¿Por qué no florece el hidrógeno verde?

¿Por qué no florece el hidrógeno verde?

En 2021 el ex presidente Alberto Fernández anunció el desarrollo de energía verde en la Argentina. La provincia de Río Negro preparó su terreno y legislación para la producción, en asociación con una empresa australiana. Qué demora el desarrollo de lo que algunos denominan energías limpias.

En 2021 el ex presidente Alberto Fernández anunció la mayor inversión de la historia Argentina en energías limpias. El ex jugador de rugby Agustín Pichot, representante de la firma australiana Fortescue Future Industries, aseguró por entonces que la idea era empezar a producir hidrógeno verde a finales del 2024. Las expectativas fueron enormes, pero ¿qué pasó con el hidrógeno verde?

“El hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y nos llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición ecológica. En poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir drásticamente la emisión de carbono en el mundo”, celebró el ex presidente Alberto Fernández en su discurso durante la cumbre contra el cambio climático realizada en Escocia en 2021. El desarrollo implicaba una inversión de 8.400 millones de dólares de la firma Fortescue Future Industries originaria de Australia, fuertemente fogoneada en los medios por el ex-capitán de los Pumas, Agustín Pichot, como una oportunidad histórica para el país. Las expectativas generadas en ese momento fueron enormes: ¿pero qué se hizo en estos años?

La “energía del futuro”

El hidrógeno verde (H2v) es conocido popularmente como “la energía del futuro”, algo que paradójicamente, se repite desde hace décadas. Para extraer el hidrógeno se usa agua dulce limpia y energía proveniente de molinos de viento o solar: de allí que se lo considere “verde”. La energía se utiliza para producir la electrólisis, un método que utiliza la corriente eléctrica para separar el hidrógeno (H) del oxígeno (O) que hay en las moléculas de agua (H2O). Para utilizarlo, el hidrógeno se combina nuevamente con oxígeno para que libere la energía que puede ser utilizada, por ejemplo, para un motor.

El resultado de ese proceso es, claro, agua. La ventaja de esta energía es que no emite gases contaminantes durante la combustión y el proceso de producción, pero como indica Alejandro Machado, Licenciado en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires “uno de los desafíos que se impone es su almacenaje y transporte dado que, es altamente explosivo”.

Otra cuestión preocupa a Machado: ¿qué tan verde es el hidrógeno verde? El Miembro del Consejo Asesor de la carrera de Higiene y Seguridad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA se refiere a que, en un primer análisis, puede ser considerado “verde” por la fuente de energía utilizada, pero yendo unos pasos más atrás vale preguntarse con qué fueron construidas las aspas del generador eólico, su parte mecánica, el generador, su torre de acero, su base. Lo mismo puede decirse sobre los paneles solares, sus componentes, su superficie de vidrio o policarbonato, como se obtuvo el cobre o aluminio de cables y componentes eléctricos.

Se suele escuchar que el mundo está comenzando a demandar un nuevo modo de portar energía para reemplazar el petróleo y el gas, por lo que el hidrógeno, como el elemento con la mayor densidad de energía, es un “motor natural” para esto. Si bien las tecnologías para aprovechar el hidrógeno son una promesa de larga data, en estos últimos años comenzaron a verse señales desde el mercado sobre que el hidrógeno tiene futuro en el corto, mediano y largo plazo.

Una oportunidad para Río Negro

La ex gobernadora de Río Negro Arabela Carreras comenta en el libro sobre hidrógeno verde publicado por la provincia que desde el año 2020 junto con Nación comenzaron un proceso proactivo de búsqueda de inversiones. Para ello recurrieron a científicos, tecnólogos y luego contrataron al instituto alemán Fraunhofer para un estudio de perfectibilidad que brindó una mirada externa de las ventajas del territorio patagónico y fue así que el ex ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas puso en contacto a las partes interesadas. Luego desde la legislatura provincial se sancionaron dos leyes fundamentales: la que establece las condiciones para llevar adelante el proceso de licitación pública de alrededor de 625.000 hectáreas para el estudio y el emplazamiento de un parque eólico y construcciones necesarias para la producción y, por otro lado, se aprobó la creación de un Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca de Río Negro, que se denominó “Corporación Punta Colorada”.

Desde la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro explicaron a ANCCOM que el plan estratégico de hidrógeno verde es el primero en el país y que se está aguardando para su desarrollo la aprobación de un marco regulatorio federal. Además, dentro de sus posibilidades, recientemente, se han impulsado algunos cambios normativos para alentar la concreción del proyecto, como la celebración de un contrato entre Eólic Rionegrina SA (sociedad estatal) y Fortescue Future Industries con el objetivo de avanzar en la instalación de un parque eólico en Cerro Policía, que recibió sanción en la legislatura provincial: Ley 5672. El secretario de Estado de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti manifestó en diversas entrevistas que “esto generará mano de obra y trabajo genuino. Este tipo de inversiones van a traer mucho trabajo en la instalación y la consolidación del parque eólico, siendo una excelente noticia para las y los rionegrinos”.

