Por Maru Conde
Fotografía: Gentileza Sonia Tarragona

En un país de 46 millones de habitantes sólo 20 millones cuentan con obra social, mientras tanto la medicina prepaga comienza a transformarse en una prestación de lujo. La jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, cuenta cómo se gestiona la salud y qué prestaciones no se verán modificadas tras el recorte de 10 millones por el mega ajuste implementado por Sergio Massa para cumplir las metas del FMI.

El 22 de agosto se anunció mediante el Boletín Oficial una modificación al Presupuesto General, lo que implicó una reducción de fondos disponibles destinados a educación, salud y para el programa Procrear. Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud y licenciada en Economía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), asegura que se trata de una reasignación de recursos y que es una acción necesaria frente a la falta de aprobación del presupuesto 2022. En un contexto de reestructuración presupuestaria, asegura que crece la necesidad de garantizar una cobertura integral de la salud de la población.

Cada año, el Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para presentar el presupuesto del periodo siguiente, el cual es discutido en las Cámaras de Diputados y de Senadores. El 17 de diciembre de 2021, el presupuesto general de la Administración Pública Nacional para el periodo actual no fue aprobado en diputados, por una cantidad de 121 votos afirmativos, 132 negativos y 1 abstención. En junio, el Poder Ejecutivo prorrogó por decreto el presupuesto del año 2021 y lo actualizó con una pauta que prevé el 62% de inflación anual, que es casi el mismo porcentaje de actualización que corre para el aumento de los alquileres por un mismo periodo. El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, indica que hasta agosto de este mismo año se tenía acumulado un 56,4% de inflación.

Mediante la Decisión Administrativa (D.A) 826/2022 se dispone una compensación de créditos presupuestarios y se modifica la partida de gastos en seis ministerios por un total de $210.000 millones, los cuales serán incrementados en el Tesoro para la asistencia en Servicios Económicos. En este contexto, el Ministerio de Salud se verá privado de $10.000 millones de pesos, de su presupuesto de $338 mil millones, los cuales serán retirados del programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles. Sin embargo, Tarragona aseguró que no se afectará directamente el programa, ya que la inversión en el mismo se realizó en 2021 y cubrió el período 2022.

A su vez, el Ministerio de Salud se encarga de los programas protegidos, los cuales cubren las necesidades de la población que accede a los servicios de salud públicos. Estos programas pueden ser utilizados tanto por personas que no cuentan con una obra social como por quienes sí. La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó que en 2022 hay un total de 20.391.394 personas que son cubiertas por una obra social, en una población de 46.234.830 en el país, según estimaciones del INDEC. Un 66,22% de ellas accede a este servicio a través de un trabajo en relación de dependencia. Según la Ley 23.660, estas obras sociales deben cubrir todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y los medicamentos que esas prestaciones requieran. Por su parte, la Ley 26.682 establece que las entidades de medicina prepaga deben ser controladas por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y deben cubrir el PMO y la Ley de Prestaciones Básicas para personas con Discapacidad.

La preocupación en torno a la ausencia  de recursos o la falta de acceso a la salud fomentaron críticas al gobierno nacional. Sin embargo, en diálogo con ANCCOM Sonia Tarragona afirmó que esta reasignación no afectará a los Programas Protegidos y amplió sobre cómo se gestiona la salud en este contexto nacional.

¿Por qué se dieron recortes por parte del Ministerio de Economía?

Nosotros no tenemos presupuesto para 2022 debido a que la oposición no lo aprobó. Esto significa que el plan de gobierno, que es aquello que lo representa, no estuvo aprobado y se prorrogó el presupuesto 2021, incluyendo las líneas presupuestarias y los fondos que se corresponden con ese año. Sin embargo, en 2022 no se prevé llevar a cabo las mismas actividades que el año pasado.

¿Cómo podría ejemplificar esta situación?

El año pasado compramos aproximadamente mil respiradores y en 2022 no necesitamos comprarlos. Sin embargo, en el presupuesto prorrogado figura un monto para la compra de respiradores. A diferencia del 2021, este año compramos medicamentos oncológicos y para el Programa REMEDIAR. El año pasado no se realizó esa adquisición y el año que viene, 2023, tampoco se realizará, porque el Ministerio no necesita comprar todos los años las mismas cosas. De esta forma, no podemos decir que se trata de un recorte sino de modificaciones.

Entonces, ¿cuál sería el término correcto para hablar del recorte?

En 2021 se realizaron una gran cantidad de actividades o compras programadas y que en este año ya no son necesarias; esto pasó en el Ministerio de Salud y también en otros ministerios. Entonces, lo que se hizo fue reasignar esas partidas de compras ya ejecutadas a las necesidades del 2022.

¿Cómo altera la reasignación el plan de acción del Ministerio?

Son 10 mil millones de pesos en un presupuesto de casi 350 mil millones de pesos. Es bajo el porcentaje de reasignación y, de esta forma, no compromete ninguna de las metas que el Ministerio se propuso.

¿Qué programas no se verán afectados por la reasignación de recursos?

En el Ministerio de Salud están los Programas Protegidos desde el año 2002. Estos incluyen la vacunación, el SIDA,  las enfermedades de transmisión sexual y hepatitis C, la maternidad e infancia y el Programa REMEDIAR. Que estén protegidos quiere decir que ante reducciones en el presupuesto o cambios que sean necesarios, esos programas no se pueden ver afectados.

¿Qué es el plan REMEDIAR? 

Es un programa de distribución gratuita de medicamentos para el primer nivel de atención. Esto incluye todas las patologías que se atienden en las salas de primeros auxilios y los hospitales de primer nivel. Este programa está cumpliendo 20 años y actualmente atiende a 19 millones de personas, las cuales retiran medicamentos de los centros de atención primaria. Esto cubre entre el 85% y 90% de las causas de consulta en el primer nivel y está destinado principalmente a la población que no tiene cobertura, pero no es excluyente.

De cara a la población, ¿cómo se puede garantizar en este contexto económico el acceso a los medicamentos que la población necesita?

Si bien la responsabilidad de procurar el acceso a los medicamentos no es de la Nación, sino de las provincias, en los casos que estas no logran atender los problemas de salud de su población, el Ministerio de Salud complementa las acciones. Con respecto a los precios, lo que hicimos es acordar con la industria que no se sobrepasen con los aumentos, sino que estén alineados con la inflación y no por encima.