Marcha y liberación

Marcha y liberación

Otros once detenidos en la manifestación contra la Ley de Bases fueron liberados luego de que miles de personas se manifestaran en la Plaza de Mayo para exigir el cese de la criminalización a la protesta social. A todos ellos -y a los otros 16 que ya habían sido puestos en libertad- la jueza María Romilda Servini les dictó la falta de mérito. Aún quedan cinco manifestantes apresados.

Ayer en Plaza de Mayo se realizó un acto para exigir la libertad inmediata de las 16 personas que, hasta el momento del evento, aún seguían detenidas luego de la represión policial a la protesta durante el debate por la Ley Bases. Horas después del acto, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó la excarcelación de 11 de ellos, que anoche empezaron a salir de las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza. Son cinco los procesados con prisión preventiva que aún continúan detenidos, acusados de delitos graves como tirar piedras o saltar vallas.
“Nuestra vida se detuvo y la tuya también, las noches son largas y las esperas eternas, pero estamos fuertes, éramos un montón de desconocidos y ahora somos una familia grande, el abrazo pronto va a llegar”. Con estas palabras resumidas en una carta a sus familiares presos se expresaron –sobre el improvisado escenario montado frente al Cabildo– hermanas y hermanos, madres y padres, novias y novios de los detenidos en la causa iniciada por el fiscal Carlos Stornelli, quien acudió a doce delitos del Código Penal para acusarlos de haber incitado a la violencia colectiva con el objetivo de entorpecer una sesión legislativa. En su escrito había copiado el comunicado del gobierno que los calificaba de “terroristas” que buscaban “perpetrar un golpe de Estado”.
La convocatoria estuvo a cargo de organismos de derechos humanos y familiares de los detenidos y comenzó cerca de las 17 cuando la plaza comenzó a llenarse de agrupaciones políticas, sindicatos, organizaciones estudiantiles y autoconvocados. Efectivos de la Policía Federal aparecieron decididos a hacer respetar el protocolo “antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así, un cordón policial rodeó parte de la plaza y comenzó a llevar a las pocas personas que se encontraban sobre la calzada a la vereda. Los presentes criticaron la decisión, a través de cánticos e insultos, pero no hubo mayores incidentes y el acto pudo continuar.

Familiares, amigos y parejas de los 16 detenidos tomaron la palabra y en primer lugar leyeron un comunicado que acompañaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, distintos organismos de derechos humanos, diputados y senadores de Unión por la Patria -incluidos los que fueron lastimados durante la represión en el Congreso-, del Frente de Izquierda, el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y numerosos intendentes de la Provincia de Buenos Aires. El texto hizo hincapié en el derecho democrático y constitucional de protestar que cada uno de los arrestados ejercía al momento de la detención, y destacó que la gran mayoría fueron apresados a más de 10 cuadras de la Plaza Congreso, mientras se producía la desconcentración. Luego vino la lectura de la conmovedora carta a los presos, interrumpida varias veces por la emoción de quienes leían, y acompañada tanto por aplausos de aliento como insultos hacia el presidente Javier Milei.

“Esta manifestación es para pedir la libertad de los 16 que aún están detenidos y el cierre de todas las causas injustas porque ellos estaban manifestándose pacíficamente”, declaró en el cierre del acto Alan Juárez Oliva, hermano de Camila Juárez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y madre de dos hijos.

Al igual que Camila, otros cuatro detenidos eran estudiantes universitarios: Lucía Puglia de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Gabriel Famulari de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y Nicolás Mayorga y Sasha Lyardet de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Al final de la convocatoria, una columna compuesta por alumnos y docentes de las universidades del conurbano recorrieron la plaza mientras reclamaban la liberación de sus compañeros. «Mi hermana, como tantos otros, es estudiante universitaria. No son terroristas», agregó Juárez Oliva. 

María Colombo, hermana de Juan Pablo Colombo, relató cómo fue el calvario que vivió su hermano desde la detención hasta las primeras horas en la comisaría. «Lo detuvieron yéndose de la manifestación. Fue solo, a manifestar por sus derechos, no fue a hacer quilombo ni a romper nada. Pero lo agarraron, yéndose de la plaza, y le pegaron con una manopla», narró María. Y continuó: “La primera noche, en Tacuarí, lo maltrataron, lo insultaron y hostigaron. Lo dejaron atado, no le daban de comer ni lo dejaban ir al baño. Pasó esa primera noche esposado». Hasta el momento del acto Colombo aguardaba su liberación en la cárcel de Devoto.