En Argentina, específicamente en Río Negro, se dan condiciones naturales únicas para convertir la provincia en un actor clave del hidrógeno verde. Para esto se creó la “Mesa de Hidrógeno Verde Rionegrina” mediante Decreto Provincial 342/21. Se trata de un órgano transversal e interdisciplinario, cuya función es “acordar y definir políticas públicas activas y sostenidas en materia de ciencia, innovación, investigación y desarrollo de hidrógeno verde, como así también proyectos de inversión productiva”.

La mayor parte de lo producido se espera que sea exportado a los países en procesos de descarbonización (como el caso de Alemania). Esta forma de producción de combustible sin emisión de dióxido de carbono implica un nuevo nicho de negocios y nuestro país tiene un commodity aparentemente muy valorado por el resto del mundo.

La versión Fortescue

ANCCOM logró comunicarse con la firma australiana Fortescue Future Industries, desde donde alegan que el inicio de la construcción del parque eólico está estimado para el segundo semestre de 2025, cuando hayan finalizado los trabajos de adecuación del proyecto original y los ajustes necesarios de ingeniería y permisos. Según aclaran, las obras demandarán al menos dos años. Por otro lado, consideran necesaria la creación de un marco normativo regulatorio nacional para la industria del hidrógeno verde. Según aclaran, “si bien ya se envió un proyecto de ley al Congreso, es esencial llevar adelante un debate constructivo para la inclusión de puntos claves que aún no están expresados en ese proyecto como son el acceso a financiamiento a costos competitivos a nivel internacional y un régimen impositivo adecuado a las necesidades propias de la industria. Todo ello con el fin de que efectivamente la Argentina sea un país que atraiga inversiones para así poder posicionarse en la región como un país líder en materia de energías renovables”.

Desde Fortescue Future Industries esperan producir 350.000 toneladas anuales de hidrógeno verde en la primera fase del proyecto destinado tanto al mercado interno como externo, generando divisas para la Argentina. De hecho, para 2030 Europa estima que va a consumir 30 millones de toneladas de hidrógeno verde, de las cuáles espera importar 10 millones: una oportunidad para Sudamérica.

Para Fortescue “El país tiene potencial para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, no sólo por su extensión territorial sino también porque en regiones como la Patagonia, abundan condiciones geográficas y climáticas adecuadas para generar energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica, fundamentales para la producción de este tipo de hidrógeno verde”.

Sigue verde

Lo cierto es que la inversión en hidrógeno verde fue anunciada con bombos y platillos ante el mundo, se esperaba generar muchos puestos de trabajo y generar divisas de plena estepa patagónica. Hasta el día de hoy esto no se cumplió. El proyecto está a la expectativa de que se apruebe la legislación que permita iniciar el trabajo, pero ya no hay la misma algarabía que hubo durante la presentación en la cumbre contra el cambio climático de Glasgow.

Es cierto que el mercado está en expansión aunque sus números aún no son tan impactantes. Por ejemplo, en el mundo del transporte, en el que genera las mayores expectativas, en 2023 se pusieron en marcha los primeros micros escolares a base de hidrógeno verde en EE.UU. Sin embargo, esa tecnología no llega aún a la Argentina y hoy un auto a base de hidrógeno verde en Europa resulta caro. También el combustible se puede utilizar en la industria pesada o en el campo aeroespacial.

De momento, resulta incierto si la Argentina será pionera en esta tecnología, si generará los volúmenes anunciados y si la clase política podrá evaluar el impacto de este proyecto para el país, para realizar en tiempo y forma una legislación que proteja los intereses nacionales y esté a la altura de los cambios necesario para la preservación del medioambiente en el mundo, como se prometió. De ser así, estamos ante una oportunidad única de estar a la vanguardia de una industria que en el futuro puede ser fundamental en la mejora del ecosistema.

 

El precio de protestar

El precio de protestar

El Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich a la cabeza, intimó vía cartas documento a distintas organizaciones sociales y sindicatos a pagar los gastos ocasionados por la movilización a Plaza Lavalle del 27 de diciembre. Se trata de un grave atropello al derecho a la protesta y es claramente anticonstitucional.

El derecho a protestar se encuentra consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 y en varios tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que Argentina adhiere con fuerza de ley. En un intento de limitar las manifestaciones contra las medidas que se están intentando aplicar por parte del gobierno, desde el Ministerio de Seguridad redactaron un “protocolo antipiquetes” que avasalla la libertad de expresar disconformidad con las medidas impopulares que se llevan adelante.

El artículo 11 de la controversial resolución dice: “EL MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios jurídicos, podrá demandar judicialmente a las organizaciones a las que se refiere el artículo 8°, así como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos. Asimismo, se remitirán los datos a las jurisdicciones pertinentes, a los efectos de que las entidades perjudicadas puedan iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado contra el patrimonio público y las personas. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a los fines pertinentes”.

En este contexto, de claro atropello a las libertades democráticas, diversos movimientos sociales y sindicatos recibieron intimaciones por 40.419.227,56 pesos para cubrir los gastos del operativo de seguridad desplegado en la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo para presentar un amparo contra el DNU 70/2023 el 27 de diciembre del 2023, en Plaza Lavalle.

