Los trastornos del habla aumentaron sin la presencialidad escolar

Los trastornos del habla aumentaron sin la presencialidad escolar

Dic 20, 2022 | Comunidad, Destacado 5

El retorno a la cotidianidad escolar dejó en evidencia los efectos del aislamiento por la pandemia. Fonoaudiólogos y docentes explican qué pasó con los niños de jardín de infantes.

Los trastornos específicos del lenguaje (TEL) y del habla aumentaron tras el aislamiento obligatorio del 2020 de forma significativa en niños y niñas. La limitación de los vínculos y la interacción con pares pueden ser una de las causas en estos retrasos en el desarrollo integral de las infancias post pandemia. ¿Qué dicen las especialistas? ¿Cómo influye la recuperación de la educación presencial plena?

Para Laura Kolodny, licenciada en Fonoaudiología con orientación en Neurolingüística de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente de Musicoterapia en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), “el aislamiento afectó bastante al desarrollo del lenguaje, dependiendo de la edad y de qué tan construido estaba el lenguaje en su momento. Antes tenía una lista de espera de muchos pacientes, pero en 2021 aumentó sobre todo en un grupo etario de tres años que todavía no hablaba. La pandemia atrapó a chicos de uno o dos años,  que están en la edad de la adquisición del lenguaje”, afirma.

El relato de Yesica Muñoz, estudiante del Profesorado de Nivel Inicial en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 55 (I.S.F.D. y T. N°55) de Escobar y mamá de un niño de hoy cuatros años en tratamiento por TEL coincide con los efectos de haber pasado un año confinados: “A los cuatro días de que el presidente decretó la pandemia, él cumplió dos años. Empezó jardín en 2021 a los tres, pero eran cuatro burbujas, no iba casi nunca. Recién este año comenzó normal”, señala, y destaca también que durante ese período de encierro el estímulo estuvo siempre presente: “En el profesorado aprendí tantas cosas y él estaba en una edad súper accesible para eso. Le leí libros, hacíamos juegos, entonces no tuvo nada que ver la falta de estímulo. Cuando me junté con una amiga y su hijo, de la misma edad que el mío, me di cuenta que hablaba muchísimo más que él. Llamé a la fonoaudióloga y dos semanas después el jardín me recomendó que lo lleve”.

En las consultas la fonoaudióloga le comunicó que el no ir al jardín provocó su retraso en el aprendizaje del lenguaje. “Me dijo que él necesitaba eso, el contacto con otros niños y niñas. No salía a ningún lado. Tenía la plaza en la otra cuadra y no podíamos ir. Cuando salió fue un niño muy feliz, ahí empezó a demostrar lo que es él ahora”, dice.

Según Kolodny, “son las interacciones con otros pares las que las niñas y los niños necesitan para poder comunicarse y las que tenían estaba muy reducida a la familia. Se perdió también el vínculo con otros pares en las plazas, en los lugares de diversión, con el resto de la familia, los tíos, los primos, con los amigos de las familias y sus hijos. Probablemente con las personas que vivían pasaban ocho horas frente a una compu, así el formato de comunicación estaba un poco complicado”, resalta.

En este sentido, Fabiana Ferrero, licenciada en Educación Inicial de la Universidad Nacional de Luján (UnLu), jefa del Campo Práctico 1 y 2 del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico N° 55 de Escobar y maestra jardinera de hace treinta y siete años, remarcó la importancia de la educación inicial para las infancias: “Lo social que tiene la escuela no lo tiene nadie. La microsociedad la tiene en el jardín o la guardería. El estar presencial hace que sea más independiente y que adquiera un montón de habilidades que atrás de una pantalla no se pueden lograr. En el entorno familiar el niño habla mal pero la familia le entiende lo que quiere. Distinto es cuando no están en ese entorno, tienen que competir en el buen sentido con otro. Y para eso necesitan muchas habilidades, poder comunicarte, hacer valer tu palabra”, expresa.  

Cuando los jardines retornaron a una presencialidad con jornada completa, pudo notar la cantidad de niños con dificultad para comunicarse. “Tienen como un retraso de dos años. Hay un retraso importantísimo”, expresa Ferro.

