Los invisibilizados por el censo

Los invisibilizados por el censo

Las organizaciones que luchan por los derechos de las personas en situación de calle denuncian que el censo pasó por alto el registro de la situación y necesidades reales. Dicen que tampoco logró cuantificar correctamente la dimensión de esa población.

Organizaciones que asisten y luchan por los derechos de las personas en situación de calle reclaman que la metodología utilizada este año en lo que ellos llaman el “conteo” -porque para ellos más que un censo fue un conteo-, no fue acertada para la población en situación de calle y advierten que debido a esto, los números están muy alejados de la realidad. 

Incluso antes de saberse el número oficial de personas en situación de calle, las organizaciones ya sabían que no iba a ser más que una “foto” que no arroja resultados reales. La Ley 27654 de Situación de Calle y Familias Sin Techo aprobada el año pasado expresa que las organizaciones sociales, como especialistas en esta problemática, participarían en el diseño y realización del relevamiento. En este marco, las organizaciones afirman que en ningún momento se las convocó, aún a pesar de que el mes pasado, una de ellas, Proyecto 7, había reclamado al INDEC por esta misma cuestión. “Dijeron a todo que sí pero hicieron lo que quisieron, las organizaciones que tenemos años trabajando en la problemática pudimos haber participado y colaborado, pero no fue así y terminaron usando la misma metodología que utiliza el Gobierno de la Ciudad que hace más de 10 años venimos denunciando que no sirve”, cuenta Horacio Ávila, coordinador de esta ONG.

Paula Milone integrante de la Asamblea Popular Personas en Situación de Calle, que reúne a las ONG especializadas en el tema, cuenta que el día siguiente al censo, en sus recorridas diarias para, entre otras cosas, entregar comida y hacer actividades para personas en situación de calle, se encontraron con que la mayoría no fue censada ni vieron pasar los móviles. “Lo que sucedió es que se utilizaron las camionetas del BAP y se pusieron en puntos que se consideran estratégicos, por lo menos acá en la ciudad, y no fueron a las ranchadas a buscar a los compañeros en situación de calle, se quedaron ahí esperando que ellos se acerquen”, denuncia Milone y agrega: “Desde varios de los colectivos que formamos parte de la Asamblea llamamos al Buenos Aires Presente para comentar que teníamos compañeres que no fueron censados y su respuesta fue ´ya terminó, lo que no se contó, no se contó´. Entonces lo que planteamos es que las personas que no están en situación de calle que tampoco fueron contadas, sí tenían un número para llamar. Parece entonces que la unidad de la vivienda es la que importa y se olvidan que hay personas que no tienen esa unidad de la vivienda porque, justamente, están en situación de calle. Es como si hubiera habido, a la vez, un censo formal que sucedió con determinada metodología y un censo informal mediante el cual no se tomó en cuenta los reclamos y la experiencia, incluso metodológica, de los dos censos populares de las organizaciones sociales.”

En paralelo, la organización social Proyecto 7 convocó el viernes 27, frente al Obelisco, a un desayuno popular para visibilizar las problemáticas que atraviesan las personas en situación de calle, reclamar por un censo real y por programas que no se ejecutan. “El censo del INDEC fue una fantochada, reprodujo la metodología ineficaz del Gobierno de CABA y, como resultado, los números del censo son mentirosos: acaban de decir que hay 2.548 personas en la calle, al Gobierno le da menos que el año pasado cuando las situaciones de pobreza aumentan, esto es ridículo -denuncia Ávila con micrófono en mano mientras agrega cifras-. Si en 2019 el censo popular nos dio 7.251 personas en situación de calle, ahora deben ser, solamente en CABA, más de 10 mil. Nuevamente desde los gobiernos se está invisibilizando y subregistrando cada vez más a las personas en situación de calle”.

En contra de la metodología llevada a cabo y con la experiencia de haber realizado dos censos populares, estas organizaciones plantean que, para hacerse un censo real de personas en situación de calle, se debe tener en cuenta la complejidad de los casos de la población y adaptarse a su metodología de vida. Debe conocerse la problemática, hacerse en diferentes horarios durante varios días y preguntar cosas diferentes, “No lo pueden hacer operarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como sucedió, lo tienen que hacer integrantes de las organizaciones sociales que conocemos y tratamos siempre con les compañeres y saben que no los vamos a correr, tiene que haber un sistema de registro para saber que no se cuente dos veces a la misma persona y saber que se tiene que ir a buscar a los compañeres” comenta Milone. 

