ANCCOM cumple 10 años

ANCCOM cumple 10 años

Mar 24, 2025 | Comunidad, Destacado 2

La Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA celebra su primera década en un contexto de altísima concentración de las empresas informativas privadas, desguazamiento de los medios públicos y ausencia de políticas oficiales para el desarrollo de la comunicación comunitaria. ¿Cuál es el lugar de un medio universitario?

La Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA (ANCCOM) cumple diez años. Nació como un espacio  de práctica preprofesional para fortalecer la formación de las y los estudiantes avanzados de la Licenciatura y rápidamente se convirtió en un medio de comunicación que en esta coyuntura cobra un notable valor.

En un ecosistema mediático concentrado como nunca antes, con los medios públicos desguazados y sin ningún tipo de política oficial dedicada a fortalecer los medios comunitarios, una agencia universitaria de noticias –como la nuestra- tiene la responsabilidad de salir a disputar la esfera informativa para ampliar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Por esa razón, ANCCOM ensancha su agenda con acontecimientos y actores que suelen tener escaso o nulo espacio en los medios comerciales: les da visibilidad y voz propia y a la vez le abre a la sociedad un canal para que pueda escucharlos y conocerlos.

Sin condicionamientos del mercado y en tiempos en que por los medios tradicionales y los nuevos circulan mentiras –que para que no suene tan dura la realidad solemos llamar fake news– ANCCOM concibe un periodismo de servicio social con el más genuino objetivo de informar.

En una época donde las y los trabajadores de prensa padecen el pluriempleo y la precarización de sus condiciones laborales atentan contra la calidad profesional, nuestros  y nuestras cronistas tienen como consigna trabajar en el territorio: “Hacer periodismo en el barro”, como solemos decir.  Estar en el lugar de los hechos que narramos y mirar a sus protagonistas a los ojos es la mejor manera de evitar prejuicios y estigmatizaciones en la construcción noticiosa. Eso, hoy, parece contracultural.

A lo largo de esta década, por la que atravesamos cuatro presidencias de la nación, pasaron por nuestra agencia un millar de redactores, fotógrafos y productores de contenidos para redes sociales que aportaron una mirada honesta, fresca y juvenil a una realidad política, económica y social que, en términos generales, se les presentó bastante adversa.  Una proporción muy grande de ellos hoy trabaja en el sistema de medios, que con frecuencia solicita a nuestra agencia la recomendación de jóvenes profesionales de la comunicación, por lo que ANCCOM se transformó también en un espacio de ingreso al mercado laboral. En nuestra última entrega de certificados a quienes terminaban su paso por nuestro medio informativo, tres estudiantes tomaron la palabra y cada una utilizó un vocablo para definir qué se llevaba de su primera experiencia periodística. Dijeron: “Ética”, “sensibilidad”, y “pasión”. Esos valores son el principal aporte que realizan quienes pasaron por nuestra agencia a las redacciones que hoy habitan, con la esperanza de construir una mejor profesión.

En todos estos años, además de publicar casi 4.500 artículos y 28.000 imágenes, hemos realizado cuatro muestras fotográficas, desarrollado una columna semanal durante un año en Radio Nacional y nos convertimos en proveedores solidarios de contenidos para la revista Hecho en Buenos Aires. Además, recibimos sendas menciones de “interés cultural” e “interés educativo” de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados de la Nación. Nuestra agencia también recibió una distinción de la Legislatura porteña por el ciclo audiovisual Estuve ahí, realizado en homenaje a los 40 años de democracia y otra de la Cooperativa de Comunicación Huvaiti por nuestro aporte a la difusión de la economía popular.

La primera nota que publicó reunía a Estela de Carlotto y su nieto. Fue ilustrada con esta fotografía.

ANCCOM nació un 24 de marzo, publicando una nota sobre la tradicional marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y otra sobre el reencuentro de Estela Carlotto y su nieto restituido. Eso marcó a fuego nuestro trabajo y la defensa de los derechos humanos se convirtió en un eje vertebral de nuestra agenda. Hoy nos toca celebrar nuestra primera década desde múltiples trincheras de resistencia: debemos aportar información para mitigar el resurgimiento de discursos apologistas del terrorismo de Estado, defender un oficio bastardeado por la mercantilización de la noticia y fortalecer a la universidad pública que nos cobija, que enfrenta un feroz ataque destructivo del Gobierno nacional, quien tiene la obligación de desarrollarla y potenciarla. Por todo eso se nos impone la prepotencia de trabajo y explorar al máximo nuestra creatividad para sostener y ampliar este espacio de debate público con coberturas rigurosas. Esa es la esencia de ANCCOM y de las y los estudiantes que la constituyen día a día, quienes brindan su compromiso y pensamiento crítico para la construcción de una sociedad democrática.

Periodismo pobre en empresas ricas

Periodismo pobre en empresas ricas

Feb 22, 2025 | Destacado 3, Vidas políticas

La transparente escena que trascendió de la “entrevista” de Jonatan Viale a Javier Milei, en pleno escándalo por la estafa a través de la criptomoneda $Libra, dispara un debate en torno al ejercicio del periodismo y la política de medios del gobierno libertario, un panorama que analizan los especialistas Diego de Charras, Martín Becerra y Sebastián Lacunza.

