May 24, 2022 | Comunidad, Destacado 5
Familias, docentes y sindicatos organizaron un festival para reclamarle al Gobierno de la Ciudad que no reduzca la cantidad de años de escolarización de las personas con discapacidad.
El domingo 22 de mayo se llevó a cabo un festival en la Plaza de Parque Patricios, organizado por escuelas de educación especial, docentes, sindicatos y familias que reclaman por las restricciones de la Ciudad de Buenos Aires en la aplicación de la Resolución 155/11 del Consejo Federal de Educación. Esta plantea el fin de la escolaridad de los alumnos con discapacidad a los 22 años y no permite que se lleve adelante la formación que, hasta diciembre del 2021 establecía el límite de la educación a los 30 años.
Entre las 14 y las 18, con un festival de música, baile y talleres se reunieron a padres, docentes y alumnos con pines que decían “yo defiendo la educación especial”. Lentamente, la plaza se comenzó a llenar. Bajo el cielo celeste y un sol radiante, con la participación de representantes de Ademys y Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), las banderas con frases que indicaban la lucha por el derecho a la educación especial unificaban un reclamo que unió a padres y docentes: la escolaridad de sus hijos y estudiantes con discapacidad está en peligro.
Jorge Godoy, secretario de Educación especial por UTE-CTERA, expresó su descontento ante la situación que desplaza a miles de estudiantes con discapacidad hacia el vacío. Indicó que la Resolución 155/11 plantea que la formación integral de la educación especial concluye a los 22 años, pero también en su punto 3.4 establece la formación permanente del adulto. Sin embargo, sobre estas garantías nada se ha avanzado. Según sus palabras: “En la ciudad de Buenos Aires no está implementada ni planificada”.
Ante estas circunstancias, las familias ven el futuro educativo de sus hijos de manera incierta y sólo quienes cuentan con los recursos necesarios pueden trasladar a sus hijos a instituciones privadas para que terminen su formación. En el festival, docentes y padres expresaron sus deseos de que la sociedad se entere de lo que está pasando. Leonor Luna, maestra de Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21, informó que lo que la resolución habilita es a que se les saquen muchos de los recursos y beneficios con los que los alumnos cuentan, como transporte y comedor. Para Luna “hay un montón de cosas que son crueldad, porque estos chicos no tienen otros lugares donde ir”. Agregó que muchos padres ya no pueden traerlos hasta las escuelas, porque además el horario escolar se redujo a tres horas: en algunos casos, dada la escasa cantidad de escuelas de estas características, los extensos trayectos hacia las instituciones hace que les insuma más tiempo de viaje que el que sus hijas e hijos permanecen en las instituciones. Muchos chicos ya no pueden asistir, de modo que se vulneran sun derechos a formarse a la vez que son apartados de sus amigos, de sus pares y de toda una comunidad que los comprende. “Porque la sociedad los discrimina y en la escuela encuentran su contención”, advirtió la docente.
Mario Filippi, abogado y ex docente especializado en discapacidad, es padre de Franco, quien tiene síndrome de Down y concurre a la Escuela de Educación Especial N° 18. Asistió al festival y fue una de las caras más visibles de la jornada, dispuesto a hablar con las muchas personas que, ante la poca información sobre el tema, se acercaban a preguntar sobre la situación y el impacto de estas medidas. Es también uno de los impulsores de la Ley 360/00 que otorga el derecho a licencias especiales con goce de haberes por nacimiento de hijas o hijos con necesidades especiales o por adopción. Sin embargo, expresó que aún hoy se continúan sin respetar los derechos de las personas con discapacidad. Su hijo tiene 22 años y no sabe cuál será su futuro en la educación. Para Filippi “se necesita un ministerio nacional de discapacidad y tengo todas las esperanzas de que esto se cumpla, si la sociedad nos apoya”, comentó.
Jorge Godoy también argumentó que no se cumple con el 4% del cupo laboral de personas con discapacidad y que lo que hace la resolución es arrojar a los jóvenes al vacío.
Mientras seguían sonando La huesuda Rock, La Juani, Jun Che, Dijo quesillo y miel y Romina Oviedo se hicieron fuertes reclamos y se expresó el miedo hacia el futuro. Leonor Luna, dijo: “Queremos que la sociedad sepa, porque hay mucha gente que no vive en este mundo de la discapacidad que no sabe lo que está pasando. Nadie nos escucha. Pedimos socorro”.
