Con el agua al cuello

Con el agua al cuello

La zona sur del conurbano bonaerense fue noticia hace un mes por las inundaciones y los posteriores cortes de luz. Los comerciantes, que ya venían golpeados por la crisis económica, hoy no saben siquiera cómo van a afrontar el pago de los servicios.

Bocas de tormenta tapadas por basura, casas y negocios inundados y hasta el cuerpo de un hombre fallecido flotando en Valentín Alsina fueron parte del paisaje que se vio en el conurbano bonaerense hace unas semanas.

En marzo, el AMBA padeció dos fuertes temporales que rompieron el récord de precipitaciones de los últimos 17 años con 315 milímetros de agua. Tal como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional antes de sendas tormentas, los partidos de Lanús y Avellaneda fueron los más perjudicados. Allí, los cortes de suministro eléctrico debido a las inundaciones y a las fuertes ráfagas de viento también alteraron la rutina de los vecinos.

Según Edesur, las cámaras subterráneas estuvieron inundadas por días y no contaban con los recursos necesarios para sacar el agua a tiempo. Como consecuencia, los barrios siguieron sin servicio aún días después de las tormentas. En promedio, los cortes en distintos barrios de Lanús duraron una semana, mientras que en Avellaneda fueron menos días. Casas particulares y comercios sufrieron no sólo por la falta de suministro sino también por la inestabilidad de la tensión eléctrica, que provocó en muchos casos roturas de electrodomésticos.

Según vecinos consultados por ANCCOM, las autoridades municipales brillaron por su ausencia. Las cuentas oficiales de Instagram y Facebook del municipio de Lanús se llenaron de comentarios que reclamaban su presencia en distintos barrios donde el agua había entrado a las casas o habían caído árboles. También había quienes pedían por la asistencia de Defensa Civil, mientras que otros reclamaban por la falta de limpieza en las alcantarillas, que causó inundaciones nunca antes vistas en ciertas intersecciones.

Tras la tormenta del 12 de marzo, la intendencia de Julián Alvarez difundió los Centros de Evacuación disponibles y videos del personal municipal limpiando los pasos bajo nivel. Las redes sociales del municipio de Avellaneda, cuyos comentarios están limitados, no publicaron nada al respecto.

Los comerciantes de la zona aducen que los anunciados aumentos de los servicios, de más del 100 por ciento en el caso de la luz, serán imposibles de afrontar, sobre todo después de estar tantos días trabajando a pérdida después de las inundaciones y los cortes.

Raúl, que tiene su peluquería hace 23 años en el barrio de Gerli, que se reparte entre Lanús y Avellaneda, confirma que ninguna autoridad municipal ni de Defensa Civil se acercó a proporcionar ayuda o a escuchar los reclamos. Su peluquería estuvo seis días sin poder trabajar de forma completa, sólo realizaban cortes de cabello bajo luces de emergencia a los clientes que podían acercarse, ya que la mayoría que tenían turno seguían estando con las calles inundadas.

“De diez turnos que tenía para ese día, se me bajaron todos. Nunca me había pasado en todos estos años”, se lamenta Raúl, quien si bien pudo reacomodar su agenda para estos días, calcula que su pérdida entre las dos tormentas de marzo fue del 60 por ciento.

A unas cuadras, del lado de Lanús, la dueña de una carnicería cuenta que estuvo sin luz durante una semana, lo que impidió que pudiera abrir su negocio. Y en voz alta se pregunta cómo va a pagar la tarifa de luz, que le subió 30 mil pesos de un mes al otro. Además, denuncia que debido a la baja tensión se le quemó una heladera del negocio y que al llamar a Edesur no hay respuesta humana, sólo la contestadora automática.

La preocupación en los comercios también está en los precios, que deben ser “retocados” todos los días. “Antes, con un corte de pelo me compraba dos kilos de carne, ahora no llego ni a uno”, afirma Raúl. La situación económica de sus clientes, que también son sus vecinos, no le permite aumentar el precio como las peluquerías de otras zonas.

“La gente consume menos, siguen viniendo porque necesitan verse bien, pero no se hacen todo el mismo día. Quizás un mes se cortan, al otro se tiñen, es todo espaciado”, explica. Lo mismo sucede en los comercios de comestibles, donde los clientes ya no compran en grandes cantidades. De un kilo de carne o fruta, se pasó a comprar por unidades.

Mónica está al frente de una zapatería familiar hace 30 años. El negocio abrió sus puertas hace 50 años en Lacarra y Caxaraville, cerca de la estación de Gerli. Por encontrarse en una avenida comercial, sólo estuvo dos días sin luz y las inundaciones no llegaron a su puerta, aunque sí a las esquinas. El aumento de tarifas tampoco llegó de manera exorbitante por el momento. Pero las ventas de comienzo de clases, en comparación a años anteriores, bajó al menos un 50 por ciento.