Un periodismo cada vez más subordinado a intereses económicos, un gobierno que avanza en el desguace de los medios estatales y una libertad de expresión cada vez más debilitada. En esta nota Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor de Derecho a la Comunicación; Sebastián Lacunza, periodista y exdirector de Buenos Aires Herald; y Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, investigador del CONICET y profesor en la UNQ y la UBA, analizan cómo la concentración mediática, la lógica de la rentabilidad inmediata y la retirada del Estado de la regulación de la comunicación configuran un escenario donde la información se convierte en una mercancía más. Un contexto en el que, como dejó en evidencia la grosera escena entre Jonatan Viale, Javier Milei y Santiago Caputo, lo presentado como una entrevista periodística puede ser, en realidad, un guión pactado.

En este contexto, la financiarización del periodismo refuerza una dinámica en la que la información queda supeditada a lógicas de poder. Lacunza afirma: «Estamos en un periodismo que, en buena medida, forma parte de sistemas de poder político y económico, por lo que pactar preguntas, respuestas y silencios es habitual, aunque no quiere decir que sea generalizado. Este caso reviste la gravedad y la excepcionalidad de que muy rara vez queda grabado el momento en que un presidente le dicta la pregunta a un entrevistador».

Según De Charras, el sistema mediático argentino se caracteriza por un altísimo nivel de concentración en la propiedad de los medios tradicionales, con algo más de diversificación en el streaming y en la producción de contenidos independientes en plataformas digitales. “En cuanto al contenido, se observa un proceso de polarización en el mundo periodístico, que ha perdido prácticamente toda pretensión de objetividad y se caracteriza por un posicionamiento cegado, muy marcado en un sentido u otro, con una alta predominancia de la línea editorial liberal o de derecha, en algunos casos de extrema derecha”, analiza De Charras.

El debate sobre la objetividad de los medios y la independencia se aclaró un poco durante la discusión sobre la Ley de Medios, según Lacunza. “Se polarizó el ejercicio del periodismo y tuvo consecuencias negativas, pero también generó un despertar social respecto a una mirada ingenua sobre el manejo de los medios -señala-. Se reconfirma que los medios están atravesados por intereses y pactos económicos y políticos, aunque esto no sea unívoco ni determinante”.

La fragmentación de las audiencias y su tendencia a consumir información que refuerce sus propias creencias es otro factor que explica la dinámica mediática actual. “Hay audiencias que no solo tienden a confirmar sus prejuicios, sino que también toleran tropelías y vandalismo de su propio sector político. El video de Viale y el fraude que activó Milei con su tweet no afectan al tercio de la población que tiene una decisión irrevocable”, agrega el exdirector del Herald.

Las consecuencias del escándalo están en pleno desarrollo. “Para Viale, representa un golpe a su credibilidad ante ciertos segmentos de la audiencia y del sistema político», explica Becerra. En cuanto a Milei, agrega: «Lo deja expuesto y desautorizado por su asesor Santiago Caputo, dando la imagen de alguien que no tiene plena autonomía en su discurso. Su investidura queda horadada en términos de capacidad y facultad de decisión propia».

La filtración del crudo también expone una dinámica propia del negocio de los medios en la actualidad: la urgencia por generar contenido de alto impacto para maximizar ingresos en plataformas digitales. «Mi hipótesis es que la urgencia por generar material de alto interés, como una entrevista con el presidente y poder monetizarlos, promovió un descuido editorial”, explica Becerra.

“Algunos espacios periodísticos han tenido ciertas esferas de autonomía, aunque la independencia periodística, para mí, nunca existió como tal. Hubo momentos en los que esa pretensión de autonomía fue mayor, mientras que en contextos como el actual se ve fuertemente recortada y subordinada a los negocios económicos, cada vez más atravesados por la lógica de la financiarización y su expectativa de rentabilidad inmediata. Esto impacta directamente en la información y la comunicación, tratándolas como si fueran una apuesta más en la timba económica», analiza.

Milei apuesta por las big tech, lo que ha generado tensiones con los medios tradicionales. “Su predominancia en su agenda provoca molestia en los medios tradicionales, ya que acompaña su narrativa sobre periodistas ensobrados. Milei los involucra en lo que él llama la casta y los responsabiliza del estado deteriorado del país”, señala Becerra.

Esta tensión se suma a un conflicto más amplio, donde los medios tradicionales, en su mayoría conglomerados económicos, buscan mantenerse en el poder. Becerra añade que “cuando América se alínea con el gobierno y replica la línea de contenido político y opinativo de LN+, el conflicto puede atenuarse por intereses económicos contingentes gracias a concesiones y favores del gobierno”.

