y callamos. A estas situaciones se las enfrenta haciendo periodismo, como el fenómeno colectivo que es, porque ningún periodista individual puede salvar el mundo.”

Un, dos, ultraviolento

Un, dos, ultraviolento

Las ventanas de la casa del dirigente social Rafael Klejzer fueron rotas a piedrazos. Hubo amenazas de bomba al Ministerio de la Mujer y Mauricio Macri llamó a la juventud libertaria a que enfrente en las calles a quienes defiendan sus derechos. ¿La paz social está en peligro?

La madrugada del 19 de noviembre, Rafael Klejzer atravesó un momento violento en el que tres personas rompieron los vidrios de su casa a piedrazos en el barrio de Once. Luego de apagar la luz salió al balcón y “para mi sorpresa, no salieron corriendo, sino que se quedaron, seguían insultando”, cuenta el dirigente del Movimiento Popular La Dignidad y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

Al llegar el patrullero redujeron a uno de los atacantes, quien le gritaba a Klejzer: “En estas elecciones somos ustedes o nosotros. ¡Que pinta de peronista que tenés!”. El que lo hayan detenido no impidió que siguiera con las agresiones, posiblemente empoderado por unos comicios que sentía que lo avalaban. Luego de la denuncia correspondiente, Klejzer confirmó que el detenido vive a una cuadra de su casa.

“Hay organizaciones que expresan una futura base social de una militancia más violenta, neofacista, que es un poco lo que expresa Milei y su partido en términos mediáticos», cuenta el dirigente social. «Fue una semana donde hubo amenazas por todos lados”.

Al ataque al dirigente de La Dignidad se suman las dos amenazas de bomba que recibió el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación el viernes de la semana de las elecciones. Frente a esto también las trabajadoras y los trabajadores de la línea 144 hicieron públicas las intimidaciones que reciben desde el domingo electoral.

Al parecer, hay quienes perciben la victoria de Javier Milei en las elecciones como un aval para el aumento de violencia vinculado, sugiere Klejzer, a un “programa de ajuste tenebroso”, que va en contra del pueblo: la violencia es una herramienta para avanzar en ese sentido. “Las palabras de Milei en la conferencia de prensa, una vez conocido los resultados, fueron muy similares a las de los militantes extremistas que rompieron los vidrios de mi casa”, comparte Klejzer.

Los movimientos sociales en Argentina son la “organización del pueblo pobre” y “como organizaciones tenemos muy bien el pulso de la actualidad”. Klejzer también añade que hace un año en las asambleas populares que organizaban, en este caso en Resistencia, Chaco, ya se venía planteando entre la gente un “Milei o Cristina”. La respuesta de las personas era que hoy no se están ejerciendo los derechos y de eso se desprendía, según esta interpretación que con la llegada del libertario se podrían “conquistar esos derechos que hoy son letra muerta en la Constitución y en las leyes”.

Para el dirigente, en Argentina van a emerger resistencias populares y sindicales de otro tipo: “Hay un empantanamiento en términos de proyectos políticos en América Latina, no hay una estabilidad, no hay una estabilización política ni para un lado ni para el otro, sino por el contrario, las crisis permanentes y recurrentes de América Latina están expresando salidas excepcionales como las de Milei o de Macri en su momento”. Si bien se está asistiendo a un Milei supuestamente novedoso “volvió toda la casta”, resume.

Con respecto a las medidas a tomar por las organizaciones sociales, Rafael Klejzer asegura que habrá que esperar los primeros anuncios del nuevo gobierno para ver cómo seguir. Por lo pronto, el expresidente Mauricio Macri, nuevo socio político de Milei, llamó a la juventud que votó al libertario a enfrentar a aquellos reclamen por sus derechos en la vía público. ¿La paz social está en peligro?

Viejos sí, trapos no

Viejos sí, trapos no

El 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Su objetivo es favorecer la toma de conciencia sobre los derechos de los adultos mayores, no subestimarlos por su edad y tomar medidas contra su vulneración.

En el 2011 Naciones Unidas calificó a la violencia hacia adultos mayores como un problema social al que se debe hacer frente. Por eso, en su resolución 66/127 designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Es una fecha en la que se busca generar conciencia sobre la existencia del abuso hacia personas mayores.

La vulneración puede consistir en maltratos físicos, psicológicos, sexuales o económicos o también en negligencia y descuido hacia la persona. Si bien la Constitución Nacional argentina prevé que el Congreso dicte normas para resguardar los derechos de los adultos mayores porque son considerados un grupo vulnerable, no hay una vía específica para la denuncia de estos casos. “Se trata a toda la violencia doméstica igual”, asegura Anabella Crisci, abogada especializada en salud y discapacidad.