Por otro lado, Mónica Farías, integrante de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, agrega que nosotros cuando hicimos los censos populares, previo a eso, salimos a hacer recorridas de sensibilización, o sea se les avisaba a les compañeres que iba a haber un censo y esto es importante primero para que el compañere esté predispuesto a contestar y segundo para que esté atento y pueda contestar. Salir a sensibilizar no es lo mismo para la situación de calle que mirar o escuchar spots publicitarios en los medios porque no todos tienen acceso a esa información, la mayoría se enteran en el boca en boca, y eso claramente no se hizo. Por eso, nosotres decimos que para poder contar a los compas en situación de calle primero hay que querer contarles, y si les querés contar vas a encontrar el modo como nosotres, con dos censos populares lo encontramos y lo hicimos. Entonces es ver cómo tanto más el Estado que tiene más recursos que nosotres puede llevar a cabo ese conteo”. 

Las organizaciones caracterizaron este hecho como intencional ya que se censó con móviles y en una sola franja horaria nocturna sabiendo que es el momento del día en el que las personas en situación de calle tienden a ocultarse para evitar cuestiones climáticas y violencias institucionales. “Lo que notamos fue lo mismo que notamos en otros momentos, que algunas ranchadas justo antes del conteo desaparecen y a veces lo que pasa es que se las corre con violencia de donde estaban y se les sacan sus pertenencias, forzándolos a transitar hacia otro lugar más oculto, o directamente se le otorga algún subsidio o algún dinero insuficiente que solo alcanza para alquilar una habitación de hotel un par de noches para justamente sacarles de la calle ese día”, comenta Mónica Farías. “Yo creo que un poco es no hacerse cargo de la problemática. Las gestiones quieren tener menos pobreza y la pobreza más extrema obviamente tiene que ver con las personas en situación de calle, cuanto más se ven personas en situación de calle quiere decir que peor esta la situacion y claramente es lo que quieren hacer, un registro con números políticos para demostrar menos pobreza, estos números menores significan menor presupuesto para políticas públicas, dejando afuera cuestiones de asistencia real a las personas que sobreviven en las calles del país”, expresa por su parte Ávila rodeado de compañeros en situación de calle.

“Yo hace ocho años estoy en situación de calle, conozco pibes de otras ranchadas y cuando nos juntamos les preguntabas ‘che, ¿te censaron?’ y te decían ‘no pasó nadie’ o ‘che, yo no sabía que se hacía’”, comenta José, que dio su presente el viernes, mientras esperaba que su compañero de calle le alcance su segundo vaso de chocolatada.

Si bien la sanción de la Ley 27654 es tomada como un avance para las organizaciones ya que por primera vez en el censo se tomaba en consideración la situación de calle, aquello que en un principio les parecía una oportunidad histórica y única, finalmente en la práctica se perdió. “Íbamos a tener un registro, una aproximación al total nacional de personas en situación de calle, algo que no tiene precedentes, porque así como los censos nacionales se llevan a cabo para conocer a la población e implementar políticas públicas acorde a esa población, tener en cuenta la población en situación de calle del mismo modo implicaría que se puedan pensar políticas dirigidas a ese sector y que puedan dejar la calle para tener un proyecto de vida”, lamenta Mónica Farías incluso con su mirada. “Lo que se le está negando a la gente es la posibilidad de tener un proyecto de vida, de poder dejar la calle, las organizaciones hacemos lo que podemos pero no es suficiente. Los recursos y obligación de resolverlo para armar cosas mejores debe darse de parte del Estado”, exige Ávila mientras no deja de estar atento a compañeros en situación de calle que a medida que llegan al Obelisco y lo saludan desde lejos, les responde con un gesto y una sonrisa oculta pero notoria detrás del barbijo.

Milone concluye que mientras tanto seguirán profundizando el Observatorio de las violencias hacia las personas en situación de calle que realizan desde la Asamblea como herramienta para al menos registrar las situaciones de violencia contra estas personas. “Tener un censo real es importante incluso para esto porque es necesario tener un número más fehaciente. Si no tenemos números reales de cuántas personas en situación de calle hay, no tenemos números de cuál es la violencia y quienes la ejercen hacia personas en situación de calle. Va a ser necesario reunirse o poder pensar alguna otra situación porque la realidad de les compañeres en situación de calle es muy grave a nivel de derechos humanos, es una violacion sistemática a los derechos humanos de les compañeres y en ese sentido es algo de lo que el Estado necesariamente se va a tener que ocupar”.