“Si se observan los grandes trazos de Clarín, TN, Canal 13 y Radio Mitre, se puede ver que las secciones de mayor audiencia, las principales notas de opinión y la tapa de Clarín, muestran una adhesión al gobierno que varía desde la leve disidencia hasta la militancia exacerbada. Esto es insoslayable, a pesar de que puedan existir intereses contrapuestos y medidas del gobierno que desagraden a Clarín o afecten su rentabilidad”, argumenta Lacunza.

Desregulación de la información

Según De Charras, una de las características del gobierno de Milei ha sido favorecer la concentración de medios, la privatización y sobre todo el ataque a los medios públicos. “Hemos visto un ensañamiento con la agencia de noticias Télam, con Canal 7 y con Radio Nacional”, señala.

“Milei reconfirmó la política de retiro absoluto del Estado de la regulación de la comunicación y de la información, lo que obviamente profundiza el dominio de quien ya ocupaba una posición hegemónica y que había sido prácticamente liberado de todas las ataduras por el Ejecutivo de Mauricio Macri”, señala Lacunza.

Para Becerra, “el desguace de los medios estatales reduce el federalismo y la circulación de contenidos fuera de las grandes ciudades. Se impone una lógica de lucro que marginaliza funciones sociales de los medios, tanto estatales como comunitarios, afectando la producción de contenidos federales, la experimentación con nuevos formatos y el mantenimiento de expresiones culturales como la música folclórica o clásica.” 

“Hay un proceso de ataque y desmerecimiento a la producción pública de información, dejando a una parte importante de la ciudadanía sin medios clave y sin una perspectiva fundamental para la diversidad informativa. Si bien la información no debe limitarse a los medios públicos, su ausencia vulnera esa diversidad. Cuando la producción informativa queda exclusivamente en manos de medios comerciales, se ve sesgada por la búsqueda de intereses y ganancias, lo que representa una pérdida significativa para la sociedad democrática”, denuncia De Charras.

En este contexto, el gobierno ha instalado su «batalla cultural» como una confrontación abierta en la que el periodismo, en un sentido amplio, se ha convertido en uno de sus blancos. “Esto ha determinado que se atacara prácticamente sin distinción a periodistas de líneas más o menos progresistas, de centro-derecha o de derecha, casi sin distingo. Y eso ha hecho que muchos periodistas o muchos líderes de opinión le hayan reclamado que ese tipo de agravios llegara incluso a los periodistas o a las periodistas que pensaban de un modo similar al del Presidente de la Nación”, explica De Charras. “La represión y la criminalización de periodistas, como ataques constantes incluso a oficialistas, es verdaderamente novedoso y afecta gravemente la libertad de expresión”, concluye Becerra.

Libertad solo para los libertarios

Libertad solo para los libertarios

Dic 10, 2024 | DDHH, Destacado 1

El informe “Libertad de expresión en Argentina 2024”, describe y denuncia el hostigamiento al periodismo y la discrecionalidad de la publicidad oficial en el primer año de Milei. Ataques físicos, en redes sociales y desmantelamiento del sistema público de medios y de las políticas de comunicación. Las mujeres periodistas son las más agredidas.

El lunes, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se presentó el informe “Libertad de expresión en Argentina 2024”, realizado en conjunto por la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

La presentación se realizó el día previo a que se cumpliera un año de la asunción presidencial de Javier Milei y busca ser una señal de alerta pero también un llamado a la acción colectiva. El informe comienza con un repaso por las políticas en materia comunicacional tomadas por el gobierno: el desguace, la intervención e intento de privatización de todos los medios públicos; la política de represión a la protesta social; los insultos y agresiones constantes que Milei y sus funcionarios tienen hacia periodistas; la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; el vaciamiento del INCAA; la derogación del decreto 690/20 que regulaba el precio de los servicios TIC y las restricciones impuestas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Partiendo desde un esquema mediático previo, atravesado por fuertes desigualdades en lo que respecta a la capacidad de la ciudadanía de acceder a información plural y de calidad y de amplificar su voz pública, las medidas del gobierno incrementaron las disparidades ya existentes.

Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación, dió inicio al encuentro relatando que desde diciembre del año pasado, a partir del Decreto 70/2023 y el proyecto de la Ley Bases, junto a un grupo de colegas comenzaron a seguir y monitorear cada uno de los anuncios, decretos, resoluciones y expresiones públicas del presidente y sus funcionarios. “Rápidamente, las medidas se nos presentaron vertiginosas. Nos encontramos con la intuición de que estábamos ante un profundo cambio de paradigma institucional y del rol del Estado en materia de comunicación y de libertad de expresión”, expresó Kejval. “Nos vimos llamados a dos tareas, por un lado acompañar la defensa de los actores de la comunicación atacados y por otro lado no dejar de hacer lo que sabemos hacer: construir conocimiento sistemático en torno a una serie de medidas que intuíamos, en su conjunto, conformaban una política de comunicación“, agregó.