Siguiendo esta línea, la licenciada en Fonoaudiología Fernanda Medina de la UBA, que atiende en forma particular y en un centro para chicos con discapacidad, dice: “La educación inicial permite exponer a los niños a situaciones nuevas y aprendizajes nuevos. Dentro de lo que es el desarrollo del lenguaje está muy marcado que es el entorno donde adquirimos el lenguaje por estar expuestos; no solo es la palabra de oído, sino lo que huelo, lo que siento, los gestos”.

Mayra Ruiz, licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de Flores y parte del espacio terapéutico de aprendizaje Brinca y Rebrinca de General Pacheco, donde articulan distintas áreas para todas las edades, pudo notar como la cantidad de casos post pandemia se multiplicaron. “Aumentaron las consultas un 99%. Hay muchos chicos que están llegando a grados altos sin saber leer ni escribir. Si bien no le podemos echar toda la culpa a la pandemia, en ese tiempo del haber estado aislados, afectó. Todo lo social es muy importante para el chico para lo que es el habla. Al no poder pronunciarlo de manera adecuada es muy difícil que lo puedan pasar a un símbolo como lo puede ser una letra”, asegura.

El TEL está enmarcado en el campo de la salud mental y discapacidad. “La ley de discapacidad está dictada, pero no se están cumpliendo algunos aspecto de la regulación estatal. Hay que cambiar un poco el paradigma; no ver al niño como el niño que no llega a algo, somos nosotros los que estigmatizamos y tenemos que cambiar el chip de que somos la barrera. El niño no tiene que adaptarse a los sistemas, si no al revés”, exige la fonoaudióloga Kolodny.

La pandemia se ensañó con las prostitutas

La pandemia se ensañó con las prostitutas

Feb 6, 2022 | Comunidad, Destacado 4

Un estudio del CONICET junto con la Asociación de Mujeres Meretrices Argentina señaló que, tras el aislamiento, el 74% de las entrevistadas acumuló deudas por alquiler, el 55% sufrió amenazas de desalojo y el 24% se vio obligada a dormir, al menos una vez, en la calle.

La pandemia por covid-19 aumentó los niveles de precarización en muchos sectores de la sociedad y puso sobre la mesa una serie de desigualdades estructurales que hoy están siendo visibilizadas. Ese es el caso de las personas que se dedican al trabajo sexual, cuya situación de vulnerabilidad se profundizó en este contexto. De modo que, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) se acercaron al CONICET con el objetivo de relevar el estado actual del sector, en pos de esbozar alguna propuesta de política pública que vele por una mejor calidad de vida. Así nació el Estudio diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En palabras de Georgina Orellano, Secretaria General de AMMAR, este informe busca: “Poder dar cuenta de la forma de vida comunitaria de las trabajadoras sexuales, de la incapacidad de acceder a una vivienda y de las dificultades que aún hoy se nos presenta día a día para alquilar una habitación en un hotel. Y para dar cuenta, también, de la ausencia del Estado y, sobre todo, del rol que tuvo la policía en todo este contexto de crisis sanitaria”.

El relevamiento tuvo como base a una muestra de 99 trabajadoras sexuales, mayores de 18 años, que habitan el barrio porteño de Constitución. El informe se centra, principalmente, en dos aspectos: el acceso a la vivienda y la violencia policial. En tal sentido, Orellano señala: “Las trabajadoras sexuales vivimos la pandemia como uno de los momentos más difíciles que debimos atravesar como colectivo. Fue un contexto de mucha angustia e incertidumbre, donde atravesamos muchas dificultades que tienen que ver con lo alimentario, con lo habitacional y, sobre todo, con el recrudecimiento de la violencia institucional”.

«Se generaron muchos intentos de desalojo y se reveló una situación de precariedad de todo el colectivo”, afirmó Cecilia Varela.  

