10 años de economía popular: del fortalecimiento a la resistencia

10 años de economía popular: del fortalecimiento a la resistencia

En el año internacional de las cooperativas, referentes de la economía solidaria repasan la última década. De la expansión a la trinchera. ¿Por qué algunos piensan que a pesar de la crisis el sector puede seguir creciendo?

En el décimo aniversario de ANCCOM, la agencia propone realizar un repaso sobre el cooperativismo y la economía popular en Argentina durante la última década, el estado actual y algunas reflexiones para proyectar el futuro, en el marco del “Año Internacional de las Cooperativas”, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2025.

En los últimos diez años, Argentina ha cambiado de conducción política cuatro veces, siendo el manejo de la economía la principal razón por la que los últimos mandatarios -Mauricio Macri, Alberto Fernández- no han podido reelegir y Javier Milei fue electo primer mandatario.

La economía popular en Argentina es un sector que abarca desde un vendedor ambulante, hasta cooperativas como Agricultores Federados Argentinos (AFA), organización que cuenta con 30.000 productores en todo el país. La historia del cooperativismo es extensa, y sus inicios tienen relación con la primera gran oleada de inmigrantes europeos a finales del Siglo XIX, en su mayoría obreros con ideas socialistas y anarquistas, que no casualmente también participaron del nacimiento del sindicalismo argentino.

Para Rodolfo Pastore, economista y sociólogo, la economía popular “Es un conjunto amplio de personas que se gana la vida con su trabajo a partir de actividades por cuenta propia o en forma asociativa”. Las cooperativas, según la actividad económica que realizan, pueden ser de trabajo, donde los asociados comparten su fuerza laboral, o pueden brindar servicios. “La falta de empleo registrado en el país en los últimos años ha ampliado los límites de la economía popular. En general, teniendo en cuenta desde el cooperativismo empresarial, hasta el cuentapropista, el estado de la economía popular es de crisis, en consonancia con el contexto del conjunto de las unidades económicas, de las pymes y de los sectores populares”. Pastore hace alusión a que “las tarifas aumentan, los ingresos y las ventas son bajas, y además, una serie de programas públicos que existían años atrás se han eliminado a partir de la política de ajuste, de reducción y de desestructuración del sustento estatal”.

 

Cooperativa de cooperativas

La Red de Alimentos Cooperativos se encarga de generar las condiciones para que cooperativas del sector agroalimentario puedan hacer llegar sus productos a distintas partes del país, de manera que los precios sean acordes a los costos de producción y logística. Además, tienen una fuerte impronta ecológica, minimizando la utilización de conservantes.

Este año, es su décimo aniversario, Miguela Varela, una de las referentes de la organización, explica cómo funciona el sistema que integra la Red. “Alimentos Cooperativos nace específicamente por la necesidad de un grupo de cooperativas de producción de alimentos, que tenían un problema central en poder orientar su producción a través de canales comerciales que sean justos, que sean solidarios y, sobre todo, que sean propios. Las comercializadoras tradicionales especulan y hacen que el productor financie el proceso comercial. Entonces surge la idea de crear un instrumento comercial propio” concluye.

La Red se operativizó con la creación de Alimentando, una cooperativa de trabajo en Buenos Aires. Hoy son más de cien las que forman parte del esquema comercial, que se ha ido complejizando y desarrollando. Actualmente posee un espacio de acopio y distribución mayorista en la ciudad de San Martín. Además disponen de espacios minoristas distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

 A través de estos locales, Alimentos Cooperativos ofrece una variedad de productos agrícolas de cooperativas de todo el país, pagándole al productor el precio que sale su trabajo, con los costos que implican los traslados y la comercialización. Al respecto, la referente asegura que “no especulamos, no miramos cuánto sale la soja en la bolsa de comercio, y comparamos  nuestros precios con las de las cadenas comerciales, nosotros tratamos de que sea siempre el mejor precio posible para consumidores y productores”. Los esquemas de ventas se diversificaron, y han logrado instalar una tienda de comercio electrónico desde donde se pueden hacer pedidos de todo el país.

 Pensando en el cooperativismo como forma de vida, Varela hace alusión a “la solidaridad y la autogestión” como los valores fundamentales que atraviesan estas prácticas. “La mezcla de las dos da como resultado el cooperativismo, un sistema económico de toma de decisiones democrático, que en la Red de Alimentos Cooperativos lo traducimos en términos políticos, con dos conceptos que tienen que ver con la integración y la reciprocidad”. Dentro de un  sistema que es cada vez más individualista, esta forma de trabajo debe luchar contra contradicciones internas en los individuos que forman parte.