Condicionados

Por su parte, Agustín Lecchi secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPresBA), indicó en diálogo con ANCCOM que junto a todos los gremios víctimas de la persecución que busca criminalizar la protesta van a realizar una “propuesta colectiva de carácter legal” porque la intimidación es un hecho que no tienen antecedentes en los cuarenta años de democracia y aclaró: “También es parte de un show de Bullrich. Esa movilización fue frente a tribunales y no se cortó ninguna calle, no fue un piquete. Pero aún si así lo fuera, estamos amparados”. Para Lecchi la respuesta tiene que ser el 24 de enero, el día del paro nacional y movilización, con millones en el Congreso exigiendo a los diputados que levanten la mano en favor del pueblo y en contra de la ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia inconstitucional: “una ley donde Milei pretende obtener la suma del poder público y que además tiene un contenido que entrega la soberanía de la patria”, concluyó.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, expresó en una gacetilla difundida por su organización que “el gobierno de Milei pretende condicionar la protesta social antes que resolver los problemas de la gente” y que la única respuesta es una sanción económica aún sin haber cortado calles, lo que constituye “una provocación más de un gobierno nacional que no duda en avasallar derechos constitucionales”.

El diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unida, Juan Carlos Giordano, en diálogo con ANCCOM, se preguntó qué pasaría si se da la paradoja de que las propias víctimas del ajuste del presidente y la ministra de seguridad tuvieran que pagar las balas y gases que “gasta” la policía contra los que luchan; es la línea de “cárcel o bala” de Jose Luis Espert. “Esto llevó a que haya varios asesinados en la rebelión popular del Argentinazo en 2001 bajo el gobierno de De La Rúa que Bullrich también integró”, concluyó.

Lo cierto es que hay una intención manifiesta de criminalizar la protesta social porque el ajuste que prometieron sobre “la casta” y que están llevando contra el pueblo trabajador, no cierra si no hay represión. Con el devenir del tiempo, estas maniobras e intentos de provocación, serán una constante de un gobierno que paradójicamente se adjudica defender las ideas de la “libertad”.

La amenaza del asbesto

La amenaza del asbesto

Ya son más de 80 trabajadores afectados, seis con cáncer y tres fallecidos, pero ni la empresa concesionaria del servicio, Emova, ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dan una solución; al contrario, la dilatan.

Más de medio millón de personas transitan cada día bajo tierra en la Ciudad de Buenos Aires sin pensar en el peligro invisible que las rodea. Algunas esperan el subte para ir a trabajar. Otras trabajan ahí mismo, donde la atmósfera es más densa. El suelo vibra y se aproxima un tren amarillo de la Línea B. Los asientos son únicos, de una pana roja que lleva 50 años acumulando el polvo. La mayoría ignora que la pintura que reviste el interior, los componentes del tren y el aire que respiran tienen asbesto, y que el asbesto mata.

Maxi tiene 37 años y desde hace 19 es conductor de esta línea, la más contaminada. Para él, enterarse de la amenaza del asbesto fue “un baldazo de agua fría”. Junto con otros compañeros, participa de las convocatorias que organiza el sindicato porque sabe lo que está en juego. “Vivir con esto te come el bocho, no es sólo que vos te podés enfermar, sino que podés llevárselo en la ropa a tu familia”, afirma el maquinista pensando en su hija y su pareja.

Sobre una puerta de madera, en la calle Carlos Calvo 2363, en el barrio de San Cristóbal, se lee: “Al lado entrada al sindicato”. Es un miércoles como cualquier otro para quienes integran la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). Un pasillo conecta la recepción con las oficinas y, hacia el final, con un amplio salón. Las paredes, adornadas con un enorme papel escrito con fibra, dan cuenta de los reclamos que siguen siendo desoídos: “Reducción de la jornada laboral”; “Vamos por los dos francos”; “Basta de muertes. Saquen el asbesto del subte”.

“Plantear la desasbestización es poner sobre la mesa una problemática mucho más grande. Es una cuestión de salud pública, porque todos estamos expuestos, trabajadores y usuarios”, sostiene, en la oficina de salud de la entidad gremial, Federico Batini. Él trabajó en el Taller Rancagua –ubicado debajo del Parque Los Andes, en Chacarita– sin saber que estaba en contacto directo con el mineral que le puede costar la vida. Como a Jorge Pacci, el primer trabajador del subte fallecido tras enfermar de un cáncer de pleura, causado por el asbesto. La foto de Pacci, colgada en la pared, es un recordatorio punzante de la urgencia de la problemática. Los otros fallecidos fueron Jorge Bisquert, que se desempeñaba en las subestaciones eléctricas, y Juan Carlos Palmisciano, que por haber estado jubilado la empresa no reconoce entre las víctimas.

En el primer examen que el sindicato logró que se realizara, se analizaron 130 compañeros y a 11 los diagnosticaron con neumoconiosis, primer efecto del asbesto en el cuerpo humano. La mayoría eran asintomáticos. “Como trabajadores, pagamos un costo muy alto. Los responsables materiales de todo esto, de las muertes y de los afectados, son la empresa y el Gobierno de la Ciudad. Lamentablemente, la estadística indica que habrá más compañeros afectados. Para nosotros, es una cuestión de vida o muerte”, expresa Ramón Acuña con una seriedad que trata de no darle lugar al dolor. Él trabajó nueve años en Taller Rancagua.