Emergencia alimentaria y habitacional

Según los datos que arroja el informe, el 88% de las entrevistadas alquila y 8 de cada 10 lo hacen en casas de pensión o alquiler. Inclusive, hubo una pequeña porción de las entrevistadas que, al momento del relevamiento, se encontraba en situación de indigencia: el 8% de la población vivía en un refugio o en situación de calle. No obstante, un 24% había tenido que dormir al menos una vez en la calle y un 9% en un parador o refugio desde el inicio de la pandemia.

La investigación fue liderada por la antropóloga Cecilia Varela, quien estuvo acompañada por su equipo de trabajo. La investigadora afirma que “en los primeros meses de la pandemia se multiplicaron las amenazas de desalojo por toda la Ciudad y, por supuesto, los trabajadores en la informalidad fueron aquellos que más difícil la tuvieron para producir ingresos que permitieran costear los alquileres. Al volverse eso imposible, se generaron muchos intentos de desalojo y se reveló una situación mucho más profunda y estructural de precariedad de todo el colectivo”. El 55% sufrió amenazas de desalojo y, alrededor del 50%, se mudo más de tres veces durante la pandemia.

 Además, “el 74% acumuló deudas por el alquiler de la vivienda; y esa es una población que sale endeudada por la imposibilidad de haber costeado sus alquileres durante los meses en que estas trabajadoras, que están en mercados informales, no pudieron generar ingresos. Por otro lado, el 61% sufrió aumentos de alquiler, eso quiere decir que el congelamiento de alquileres que se había establecido el decreto 320 no se cumplió”.

En el marco de este contexto crítico, desde AMMAR pusieron en marcha distintas estrategias de “construcción organizativa” para subsistir. “No hubo cuarentena para las delegadas de los hoteles, de los barrios, ni para las referentes de AMMAR”, asegura Orellano. La dirigente cuenta que en todas las sedes del sindicato, a la entrega de preservativos y elementos de higiene, se le sumó la asistencia alimentaria. El gremio también tuvio un rol central en el acompañamiento legal de las denuncias de violencia policial. Así como, por otro lado, puso en marcha la creatividad para asistir a aquellas compañeras que no tenían permiso para circular y vivían lejos de la zona, de manera que se veían imposibilitadas de trabajar.

Respecto al rol del Estado, Orellano hace hincapié en que las instituciones estatales con las que articulan, en una primera instancia desconocían las problemáticas y las demandas del colectivo, pero fueron aprendiendo en el camino. Durante la pandemia, la Casa Roja se transformó en una sede de acompañamiento y de asesoramiento: desde AMMAR se pusieron al hombro la tarea de averiguar, caso por caso, si sus afiliadas podrían aplicar a algún plan social, tarjetas alimentarias o subsidios habitacionales.

La digitalización obligada implicó una gran dificultad “ya que, no solamente en nuestro colectivo muchas no cuentan con herramientas como un celular o conexión a wifi, sino que en algunos casos tampoco cuentan con el conocimiento de cómo hacer un trámite online, por ejemplo, o como bajarte el DNI al celular, que en otras generaciones está super claro”, explica Orellano. En tal sentido, señala la importancia de que el gobierno contemple estas limitaciones a la hora de diagramar políticas públicas.

Al momento del relevamiento, el 71% de las trabajadoras sexuales tenía acceso al menos a un programa social estatal. Los datos estadísticos evidencian que el acceso a programas habitacionales, programas alimentarios (la Tarjeta Alimentaria, el Ticket Social o el programa Ciudadanía Porteña) y al Potenciar Trabajo aumentó entre un 22% y el 26%.

Nunca con la yuta

Otra de las preocupaciones que aborda el informe es “el aumento de las denuncias contravencionales por oferta y demanda de sexo en el barrio de Constitución, a contrapelo de la tendencia general en la Ciudad hacia la disminución entre los años 2019 y 2020. Se redujo a la mitad en un barrio típico de trabajo sexual, mientras que en Constitución aumentó a más del doble”, afirma Varela. En tal sentido, explica que la particularidad de Constitución es que se trata de un barrio en el que las trabajadoras sexuales, además de desarrollar su oficio, viven.