Por su parte la organización Proyecto 7 seguirá a la espera de una respuesta a su denuncia por discriminación contra el INDEC que aún se encuentra en marcha y de tratativas con este organismo. “Como siempre decimos, la calle no es un lugar para vivir. La gente se muere en la calle de manera criminal porque no hay una atención real de parte del Estado, -cierra con firmeza Horacio Ávila mientras integrantes de diferentes centros de la organización y compañeros en situación de calle lo escuchan y asienten reafirmando sus palabras y añade sobre la denuncia por discriminación al INDEC – Lavagna va a tener que dar alguna respuesta a la denuncia para luego ver si se realiza un censo específico que tenga que ver con la problemática, así que, estaremos ahí con esa denuncia y esperando la resolución de la justicia».

 

Denuncian al INDEC por discriminación en el Censo

Denuncian al INDEC por discriminación en el Censo

La organización Proyecto 7 señala que deja afuera del conteo poblacional a las personas en situación de calle. Intervino el INADI.

La organización social Proyecto7 realizó una denuncia ante el INADI contra el INDEC y su director, Marco Lavagna, por “discriminación hacia las personas en situación de calle dentro del Censo Nacional 2022”. El acto discriminatorio, señala la presentación, se encuentra expresamente en el nombre del “Censo Nacional de Hogares y Viviendas”, ya que es “precisamente lo que no tienen estas personas”, advierte Proyecto7 en un comunicado recibido por ANCCOM. Además, indica que estas autoridades no se refieren a un censo “catastral”, es decir de bienes inmuebles, sino de uno poblacional, y es por eso que debería incluir a “aquellos que se encuentran durmiendo y sobreviviendo en las calles de toda la Argentina”, resalta en el comunicado.

El 18 de abril, Proyecto7 acompañado de otras agrupaciones, hogares y gente en situación de calle convocaron un “frazadazo” frente al edificio del INDEC en reclamo de un censo que los incluya en sus estadísticas. El conflicto, tal como informó ANCCOM el mes pasado, pareció resolverse rápido cuando una comitiva que había ingresado a negociar con Lavagna regresó con la noticia de que los sintecho serían censados bajo las condiciones propuestas por las organizaciones. El acuerdo implicaba que la duración del evento sería todo el día y que existirían puestos para acercarse a ser censado para quienes no contaran con dispositivos tecnológicos para llenar sus datos.

Desde ese día nadie se comunicó con los tres teléfonos de contacto que dejaron anotados los referentes de Proyecto7 y la organización se enteró de la negativa a través de comunicados que circularon de manera pública. Fue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que recientemente les notificó por mail que “el día 16 de mayo del corriente año, a partir de las 18, un censista perteneciente al GCBA se acercará a cada hogar, para realizar el censo nacional y censar a cada alojado”.

De esta forma, no solo se utilizará la metodología implementada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, sino que este organismo es el que llevará a cabo el censo para las personas en situación de calle que abarcará únicamente la franja horaria de las 18 hasta las 2 de la madrugada del día siguiente. En diálogo con ANCCOM, el coordinador de Proyecto7, Horacio Ávila, se refirió a la resolución de la reunión con Lavagna en abril a raíz del frazadazo que tenía como objetivo quedarse reclamando frente al INDEC hasta que haya una respuesta: “Lo que hizo [Lavagna] fue zafar en el momento para que no acampáramos en el lugar”. 

El método del GCBA fue caracterizado por Ávila como una foto: se trata de un conteo que lleva adelante un personal y duración acotados, que no recorre toda la ciudad y solo se desarrolla de modo nocturno. A causa de esto, las organizaciones realizan censos populares autogestionados. El último llevado a cabo en 2019 en Capital Federal tuvo un saldo de 7.251 personas, “aunque creemos que actualmente hay un 30 por ciento más”, aseguró el referente a esta agencia.

El abogado de Proyecto7, Emiliano Villar, informó que para hacer “un censo correcto y fidedigno de las personas que viven en la vía pública hay que hacer recorridas de, por lo menos, dos días seguidos”. Debido a la particularidad y complejidad de los casos de esta población, Villar explica que la metodología no puede ser la misma ya que genera un sesgo en la toma de datos porque “no capta sus conductas específicas como pueden ser el ocultamiento por temor o desconfianza y la movilidad de un lado al otro”, asegura el abogado.