La primera parte del documento se centra en el deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo, mientras que el segundo segmento pone atención en el abandono del rol del Estado como garante del derecho a la comunicación. “En las 51 páginas del informe van a encontrar un montón de datos, fechas, nombres, números de leyes y resoluciones. Una sensación que nos pasó cuando íbamos leyendo era ¿todavía hay más?, parecía que nunca terminaba”, relató Kejval. Y aseguró que lo hicieron “para sostener con datos e información precisa aquello que para muchos viene siendo una sensación, pero sobre todo como aporte para construir una articulación de actores lo suficientemente amplia, que pueda poner una señal de alerta fuerte y contundente que constituya un freno a la política de avasallamiento”.

La presentación continuó con Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, quien destacó el acompañamiento de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el trabajo conjunto entre la Carrera de Ciencias de la Comunicación, FATPREN y SiPreBA. “Eso nos permite reflejar lo que está pasando en nuestro país para que se vea internacionalmente”, dijo. Gaudensi también remarcó que el informe busca generar un registro federal de la situación. “Hay un deterioro del debate público con la llegada de Milei que se refleja en el hostigamiento y el ataque que recibimos los comunicadores. El gobierno está cercenando el derecho a la información, la ciudadanía recibe información sesgada, parcializada”, remarcó. El documento hace especial mención a las agresiones físicas que sufren los periodistas a partir del denominado “protocolo antipiquetes” que elevó la violencia y la represión policial de la protesta social. “También se reflejan las agresiones que sufrimos por poner el cuerpo, no solamente para contar la realidad, sino también para ser parte como pueblo trabajador de las manifestaciones donde la represión ha sido muy brutal”.

La sindicalista también se refirió al desmantelamiento de los medios públicos. “El silenciamiento de Telam y el ataque a los medios públicos nacionales y provinciales, muestran la necesidad del gobierno de silenciar las voces federales que son tan importantes para garantizar la soberanía informativa en nuestro país”, apuntó Gaudensi.

Asistieron a la presentación los diputados del FIT Christian Castillo, Vanina Biasi y Daniel Solano; el legisladoar de Unión por la Patria Juan Modarelli, la defensora del Público Myriam Lewin; Maru Ludueña de Agencia Presentes; Carolina Añino de Hecho en Buenos Aires, además de profesores y profesoras de la Carrera y delegados de medios de comunicación.

 

Poner el cuerpo

En la primera parte del informe, centrada en el deterioro del debate público y las condiciones para el ejercicio del periodismo, se enumeran alrededor de treinta casos de agresión por parte del Presidente y sus funcionarios a comunicadores. “El hostigamiento a diversos periodistas no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de trolls o ´patotas digitales´”, establece el texto, cuya versión impresa fue repartida a los y las presentes que colmaron el aula SG 300- Sergio Caletti, de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, sus autores remarcaron que en algunos casos, ese hostigamiento se traduce en criminalización, como de las ocurrió con las dos personas presas por tuitear, de forma humorística, sobre las infidelidades de Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy hasta el 2023.

Luis María Lozano, docente de la Carrera de Comunicación e investigador, fue el encargado de la producción y redacción del informe, junto con Paula Castello, quien lo editó. También participaron en la sistematización de información Alejandro Linares, Mariela Baladron, Santiago Gándara y Sebastián Ackerman,  Carolina Capote, Eliana Rossi y Lara Lozzia.

“Nos encontramos con un cúmulo de información que creímos muy importante sistematizar y tratar de monitorear bajo una lógica, porque sino ese acumulado se va perdiendo. Creo que algo de ese efecto se recupera en la lectura total del informe, que se torna en un punto abrumadora”, advierte Lozano. ”La primera parte tiene que ver con el rol directo del Estado acallando voces críticas mediante la represión, con su particular impacto en los trabajadores de la comunicación pero no sólo, también a aquellas personas que toman la voz pública y deciden acercarse a una manifestación”, dijo el docente, quien recordó el caso de la niña a la que un oficial de la policía roció con gas lacrimógeno. Lozano también destacó la contribución de Periodistas Argentinas para abordar el sesgo de género en la persecución y el hostigamiento a través de las redes sociales.

El trabajo dedica un especial apartado al “Ciberacoso y tecnocensura a periodistas mujeres”. El denominado “doxeo” es una de las principales estrategias de coerción a través de las redes sociales a periodistas. “Consiste en la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo”, define el texto, que remarca cómo esta práctica no solo amenaza el derecho a la intimidad y produce temor respecto a la integridad de las periodistas, sino que también pueden llevar a la autocensura. En septiembre de este año, la colectiva Periodistas Argentinas realizó un informe al respecto donde expresa la particular preocupación respecto a que estas acciones sean incentivadas, y en parte financiadas, por el Estado Nacional.

En tal sentido, el informe expresa que “el 80% de las periodistas censadas (en la encuesta anual del Sipreba) considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo”.

El informe también trabaja sobre la situación laboral de los trabajadores de los medios, a partir de los datos obtenidos en la Encuesta Integral sobre la Situación Socioeconómica de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa del Area Metropolitana de Buenos Aires, realizada por SiPreBA. De acuerdo a la encuesta, en abril de 2024 el 76% de los trabajadores del sector cobró por debajo de la canasta básica total del INDEC, es decir, por debajo de la línea de pobreza.