May 20, 2022 | Comunidad, Destacado 2
Doce personas que hace 15 años residían en el lugar fueron expulsadas de su vivienda en la calle Olavarría. Hay 260 causas de desalojo en el barrio, producto de la gentrificación. La ausencia de políticas habitacionales del Gobierno de la Ciudad.
Un tumulto de gente en calle Olavarría al 1107 anuncia que, una vez más, vecinos y vecinas del barrio de La Boca resisten un desalojo. Policías e integrantes de la Defensoría del Pueblo negocian con las familias, amontonadas en las veredas. Sostienen un cartel con la leyenda: “Basta de desalojo arbitrario”.
Son las 11 de la mañana del jueves 19 de mayo. Un grupo de jóvenes se arrima a curiosear. Una puerta alta de cedro, deteriorada y antigua y cubierta por una desgastada mano de pintura azul, hace juego con el mural de Gardel y Evita que custodia las veredas desde las paredes de la antigua y modesta casita de la esquina. En su planta baja hoy funciona un comedor donde se lee “un lugar azul y oro”. Por la entrada lateral, la de la puerta azul, se ingresa a una escalera de mármol hacia el segundo piso.
La puerta está cerrada y custodiada por un grupo de mujeres que se autoconvocaron para evitar el desalojo forzado. Unas muchachas relatan su padecimiento diario. Dicen que, a cuentagotas, día tras día en La Boca se lleva adelante una campaña de desalojos que despoja de un techo húmedo de una habitación desordenada a cientos de familias que viven en condiciones de hacinamiento, sin gas natural, agua potable y con hambre. Un techo que protege de la lluvia y las frías heladas de invierno. Donde se puede guardar un poco de ropa usada que se compra en una feria del barrio para que los niños y niñas se abriguen. Un techo donde esos mismos niños cansados de jugar con sus amigos en la calle, llegan y se tiren a sentir el olor al guisado que sus madres cocinan en otra habitación que funciona también como cocina. Un techo con peligro de derrumbe, pero un techo al fin.
Una de esas mujeres es Natalia Quinto, quien desde la organización barrial “La Boca Resiste y Propone” acompaña actualmente más de 260 causas por desalojo. Quinto está sorprendida por la velocidad con que actúa la justicia en estos casos, y es que, según ella “el proceso civil, que es el que corresponde a este tipo de situaciones, es un proceso mucho más largo donde todos tienen otro tipo de derecho a la defensa, con más instancias y garantías que tienen que ver con el derecho a la familia y el cumplimiento de las leyes civiles. En este caso nada de eso pasó”.
Quinto explica que esta situación es producto de un proceso de gentrificación enmarcado a su vez por el proyecto de desarrollo del “Distrito de las Artes”, que busca atraer inversiones inmobiliarias en la zona de San Telmo, La Boca y Barracas.
La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 35 de CABA está bajo la dirección de Celsa Ramírez. Esta última desestimó el proceso judicial, así como las casi 50 páginas de pruebas que presentó el abogado defensor de las familias, Daniel Dumano. Allí se incluyen certificados de nacimiento, boletas de pagos de servicios, papeles de estudios primarios y secundarios de los niños que allí habitan, donde se puede comprobar el domicilio, también incluyen cinco testigos a los que la fiscal jamás llamó a indagatoria.
Las familias pedían 45 días más para conseguir otro lugar donde vivir. El resultado fue el desalojo.
A Norberto Godoy le costó 70.000 dólares comprar la vivienda en estado de usurpación en una de las mejores zonas del barrio de La Boca. Es decir, poco más de ocho millones de pesos argentinos. Considerando que viven 12 personas en ese segundo piso de mala muerte, compuesto por una galería abierta, paredes manchadas de humedad, dos habitaciones y un baño, en total sería alrededor de 670.000 ARS por cada persona que se deja por tiempo indeterminado en situación de calle, exponiéndolas al frío, al hambre, a la inseguridad y sacrificando su futuro.
