El 24 de febrero de 2019 el policía Arshak Karhanyan, de 27 años, salió de su casa sólo con su billetera y su arma reglamentaria, aunque estaba de franco. Su mamá, Vardush Davtyan, lo esperaba para cenar su comida armenia favorita y tenía que estudiar para rendir finales, pero nunca regresó. Este lunes se cumplió un año de la desaparición y la Justicia todavía no puede decir qué pasó.
La causa aún está en el proceso inicial de investigación, en la delimitación de si hay o no un delito, aunque para el juez Alberto Julio Baños no lo hay.
Para el abogado de la familia, Juan Kassargian, es difícil responder en qué se avanzó en este último año: “La fiscalía reunió un montón de pruebas, pero a los efectos de resultados ninguno. Por el lado de la querella avanzamos en el relevamiento de aquellas pruebas que resultaron de la investigación de la policía de la Ciudad y fuimos encontrando muchas inconsistencias. Al momento de elegir líneas de investigación, por un lado, llegábamos a un callejón sin salida, por otro lado, volvíamos a encontrar otro callejón sin salida… hay bastante negligencia en la prueba, tantos callejones cerrados, ya empieza a oler que no son meros errores, ya empieza a sonar a algo más que negligencias”.
En diálogo con ANCCOM, la diputada de la Ciudad por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, explicó: “El principio de la causa fue muy complejo, porque no le permitían a la familia ser querellante. Ahí nosotros presentamos un habeas corpus que permitió activar un poco la causa que estaba paralizada. Hasta que por fin, el juez, aceptó después de haber rechazado el pedido dos veces. Ahora lo que va a pedir la familia es que se modifique la carátula y sea desaparición forzada de persona. Nosotros ya agotamos las posibilidades administrativas y políticas, hicimos pedidos de informes, notas al ejecutivo, reuniones, el habeas corpus y una conferencia de prensa”. Y recalcó: “Nos llama muchísimo la atención que en este año haya tanto silencio alrededor de la desaparición. Y después hay situaciones que tienen que ver ya con una definición política de la Policía de la Ciudad o del ministro de Seguridad de la Ciudad de no acompañar con más fuerza este proceso de investigación”. Arshak, de origen armenio, llegó a la Argentina con su mamá y su hermano en 1997. Se formó en el Liceo Militar General San Martín y egresó en 2014 de la policía de la Ciudad. En un primer momento, trabajó en la División de Cibercrimen y fue perito en la primera etapa de la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. En 2016, pasó a la División Exposiciones de la Policía de la Ciudad, donde permaneció hasta principios del 2019, cuando fue trasladado a la Comisaría Vecinal 7B, de Caballito. Además, estaba estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
El día de su desaparición, Arshak fue captado por las cámaras de seguridad del edificio donde vivía en Caballito charlando en la vereda con el oficial primero Leonel Alejandro Herba, su ex compañero en la División Exposiciones de la Policía de la Ciudad. Luego de haber hablado por casi una hora, Arshak subió a su departamento y bajó unos minutos después para ir al cajero del Banco Ciudad ubicado en la estación “Primera Junta” de la línea “A” de subterráneos, donde hizo una extracción de dos mil pesos. Finalmente, las cámaras lo tomaron en el local Easy de la avenida Rivadavia comprando una pala de punta, que abonó en efectivo, y se lo vio salir caminando por Rivadavia hacia Flores.
Hasta ahí llego el registro fílmico. Para la Diputada Montenegro, esta situación es como mínimo sospechosa: “El primer pedido de cámaras es del sábado y el lunes, no del domingo, el día que desaparece Arshak, ahí se pierde tiempo. Los días que eran importantísimos se perdieron”.
Otro hecho llamativo del proceso de investigación es que los peritos de la Policía de la Ciudad hayan borrado datos del celular personal de Arshak al intentar desbloquearlo. Sólo se pudo acceder a la información que data de un mes antes de la desaparición.
“Algo pasó que motivó que Arshak dejara de estudiar el domingo al mediodía estando de franco, lo haya visitado otro policía y haya salido a comprar una pala de punta… estamos hablando de alguien que vive en un departamento de dos ambientes en plena Capital Federal y no tiene ni una maceta en la casa”, contó a Anccom un amigo de Arshak del Liceo Militar General San Martín, donde hicieron juntos el secundario. Y agregó: “El primer reclamo es para la Justicia, ¿cómo puede ser que después de un año no nos puedan dar una respuesta más que ‘se lo tragó la tierra’? Estamos hablando de un ciudadano que es dependiente del estado… ¡Un policía! Además hay un hermetismo completo. Estamos hablando de la policía investigando a la policía”.
