Las fuerzas de Bullrich asesinaron a un bagayero

Las fuerzas de Bullrich asesinaron a un bagayero

A nueve días de la implementación del Plan Güemes, la Gendarmería Nacional reprimió a un grupo de bagayeros en la frontera de la provincia de Salta con Bolivia. Hubo un muerto y múltiples heridos de gravedad. ANCCOM habló con los protagonistas del episodio.

El pasado 18 de diciembre, un numeroso grupo de bagayeros y vecinos de la zona fue reprimido en un operativo de gendarmes del puesto 28, sobre la Ruta Nacional 50, en el municipio de Orán, provincia de Salta. Hubo más de 50 heridos, algunos de gravedad, y fue asesinado Fernando Gómez.

Según el informe oficial, un grupo de 80 personas que se encontraba transportando bultos sobre sus espaldas por la zona conocida como “La Isla” –a la vera del Río Pescado, un afluente del Río Bermejo que es la frontera entre el municipio de Aguas Blancas y la localidad boliviana de Bermejo–, se enfrentó a Gendarmería Nacional en la madrugada del miércoles. Al escuchar la voz de alto, “descartaron la carga y comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los funcionarios”.

El contexto de este episodio impone mencionar aspectos culturales de las comunidades que habitan estas regiones. Los denominados “chancheros” o “coqueros” son personas que se dedican al transporte de hojas de coca desde Bolivia hacia la provincia de Salta o Jujuy. Si bien ese traslado es considerado una práctica ilegal, el consumo de estas hojas es una práctica cultural y completamente normal en el norte del país; y, como establece el artículo 15 de la Ley 23.737, “la tenencia y consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como consumo de estupefacientes”.

Luego de que todas las personas fueran dispersadas, se trasladaron 22 bultos a las instalaciones de la Sección “28 de julio”, que es un puesto de control fijo de la Gendarmería sobre la ruta nacional 50. Allí es donde se habría desencadenado un segundo conflicto luego de que “una multitud de “contrabandistas” del lugar, con actitud agresiva, intentaron recuperar lo secuestrado”.

Nunca antes se había registrado en ningún informe oficial que los señalados como “contrabandistas” volviesen a intentar recuperar su mercadería. Mucho menos si se tratase de estupefacientes, como alude Gendarmería Nacional. El informe oficial concluye que “una vez controlada la situación, los uniformados comenzaron a inspeccionar las bolsas del contrabando”, y es allí donde supuestamente habrían hallado 49 “ladrillos” con más de 50 kilos de cocaína, junto con más de 200 kilos de hojas de coca y seis mil paquetes de cigarrillos. En ninguna parte del informe se hace alusión a los 53 bagayeros heridos, ni al fallecido.

La primera víctima del Plan Güemes

Fernando Martín Gómez, de 28 años de edad, era pasador de hojas de coca, y se encontraba en el lugar de los hechos cuando fue asesinado por la Gendarmería Nacional. Fernando habría fallecido por un impacto de bala en su costado derecho, que fue donde se encontró el perdigón que le perforó un pulmón y la arteria aorta. Además, también tenía otra herida en la pierna, de una bala que lo hirió y salió.

 En diálogo con ANCCOM, Sandra, la pareja de Fernando, contó que “él se dedicaba a pasar la coca, era el único sustento de la familia, nosotros somos 12 personas en un sólo terreno”. Gómez trabajaba de martes a sábado todo el día, y le pagaban por cada viaje que hacía, a la noche llegaba a su casa y dejaba la plata para poder alimentar a su familia. Ese día no fue diferente, estaba llevando su carga a un vehículo que la iba a transportar cuando “lo sacaron a los tiros”. Ellos tenían tres hijos, el mayor de seis, uno de dos años y un bebé recién nacido. “Quedé yo sóla porque él era el que salía a trabajar y yo me quedaba a cuidarlos”, comentó Sandra.

Sobre cómo murió su pareja, ella contó que “estaba trabajando, no va a ir a donde estaban los gendarmes como ellos dicen que fue, porque él tenía que esconder la carga para que no se la quiten, a mi marido lo mató la Gendarmería, me quitaron al padre de mis hijos, le metieron un tiro en el corazón”.

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich publicó en sus redes un comunicado luego de los hechos con el título de “Bagayeros sí, Narcos no”, en el que aseguró que “a los trabajadores que viven de pasar mercadería les damos un camino ordenado para que puedan seguir caminando, pero a los narcos no”. Sin embargo, según la familia de Gómez, él sólo se dedicaba a pasar coca y cigarrillos.

“Ahora quieren que yo no haga nada y me quede de brazos cruzados, yo voy a hacer justicia”, comentó Sandra. Y sobre esto aclaró: “La ministra Bullrich estaba diciendo que mi marido era un narco, no es así, yo no vivo en una mansión, vivo en una casa humilde, de madera y con piso de tierra. Tenemos dos camas, una tele y una mesa chiquita para 12 personas”.