«La causa judicial es difícil de explicar como abogada, pero la puedo explicar con una interpretación política. Como abogada, pareciera que alguien abrió un Código Penal y dijo ´todos estos delitos me gustan´ y los metió. No tiene coherencia», dijo la diputada del FIT-U Myriam Bregman a ANCCOM. «Estamos ante una causa armada, que se decidió en el escritorio de Patricia Bullrich y que luego fue entregada al fiscal Stornelli. Ahora la jueza (María Romilda Servini de Cubría) tiene que decidir de qué lado está de esta operación política diseñada para agarrar a cualquier persona e involucrarla en estos graves delitos y decir si hubo un intento de golpe de Estado, o escuchar el enorme arco político que se está expresando acá. Quieren derogar el derecho a manifestar en la Argentina», agregó.

El acto fue breve pero emotivo y contundente, finalizó cerca de las 18 cuando los familiares de los arrestados, muchos entre lágrimas, agradecieron el apoyo y rogaron que los siguieran acompañando. Luego, moderadores del evento tomaron la palabra y advirtieron sobre la desconcentración, recomendando ciertas avenidas, intentando no volver a sufrir lo sucedido el pasado miércoles. Por su parte, los uniformados que aguardaban alrededor de la plaza, comenzaron lentamente a desagruparse, pero sin sacar sus miradas sobre los rezagados que aún cantaban frente al escenario que, ante la partida de familiares, se vació rápidamente.

Quedan cinco

Tras la manifestación del miércoles pasado contra la Ley Bases, 33 personas habían sido detenidas. En una primera instancia habían sido liberados 17 y al cierre de esta edición, otros 11. A todos se les dictó la falta de mérito y en las redes empezaban a circular videos de esos primeros largos abrazos tras la salida de sus lugares de detención. 

En tanto, la jueza Servini de Cubría procesó con prisión preventiva a Patricia Daniela Calarco Arredondo, Facundo Ezequiel Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez, David Sica y Cristian Fernando Valiente. Según pudo verificar ANCCOM, les endilgó los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad, salvo a Calarco Arredondo, a quien procesó por incendio y daño agravado.

¿Quiénes son los detenidos?

¿Quiénes son los detenidos?

La mayoría de los 33 apresados en la manifestación contra la Ley de Bases fue durante la desconcentración, a más de diez cuadras del Congreso. Ninguno tuvo que ver con la quema del auto de Cadena 3. ANCCOM te cuenta algunas de sus historias.

A fuerza de rosca, negociaciones y sospechas de acuerdos de cargos a cambio de votos, un oficialismo netamente minoritario -cuenta con solo 7 de las 72 bancas- aprobó este miércoles en el Senado la Ley Bases. Mientras la sesión transcurría en la Cámara alta, afuera había una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad, que aplicaron gases lacrimógenos y balas de goma para echar a la gente que se había congregado desde la mañana frente al Congreso de manera pacífica. Además de tres diputados internados por el efecto de los gases lanzados a sus rostros, hubo 200 heridos y 33 detenidos.

El operativo orquestado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se extendió a varias cuadras del Palacio Legislativo. Las policías Federal y de la Ciudad -que hizo la vista gorda con los encapuchados que quemaron el auto de un periodista de la radio Cadena 3 de Córdoba- fue la que amedrentó y detuvo a más de tres decenas de manifestantes que se retiraban a sus casas. También arrestó a trabajadores informales y vendedores ambulantes.

El gobierno de La Libertad Avanza denunció un intento de golpe de Estado y aseguró que todos ellos eran “terroristas”. Casi al mismo tiempo, el fiscal federal Carlos Stornelli requirió a la Ciudad que los detenidos pasen al fuero federal, hizo copy paste del comunicado oficial, al que agregó apenas unas notas de Clarín y La Nación en su escrito de imputación de doce delitos del Código Penal, y pidió que se les aplique la prisión preventiva.

Mientras los detenidos declaraban en el juzgado federal Nº 1 a cargo de María Romilda Servini, quién resolverá si sostiene los pedidos del fiscal, y familiares y un amplio arco de organizaciones políticas y sociales pedía su libertad, ANCCOM se comunicó con familiares y allegados de varios de ellos para conocer sus historias.