Debido a la falta de respuestas, familiares y amigos decidieron crear una comisión por la aparición de Arshak con el objetivo de nuclear a toda la gente interesada y contribuir a la difusión del caso por redes sociales.
A partir de ahora, la querella avanzará en la cuestión procesal de terminar de reunir la prueba para poder exponer su hipótesis principal. “Hace seis meses no hubiéramos tenido elementos para sostener una hipótesis, hoy creemos que tenemos elementos para decir aproximadamente ante qué situación estamos. Todavía necesitamos verificar dos o tres cosas más”, explicó a esta agencia, Kassargian.
Ya pasó un año sin respuestas pero se mantiene la misma pregunta: ¿Dónde está Arshak?
Vecinos de los barrios más postergados de la ciudad de Buenos Aires -en su mayoría
mujeres e inmigrantes- tomaron la decisión de organizarse. Hace unos meses,
conformaron la Coordinadora por la Urbanización Real de las Villas con el objetivo de
sumar todas las experiencias y elevar una sola voz, un reclamo conjunto, por una
vivienda digna y obras de infraestructura. A la vez, denunciaron “negocios inmobiliarios” a
costa de las viviendas de miles de vecinos.
Aunque durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al frente del Gobierno de la
Ciudad se desarrolló una política de urbanización en villas mediante planes de obras de
infraestructura y procesos de escrituración y relocalización de viviendas, los vecinos
denuncian un paulatino proceso de expulsión en los barrios.
Jonathan Baldiviezo -abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad- explicó que las
condiciones de escrituración de las casas en los barrios populares son “expulsivas”. En
diálogo con ANCCOM, señaló: “Al momento de la escrituración las familias van a sufrir un
shock económico, al costo del crédito de la casa se le suman los impuestos inmobiliarios,
expensas y las tarifas cada vez más costosas. Esto implica que una familia, cuyo ingreso
no supera los 10 mil pesos, deba pagar entre 6 y 8 mil pesos más por mes. El Gobierno
debe atender ese shock”.
A fines de 2018, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6129 que, según los vecinos, abrió
un flanco específico para los habitantes del barrio Carlos Mujica (exVilla 31). A diferencia
de la ley nacional, argumentaron los vecinos, la nueva normativa no especifica que la
vivienda deba conservar su carácter social y familiar. Es decir, una familia puede venderla
a un emprendimiento inmobiliario. “El Estado debería urbanizar para que el suelo esté
afectado a aquellos sectores que no pueden acceder a la vivienda, no para incorporar el
suelo al mercado y la especulación inmobiliaria”, amplió Baldiviezo.
El abogado aseguró que “las familias se terminan yendo por los altos costos, las malas
condiciones de infraestructura, las inundaciones”. Y juzgó: “Se trata del intento de parte
del gobierno de erradicar las villas mediante artilugios legales”.
Grecia, vecina de la villa 20, manifestó a ANCCOM: “Vamos por la urbanización real de
todas los barrios, por el derecho a la vivienda digna de propietarios e inquilinos, basta de
hacinamiento, participación y control vecinal en los procesos de urbanización. Por el
derecho a trabajar y vivir en la Ciudad”.
Los vecinos también denunciaron ataques de parte de patotas. Nicolás, vecino de la Villa
31, sufrió agresiones por participar de las asambleas y resistir al desalojo: “Fui humillado y
sacado de mi casa. Soy el vivo ejemplo de que el PRO nos quiere callar así”.
Por su parte, Norma, de la Villa 1-11-14, denunció que el Instituto de la Vivienda de la
Ciudad (IVC) “organiza reuniones con los delegados, sin permitir la participación pública
de los vecinos”. Y amplió: “El lunes pasado organizaron una reunión y no dejaron ingresar
a ninguno. Necesitamos saber lo que se habla en esa reunión”.