El asbesto, también conocido como amianto, es fibroso: tiene hebras finas, maleables, duraderas y flexibles. Cuando el material, tanto en estado natural como en piezas, se deteriora con el tiempo o recibe algún impacto, las fibras vuelan por el aire. Exhalando las palabras, como si así pudiera ventilar el pesar, Acuña agrega: “Hay compañeros afectados que estuvieron trabajando menos tiempo que yo, seis años. Técnicamente, con entrar sólo una vez al taller, puede ingresar una fibra a tu sistema respiratorio. No hay un parámetro seguro”.

En el siglo I, el naturalista, escritor y militar romano Plinio el Viejo, descubrió y documentó que los esclavos que trabajaban en las canteras del Imperio extrayendo este elemento, morían jóvenes, debido a enfermedades pulmonares. La bautizó como “la enfermedad de los esclavos”. Pese a que se conoce su peligro desde hace casi dos mil años, es una problemática vigente. En el aire, flota una pregunta: ¿cuánto cuesta la vida de un trabajador?

“En la actualidad se encuentra disperso en toneladas de productos manufacturados. Desde la década del 1920 hasta la de 1980 inclusive, fue utilizado en muchas industrias por su carácter resistente térmico y eléctrico”, explica la doctora en Geología Leticia Lescano, docente en la Universidad Nacional del Sur. Ella formó parte del equipo que en 2018 detectó el mineral en las piezas que los metrodelegados les enviaron para analizar, tras las negativas de la empresa.

“Hace cinco años que la venimos peleando, pero el conflicto va a la velocidad de una babosa herida”,  subraya Ledesma.

Ese año se abría “la caja de Pandora” para los trabajadores del subte. Compañeros del metro de Madrid denunciaban que enfermaron tras exponerse al asbesto en los trenes que ahora circulaban en la Línea B de la Ciudad de Buenos Aires, luego de su negligente compra en 2011. Para ese momento, el mineral estaba prohibido desde hacía nueve años, los manuales técnicos informaban sobre su presencia en los vagones y la empresa concesionaria se negaba a entregar los planos originales, donde se leía claramente “placas de amianto”.

El presidente de SBASE, la sociedad del Gobierno porteño encargada del subterráneo, contestó cínicamente que era mucho material como para poder garantizar su lectura. Respecto a esta adquisición, Federico Batini puntualiza: “El precio era el de un desecho, eso ya era sospechoso. Yo trabajaba con esos trenes, eran una porquería. De los seis que llegaron, andaban nada más que dos. Se tuvieron que reformar mucho, porque no estaban en condiciones de circular”.

La confirmación de que los trenes estaban contaminados fue el comienzo de la investigación que se abrió en todas las líneas. Por su antigüedad, la red subterránea cuenta con asbesto en instalaciones fijas: tableros eléctricos de cuartos de bombas; ductos viejos de ventilación de fibrocemento; bandejas portacables; depósitos de baños; el techo del cuarto de descanso de conductores del premetro, o las pastillas de freno de escaleras mecánicas de la Línea E. Además, se le suma el material presente en componentes de determinadas flotas como CAF series 5000 y 6000, Mitsubishi y Fiat.

Las mediciones comprueban que hay fibras de asbesto en el aire. Desde la empresa ya no pueden negar la problemática, pero argumentan que los resultados están por debajo del límite ambiental permitido. Según la regulación nacional vigente del 2001, debe estar en 0,1 fibra por centímetro cúbico (f/cc). Hace un mes, la Unión Europea sancionó que el límite sea 0,01.

Pero se trata de mediciones indirectas. “Hay que evaluar el estado en el que está el material: lo tenemos que sacar, o lo tenemos que encapsular. El tema del límite es un concepto trampa. Por un lado, la medición es como una foto: se realiza en un momento determinado, bajo ciertas condiciones. A la hora, eso puede cambiar –explica Batini–. Además, médicamente no existe la exposición segura a un cancerígeno: una fibra tiene la capacidad de enfermar. Imagínate que una fibra mide un micrón. O sea, entra 100 veces en un pelo. Hay una página que te hace la cuentita de cuántas fibras respirás por hora estando por debajo del límite, y te da algo de 80 mil fibras por hora con una respiración normal. Por eso, el límite es una mentira”. El objetivo, subraya, debería ser eliminar la fuente del contaminante.

De a poco, el sindicato logró que las concesionarias del subte, Metrovías (1994-2021) y Emova (actualmente) saquen 100 toneladas de material. “Con un costo muy alto de parte nuestra, hemos forzado a la empresa a tomar medidas. Todavía no de prevención, porque no han eliminado todo el material contaminado. Hay que acelerar eso para tener la menor cantidad de daño posible”, añade Acuña.

“Seguimos sin el proceso finalizado de la licitación de la compra de nuevos trenes. Después, mínimo tardará un año y medio hasta que lleguen. Mientras tenemos que seguir con los viejos. Si bien se cambiaron componentes, hay otros que son imposibles de remover”, detalla Batini. Su compañero y secretario de Salud Laboral, Francisco “Pancho” Ledesma, sentencia: “Hace cinco años que la venimos peleando, pero el conflicto va a la velocidad de una babosa herida”. En la búsqueda de exigir respuestas, presentaron una carta a la Organización Internacional del Trabajo pidiendo su intervención. Esperan que, al tratarse de convenios internacionales, el Ministerio de Trabajo de la Nación pueda intervenir.