Entre lágrimas, Sandra contó cómo fue que se enteró del asesinato de su compañero. “Me llamó una vecina a las 3 de la mañana del miércoles, me dijo que mi marido había muerto, y a esa hora me fui al hospital con mi hijo para ver el cuerpo”. Ni la policía, ni el hospital se molestaron en comunicarse con ella, y por eso tuvo que tomar a su hijo recién nacido en brazos y acercarse para confirmar lo que su vecina le había dicho.

“Él siempre contaba que los gendarmes eran violentos con ellos, cada vez que se los encontraban los apuntaban con las escopetas en la nuca y los pateaban como perros”, contó Sandra. “Mi marido no es narco, que venga Bullrich a ver cómo vivimos, yo no tengo nada que esconder”, sentenció entre lágrimas.

Los heridos

En total hay más de 50 trabajadores de frontera heridos. El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que 25 de ellos fueron recibidos en el Hospital San Vicente de Paul, de Orán. A su vez, se notificó un herido con bala en el abdomen que escapó antes de ser identificado, y otro que está en recuperación por una lesión similar. Asimismo hay una persona con una bala en la cabeza que está en terapia intensiva y dependiendo de un respirador artificial. Además, hay cinco víctimas más con graves complicaciones oculares que fueron trasladadas por vía aérea al Hospital San Bernardo, en la Ciudad de Salta.

El parte oficial, sin embargo, afirmó que los uniformados “fueron atacados a pedradas”, y “repelieron la agresión con detonaciones de municiones anti-tumulto”. Se hizo sólo una alusión al fallecimiento de una persona, y se mencionó que posteriormente, un grupo de bagayeros intentó “tomar” el Puesto 28 de Gendarmería, disipándose el “ataque” con “disparos con municiones de posta de goma”. En ningún momento se mencionaron las balas de plomo que acabaron con la vida de Gómez y que dejaron a sus compañeros heridos de gravedad. Los trabajadores mencionan que se trató de ese tipo de munición pero el aspecto está bajo investigación en manos de los fiscales de Orán y Tartagal, María del Carmen Núñez y Marcos Romero.

El conflicto continúa

Luego de la muerte de Gómez, el jueves se hizo un corte sobre la ruta, entre Orán y Aguas Blancas que duró casi ocho horas. Durante el mismo se generó un nuevo conflicto entre vecinos de algunos barrios oranenses que resultó en otra fuerte represión e intercambio de balas de goma por un lado, y piedras por el otro. De este incidente es que el Gobierno de la Provincia de Salta informó que hay en total 54 uniformados heridos, uno de ellos por arma de fuego. Por el lado de los manifestantes también se registraron heridos, pero ninguno se acercó al hospital por miedo a resultar detenido.

En tanto, ayer en CABA organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos de la izquierda –que habían evocado la rebelión de diciembre de 2001 con un acto en Plaza de Mayo– caminaron hasta la Casa de Salta donde repudiaron el crimen de Gómez, exigieron su esclarecimiento y pidieron la renuncia de la ministra Bullrich.

Los trabajadores de la frontera

La economía de frontera en esta zona del norte del país lleva un plato de comida a la casa de más de 8.000 personas que trabajan transportando productos desde Bolivia hacia Argentina de forma ilegal. Es por ello que la política en este sector intenta en lo posible no coartar con el alimento de aquellos que viven de esto, porque es muy difícil para esas personas emplearse en otro rubro.

Popularmente, se les da un nombre a estas personas para distinguirlos según la carga que transportan. El bagayero es el que transporta ropa, también está el conocido como “bagayero vip”, que lleva electrodomésticos y productos de mucho mayor envergadura. El “chanchero” o “coquero” es una persona, generalmente de muy bajos recursos, que transporta a nado, y a altas horas de la noche, bolsas de consorcio que se supone deberían llevar hojas de coca y cigarrillos.

Sobre estos últimos, consultado por ANCCOM, comentó Adrián Zigarán, interventor del municipio de Aguas Blancas, que “es gente de escasos recursos que los contratan para que se tiren en el río flotando en esas bolsas que ya las tienen preparadas, en las que ellos no saben qué es lo que llevan, les pagan dos pesos, corren en riesgo su vida, y después no tienen ni para el velorio”.

Sin embargo, en las últimas semanas previas a la implementación del Plan Güemes, se empezó a detectar que la cocaína estaba pasando no sólo en las bolsas de coca, sino también entre los bolsos de ropa y dentro de los electrodomésticos. “La droga pasa de día y de noche, pero obviamente no son todos los bagayeros ni todos los chancheros”, afirmó Zigarán.