“No vendí ni un par de zapatos colegiales de varón, sí para nenas. Eso me llamó la atención. Igual las cosas vienen de peor calidad”, remarca. El descuento para el pago en efectivo es su jugada para convencer a los clientes indecisos, sobre todo a las familias numerosas. “El año pasado no me daban las manos para cambiar los precios, tenía la vidriera desactualizada. Ahora se calmó un poco”. Ella misma debió achicar su propia economía doméstica: “Ahora no compro por comprar. Tengo tres hijas. Antes, les compraba útiles nuevos todos los años, ahora no puedo”. Todos los comerciantes consultados de la zona coinciden en que lo que ganan no les alcanza para mantener el nivel de vida que tenían.

Denuncia penal por intimidación policial a trabajadores estatales

Denuncia penal por intimidación policial a trabajadores estatales

ATE Capital realizó la presentación judicial por la presencia policial en asambleas y acciones dentro de dependencias oficiales durante los días de los despidos masivos.

La Asociación de Trabajadores del Estado Capital (ATE Capital) realizó esta mañana una conferencia de prensa para dar a conocer la presentación de una denuncia penal por la presencia de personal policial armado en las asambleas de trabajadores durante las jornadas de despidos de la semana pasada. “Es muy difícil llevar adelante la tarea de la organización sindical si los trabajadores y trabajadoras además de perder su puesto de trabajo tienen temor a poder manifestarse porque lo que hay por delante es un aparato represivo brutal que utiliza el gobierno para tratar de apaciguar el reclamo”, comentó durante la conferencia Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital.

Desde el equipo jurídico de la organización gremial comentaron que el objeto de la denuncia es “ir contra las autoridades por incursionar en el delito del Artículo 248 del Código Penal que es el de abuso de la autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, destacaron que “la policía entró a los organismos, realizó tareas de inteligencia, sacó fotos, filmó, grabó a los compañeros y compañeras que se estaban manifestando” y que eso está “absolutamente vedado por ley”.

La jornada contó con la presencia de representantes de distintos organismos sindicales y organismos de derechos humanos. Entre otros, estuvo Carmen Arias -en representación de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo-, quien fue recibida con los aplausos luego de sus palabras: “Quieren sembrar el miedo para que no nos podamos defender, lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca, salir a la calle las veces que haga falta y demostrar que el pueblo es el que tiene el poder. Siempre hay que recordar la frase de Hebe de Bonafini: ‘La única lucha que se pierde es la que se abandona’”. Al finaliza,r sus palabras recibió un cálido abrazo de Catalano quien se encontraba sentado junto ella en el escenario.

“La policía entró a los organismos, realizó tareas de inteligencia, sacó fotos, filmó, grabó a los compañeros y compañeras que se estaban manifestando”, denunció Catalano.

En representación de la agrupación H.I.J.O. S Capital estuvo Charly Pisoni, quien comparó los hechos denunciados por ATE Capital con los mismos que ocurrieron durante la última dictadura cívico militar: “Nosotros creemos que este gobierno y este plan económico es el mismo por el cual desaparecieron a nuestros viejos”. Pisoni también recordó el desfinanciamiento del Centro Universitario Regional – Ex Esma: “Este desfinanciamiento lo decidieron por un motivo, dijo el secretario de Políticas Universitarias: se realizó porque somos un centro de adoctrinamiento ideológico”. Pisoni concluyó con un mensaje final que emocionó a todos los presentes: “Nosotros queremos decirle al Gobierno nacional que si somos un lugar que lucha para que no haya más dictadura en Argentina y Latinoamérica, entonces, sí somos un centro de adoctrinamiento ideológico”.

Uno de los temas que se mencionaron durante la conferencia fue la realización de un paro general por parte de la Central General de Trabajo (CGT), respecto a esto Catalano mencionó en dialogo con ANCCOM que “la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma ya mandaron a sus secretarios generales para que articulen el paro con la CGT, lo que está faltando ahora es que la CGT pueda convocar al paro”. Además, destacó la presencia de Paco Manrique, Diputado Nacional y titular de SMATA, y de Sergio Palazzo Diputado Nacional y líder de la Bancaria, porque “es parte de esa articulación que tenemos que profundizar”.

Además de la presentación de la denuncia penal, Catalano mencionó las otras acciones que realizan por parte del sindicando: “Mañana miércoles va a haber asambleas con cortes intermitentes de las calles donde están los organismos del Estado, el jueves se va a hacer una actividad en Plaza de Mayo interviniendo con los nombres de los despedidos sobre las rejas de la Casa de Gobierno. Día a día vamos generando distintos hechos sindicales que posibilitan que se abra la mesa de negociación”.

 La secretaria general de UTE, Monona Gutiérrez, también estuvo presente en apoyo a ATE Capital y opinó, en dialogo con ANCCOM, respecto a la convocatoria de un paro general por parte de la CGT: “Seguimos trabajando de manera orgánica, junto a las organizaciones sociales, junto al movimiento obrero para volver a confluir en un gran paro general donde estaremos marchando, poniéndole voz, poniéndole alegría, y poniéndole fuerza para que esto, entre todos y todas, pueda ser mejor”.

Entre los presentes, también estuvieron la legisladora Victoria Montenegro; Claudio Marín secretario general de Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA); Eduardo López secretario General Adjunto de CTA-CABA por UTE-CTERA; Mariano Denegris de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); María Elena Naddeo vicepresidenta de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Diego Morales director litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Agustín Lecchi secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).

