Por Nadia Sotelo
Fotografía: Nadia Sotelo

Familias, docentes y sindicatos organizaron un festival para reclamarle al Gobierno de la Ciudad que no reduzca la cantidad de años de escolarización de las personas con discapacidad.

El domingo 22 de mayo se llevó a cabo un festival en la Plaza de Parque Patricios, organizado por escuelas de educación especial, docentes, sindicatos y familias que reclaman por las restricciones de la Ciudad de Buenos Aires en la aplicación de la Resolución 155/11 del Consejo Federal de Educación. Esta plantea el fin de la escolaridad de los alumnos con discapacidad a los 22 años y no permite que se lleve adelante la formación que, hasta diciembre del 2021 establecía el límite de la educación a los 30 años.

Entre las 14 y las 18, con un festival de música, baile y talleres se reunieron a padres, docentes y alumnos con pines que decían “yo defiendo la educación especial”. Lentamente, la plaza se comenzó a llenar. Bajo el cielo celeste y un sol radiante, con la participación de representantes de Ademys y Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), las banderas con frases que indicaban la lucha por el derecho a la educación especial unificaban un reclamo que unió a padres y docentes: la escolaridad de sus hijos y estudiantes con discapacidad está en peligro.

Jorge Godoy, secretario de Educación especial por  UTE-CTERA, expresó su descontento ante la situación que desplaza a miles de estudiantes con discapacidad hacia el vacío. Indicó que la Resolución 155/11 plantea que la formación integral de la educación especial concluye a los 22 años, pero también en su punto 3.4 establece la formación permanente del adulto. Sin embargo, sobre estas garantías nada se ha avanzado. Según sus palabras: “En la ciudad de Buenos Aires no está implementada ni planificada”.

Ante estas circunstancias, las familias ven el futuro educativo de sus hijos de manera incierta y sólo quienes cuentan con los recursos necesarios pueden trasladar a sus hijos a instituciones privadas para que terminen su formación. En el festival, docentes y padres expresaron sus deseos de que la sociedad se entere de lo que está pasando. Leonor Luna, maestra de Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21, informó que lo que la resolución habilita es a que se les saquen muchos de los recursos y beneficios con los que los alumnos cuentan, como transporte y comedor. Para Luna “hay un montón de cosas que son crueldad, porque estos chicos no tienen otros lugares donde ir”. Agregó que muchos padres ya no pueden traerlos hasta las escuelas, porque además el horario escolar se redujo a tres horas: en algunos casos, dada la escasa cantidad de escuelas de estas características, los extensos trayectos hacia las instituciones hace que les insuma más tiempo de viaje que el que sus hijas e hijos permanecen en las instituciones. Muchos chicos ya no pueden asistir, de modo que se vulneran sun derechos a formarse a la vez que son apartados de sus amigos, de sus pares y de toda una comunidad que los comprende. “Porque la sociedad los discrimina y en la escuela encuentran su contención”, advirtió la docente.

Mario Filippi, abogado y ex docente especializado en discapacidad, es padre de Franco, quien tiene síndrome de Down y concurre a la Escuela de Educación Especial N° 18. Asistió al festival y fue una de las caras más visibles de la jornada, dispuesto a hablar con las muchas personas que, ante la poca información sobre el tema, se acercaban a preguntar sobre la situación y el impacto de estas medidas. Es también uno de los impulsores de la Ley 360/00 que otorga el derecho a licencias especiales con goce de haberes por nacimiento de hijas o hijos con necesidades especiales o por adopción. Sin embargo, expresó que aún hoy se continúan sin respetar los derechos de las personas con discapacidad. Su hijo tiene 22 años y no sabe cuál será su futuro en la educación. Para Filippi “se necesita un ministerio nacional de discapacidad y tengo todas las esperanzas de que esto se cumpla, si la sociedad nos apoya”, comentó.

Jorge Godoy también argumentó que no se cumple con el 4% del cupo laboral de personas con discapacidad y que lo que hace la resolución es arrojar a los jóvenes al vacío.

Mientras seguían sonando La huesuda Rock, La Juani, Jun Che, Dijo quesillo y miel y Romina Oviedo se hicieron fuertes reclamos y se expresó el miedo hacia el futuro. Leonor Luna, dijo: “Queremos que la sociedad sepa, porque hay mucha gente que no vive en este mundo de la discapacidad que no sabe lo que está pasando. Nadie nos escucha. Pedimos socorro”.