El resultado de las negociaciones de ayer entre el Defensor del Pueblo Gastón Juan Santos, quien medió entre vecinos, el Gobierno de la Ciudad y las familias que piden 45 días más para conseguir otro lugar donde vivir fue el desalojo en el día, y el pago de algunas cuotas acumuladas de alrededor de 8.000 pesos a cada jefe de familia para que puedan pagar otro alquiler, y el resguardo de sus “pertenencias” en un depósito ubicado en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, un grupo de jóvenes con chalecos de la UOCRA comenzó a bajar las pertenencias de las familias que no eran más que algunas camas con las maderas rotas, un rack de melamina deteriorado, un televisor viejo, colchones de espuma manchados, muchas bolsas negras con ropa; una mesa de algarrobo redonda, sillas de plástico percudido, un inodoro, una cocina destartalada, una pequeña heladera, un equipo de música, algunas ollas de aluminio y pocas cosas más que, de no ir al depósito, irían a parar al basural. Los resultados de la negociación fueron devastadores.
Francisca Villorda, rodeada por un grupo ocho jóvenes que la ayudaban a vaciar el espacio, contó entre lágrimas a ANCCOM: “Nací en Paraguay y hace 34 años estoy acá. Tenía 18 años cuando vine. Sin experiencia, sin conocer, pero me fui haciendo yo sola. Siempre con honestidad. Siempre trabajé y luché para sacar adelante a mis hijos. Mis hijos son buenos, educados, estudian. Entonces que esta gente me trate de delincuente, que nos acusen de vender droga, eso me duele, porque no somos esa gente. Tengo trabajo y lo hago honestamente para ganarme el pan día a día”. Francisca es madre soltera de dos adolescentes, y con 51 años vive de limpiar casas, cuidar a niños y ancianos. Sobre las personas a quienes alquila la propiedad contó: “Los conocíamos. Eran amigos de una de una de las familias que vivía acá, que son primos míos. Al principio no nos cobraba alquiler porque cuidábamos el lugar, y después empezamos a pagar un poco de alquiler, no mucho porque hacíamos arreglos, posteriormente pagamos por banco porque ellos se fueron a vivir al sur. Un día desaparecieron y vendieron la propiedad. Dijeron que de acá se iba a hacer cargo una inmobiliaria, pero nunca sucedió, por lo tanto, no pudimos pagar más. Cuando se comunicaron con nosotros lo hicieron desde un teléfono privado, que no pudimos rastrear y perdimos contacto con ellos hasta el día de hoy”.
Sin mediación y con un acuerdo completamente desfavorable, en tan solo dos meses y en pleno invierno, estas doce personas, entre las cuales hay niños que cursan sus estudios en las escuelas del barrio, y un hombre en tratamiento oncológico, deben retirar sus pertenencias del domicilio donde vivieron los últimos quince años y buscar otro lugar donde vivir, con una mínima ayuda estatal. Empresa difícil si no imposible, considerando que ninguno cuenta con un trabajo en blanco, sino que viven de trabajos informales y changas.
“En algún momento estoy al borde de descomponerme, pero tengo que estar firme por mis hijos, porque yo los tengo que contener, porque soy la madre y estoy sola con ellos entonces yo soy su sostén. Soy jefa de mi hogar y tengo que estar fuerte, pero realmente estoy partida al medio”, remata Francisca Villorda.
Abr 11, 2022 | Comunidad, Destacado 3
Alumnos, exalumnos, maestros, familias y asociaciones civiles se manifestaron en contra de la avanzada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de despojar a la comunidad sorda del emblemático edificio donde funciona una escuela para transformarlo en una vidriera del Distrito del Vino. El legislador de Vamos Juntos que criminaliza a los directivos escolares.
El pasado sábado 9 de abril se realizó el festival bajo las consignas “Las llaves no se entregan” y “El Palacio Ceci no se toca” frente al histórico edificio del barrio porteño de Villa Devoto. El evento se realizó con el objetivo de defender un lugar emblemático de la comunidad sorda, donde actualmente funciona la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 28 Prof. Bartolomé Ayrolo, ahora amenazado en convertirse en una vidriera en del Distrito del Vino, recientemente creado por el Gobierno de la Ciudad.