De la coordinadora participan vecinos de la Villa 31 y 31 Bis, del Playón de Chacarita, de
la Villa 20, de La Carbonilla, de la 1-11-14, Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Ciudad
Oculta, Cildañez, 21-24 y Rodrigo Bueno, entre otros asentamientos. En febrero
organizaron la primera asamblea con más de mil vecinos, frente a la Jefatura de Gobierno
porteño. La masiva participación tuvo, sin embargo, escasa repercusión mediática. Tienen
previsto realizar una reunión en la villa Rodrigo Bueno para fin de mes. Hasta que los
escuchen.
“Vamos a intentar conseguir una prórroga para seguir la lucha desde acá. Si no podemos,
seguiremos desde donde sea”, dice Javi, integrante de la Asamblea de Villa Urquiza. La
amenaza de desalojo prevista para este miércoles finalmente no se cumplió, pero sigue
latente. Y los vecinos están decididos a resistirla con la misma fuerza comunitaria que
ayer volvió a reunirlos en la calle.
Ubicada en la ex pizzería La Ideal, la Asamblea acumula una historia de largos 16 años y
ya evitó un intento de desalojo anterior. El 2 de octubre se presentaron funcionarios de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y de la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF-SE) junto con la Policía Federal para intentar cerrar el
centro comunitario. Pero no lo consiguieron.
El anunciado desalojo se enmarca en un juicio que la AABE le inició a la Asamblea de Villa Urquiza a finales del año pasado. El objetivo detrás del operativo, denuncian los vecinos, es la venta de tierras públicas que se encuentran al costado del ramal Retiro-José León Suárez de la línea del tren Mitre, a la altura de la estación General Urquiza.
El local de la Asamblea no es el único afectado. Según el pliego de licitación, son 2.774
metros cuadrados comprendidos entre las calles Bucarelli, Roosevelt, Triunvirato y el sendero peatonal de la estación Urquiza. En esa estratégica franja barrial también hay locales comerciales, canchas de fútbol y hasta viviendas.
La AABE convocó a una fallida mesa de diálogo el pasado 23 de octubre y los asambleístas asistieron “con la voz y reclamos de los vecinos”, explicó a esta agencia Valeria, otra integrante del colectivo. La intención de esa instancia era conseguir la tenencia del espacio o una prórroga frente al inminente desalojo. Ni la AABE ni la ADIF-SE, ambos organismos nacionales, pudieron garantizarlo. Con la subasta de la manzana, programada para el 8 de noviembre, el local de la asamblea quedaría en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
La Asamblea de Villa Urquiza se formó en 2002, al calor del movimiento vecinal que
generó el estallido de diciembre de 2001, con la impronta del “que se vayan todos”. Los
slogans contra la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional y el Área de Libre Comercio de las Américas se hicieron propios. Entre sus banderas también se sumó la defensa de la recuperación de los recursos naturales y de las empresas privatizadas. “La
Asamblea de Villa Urquiza es la defensa de una forma de vida, de nuestra libertad, de nuestro ser en un barrio”, cuenta Lili, que da clases de tango a la gorra.
Negocios
“Para legitimar la venta de los playones ferroviarios de tierra pública se determinó que el
35 por ciento del terreno se dedique a negocios inmobiliarios y el 65 por ciento a espacios
públicos”, explicó a ANCCOM Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. El 35 por ciento tiene capacidad para tres torres. La asamblea quedaría por fuera, pero el gobierno de la Ciudad exige la entrega de tierras sin ocupantes.
Para Baldiviezo, que el local no esté dentro de la parte reservada para negocios inmobiliarios supone una doble oportunidad de frenar el desalojo. “Por una parte, sabemos que va a quedar a manos de Ciudad, si es que ya no lo está. Nos da la posibilidad de ir al juzgado y buscar al futuro dueño. Quizás no tenga problema con que la asamblea siga con sus actividades. Por otro lado, vamos a presentar un proyecto de Ley de Código Urbanístico en la Legislatura para que se permita que la asamblea continúe en este predio”, aclaró.
Sin embargo, que el local de la asamblea quede en el 65 por ciento perteneciente a la
Ciudad, y que sea destinado a espacio público, no deja más tranquilos a sus integrantes.
“Hay que reflexionar qué significa espacio público para el Gobierno de la Ciudad. Significa
una plaza con grandes porcentajes de cemento, con rejas y que tenga cámaras para ver
qué hacés. Para mí eso no es espacio público”, comenta Valeria.