A través de su titular, Victoria Donda, el INADI dio curso a la denuncia y citó a Lavagna para que, con la participación de INDEC y Proyecto7, las partes puedan continuar negociando en torno al conflicto e intentar llegar a un acuerdo. Según afirma Villar, el objetivo de la denuncia apunta a “poner en superficie una omisión discriminatoria con la utilización de una metodología homogeneizante”. Por ese motivo, la visibilidad mediática del conflicto con la meta de lograr una reunión con el INDEC mediante el INADI funciona como “una presión política, no en términos de apriete, sino virtuosos, para quien va dirigida”, agregó Villar. 

En caso de no presentarse Lavagna, “solo sería una muestra más de querer invisibilizar a las personas en situación de calle y un aval implícito por parte de él y del organismo que tiene a cargo de una metodología equivocada e ineficaz que lleva adelante el GCBA desde hace años y que sólo refleja números mentirosos”, expresa la organización en el comunicado de prensa.

Villar concluyó que lo que se busca es establecer un contacto institucional con el titular del INDEC para encarar, en conjunto, el perfeccionamiento del censo específico estipulado por la ley de personas en situación de calle, sancionada en diciembre del año pasado, que además cuente con la participación de las organizaciones sociales.

Frazadazo para ser contados

Frazadazo para ser contados

Personas en situación de calle y organizaciones sociales que las acompañan en su lucha reclamaron ante el INDEC la implementación de un censo específico que contemple sus peculiaridades: no tienen casa donde acudan los censistas ni tienen conexión a internet para completar formularios digitales.

“Yo ya conocí todo lo feo de la calle. Hace 17 años que no tengo un techo. Pasé por el consumo, la prostitución y fui víctima de trata. Estas marcas que tengo en la cara son de todo lo que viví en la calle”, cuenta Melisa, una mujer trans de 34 años que hace dos semanas ingresó al Hogar Frida. A las 10 de la mañana, Melisa cruza la avenida Julio Asesino Roca –así lo mencionan en el flyer de la convocatoria– acompañada de más personas sintecho -como les etiquetan habitualmente los medios- o que apenas pueden refugiarse en paradores, como ella, y de miembros de organizaciones sociales que abogan por mejorar la calidad de vida de las personas en situación de calle. Se instalan frente al INDEC y montan el desayuno: arman las mesas, ponen los termos con mate cocido y sacan cremonas y libritos de las bolsas de nylon.  En la puerta del edificio, se forma una hilera de seis policías -que llegarán a once en el correr de la mañana-, sumados a otros seis que vigilan la calle vestidos de civil. Las ventanas vidriadas del Instituto de Estadística y Censos no dejan ver si alguien se asoma, por el momento. Sin embargo, el repicar de los bombos se entromete por las poquísimas persianas abiertas.

Así como Melisa hay más personas que viven en la vía pública, pero no se sabe con exactitud ni cuántos son ni en qué condiciones. Por eso, una vez más, el reclamo que viene desde hace una década: la necesidad de un censo real de las personas en situación de calle y de quienes viven en hogares y paradores. 

El relevamiento realizado por las organizaciones sociales estima que deben ser alrededor de 100 mil en todo el país. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires “el Gobierno porteño hace un conteo anual que le ordena la Ley 3706. El último se realizó el 12 de abril, pero es solo nocturno, de poca duración, con poco personal y no recorre toda la Ciudad. Es solo una foto”, subraya Horacio Ávila, coordinador de Proyecto 7 – Gente en situación de calle . El último censo popular, realizado en 2019, contabilizó 7.251 personas, “aunque creemos que actualmente hay un 30 por ciento más”, estima el referente.

Al lado de Melisa está tomando mate Leo, que también vive en el albergue Frida con sus tres hijos, todos menores de ocho años. Vivió un tiempo en el Hogar 26 de Julio, en San Telmo, administrado por el Gobierno de la Ciudad. “Ahí el Estado no me garantizó nada. Cuando entré a Frida conseguí cubrir mis necesidades y las de mis hijes. Elles tienen terapia, asistencia médica y pueden estar escolarizades gracias a vivir en el hogar”, cuenta. Hace un año, Leo hizo su transición: “En ese momento, con 24 años, perdí todo. Se me cerraron todas las puertas”. Ahora el acompañamiento que recibe en Frida hace el panorama un poco mejor. 