“Es un compañero muy valioso”

“Martín es un compañero muy valioso para nosotros, con una sensibilidad particular y muy solidario y sociable, muy de barrio, le gusta la música y es hincha de Boca”, relata Marcelo Ortega, trabajador de la cooperativa Madygraf, en relación a Martín Dirroco, uno de los manifestantes que fue capturado por la Policía tras la concentración en la Plaza del Congreso. Admite que solamente se pelean por el fútbol, porque él es de River. “En la fábrica lo quieren todos, entró muy jóven allá por el 2005, aprendió el oficio, es muy sensible, cuando habla se emociona”, agrega. Suele ser el que organiza los festivales musicales que se hacen en el enorme predio de la exDonnelley.

Ambos se conocen desde hace casi dos décadas, y comparten sus jornadas laborales en la emblemática planta gráfica recuperada de la localidad de Garín, en la provincia de Buenos Aires. Además, de ser vecinos del barrio Santa Brígida del partido de San Miguel. La eliminación del monotributo social fue la causa que motorizó su movilización hasta el centro de la Capital Federal para hacer escuchar su voz: “Nos perjudica en los aportes, la obra social. Es lo único que tenemos para estar dentro de algún tipo de cobertura”, explica.

“Cuando estaba terminando la manifestación ya estábamos sobre la avenida  9 de Julio y Moreno, casi a diez cuadras casi del Congreso, esperando el micro que habíamos alquilado con la cooperativa para viajar. Sentíamos los balazos cada vez más cerca y empezamos a correr, pero a Martín lo encerraron y lo atraparon”, detalla Ortega.

“Lo agarraron, lo tiraron al piso, le pusieron las rodillas arriba, fue bastante brutal, como una cacería. Intentaban tener detenidos, lo hacían con todo aquel que tenían cerca”, agrega. Por otra parte, el obrero de Madygraf denuncia que las fuerzas de seguridad intentaron plantarle en la mochila a su colega elementos punzantes, pero tuvieron que recular luego de que varias de las personas que estaban alrededor lo advirtieran. “Como había un grupo de abogados viendo lo que había pasado, entonces la policía tuvo que retroceder”, explica.

No obstante, a pesar de estar lejos de la zona en que hubo distubios -protagonizados por gente encapuchada y, presuntamente, infiltrada-, Martín Dirroco, padre de una nena pequeña que es su pasión, sigue detenido a la espera de la definición de la Justicia.

Tras estar alojado en una comisaría del barrio porteño de Parque Patricios, fue trasladado a los Tribunales Federales de Comodoro Py para declarar en la causa por iniciada por el fiscal Stornelli, exfuncionario de los gobiernos de Mauricio Macri y Daniel Scioli en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

“Es una locura creer que Martín es un terrorista”, sostiene Ortega, en camino a dicho juzgado para acompañar –aunque sea desde afuera– a su amigo y compañero de trabajo.

“Es una situación de mierda”

Otra de las detenidas tras las manifestaciones en el Congreso fue Camila Juárez, una estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e integrante de la Asamblea Barrial de San Martín que había decidido ir a reclamar junto a varios de sus compañeros y fue llevada sin razón por la Policía.

“Habían llegado alrededor de las 16, justo cuando empieza la brutal y feroz represión, y estaban en la parte de atrás de la plaza. O sea, no llegaron a ingresar a la plaza porque ya veían que había balas de goma, gases, y entonces retrocedieron hasta la avenida 9 de Julio”, cuenta su hermano, Alan Juárez.

En medio de una situación de tensión, con Policía Motorizada persiguiéndola a ella y varios de los manifestantes, la joven de 33 años y madre de dos hijos se tropezó en plena calle y terminó siendo capturada por las fuerzas.

“Las tuvieron a ella y otras seis mujeres detenidas adentro del camión celular toda la noche. Recién a las 8 de la mañana ingresaron a la alcaldía y las tuvieron esposadas casi 24 horas en un pasillo, porque supuestamente no había lugar. Nosotros estamos denunciando que son torturas”, reclama.

“Ella nunca  estuvo involucrada en nada, ni en los disturbios, ni nada. Si lo hubiese estado, estos que son los reyes del Twitter y el video ya sería viral por todos lados”, sostiene.

Camila, como el resto de las mujeres detenidas, padeció los malos tratos. La tuvieron esposada varias horas, no le dieron de comer, ni tampoco permitieron el ingreso de medicación clave para su vida diaria. “Es un tratamiento que no puede cortar, esto es bastante brutal”, protesta su hermano.