El Plan Güemes

Nueve días de implementación llevaba el Plan Güemes por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, hasta que se dió el primer incidente, uno de los más graves en la historia del conflicto con el narcotráfico en Salta. El norte de la provincia tiene desde hace ya muchos años un importante problema con este sector criminal, que se profundizó de manera tal que desde la justicia hasta la política, pasando por policías, bomberos y ambulancias, estaban manchados por numerosos casos de delitos relacionados con el narcotráfico. 

El mismo Intendente del municipio de Aguas Blancas había sido destituido meses atrás y condenado a prisión domiciliaria por el encubrimiento de pruebas en el caso del asesinato de su hermano, que supuestamente tenía vínculos con el narcotráfico. Y es por ello que se designa a Zigarán como interventor. “En ese marco, el gobernador Sáenz decide asociar a la Nación, que es quien se encarga del narcotráfico, para poner un freno a esta cuestión que era transversal a todas las instituciones y combatirlo”, comentó Zigarán.

Sin embargo, la situación es mucho más compleja con respecto a los trabajadores de frontera. El mismo Interventor admite que no puede “calificar de narcotraficantes a estos pobres tipos que vienen flotando en una bolsa, que se ganan una moneda, no saben qué llevan y pierden la vida”. 

Fernando fue la primera víctima del Plan Güemes, y una víctima más del complejo sistema criminal que se dió lugar en Salta en los últimos años. Lo que hacen no es legal, y ellos lo saben, pero reprimirlos y matarlos no debería pretender ser la solución.

Las comunidades originarias ya padecen el RIGI

Las comunidades originarias ya padecen el RIGI

El voto solitario de la Argentina en la ONU contra una declaración a favor de los pueblos originarios está en sintonía con las políticas públicas que desconocen los derechos de las comunidades preexistentes a la nación. El comando antibloqueos de Bullrich debutó en Vaca Muerta.

Argentina fue el único país con representación en las Naciones Unidas (ONU) en votar en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos originarios en su Asamblea General en Nueva York. El documento promueve el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias, el acceso a la justicia, la protección del medioambiente y la preservación de sus lenguas y culturas. Sin embargo, los pueblos indígenas preexistentes a la nación argentina no se sorprendieron, el voto del nuevo ministro de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein es coherente con el ataque sistemático a las comunidades originarias que recrudeció en estos meses de la administración de Javier Milei.

El gobierno de La Libertad Avanza ha demostrado en reiteradas veces su persecución y hostigamiento hacia los pueblos indígenas y su rasgo neocolonial a la hora de administrar el poder estatal. El impulso del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que posibilita arrasar con los territorios sin consulta a sus habitantes, la incógnita de qué sucederá con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el anuncio que hizo el gobierno de no prorrogar la  Ley 26.160 que declara la emergencia de la propiedad indígena y suspende los desalojos, están poniendo en jaque la relación entre los habitantes de Abya Yala -tal como llamaban las poblaciones autóctonas a estas tierras- y el Poder Ejecutivo. 

Si bien los conflictos con los pueblos originarios no inician en la era Milei, están siendo exacerbados por la gestión de este gobierno. La situación tiene que ver con cosmovisiones de mundo distintas, que a veces encuentran consensos entre ambas partes y a veces no. Aunque la población aborigen está reconocida por la Constitución, carece de una representación política que plasme tal reconocimiento en soluciones concretas y acuerdos que permitan el respeto de sus intereses. 

La explotación petrolera y gasífera de Vaca Muerta por parte de YPF en colaboración con empresas como Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron y Shell, está en colisión con las comunidades originarias. Este martes, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció la primera intervención pública del Comando Unificado de Seguridad Productiva de la Nación, más conocido como “Comando Antibloqueos”, en la zona caliente de Vaca Muerta. En un comunicado asegura que junto a la Policía provincial irrumpió en Campo Maripe, territorio en disputa con YPF. «Bullrich -señala el documento- está ensayando la intervención de Gendarmería para (garantizar) el saqueo de las petroleras en Vaca Muerta. En la mañana de hoy la Gendarmería y la Policía de Neuquén irrumpieron conjuntamente en territorio comunitario del Lof Campo Maripe, una escena que recuerda a junio de 2017, cuando la Gendarmería intentó avasallar el derecho mapuche con represión».

 

Desde la aprobación del RIGI  –un régimen de incentivos para que las empresas extranjeras “inviertan” en el país a cambio de una rentabilidad asegurada y exenciones impositivas– ses agravaron los conflictos preexistentes para los pueblos originarios de Jujuy, Salta, Neuquen, Rio Negro y Chubut. 