“Esta lucha es mucho más que por el edificio, se está poniendo en juego la dignidad de la comunidad sorda. Exigimos que el Palacio Ceci siga vinculado a la escuela Ayrolo. Nos estamos manifestando familias enteras de alumnos y ex alumnos. Concurrieron exalumnos de hasta 85 años de edad que se hicieron presentes para defender la que es su casa, porque alguna vez la escuela también funcionó como internado. Imaginate que mi hijo hizo la escuela primaria acá y luego tuvo apoyo escolar mientras cursaba el secundario, y ahora que estaba en dudas para anotarse en un terciario con respecto a la orientación vocacional vino acá a hablar con sus pares, sus referentes, sus profesores y que lo guíen. Así como mi hijo se siente contenido le pasa a muchas familias porque además no sólo acuden personas sordas o hipoacúsicas sino también con discapacidades donde se compromete el habla y necesitan de la lengua de señas para poder comunicarse”, expresó Patricia, mamá de Luciano, exalumno de la escuela y agregó: “Luego de la convocatoria masiva del 2 de marzo, donde vinieron de la Ciudad a buscar las llaves y negaron el asunto del Distrito del Vino, propusieron armar mesas de diálogo. El primer encuentro fue al día siguiente, se presentaron los directivos de la escuela, representantes de asociaciones para sordos y entre tantas contradicciones propusieron que hasta podría ser una salida laboral para los chicos de la escuela Ayrolo ser guías o contar la relación del Palacio Ceci con la comunidad educativa para personas sordas. ¡Esto es un disparate! ¿Qué tiene que ver una escuela con la cultura del vino? Estamos hablando de una escuela que comparte el patio con el Palacio. ¿Qué ejemplo quiere dar el gobierno poniendo un espacio gastronómico de la cultura del vino al lado de una escuela? Nos quieren conformar con migajas laborales, ofreciendo puestitos de trabajo en el distrito del vino. Esto es una falta de respeto. Las personas sordas también tienen derecho a estudiar, formarse y tener opciones laborales. Es un atropello total. Exigimos que den la cara los autores de esta situación, que no nos manden a sus asesores, que se hagan cargo quienes están detrás de esto, sea Rodríguez Larreta o Soledad Acuña. En el Ministerio de Educación se lavaron las manos: dicen que ahora el edificio pasó a ser parte del Ministerio de Desarrollo. En fin, queremos que alguien se haga cargo de lo que sucede, que nos den respuestas y trabajen para garantizar los derechos de la comunidad sorda.”
El festival comenzó alrededor de las 17, con un discurso de madres de alumnos. De fondo se veía el Palacio cubierto con el cartel amarillo de puesta en valor del Gobierno de la Ciudad. Maestros y maestras se hicieron presentes con sus delantales a pesar de no querer dar declaraciones a medios ya que expresan que están en situación de desamparo laboral.
Carolina, mamá de Rodrigo, exalumno de la escuela, aportó su testimonio: “La semana siguiente de habernos negado a entregar las llaves del Palacio, el legislador Juan Facundo Del Gaiso, del bloque Vamos Juntos, integrante del oficialismo porteño dentro de la Legislatura y quien además es impulsor de la Ley Nº 6447/21 del Distrito del Vino, realizó una denuncia penal por usurpación, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos a los administradores de la cooperadora, a la directora de la escuela y a un periodista y fotógrafo que ha colaborado y aportado como ciudadano y vecino para el bien de la escuela. Claramente, esta denuncia es una maniobra política para ensuciar a las personas que formamos parte de la escuela Ayrolo. Tenemos los comprobantes de todo, los libros a disposición, además de tener el aval del Ministerio de Educación”. Carolina explicó que frente a la situación de desmejora edilicia y la falta de presupuesto, la institución había solicitado el permiso del Ministerio de Educación para usufructuar partes de las instalaciones como locaciones cinematográficas y para visitas guiadas. “Hubo muchos permisos administrativos que tramitar, fuimos muy prolijos y con ese dinero emparchamos lo que tendría que haber solucionado el Estado. En mi caso, formé parte de la cooperadora por casi 20 años. Pusimos plata, tiempo, horas de nuestra vida para poder resolver o solucionar situaciones de emergencia porque se nos caía encima el Palacio.” Lo que agrava esta denuncia es que “el legislador Del Gaiso luego, en la reunión en la Legislatura, pidió disculpas pero no retiró la denuncia ni dio la cara a la comunidad de forma correcta. Esto es muy doloroso, que nos quieran sacar el Palacio Ceci es como que nos quiten una parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida y encima que lo cuidamos en todo lo que pudimos como nuestra casa que nos traten de ladrones es lastimoso. Una vergüenza”, concluyó Carolina.
