Criminalizada por preguntar dónde está Tehuel
La activista trans Pierina Nochetti está siendo juzgada en Necochea acusada de pintar un graffitti. Las demoras en la causa como castigo preventivo y las sanciones laborales como mecanismo aleccionador.
Pierina Nochetti es una artista, lesbiana y activista militante por los derechos LGBTI+. Participó del comité organizador de la Marcha del Orgullo en Necochea y en estos años se ha manifestado para exigir la aparición de Tehuel de la Torre, el joven trans de 24 años a quien se lo vio por última vez el 11 de marzo de 2021, a sus 21 años, cuando fue desde su casa de San Vicente a Alejandro Korn por una entrevista laboral.
La criminalización contra Pierina se inició a partir de la denuncia de una abogada de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Necochea, María Sol Castillón, donde, supuestamente, identifica a Pierina en una foto tomada y publicada por un portal de la ciudad. En la misma, de baja calidad, solo se pueden ver tres personas de espaldas frente a un mural con la leyenda de “¿Dónde está Tehuel?” en el anfiteatro del Parque Miguel Lillo, lugar lleno de pintadas y grafitis. Así, la justicia de Necochea le imputó cargos de “daño agravado” a un patrimonio histórico de la ciudad.
La fecha del juicio, que estaba estipulada para el 6 de marzo, quedó sin efecto y no hay ninguna novedad al respecto. “Ha habido una comunicación reciente del juez correccional que estaba designado para realizar el juicio manifestando que debía tomar una licencia, por lo tanto, la jueza -sorteada- integrante de un tribunal oral comunicó que el juicio no se va a realizar. Esto genera mayor angustia e incertidumbre para Pierina”, comentó Margarita Jarque, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y abogada veedora en el juicio contra Pierina Nochetti, quien por otro lado agregó que “se la debe absolver para respetar la libertad de expresión.”
Amnistía Internacional, el CELS, el INESIP, la Comisión Provincial por la Memoria, Akãhatã y Ni Una Menos son algunos de los organismos de derechos humanos que se presentaron ante el juez en carácter de amicus curiae para velar por los derechos de Nochetti.
En el ámbito laboral, la administración del Municipio de Necochea desplazó a Pierina de los talleres de arte que realizaba en los barrios periféricos de la ciudad y no la recategorizó como sí lo han hecho con sus otros compañeros, lo cual significó para la activista el descuento de su salario. Esta reducción de diez días del sueldo dejó a Pierina por debajo de la línea de la Canasta Básica Alimentaria, ya que ella es una madre soltera con tres hijos.
Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Akãhatã y Ni Una Menos son algunas de las organizaciones y organismos de derechos humanos que se han encargado no solo de difundir las acciones que llevan a cabo desde el entorno de Pierina sino también de elevar presentaciones judiciales en carácter de amicus curiae, es decir, como terceros ajenos al caso, o de ejercer como veedores judiciales. “Le insto (al fiscal José Luis Cipolletti) a que retire el cargo de “daño agravado” presentado contra Pierina Nochetti, ya que parece ser una restricción innecesaria y desproporcionada del derecho a la libertad de expresión. Imponer esos cargos a defensores y defensoras de los derechos humanos por expresarse libremente transmite un mensaje disuasorio que podría limitar aún más el derecho a la protesta pacífica”, expresa el descargo de Amnistía Internacional.
Discriminada
Aramis Amaris Lascano es amiga de Pierina Nochetti y la acompaña en el proceso judicial junto a otros allegados a su entorno. También de Necochea, la activista trans y abogada acusa que “se la persigue por las tareas que realiza como trabajadora municipal, que están vinculadas hacia la Educación Sexual Integral (ESI), por ser lesbiana y por el tipo de reivindicaciones que ella levanta como activista y la molestia que eso genera.”
Margarita Jarque analiza el caso y argumenta que “la figura del daño no se configura en tanto el hecho de haber realizado una pintada, porque había muchas y sólo se persiguió la que tenía un contenido ideológico”. A su criterio, “hay una discriminación de género por el caso que se trata, por la condición asumida públicamente de militante, activista y lesbiana por parte de Pierina y entiendo que hay una criminalización del ejercicio de esas libertades. Se espera su absolución, pero también entiendo que hay un gran interés, en un hecho para el cual no hay pruebas, en aleccionar.” Y se dirige al gobierno: “Esta intolerancia a la libertad de expresión tiene que ver con algo estratégico en relación a su plan de hambre y desocupación que desde el primer momento vino a aplicar por goteo. Por eso, instala el temor como metodología de gobierno”.
Aramis, también abogada, opina que “el proceso judicial es sumamente endeble por el caudal probatorio que recabó el juez, que busca disciplinar a Pierina como trabajadora y como activista. Hay muchos graffitis cuyos autores no han sido buscados, la fecha de la foto no se sabe y las otras dos personas no fueron identificadas. Nos parece desproporcionado que se amenace con la pena de prisión a una activista por los derechos humanos que es muy visible en un pueblo donde los actores del poder político y del poder judicial se conocen”.
Para ella, “este proceso no sería posible si no hubiese vínculos entre los funcionarios del Municipio con el Intendente (de Necochea) Arturo Rojas y con el fiscal José Luis Cipolletti, quien llevó adelante la investigación y todavía, hasta el día de la audiencia del juicio, puede desistir de la acusación. Y cierra con una reflexión hacia el acto de criminalizar: “Este proceso judicial se instala en un contexto de fuerte cuestionamiento al uso del derecho a la protesta que se traduce en hechos concretos como la represión en las calles y en el monitoreo de la posibilidad de expresarse tanto en el espacio público como en las redes sociales.”