La semana pasada, el vocero presidencial Manuel Adorni dio a conocer que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto con reformas para dos artículos de la Ley de Educación Nacional con el objetivo de “penar el adoctrinamiento en las escuelas”. Con relación a este tema, Gutierrez recordó que “obviamente fue en el marco del 24 de marzo”. Gutiérrez recalcó que este “es el modus operandi que tiene este Gobierno nacional, de todo el tiempo provocar y adoctrinar” y finalizó comentando que “si uno habla de adoctrinamiento que miren el video de Milei cuando le habla a esos pibes y a esas pibas, pienso que más adoctrinamiento que ese no puede haber”.

La conferencia finalizó con el agradecimiento de Catalano por acompañar las medidas del sindicato, mientras que los espectadores compañeros aplaudían al coro de “unidad de los trabajadores”.

Despidos que recortan derechos

Despidos que recortan derechos

El Ministerio de Justicia dejó en la calle a más de un centenar de trabajadores de los CAJ, espacios de apoyo a las comunidades de barrios populares en cuestiones judiciales, psicológicas y vinculadas al trabajo social. El recorte perjudica a miles de vecinos.

La ola de recortes de trabajadores del Estado llegó también a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Decenas de sus empleados iniciaron el fin de semana largo de Pascua con la noticia de que habían sido despedidos. Algunos no recibieron el telegrama de cesantía y recién cuando quisieron ingresar a sus lugares de trabajo se enteraron de la desvinculación. Sin una cifra oficial por parte de las autoridades, se estima que alrededor de 130 personas fueron  cesanteadas. 

Olga, de 52 años, es de San Juan. Su hija padece de anorexia nerviosa desde el año 2018; en el 2022, con un cuadro severo, llegó a pesar 35 kilos. Como no existían clínicas especializadas en su provincia, fue derivada al Hospital Durand en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, allí se negaron a tratarla pese a tener obra social, que tampoco quiso cubrir su tratamiento aludiendo que no tenía residencia porteña. Estaban casi a la buena de Dios, en un lugar desconocido, en el medio de un brote de covid-19 y en una situación crítica de salud. “Casi”, porque ahí estuvo el CAJ para evitar males ulteriores.

El CAJ de Villa 31 facilitó los trámites para que una pareja de migrantes egipcios pudiesen obtener documentación tan importante para ejercer otros derechos como son los del empleo formal y la educación gratuita, una historia que marcó a Agustín Lagos, trabajador social despedido de ese Centro. “Tienen un desarrollo importante en función de dar respuesta a muchas situaciones, sobre todo la cuestión migrante”, manifestó el excoordinador del mismo CAJ, Javier Martinez. 

Desde la asesoría para tramitar la beca Progresar, hasta la atención de madres solas que padecen el incumplimiento de la cuota alimentaria, y pasando por una mediación de un conflicto entre vecinos, los CAJ son dependencias del Ministerio de Justicia de la Nación que ofrecen servicios legales básicos y sin costo. Psicólogos, trabajadores sociales, abogados y administrativos desarrollan su labor de manera conjunta en las más de 109 oficinas que están distribuidas en todo el territorio nacional. Así, constituyen un vínculo directo entre el sistema legal y la vida cotidiana, entre los derechos existentes y el pleno ejercicio de aquel que es dueño de un derecho.

“Lo mío era un caso de vida o muerte. Ellos actuaron. Todo el tiempo fue resolverlo lo antes posible y gracias a Dios mi hija todavía está conmigo. Estudia  para tripulante de cabina y está haciendo natación. Sigue con tratamiento ambulatorio. Es un antes y un después”, concluye Olga.  

Del total de empleados afectados, 21 corresponden a las oficinas de CABA: 10 administrativos, 5 abogados, 4 trabajadores sociales y 2 psicólogos. Como consecuencia,  el funcionamiento interdisciplinar se daña y las asistencias integrales a los consultantes, se dificultan. 

 Daysi es de la República Dominicana, adulta mayor con fotofobia que permaneció en la Argentina por un tiempo. Vendía ensaladas de frutas en la calle, en el barrio de Constitución. Si bien consiguió radicarse por cuestiones humanitarias, no pudo integrarse a nivel local en materia de inserción laboral, vivienda y seguridad alimentaria. La opción que vio más conveniente fue regresar a su país natal y reencontrarse con su hija. Sin la participación del CAJ de Once, no hubiese sido posible su repatriación. 

Con 13 años de servicio en el Estado nacional y hace dos años en el CAJ, pudiendo haber permanecido en un escalafón superior, una de las trabajadoras sociales despedidas, quien decidió preservar su identidad, detalla que eligió ir a desempeñar su labor a un Centro por “convicción ética y política”. Acerca del ajuste en el Estado, sostiene que “no es conmigo, es con el trabajo social en el territorio. Hago una lectura más amplia. El gobierno, simbólicamente, es un genocida social”.