Romper el Estado

La segunda parte del informe profundiza sobre el desguace y la intervención de los medios públicos, la privatización de las emisiones de los partidos de fútbol de la Selección Nacional, el cierre de la plataforma Cont.ar que impide el acceso al material de archivo, la intervención del ENACOM y de la Defensoría del Público, el desfinanciamiento del INCAA, las restricciones al pedido de acceso a la información pública, la deriva de la pauta publicitaria a través de empresas públicas o con participación mayoritaria del Estado y, por último, el ciberpatrullaje en redes sociales a partir de la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que funciona en el Ministerio de Seguridad y las tareas de vigilancia masiva, la intercepción de comunicaciones privadas y la recolección de información sin control interno ni externo a través de la Agencia Federal de Ciberseguridad, que fueron habilitadas a través del Decreto 614/2024. 

Diego De Charras, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA, se pronunció respecto a cuánto influye en el accionar del gobierno su narrativa sobre la “batalla cultural”. “El gobierno construye enemigos permanentemente para llevar adelante acciones de confrontación y evidentemente tiene medido que la confrontación le reditúa en términos de popularidad. Pero esa lógica termina en lugares muy peligrosos”. En esa línea agregó que “la autocensura es un efecto sobre el cual hay que trabajar mucho, nadie quiere ser detenido en la calle sin motivo, nadie quiere recibir un tiro en el ojo. Queda mucho por hacer en esto, el hecho de enmarcar los agravios en la batalla cultural pareciera ser autolegitimante, pero no es así, no todo es válido”.

En la segunda parte de la presentación, la periodista Poli Sabatés dio lugar a un panel integrado por Claudia Acuña, de Periodistas Argentinas, Fabián Waldman de FM La Patriada, Sebastián Vricella presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), y Juan Delú presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

Acuña comenzó instando a apreciar “lo que está pasando hoy, abajo se está recibiendo gente y aquí están la educación pública y los gremios”. La periodista se refirió al murmullo y la música de las murgas que se escuchaban en la sala, provenientes de la vereda de la Facultad donde una decena de personas festejaban su recibimiento. “Este año ha sido muy difícil para hacer periodismo”, expresó. Tras leer un comunicado acordado por su agrupación, donde se enumeran las acciones llevadas adelante por Periodistas Argentinas, como así también el hostigamiento y hasta amenazas sufridas por algunas de sus integrantes, Acuña cerró: “No tenemos miedo, no somos valientes, somos profesionales y sabemos que esto también pasará”. 

Por su parte, Waldman afirmó que un gobierno que aplica el tipo de políticas que lleva adelante Javier Milei y su gabinete, necesita de la represión y de la censura a la prensa. “El gobierno viene a utilizar la represión en todos los ámbitos”, dijo el periodista. “No solamente con los palazos, también continuamente en redes sociales y a quienes trabajamos en la Casa Rosada, donde en mayor o menor medida somos todos considerados zurdos ensobrados”, agregó. Para Waldman, “indudablemente la batalla es dura, tienen todo el aparato del Estado para hacer daño y lo ejercen diariamente contra todos y cada uno de los trabajadores”. Y afirmó: “En mi caso pertenezco a un medio comunitario que se ve afectado por la pauta discrecional que va a parar a los amigos, a los verdaderos ensobrados que son los que día a día sostienen el relato del gobierno”.

En este mismo sentido, Delú declaró: “Lo de la pauta cero fue un gran engaño. Nunca las empresas descentralizadas del Estado pusieron tanta plata en los medios de comunicación, lo que puso YPF es un escándalo”. El periodista afirmó que el dinero que se ponía desde una oficina del Estado ahora se trasladó a empresas descentralizadas para hacer más dificultoso el acceso a la pauta publicitaria. “La Nación llega a dialogar con el gerente de YPF, pero FM La Lechuza de San Juan no tiene el teléfono del gerente de YPF, es imposible que llegue. Entonces los que no tienen poder de lobby quedan en el camino”. Delú consideró que el gobierno de Milei se dio una determinada política comunicacional. “Mientras nosotros nos la pasabamos pensando que poco habla nuestra dirigencia de la comunicación, el gobierno no hacía más que pensar en cómo avanzar en las técnicas de comunicación contra todos y todas. El gobierno sabía que el golpe uno era la comunicación y después efectivamente la normativa”.

Por último, Sebastián Vricella habló sobre lo que viven los reporteros gráficos en el ejercicio de su profesión, que requiere poner el cuerpo en la calle. “Desde el 10 de diciembre vienen cercenando nuestros derechos” afirmó. Más allá de la violencia física, Vricella se refirió a un hecho inédito. “Para la misma asunción de Milei nos negaron la posibilidad de estar cubriendo en el Congreso, como hacemos hace 40 años, desde el retorno de la democracia”, dijo. Según él, era un presagio de lo que se venía.

Un gran retroceso en el derecho a la información

Un gran retroceso en el derecho a la información

Sep 26, 2024 | Comunidad, Destacado 5

Un decreto firmado por Javier Milei modifica la Ley de Acceso a la Información pública y limita la publicidad de actos de funcionarios oficiales. En esta nota, lo analizan especialistas en la materia.