“Cuando al trabajador se le dice que tiene contaminación por asbesto, aunque no tenga síntomas, uno le pone el San Benito arriba y piensa ‘en qué momento me toca a mí’. Capaz se muere de otra cosa, pero vive con esa presión psicológica”, reflexiona Ariel Rossi, médico especialista en medicina legal y laboral. Trabaja en el sindicato desde 2012, en el equipo de salud por patologías y accidentes.

A raíz del conflicto del asbesto, se formó un comité cuatripartito integrado por médicos de la empresa, la aseguradora, el sindicato y el centro asistencial del Hospital Británico, del que Rossi es parte por AGTSyP. “Todos los lunes nos reunimos a revisar los estudios de los trabajadores que se hicieron la semana anterior. Ahí, en conjunto, se decide si se aprueba o no, si se necesitan más estudios de cada empleado. Es estrictamente científico: no hay discusión, la empresa tiene que aguantar lo que se dicta allí”, remarca Rossi.

Más de tres mil trabajadores están incluidos hoy en el Relevamiento de Agentes de Riesgo, el registro que obliga a la ART a efectuar los estudios anuales. Al principio, EMOVA no tenía en cuenta a los conductores. Actualmente, continúa el reclamo sindical por la inclusión de todo el personal. Federico Batini lo dice con simpleza: “Es para cubrirse, porque admitir que el boletero puede enfermarse abre la puerta a pensar que el usuario también”.

“Aparecen las afecciones que sólo se iban a ver si pasaba más tiempo. Es una enfermedad de larga evolución”, explica Rossi. La empresa se niega a dar los listados de jubilados. Si bien el sindicato se contactó con algunos por su cuenta, hay un sinnúmero que se desconoce cómo ubicarlos para que se les garanticen los controles.

Lilian Capone es médica y secretaria de salud laboral de la CTA. Como parte del comité cuatripartito, cuenta que el sindicato organiza reuniones con los compañeros afectados, pero que también está habilitado el consultorio de patología ocupacional del Instituto Vaccarezza de la Universidad de Buenos Aires. “Estoy jubilada, pero cada 15 días voy con la titular del consultorio y los volvemos a ver en los casos donde hay dudas o vienen con algún familiar afectado”, dice. La mayoría, según Lilian, son trabajadores y familiares. No necesariamente tiene que haber un contacto tan cercano con el material: una mujer que trabajaba en un puesto de comida en medio de los andenes fue derivada con fibrosis pulmonar. Ganó el juicio contra la concesionaria porque había placas pleurales en su tomografía. Ya no hay bares en los subtes.

Para Ramón Acuña, asumir la enfermedad le llevó tiempo. “No caí hasta la pandemia, que nos dio mucho tiempo para pensar. Cuando me enteré, estábamos trabajando, no sabía cómo tomarlo. Es algo raro: tengo inflamación de pleura, pero no tengo problemas para respirar ni correr. Lo primero que se me vino a la cabeza fue pelear para que otros compañeros no se enfermen, que retiren el material. La lucha te da fortaleza para encarar tu situación de otra manera”, destaca con un brillo en los ojos.

Roberto Pianelli, secretario general de AGTSyP, refuerza esta idea: “Todo esto del asbesto lo aprendimos en el cuerpo. Cuando nos enteramos, los compañeros no quieren saber. Lo primero que hacemos es negar; después es el pánico, porque empezamos a entender con qué estábamos, vivimos con un rayo X mirando: ´Esto tiene asbesto’. El tema es entender de qué se trata y tener una política para sacarlo”.

Sobre avenida Rivadavia, frente a las oficinas del Congreso de la Nación, unas 40 personas se agrupan y charlan. “Hoy vinimos con 20 compañeros del taller. Es un alimento muy grande para los compañeros afectados: nos ayuda a seguir adelante”, se emociona Ramón Acuña mientras mira la pantalla que transmite lo que pasa adentro, donde ocho dirigentes sindicales y funcionarios políticos presentan el proyecto de Ley Nacional de Detección, Recolección y Disposición Final del Asbesto Instalado para realizar un mapeo federal y generar una estrategia para su eliminación.

“El asbesto es muy especial: no tiene olor, pasa desapercibido. Es casi parte de nuestro mundo, nuestro hábitat. Para quienes practicamos salud ocupacional es como trabajar y dormir con el enemigo: más de tres mil productos contienen este contaminante, que no tiene umbral de protección”, asegura el higienista Armando Chamorro para las más de 80 personas que están escuchando su exposición en la sala.

Para cerrar, Pianelli toma la palabra: “El glifosato de la ciudad es el asbesto. Solamente saber, entender que estamos rodeados de asbesto, que estamos expuestos y que ni siquiera tenemos el control de nuestra salud, es un paso muy grande para poner en evidencia este problema nacional, no buscando culpables, pero sí evidenciando a las patronales, que son conscientes, trayendo el asbesto sabiendo que era asbesto asesino. El sujeto colectivo capaz de empujar para que alguna vez nuestros hijos vean una ciudad desbestizada, son las organizaciones sindicales en conjunto con toda la sociedad. Desgraciadamente, seguiremos engrosando la innecesaria lista de muertes y enfermedades de compañeros, poblaciones enfermas sin diagnóstico claro. Merecemos una vida más digna”. Entre aplausos, Pianelli alza la voz mientras deja el micrófono: “Esto recién empieza”.