“Es como que te sacan la identidad, porque primero soy trabajadora social. No solamente arruinan la parte material de un trabajador, sino la parte simbólica, psicológica, de salud mental. Lo que me angustia es que socialmente se legitime, el festejo. La tarea como sociedad empieza ahora: concientizar de que el Estado somos todos”, comentó la trabajadora social

Sobre la delicada condición de salud, Olga explicó: “Mi hija iba con un bajo peso extremo, necesitaba una internación inmediata. Empecé a buscar ayuda en la justicia y ahí es donde encuentro a esta niña [se refiere a una profesional del CAJ]  que yo le digo que es como un ángel. No tenía a nadie allá que me pueda ayudar, o sea, estaba sola;  porque no tenía dinero para contratar un abogado. Ella me guió en todo.”

En un lapso de 48 horas, a través de la mediación del Centro de Acceso a la Justicia se logró que la obra social cubriera el tratamiento. Inmediatamente, la hija de Olga entró en terapia  intensiva durante 14 días. El milagro tiene nombre: Estado presente.  

“Cuando la gente me dice gracias, yo le digo ‘gracias no, es un derecho’. Yo soy solamente una intermediaria entre la consulta, la demanda y el Estado”, argumentó la trabajadora social despedida.

La asistencia no se agotó en conseguir que una obra social cumpla sus compromisos, sino también en el trajín de haber estado cinco meses a 1500 kilómetros de distancia del hogar. El trabajo interinstitucional de los CAJ permitió que Olga pudiese seguir costeando su estadía en el hotel y hasta el remis para trasladarse junto a su hija. “Eso fue ella para nosotros, porque hay mucha gente que es profesional en distintos ámbitos, pero profesional y humano son pocos”, dice Olga.

El CAJ Eva Perón es el modelo a seguir para otros Centros. A dos cuadras de la estación Once, punto neurálgico del AMBA, es uno de los que más consultas recibe a diario. Posibilitando el trabajo interinstitucional, en un mismo edificio se encuentran otros organismos del Estado como ANSES, la Defensoría del Pueblo y RENAPER. A pesar de ello, el contrato de alquiler de la locación se vence el 15 de abril próximo y todavía no hay información acerca de su reubicación. Se trata de una problemática que afecta a varios CAJ del país. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 16 Centros de Acceso a la Justicia, y más de la mitad se encuentran en barrios vulnerables. Antes de ingresar en uno de los CAJ del barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31), Agustín Lagos trabajó en la Agencia Nacional de Discapacidad: “Como quería volver a tener el contacto con la gente y con el territorio, hace ya dos años y medio que estaba trabajando en el CAJ de la Villa 31”, mencionó el trabajador social despedido la semana pasada.

“A mí nadie me comunicó que yo estaba desvinculado. Lo único que hicieron fue prohibirme el acceso a mi herramienta de trabajo que es el SICAJ, que es un programa propio del Ministerio de Justicia. Esa fue toda la comunicación que yo tuve y por la cual interpreto que me despidieron -especificó-. Por una lista que circulaba por WhatsApp, te enterabas si eras despedido o no. Todo bastante poco empático”.

“Antes hacía un laburo parecido pero de escritorio. Yo necesitaba conocer las historias de primera mano, que son historias muchas veces muy duras y que, obviamente, a nosotros nos cargan un montón -sostuvo Agustín-. Es tener la gratificación de poder estar cambiándole la vida a las personas con aveces un simple trámite. Eso es lo más lindo del trabajo, esa red que uno va construyendo donde los vecinos después te reconocen y toman como referencia”.

“Estas modalidades precarias en las contrataciones son un cáncer que inoculó el menemismo. Hay que decirlo: ni los gobiernos kirchneristas, ni el gobierno de Macri han logrado resolver esto, y el último gobierno tampoco. Hemos dejado un tendal de trabajadores y trabajadoras desprotegidos”, sentenció Carpineti.

La ex titular de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ) del Ministerio de Justicia, la abogada Gabriela Carpineti, explicó la manera en que  se concretaron las desvinculaciones: “Primero les bloquearon los usuarios a los trabajadores cuando llegaban a las oficinas. No aparecían las autoridades en la sede central y no había comunicación de ningún tipo de por qué se está despidiendo, cuál era el criterio”.

Muchos despedidos no recibieron todavía sus telegramas correspondientes. El ajuste en el  Ministerio de Justicia ya habían comenzado desde finales de diciembre en el área de la Línea 137. Luego en la primera quincena de marzo  se vieron afectados otros 28 empleados de la Secretaría de Derechos Humanos (la mayoría de Prensa). Poco más de la mitad fueron reincorporados. El recorte en los CAJ resultaba inminente.

En 2008, en el marco de la reestructuración del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue creada la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ). En 2010 se inauguró el primer CAJ ubicado en la Villa 1-11-14 de la mano de la DNPFAJ. Así, por primera vez el Estado se propuso achicar las brechas sociales, económicas y culturales, un proceso para revertir la exclusión institucional y garantizar el conocimiento y ejercicio de los derechos.