En el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, buscan desalojar con una causa judicial a la comunidad mapuche Pailako, que habita ese territorio desde hace muchísimas generaciones. En ese contexto, el conflicto previo al RIGI es la llegada al país hace dos años de la empresa estatal israelí de aguas, Mekorot. El lonko Mauro Millan explicó a ANCCOM que “las acciones judiciales que hoy enfrentamos están relacionadas con la intención que tuvimos y tenemos de volver al territorio y de plantearlo como una decisión política. El Poder Judicial actúa como infantería de la represión”. Tanto Cristian Larsen, funcionario y director de la Administración de Parques Nacionales (APN), como el gobernador provincial Ignacio Torres acusan sin pruebas a la lof de los incendios que quemaron aquel territorio durante los últimos dos veranos.

Larsen dice a través de su cuenta de X (Twitter): “En la gestión pasada fue moneda corriente que se usurpen terrenos de Parques Nacionales y que las anteriores autoridades no hagan nada para evitarlo, por el contrario muchas veces a través de organismos como el INAI se les daba ayuda a estas falsas comunidades o a estas personas que escudándose en sus condiciones de mapuches utilizaban los recursos del Estado”. Fiel al explícito estilo libertario agrega: “Esta política cambió, hoy hay un cambio cultural que lo está llevando a cabo el presidente Milei y que tiene que ver con el cumplimiento estricto de la ley”. Al parecer, la ley de leyes que es la Constitución, no cuenta para este Gobierno. El Artículo 75, Inciso 17 de la Carta Magna reconoce a los pueblos preexistentes y obliga a los estados nacionales y provinciales a respetar los territorios que actualmente habitan los pueblos originarios. 

Lo que ocurre hoy es que gracias al RIGI, el presidente Milei, en uno de sus tantos viajes a Israel, reafirmó los acuerdos del gobierno de Alberto Fernandez con Mekorot. El convenio firmado en 2022 para diseñar el desarrollo de infraestructura hídrica es poco claro, con información vaga y fragmentada.  Por otra parte, en 2014 Mekorot fue denunciada en la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino. “Ocupan las nacientes de los ríos, violan normativas de agua, fronteras y viviendas”, denunció Millán. Pero el convenio que firmó Mekorot Israel National Water con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) no abarca solo a Chubut. También a Neuquén, Río Negro, Jujuy y otras provincias. 

En Salta, la empresa surcoreana Posco presentó un proyecto bajo el RIGI, con una inversión que rondaría los 1.000 millones de dólares. Los detalles del proyecto aún no se han revelado, pero se sabe que la compañía está expandiendo sus operaciones en la provincia. Y es reciente también, la inauguración de la planta de producción de hidróxido de litio, que pertenece al proyecto “Sal de Oro”. 

En esta provincia, las comunidades indígenas Oka Pukie (Mi Troja) y Kyelhuk (Quebracho) han sido demandadas en la localidad de Tartagal por la finquera María Montserrat, esta empresa busca recobrar posesión de los territorios mediante un posible desalojo de ambas comunidades. La Ley 26.160 hasta octubre las protegía porque declaraba la emergencia de la propiedad indigena y, justamente, suspendía los desalojos. El problema es que en noviembre venció este decreto presidencial, y el actual Gobierno nacional no lo prorrogará. En sintonía con los demás reclamos, la comunidad ​​repudia estas acciones y afirma que el fin de todas estas maniobras es seguir ampliando la frontera agropecuaria sobre los territorios indígenas, que usan la fuerza judicial para atropellar los derechos y las vidas de nuestras comunidades frente al poder de grandes empresarios con recursos económicos.

En agosto pueblos indígenas y sectores populares de Jujuy se manifestaron en contra del RIGI al entender que abre las puertas a grandes inversiones de empresas transnacionales para el saqueo y el extractivismo, atentando contra el medio ambiente y la Pachamama, y los derechos territoriales que ellos tienen como pueblos indígenas. En octubre, la comunidad indígena de Guerrero en Jujuy, fue desalojada por efectivos policiales y de Gendarmería  por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal. Alviso Cazón, abogado de la comunidad, dice que la sentencia fue ordenada por Guillermo Jenéfes, exvicegobernador jujeño, que es parte actuante en la causa. La noche previa al 15 de octubre de 2024 la policía fue cercando a la comunidad para que no pudieran ingresar vecinos a ayudarlos. Golpearon y forcejearon con mujeres y hombres, no respetaron las infancias y adolescencias y se llevaron a una abuela de 100 años. 

En Río Negro hubo otra situacion similar. La jueza de Bariloche, Romina Martini, ordenó el desalojo de la lof Quemquemtreu en Cuesta de Ternero, cerca de El Bolsón. La magistrada también condenó a Romina Natalia Jones, Lautaro Cárdenas Despo y Alejandro Javier Morales Godoy, referentes de la comunidad mapuche a tres años y seis meses de prisión en suspenso como coautores penalmente responsables del delito de usurpación. La denuncia fue impulsada por el empresario Rolando Rocco, quien tenía permiso para la explotación forestal de esa zona. Pero tiempo atrás se llegó a un acuerdo con la provincia para que la lof Quemquemtreu permaneciera en el predio porque el 21 de noviembre de 2021 empleados de Rocco asesinaron a Elías Garay, joven mapuche, de un disparo. Estos empleados fueron condenados en otro juicio. “El Dios de los winka (blancos) es la propiedad privada”, dice Millán en referencia a los acontecimientos en el sur del país.