En agosto el gobierno nacional reglamentó el decreto 780/2024 que modifica, principalmente, el alcance de las definiciones de “información pública” y “documento”, presentes en el Artículo 3 de la Ley 27275. Introduce nociones nuevas como lo son la información privada o de naturaleza privada, que viene a controvertir el estándar de que toda información que posee el Estado es pública en tanto no contradiga excepciones muy específicas, que se encuentran establecidas en el texto de la normativa.

Sancionada en 2016, la Ley de Acceso a la Información ha sido destacada no sólo por los distintos sectores de la sociedad y del periodismo sino también por organismos internacionales por su perspectiva de publicidad y de transparencia de los actos de gobierno, en línea con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información. En diálogo con ANCCOM, Emir Salomón, abogado y miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) explica que “un decreto reglamentario no puede ignorar esta larga tradición que se asienta sobre los derechos humanos y una jurisprudencia, una práctica institucional que viene basándose en el principio de máxima divulgación”.

Al introducir categorías nuevas que no dan claridad acerca de hasta qué punto los datos que posee el Estado son de naturaleza privada, qué los convierte en privados y cuándo esa información puede o no ser otorgada, empiezan a aparecer “casos de excepción” que previos a este decreto habrían sido alcanzados por el principio de máxima publicidad. A partir de esta nueva reglamentación, el funcionario público debe evaluar un “juicio de razonabilidad” por fuera del análisis que solía hacer la ley, en el que tiene que desentrañar si la naturaleza de esa información que posee es realmente privada o no lo es.

“Uno de los puntos más preocupantes tiene que ver con las modificaciones del Artículo 3, que vienen a controvertir el estándar de que toda información que posee el Estado es pública en tanto no contradiga excepciones muy específicas, que se encuentran establecidas en la ley. Desde ACIJ, consideramos que esto representa una extralimitación en las facultades reglamentarias que posee el presidente de la Nación, según el texto constitucional y lo que es la norma de acceso a la información pública”, remarca Salomón.

Cabe recordar que la ley prevé en su texto la aplicación de un “sistema de tachas” en los casos en que exista información sensible que no pueda hacerse pública. El decreto parece desconocer esta posibilidad, o por lo menos no hace hincapié en ella, en la medida en que establece que todos los documentos que tengan estos datos no se den a publicidad. Por ende, tiende más a la negativa de entregar la información, más que a la positiva.

Luis Lozano, licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en la materia e investigador y docente de la UBA, remarca que la norma “deja un amplio margen de discrecionalidad para rechazar pedidos de acceso, ya sea porque involucran datos que el funcionario juzga que son de naturaleza privada en los términos de este decreto o porque juzga que no hay interés público en aquello que se solicita, como si eso pudiera definirlo el sujeto obligado, lo que contradice directamente los principios de la ley: máxima publicidad y máximo acceso. El funcionario no es la persona que define si hay o no interés público”.

El decreto viene a modificar otro, el 206/2017, que era reglamentario de la ley y que tenía algunos puntos que diversos especialistas en la materia habían marcado como conflictivos porque reducía la autonomía de la Agencia de Acceso a la información Pública. A eso se suma esta reforma, mucho más profunda y con un gran impacto en el ejercicio efectivo del derecho.

“Es un retroceso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública porque se introducen cuestiones que pueden ser disuasivas o amenazantes para aquel que va a hacer un pedido de acceso, como pedir obligatoriamente el número de documento, domicilio, correo electrónico. Eso no estaba contemplado en la ley”, dice Lozano. Y agrega algo igual o más importante: “De hecho, la ley establecía el principio de informalismo por el cual no puede haber mayores requisitos formales para dar la información. Incluso va más allá e introduce la violación al principio de buena fe, es decir que puede perseguir a quienes, según el funcionario o el Estado, hagan un uso abusivo del derecho de acceso”.

Por su parte, Salomón reflexiona que “la situación se torna desigual cuando un ciudadano que no tiene conocimiento acerca de cómo realizar estos trámites necesita conocer esa información que no se da a publicidad. Ante la negativa, el reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información o la Justicia se vuelve la única alternativa. Son procesos que implican un poco más de conocimiento acerca de la viabilidad de las peticiones, hasta dónde se puede reclamar, con qué argumentos y qué respuesta da el Estado”.

Las consecuencias de este decreto también tienen un gran impacto en el trabajo periodístico. En diálogo con ANCCOM, Agustín Lecchi, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) señala que “esta actitud del gobierno nacional va en línea con toda una serie de políticas que atacan la actividad periodística, tienden a controlar la información que circula y tienen como consecuencia el cercenamiento de voces, como por ejemplo el ahogo presupuestario a los medios autogestivos, el silenciamiento de los medios públicos, el ataque a medios privados como sucedió con Editorial Perfil y las denuncias penales a periodistas como ocurrió con Darío Villarruel y Nancy Pazos”.