Al respecto, Agustín Lagos amplió: “Es muy importante el acceso territorial, esa facilidad de encontrarte con la institución a la vuelta a tu casa. Sobre todo en lugares donde sabemos que, por ejemplo, muchas veces los colectivos no llegan, o que no hay acceso a internet ni buenas líneas de comunicación. Por eso, la importancia de tener el Estado cerca, principalmente en los barrios populares”. En consonancia, Gabriela Carpineti sintetizó: “Eso es el Estado, es el espacio común para resolver problemas que solos no podemos resolverlos”.  

En algunos casos, Carpineti indicó que “eran ellos mismos los que tenían que llamar a los entes para ver si seguían activos y si se les iba a depositar el sueldo”. Asimismo aclaró que “es importante remarcar que no hay despidos en el Poder Judicial ni en el Legislativo: están atacando el Poder Ejecutivo”.

Desde el inicio de la gestión de Mariano Cúneo Libarona, actual Ministro de Justicia, la actividad de los Centros se vió afectada. Al día de la fecha todavía no se nombró a ninguna autoridad para que desempeñe el cargo de Director en la DNPFAJ. El ajuste del personal del Estado comenzó desde que el Gobierno nacional publicó el Decreto N°84/2023, el cual dispuso que no se renovaran las contrataciones de personal efectuadas durante el año 2023 en todo el ámbito de la Administración Pública Nacional de acuerdo con la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164. Además, estableció que el 31 de marzo fuera la fecha de finalización para los contratos realizados antes del 1° de enero de 2023.

Hace más de dos décadas que se perpetúan en el ámbito estatal estos tipos de contratos. En diálogo con ANCCOM, la abogada laboralista Natalia Salvo catalogó de “fraudulentas” dichas modalidades utilizadas: se contrata personal permanente pero con una figura temporaria. Son más conocidos como ‘Contrato Artículo 9’”. Pasan los gobiernos y las relaciones laborales no se regularizan. Javier Martinez, el ex coordinador del CAJ de Villa 31, durante casi dos años trabajó ad honorem y su cargo nunca se logró gestionar. Trabajadores con más de cinco años de antigüedad que aún así fueron despedidos sin causa justificada. 

“Estas modalidades precarias en las contrataciones son un cáncer que inoculó el menemismo. Hay que decirlo: ni los gobiernos kirchneristas, ni el gobierno de Macri han logrado resolver esto, y el último gobierno tampoco. Hemos dejado un tendal de trabajadores y trabajadoras desprotegidos”, sentenció Carpineti. Consecuentemente, al momento de litigar sus puestos laborales las personas quedan en un vacío legal: “Para discutir judicialmente no es lo mismo que despidan una planta permanente, que despidan a un contratado”, agregó.

Al mismo tiempo que se descapitaliza al Estado de profesionales valiosos, Carpineti argumenta y conceptualiza que se trata de un “proceso de lumpenización del Estado para que efectivamente sucedan lo que ellos quieran: que exista un Estado ineficiente, que no nos conduzca a una prosperidad o una mejor calidad de vida y que, en definitiva, se acreciente la distancia del pueblo con el Estado”. 

“Esto es la traducción de una decisión política de achicar el Estado, empezando por lo que ellos llaman ‘gasto social’, que en realidad  es inversión social y construcción de ciudadanía” formuló la trabajadora social despedida.

Sobre la administración actual de Javier Milei, la ex directora del DNPFAJ, opinó que “nos gobiernan personas que odian el Estado, que odian a la política y que el espejo que nos devuelve no solo es el odio y la perversión de ellos, sino también uno de una perversión que tuvo causa y posibilidad de desarrollo producto de las faltas de todos los gobiernos de la democracia hasta la fecha”.  

La trabajadora social complementa: “Gabriela golpeaba puertas a gente de mucho poder queriendo intentar que la escuchen, y muchas veces le han cerrado la puerta”. 

“El problema es que se agarran de que terminó el contrato y ya está. Es el propio Estado el que precariza. Es una gran discusión que se viene dando y que es difícil de saldar”, apuntó Javier Martinez. También explica que los delegados, a través de ATE y UPCN,  aún no pudieron entablar una mesa de diálogo con los altos mandos del Ministerio. Además,  informó que ni siquiera existe todavía un interlocutor que lleve a cabo la mediación. Las reincorporaciones todavía siguen latentes.

Los despedidos sean unidos

Los despedidos sean unidos

Un grupo de despedidos comenzó a reunirse en Parque Centenario para organizarse y exigir la reincorporación. Cuestionamientos a la CGT.

El sábado 6 de abril tuvo su segunda reunión en Parque Centenario el grupo Unidxs Contra los Despidos que congrega trabajadores afectados por las olas de despidos de la administración de Javier Milei, y también del sector privado. La reunión contó con una larga lista de oradores, tanto del sector público como del privado, y culminó con una votación de mociones sobre los pasos a seguir.

Entre las conclusiones de estos empleados y trabajadores está la exigencia de la realización de asambleas abiertas en todos los espacios de trabajo, el cese de los despidos y la reincorporación de quienes fueron echados, el llamado a un paro general y un plan de lucha unificado desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), y la denuncia del involucramiento del Grupo Techint en la Secretaría de Trabajo.