Luego de una hora, una comitiva formada por referentes de las organizaciones sociales presentes, entre ellos Ávila, entra a hablar con el director del INDEC, Marco Lavagna. En la calle, tomando un mate cocido y ofreciendo desayuno a los cronistas, está Francisco de Villa Fiorito. Tiene 65 años, es abuelo de 16 nietos y bisnietos y vive en el Hogar de la calle Monteagudo, en Parque Patricios, desde 2018. Ahí residen unas 100 personas que reciben las cuatro comidas todos los días. “Es uno de los mejores hogares de la Capital”, califica sonriente y asegura que “el gobierno, si ayuda, ayuda un poquito. Después nos corre a un lado”. Francisco vino para apoyar la iniciativa de sus compañeros porque él también vivió en la calle y además exige que se cense también a los que, como él, viven en los hogares. 

“De arriba me dicen que estamos ganando”, comparte a sus compañeros con el celular en la mano Carlos Corinti, referente de la unidad de traslado de Proyecto 7. Los que se habían sentado, se paran enérgicos para retomar el agite. Los bombos suenan más fuerte y todos esperan expectantes la salida de la comitiva con la respuesta.

Más rápido de lo que ellos hubieran imaginado, la comitiva sale del edificio con la respuesta de las autoridades. Parece haber acuerdo: una extensión de la duración del censo, que en principio sería solo nocturno, a todo el día. “La noche no es estable. De noche te escondés, no estás visible. La mayoría de la gente en situación de calle busca lugares más refugiados, donde no los van a encontrar”, dice Ávila. 

Además del censo nacional, se acordó la realización de un censo específico y más profundo para la población sin techo en agosto. “Esto es histórico, no solo acá sino a nivel regional. Jamás, en ningún país, se incluyó a esta población en un censo. Es histórico y lo valoramos, pero queremos que sirva”, continúa. Al lado de él, a un militante de avanzada edad que lo está grabando con el celular se le llenan los ojos de lágrimas. Se refriega con la mano mientras Ávila concluye: “El objetivo de hoy era ser recibidos y hacer nuestros planteos, y eso se cumplió”. 

Las organizaciones levantan campamento. Melisa y Leo vuelven a Frida, Francisco encara para Monteagudo. Las frazadas que hoy no han tenido que usar, se guardan para otra ocasión. 

Un censo no solo garantiza información o números, sino que nombra y da visibilidad. Es un primer paso para la gestión de lo que falta: “Políticas públicas que repiensen y revisen cómo se llega a la calle”, explica Ayelén Jorge, psicólogo en Frida que acompaña en la movilización. “En el camino ha fallado la institución familia, escuela: hay un montón de instancias que no estuvieron a la altura de acompañar esa historia de vida. Eso vinimos a visibilizar hoy”, agrega. 

Una cuenta que es un cuento

Una cuenta que es un cuento

“Todos los números son políticos”, afirma Horacio Ávila, coordinador de Proyecto 7 – Gente en Situación de Calle. Está hablando de las cifras obtenidas del último censo oficial realizado por el Gobierno de otro Horacio: Rodríguez Larreta.

Y no se trata de cualquier relevamiento. Estas estadísticas refieren a la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Es, ni más ni menos que el talón de Aquiles de la gestión amarilla. En el contexto de un año electoral, parece, maquillar los números se vuelve fundamental.

“En diciembre del 2020 tuvimos una reunión con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, donde acordamos realizar el censo de manera conjunta entre el Gobierno y las organizaciones sociales”, relata Leandro Vera Belli, sociólogo e investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Sin embargo, las cosas no salieron como habían pactado: el 11 de mayo del 2021, los funcionarios de dicha cartera salieron a realizar una fotografía de la gente en situación de calle. Lo hicieron con los métodos utilizados en 2017 y 2019, puestos en discusión en la última mesa de trabajo: en camionetas, sin interactuar con la población y en el lapso de unas 7 horas, aproximadamente. A eso se le sumó la particularidad de este año pandémico: se realizó a las 20, en un contexto de restricción horaria en el que la gente en situación de calle se esconde debido a la violencia policial o busca paradores para pasar la noche.

Según señala Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de las cifras publicadas en el informe oficial llama la atención su similitud con las del 2019. Hace dos años el resultado era de 1.147 personas en situación de calle. Hoy, de 2.573. Sin embargo, advierte Fassina, “ahí se están contando dos cosas distintas”.

Mientras que en el 2019 las cifras correspondían a gente que estaba efectivamente durmiendo en la calle, del total del número actual solo un 37% corresponde a quienes están en esa situación: unas 952 personas. El número restante pertenece a individuos que aquel día se encontraban en alguno de los 32 Centros de Inclusión Social porteños. “Es una cifra que pareciera que en dos años se mantuvo inamovible”, dice la socióloga. “Lo que sí muestran es que creció la cantidad de gente que está en paradores, que no parece tener un correlato con lo que se ve en la calle”.