Las denuncias deben realizarse en los organismos disponibles en cada jurisdicción. La víctima es evaluada por un equipo interdisciplinario para establecer la verosimilitud de la denuncia y la peligrosidad a la que está sometida. A partir de allí, “lo que suele ocurrir es que el juez dicta una medida cautelar de restricción de acercamiento a esa persona para resguardar su integridad”, explica Crisci.

El problema es que muchas veces las denuncias no se realizan porque no se identifican siquiera como tales. «Pensar que por ser vieja la persona no comprende o no puede tener ocupaciones o proyectos es un prejuicio, es ´edadista´», afirma Romina Rubin, médica geriatra y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría.

La Constitución y el Código Civil afirman que la capacidad de una persona debe suponerse hasta que se demuestre lo contrario. Si bien hay personas de edad avanzada que tienen dificultades para desenvolverse en un plano de igualdad con el resto, esto se debe a afecciones en la salud pero no a la edad en sí misma. Crisci asegura que muchas veces los mismos jueces que deberían ser expertos en el tema suponen que los años vividos condicionan las capacidades de las personas.

Antes de saltar a una conclusión así, se debe establecer si la persona cuenta realmente con capacidad de tomar sus propias decisiones a conciencia o no. Esto se logra a través del proceso de determinación de la capacidad que se dirige a todos aquellos que tengan una afección mental que por su gravedad les impida desenvolverse en igualdad de condiciones y pueda perjudicar su libertad. Lo que se busca es resguardarlos mediante la asignación de una figura de apoyo que los ayude a tomar decisiones o una figura de curador que los represente en distintos actos jurídicos.

 

Otras vulneraciones

La vulneración de los derechos también puede provenir del Estado y se le hace frente recurriendo al amparo de salud, un proceso judicial que se emplea para obtener una solución urgente frente a situaciones en las que se atropellan derechos y garantías constitucionales. En casos como este, afirma Crisci, se busca la cobertura de cuidadores o residencias geriátricas cuyo acceso presenta barreras burocráticas. En general, las obras sociales y prepagas se niegan a cubrir este tipo de prestaciones ya que la consideran un asunto social, dejando de lado que la salud es entendida como “el más alto bienestar físico, mental y social”.

Al tratarse de servicios con costos elevados, muchas veces es necesario recurrir a la justicia solicitando un amparo de salud ya que las residencias geriátricas suelen negarse a trabajar con obras sociales y empresas de medicina prepaga debido a los bajos montos que dedican a cubrir esta necesidad. Conseguir un servicio geriátrico en estas condiciones implica un proceso en el que el paciente o su familia debe acudir a un abogado especializado y presentar los documentos necesarios para solicitar a un juez que ordene la cobertura de la prestación. “Son todas barreras que se deben vencer para que la justicia les dé lo que indica la Ley de Discapacidad”, explica Crisci.

Una forma frecuente de violencia en geriátricos es la sujeción de los pacientes para evitar, por ejemplo, que se hagan daño a sí mismos o se quiten algún tipo de asistencia, por ejemplo, para respirar. Como establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en el Artículo 4 de su Capítulo III, la sujeción física prolongada forma parte de las prácticas que deben ser prevenidas, sancionadas y erradicadas por los Estados Parte.

Rubin lidera un grupo llamado Desatar Argentina cuyo objetivo principal es generar conciencia acerca del daño que producen las sujeciones físicas (ataduras) y capacitar y brindar herramientas prácticas alternativas a su uso y promover su eliminación, debido a que las sujeciones vulneran los derechos de las personas, principalmente el derecho a la libertad y autonomía además de ocasionar daños a nivel físico, psicosocial y emocional. “La piedra angular es la formación, capacitación y fortalecimiento del cuidado bajo el paradigma de derechos y atención centrada en la persona”, explica la especialista.

El desafío es grande porque, como dice Crisci, las personas mayores con discapacidades requieren un control permanente que desgasta a sus cuidadores. Las prestaciones que se ofrecen en las distintas residencias son variadas y eso se refleja en el precio: “Hay para todos los gustos. Una estándar vale cuatrocientos mil pesos por mes y después hay instituciones que valen un millón quinientos mil que tienen hasta peluquería; tienen de todo”.

Aún así, Crisci remarca que existe un prejuicio en las familias que piensan que al dejar a la persona en una residencia, la están abandonando: “Yo veo muy claro cómo mejora la gente en los hogares porque una cosa es estar solos en su casa, cuidados por los cuidadores y que vengan eventualmente los familiares. Otra cosa es en los hogares buenos donde tienen terapias y pueden compartir con pares”.