El caso de esta joven se hizo viral a través de un audio de su madre, en el que al borde las lágrimas cuenta la situación que está viviendo: “Mis nietos están esperando a su mamá. A aquella gente que la estigmatiza por ser madre y salir a luchar les digo que ella tiene un montón de razones para luchar. Luchar no significa romper nada, es defender los derechos. Ella no es una terrorista”, expresa.

“Los nenes están preguntando por la madre hace dos días, el más grande ya sabe de la situación y está recontra preocupado;  a la otra todavía no le dijimos, pero está preguntando dónde está la madre”, detalla Alan.

“Mi vieja está destruida, hace dos días que no duerme, no la puedo sacar de Comodoro Py, no puedo lograr que coma, es una situación de mierda”, remata.

“Fue una emboscada terrible”

Otra de las estudiantes de la UNSAM detenida de manera arbitraria por la Policía tras la manifestación en el Congreso se llama Sasha Lyardet, cursa la carrera de Comunicación, y fue capturada junto a Camila Juárez.

“Estaban desconcentrando la movilización con compañeros de la universidad cuando sufrieron una encerrona entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad. Hay muchísimas balas de goma, muchos gases y corridas. Ella quiere ayudar a levantarse a Camila y en ese momento las encierran con tres motos y las amenazan con pegarle un tiro”, cuenta Nahuel Schiavoni, su novio.

“Estaba lejísimos de los incidentes”, protesta. Y es que, al momento de ser detenida, Lyardet estaba -al igual que Camila- sobre 9 de Julio y Chile.

“Fue una emboscada terrible, porque la gente salía corriendo de la Federal a la 9 de Julio y ahí esperaba un operativo cerrojo de la Policía de la Ciudad con camiones hidrantes”, denuncia.

“No hay una imputación clara todavía. Las abogadas todavía no pudieron leer el expediente completo y  ver cuál es la situación procesal porque arrancó mal desde un principio. Hubo más de 12 horas donde no ingresaron a ningún lado y estuvieron arriba de un camión”, reclama.

Mientras tanto, el joven sigue a su novia a todos lados, a la espera de que la Justicia la libere: “Pasé la noche frente a la comisaría y ahora me vine a Comodoro Py a acompañarla”, detalla.

A pesar del daño que puede generar estar durante más de un día esposada y sin poder acceder a comodidades, Sasha se encuentra en buen estado de salud. “Está un poco ansiosa y angustiada, pero mantiene la templanza”, reconoce Schiavoni.

“Es una locura”

Sofía Ottogalli es de Beccar, partido de San Isidro, tiene 31 años, es madre de un hijo y también había decidido ir a reclamar contra la Ley Bases. En su caso, junto a la Coordinadora por el Cambio Social en la que milita. Una vez que terminó su trabajo como niñera fue hasta la Plaza del Congreso, donde terminó siendo una de las personas privadas de su libertad sin un motivo claro.

“Ella estaba en 9 de Julio y Chile, desconcentrando de forma pacífica, y en el cierre de la columna para que los compañeros avancen. En esa instancia fue cuando la policía empezó a avanzar en la cacería. Vio que a algunos compañeros de ella le tiraron la moto encima y trató de ayudarlos, pero la agarró uno de ellos del pelo, la tiraron contra el piso y la detuvieron”, relata Facundo Alvarenga, su expareja y padre de su hijo.

“Nos estaban esperando en Avenida de Mayo y en 9 de Julio”, reclama el joven, que también participó de la movilización. No obstante, el raíd posterior a la detención fue peor.

“Primero nos paseamos de comisaría en comisaría, porque nos decían que estaba en un lado y nos mandaban a otro. Finalmente, la trasladaron a la Unidad 15, que es la de género, a donde llegó a la una de la mañana y pudimos verla entrar”, cuenta.

Esposada, sin espacio y sin comida. Así pasó la noche, en un relato que se asimila al de todas las mujeres que fueron capturadas por las fuerzas de seguridad.

“Ella está bajo un tratamiento de salud mental, y el tema de la medicación fue un problema, porque nos dieron tres millones de vueltas para dársela, y recién lo hicieron a las 18, que fue cuando yo pude subir. O sea tuvo casi un día completo sin medicación”, detalla Alvarenga.