Con el Programa de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales, una política pública que se desarrolló durante el gobierno anterior, se han creado numerosas obras públicas para la comercialización y el acopio de alimentos de la agricultura familiar y la economía solidaria. Se instalaron sesenta módulos de comercialización directa, locales minoristas que hoy siguen vigentes. Sumado a esto, catorce centros de producción de alimentos en escuelas agrarias fueron también el resultado de esta política pública. Otro hito  al que hace referencia Varela es la integración regional con países como Brasil, Uruguay, Chile, y Bolivia. “El año pasado  firmamos un acta compromiso entre todos para, no solamente pensar políticas regionales, sino también esquemas de comercialización”. Para finalizar, Varela hace hincapié en la constitución del cooperativismo “como un actor económico más fuerte, pero sobre todo como un actor político más homogéneo, que nos permita poder sentarnos en algunas mesas de discusión, donde hoy no estamos”.

 

El león ataca

 A partir del 10 de diciembre de 2023, con Javier Milei al mando del Poder Ejecutivo Nacional, la motosierra ajustó también a la economía popular y solidaria. Los programas que la impulsaban fueron reducidos o eliminados, las transferencias de dinero congeladas a pesar del 185% de inflación acumulada el último año, gran parte de la distribución de alimentos a comedores fue suspendida, entre otras medidas que perjudicaron al sector cooperativista.

Pastore plantea que sin dudas la crisis económica golpea fuertemente a la economía popular, y que las cooperativas están en una situación muy crítica. Ahora bien, en este contexto, “existen condiciones para potenciar estas economías. Lo que uno ve en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, es que estas economías crecen. ¿Por  qué? Porque la gente busca maneras de ganarse la vida, de generar circuitos económicos que le permitan salir adelante, y muchas de esas alternativas que encuentran tienen que ver con estas economías.»

Muchos especialistas coinciden en que se está generando un caldo de cultivo parecido al de los finales de la década de 1990 en Argentina, con la apertura indiscriminada a capitales extranjeros a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la iniciativa de privatizar las principales empresas estatales y el incentivo a pequeños y medianos comerciantes a importar productos que antes pertenecían a las cadenas del mercado interno, sumado a la baja del consumo y del empleo registrado, son fenómenos que hacen recordar lo que fue la última etapa del gobierno de Carlos Menem y el posterior estallido social del 2001.

Frente a esta comparación, Pastore señala que “estamos en una situación parecida, análoga, yo diría, más que igual. Obviamente nunca es igual, pero son momentos donde los problemas se vinculan al empleo, al consumo y a la falta de atención del Estado. Es una etapa donde el Estado achica sus funciones, en un contexto general de inestabilidad económica, sobre todo de situaciones en términos del tipo de cambio del dólar. También está presente la crisis del mundo del empleo asalariado registrado, y con la economía de plataformas, eso se ha expandido mucho más”.

 

 

El Moviento de Trabajadores Excluidos 

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) surge a finales de 2002, en la conjunción entre académicos de la Facultad de Derecho de la UBA y cartoneros que buscando una solución al hambre que padecían. Por eso, conformaron una olla popular en la esquina de Tucumán y Agüero, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, el MTE tiene una primera etapa asociada a la defensa del sector cartonero en la ciudad de Buenos Aires. Nicolas Caropresi, antropólogo y referente del movimiento, cuenta en conversación con ANCCOM que “lo  que se estaba peleando era por un sistema de reciclado con inclusión social, porque lo que estaba tratando el movimiento era buscar alguna manera de legalizar y darle derecho al trabajo cartonero, sobre un replanteo de algunos posicionamientos políticos e ideológicos. La situación de desempleo es crónica, producto de la modernidad tecnológica y concentrada del capitalismo, hay un montón de gente que se está inventando su trabajo, lo que no tienen son derechos”. Vacaciones, ingresos mínimos, monotributos, aportes jubilatorios, obra social son derechos adquiridos por el MTE en conjunto con otras organizaciones sociales durante el primer período de su historia.