Por su parte, Paula Moreno, presidenta del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) remarca que “el escenario que hoy tenemos en el ejercicio periodístico y en el vínculo con la gestión de Javier Milei es muy hostil y violento. En este contexto agobiante de hostilidad y hostigamiento constante, hay otras medidas que han intentado cercar al periodismo, como por ejemplo el intento de matriculación obligatoria por parte del Ministerio de Capital Humano”. 

Tanto los especialistas en la materia como los trabajadores de la prensa coinciden en que este decreto representa no sólo una desnaturalización de lo que plasma la ley, es decir un ataque al espíritu de máxima publicidad y transparencia, sino también una extralimitación de las facultades reglamentarias que tiene el Poder Ejecutivo en relación a las leyes. “El acceso a la información aparece como una herramienta del activismo de derechos humanos, de las organizaciones civiles y del periodismo como forma de monitorear al Estado, como forma de ver qué se está haciendo con los recursos y qué hacen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus roles”, señala Salomón.

En la misma línea, Moreno concluye que “el concepto de información pública no le pertenece a la prensa, le pertenece a los ciudadanos. Por ende, limitar el acceso a la información pública es limitar las posibilidades de los ciudadanos de involucrarse con los temas que son de todos, debilitar la institucionalidad y la calidad democrática”.

Los trabajadores de prensa reclaman un salario por arriba de la línea de pobreza

Los trabajadores de prensa reclaman un salario por arriba de la línea de pobreza

Sep 2, 2024 | Destacado 5, Trabajo

Tras meses de negociaciones fallidas y aumentos adeudados, SiPreBA intenta negociar salarios dignos. Un redactor hoy cobra por debajo de la línea de indigencia.

Como resultado de la crítica situación económica nacional, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) reclama el aumento de los sueldos base de sus representados. Esta semana se realizaron audiencias paritarias que el gremio considera insuficientes, por lo que convocó a nuevas asambleas en los medios para discutir los pasos a seguir en pos de una recomposición salarial.

Ailín Bullentini, delegada de Página/12, comentó: “Estamos negociando el segundo trimestre del período que corresponde al año 2024 y 2025. Empezamos con un sueldo básico de $328.000 para la categoría de redactor, en bruto, por debajo de la línea de indigencia y sin los adicionales que pueden ser antigüedad, refrigerios y esas cosas que están estandarizadas pero tienen ciertas diferencias entre cada empresa y que se calculan sobre ese básico, por lo cual, todo es muy precario”.

Bullentini agregó: “Hasta octubre del año pasado, en la mesa a negociar paritarias se sentaba la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), que no tenía absolutamente ninguna representatividad entre los trabajadores y trabajadoras de prensa escrita pero que se llevaba muy bien con las cámaras y que firmó, año tras año, acuerdos muy a la baja y es, en parte, responsable de nuestra pérdida de poder adquisitivo”.

Posteriormente, “el SiPreBA arrancó a negociar y, por supuesto, esto no le cayó para nada bien al sector empresario porque no les iba a ser tan fácil cerrar una negociación paritaria. Los últimos años la han cerrado con dos audiencias sin ningún tipo de consulta a las bases ni de resistencia. Lo que proponían las empresas se firmaba y chau. En paralelo, gana Milei las elecciones y, esta política de ajuste feroz que prometía y que finalmente cumplió, le cae muy bien sobre todo a las empresas periodísticas que es un sector que se complejizó más aún con el cierre de la pauta oficial”, describió la delegada.

Por su parte, Ignacio Petuchi, delegado del diario Ámbito Financiero, contó que en su medio “el aguinaldo lo abonaron en tres cuotas, la primera en junio, la segunda en julio y la tercera el 23 de agosto. Nosotros veníamos haciendo medidas de fuerza porque hubo un mes que de la nada llegó el cuarto día hábil y nos avisaron que no iban a estar los sueldos acreditados. Automáticamente llamamos a asamblea e hicimos paro por tiempo indeterminado hasta que se cobre la totalidad del sueldo. El problema se repitió en los meses siguientes, aunque últimamente los paros eran por horas debido a cierto desgaste.

“Llegó el cuarto día hábil de agosto y empezaron a llegar los telegramas de despidos, además nos habían descontado un montón de horas, a mí me descontaron un cuarto del sueldo, por todos los ceses de tareas que habíamos hecho. Nos pusimos a disposición de los compañeros y ellos no decidieron iniciar ningún proceso de lucha sindical, sino más bien judicial, y finalmente quedaron todos desvinculados”, agregó Petuchi.

