Este 30 de abril se cumple un nuevo aniversario de la muerte del adolescente Facundo Astudillo Castro. Despareció cuando violó el aislamiento por el covid-19 y la Policía Bonaerense es la principal sospechosa. El Poder Judicial avanzó poco y nada.

Facundo Astudillo Castro era un joven de 22 años originario de Pedro Luro, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, que el 30 de abril de 2020 desapareció después de salir de su casa por la Ruta Nacional 3 hacia Bahía Blanca. En el trayecto, mientras hacía dedo, fue detenido en un control policial en Mayor Buratovich por supuestamente infringir las restricciones de circulación impuestas por el gobierno nacional debido a la pandemia de covid-19. Le dijeron que volviera a su casa, pero él desobedeció, el objetivo del viaje era volver a ver a su novia. Horas después, tres personas lo vieron mientras la policía lo hacía subir a un patrullero. Nada se supo de él durante 105 días hasta que el 15 de agosto apareció su cuerpo esqueletizado e incompleto en un cangrejal de Villarino Viejo.

El último contacto que su madre, Cristina Castro, tuvo con él fue una conversación telefónica ese 30 al mediodía. “Mamá, no te das una idea de dónde estoy. No creo que me vuelvas a ver más”, fueron las últimas palabras del joven, que amaba el rap, la batucada y había salido sin permiso porque quería regresar a la casa de su novia para recomponer la relación. Cristina cree que fue un pedido de ayuda y se cuestiona no haberlo sabido interpretar así en el momento.

Los primeros intentos de hacer la denuncia por su desaparición fueron en vano. Los policías de las localidades del municipio de Villarino querían convencerla de que Facundo estaba “de joda con la novia”. Era cierto que cuando estaba con Daiana se desconectaba de la familia, pero nunca de sus amigos. Y fue ella la que avisó a todos que nunca llegó a Bahía Blanca.

La Fiscalía provincial nunca apartó a la Policía Bonaerense de la investigación y lo buscó como a una persona perdida. El 26 de junio Cristina y sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, tomaron contacto con tres testigos, vecinos de Villarino, que cerca de las 15.30 apenas pasado el pueblo de Mayor Buratovich vieron a un nene (así lo creyeron por la contextura pequeña de Facundo) que era abordado por dos policías y segundos después le abrían la puerta trasera de una camioneta policial. Cristina ya sospechaba de la Bonaerense porque en los días de rastrillajes vio al mismo uniformado que solía hostigar a su hijo y sus amigos cuando participaban de los talleres del Semillero Cultural, la agrupación en la que militaba. Pero con estos testimonios estuvo segura.

Al comenzar julio presentaron la denuncia ante la justicia federal por desaparición forzada de persona. A criterio de la querella de la familia y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), los funcionarios asignados a la causa, la jueza María Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, buscaron proteger a los policías Alberto González, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Mario Sosa. De hecho, la magistrada fue apartada de la causa por la Cámara de Casación por su “falta de imparcialidad” y por haber “negado y dilatado pruebas esenciales de la investigación”. Aún así, aparecieron objetos pertenecientes a Facundo e incluso un cabello con el ADN mitocondrial de su madre en la comisaría de Origone y en un patrullero de la UPPL de Bahía Blanca.

Mientras tanto, la familia, sus abogados y los testigos fueron amenazados y hostigados. Cristina fue recibida por Alberto Fernández y tras ese encuentro fue apartada la Policía Federal de la causa. También se encontró con el Procurador Eduardo Casal, ante quien denunció al fiscal Ulpiano Martínez. Casal designó a los fiscales Andrés Heim, de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, y a Horacio Azzolín, de Ciberdelitos. Fue la etapa más próspera de la investigación, aunque a cuatro años de los hechos aún no hay imputados. Sin embargo, la causa está activa y procesando información. “Con el objetivo de avanzar con las imputaciones estamos solicitando instrumentos especiales para analizar el enorme volumen de los datos obtenidos”, dijo la abogada Margarita Jarque, de la CPM, al referirse a los cruces de llamadas de unos 80 teléfonos de policías y su geolocalización.

Mechi Hollmann, docente de Facundo Castro en el taller literario del Semillero Cultural, diálogo con ANCCOM sobre el cuarto aniversario: “Es revivir un montón de cosas, angustiarse, saber que tanto que hicimos, que se movió, que se trató de luchar, se visibilizó y que haya quedado en la nada”. Asimismo, recordó a Facundo cuando estaba en la biblioteca de su casa: “Es imposible olvidarse de su sonrisa. Ya lo recordás con eso”. El Semillero había sido una iniciativa de la agrupación La Cámpora, y quienes asistían eran discriminados por algunos sectores del pueblo de Luro. La policía, por su parte, no cesaba de molestarlos. Hollman recordó que “en una oportunidad arruinaron una huerta que habían hecho al pasarle por arriba con un patrullero”. Lo que seguía era ponerlos contra la pared con las manos en alto y llevarlos detenidos.

En tanto, el abogado Aparicio recordó que “la fiscalía solo quería avanzar sobre la hipótesis de un presunto suicidio, no brindaba motivos a las querellas por qué esa era la única hipótesis del caso mientras teníamos a cuatro policías que habían detenido a Facundo. Tuvimos que trabajar para que cambie, pedir que fuera apartado al fiscal de la investigación para que podamos avanzar en descubrir la verdad».

Desde el juzgado de Marrón también tenían una única idea, un presunto accidente como causa de la muerte de Facundo. En su presunción, el joven se habría ahogado en el cangrejal, donde la profundidad nunca supera los pocos metros, según los testimonios de los pescadores que frecuentan el lugar y que el 15 de agosto de 2020 encontraron un esqueleto incompleto junto a una de las zapatillas que usaba Facundo el día que desapareció. En la investigación está comprobado que el 8 de mayo un patrullero de Bahía Blanca estuvo a pocos metros del lugar del hallazgo. El 12 de abril en otro sector del cangrejal apareció la mochila del joven con ropa que había sido cortada y quemada, sus celulares y algunas otras pertenencias. Su Documento Nacional de Identidad, al que la policía Curruhinca le sacó una foto con el mismo celular con el cual tomó la última imagen de Facundo de espaldas frente al patrullero que manejaba Sosa, nunca apareció.