A partir del 2015, el MTE se despide del gobierno de Cristina Kirchner con una movilización al Ministerio de Trabajo, exigiendo por la personería social gremial de la CTEP. Esta personería la firma Jorge Triaca con la llegada del gobierno Macri, y es cuando el movimiento da un salto de institucionalidad para la organización del sector. Mediante una movilización en conjunto con la CGT, logran la sanción de la Ley de Emergencia Social en 2016, y emerge como política pública el salario social complementario para las diferentes ramas de la economía popular. Caropresi remarca que esta ley luego se fortalece con la Ley Nacional de Barrios Populares. “En ese momento creció lo que nosotros llamamos la rama sociocomunitaria, que es lamentable que crezca. El MTE no era partidario de hacer comedores populares. Nosotros decíamos que lo que había que organizar era el trabajo. Pero lo que empezó a pasar ahí es que mucha gente se empezó a acercar a nuestras cooperativas a pedir alimento, o a donde había una olla para el funcionamiento de la cooperativa, venía gente que ya no era la cooperativa a pedir alimento. Entonces, producto de la política macroeconómica de Macri, fue un aumento brutal de la gente que empezó a buscar asistencia en los comedores”, asevera el antropólogo.

En términos de infraestructura, de reconocimiento y asistencia, el trabajo cartonero mejoró exponencialmente desde 2015 hasta la actualidad. Hoy la labor va desde la concientización en escuelas sobre el correcto desecho de la basura, pasando por, la recolección  en las calles y el posterior transporte a los centros de reciclado. Nicolás hace una aclaración en ese aspecto: “Antes el cartonero o la cartonera llevaba el material a su casa y el lugar de acopio era el patio, donde reciclaba los fines de semana. Hoy existen los centros verdes, hay gente en la calle juntando el material y hay gente que clasifica ese material en los galpones. Logramos armar una cooperativa de comercialización que abarca casi todo el  país, eso nos ha permitido negociar el precio directamente con la industria, sacando del medio un eslabón que era el de los galponeros que solían estafar al que cartonea”.

Desde hace algunos años, la economía de plataformas irrumpió en el mercado laboral argentino masivamente. Para Caropresi, este tipo de trabajo tiene características muy similares a la economía popular. “Son salidas laborales que surgen más de una necesidad más  individual que colectiva, aunque después se encuentran en la calle y frente a las amenazas se organizan de manera colectiva”, señala el referente de la UTEP. Lo cierto es que aún estos trabajadores no han sido interpelados por ningún tipo de organización, y en el imaginario colectivo de este sector hay derechos resignados de por sí. Caropresi apunta al “cambio de conciencia que han logrado en algunos sectores de la sociedad, que hay que revertir en una Argentina que ha sido famosa por los derechos de su clase trabajadora”.

Naciones Unidas declaró que la economía social y solidaria es fundamental para atender las necesidades de este tiempo, particularmente en lo que hace al trabajo, pero también para un desarrollo más sostenible. El único país que votó en contra fue Argentina.

Argentina contra el mundo 

No es casual que Naciones Unidas, el año pasado haya anunciado que la economía social y solidaria es fundamental para atender las necesidades de este tiempo, particularmente en lo que hace al trabajo, pero también para un desarrollo más sostenible y anclado en los territorios de los que proviene. Esta declaración fue aprobada por todos los países, excepto uno, el país del presidente Javier Milei. Además, este 2025 se declaró el Año Internacional de las Cooperativas, reconociendo que este tipo de estructura empresarial tiende a derramar en el territorio, los ingresos que se generan, y tienden a generar formas productivas y económicas menos perjudiciales para el ambiente. Considerando estos aspectos, en todo el mundo está tomando fuerza esta concepción de que la economía social y solidaria tiene mucho futuro para que los Estados la potencien y promuevan.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros organismos internacionales recomiendan generar un proceso de sostenibilidad económica, donde la capacitación es un pilar fundamental para llevar a cabo este proceso. Rodolfo Pastore cuenta que en la Universidad de Quilmes se han creado carreras y programas para enseñar a formar cooperativas y saber administrarlas. “Yo creo que serían muy importantes ampliar esos programas de acompañamiento  técnico, de capacitación, de incubación cooperativa. Junto con eso, se necesita asociarse con otras entidades, como centros de formación profesional y brindar tecnologías que sean apropiadas para el trabajo”, concluye Rodolfo, con vistas al futuro de la Economía Social de nuestro país.

 

Desregula y aumentarás

Desregula y aumentarás

Los servicios de telefonía e internet aumentaron este mes casi un 16 por ciento, cinco puntos más que la inflación. Con un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno de Javier Milei desreguló las tarifas y los usuarios quedaron a merced de tres grandes empresas.