La Confederación Mapuche plantea que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

Una buena

En Neuquén sobreseyeron a los siete mapuches que el exbasquetbolista Emanuel Ginobili había denunciado por usurpación en 2018. El juez Ignacio Pombo consideró que la acción contra los integrantes de la Lof Paincil Antriao prescribió en 2023. En 2004 Ginobili había comprado 12 hectáreas en el Cerro Belvedere, territorio ancestral mapuche sobre el río Correntoso, con la intención de hacer un negocio inmobiliario y turístico. En línea con este resultado judicial, el 7 de octubre en la Legislatura de Neuquén se llevó a cabo una audiencia pública contra la adhesión de la provincia al RIGI. Del encuentro participaron la Red Ecosocialista, MST, PTS, Espacio Ojalá la Tierra Solidaria, APCA, Marabunta, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNCo, el PO, vecinos de Sauzal Bonito y la Confederación Mapuche, entre otros. Desde la Confederación Mapuche se planteó que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

No hay plata, excepto para espiar

No hay plata, excepto para espiar

La Comisión de Presupuesto de Diputados recibió a Patricia Bullrich que lejos de responder preguntas agredió a los legisladores que cuestionaron la falta de partidas que garanticen derechos como la educación y la salud. El presupuesto para Inteligencia es uno de los dos que más crecería el año próximo.

Una semana después de que el poder ejecutivo -con el respaldo de la Cámara de Diputados- haya vetado la Ley de Financiamiento Universitario y casi a un mes de la anulación de la Ley Jubilatoria, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la nación, expuso frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda las razones de aumentar en un 19% los recursos económicos previstos para su area en el año 2025 – el segundo que más incremento recibió, por detras de Capital Humano-. Bajo la premisa “no hay plata” Y “el que las hace las paga”, Bullrich abrió el debate con una defensa de su gestión, en el que le agradeció a los diputados presentes el voto de las leyes que introdujo su Ministerio.

La exposición, que comenzó pasadas las 15 y culminó cerca de las 18, estuvo marcada por altercados, discusiones y acusaciones cruzadas. La disposición de la comisión -que solo permitía 10 preguntas sin la posibilidad de repreguntar- dio lugar a dudas e interrupciones debido a la evasión de preguntas por parte de la Ministra. Ante la declaración de Bullrich acerca de que su gestión “nunca considera como delincuentes a los diputados”, la diputada por Unión Por la Patria, Lorena Pokoik la interrumpió para acusarla de “caradura”, lo que desató un intercambio de imputaciones con el presidente de la comisión, José Luis Espert, mandando a sentar, fiel a su estilo, a la diputada. En medio de la discusión, Pokoik advirtió a un hombre de traje, a quien ella identificó como personal de seguridad de Bullrich, filmarla con su celular; ante esto, la legisladora peronista pidió enérgicamente que se retire esa persona, para posteriormente abandonar ella misma el recinto, buscando explicaciones de tal accionar.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó para el año próximo un presupuesto de 7,2 billones de pesos para gastos salariales y de funcionamiento pero el gobierno asignó casi la mitad: 3,8 billones. El Ministerio de Seguridad tiene previsto recibir 5,3 billones.

Ante la decisión de destinar al Ministerio de Seguridad 5,3 billones de pesos anuales, el diputado por el Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, declaró en conversación con ANCCOM: “Las partidas de educación es menor al aumento del de seguridad, eso se lo preguntamos a la Ministra Bullrich. Este presupuesto marca el ajuste de partidas muy sensibles: educación, trabajadores, jubilados. Obviamente, los pagos de la deuda son la prioridad de este gobierno, por eso creo que la resistencia de las mayorías trabajadoras va a ser cada vez más fuerte con respecto a esta situación, donde el Gobierno busca consolidar el ajuste de este 2024 y aumentar ese recorte en muchas partidas para el 2025”. En este sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado un presupuesto de 7,2 billones de pesos anuales para gastos salariales y de funcionamiento, a lo que el gobierno respondió con una asignación de casi la mitad, 3,8 billones.