Del festival participaron artistas que ofrecieron espectáculos, tanto para la comunidad oyente como para la comunidad sorda. También asistieron representantes de las asociaciones para personas sordas quienes se manifestaron con mucho enojo: “Cuando fuimos notificados de la situación de la escuela Ayrolo y el Palacio Ceci, la sensación fue horrible”, sostuvo Agostina Poggio, vicepresidenta de Asociación Argentina de Sordos. “La Confederación Argentina de Sordos nos lo comunicó a las más de treinta asociaciones para personas sordas que nos nucleamos en esa organización, y que tiene peso a nivel nacional. Al principio no entendíamos nada. Tuvimos una reunión para organizarnos. Nos sorprende la informalidad con la que se manejan: no hay un acta, un mail formal. Solo por mensajes de whatsapp. Ningún papel que avale lo que están haciendo o que están pidiendo las llaves. Hay muchas cosas que no están claras como cuál será el destino del Palacio. El Ceci tiene que ser de la comunidad educativa como lo fue hasta ahora.”
Por su parte, Claudia Novoa, secretaria de la Asociación Argentina para Sordomudas Casa Hogar expresó: “Pensaban que los sordos no vamos a decir nada, que íbamos actuar de forma pasiva, creo que no se lo imaginaron. Por eso se echaron para atrás el 2 de marzo, cuando vinimos a oponernos a la entrega de las llaves del Palacio.” Y agregó: “Al principio la escuela Bartolomé Ayrolo era solo para hombres, entonces se creó el instituto Osvaldo Magnasco para mujeres. Luego del Magnasco venían a hacer actividades al Ayrolo. Entonces, mujeres y hombres sordos se conocían, se enamoraban y luego se casaban. Hay familias enteras que tienen anécdotas en esta escuela, hay historias de vida detrás del Palacio Ceci. Si nos sacan el Palacio, nos quitan el tronco del árbol de nuestras vidas. Todos tenemos raíces aquí.”
En la misma línea se manifestó el presidente de Unión Argentina de Sordomudos Román Carbone: “Nosotros nos sentimos contenidos con el Palacio Ceci. Se sabe que es patrimonio cultural muy importante para nuestra comunidad sorda, para la comunidad argentina, porque es la primera escuela para sordos en nuestro país y en Latinoamérica. Que nos quiten el Palacio Ceci es como que nos saquen el Cabildo, hago esta analogía para que se comprenda el peso histórico. Es un espacio importante, fundacional, brindado a la educación y ahora lo quieren rebajar a una vidriera del vino.”
Para el presidente de la Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua, Claudio Vitti, “además de que muchos de nosotros pasamos por esta escuela, generaciones enteras hemos estudiado aquí. La mayoría de los socios fundadores de las asociaciones para personas sordas fuimos alumnos del Ayrolo. Años de historia y de gran aporte para nuestra comunidad y nunca lo arreglaron ni mostraron interés porque no se caiga. El edificio estaba abandonado, las cooperadoras, los directivos hacían lo que podían y ahora, de repente, desde el Gobierno de la Ciudad hay plata e interés porque se arregle el edificio y se pone la puesta en valor del mismo. Nosotros somos personas sordas pero también somos argentinos y vivimos en esta Ciudad. Tenemos derecho a exigir una respuesta al gobierno que hasta el momento se ha manejado con informalidad legal y administrativa ante esta situación.”
Abr 8, 2022 | Comunidad, Destacado 1
La comunidad educativa de la escuela para sordos Bartolomé Ayrolo resiste la embestida del Gobierno de la Ciudad que quiere convertirlo en la Casa del Vino. El 9 de abril organizan un festival de protesta.