“Sabemos que ir a negociar con la Ciudad implica que esto mañana tenga un cartel
amarillo y alguien que te diga cómo tenés que manejarte en un lugar comunitario o
público. Quizás queden las torres y este centro comunitario, pero se va a manejar con las
lógicas del Estado y no nos va a representar. Nos va a quitar la identidad y la memoria”,
dice Andrés, que participa hace más de cinco años de la asamblea.
Para visibilizar la situación, el sábado pasado se realizó el Festival Viyurca en Lucha. Fue
en la plaza Jorge Casal, frente a la ex pizzería La Ideal, bajo la consigna “La Asamblea de
Villa Urquiza no se gentrifica”. Como explica Lili, el objetivo de ese encuentro fue
“convocar a todo el barrio a apoyar y resistir”.
Andrés también remarca la importancia de resistir, y dice: “Tenemos el afán de que la
Asamblea quede como está porque es nuestra identidad, nuestra lucha. Llamamos a que
habiten este espacio del barrio que nació de la impronta del ‘que se vayan todos’. Fue
autogestionado 16 años por los vecinos y queremos que siga de la misma forma”.
El parque vive una situación de crisis y abandono. Ahora exacerbada por ruidos de máquinas que buscan avanzar con las obras que permitirán concesionar a empresas privadas.
La esperanza de reconversión y traslado de animales del ex zoo porteño hoy se ve tapada por un negocio inmobiliario que quiere llevar adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es que las muertes de la rinoceronte y de la jirafa, en un plazo de diez días, sumado a los despidos de cuidadores experimentados, volvió a desatar la polémica sobre qué acciones se están llevando a cabo dentro del predio. El parque vive una situación de crisis y abandono, donde los animales están rodeados de máquinas y ruidos que buscan avanzar con las obras que permitirán concesionar a empresas privadas.
Giselle Ortiz, activista de la ONG SinZoo, habla sobre las transformaciones que está viviendo el Ecoparque: “Lo que el Gobierno está haciendo es modificar parte de la estructura del zoológico para crear edificios innecesarios; porque lo que necesitaban los animales en todo este período de rehabilitación, era mejorar sus recintos y mejorarles su calidad de vida. Los animales pasaron toda su vida en cautiverio, están tirados, tristes y con estrés. El Gobierno tiene un proyecto de ley, aprobado en primera lectura, que es concesionar 21 edificios históricos, patrimonios culturales de la ciudad. Los edificios no se pueden tocar por ley, igualmente los están tocando para dárselo a empresas privadas que quieran poner su emprendimiento. Llámese Starbucks, llámese Subway. Son empresas privadas que van a facturar y le van a dar ingresos al zoológico. En síntesis, lo que se quiere hacer es un shopping, con un patio de comidas a cielo abierto y un zoológico en el medio”.
El Gobierno tiene un proyecto de ley, aprobado en primera lectura, que es concesionar 21 edificios históricos, patrimonios culturales de la ciudad.
Ortiz comenta cómo es la situación que padece la fauna que todavía sigue en el predio: “Los animales están abandonados mientras que el Gobierno está haciendo un mega emprendimiento millonario. Te das cuenta que no hay limpieza, no hay cuidado, es un abandono. Los animales están padeciendo el ruido de las topadoras, el polvo. Pasamos de meter visitantes, a meter cientos de obreros y máquinas. Están pagando con su vida y no queremos que suceda eso. Las obras comenzaron y no hicieron reparo en ningún informe de impacto ambiental, empezaron a construir sin nada previo, con animales dentro. Eso genera mucho estrés para ellos, más del que ya tenían.”
Con respecto a los traslados de los animales, cuenta: “Santuarios no hay para todos. Pero para cuando reabran, esos animales que sabemos que no pueden ir a ningún lado, no queremos que sean exhibidos. Estamos sacando animales de acá y metiéndolos en otros zoológicos. Ellos dicen que están preservando la especie, pero no los liberan. Reproducen animales que los trasladan a otros zoológicos. No estás conservando, no estás preservando, no estás educando. Solamente estás haciendo un negocio. Los animales en cautiverio desarrollan una enfermedad que se llama zoococis, que es la locura del cautiverio. Tenemos animales que se arrancan las plumas, se arrancan los pelos, se muerden, se autoflagelan, tienen comportamientos extraños. Hubo una partida de dinero importante para la reconversión, que era para los animales. Ese dinero no se está usando para ellos. No les están buscando el mejor lugar, se están sacando los animales de encima, básicamente, los están revoleando. Las muertes son porque no hay cuidado. Y es mucha casualidad que necesiten los edificios”.