“Este aumento no se dio solo por la actitud proactiva de las fuerzas de seguridad, sino también por las denuncias de los vecinos. Entonces, ahí creemos que las alertas por los cuidados sanitarios se sobreimprimieron sobre poblaciones que ya son consideradas indeseables y peligrosas por los vecinos del barrio, quienes sistemáticamente las denunciaron en los canales que dispone el Ministerio Público Fiscal”, continúa.

Según el relevamiento, el 73,3% de las encuestadas experimentó alguna situación conflictiva con la policía: a más del 50% les pidieron documentos en la vía pública o las requisaron; a más del 30% las hostigaron, les labraron actas por ofrecer servicios sexuales, no respetaron su identidad de género o las insultaron. El resto de las situaciones refieren a ser detenidas en la comisaría; que no actuaran frente a un pedido de ayuda, auxilio o denuncia que hayan realizado; o haber sufrido violencia física u hostigamiento.

Inclusive, en muchos casos, la policía utilizó el artículo 205 del Código Penal (que establece la detención del que violare las medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia), para controlar los movimientos de quienes ejercen el trabajo sexual incluso, en algunos casos, cuando iban a adquirir los elementos básicos para la subsistencia.

Varela señala que una de las recomendaciones que proponen desde el equipo de investigación es la “derogación del Artículo 86 del Código Contravencional, que penaliza la oferta y demanda de sexo porque, como ya viene demostrándose, esas actas no se traducen en condenas judiciales. La última condena judicial es del año 2016, pero la persistencia de ese artículo, habilita el hostigamiento permanente de las trabajadoras sexuales”.

Orellano señala que también se pensaron políticas que aporten a la desestigmatización de las trabajadoras sexuales, ya que existe una construcción social de criminalidad sobre ellas. Eso se traduce en que “el 70% de las intervenciones que realiza la policía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al artículo contravencional 86, surgen a partir de denuncias de los vecinos”. Por ende, “es importante poder realizar campañas que logren desestigmatizar a las trabajadoras sexuales, que las ponga nuevamente como un sujeto porque también son vecinas que pueden generar canales de diálogo para resolver los conflictos de otra manera, y no bajo la intervención punitiva”, asegura.

Otras de las recomendaciones son “poder pensar políticas públicas que contengan la realidad y los modos de vida de manera comunitaria que tenemos las personas que ejercemos trabajo sexual. Cuando se piensan políticas estatales para el acceso a la vivienda, se piensan políticas que no contemplan que hay personas migrantes que no tienen documentación, que los subsidios habitacionales no abarcan la totalidad real de lo que las compañeras abonan. Estamos hablando de subsidios habitacionales con un piso ocho mil pesos, cuando las compañeras pagan a partir de dieciséis mil pesos una habitación. Se pensó en programas de acceso a la vivienda que contemplan digamos esta realidad”, concluye la Secretaria General de AMMAR.

«La libertad individual en abstracto puede ser el origen del terror»

«La libertad individual en abstracto puede ser el origen del terror»

Ene 7, 2022 | Destacado 5, Entrevistas

“Sólo es pensable la libertad si ampliamos sus márgenes colectivos, no los individuales – explica Alicia Stolkiner, titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA–. Pero se nos enseña desde muy chicos que mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Eso es muy riesgoso porque da la impresión de que cuanto menos otro haya, mejor, y eso justifica una serie de segregaciones. Un ejemplo: mi casa termina donde empieza la de mi vecino, ahora, si estoy en Alemania en el inicio del nazismo y mi vecino es judío, quizás puedo hacer una denuncia que me facilite usar su terreno. Siguiendo al filósofo Emmanuel Lévinas, sobreviviente de los campos de concentración y pensador de la otredad, es posible pensar que mis derechos son los del otro y míos en cuanto yo soy el otro del otro”.

A partir del aislamiento preventivo, parte de la sociedad se ha manifestado contra las limitaciones a la libertad individual, ¿por qué?