Mientras que la inflación de marzo fue del 11 por ciento, el incremento de los precios de las comunicaciones fue del 15,9, lo que significa un aumento acumulado del 80,9 en lo que va del año y una variación interanual del 336,7. Según el INDEC, el aumento se debe a las subas en servicios de telefonía e internet.

En este marco, tras derogar el DNU 690/2020 de Alberto Fernández –que declaraba servicios públicos esenciales a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)–, el actual gobierno desreguló las telecomunicaciones a través del decreto 302/2024.

La nueva disposición modifica la Ley Argentina Digital y establece que las empresas licenciatarias de servicios de TIC van a tener la «libertad de fijar sus tarifas» y así «promover la competencia» en el sector.

Diego Rossi, profesor de Políticas y Planificación de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y director de la Cátedra Libre Conectividad en la Universidad Nacional de La Plata, afirma, en diálogo con ANCCOM, que “Macri en diciembre del 2015 hizo una desregulación de las tarifas muy similar a la que Milei está haciendo ahora, con la diferencia de que no existía el DNU 690”.

El DNU 690 –que quedó paralizado por su judicialización repuso la condición de servicio público en competencia para las telecomunicaciones y, además, fijó que el Ejecutivo era quien debía indicar los aumentos de las tarifas. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) era el organismo responsable del control tarifario y de que se garantice la prestación básica universal.

El mercado de las telecomunicaciones es un mercado oligopólico compuesto por tres grandes empresas: Telefónica, Claro y Personal. Por eso el sector festeja la medida que adoptó el gobierno de Milei. A contramano, el diputado de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja, Pablo Carro, alerta que la derogación del DNU 690 representa un “salto al vacío” en la regulación de las telecomunicaciones en Argentina.

“La ausencia de una regulación inteligente que contemple las distintas modalidades de prestación del servicio (empresas corporativas, Pymes, cooperativas y emprendimientos comunitarios) deja a los usuarios a merced de la arbitrariedad de las grandes empresas”, advierte el diputado Carro.

Rossi, por su parte, sostiene que “Milei refrenda el criterio que ya venía trabajando Macri y que, en realidad, venían exigiendo e imponiendo las empresas desde principios del siglo XXI”: “Que nadie se meta con las promociones que estamos haciendo, con nuestra estrategia de mercado, los que van a decidir las inversiones somos nosotros”, dicen a las empresas.

En ese sentido, la intervención del ENACOM congeló todo los planes de fomento de la conectividad que se venían desarrollando. “Con este combo se restablece una situación de dominancia de los principales prestadores”, asegura Rossi.

“Con los DNU de los últimos tres gobiernos –agrega– se perdió la capacidad pública de densificar los debates, estamos en debates demasiado finalistas e ideológicos. Por querer imponerse drásticamente, las tres empresas oligopólicas nos demolieron las capacidades estatales de regulación. Paradójicamente, en Chile, se está por aprobar, después de cuatro años de debate, la designación de Internet como servicio público, pero evidentemente con otro marco de discusión entre las fuerzas políticas y el sector privado. En Argentina salimos perdidosos porque quizá la única manera que encontró Alberto Fernández de disponer una forma regulatoria para las telecomunicaciones, fue la confrontación. En ningún lugar del mundo es sencillo el diálogo con las empresas, pero en otras partes la política logró algún tipo de diálogo. Acá están desmantelando el ENACOM y se restablece el esquema de incapacitar al sector público para la regulación y fomento de las telco”.

Según Carro, “no basta con que haya accesibilidad al servicio, sino que es necesario garantizar que sea asequible para los bolsillos de cada familia. Se desregula argumentando la libertad y se deja al zorro en el gallinero. Es necesario que el Estado regule esa relación dentro de un mercado con precios distorsionados por la voracidad y la arbitrariedad de quienes los imponen”.

En cuanto a las consecuencias de la desregulación, Rossi subraya que “la situación de no planificación y no desarrollo de alternativas para la conectividad, hace que quedemos rehenes de la empresa o cooperativa que nos toque. El esquema desregulatorio favorece a los grandes. Las empresas adoptan un sistema de tratar de cobrar lo más posible, lo cual es ilegal, porque en el mismo barrio pueden convivir personas con el mismo plan y pagando boletas totalmente distintas producto de su capacidad de negociación con el call center del momento o de situaciones azarosas que tienen que ver con promociones”.