“Nadie en su sano juicio puede pensar que, en una situación en la que todos los indicadores de pobreza dan en crecimiento, la cantidad de gente en situación de calle va a dar en baja”, sostiene Ávila. A los cuatro años de profundización de la desigualdad resultantes del macrismo, hoy se les suma la pandemia. Y con ella no solo vienen aparejadas nuevas problemáticas: también se intensifican otras.

“¿Cuál fue el mensaje principal, sobre todo del año pasado? Quedate en casa. ¿Cómo me quedo en casa si no tengo?”, cuestiona Vera Belli. “Hay una política muy explícita, aunque ellos no la quieran decir: hay cada vez más paradores para que la gente vaya a dormir, pero esa no es una solución de vivienda, solo un refugio donde pasar la noche, que no siempre resulta un lugar seguro para todos”.

El correlato de estos números que llaman la atención de todas las agrupaciones es, justamente, la ausencia de políticas públicas integrales para abordar tan compleja cuestión. Y a eso apuntan las organizaciones. “No nos interesa tanto tener el número en una tabla de Excel, aunque obviamente es importante. Lo fundamental es conocer cómo vive esa gente, porque para pensar políticas públicas con impacto necesitamos saber cuáles son las condiciones socioeducativas, socioeconómicas, las problemáticas vinculadas al género o el impacto de la pandemia”, dice Fassina.

Por eso, el aspecto cualitativo es crucial a la hora de censar. Conocer a fondo particularidades y problemáticas de cada subgrupo social se hace necesario ya que las condiciones no son las mismas para nadie. Sin embargo, según afirma Nerina Coronel, una de las referentes de No Tan Distintes, el relevamiento no contempla interseccionalidad ni perspectiva de género. “Es solo contar cuánta gente está durmiendo en la calle”, agrega.

Esta situación se complementa con una merma en el presupuesto estatal destinado a la cuestión: en los últimos dos años, el gobierno de Rodríguez Larreta recortó hasta un 20% de la partida.  Mientras tanto, múltiples problemáticas son dejadas de lado.

Con respecto a las mujeres y las personas LGTTB, no solo falta indagar hace cuánto están en situación de calle, sino también por qué. “Muchas mujeres están en situación de calle por violencia de género o situaciones de abuso intrafamiliar”, cuenta Coronel. Colectivos como el trans o el travesti; grupos como las mujeres embarazadas o las que tienen niños, las infancias por sí mismas, los migrantes, la gente mayor, las personas con discapacidad o problemas de salud mental, todos ellos requieren de abordajes que contemplen la complejidad de cada situación.

“Todo ese cualitativo permite hacer una evaluación más real de los subgrupos más allá del número general y ahí planificar un poco más en relación a lo que realmente estas necesitando”, comenta Ávila, quien también asegura que este no es un problema exclusivo de Capital Federal: es un fenómeno que ocurre en todos los grandes centros urbanos del país.

Pero la Ciudad de la Furia sí tiene una particularidad: su ritmo vertiginoso y su dinámica social. Epicentro laboral, de día se consumen y desechan todos los recursos que de noche son utilizados por aquellos que viven, duermen, comen y trabajan en la calle. Por eso, afirma Vera Belli, “lo que observamos en CABA es que no podían hacer un censo de gente en calle de igual modo que harían uno de otro tipo”.

Actualmente, el diálogo entre Gobierno y organizaciones sociales está roto. Para agosto, esperan poder salir a la calle a realizar el Tercer Censo Popular. Estiman, según Ávila, un 30% más de gente en situación de calle con respecto al 2019. Resta conocer cuáles son, realmente, las consecuencias de la pandemia y de la falta de políticas públicas para quienes hacen de la tierra de nadie, la Tierra de los Nadies.

Proponen una nueva ley de la calle

Proponen una nueva ley de la calle

Lo acontecido alrededor del caso de M. mostró, con total crudeza, cómo lo más estremecedor de la pobreza existe -y resiste- en los rincones de la ciudad más rica de la Argentina. De repente, se puso sobre el tapete la realidad de este colectivo de personas absolutamente despojado de derechos. Y la ceguera que afecta a la sociedad en general parece cesar, al menos por unos días, al menos por unas horas. 