Agrega que los despidos a los empleados más experimentados son contraproducentes para los animales: “Despidieron a cuidadores experimentados, y en su lugar tomaron pasantes. El animal no los conoce, no confía. No tienen manejo de animales, ni experiencia, otro estrés para el animal que está acostumbrado a su cuidador porque lleva años con él. Y los despidieron porque no estaban de acuerdo con el proceso de reconversión, entonces fue más fácil sacarse el problema de encima.”
La activista concluyó: “El mayor responsable de que esto esté pasando es el Gobierno, porque se metió en un mega proyecto, haciendo un master plan y después se dio cuenta que no está funcionando. El primero que renunció fue Andy Freire, que era el proclamador número uno del Ecoparque. Renunció la directora de Bienestar Animal, porque compraron sustratos para el recinto de los elefantes y era tierra de una obra, que no fue filtrada y venía con hierro. Un animal se clavó un pedazo en la pata. Hay cosas que son básicas. Hay cuidados mínimos que deberían tener, pero si pones a uno de los directores que antes era un gerente de banco, o alguien que estaba en contaduría, creo que no tienen la menor idea de lo que están tratando.”
«Las obras comenzaron y no hicieron reparo en ningún informe de impacto ambiental, empezaron a construir sin nada previo, con animales dentro», comenta Ortiz, activista de la ONG SinZoo.
Claudio Bertonatti, miembro de la Fundación Azara, y ex director del zoológico porteño, realizó una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFIMA), para que se abra una investigación tras la muerte de la rinoceronte y la jirafa: “Mi denuncia va hacia las autoridades del Gobierno de la Ciudad, empezando por el ministro de Ambiente y Espacio Público, están incumpliendo con su deber de funcionarios. La ley 5752 especifica que es lo que hay que hacer con el Ecoparque. Esta ley te obliga a hacer conservación, educación, investigación y preservar el estado animal, la primera pregunta que les haría es: ¿Con qué informe, y con qué análisis previo ustedes descartaron que estos 21 edificios no sirven para nada? Cuando revisas a quienes contrataron para estar al frente de este tipo de instituciones son politólogos, abogados, amigos o sobrinos. Es una vergüenza. Es gente que nunca vio un rinoceronte a tres metros. Tenés que poner al frente un veterinario, un biólogo o un naturalista”. Bertonatti en su denuncia también hace mención de los despidos: “Cuando remueven a los catorce cuidadores sacaron un comunicado diciendo que todos eran delincuentes, prácticamente, que se los separaba del cargo porque violaban las normas internas. Si es así, primero, tendría que estar en su legajo. Hay gente valiosa que cuestionaba las malas medidas que ellos tomaban. Y los hicieron pasar por ineficientes”.
El ex director del zoo hace hincapié en que el Gobierno, al presentar el proyecto de Ecoparque, quiso quedar bien con los conservacionistas y los proteccionistas y no tenía una idea clara: “Las declaraciones iniciales del ex ministro Andy Freire y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no resisten el archivo. Ellos anuncian que van a transformar el zoológico en un Ecoparque y empiezan a tener un discurso absolutamente ambivalente, por un lado dan a entender que no va a haber más animales, y por otro que la institución va a seguir trabajando para la conservación de la naturaleza. Pretendían con su discurso quedar bien con todos, por un lado con la gente que venía reclamando que se cierren todos los zoológicos, y por el otro con los que decimos que esas instituciones tienen que transformarse. Nadie hoy en el mundo de la conservación anhela tener animales simplemente para ser exhibidos. Los zoológicos forman parte, hoy a nivel mundial, de la Convención de Diversidad Biológica, pero en Argentina cuando vos decís Zoológico, es mala palabra. Porque no tenemos zoológicos, tenemos colección de animales vivos, al servicio de la boletería, no de la conservación de la naturaleza.”
Respaldándose en la ley 5752, Claudio Bertonatti, miembro de la Fundación Azara, y ex director del zoológico porteño, realizó una denuncia penal, para que se abra una investigación tras la muerte de la rinoceronte y la jirafa.