“El corazón del negocio de las empresas telefónicas es la perversidad de atomizarnos como usuarios. Esta medida necesariamente no va a encarecer los servicios, pero sí nos va a volver más rehenes de las empresas”, concluye.

 

«Un debate saldado»

«Un debate saldado»

La Libertad Avanza presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Un guiño al Papa antes de la visita? ¿Una cortina de humo para tapar el enorme ajuste que propone el gobierno?

el 7 de febrero se hizo oficial el ingreso a la Cámara de Diputados de un proyecto de legisladores de La Libertad Avanza para derogar la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La nueva propuesta prevé, además, la modificación de los Artículos 85, 86 y 88 y la derogación del Artículo 85 BIS del Código Penal de la Nación.

Impulsado por la diputada Rocío Bonacci (Santa Fe), el proyecto cuenta con las firmas del titular de la bancada, Oscar Zago, la mediática cosplay Lilia Lemoine y Manuel Quintar, Beltrán Benedit y María Fernanda Araujo.Pero, en lo que parece un sello de LLA, Lemoine negó ante Somos Corta haber aportado su firma.

Entre las modificaciones que concibe el proyecto sobre el Código Penal, se contempla: dejar de hablar de “persona gestante” para llamarla “mujer”, dejar sin efecto la prisión e inhabilitación del funcionario público o personal de salud que obstaculice la práctica y establecer prisión e inhabilitación a miembros del cuerpo médico y farmacéutico “que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”, además de aplicar prisión sobre la mujer que “causare o consintiere” su propio aborto.

El gobierno ya mostró gran falta de experiencia política con sus intentos para aprobar la Ley Ómnibus sin generar previamente los consensos y alianzas necesarias. En este caso, ¿el gobierno vuelve a mostrar que está verde?

¿Un guiño al Papa?

Ante la novedad de la presentación, María Alicia Gutiérrez, socióloga, feminista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, sostiene: “No es ninguna novedad que va a ir contra la ley. Lo dijo en la campaña, en los discursos, en Davos. Con respecto a si el momento es el más propicio, no parece” y sugiere que, a apenas dos meses de estar gobernando, el gobierno puede querer llevar esta medida por dos razones: “Esto puede ser real de manera que sea una especie de guiño que Milei le haga al Papa o puede ser, ante el fracaso de la Ley Ómnibus, que haya un intento de distraer con otro tema que no tiene nada que ver con lo que estaba discutiendo”.

Según el Informe Anual 2022 y con actualización a abril del 2023, el número de IVEs/ILEs ascendió a más de 96.600 distribuidos principalmente entre Provincia de Buenos Aires (40.880), Ciudad de Buenos Aires (9-961), Santa Fe (6.645), Salta (4.721), Tucumán (4.701), Mendoza (3.893), Córdoba (3.015), Jujuy (2.580) y Entre Ríos (2.444). El aumento de intervenciones superó el 70% respecto de 2021.

Para Mariángeles Guerrero, miembro de la Campaña por el Aborto Legal, la intención del espacio de LLA de derogar la ley “habla de la falta de timing para establecer los debates: “Fue una ley ampliamente debatida y consensuada, que requirió mucha movilización social y puesta en común de los argumentos. La sociedad ya dio este debate”, afirma y complementa: “El gobierno espera que estemos presas por un aborto o que nos muramos desangradas. ¿Realmente volver a penalizar el aborto es unaurgencia en un país que tiene hambre? ¿Es una prioridad volver a encarcelar y perseguir mujeres y que volvamos a usar perejil y agujas de tejer? Es el proyecto político de que volvamos al siglo XIX, con penas más duras. Hoy el eje político es el de las dificultades que tiene el Gobierno nacional para establecer un diálogo con los distintos actores, porque el Congreso es un espacio ‘para hacer un trámite’ y cuando el trámite no sale bien entonces se insulta a diputados y diputadas. Han demostrado una vocación muy grande por no respetar los acuerdos democráticos”.

Por su parte, Marta Dillon del colectivo NiUnaMenos, considera que se trata de “un gobierno con muy poca gimnasia institucional, donde esto solamente se puede leer como una provocación. Pretenden detener enemigos para echarle a su base electoral, ahondar en la fractura social y presentar antagonismos que puedan mantener la adhesión de su electorado”. La periodista y escritora está segura de que “no va a haber una derogación. Es una discusión saldada” y no ve “por qué tenemos que adelantarnos a algo que no ha sucedido”.