Este sábado 9 de abril, de 17 a 21, se llevará a cabo el festival “El Palacio Ceci no se toca” en Av. Lincoln 4300, en el barrio de Villa Devoto. El objetivo del festival es manifestarse en contra del traspaso de ese edificio histórico, que pertenece ael Ministerio de Educación porteño, a la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Participarán del mismo, artistas sordos y no sordos ofreciendo espectáculos para las familias.
El Palacio Ceci es un edificio simbólico y de pertenencia para la comunidad sorda ya que desde la década del 30 funcionó allí el primer Instituto Nacional de Sordomudos e Hipoacúsicos de Argentina y Latinoamérica, hoy Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 28 Prof. Bartolomé Ayrolo.
El 21 de septiembre del 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 6447 que promulga la creación del distrito del vino en la ciudad porteña que implica a los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque y La Paternal. Según la página del GCBA sería una apuesta público-privada. La implicancia de esta ley con la escuela que funciona en el Palacio Ceci es que el Gobierno porteño tiene intenciones de que este edificio deje de formar parte de la comunidad educativa para sordos y que sea la vidriera y espacio administrativo del distrito del vino.
Estas intenciones por parte del Gobierno porteño se vieron reforzadas con la visita que realizó al Palacio Ceci la ministra de Turismo de Mendoza, Nora Vicario, junto a un contingente en septiembre del año pasado, mes en que se desarrollaba la fiesta de la vendimia. Luego de esta visita, desde la cuenta oficial de twitter Cultura Mendoza @Cultura_Mza apareció el siguiente tuit: “La ministra Nora Vicario visitó el Palacio Ceci, futura Casa del Vino en el Distrito del Vino en CABA. Un espacio de vidriera para mostrar las bodegas y experiencias enoturísticas de Mendoza”. Apenas publicado, el mensaje rápidamente fue borrado.
Esa fue la alarma para la comunidad educativa que, frente al temor de represalias laborales, prefiere mantener en reserva sus nombres reconociendo encontrarse en una situación de total desamparo. De todos modos, y ante la confirmación del rumor que circulaba sobre el intento de traspaso del Palacio Ceci de la órbita del Ministerio de Educación a la Dirección General de Administración de Bienes, la comunidad educativa, asociaciones y organizaciones de la comunidad sorda e hipoacúsica y agrupaciones de vecinos del barrio de Villa Devoto que están en contra de aceptar la vulneración del derecho a la educación en detrimento de este negocio se manifestaron el pasado 2 de marzo frente a las puertas del edificio histórico bajo la consigna “La llave del Palacio no se entrega”. Es que ese mismo día se habían acercado desde el Ministerio de Educación para realizar de manera formal la quita de las llaves de la escuela con el propósito de comenzar con las obras de acondicionamiento del edificio.
Ante esta manifestación, las autoridades porteñas, además de negar que el edificio en disputa formaría parte del distrito del vino, ofrecieron abrir una mesa de diálogo que hasta el momento no ha procurado ningún acuerdo entre las partes.
En diálogo con ANCCOM Lilia, mamá de Manuela, alumna de la escuela Ayrolo, sostuvo: “Si quieren hacer el distrito del vino porque favorece a los sectores inmobiliarios y turísticos que lo hagan en otro lado. Tiene que haber otros lugares incluso más propicios. No le saquen a la comunidad sorda, parte de su historia, un símbolo emblemático y de sentido de pertenencia a la escuela pública y a la sociedad. De por sí ya cuesta conseguir espacios para el desarrollo de la educación especial. No nos quiten esto también.”