Las respuestas de la sociedad estuvieron atravesadas por dos posiciones distintas que son, además, dos concepciones de la vida y dos conceptualizaciones del derecho. Hubo también, desde sectores de la oposición, un intento de capitalización política de los conflictos y malestares que generaba la pandemia y las medidas que se tomaban gubernamentalmente para disminuir su impacto. Pero esto no explica totalmente el accionar de las personas, su adhesión a ese discurso, hay una relación más compleja entre discursos sociales y subjetividades. Sucede que atravesamos una situación absolutamente inédita que produce una gran incertidumbre. Aún quienes lo niegan saben que se ha producido un desequilibrio catastrófico en un sistema que ya estaba en un altísimo nivel de inestabilidad, que era la forma de gestión de la vida humana en el planeta. Frente a eso hay distintas respuestas de adecuación o adaptativas, y algunas de ellas se resuelven por la vía de la negación, de dar por no existente el fenómeno o sus dimensiones, posibles riesgos o consecuencias. Estas posiciones también tuvieron manifestaciones políticas, como el presidente de Brasil diciendo que por qué darle semejante envergadura a una gripe común. Estamos hablando de cómo se articulan los macrodiscursos con las posiciones que después toman subjetivamente las personas. El segundo paso de la negación es la oposición a restricciones a la “libertad individual” dispuestas por el Estado para garantizar determinadas formas del funcionamiento social. Eso precede a la pandemia. Extrañamente, quienes aceptan medidas restrictivas cotidianamente se oponen a estas. Por ejemplo, la libertad de ir de acá a Rosario a 300 kilómetros por hora no depende del auto que se tenga, aunque el coche lo permita no se puede sin recibir una sanción, porque en la regulación de las normas del tránsito el Estado cumple una función del cuidado del derecho a la vida y, por ende, limita una acción individual que puede poner en riesgo a otros. En su libro Terror sagrado. La cultura del terror en la historia, Perry Anderson afirma que esa idea de libertad absoluta que no conoce ni vínculos ni límites inherentes como un deseo o una expansión infinita, está en el origen del terror.

Mucha gente tiene internalizada la lógica de cuidado individual. Más aún: creen que lo que lograron fue solo por su esfuerzo…

Hay personas para las que la renegación del fenómeno ha sido muy alta. Inventan razones para pensar que están fuera del riesgo. Son los que decían que era mayor la mortalidad por la gripe común. Ahora, cuando comparamos las cifras de 2020 con las de años anteriores, vemos un aumento determinado por el covid. Ahora están en debate los casos de los varados en el exterior que, por supuesto, son un grupo minoritario. Pero no hay que abordarlo por el lado de la culpabilidad, porque cualquiera puede tomar una mala decisión en estas circunstancias, inclusive por negación. Lo que resulta llamativo es que algunas personas apelen a que es una violación a la libertad individual que no puedan regresar, cuando firmaron una declaración jurada en la que aceptaban los riesgos al salir del país. Uno no le reclama a un seguro cuando firma un contrato que dice que no se van hacer cargo de determinados riesgos. En la década del 90, las prepagas de salud no cubrían el HIV. Decían que era una enfermedad de adquisición voluntaria. Había gente que firmaba contratos para atenderse ellos y su familia, sabiendo que no lo cubría. Obviamente si lo hacían es porque pensaban que no les sucedería. Jamás hubieran firmado un contrato que no cubriera el cáncer.

Pensaban que el HIV no les iba a tocar…

Claro, lo negaban. Cuando aparecía y era una catástrofe, le reclamaban al Estado. No a la empresa, porque esta les decía que habían firmado un contrato que no incluía su cobertura. No había una legislación que lo regule, llegó después. No cuestiono las razones por las cuales las personas hacen cosas que, inclusive a veces, son en contra de sí mismas. No todo el mundo opera cuidándose a sí mismo. En cambio, sí preocupa cuando aparecen discursos que exigen, en nombre de la libertad individual, que se arriesgue el derecho de vida de otra persona, por ejemplo, si entra la variable del Delta porque alguien regresó del exterior y no hizo la cuarentena invocando su libertad de circular.

¿Los discursos antivacunas son un síntoma social o se trata de casos aislados?