Al igual que Gutierrez, Dillon visualiza un panorama que busca ganarse las simpatías del Papa: “También está el convenio con las iglesias evangélicas para darle ayuda alimentaria a sus comedores, cuando no se los entregan a las organizaciones o el viaje a Roma, con la visita al Papa Francisco, que me parece que tampoco tiene tan poca habilidad política como para no leer en esto una provocación”.

Cuando aún no lleva dos meses completos en el mandato este gobierno parece muy “verde”, paradójicamente, a la hora de generar consensos antes de intentar presentar o derogar una ley que en

este caso, además, supo ser marea y ganarse las calles. Si soplan fuerte, se levantarán olas.

El FMI también es responsable del cambio climático

El FMI también es responsable del cambio climático

Un informe realizado por el CONICET junto con la ONG ACIJ establece un vínculo directo entre las deudas públicas y los daños ambientales.

Nafta al fuego. Deuda y cambio climático en Argentina, es un informe realizado por investigadores del CONICET en coordinación con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que denuncia una relación directa entre la deuda pública y el cambio climático.

El 23 de febrero de 2023, el Valle de Punilla se llenó de jóvenes de todo el país que durante dos días se congregaron a escuchar un amplio repertorio de bandas entre medio de las sierras y el paisaje cordobés. Hoy, ocho meses más tarde, mientras una nueva tanda de jóvenes se prepara para viajar a otra edición del Cosquín rock, el valle volvió a prenderse fuego.

Ya suman casi 7.645 las hectáreas quemadas únicamente en esta provincia en lo que va del año, y aun no asomaron los días más calientes. Resuena otra vez la duda de que irá a pasar este nuevo verano con las que, dicen, serán las temperaturas más altas jamás vividas.

Francisco Cantamutto, licenciado en Economía y Juan Pablo Bohoslavsky, doctor en Derecho, realizaron un informe que propone una relación entre el cambio climático y la deuda externa, o la falta de política ambiental en pos de otras cosas “más urgentes”. La línea es directa: “El 93% de los países con crisis climática están en crisis de deuda o con altas posibilidades de entrar en ella”, declara Cantamutto en la presentación del informe junto a ACIJ. “El cambio climático genera necesidades de inversión muy concretas que en términos de adaptación y mitigación no siempre los Estados tienen la posibilidad de fondear”, dice.

como es el caso del Medio Ambiente que, en el presupuesto nacional, tiene asignado un escaso 0,4% del PBI frente al 3% que se lleva únicamente el pago al FMI. Sobre esto,  Cantamutto comenta: “El FMI cumple un rol catalítico en términos de la gestión de la deuda, porque opera expresando con total apertura las exigencias del resto de los acreedores, y a través de sus recomendaciones y su auditoría funciona como señalizador para el resto de los inversores tanto oficiales como privados”. Pero esta no es la única consecuencia del acuerdo: “El principal camino que ha adoptado el Fondo Monetario Internacional ha tenido que ver con el rol de facilitador y forzar a los Estados a que se sumen a este rumbo de inversión privada”, remarca.

Esta no es una problemática exclusiva de Argentina. En el informe se demuestra que son los países pertenecientes a la mal llamada “periferia global” los que tienen más problemas, no solo para financiar políticas ecologistas, sino que también son los que comprometen un mayor porcentaje de su PBI al pago de deuda. Esta es una problemática que se evaluó en 1994 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde las principales potencias firmaron un acuerdo en el que se comprometían a colaborar económicamente con el cuidado ambiental de países del tercer mundo.

En la COP15 de Copenhague, en 2009, se acordó una meta colectiva de financiamiento climático de unos 100.000 millones de dólares por año desde 2020. En la actualidad se calcula que se han entregado menos de un cuarto de los fondos comprometidos, y que casi tres cuartos del financiamiento han llegado en forma de crédito, aportando al incremento de los niveles de deuda con los que ya cuentan la mayoría de los países tercermundistas.

La deuda no es cosa de pobres únicamente, pero sí representa un porcentaje del PBI que resulta vital a países con mayores dificultades económicas, donde sería mejor invertido en mejorar la calidad de vida de su población, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y una correcta industrialización que genere trabajo sin rifar el futuro de su población.