Procurando mostrar la importancia de este edificio, Lilia continuó: “Estamos hablando de un espacio que forma parte de la historia de muchas personas, de chicos y chicas que han vivido además de haber estudiado en la escuela. La comunidad sorda solo tiene dos sedes de escuela pública en la Ciudad. Pero durante mucho tiempo fue la primera y única institución educativa para sordos con lo cual funcionaba también como internado para las personas que venían desde otras partes del país. Además de ser un espacio donde tenían el primer contacto con pares sordos y no estar siempre en el medio de la comunidad oyente. Construyeron su lenguaje de señas. En el Palacio funcionaron aulas, dormitorios para hospedar a los pibes, espacios de formación docente, talleres de oficios para que los estudiantes tengan salida laboral: un montón de cosas que hacen a la identidad de la comunidad sorda e hipoacúsica en nuestro país”. Yagregó: “Mi hija entró a la escuela con siete años en 2009 y en 2010 comienza a construirse la escuela con predio nuevo al lado del edificio del Palacio. En 2016, aproximadamente, lo terminan y coincide con la falta de agua, por falta de mantenimiento, con lo cual trasladan gran parte de la escuela al predio nuevo por una cuestión elemental de sanidad. En ese entonces ya venía muy deteriorado el Palacio, se veían las manchas de humedad, se caía parte de la mampostería. En el Palacio finalmente solo quedaron funcionando oficinas, espacios de archivos, legajos, administración, gabinete y talleres de computación. Al día de hoy en el predio nuevo también funciona, y el espacio es compartido, con una escuela de nivel medio. El único espacio abierto de la escuela es el patio en común con el Palacio.” Actualmente ese patio común se encuentra vallado. El edificio está cerrado por obras de mantenimiento que estiman llevará al menos dos años y que no permiten el acceso de ninguna persona.
En 2018, por pedido de las autoridades de la escuela, se había realizado un peritaje del estado de situación del edificio cuyo expediente digital concluyó en 2019. Las autoridades de la escuela habían peticionado al Gobierno la puesta en valor del edificio con motivo del deterioro por falta de mantenimiento y por seguridad de los estudiantes, docentes y personal no docente. La puesta en valor es un programa que contempla la recuperación y ampliación de edificios históricos y patrimoniales, como así también, la mejora de las condiciones de guarda y conservación de archivos, bibliotecas y bienes culturales nacionales.
Al respecto Lilia recordó: “Siempre fui testigo, mientras se esperaban respuestas, del trabajo de la cooperadora de la escuela para poder más o menos arreglarlo. El presupuesto que le manda el Gobierno a una escuela especial es exiguo y tiene muchos condicionamientos. La cooperadora de la escuela, como pasa lamentablemente en muchos otros casos, termina siendo la ‘tapa-agujeros’ de las situaciones inmediatas. En algún momento recuerdo que se acercó alguien para pedir una parte del espacio como locación cinematográfica. Por supuesto primero hubo que pautar condicionamientos y pedir permisos porque se ingresaba a una escuela y se tomaron los recaudos posibles para resguardar a los estudiantes. Con ese dinero que entraba a la cooperadora se compraban materiales y también se realizaba alguna tarea de mantenimiento dentro de todo superficial para que no se nos cayera el edificio.”
Ante la falta de respuesta del gobierno porteño y de las autoridades responsables del Ministerio de Educación, frente a una situación de necesidad y urgencia ya que el deterioro edilicio ponía en riesgo la vida de la comunidad educativa, se presentan como último recurso legal a un proyecto de mecenazgo en 2020. La ley de mecenazgo promulgada por el GCBA en 2006 mediante la Ley N° 2264 es una propuesta de incentivo a la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales.
Lo cierto es que, desde aquel entonces a la actualidad, las acciones de la comunidad continúan procurando defender con firmeza el derecho a la educación. Que esperan una masiva participación en apoyo a sus acciones este próximo sábado 9 de abril. Y que hasta el momento del cierre de esta nota, las autoridades del Ministerio de Educación del GCBA solo respondieron con silencio.
Abr 4, 2021 | Novedades, Trabajo
Jorge Pacci.
El tres de abril los trabajadores del subte realizaron una primera medida de fuerza de siete horas tras la muerte de un trabajador, Jorge Pacci, luego de un cáncer fulminante. Según argumentan, su enfermedad se produjo por la exposición al asbesto de los coches comprados en España en 2011 y que habían sido descartados por esa razón. El plan de lucha, anunciado por la agrupación gremial de los trabajadores del subte y premetro (AGTSyP) continuó en los días siguientes.
El asbesto es un mineral fibroso con muchas utilidades prácticas y también conocido como «amianto». A causa de su toxicidad, la comercialización de productos con asbesto se encuentra prohibida en el país desde el 2000, a partir de la resolución 845/2000 y ratificado con el Convenio de Rotterdam, que proscribe la importación, venta y uso de fibra de asbesto, a partir de estudios que comprueban su relación con casos de cáncer de pulmón y mesotelioma. En 2018, la Organización Mundial de la Salud había señalado al amianto como causa de otras enfermedades como cáncer de laringe y fibrosis en los pulmones.