“Sofía estaba de forma pacífica retrocediendo con sus compañeros. Es una locura ahora todo esto que está pasando, que la quieran acusar de atentar contra la democracia”, analiza.

Mientras tanto, el hijo que tienen en común quedó al cuidado de su abuela y a la espera de reencontrarse con su mamá: “Está bien, pero ya pide por ella”, asegura.

“Era una maraña de gente y se la llevaron”

Daniela Calarco es militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar y se encontraba en las adyacencias del Congreso de la Nación porque es una de las víctimas del gobierno de Javier Milei. Ella es una de las empleadas del exministerio de Desarrollo Social -actualmente de Capital Humano- que fue despedida con la llegada del libertario a la Casa Rosada.

“Estuvimos viendo todo el panorama y cerca de las 18, después de todo lo que fue la represión, nos estábamos yendo. Por suerte no tenemos compas heridos, pero comimos mucho gas”, relata Emilia Manazza, su compañera de militancia.

“Fue un embudo hacia Avenida de Mayo y ahí fue la represión. Las organizaciones quedamos en el medio y avanzamos hasta 9 de Julio y Belgrano, donde tiraban balas de goma y nos tuvimos que cubrir. Cuando salimos, un policía de civil intentó agarrarla y ayudamos a zafarla, pero después vinieron más, era una maraña de gente y se la llevaron”,  relata, sobre la detención de Calarco.

La joven militante también fue llevada a Chacarita, donde las condiciones no eran las óptimas. Sin embargo, eso no hizo mella en su ánimo.

“Yo me pude comunicar con ella con el teléfono y estaba bien. Le pasaron toda la comida que le llevamos, mate. Estaban separadas con las esposas, pero estaban bien, incluso de ánimo y de moral, a pesar de todo ese contexto de mierda”, detalla Manazza.

Estos testimonios dan la pauta del panorama que se vivió este miércoles frente al Congreso de la Nación. Mientras Milei tuvo su primer triunfo electoral, a seis meses de asumir como presidente, en las calles se sembró el panic show que describe una de sus canciones predilectas.

La represión avanza

La represión avanza

La Correpi denunció que el proyecto de reforma del Código Penal que presentó Patricia Bullrich legaliza el gatillo fácil, criminaliza la protesta y facilita las detenciones de niños y pobres.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) se reunió junto a abogados y representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, para debatir sobre los proyectos de reforma del Código Penal presentados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri ante el Congreso. “Estas iniciativas nos afectan a todos, todas y todes, no las podemos dejar pasar”, es el lema de la campaña que lanzó la organización antirrepresiva.

Se trata de una reforma penal que en buena medida estaba contemplada en el primer texto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, pero que en el nuevo texto ya no aparece. Esto, lejos de ser un alivio para la organización política, también es preocupante, ya que para la Correpi el debate sobre la reforma del Código Penal puede pasar inadvertido. “Se lo vende a la opinión pública como el combate a la inseguridad”, afirmó María del Carmen Verdú, una de las máximas representantes de la organización, e hizo hincapié en un tópico que se trató varias veces durante la reunión: cómo lograr que las personas de a pie entiendan la gravedad de estos proyectos.
En la reunión convocada en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) se hicieron presentes integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de la Red Federal por los Derechos Humanos, sindicatos, asociaciones de profesionales y organizaciones sociales y políticas con miradas e ideologías diversas, que no suelen confluir en otros espacios.

 

Legítima defensa y gatillo fácil
A través de esta modificación del Artículo 34 se busca delegar más facultades a los policías, que no tendrían ningún tipo de consecuencias por su accionar, todo bajo la justificación de la legítima defensa o el legítimo cumplimiento del deber. Es decir, de aprobarse esta reforma, el policía ya no deberá dar la voz de alto ni identificarse, y podrá disparar sin más, incluso por la espalda. “Lisa y llanamente es la legalización del gatillo fácil”, según palabras de Valeria Mustoni, militante de Correpi.
Además, a las víctimas y familiares se les quita el derecho a la querella y de formar parte de un juicio justo. En ese sentido, Verdú sostuvo que “se invierte la carga de la prueba porque se presume que si el policía disparó por algo será”. Con esta reforma, el acusador es quien deberá probar que no hubo hipótesis de legítima defensa ni de legítimo cumplimiento del deber.