“No es solamente al momento del pago que la deuda genera un impacto en términos de las posibilidades de los estados de actuar frente al cambio climático, sino que además lo hace al exigir o proponer, por parte de los acreedores, reformas estructurales. Y modular de esta manera, a través de las políticas económicas, la forma que adopta el crecimiento”, plantea Francisco. Esto no es algo azaroso, ya que “en la en la mayor parte de los casos se trata de los países de la periferia o del sur global que, como los quieran enmarcar, tienden a especializarse en modelos productivos que exportan bienes que suelen tener tendencias hacia el extractivismo y no están asociados a un proceso de cambio estructural basado en una transición socio energética justa”, finaliza Cantamutto.

Los autores finalizan el informe con una serie de recomendaciones a tener en cuenta para mitigar en alguna escala lo irreversible del desastre climático; entre sus propuestas se encuentra exigir a los países de altos ingresos que cumplan con el compromiso económico de ayudar a otros de menores ingresos y que esta ayuda sea efectiva y no por medio de una nueva deuda; incorporar al análisis de sostenibilidad de la deuda, particularmente la del FMI, la dimensión de daño y riesgo ambiental; y avanzar hacia una reforma tributaria progresiva que mejore la capacidad recaudatoria, de cara a reducir la dependencia frente a la deuda.

Pueden leer todas las propuestas en el informe “Nafta al fuego. Deuda y cambio climático en Argentina” que encontrarán en la página de ACIJ.

Cupo laboral trans: una ley que no se cumple

Cupo laboral trans: una ley que no se cumple

El registro de aspirantes ya superó los 6000 inscriptos mientras los monitoreos sobre el Sector Público Nacional no superan los 500 empleos efectivos. La “Fundación Trans Argentinxs” reclama un Observatorio por el lento cumplimiento de la norma.

El 7 de julio de 2021 se promulgó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán–Lohana Berkins». A más de 18 meses de la sanción, la norma presenta ambigüedades en su aplicación , tornando efímera la ampliación de derechos en el sector más vulnerable de  la comunidad LGTB+.

En septiembre de 2020 el Decreto 721/2020 estableció que el Estado debía incorporar en sus espacios de trabajo al menos un 1% de personal con personas travestis, transexuales y transgénero. En julio de 2021, con la sanción de la Ley 27.636, se reglamentaron las condiciones de contratación y reserva de puestos para garantizar ese cupo laboral. También, la ley instauró el Registro Único de Aspirantes, en donde aquellas personas que deseaban conseguir empleo podían cargar sus datos.

Lautaro Lucas Cruz, presidente de la Fundación Trans Argentinxs hace énfasis en que “muchos adultos trans fueron expuestos a la situación de prostitución sin poder decidir. Con esta ley buscamos reparar y contener a las juventudes trans y no binarias para que puedan tener acceso a un trabajo formal”, explica en diálogo con ANCCOM.

Se trata de una población en extremo vulnerable y que por su bajo número de inscriptos esa situación puede ser resuelta con celeridad, pero en la práctica la realidad no ha cambiado mucho según los datos estadísticos.

Al cumplirse un año de la sanción de la Ley, el Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional y la Asamblea TTNB por la Salud Integral presentó un estudio y estableció que en julio de 2022 ese porcentaje era suficiente para la contratación de 5.551 personas que expresaron su necesidad de trabajo. Sin embargo, solo 313 personas habían sido incorporadas.

Según los resultados del monitoreo realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dispuesto el 30 de septiembre del mismo año, 480 personas trans son las empleadas en el Sector Público Nacional, sólo 167 personas más desde el monitoreo de julio. Según el mencionado estudio realizado por ATE Nacional y la Asamblea TTNB de Salud Integral
se cubrieron el 8,65% de las vacantes laborales disponibles.

Dentro de este numero total, la cantidad de personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero que fueron contratadas antes del Decreto 721/20 es de 64 personas, mientras que 112 se sumaron entre el Decreto y la sanción de la Ley N° 27.636. Siguiendo esos datos –tras un pedido de acceso a la información realizado por ANCCOM– se observa que antes de la norma ya había un total de 176 personas con empleo. En términos porcentuales el empleo creció un 36,7% del total, tomando como referencia las 480 personas registradas hasta el 30 de septiembre de 2022, pero en números concretos menos del 10% de las personas que pidieron un trabajo digno pudieron salir de la marginalidad laboral y/o social.