Ana Di Pangracio, abogada ambientalista y Directora Ejecutiva Adjunta de FARN, explica que la ley 5752, que regula la actividad del Ecoparque, apuntaba a una reconversión responsable, pero hoy hay detrás un negocio inmobiliario: “La ley no se está cumpliendo. Lo que vemos es lo que sospechábamos desde un principio, que era hacer un negocio inmobiliario en una de las tierras más caras del país. Limitar a los animales, según el master plan, en un sector puntual de pocas hectáreas, y destinar el negocio para obtener rédito financiero en gran parte del predio. Ya tienen una votación favorable para sacar un proyecto de ley para concesionar varios de los recintos, algunos son monumentos históricos nacionales, y ahora tienen que ir a una audiencia pública que va hacer el 29 de agosto a las 11.30 en la Legislatura. Esto un avance más en la privatización del espacio público de la ciudad. Quieren sacar provecho monetario a partir de las concesiones a privados sin estudiar el impacto que tiene sobre los animales, que se encuentran dentro del predio.”
Con respecto a la muerte de los animales, aclaró que investiga si se trató de un hecho adrede: “Los animales de gran porte, que son difíciles de trasladar a estos “santuarios”, como dice Larreta, y no les queda otra que dejarlos en el Ecoparque, pudieron haber sido víctimas de las obras que están haciendo, causándoles estrés o malos manejos en lo que respecta a su alimentación y cuidados. Están apurados por cuestiones presupuestarios.”
La abogada concluyó: “Desde la Coalición de Organizaciones No-gubernamentales Especializadas en Conservación de la Biodiversidad, le presentamos al ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, Eduardo Macchiavelli, un pedido de acceso a la información pública para ver a qué responden las obras. En una reconversión puede haber modificaciones, pero deberían precisar cuáles son, bajo qué presupuesto, si se hizo una evaluación de impacto o no. Queremos que nos pongan al día: qué animales están, cuáles fueron trasladados o se prevén trasladar, con qué actores están interactuando, quiénes asesoran. Todo eso nos interesa saber.”
«Quieren sacar provecho monetario a partir de las concesiones a privados sin estudiar el impacto que tiene sobre los animales”, declara Ana Di Pangracio, abogada ambientalista y Directora Ejecutiva Adjunta de FARN.
Santiago Gazzo, el cuidador de Ruth, la rinoceronte que falleció el mes pasado, explica por qué fue separado de su cargo junto con otros trabajadores del Ecoparque: “Compañeros que eran cuidadores con experiencia, fueron desplazados porque las órdenes de la gerencia eran cuestionadas. Fueron echados bajo falsas acusaciones como querer sabotear el parque. Estos chicos hacían notar que muchas decisiones podían poner en peligro a los animales, que era a fin de cuenta la prioridad de cada cuidador. Y a las directivas solo le interesa concesionar los recintos, sacar animales que a veces no están en buen estado de salud para ser transportados. Los cuidadores no daban el brazo a torcer porque sabían que los animales no iban terminar bien. Yo ya me sentía incómodo, me dolía muchísimo trabajar ahí por todo lo que pasaba. Justo me iba a tomar vacaciones por lo que pasó con la rinoceronte, porque realmente me había afectado, pero me desligaron.” Y agregó: “La plata y el tiempo apremian y no se tuvo en cuenta como prioridad a los animales y llevó a un desenlace desastroso. Se notaba desde adentro que había algún tipo de negocio, intereses políticos. Creo que los animales sobreviven gracias a la gente que queda dentro, que vela por su bienestar, es decir, los cuidadores y los veterinarios. Pero cada vez son menos.”
Santiago cuenta las desprolijidades e irregularidades que se tienen dentro del parque: “La dirección y gerencia no prevén las cosas, reaccionan ante los desastres y no tienen un plan de prevención en cuanto a los escenarios complicados. En este caso se aceleraron las construcciones por tintes políticos. Algunas eran para mejorar los recintos, pero la verdad que lo hicieron tan mal que no sé si valió la pena todo ese despliegue. Modificaron la estructura varias veces y las mangas de manejo, que eran barras de metal, los rinocerontes las arrancaban del piso como si fueran varitas de madera. Se notaba que no había un plan. Era todo improvisado sobre la marcha”.