Otro de los altercados que tuvo Bullrich en su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Haciendalo protagonizó con Leopoldo Moreau, integrante del bloque de Unión Por la Patria, quien utilizó sus cinco minutos para preguntarle, entre otros temas, sobre el sistema de inteligencia en las cárceles. Ante la consulta, la ministra confundió al diputado Mena, con Martín Soria, exministro en la gestión de Alberto Fernández, quien fue el encargado de poner en marcha la inteligencia del  Servicio Penitenciario. En medio de la correcciones por parte de los integrantes de la Comisión y las chicanas sobre su estado etílico, Moreau la acusó de “mercenaria”, invitándola a callarse, lo que despertó la furia de la excandidata a presidenta “Callate vos, ¿Quién habla?¿Querés que te cuente la plata que te cobraste de Yabrán?”. El cruce desató el griterío del recinto y la indignación de los diputados opositores, que le recordaron su pasado político y los permanents cambios de posicionamiento partidario. Ante esto, Moreau anunció más tarde que denunciará a Bullrich por “calumnias y amenazas”.

Por otra parte, Moreau interrogó a la ministra por los 197.238 millones de pesos destinados a la Secretaría de Inteligencia De Estado -SIDE- en el presupuesto del año próximo. “Para esto sobra plata en la República Argentina, acá no hay preocupación por el equilibrio fiscal. Esta es la inteligencia que quieren, no la que se produce en las universidades, sino la que está destinada a perseguir a los argentinos y espiarlos”, dijo el diputado.

La asignación a la SIDE despertó polémica debido a que, hace unos meses, había sido vetado el decreto que asignaaba un presupuesto de 100.000 millones para tal organismo. Para Nicolás Del Caño “es un disparate. Demuestra que hay plata para algunas cosas, pero no hay para educación, para la salud, para las jubilaciones pero sí para los controles y los espías. Lo cual, bueno, muestra el doble discurso, la doble vara que tiene este gobierno”.

Sin embargo, el momento de mayor indignación tuvo lugar cuando la Ministra de Seguridad volvió a asegurar que el episodio que tuvo como víctima a una menor de edad -en el que un efectivo de la policía le disparó gas pimienta a escasos centímetros de distancia en medio de una protesta- , fue responsabilidad de un grupo de manifestantes, asegurando disponer de un video en el que se ve al supuesto militante lanzando el gas que afecta a la niña. Bullrich no mostró el video, alegando que se lo va a facilitar a la justicia.

Finalizando la jornada, Mariano De Los Heros, titular de la Administración Nacional de Seguridad Social -ANSeS-, hizo defensa de su gestión y argumentó el presupuesto de su partida, la cual se realizó en un clima mucho más calmo, en comparación con la expectativa que había por la declaración de Patricia Bullrich

Una amenaza gubernamental a la privacidad y a la libertad de expresión

Una amenaza gubernamental a la privacidad y a la libertad de expresión

Patricia Bullrich creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para patrullar redes sociales y sitios de Internet. Hasta postula “predecir delitos” utilizando algoritmos. La medida genera preocupación por la falta de claridad sobre el manejo de datos y los mecanismos de control.

A través de la Resolución 710/24 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El organismo, que operará dentro de Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, tendrá entre sus funciones “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores, así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad”.

A fines de mayo, mediante la Resolución 428/24, la ministra comenzó a implementar un protocolo de ciberpatrullaje “en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas”, y habilitó a las fuerzas federales a realizar labores «preventivas» en el ciberespacio. Lo novedoso con esta flamante resolución es la utilización de Inteligencia Artificial; el ciberpatrullaje no es una práctica nueva para Bullrich, quien ya durante el gobierno de Cambiemos utilizaba estas técnicas, lo que resultó en varios casos de denuncias y detenciones por amenazas en redes sociales.

Funciones de la UIAAS

Este nuevo organismo estará liderado por el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri, e incluirá a las áreas especializadas de las fuerzas policiales y de seguridad federales, cuyos representantes serán designados por la máxima autoridad de cada una de estas fuerzas.

Entre sus principales tareas se incluyen: patrullar redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real utilizando reconocimiento facial, utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir futuros delitos basándose en datos históricos, identificar patrones inusuales en las redes informáticas para prevenir ciberataques, procesar grandes volúmenes de datos para crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre casos, utilizar drones para vigilancia aérea y responder a emergencias, realizar tareas peligrosas como la desactivación de explosivos mediante robots, detectar transacciones financieras sospechosas, entre otras.

“La resolución no deja claro qué clase de IA se va a utilizar y estrictamente sobre qué información. Si es sobre acciones que se están desarrollando en el presente deberían estar en el marco de una causa judicial”, comenta en diálogo con ANCCOM Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2021. Y agrega: “Usarlo para perseguir militantes políticos sería delito”.

“El riesgo mayor es el uso de Pegasus, que suele ser vendido para ser utilizado por gobiernos y es un sistema que permite introducirse en apps como Whatsapp, por ejemplo. Esta resolución merece varios pedidos de información pública para ver qué sistema se va a utilizar, sobre qué datos disponibles y demás”, advierte la exministra. El Pegasus es un programa de ciberespionaje que permite acceder a los teléfonos celulares para recabar información e incluso utilizarlos como cámaras o micrófonos, sin que el usuario se percate de la infiltración.