Sobre lo difíciles que se vuelven las negociaciones, Bullentini contó: “Nos costó mucho la negociación de enero a abril, algunas empresas, como Página/12, estuvieron cuatro meses sin dar ni un punto de aumento. Otras sí, pero en la negociación paritaria colectiva se mostraron muy duras. Tanto, que la cámara, AEDBA (Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires), la que nuclea a diarios como La Nación, Clarín, Página/12, Perfil y otros, no quisieron firmar acuerdo, de hecho se retiraron de la negociación paritaria poniéndola en riesgo”. Si bien aclaró que “no se retiraron del todo, porque participan de las reuniones pero no quisieron poner su gancho, por lo cual, para algunos trabajadores no era tan dañina la situación porque individualmente, puertas adentro, esas empresas dieron aumentos, incluso más que lo que se firmó en ese acuerdo, pero otras como Perfil o Página/12 nos ha costado mucho cobrar. De hecho, en Página/12 todavía no cobramos los aumentos que se firmaron para el primer tramo de 2024 y 2025: mayo, junio y julio”.

 

Divide y reinarás

La delegada de Página/12 también denunció: “El medio está queriendo partir la organización gremial hacia dentro con beneficios para aquellas persona que no participan ni se sindicalizan. Pagos extras, aumentos que no nos dan a nosotros se los dan a ellos. Lo hizo siempre, pero en los últimos tiempos se acrecentó porque creció la conflictividad”.

“La situación sigue siendo muy difícil porque AEDBA ahora están jugando a ir dividida. Hay dos ofertas, una mala y otra peor, entonces nos obliga a nosotros a rechazar una oferta que es mala pero que ayudaría a la situación de los compañeros y compañeras en pos de presionar al resto de las empresas que, por otro lado, si bien no ofrecen nada en la negociación paritaria, sí ofrecen de manera individual. Clarín está dando aumentos todos los meses, pero en la negociación paritaria se niega a firmar un acuerdo”, explicó Bullentini sobre las estrategias empresariales. “Es muy difícil porque complica mucho la movilización y organización porque las personas tienen, en esta situación de precariedad, de salarios de hambre y de multitrabajo, el cuerpo muy cansado y la cabeza muy desgastada. El pluriempleo precario ya ronda la locura, estamos con dos o tres laburos, en algunos casos de otra cosa, superponiendo tareas. Cuesta mucho que los compañeros y compañeras comprendan que de esta situación se sale con el cuerpo en la calle, lo único que quieren es un poco de paz. Si aparece algo de guita para poder estar un poco más tranquilos, no van a ponerla en riesgo. A todo esto hay que sumarle que no hay laburo de periodista, los que hay son pésimos, entonces también uno tiene cierto temor de quedarse sin trabajo”.

Sobre la precarización laboral, Bullentini comentó que “colaboradores y colaboradoras hay muchos y es muy difícil organizar ese sector, en Página/12 están cobrando por una nota A que es la más importante en la página, 13 mil pesos brutos. ¿Cuántas notas tenés que hacer o en cuántos medios tenés que trabajar para que te resguarde de la pobreza?”. Por eso recalcó que “para nosotros fue muy importante que el SiPreBA logre el reconocimiento que se merece porque es el sindicato que tiene representación en las redacciones y es nuestra voz ahí. Por supuesto que no es gratis, pero lo vamos a sostener con lucha”.

Gabriel Castelli, delegado de Crónica, opinó que “el Ministerio de Trabajo nunca funcionó de manera eficaz para ponerle los puntos a las empresas en lo que respecta a normalizar las contrataciones. Hoy, devenida en secretaría, mucho menos”.

Luis Autalán, también de Bae Negocios, diario del grupo Crónica, comentó :“En la era del macrismo, quedamos con expedientes pendientes después de 22 audiencias. Ahora, uno de los reclamos para el que no tenemos agenda prevista porque no nos otorgan la audiencia, tiene que ver con que, en su momento, Massa dio un bono de 40 mil pesos para quienes no cobraran más de183 mil. Hay empresas que no lo abonaron y la vía de reclamo es la Secretaría de Trabajo, que no nos atiende”.

Castelli, del mismo medio, añadió: “El empresario la cuenta que hace es ‘si contrato pibes que viven con mamá y papá, no pagan alquiler, entonces con lo que yo les pago les alcanza’. Hacen esa ecuación maldita, que es horrible, pero nos lo han planteado en algunas ocasiones. No deberían hacer esa cuenta, sino pagar un salario acorde, como mínimo, a la canasta básica. Los empresarios te dicen que les está yendo mal y que no están facturando, la realidad es que al empresario que no le camina el negocio, lo corta y arranca de nuevo con otra cosa. Son medio mentirosos en ese sentido”.

Autalán agregó que “ellos al sueldo lo consideran una pérdida y no es así, hay una contraprestación”. Por otro lado, destacó que “la famosa batalla cultural, que en realidad es una guerra, hace que hoy haya compañeros que piensen que vos no sos un delegado, vos sos un empleado de ellos. Ahí se pierde un concepto básico que es la solidaridad, es antipático decirlo pero en algunos casos pasa y duele. Ser delegado es hacerte cargo de la realidad de tus compañeros, de los que querés y de los que no querés, y de sus familias”.

Autalán mencionó que, a pesar de todo, “tenemos un gran atributo que no es nota de tapa: de alguna manera trabajamos de lo que nos gusta. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mercado laboral mundial, no llega al 11por ciento la cantidad de gente que realmente trabaja de lo que le gusta. No hay periodistas por obligación”.