Desde el Mocha Celis procuran instancias de inclusión que reconozcan las horas de estudio. Foto: ARCHIVO

En la Fundación Trans Argentinxs donde también acompañan y asesoran a niñxs, adolescentes y juventudes trans de todo el país que tienen entre 3 y 24 años, aseguran que “se dificulta que entren las personas a trabajar porque no hay decisión política. Además, es preciso que el cupo laboral sea implementado de manera federal”.

En la provincia de Buenos Aires y CABA se contrataron 356 personas, mientras que en el resto de las provincias sólo se contrataron 83 nuevos empleados y empleadas, quedando un restante de 41 personas que no fueron contabilizadas según su jurisdicción. “Para que en el interior se pueda cumplir la ley haría falta una adhesión de las provincias”, advierte Lautaro Cruz.

Mientras tanto la demanda de trabajo sigue creciendo. El Registro Único de Aspirantes contabiliza al cierre de esta edición 6.807 personas Travestis, Transexuales y Transgénero inscriptas. En otras palabras, la respuesta del Estado sigue siendo lenta en relación con el ejercicio pleno del derecho. Así, tomando los datos dispuestos por ATE Nacional y la Asamblea TTNB, los 5.551 puestos de trabajo ya podrían estar cubiertos con mayor compromiso de las autoridades del sector público y atender la demanda de nuevas solicitudes.

Este registro tiene la finalidad de que aquellas personas que estén interesadas en cubrir vacantes en el marco de la ley puedan brindar sus datos para establecer una orientación de adecuación profesional. Este solicita el nombre autopercibido, los antecedentes educativos y laborales y las aptitudes y preferencias laborales de las personas aspirantes. Es allí donde surge la trampa burocrática. El perfil de los puestos no coincide con la formación de los aspirantes y no existen mecanismos ni resortes reglamentarios formales para que se capaciten mientras acceden a los puestos de trabajo.

La Asociación Civil Mocha Celis y su Bachillerato Popular trabaja para revertir esta situación desde hace más de una década, en especial porque la discriminación tiende a expulsar a las personas trans de los ámbitos educativos cuando atraviesan la enseñanza secundaria. Desde la Mocha saben que la inserción laboral no es sencilla y procuran instancias de inclusión que impliquen el reconocimiento de horas de estudio como estrategia.

Cruz insiste en la importancia de la ley para este colectivo. “Cuando lees que tu expectativa de vida es de 35 o 40 años –explica– te da un poco de miedo… Saber que vas a tener un futuro, que vas a tener la posibilidad de elegir donde trabajar y/o estudiar, te da un poco de tranquilidad. Es el saber que vas a estar bien. Eso es lo importante”.

La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero «Diana Sacayán – Lohana Berkins» establece un incentivo tributario para aquellos empleadores privados que contraten a trabajadores y trabajadoras de la comunidad trans travesti con el fin de fomentar el acceso al empleo. Además, los organismos que están comprendidos dentro de la normativa deben llevar a cabo acciones que faciliten una sensibilización y comprensión sobre la perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales.

La norma surge frente a la ausencia de una ley integral –como en el caso uruguayo– de igualdad de género. En Argentina las minorías sexuales fueron conquistando derechos por partes.. En 2012, la Ley de Identidad de Género estableció un marco legal en el cual se asienta que no se necesitan diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de cambio de sexo para acreditar la identidad. Dentro de los grupos que lucharon por esta ley se encontraba el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más de 15 organizaciones. En ella se encontraba Lohana Berkins, una activista travesti que buscó en esa norma dar un acceso pleno a la atención sanitaria para que aquellos que soliciten intervenciones médicas o tratamientos puedan obtenerlos.

 

Por otro lado, la Ley Diana Sacayán aprobada en 2015 en la Provincia de Buenos Aires fue un gran antecedente. Esta última institucionalizó el cupo laboral travesti trans, utilizando como nombre a la primera travesti en recibir su DNI con la inscripción del género femenino en 2012 y el de Lohana, ambas activistas en el proyecto de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.

Sobre la aplicación real de la ley se destaca que el Ministerio de Economía es aquel que más personal travesti y trans tiene, contando con un total de 92. Por su parte, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cuenta 19 personas y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 39. El Ministerio de Educación es aquel con menor cantidad de contratados, solo con 1 persona contemplada bajo las condiciones de esta norma.

“Es necesario un Observatorio de la ley de cupo laboral trans y travesti. En todas las políticas públicas que tienen que ver con este colectivo es necesario”, concluye Lautaro Cruz.