“Es crucial que el debate sobre su implementación incluya la participación activa de expertos en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y el Poder Judicial, para asegurar que las innovaciones en seguridad no se conviertan en herramientas de represión y control social”, dijo Juan Manuel de Casas, abogado constitucionalista.

Antecedentes y preocupaciones

El ciberpatrullaje no es una práctica nueva en Argentina. Durante el gobierno de Cambiemos, la Policía Metropolitana ya utilizaba estas técnicas, lo que resultó en varios casos de denuncias y detenciones por amenazas en redes sociales. Un incidente notable fue la amenaza contra la hija de Mauricio Macri en 2016, que llevó a la detención de varios tuiteros descontentos con el entonces presidente.

En marzo pasado, desde el Ministerio de Seguridad se ordenó el allanamiento del domicilio de un joven en el barrio de Chacarita tras analizar una discusión que mantuvo en Instagram, en la que amenazaba «con un disparo en la cabeza» al presidente. Para argumentar la peligrosidad del detenido y solicitar a la Justicia Federal el allanamiento, Bullrich indicó que «mediante el relevamiento de sus redes sociales se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la antigua Unión Soviética, contando con vínculos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público».

Poco después, en abril, un hombre de 42 años fue detenido en la provincia de Chubut, acusado de amenazar de muerte al presidente y escribir mensajes intimidatorios contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Reacciones y críticas

La creación de la UIAAS con la incorporación de inteligencia artificial ha intensificado las preocupaciones. Bullrich afirmó que existe un vacío legal que la nueva unidad viene a llenar, pero los críticos advierten sobre los riesgos de utilizar tecnologías de IA sin un marco regulatorio claro y específico.

La nueva iniciativa del Gobierno ha generado comentarios irónicos sobre la posibilidad de que la ciberpatrulla termine detectando a los militantes que insultan, hostigan y amenazan a opositores, algunos de ellos muy cercanos al gobierno y hasta con cargos. «Es probable que en las rondas de patrullaje se encuentre con los delincuentes que forman parte de la estructura política libertaria, alentada desde el poder», tuiteó el exdiputado nacional Alejandro «Topo» Rodríguez, quien la semana pasada denunció amenazas por parte de Santiago Caputo. «¿Qué hará la ministra de Seguridad si en medio de la ronda ciberpolicial se cruza con esos delincuentes mileístas?», preguntó.

Además, en el texto no se menciona quien será la empresa que proveerá la IA, donde se almacenarán los datos de las personas, o si habrá un órgano de control. El abogado constitucionalista De Casas criticó la resolución por permitir al Ministerio de Seguridad regular en materia de libertad de expresión, algo que, según él, corresponde al Congreso. “Esta medida abre la posibilidad de perfilar a todos los usuarios de redes sociales y restringir su libertad de expresión”, advirtió.

¿Quiénes son los cinco manifestantes contra la Ley de Bases que aún quedan detenidos?

¿Quiénes son los cinco manifestantes contra la Ley de Bases que aún quedan detenidos?

Cuatro hombres y una mujer siguen detenidos en penales federales acusados de delitos graves. Los que fueron liberados continúan con procesos abiertos debido a la apelación del fiscal Stornelli.

Durante la jornada del 12 de junio, mientras se debatía la Ley Bases, el Congreso de la Nación fue el foco de atención durante el día. Pero los protagonistas exclusivos no fueron los senadores ni los artículos que se discutieron, sino la feroz represión que se vivió en las afueras e inmediaciones del Parlamento. El resultado de la violencia de las Fuerzas de Seguridad dejó un saldo de más de 600 heridos y 33 detenidos. Luego de unas horas, 17 de ellos fueron liberados en el transcurso de las horas posteriores, otros 16 resultaron excarcelados seis días después, luego de que una Plaza de Mayo repleta de personas reclamara por su liberación. Pero aún quedan cinco arrestados, acusados de un sinfín de delitos.

Cuatro hombres, cuatro historias

Cristian Valiente de 41 años, extrabajador de un supermercado chino y oriundo de la Provincia de Buenos Aires, arribó a la plaza para el momento de la desconcentración, durante la tarde, de manera individual. Minutos después fue uno de los 33 detenidos por la Policía Federal y de la Ciudad. Es acusado por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad. Según la versión policial, al momento de la detención fue encontrado con una granada de gas lacrimógeno en su mochila. Según la versión de Valiente, un aerosol de gas pimienta vencido en 2022 con inscripciones del Ministerio de Seguridad, que encontró minutos antes de su arresto y que guardó para mostrar luego debido a la caducidad del mismo.

Roberto María de la Cruz Gómez también es acusado por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad. Fue detenido por efectivos de la Ciudad a varias cuadras de la Plaza Congreso, sobre la Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Manifestó, en su declaración, haber sido golpeado al momento de la detención.