Se trata de una realidad que no es accesible para todos. En parte debido a las barreras burocráticas mencionadas y a las listas de espera con las que cuentan las obras sociales como PAMI que además tienen convenios con instituciones que no siempre son las más adecuadas para cubrir la totalidad de las necesidades de los pacientes.

¿Cómo le hacemos frente?

El maltrato se puede manifestar de distintas formas y también son diversas las maneras en que se le puede hacer frente. Por su parte, las políticas públicas tienen impacto en la situación. Como plantea Crisci, es necesario facilitar los trámites necesarios para que los adultos mayores puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. A su vez, como considera Rubin, es la misma sociedad la que debe visibilizar esta problemática ya que se trata de un grupo vulnerado del que todos formaremos parte en tanto todos somos “seres envejecientes”. Vale la pena tomarse el día para pensar en esto.

¿Cambia, todo cambia?

¿Cambia, todo cambia?

El juicio oral a los ocho rugbiers del club Náutico Arsenal Zárate que asesinaron a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en la ciudad bonaerense de Villa Gesell, el 18 de enero de 2020, ya tiene fecha: está previsto para el 2 de enero de 2023. Cerca de cumplirse dos años del violento episodio, ¿qué cambió en el rugby para erradicar la violencia machista que cobija? 

*** 

8 de diciembre de 2020. Dos jugadores del Tala Rugby Club de 17 y 18 años agredieron a un joven de la misma edad en una casa de un barrio privado en Córdoba, después de una discusión, porque buscaban ingresar a una fiesta sin haber sido invitados.

***

Después del asesinato de Fernando Báez Sosa, la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) —que nuclea a a 91 clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA— tuvieron que replantearse los modos de ser del rugby y las prácticas y escenarios violentos que permanecían invisibilizados dentro y fuera del deporte. 

Para Marcos Julianes, presidente y fundador del club Virreyes, el asesinato de Fernando Báez Sosa es un antes y un después en la historia del rugby. El ex jugador reconoce que en ese momento los dirigentes no estuvieron a la altura de la situación: “Se disparó algo que fuimos procesando con el tiempo, que es que estas cosas podrían haber pasado antes, y nadie puede decir que no sabía que estas cosas podrían llegar a pasar”, dice. “Nuestra primera reflexión fue que el rugby o el deporte con todos sus valores había perdido el eje, en el sentido de que no había sabido adaptar sus enseñanzas, sus metodologías y su educación a la realidad de una sociedad muy violenta”, agrega Julianes.

***

27 de diciembre de 2020. Dos rugbiers de 31 años que juegan en la Intermedia B de La Plata Rugby Club intimidaron, insultaron y golpearon a un joven de 21 años en un balneario de Claromecó, en el partido de Tres Arroyos.

***

En febrero de 2020, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) presentó el “Proyecto de Red FIMCO (Formación Integral de Mejora del Comportamiento)”, creado y dirigido por Miguel García Lombardi, psicólogo social y especialista en deporte de alto rendimiento. El programa, dirigido a jugadores, entrenadores y dirigentes, consistía en una serie de encuentros, charlas y capacitaciones para la prevención y gestión de la violencia. 

“Nuestro objetivo era generar un referente por cada club que haya sido un expresidente o un coordinador general de rugby para armar una red, empezar un trabajo de deconstrucción y poner el tema de la violencia por parte de los jugadores, sobre todo fuera del ámbito del rugby, arriba de la agenda”, explica el psicólogo social. “Este tema estaba siempre debajo de la agenda, porque se ocultaba o silenciaba”, reconoce. 

Desde entonces, se realizaron 100 talleres, de los que participaron en promedio 80 personas y 400 jugadores, entrenadores y dirigentes, según explica el director del proyecto. 

Los 91 presidentes de los clubes nucleados en URBA dispusieron cinco acuerdos o ejes a trabajar en el primer semestre de 2020 de implementación del proyecto. El primero giró en torno a la violencia ligada al juego: “el actor en patota”, el “efecto manada”, “el acostumbramiento del golpe”. Es decir, el no registro de la vulnerabilidad del otro ni de la propia, y las violencias simbólicas que tienen que ver con el trato entre jugadores, y jugadores y entrenadores. Para García Lomabrdi es en estos aspectos donde se pretendió trabajar con el concepto de masculinidad hegemónica, para gestionar y entender la violencia desde su génesis.

El segundo eje puso el foco en la discriminación, la violencia de género y rituales iniciatorios conocidos como “bautismos”: La cuestión de los bautismos fue lo primero que logramos cambiar. No hay más bautismos denigrantes, no hubo cuando volvió el rugby hace dos meses. No hubo más bautismos denigrantes. Quedan algunas prácticas como rapar a los chicos que debutan, pero es una rapada voluntaria”, explica el presidente de la Comisión FIMCO. 