“Recibí un mail que decía que no me iban a renovar el contrato y que se me hacía la liquidación final, sin indemnización”, comentó a ANCCOM Larisa Pérez, despedida el miércoles 31 de enero de la Secretaría de Trabajo, y una de las organizadoras del grupo Unidxs Contra los Despidos. “Nosotros en la Secretaría de Trabajo sabíamos que iba a haber despidos y entre grupos de Whats App vimos que éramos como 500 en la misma situación. Hablamos con conocidos del Ministerio de Educación que también habían sido despedidos ese día y con compañeros de mi sector que aunque no fueron despedidos, solo les habían renovado el contrato por tres meses”. Pérez denunció que el fin de los despidos no es solo reducir el número de trabajadores, sino “avanzar con el plan político de la reforma laboral, con el que buscan transformar lo que queda de la Secretaría de Trabajo y del Estado para ciertos negocios». Y agrega: “Nosotros denunciamos que los funcionarios que hacen las listas de despidos no saben de qué trabajamos ni quiénes somos. Es gente de Techint con intereses en sus propias empresas, por lo que no está conectado lo que pasa dentro de la Secretaría con lo que está pasando afuera”. 

En lista de oradores estuvo el dirigente histórico del Astillero de Río Santiago y del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) José Montes, quien resistió las privatizaciones de la década del 90 bajo las administraciones de Carlos Menem y Eduardo Duhalde. “Tenemos que pensar cómo hacer para llegar a todos los sectores, convencer a los compañeros de que se puede pelear, porque solos no vamos a poder parar los ataques del gobierno. Los trabajadores somos una fuerza poderosa pero dispersa». Montes hizo hincapié en la importancia de crear una agrupación de los trabajadores desde abajo, no solo contra la administración de Milei sino también contra la burocracia sindical. En referencia a la inacción de la CGT y la CTA, Montes afirmó “son expertos en desmoralizar y dividir. Los trabajadores son la única fuerza del Estado que ni Menem ni Duhalde pudieron privatizar”.

 En consonancia con esto, Pérez afirmó: “Vemos que no hay ninguna respuesta a todos los reclamos que hicimos salvo estigmatizarnos en los medios, decir que no trabajamos, que entramos por gestiones políticas del gobierno anterior, entonces vemos que lo que surge es salir a las calles a reclamar y dar vuelta el discurso. No es solo un ataque a los trabajadores del sector público sino que también están atacando a empleados privados.”

También habló Erika Lederer, abogada y mediadora prejudicial despedida del Ministerio de Justicia, donde trabajó por once años. “Estamos luchando ante los despidos masivos, la inminencia de nuevos despidos y la restitución de nuestros puestos de trabajo”, dijo. “Realizar estos encuentros es una salida necesaria ante la burocracia sindical, a través de cuyos pulmones respira este gobierno. Los sindicatos le están dando gobernabilidad a la administración de Milei y no están tomando las medidas urgentes que hay que tomar como un paro nacional activo ya”. Lederer remarcó la importancia de visibilizar lo que está ocurriendo y la necesidad de tomar las calles. Y concluyó que “no nos deben encontrar inmóviles, los sindicatos burócratas están paralizados o haciendo un lavado de cara en actos pero no es nada más que pura retórica, en lo personal esto me encuentra de pie y no de rodillas, lucho por la reinstalación de mi puesto así como el de mis compañeros”. 

El encuentro, que duró toda la tarde, culminó con una votación abierta de propuestas. Entre los principales puntos se decidió constituirse como una asamblea unida contra los despidos, hacer un fondo de lucha y conformar una comisión de enlace para articular con compañeros de otros sectores, además de participar en una columna independiente en caso de que la CGT convoque a una movilización el primero de mayo, y coordinar una tercera reunión para el próximo sábado 13 de abril a las 12 del mediodía. 

Los científicos salen a la calle

Los científicos salen a la calle

En 62 puntos del territorio nacional, se desarrollaron festivales para defender el trabajo científico y comunicar su importancia para el desarrollo nacional.

Elijo Crecer: ciencia por Argentina, el primer festival federal de ciencia y tecnología, se desarrolló durante el fin de semana último, en 62 puntos del territorio nacional para reclamar por el financiamiento en ciencia y tecnología y repudiar los despidos en el Estado. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos de estos encuentros se realizaron en el barrio de Caballito: uno en Parque Centenario y otro en ParqueRivadavia, sábado y domingo respectivamente. Allí, Investigadores del CONICET, trabajadores de instituciones públicas, de museos nacionales y músicos mostraron sus trabajos e investigaciones.

El evento tuvo como objetivo acompañar la lucha “por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, manifestarse contra el desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología y contra los despidos arbitrarios en el Estado”, sostuvo en el discurso de apertura Valeria Edelsztein, una de las organizadoras del evento e investigadora del CONICET. Y agregó: “Este festival es necesario porque la ciencia nos da la posibilidad de ir hacia adelante, es el motor del desarrollo y por eso estamos acá. La producción de conocimiento es un valor y llevarla adelante es un trabajo y también queremos compartir la pasión que tenemos al hacer nuestro trabajo”.