«La tendencia va a ser a desproteger cada día más a los trabajadores»

«La tendencia va a ser a desproteger cada día más a los trabajadores»

Elina Escudero y Pablo López Fiorito compilaron una serie de artículos que ponen en común una reflexión crítica sobre el estado actual y el futuro del trabajo.

El trabajo en tiempo de apps. Relatos y análisis urgentes frente a la precaricación laboral es uno de los últimos lanzamientos de Ediciones CICCUS, primer tomo en la colección Construyendo Soberanía. Elina Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo, y Pablo López Fiorito, licenciado en Sociología, realizaron esta compilación de artículos que agrupa autores de diversas trayectorias académicas, profesionales y sindicales que ponen en común una reflexión crítica sobre el estado actual y el futuro del trabajo.

El libro se publicó con el apoyo de la Mutual Manuel Baldo mero Ugarte que, con esta colección, busca “generar un espacio donde se junten distintas corrientes y discutan acerca de un tema estratégico. La idea de la mutual es ir pudiendo generar una síntesis de esas miradas de todos los sectores subalternos”. En el panorama nacional incierto, estas reflexiones se vuelven urgentes para pensar las dinámicas laborales en las plataformas y el rol que juegan tanto los Estados como los sindicatos en escenarios cada vez más complejos. El libro puede descargarse en forma gratuita en el siguiente link: El trabajo en tiempo de apps (2023) Ediciones CICCUS.

¿Por qué eligieron Construir Soberanía como el título de la colección? ¿Cuál es la conexión entre construir soberanía, el trabajo y los derechos laborales?

Pablo López Fiorito: Construir Soberanía porque justamente presuponemos que hay que construir la soberanía, que no es algo que esté predeterminado o una cuestión esencial que existe de por sí. Y hay que construirla con los sectores subalternos. Los trabajadores en un sentido muy amplio, el obrero fabril, los trabajadores de la economía popular, las clases medias profesionales. Después tenés otros cruces, como el tema de las cappas y la soberanía. La dependencia de cappas de afuera a las cuales les tenés que pagar regalías y tenés que mandar cosas afuera para un declive.

Elia Escudero: Son todas tecnologías las que posibilitan formas de trabajo que están organizadas por un capital global. A partir de ahí no solo imponen formas de trabajo, que en este caso es la gestión algorítmica como la expresión más avanzada de esas tecnologías. En el caso del e-commerce, el compañero de comercio [en el libro] explica cómo a partir de la pandemia penetró abruptamente la digitalización en el sector y se llevó puesto un montón de puestos de trabajo y de tareas y reconfiguró absolutamente el día a día de los trabajadores. Pensemos en un vendedor o vendedora que cobraba una comisión por venta, hoy lo vende la plataforma y esas ganancias no son tan identificables como antes. Se invisibilizan las personas y las maneras en que se generan ganancias para esas plataformas. ¿Quiénes se apoderan de esa ganancia? ¿Son capitales extranjeros? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las empresas? ¿Cómo juegan en los precios? Hay toda una complejidad detrás de la penetración de estas tecnologías, sobre todo en América latina, que ya veníamos precarizados, y esto vino a profundizar estas condiciones de trabajo y a monopolizar y extraer ganancias de la precarización.

En uno de los artículos se cuenta que en 2019 trabajadores de las apps de delivery tomaron las oficinas de Pedidos Ya, pensando que iban a parar la operación, y se dan cuenta que esto no sucedió. Los servidores son llevados a otro lado y el funcionamiento sigue, algo totalmente nuevo.

E: Absolutamente. ¿Dónde están esos servidores? ¿Cómo es que la plataforma sigue operando por fuera de sus bases o no hay ningún control soberano sobre los datos, las interacciones, las ganancias? Ni siquiera se puede multar a estas empresas. Uber siguió trabajando sin tener habilitación durante muchos años. Tienen una capacidad de lobby estas empresas que todo el tiempo están socavando la soberanía nacional e imponen sus condiciones, en términos de monopolio. Está totalmente deslocalizado y fragmentado, entonces se complejizan las cadenas de valor y cómo juegan esas cadenas en imponer condiciones de los capitales foráneos en los países en los que desembarca.

Estas tendencias laborales que se aceleraron con la pandemia, ¿cómo creen que van a evolucionar teniendo en cuenta la coyuntura actual y la asunción del nuevo gobierno?

P: Entiendo que esto se va a profundizar de una manera gigantesca. La tendencia para mí va a ser a desproteger cada día más a los trabajadores, generar distancias cada día más desreguladas y la pérdida de derechos laborales cada día más.

E: Hay una situación compleja que ya se venía configurando con el macrismo, sobre todo. Y me parece que es posible que evolucione a una desregulación, que de hecho ya se había impuesto para algunos sectores. Es probable que se vaya hacia una regulación de las empresas, realizada en este contexto más a medida de las empresas que de los trabajadores. Pero yo creo que la estrategia es dejar cristalizado algún tipo de reglas de juego en una normativa que les brinde la seguridad jurídica que necesitan para continuar el negocio.

¿Cuáles consideran que son las cuestiones más urgentes a resolver en materia laboral?