Facundo Ezequiel Gómez vende café en Plaza Serrano junto con su hermana. Esa tarde del 12 de junio se acercó al Congreso, como muchos otros, para manifestarse contra la Ley Bases. Lo hizo por su cuenta, sin la compañía de amigos u organizaciones. Fue detenido alrededor de las 19:30 en Entre Ríos y Rivadavia, frente al Congreso, al lado de una valla policial, mientras hablaba por celular con su madre. 

En principio, fue arrestado por averiguación de antecedentes. Luego, según el testimonio de un policía, por saltar el vallado policial, de dos metros de alto, que se encontraba a su lado al momento de la detención. Según su declaración en la causa, un testigo observó toda la situación e intentó frenar el arresto explicando la situación. No hubo caso, era un policía contra dos manifestantes. En ese momento, cuatro uniformados se arrojaron sobre él y lo detuvieron. Su mamá, con problemas de salud, al otro lado del teléfono, fue testigo del suceso. Actualmente se lo acusa, entre otras cosas, de incitar los disturbios y se lo señala como uno de los que arrojó piedras a la policía. Mientras tanto, aguarda su libertad en una cárcel común de Ezeiza.

David Oscar Sica, de 33 años, se encontraba en situación de calle al momento del arresto. Según su propio testimonio, no estaba participando de la manifestación, se dirigía a la iglesia San Expedito, a dos cuadras del Congreso.

David Oscar Sica, de 33 años, se encontraba en situación de calle al momento del arresto. Según su propio testimonio, no estaba participando de la manifestación, se dirigía a la iglesia San Expedito, a dos cuadras del Congreso. Según su testimonio, iba a allí en busca de ropa y comida. No llegó a su destino, ya que fue interceptado por fuerzas policiales que le arrojaron gas pimienta y lo arrestaron por una supuesta patada a una mujer policía. Otra vez, la versión de los uniformados, sin más pruebas que sus palabras, contra la versión de civiles. Está acusado de atentado a la autoridad y es investigado, a pedido de la jueza María Romilda Servini, por incitación a la violencia colectiva.

La única mujer detenida

Patricia Daniela Calarco Arredondo es la única mujer que aún continúa detenida. Es lesbiana, militante social, LGBT y feminista, luchadora ambiental, referente del Movimiento Teresa Rodríguez y trabajadora despedida del exministerio de Desarrollo Social. Trabajó allí desde el 2019 hasta marzo de este año. Tenía más de un motivo para rechazar la Ley Bases y manifestarse en contra. Así lo hizo, junto con su compañera Emilia, militante también. 

Fue arrestada a la salida de un local de comida rápida. «La detuvieron cuando ya estábamos desconcentrando, a varias cuadras del Congreso. Fue un plan de cacería, lleno de motos que se tiraban encima de la gente, gases y balas de goma», afirmó Emilia Manazza, compañera de Daniela, a ANCCOM.

Se la acusa de intimidación pública, como al resto de los detenidos, pero también por daño agravado de un bien público, más precisamente las bicicletas de la Ciudad. «Hubo varias irregularidades. Primero, a Daniela la detuvo un personal de civil, sin identificación ni voz de alto. Entonces, ¿de qué resistencia a la autoridad hablan?», contó Emilia. Y agregó: «Además, a ella la detuvo un policía masculino. Segunda irregularidad. El personal femenino se demoró entre 30 y 40 minutos».

Criminalización de la protesta

 Mientras tanto, La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, junto con otros organismos y otras personalidades, se presentaron como amicus curiae en la causa. Cuestionan la criminalización de la protesta social impulsada por el gobierno nacional y exigen la inmediata liberación de todos los detenidos. “Este Gobierno quiere criminalizar la protesta, pero darle una vuelta de tuerca a nivel represivo”, sostuvo ante ANCCOM Daniel Vázquez, abogado de Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) y defensor de Calarco Arredondo.

 Al mismo tiempo, organizaciones comenzaron a llevar a cabo una serie de colectas para recolectar alimentos, abrigo y dinero, tanto para las personas que aún continúan en prisión como los que ya están fuera y siguen a la espera del cierre de la causa. “Mucha gente piensa que todo terminó cuando se liberó a la gente, pero no es así. La causa sigue para los 33 detenidos ya que Stornelli apeló la falta de mérito de todos y todas”, aclaró Vázquez. Y agregó: “Lo más importante es la organización y la solidaridad”.

 Silvia Oliva, mamá de Camila Juarez Oliva, una de las personas liberadas, convocó este próximo martes 2 de julio a las 18 en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) a una nueva reunión para exigir la liberación de quienes aún continúan presos y debatir sobre cómo seguir de ahora en más. “La idea es continuar con la coordinación y fortalecer la unidad que logramos”, imploró en su pedido.