En diálogo con ANCCOM, otra de las organizadoras e investigadora del CONICET Nadia Chiaramoni, contó que la iniciativa surgió cuando Edelsztein y ella se enteraron que un programa de comunicación pública de la ciencia daba de baja sus becas y seguía funcionando sin ellas, lo que las preocupó: “Realmente es algo horrible porque es un programa de primera para pibes que se forman y me parece que no hay nadie como un estudiante avanzado súper apasionado por lo que está haciendo que te explique la ciencia como te la explicaban ellos” y describió: “Dijimos: `Esto viene bastante difícil´. Y ahí decidimos hacer una movida que comunique la ciencia a la gente y decidimos hacerlo cerca del 10 de abril, que es el día del investigador científico”.

Chiaramoni también habló del carácter federal del festival; el hecho de que se realice, en simultáneo, en diferentes nodos, en distintas localidades del país. “Lo llamativo de los nodos es la diversidad de temas que se tocan, no es lo mismo la ciencia o las investigaciones que se hacen en Jujuy como la que se hace en Tandil, en el sur o en el conurbano de la provincia de Buenos Aires”. Y agregó: “Cada nodo tiene sus exponentes para mostrar a su comunidad. No queríamos que un investigador de CABA se vaya a Córdoba, queríamos que cada comunidad vea lo que tiene a su alrededor, que quizá no sabe que existe”. Respecto a la organización, Chiaramoni contó que los nodos se determinaron en base a las ubicaciones de los inscriptos y que se nombró un coordinador para cada nodo, con quienes ellas estuvieron en constante comunicación.

Victoria Basualdo, historiadora e investigadora del CONICET, se dedicó a estudiar durante quince años la influencia de las empresas en las violaciones de derechos humanos en Argentina. Así, junto con otros investigadores e instituciones lograron contribuir “en los juicios por delitos de lesa humanidad, ya que muchos de nosotros hemos ido a declarar y presentamos documentación sobre la represión en los lugares de trabajo”, explicó dando cuenta de la incidencia de la ciencia en los procesos de justicia. Y agregó: “Por eso, la ciencia es muy importante, porque permite reconstruir la historia y entender, en este caso, qué ocurrió con los desaparecidos trabajadores y el rol que jugaron las empresas, que no fueron casos individuales, sino que había toda una dinámica detrás”.

En la actualidad, la ciencia argentina se encuentra atravesada por el congelamiento presupuestario y los despidos en sus instituciones. Basualdo señaló: “Está muy difícil para nosotros hacer ciencia hoy, porque las condiciones que nos ofrecen son miserables y ridículas, pero vamos a pelearla igual porque creemos que hay que transformarlo y que este país no puede quedar así”. En cuanto a los despidos masivos en el Estado destacó: “La persecución de la ciencia y de muchas dependencias estatales tiene que ver con su enorme y con gente que está trabajando en líneas estratégicas. Por ejemplo, el caso de víctimas de trata: echar del Ministerio de Justicia a todo el equipo que hacía seguimiento a las víctimas de trata, gente que pasaba noche y día atendiendo teléfonos de gente que está en emergencia. Son cuestiones estratégicas”.

Además, esta situación se traslada a otros ámbitos científicos e instituciones, como en el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tomás Avallone, empleado de dicho organismo, señaló que “actualmente el Estado no está destinando más presupuesto para que los trabajadores puedan llegar a su lugar de trabajo, como lo es en el caso de las oficinas de Ezeiza, que se encuentran lejos de los centros urbanos y por ende no hay transporte público para llegar allí. Antes teníamos micros para llegar, pero desde el lunes ya no van a estar. O sea que ni siquiera se está cumpliendo con lo básico, que es poder ir a nuestros puestos de trabajo. Y con esto se ven frenadas un montón de actividades complejas y difíciles: hay un montón de cuestiones regulatorias alrededor de las actividades para que la radiación esté contenida”.

También existen instituciones que requieren de la ciencia para poder existir. La Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) es una organización paraguas que nuclea asociaciones y personas con enfermedades poco frecuentes. Alexis Descourvieres, miembro de ALAPA, destacó la importancia de la investigación: “Nosotros queremos resolver problemáticas de salud y un camino es que la investigación clínica estudie estos temas para que los pacientes puedan tener soluciones a sus patologías”. Y detalló la importancia del trabajo científico: “Nosotros para hacer investigación la única manera que tenemos dehacerlo es con científicos y nosotros no somos científicos, por eso los investigadores son nuestros mejores aliados”.

El festival tuvo un cierre especial el domingo en Parque Rivadavia. Había terminado de tocar la última banda del día, El Quinteto de los Muertos, y las organizadoras cantaban los números ganadores de una rifa para libros de ciencia donados por las editoriales que participaron del festival. Sin embargo, la banda no se bajaba del escenario y entre el público se repartían papeles con la letra de una canción. Al final de la rifa, las organizadoras llamaron a cantar en conjunto, al ritmo de Vení Raquel de los Auténticos Decadentes, una letra de su autoría que incluía “Hay que evitar / que puedan destruirla / Si resistimos / Ellos no pasarán” y “Hay que bancar / a la ciencia argentina / porque es un / orgullo nacional”.