Con respecto a los videos de los recintos que circularon por las redes y que reflejan una mala higiene, comentó: “En el verano era una cantidad de ratas y cucarachas increíble, en el invierno un poco menos, pero es una realidad que siempre estuvo. En el sector de aves, recuerdo que había agujeros en el piso que eran las madrigueras de las ratas, era imposible sacarlas porque no se nos daba ninguna herramienta para hacerlo. No había un plan de contención de plagas”.
También hace referencia a los traslados de la fauna: “Muchas veces no medían el tema de cómo iban hacer los traslados de los animales, era algo mal organizado. He tenido compañeros que me contaban, por ejemplo, que habían traído una vez cajas que parecían de zapatos donde querían meter tres guacamayos para llevarlos y el cuidador se negó, ya que el animal ahí se iba a morir. A los cuidadores no se les decían la fecha y cómo iban a hacer los traslados. Se les daba un estimativo y de repente caían con las cajas. Si no lo haces bien los animales no llegan. Es una cosa bastante compleja, pero por las acciones y decisiones que toman apunta a que el bienestar animal no está al frente de las decisiones, sino a amortizar el gasto que tiene el parque que no saben cómo reponerlo.”
Los animales comenzaron a sufrir estrés al convivir con las maquinarias y obreros, que entran y salen del predio.
Los animales comenzaron a sufrir estrés al convivir con las maquinarias y obreros, que entran y salen del predio, y esto llevó a la muerte de la rinoceronte: “El nuevo quincho donde duermen los rinocerontes se hizo con maquinaria pesada, palas mecánicas y martillos. Todo ese despliegue estresó a los rinocerontes que son muy sensibles al ruido. Ruth, en invierno, siempre tenía episodios de insuficiencia respiratoria, que eran crónicos. Cuando hacía mucho frío perdía el aire y quedaba echada, se recomponía y seguía con su vida diaria, pero a esto se le sumó un gran estrés. El otro rinoceronte, Gaspar, cambió muchísimo el comportamiento en cuanto al año pasado. Yo asumo que es por el estrés, porque la única variable fue la construcción. Todo su estrés lo descargaba a través de ella, se ponía muy agresivo y posesivo con las cosas, con la comida, con el lugar de descanso, la alejaba y la corneaba, dejándola muy lastimada. A Ruth, ya debilitaba, le agarró una diarrea de veinte días que no le lograban contener, sumado a las lastimaduras del macho. El cuadro fue empeorando. Los cuidadores le hacíamos lavajes, pero no fue suficiente. Estaba tan débil que quedó atrapada en un lodazal, un lugar con barro que lo usan para refrescarse en verano. En invierno no lo usan, ella cayó ahí adentro y no tenía fuerza para salir. Ruth supo manejar el ruido, pero Gaspar no, y lo canalizaba en ella, y ella en su propio cuerpo que no cicatrizaba bien, la diarrea que llevó a una infección y se fue debilitando y ahí quedo”, cuenta el cuidador.
Hace unos meses se viralizó una imagen de la jirafa comiendo basura de un contenedor, por eso se pone en duda si su muerte no se debió a la mala alimentación: “Los últimos días que estuve en el parque, el pasto que les venía a las jirafas era bastante malo, basado en lo que me mostraban los cuidadores más expertos, y de la gente de nutrición. Viene en fardo seco pero igual es verdoso, con hojas. El que venía era amarillo, seco, sin hojas, puro palito. No era buen alimento. Las tres jirafas eran quisquillosas y selectivas a la hora de elegir la comida, y muchas veces se negaban a comerlo. Esperaban a que llegara algo mejor para comer. Pero no llegaba. El macho se negaba a comer. Dentro de todo, Shaki comía más que los otros dos, en su afán de comer empeoró su salud porque no era ese pasto bueno para ella”.
Los vecinos de Parque Patricios llevan cuatro años luchando por preservar el inmueble del ex Cine Teatro Urquiza. Según informó el arquitecto Luis Lanza, el 35 por ciento de la población de Parque Patricios firmó un petitorio para que no sea demolido, pero también para reclamar que allí continúe existiendo el histórico espacio cultural del barrio. La semana pasada se realizó una segunda audiencia convocada por el Tribunal Superior de Justicia, donde se reunieron un gran número de vecinos, la empresa Campana S.A interesada en demoler el inmueble para construir allí oficinas, y representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para con el fin de acordar un proyecto que contemple los intereses de las tres partes.