Al respecto, Xoana Sosa, jugadora del Club SITAS, reconoce que hay clubes que modificaron los “bautismos”. “Quizás hay buenas intenciones de modificarlos, pero de ahí a que esa intención se concrete es más complejo”, dice Sosa, que pone el foco en la masculinidad hegemónica: “Hay algo de la matriz cultural machista que hace que los varones tengan esa mirada violenta, homofóbica, misógina, que tiene que ver con una cultura de la muerte. Nosotras tejemos redes entre nosotras, tenemos una cultura de cuidado, no se nos ocurre ir a pegarle a otra piba o a otra jugadora porque le tenemos bronca”, reflexiona. “Ese es uno de los ejes que debatimos en los encuentros. Nosotras celebramos que venga una chica nueva, no se nos ocurre cortarle el pelo o hacerle algo para que se vaya llorando, concluye sobre las prácticas de los “bautismos”.

***

3 de octubre de 2021. Un grupo de siete rugbiers entre 21 y 25 años del Club Albatros de la ciudad de City Bell, partido de La Plata, golpeó a un joven de 21 hasta dejarlo inconsciente en la puerta de una casa donde se realizaba una fiesta.

***

Sin embargo, la jugadora del SITAS ve con buenos ojos la iniciativa de la URBA en un deporte conservador como el rugby: “En las charlas debatimos sobre distintos ejes, como los bautismos, la violencia de género y los casos y denuncias de abuso”, dice la rugbier. “Se trabaja con todos los clubes en estas charlas de información, y nos hacen participar mucho a nosotras. Si bien hay resistencias, los avances se ven a medida que se dan los debates”, plantea. 

La cuestión de la inclusión de las mujeres en el rugby es otro de los ejes que se tiene que trabajar en el Programa FIMCO, plantea Sosa. “Deberían escucharnos más a nosotras porque todavía en los clubes estamos muy invisibilizadas. Somos muy poquitas las mujeres que jugamos en el rugby, 24 clubes a comparación de los clubes de jugadores masculinos. Es importante que tengamos espacios para hablar”, dice. “Siempre digo que hay mucho por aprender, porque las mujeres, y sobre todo las que jugamos al rugby, proponemos un paradigma totalmente diferente. Somos muy respetuosas, nunca nos manejamos con violencia”, concluye la militante feminista. 

Sobre el tercero, cuarto y quinto ejes se trabajó la violencia en los terceros tiempos, la prevención de las adicciones y la violencia institucional. Sobre la pedagogía de los entrenadores, García Lombardi explica que fue necesario implementar clases dedicadas a la formación de los entrenadores: “Mucho de los problemas era la formación de los entrenadores porque tenés entrenadores que eran muy buenos jugadores de rugby pero con un modelo de liderazgo y con paradigmas de la década del ‘70, ‘80 y ‘90. Hoy necesitamos otra educación, otra formación. Y ellos no tenían tanta formación pedagógica.” 

Sobre este punto, Xoana Sosa mantiene una postura crítica: “Muchas veces en la categoría de juveniles ponen entrenadores profundamente machistas o conservadores.  Y te dicen: ‘Es un histórico dirigiendo juveniles, cómo lo voy a sacar’. Esa persona no puede formar jugadores de 15 años. Esto claramente va en contra de lo que estamos haciendo”, dice Sosa. “El tema es cómo desarmar esas estructuras institucionales. Hay mucho por trabajar, y se está trabajando de a poco”, concluye. 

Para Miguel García Lombardi, la clave del cambio está en trabajar en el “efecto manada”. “El efecto manada en el rugby tiene que ver con que los chicos aprenden desde muy chiquitos que somos una sola cosa, que somos un equipo. Entonces, la consigna es: tocan a uno, tocan a todos. Esto es lo que buscamos desarticular”, explica. Y reconoce que aún no se logró todavía: “Estamos recién empezando porque es un trabajo de años, hay un trabajo de deconstrucción muy fuerte”, dice el psicólogo. 

***

16 de octubre de 2021. Un grupo de rugbiers entre 19 y 20 años agredió a un chico de 16  que había salido en defensa de su amigo, al que este grupo intimidaba en la puerta de un cumpleaños de 15 en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo. 

Mismo día y mismo episodio en una fiesta en la localidad de Campo Quijano, en Salta: un grupo de jugadores del Jockey Club de Salta golpeó a un menor de 17 años hasta dejarlo inconsciente.  

No parecen casos aislados.