Un censo realizado por distintas organizaciones e instituciones sociales en 2019 reveló que en ese momento había 7.251 personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las cuales 871 eran niños y 40, mujeres embarazadas. Son innumerables las problemáticas que confluyen en estos números: entre ellas, la falta de acceso a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, la exposición extrema y constante a situaciones de violencia por razones de género, a consumos problemáticos y un tristísimo etcétera. La cifra, coinciden todos los actores involucrados, creció –aún sin relevamientos precisos- de manera exponencial tras la pandemia

En este contexto, Constanza Guillén, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en CABA, en diálogo con ANCCOM explicó que es urgente la creación de “Centros de Integración que puedan recibir, contener y acompañar a las personas. Alguien que está hace años en la calle, tiene que aprender todo de vuelta porque justamente es una persona que fue expulsada del sistema social, económico y laboral en el que vivimos”. A su vez, dado que ya hay segundas o terceras generaciones en la calle, en muchos casos se trata de personas que nunca tuvieron una primera instancia de integración social.

“Hoy lo que hay son lugares deficitarios y que encima son escasos. Techo y comida. Punto. Claramente va a volver a pasar, que vuelven a la calle y ahí aparecen los discursos -que ignoran la problemática- que dicen que hay personas que eligen vivir en la calle”, narró Guillén y agregó: “Es una barbaridad, ¿quién elige pasar frío, hambre, tener que llegar a hacer colas de una hora y media o dos horas para pedir un plato de comida? Esa humillación, nadie la quiere. No hay un mínimo de empatía en todo eso.”

En cualquiera de las dimensiones de la problemática, las respuestas del Gobierno de la Ciudad son escasas o, directamente, inexistentes, así lo remarcó la referente del MTE: “Por abordar solo uno de los ejes: al Instituto de la Vivienda de la Ciudad lo vaciaron, no hay presupuesto, entonces ¿cuál es la política de vivienda? ¿Cuál es el trabajo que se está dando para revertir la situación de los hoteles que son una mafia? No hay control, no hay regulación sobre eso y ni hablar de la cantidad de viviendas vacías que hay en Buenos Aires”. A su vez, cuestionó que “cuando Horacio Rodríguez Larreta inauguró las sesiones legislativas del Gobierno de la Ciudad este año dijo que hay que criminalizar a las personas que trabajan en la vía pública: ¿qué hacemos con esa gente a la que no están dejando trabajar?”.

El caso de M. puso en escena la emergencia habitacional en la ciudad más rica del país. 

En este sentido, Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, manifiestó que “el caso de M. debería ser un antes y un después pero a nivel nacional. Obviamente, el lugar donde hay más cantidad es en la Ciudad de Buenos Aires, no hay dudas. Pero nosotros siempre hemos insistido en esto de que la situación de calle no es solamente en CABA. Hemos viajado a otras provincias y hemos visto la situación de compañeros que es lamentable. Estamos cansados de la falta de respuesta a nivel nacional también”.

Un abordaje integral, nacional y colectivo

A partir de los acontecimientos, y en una urgencia repentina por querer resolver y aplacar la situación, se desató un sinfín de manuales paternalistas que intentan explicar e indicar qué es lo que se debería hacer. Instrucciones y dedos acusadores que ignoran absolutamente la realidad de calle y que lejos están de contemplar a las personas involucradas como actores activos y con capacidad de transformación.

“Lo que nosotros necesitamos es un acompañamiento, que nos apoyen en nuestra lucha, pero no necesitamos que sean nuestros voceros. Nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, lo venimos demostrando hace muchos años, pero necesitamos que nos den las herramientas y los recursos”, afirmó Ávila y agregó: “Vos me podes decir que te duele mucho el frío de las calles y yo te entiendo y lo respeto y lo valoro, pero yo te puedo decir cómo se siente el frío de la calle: hay una diferencia. Queremos que eso se respete. Todo lo que se armó estos días en relación a nosotros sin que fuéramos partícipes, fue malísimo”.

Con respecto a la cobertura en los medios de la problemática en las últimas semanas,  Guillén aseguró que además “la discusión que hay que dar ahora es cómo se tratan estos casos. Porque no se puede decir ‘mala madre’ a una persona que tiene un problema serio de salud mental, un problema serio de adicción. Además, los vínculos y la maternidad en calle son completamente distintos a la idiosincrasia que podamos llegar a tener los de clase media. Entonces hay que acompañar eso desde todos los ejes y tiene que haber un abordaje más humano de lo que hay hoy”.