“La cultura genera progreso, no el dinero”

“La cultura genera progreso, no el dinero”

Más de 200 trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Nación fueron despedidos a fin de marzo y todas las políticas del sector han sido frenadas y desfinanciadas. Este fin de semana, realizaron un multitudinario festival en la explanada del CCK como forma de protesta.

En plena Semana Santa, tras la cena del miércoles, Jesús –así se llama– recibe un telegrama que reza: “Contrato sin posibilidad de renovación a partir de abril”. Después de 18 años se acaba de quedar sin pan y trabajo. Al igual que Lucas, que Micaela y 206 compañeros más.

“Me enteré por mail”. ”Nos avisó un compañero”. Las historias de los trabajadores de la Secretaría de Cultura de la Nación que fueron despedidos en Pascuas se repiten. En todos los casos, sin justificativos y hasta sin firma de ninguna autoridad. “Me notificaron vía mail el miércoles a las 21.30. No hay nadie que dé la cara y te diga por qué motivo estamos despedidos”, afirma Lucas Cabrera, coordinador de Logística de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria y delegado de ATE Capital. “No saber cómo le voy a poner un techo sobre la cabeza a mi familia y cómo voy a pagar la comida es desolador”, agrega.

Cabrera hace casi 10 años que se desempeñaba en la Secretaría. Su tarea estaba abocada al trabajo territorial asistiendo en la producción y traslado de docentes y artistas para que puedan llegar a los eventos que organizaba la dependencia. “Todas las políticas culturales están frenadas desde que esta gestión asumió”, remarca. La cantidad de despedidos de la Secretaría de Cultura ya son 248. En diciembre fueron 40, y en Semana Santa 208. Algunos se enteraron días después porque no tenían acceso al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y no podían ingresar a su casilla de correo.

El vaciamiento y la desfinanciación de la gestión libertaria también incluye la falta de presupuesto y de elementos de trabajo. “Hace tres meses que estamos sin caja chica, no tenemos recursos y dependemos de los insumos que fueron comprados el año pasado”, explica Gabriela Castro, trabajadora del Museo de Bellas Artes.

Desde 2006, el Programa de Orquestas “Andrés Chazarreta”, que depende de la Secretaría de Gestión Cultural, enseña a tocar instrumentos a niños, niñas y adolescentes de los barrios populares. Jesús Edgar Colque enseña en la orquesta “El Tambo” de Isidro Casanova, y tras 18 años de docencia fue uno de los cuatro profesores que recibió el telegrama de despido el miércoles por la noche: “Milei dijo que los recortes iban a ser para la casta. Yo no soy de la casta, y tampoco fueron a ver el trabajo social que hacemos. Ellos pueden ir a Isidro Casanova y comprobarlo. El objetivo era llegar a lugares muy carenciados, donde los chicos no tengan acceso a un profesor de música ni un instrumento. Hoy muchos chicos han encontrado el amor por la música y hasta son profesores de orquestas”, cuenta Jesús Colque.

Micaela Fernández fue una de las alumnas que participó del programa orquestal. Hace dos años que es profesora de contrabajo y también fue despedida. Respecto a la posibilidad de revertir los despidos a docentes, dice que es difícil conseguir una mesa de diálogo y que esta dilatación pone en peligro a la orquesta. “Queremos una respuesta, una justificación y ver cómo va a terminar esta situación, porque despidieron a cuatro profesores y cinco están sin renovación de contrato, es decir que la orquesta queda sin profesores”, concluye.

El sábado 6 de abril, en la explanada del Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se encuentran las oficinas del actual secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, los trabajadores de la cartera en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizaron el Festival ARDE en defensa de la cultura y en reclamo por los despidos.

“Estamos generando diversas acciones junto a las y los trabajadores, asambleas en los sectores de trabajo, saliendo a la calle, a la espera que los funcionarios den la cara para poder concretar próximas mesas con ellos, que despiden y se escapan”, expresa Julia Pirani, delegada de la Junta Interna del exMinisterio de Cultura de la Nación y del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces. “El plan de disciplinamiento que propone esta gestión es evidente –señala–. Dejan a 248 personas sin trabajo y afectan a cientos de personas que no trabajan en el Estado y que son parte de los programas desguazados como las y los alumnos de clases de música y de diversos talleres y actividades culturales”.

“Esta gestión no tiene ningún plan para la cultura, no existe para ellos. Es absolutamente cruel acompañar despidos con un plan económico tan devastador”, asegura el actor y comediante ‘Osqui’ Guzmán en diálogo con ANCCOM. “Lo que todavía no entienden las personas es que el Estado somos todos, te desfinancian el país para venderlo y lo mismo quieren hacer con las universidades. Ellos creen que el dinero genera progreso y es la cultura la que lo genera. Es la que hace que alguien agarre un hilo, una aguja y haga un poncho y genere progreso en la civilización. Nuestro espacio cultural es el de la lucha, no nos van a vender el país”, sentencia Guzmán.