Entre 2011 y 2013, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri adquirió vagones antiguos pertenecientes al Metro de Madrid y de Japón, modelos CAF 5000 y Nagoya 5000 fabricados durante la década del 70’ y 80’ respectivamente. Estas unidades fueron puestas en servicios durante las administraciones tanto de Macri como de Horacio Rodriguez Larreta.
En el año 2018, diversos estudios realizados a partir de la extracción de piezas de los vagones por parte de los trabajadores del subte, permitieron comprobar que los vehículos tienen amianto. Este hecho fue reconocido por el ex presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Eduardo de Montmollin, en un reportaje a la cadena CNN. Los manuales de los vehículos describen la presencia de asbesto, algo a lo que no se prestó atención antes de la compra.
“Esos vagones habían sido adquiridos para la inauguración de las dos últimas estaciones de la línea D”, señaló David, trabajador subterráneo. El trabajador destacó que las piezas sustraídas fueron enviadas y analizadas a la Universidad del Sur, cuyos resultados indicaron una fuerte presencia de asbesto. “Después de comprobar la positividad de estos vagones, también mandamos analizar piezas de la flota vieja, de otras líneas, como son los Mitsubishi, los Nagoya de la línea C, los Fiat que estaban en la D y ahora están en la E, los General Electrics que circulaban en la E”, destacó David. Varios vehículos fueron retirados de circulación a partir de los resultados obtenidos de los análisis y, en paralelo se dio inicio a la realización de estudios clínicos a trabajadores que estuvieron expuestos al material nocivo.
Según la OMS, la inhalación de partículas de amianto que se encuentran esparcidas por el aire en espacios de producción que contienen maquinaria con asbesto, ha causado más de 100.000 víctimas fatales.
Desde la empresa Metrovías señalaron que el obrero fallecido tuvo licencia desde junio de 2020 debido a su enfermedad y que recibió asistencia de la administradora de riesgos de trabajo desde el momento en que fue diagnosticado su problema de salud.
“Las primeras denuncias las hicimos en 2018, cuando los compañeros del metro de Madrid nos advierten que estos vagones contenían asbesto”, señaló Eduardo Rossito,vocero de la agrupación gremial de los trabajadores del subte y premetro (AGTSyP). En ese año, a partir de las investigaciones clínicas, se detectó que había trabajadores en actividad con engrosamientos en la pleura generado por la exposición al asbesto. En simultáneo, se realizaron estudios a más de 1.300 obreros y obreras que pasaron por los sectores con mayor exposición al amianto.
“El amianto también se encuentra en otros sectores del subterráneo y premetro. Hay piezas con asbesto en las bombas de agua, en las escaleras mecánicas, en los tableros, en los depósitos de agua de los vestuarios”, indicó Rossito.
Los ejes del reclamo y la medida de fuerza fueron la desasbestización y el recambio de las flotas de subtes: “Lo que reclamamos es un plan integral desasbestización, para que lleguen flotas sin amianto y que se puede desasbestizar todos los sectores en los que esté el material”.
Luego de la presión de los trabajadores, se comenzaron los procesos de desasbestización con equipos de descontaminación y reemplazando a las piezas que contenían amianto. “Producto de la pandemia, las actividades de desasbestización entraron a un ritmo más lento”, señaló Rossito. Por eso desde el gremio se pide a las autoridades locales que aceleren los tiempos.
“Los casos más graves fueron en la línea B, en donde circulaban los trenes CAF, pero también, en menor cantidad, se detectaron casos en la línea C y D. En donde fue más fácil reemplazar las piezas o realizar actividades de oclusión, que consiste en forrar las piezas con otro material para que no se desprenda asbesto.”
Según la OMS, la forma para prevenir y eliminar las enfermedades relacionadas con el asbesto es reemplazar el amianto con productos más seguros y estimular su sustitución. Para eso se deben adoptar medidas para prevenir la exposición al amianto en el lugar de operación y durante la eliminación del producto. También se deben mejorar los diagnósticos tempranos, el tratamiento y la rehabilitación médica y social de las enfermedades relacionadas con este material, y por último establecer registros de personas que están o han estado expuestas a él.