En este sentido, Nicolás Silva, referente de Red Puentes -organización que aborda casos de consumo problemático y problemas de salud mental-, agregó que “el consumo problemático casi que va de la mano con la situación de calle. No es estigmatizar a las personas pero vivir en la calle es una situación muy extrema, que deteriora la vida en todos los aspectos. Nos encontramos con muchos casos también de padecimiento de problemas de salud mental graves: tratamos de abordarlos pero también tenemos un límite. Hay casos que necesitan una intervención fuerte del Estado, desde los hospitales, desde la salud pública”.

El Centro de integración Monteagudo es parte de Proyecto 7. Fotografía de archivo. 

Red Puentes, junto al MTE y Proyecto 7, una organización que cuenta con cuatro centros de integración, participaron en el diseño del proyecto de Ley Integral para Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo, presentado en septiembre de 2020 por el diputado nacional del Frente de Todos, Federico Fagioli. Si bien es evidente que una problemática con tantas aristas no se resuelve con una sola ley, “son varias las líneas de trabajo y acciones concretas que planteamos en el proyecto -sostuvo Fagioli-. Me atrevo a decir que es una ley muy pragmática. Está claro que hay una fundamentación basada en conceptos éticos y profundamente humanos pero, como siempre, avanzamos con lineamientos claros y concretos”.

El proyecto propone la creación de un registro anual para medir cuántas personas en situación de calle hay a nivel nacional, un Sistema Nacional de Atención Telefónica articulado con un Sistema Nacional de Atención Móvil y una red de Centros de Integración Social. El objetivo de estos Centros de Integración es romper “con la lógica del ‘parador’ al que entran a las 8 de la noche para a las 5 de la mañana y estar de nuevo en la calle. Estos espacios no brindan ninguna solución de fondo -desarrolla el legislador-, por eso lo que pretendemos es que sean lugares en donde las personas tengan un acompañamiento terapéutico, formación en oficios, contención psicológica, entre otros aspectos que cada realidad pueda necesitar”.

El proyecto de ley también propone el trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y una mesa conformada por el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Sedronar y las organizaciones sociales especializadas en los distintos aspectos que conforman la problemática. “Una de las cosas importantes que tiene es que se pensó con diferentes ministerios y junto a organizaciones y compañeros en situación de calle, que también saben cómo resolver el problema. Ese laburo, articulado con las organizaciones tiene que seguir estando, porque la problemática no se labura de otra manera que no sea articulando y de manera integral”, comentó Silva, de Red Puentes. 

“Nosotros no podemos seguir cumpliendo el rol que tendría que estar cumpliendo el Estado -advirtió Guillén, del MTE-. Por eso también es necesario proponer políticas públicas, porque si no nos vamos a quedar siempre en la trinchera y no termina siendo transformador, que es lo que buscamos. Pero acá no hay que inventar ninguna rueda: el Estado tiene que poner los recursos para potenciar y mejorar lo que ya se viene haciendo”.

En este sentido, Fagioli expresó que “no es cierto que la realidad no se puede transformar, o que las cosas sólo pueden ser de una manera. Las organizaciones sociales vienen a destaparnos los ojos porque nos muestran con hechos concretos, específicos, que se pueden construir proyectos solidarios, colectivos y que realmente cambien el estado de las cosas”.

Con respecto al tratamiento del proyecto, el diputado aseguró que “hubo algo clave en estos días que fue la visibilización de la problemática, que nos tiene que ayudar para empujar esta ley y cambiar de una vez por todas esta realidad. Esperemos que la indignación y las ganas de transformar no se diluyan cuando el tema desaparezca de las pantallas”. Por su parte, Ávila mencionó que, en caso de ser aprobado, “necesitamos que nuestros compañeros sean protagonistas absolutos, si no otra vez va a haber un montón de gente, que no entiende nada, hablando por nosotros”.

Una problemática tan compleja, intrínseca y potenciada por las lógicas del neoliberalismo y enraizada, a su vez, a una historia de egoísmos de unos pocos que, como siempre, azotan las vidas de muchos, no puede menos que obligar a la Argentina toda a reflexionar, de una vez por todas, que no se trata de “empezar a mirar” algo que siempre estuvo pero que “nadie vio”, sino de dar lugar a quienes la viven, la padecen y, por ende, la comprenden en su total profundidad.

“Ojalá que en algún momento no existamos como organización: eso significaría que no hay más personas en situación de calle”, expresó Ávila y concluyó: “Mientras tanto, mejor es que seamos protagonistas y no actores o actrices secundarios. Queremos ser artífices de nuestras vidas y no que el resto nos diga lo que tenemos que hacer”.