Criminalización de la protesta

 De aprobarse este paquete de medidas,con la reforma de los Artículos 237 y 238, se modificarían las figuras de atentado y resistencia a la autoridad, aumentando las penas exponencialmente. El atentado simple pasaría de uno a tres años y medio y dejaría de ser excarcelable, mientras que el atentado agravado sumaría dos años más de pena, pasando así de 4 a 6 años. Además, allí se suma el agravante de que el hecho haya sido cometido por más de tres personas, por lo que Correpi sintetizó que este cambio es una criminalización de la protesta: “El 75% de las detenciones de la Policía de la Ciudad son por atentado y resistencia a la autoridad; marchas, manifestaciones, vecinos quejándose por falta de la luz, personas en situación de calle, manteros”, agregó Verdú. 

Reiterancia 

Esta nueva figura, en principio, busca encarcelar a cualquier persona que ya haya cometido un delito, por más leve que haya sido, sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme. De esta manera, deberá esperar la finalización del juicio estando ya detenido. Correpi explicó que “la ‘reiterancia’ lejos de ayudar a detener homicidas sueltos solo justifica la persecución a pobres y manifestantes, e intenta llenar las cárceles con personas que han cometido delitos menores. La figura de reiterancia, utilizada ya en la provincia de Mendoza, se aplica ante la simple imputación de un delito, por lo que bastaría solo manifestarse para terminar preso. 

Ley de Organizaciones Criminales

También conocida como la Ley “Antimafias”, inspirada en leyes estadounidenses e italianas según dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, legalizaría los allanamientos e intervenciones de teléfonos sin orden judicial, y las detenciones por 48 horas para averiguación de antecedentes. Por supuesto, durante ese lapso, el detenido permanecerá incomunicado. Una persona solo necesitaría ser acusada de formar parte de una asociación que se considere ilícita para recibir la pena del delito más grave de esa organización, aún si no estuviese enterada de los hechos que habría cometido el resto del grupo. Además, dentro de este paquete de reformas, también se modificaría la Ley 26879 de Registro Nacional de Datos Genéticos y se incorporarían allí absolutamente todos los delitos, desde el más simple al más grave. 

Baja de la edad de imputabilidad

Por si todo esto fuera poco, a estos proyectos debe sumarse la modificación en la baja de la edad de imputabilidad a 12 años, anunciada por Patricia Bullrich el pasado 8 de mayo, Día de Lucha contra la Violencia Institucional porque se conmemora la masacre en Ingeniero Budge, cuando en 1987 personal de la policía bonaerense asesinó a tres jóvenes de entre 19 y 26 años.

 

Luego de casi dos horas de debate en el Sipreba tanto Correpi como los representantes de las organizaciones sociales hicieron foco en dos cuestiones: rechazar categóricamente estas reformas, junto con la Ley de Bases en general, haciéndose presentes en las calles las veces que sean necesarias, e intentar que el resto de la sociedad entienda la gravedad de lo que está en juego para que acompañe el pedido.

 

No reciben comida pero sí policías

No reciben comida pero sí policías

EL Poder Judicial ordenó el allanamiento de 27 comedores populares de organizaciones sociales tras una denuncia por coacción presentada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Los dirigentes advierten que se trata de una maniobra para acallar las protestas y señalan que si las organizaciones desaparecen su lugar lo ocuparán los narcos.

Durante la madrugada del lunes 13 de mayo la policía realizó veintisiete allanamientos contra comedores populares, domicilios particulares –donde había niños y niñas durmiendo–, emprendimientos productivos y oficinas de organizaciones sociales de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires en el marco de una causa federal por presunta coacción y defraudación a la administración pública iniciada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

La Justicia Federal investiga a dirigentes y militantes de las organizaciones sociales por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales para que participen de las manifestaciones en contra de las medidas del actual gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Patria Bullrich aportó denuncias anónimas recibidas a través de una línea telefónica habilitada por el organismo. De un total de 900 llamados, tras la depuración que hizo la fiscalía federal de Gerardo Pollicita quedaron 45. De ellos, solamente siete personas accedieron a declarar y a partir de esos datos es que fueron ordenados –por la Sala I de la Cámara Federal porteña accediendo al pedido de la fiscalía, dado que el juez Sebastián Casanello había negado las medidas– los allanamientos a locales del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y otras organizaciones sociales, así como la intervención de líneas telefónicas y el secuestro de dispositivos.