P: Para mí ¿qué le pediríamos al Estado? sería la pregunta. Por un lado, lo que va a pasar es lo que dijimos antes: la desregulación, el trabajador desprotegido, eso va a ser una tendencia general. Hay que ver qué le pone freno a esa tendencia y si algo le pone freno. Claramente lo que se le pide al Estado es un Estado que esté presente y defienda a los más débiles, eso siempre, pero no va a pasar con este Estado. Con lo cual me parece que la actitud habitual va a ser más defensiva de proteger lo poco que nos queda que de exigirle al Estado algo.

E: Creo que la ley de contrato de trabajo, flexibilizada, probablemente, vaya a ser un piso mínimo de condiciones y de ahí en adelante es una gran oportunidad para complejizar el plexo normativo y mirar las complejidades y las especificidades sectoriales. En el peloteo entre el Estado y la organización sindical me parece que este Estado se retira y en ese retirarse, es una oportunidad para los sindicatos de avanzar, de fortalecer y complejizar el convenio colectivo. Porque me parece que se puede, Comercio, por ejemplo, lo viene haciendo, su convenio con Facebook que tiene muchos derechos mucho más de avanzada que la Ley de Contratos de Trabajo. Se viene reclamando mirar las complejidades de cada rama de cada actividad y, a su vez, dentro de cada actividad de cada rama. Y hay que atender todas esas complejidades que hoy en día quedan por fuera o sujetos a la discrecionalidad del cuerpo de delegados específicos, o de las ganas de la empresa de dar o no dar ciertos beneficios. También se pueden avanzar hacia nuevos sistemas de inclusión de estas personas que están quedando por fuera de los convenios colectivos, como pasó con los monotributistas por ejemplo, brindarles mayores servicios, beneficios. Me parece que los sindicatos tienen un margen de acción y tienen que saber aprovecharlo estratégicamente.

El artículo ¿Cómo protestar contra el algoritmo? Los desafíos de la organización gremial en la era digital cierra diciendo: “lo digital llegó para quedarse y las armas históricas del movimiento obrero analógico en este mundo no sirven para nada”. ¿Qué aspectos del movimiento obrero y sindical deberían cambiar para luchar por mejorar las condiciones laborales en este contexto de digitalización que es totalmente distinto al panorama de décadas atrás?

E: Creo que los sindicatos tienen que invertir más en la investigación y cristalizar una secretaría dentro de su estructura que esté dedicada a investigar las implicancias de estas tecnologías y adelantar los posibles impactos de la automatización, la digitalización, la robotización, todo tipo de tecnologías que se puedan llegar a implantar o se estén utilizando en otras partes del mundo. Como la temática de medio ambiente, creo que es fundamental los impactos del cambio climático sobre los empleos y las tecnologías como respuesta a esos impactos. El mundo se ha complejizado, los sindicatos deben complejizar su estructura también.

P: Ahí me parece que hay otra cosa que es la relación entre la universidad pública y los sindicatos. Habitualmente es una relación bastante instrumental y hay que construirla como algo orgánico. Las universidades no tienen otra que tener una relación vincular con el movimiento obrero. Y el movimiento obrero no tiene otra que tener una relación orgánica con las universidades públicas, por esto mismo que dice Elina. Pero pongo el acento en las universidades públicas y en la relación de que no puede ser una relación de sujeto-objeto, vengo a verte y a estudiarte, sino que tiene que ser una relación de diálogo de saberes. Donde hay distintos niveles de saberes y donde hay que saber escucharse y escuchar al otro. Sin esa vinculación veo muy poco posible la continuidad de la universidad pública tal cual la conocemos y veo muy poco posible la continuidad de los sindicatos tal cual los conocemos.

«Vamos a salir adelante»

«Vamos a salir adelante»

Los trabajadores de La Nueva Avan, la fábrica de autopartes recuperada por sus trabajadores, no se amilanan por los anuncios de Milei. «Pasamos el gobierno de Macri y la pandemia con perseverancia», dicen.

Maximiliano Ponce de León, socio de la cooperativa.

La Nueva Avan es una empresa nacional autopartista con una característica distintiva: fue recuperada por sus propios trabajadores en momentos de crisis. Es productora de barras, rótulas y extremos de dirección para los trenes delanteros de los vehículos, y se encuentra ubicada en la localidad de Villa Rosa, zona norte de la provincia de Buenos Aires. Comercializa sus productos con importantes marcas de la industria automotriz como Ford, Peugeot, Chevrolet, Toyota, entre otras, y hacia diferentes provincias a lo largo y ancho del país.

Corría 2009 cuando los empleados de la planta comenzaron a notar maniobras de vaciamiento en la empresa por parte de los anteriores propietarios. Jorge Cabello, antiguo trabajador autopartista de Avan, hoy presidente de la cooperativa, comenta: “Ingresaba la materia prima, producíamos y cumplíamos con las entregas, pero a nosotros no nos pagaban, no nos hacían los aportes jubilatorios, nos debían aguinaldo, vacaciones y casi todos los días venían los proveedores a reclamar porque nadie les había pagado. Se notaba que se estaba vaciando la fábrica”.

Jorge Cabello, presidente de la cooperativa.