Lo que los vecinos de Parque Patricios quieren es que se cumpla con la Ley Nacional de Cine-Teatros y el artículo 2.1.1.1 de Código de Edificación que declara de interés nacional a la actividad teatral y dicta que en caso de demoliciones de salas teatrales, el propietario tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio otra sala con las mismas características. Además, para los vecinos este espacio es un emblema de Parque Patricios, que hace a su identidad e historia.
El Cine Teatro Urquiza, ubicado en Avenida Caseros 2826, se fundó en 1921, allí se presentaron artistas nacionales e internacionales. “En ese cine cantaron Carlos Gardel y Tita Merello, hasta se dice que entró Juan Domingo Perón”, contó Juan Sixto, conductor de radio y residente del barrio, que agregó: “Es un emblema de la historia de nuestra cultura, ahí se proyectó la primera película con sonido”. Lo cierto es que en la década de los 70 el espacio fue cerrado y luego alquilado para diferentes emprendimientos comerciales.
“Es un emblema de la historia de nuestra cultura», dijo Juan Sixto, conductor de radio y residente del barrio.
En 2013, los residentes del barrio se enteraron de que el supermercado chino que funcionaba dentro del inmueble iba a cerrar sus puertas porque el dueño Oscar Campana no le renovaba el contrato, con el fin de llevar a cabo un proyecto de demolición y construcción de un edificio de varios pisos, debido a que el Distrito Tecnológico y la Línea H de subte convirtió al barrio en un atractivo inmobiliario.
En la audiencia frente a las juezas Alicia Ruiz e Inés Weinberg se presentaron Gabriel Octavio Martín y Karina Sandra Cicovin en representación de los vecinos, asistidos por los abogados Horacio Corti y Graciela Chistre, Defensores del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron los abogados Fernando José Conti y Lionel Alejandro Castellini, junto con Rodrigo Cruz, Subsecretario de Registro Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; Verónica Cópola, Directora General de Interpretación Urbanística; la abogada Alejandra Schenone, Asesora Legal de la Dirección General de Patrimonio de Museos y Casco Histórico; y la arquitecta Graciela Aguilar por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, por Establecimientos Campana se presentaron su letrado apoderado Nicolás Carlos D´Giano, asistido por los arquitectos Juan Granara y Claudio Ferrari, tal como figura en el acta.
En diálogo con ANCCOM, Octavio Martín dijo: “Avanzamos un poco más, vinieron distintas instituciones de la Ciudad, quedamos que el privado va a presentar un proyecto para marzo y todos nos vamos a reunir durante ese lapso para ir viéndolo”. Y agregó: “Nosotros transmitimos la inquietud de los vecinos de que se preserve lo más posible el espacio cultural y que el Gobierno genere los beneficios necesarios para que el dueño pueda hacer su negocio. Las tres partes tienen que estar de acuerdo para poder avanzar. Es un paso más, la voluntad está”.
«Se va a tratar de salvar todo lo posible para que se sienta el espíritu de ese lugar», dijo Karina Cicovin.
La otra parte representante de los vecinos, Karina Cicovin, aseguró: “Hubo buena voluntad de todos, tanto del Gobierno como de Campana. Se va a tratar de salvar todo lo posible para que se sienta el espíritu de ese lugar, pero como arriba se va a construir, seguramente se realicen algunas modificaciones; sin embargo, el espacio cultural va a estar contemplado. Ahora solo hay que esperar el proyecto”.
Los vecinos de Parque Patricios aseguran que un espacio de estas características fomenta el lazo social, hace que la gente se conozca y además impulsaría el comercio, ya que los locales cierran a las seis de la tarde por la falta de vida nocturna en el barrio.
Por otro lado, el abogado Nicolás D’Giano, representante de la empresa, expresó que se tiene la intención de formular un proyecto viable que atienda los intereses de los vecinos y las exigencias legales en cuanto se pueda compatibilizar con los interese de su cliente. Pero D’Giano no habló de la carta documento por daños y perjuicios que Campana le realizó a los vecinos. En el marco de la primera audiencia su cliente hizo referencia a esta demanda pero las acciones judiciales existen y los vecinos, a pesar de la instancia de diálogo, están preocupados.
La próxima audiencia está prevista para marzo de 2018 y se espera que ya se tenga una propuesta de proyecto definitiva que beneficie a los implicados y por sobretodo aplique a la ley nacional.