Por su parte, las organizaciones sociales denuncian una intención de apriete del oficialismo por las protestas realizadas desde diciembre, en reclamo de la entrega de alimentos. 

Charly Fernández, integrante del FOL, fue uno de los dirigentes cuya casa fue allanada. “A eso de las 5 de la mañana nos rompieron la puerta, nos tiraron al suelo, nos encañonaron, buscando dispositivos electrónicos”, relató. Y describió que “fue un operativo totalmente desmedido, con autos no identificados, agentes de inteligencia, un show donde nos grababan. Claramente no tenían ninguna prueba, sino que venían a hacernos un allanamiento para ver qué sucedía, con el objetivo de demostrarnos el poder que tienen y que vienen a amedrentarnos”. Sin embargo, expresó que no le tienen “miedo a este gobierno injusto que comete actos ilegales y desmedidos”.

Por su parte, Silvia Saravia, referente del movimiento social Barrios de Pie, consideró que el principal objetivo de este tipo de acciones violentas es parte de un plan para criminalizar y atemorizar a quienes defienden los derechos sociales y luchan contra la política que Javier Milei lleva adelante. “Es un modelo de país que empobrece y deteriora las condiciones de vida de la mayoría de la población”, aseguró y completó: “Es un paso más en la intención de estigmatizar a las organizaciones sociales, tienen el objetivo de instaurar miedo en la población para que el gobierno de Milei avance en sus medidas con la menor resistencia posible. Más allá de que no haya ningún compañero de nuestra organización involucrado en la denuncia ni en allanamientos, consideramos un ataque para el conjunto que hoy denunciamos las consecuencias de las medidas del este gobierno, y que estamos en la calle para resistir esos avances”.

No al avance de los narcos en los barrios populares

Durante la fresca tarde del lunes, frente al Congreso Nacional, movimientos sociales y organizaciones denunciaron que las quieren destruir para facilitar los negocios del narco. 

Fernández inició la conferencia denunciando el hecho de que “varios de los allanamientos fueron en barrios populares y en villas de emergencia, donde la policía secuestró el sueldo que las compañeras tenían para sobrevivir“. Además, refirió que “las organizaciones sociales aprendimos y acá estamos todos juntos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Vamos a dar la vida por todo lo que construimos y por los pibes y pibas”

Quiénes se hicieron presentes al grito de “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta.. se jode, se jode!” fueron los integrantes del FOL, Polo Obrero, Barrios de Pie, UTEP, Coordinadora por el Cambio Social, CUBa, MTL, entre otras. Además, acompañaron a las organizaciones sociales los diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad, Christian Castillo y Romina del Plá, y Carlos “Sueco” Lordkipanidse, del Encuentro Militante Cachito Fukman y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero, expresó que “el movimiento piquetero pelea contra el Gobierno desde el 20 de diciembre. Iniciaron una causa para atacar nuestras movilizaciones. Todos los allanamientos fueron ilegales y clandestinos, lo primero que hizo la policía al allanar el local central del Polo fue apagar las cámaras de seguridad. ¿Por qué será?”.

Las organizaciones reivindicaron la lucha conjunta frente al ataque del Gobierno nacional para “priorizar el avance de los narcos en los barrios populares”, al decir de la mayoría de los oradores. 

 

Amparo judicial por alimentos 

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular(UTEP), con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó una medida cautelar para que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con comida de calidad, en cantidad suficiente y adecuada.

Según integrantes de la UTEP, desde diciembre de 2023 los espacios socio comunitarios dejaron de recibir productos o dinero para afrontar la demanda de alimentos, al mismo tiempo que aumentó la pobreza que afecta principalmente a niños, mujeres y adultos mayores. El Estado nacional tiene la obligación de garantizar permanentemente y prioritariamente el derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional, en cumplimiento de las leyes 25724 y 27642.

Ojos que sí la ven

Ojos que sí la ven

Una muestra colectiva de fotografías narra la represión de las Fuerzas de Seguridad en las manifestaciones contra la Ley Ómnibus que se realizaron frente al Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto. «Mostrar estas imágenes -dice el texto curatorial- es una forma de solidaridad pero también de defender el derecho a la libertad de expresión». La selección de imágenes tomadas por los 35 reporteros gráficos heridos en esas jornadas corresponde a una inciativa conjunta de ARGrA, SiPreBa, Fatpren, el Área de Fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Entrá y mirá las fotos.