Ante el repentino aviso del cierre de la planta, el personal decidió tomar el lugar para emprender un periodo de ocho meses de lucha y defender así sus puestos de trabajo. El pedido de desalojo por parte de los propietarios implicó que los trabajadores se vieran imposibilitados a moverse del predio. Inmediatamente se realizaron colectas impulsadas por el municipio de Pilar para juntar alimentos y abastecer a los empleados. Esta comida era racionada por los propios trabajadores y reenviada a sus casas para proveer a sus familias, que se encontraban privadas de su principal fuente de ingresos debido a las faltas de pago.

En el transcurso de esos ocho meses de tensión y negociación, se trató de recuperar la empresa mediante un proyecto enviado al Congreso, que en última instancia fracasó por la negativa del entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Agotadas las instancias legislativas las partes lograron llegar a un acuerdo. “Finalmente los abogados de los propietarios del predio y los trabajadores acordaron que los dueños se hicieran cargo de los gastos de mudanza de la maquinaria hacia la nueva locación de la fábrica, y también lograron negociar una suma de dinero extra para que la empresa pudiera comenzar a producir”, explica Maximiliano Ponce de León, socio de la cooperativa.

Ya en manos de los trabajadores, se decidió formar una cooperativa para administrar la fábrica. Actualmente cuenta con treinta socios, de los cuales ocho pertenecen a aquella camada que decidió dar la lucha necesaria para recuperar la empresa. Desde entonces, La Nueva Avan no para de crecer. Con el correr de los años han logrado incorporar maquinaria de última generación que le permite a la fábrica generar más puestos de trabajo, cumplir con la demanda de los clientes y mejorar la calidad del producto para mantenerse competitivos en el mercado.

“La idea es que la fábrica sea no solamente un lugar de trabajo, sino también un lugar socialmente comprometido con el progreso. Nosotros teníamos un socio que se nos fue hace poco, era un chico que venía de Venezuela, que no tenía conocimientos de nada relacionado al rubro, pero en un año aprendió a manejar torno, se especializó en programar y hoy está trabajando en una fábrica del parque industrial en donde tiene un sueldo acorde a sus capacidades. Eso para nosotros es un logro y un orgullo. Era un chico que potencialmente no tenía salida laboral, y al día de hoy logró una especialidad en tornería, que es una formación que se está perdiendo y nosotros buscamos fomentar”, agrega Maximiliano.

Durante los primeros cuatro años la cooperativa se orientó en la reorganización de la fábrica y en volver a generar confianza entre los clientes que dudarán respecto a la calidad de los productos. Hoy, gracias al esfuerzo y empeño que le ponen cada uno de sus integrantes, La Nueva Avan se posiciona como una empresa con gran potencial y comprometida en recuperar sectores del mercado que se perdieron durante la transición.

Actualmente se dedica a vender a casas de repuesto, pero con la ayuda del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) la cooperativa busca ordenar la producción y cumplir las normas y requisitos necesarios para volver a colocar sus productos en las líneas de producción de importantes marcas como Fiat, Volkswagen, etc. La estrategia se está desarrollando a través de un proyecto basado en un programa para fortalecer cooperativas a través de capacitaciones sobre gestión, administración y documentación de la producción.

Considerando la importancia que tuvo y tiene la presencia de los diferentes organismos e instituciones estatales en estos casos, los socios de la cooperativa opinan sobre qué expectativas tienen sobre la gestión del nuevo gobierno encabezado por Javier Milei. “A mí me tocó ser presidente durante la gestión de Mauricio Macri y la piloteamos. Después ya con Fernández nos tocó transitar la pandemia y también pudimos sortear los diferentes obstáculos. Yo creo que esa perseverancia, esa voluntad de salir adelante, de trabajar y de no bajar los brazos nos encuentra hoy como fábrica comprando otra máquina para aumentar la producción”, dice Cabello.

“Es muy reciente todo, hay algunas cuestiones que nos alarman, como la del dólar, porque los precios están dolarizados, y entendemos que algunas políticas de las que se está hablando nos pueden perjudicar bastante, pero yo creo que lo peor es la incertidumbre. Hay que esperar una semana o dos y ver cómo va evolucionando todo esto y sobre la marcha decidiremos qué camino vamos a tomar”, agrega.

 

“No somos pesimistas. Creemos que poniendo el lomo se puede salir adelante. Es obvio que si mañana liberan la economía no vamos a poder competir contra los repuestos chinos de buena calidad. Hoy en día circula en el mercado interno el ‘chino malo’ y la gente ya sabe que esos repuestos duran poco tiempo. Nosotros hemos logrado generar mucha confianza porque hacemos productos de calidad, y eso funciona como una especie de garantía en algo tan delicado como es el tren delantero de un vehículo”, dice, por su parte, Ponce de León.

“Nosotros a cada socio nuevo que entra a trabajar acá le explicamos que en La Nueva Avan cuidamos la vida de las familias. Si nuestras rótulas se rompen en velocidad, se puede matar una familia entera, entonces nuestras normas de calidad son muy rigurosas. La gente sabe que compra calidad y nos elige por su seguridad. Entonces frente a un repuesto malo nos vamos a superponer y la vamos a sacar adelante como sea, pero si se libera la economía a lo loco y entran otros competidores se puede complicar”,  reconoce.