Preexisten a la pandemia. Ganaron impulso después de que la revista The Lancet publicara un artículo de investigación, del que luego tuvieron que retractarse porque era erróneo, que relacionaba la vacuna contra el sarampión con el autismo en Italia. Lo cierto es que la aparición del complejo médico-industrial- financiero ha hecho que la gente desconfíe de los medicamentos. Y para serte franca, yo también desconfío. Soy lo suficientemente grande para saber que alguna vez se vendió algún medicamento que se llamaba talidomida, que se distribuyó entre mujeres embarazadas e hizo nacer niños con deformidades. Soy de la generación que incrementó el cáncer de mama por consumir pastillas anticonceptivas de alto dosaje hormonal. Entonces, hay un punto de anclaje para la sensación de desconfianza, pero en esta situación las vacunas son una esperanza. Se trata además de su capacidad de circulación, un virus que tiene una mutación muy rápida y para peor. Si no se controla la circulación a nivel global, como alguna vez se hizo para erradicar la viruela, se van a seguir produciendo mutaciones. Es necesaria una acción mancomunada de las naciones, y no de los mercados. Se debe lograr un acuerdo como el que se consiguió cuando nació la OMS para erradicar la viruela y se vacunó al 80 por ciento de la población mundial. En este momento tenemos a toda África sin vacunar, salvo algunos países. Y volviendo a la cuestión de la individual, no queda otra opción más que vacunarse. Hay que aceptarlo, aunque a uno le produce cierto temor. ¿Nos va a mejorar? Sí. ¿Va a bajar la mortalidad? Sí. ¿Va a desaparecer la enfermedad? No, porque ninguna vacuna garantiza una efectividad del 100 por ciento. Esto no es la polio. No por ahora. La polio tampoco está erradicada en todo el mundo. Además, debo recordarles que Sabin renunció a la patente. La podía fabricar todo el mundo. Hoy, mientras se pone en riesgo a gran parte de la humanidad, hay gente que está peleando la ganancia. Y después, hay una cierta instrumentación política de los antivacunas también o articulación, en los Estados Unidos coinciden mucho con los partidarios de Trump.

¿Cómo va a ser la nueva normalidad?

Algunas prácticas ya no van a ser como eran. La psicología incorporó de manera masiva el uso de las tecnologías. Si bien todos añoramos volver al contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, esto me parece que se instaló. Pero es difícil saber cómo van a ser las nuevas normalidades, porque hay un desequilibrio del sistema global… Es como cuando se caen las laderas de una montaña y se va armando una avalancha: estamos en la avalancha. No sé qué va a pasar cuando termine. Estoy segura que ni la universidad ni la escuela van a volver a ser lo mismo, no deberían. Dicho sea de paso, esas instituciones ya estaban en crisis. Además, la pandemia señaló la inviabilidad de los grandes centros urbanos, porque uno de los problemas más serios que tenemos en este país es que la tercera parte de la población está agrupada en una sola unidad urbana, el Área Metropolitana de Buenos Aires.

¿Qué duelos implica la pandemia?

Los duelos son por uno mismo y por la pérdida de certeza respecto al futuro. En segundo lugar, por las pérdidas concretas, materiales, de proyectos y trabajos. También por las muertes, en un contexto de funcionamiento muy extraño, porque en la actualidad alguien puede salir de dar una clase, abrir WhatsApp, enterarse de que murió una persona que para una era significativa y entrar a hacer otra actividad…

Las muertes se convirtieron en una cifra para la televisión…

Perdimos el contacto corporal. Son curiosas las pandemias, van tocando lo relativo al vínculo con las personas. Cuando habíamos logrado terminar con la viruela, empezaron a aparecer las enfermedades emergentes, la primera fue el sida. Y fue y tocó justo ahí, en la sexualidad, con algo que la humanidad ya sabía porque la sífilis había sido igualmente grave, hasta que después aparecieron los antibióticos. Hubo una generación que, con los antibióticos y los anticonceptivos, rompió con la ecuación sexualidad y muerte. Pero en este caso, este tipo de alteración en el contacto corporal con los otros, la cercanía… Nos va a producir efectos que nos va a costar mucho cambiar. No soy partidaria de psicopatologizar, pero sí creo que los esfuerzos adaptativos a realidades totalmente nuevas producen conductas, sensaciones y sentimientos que pueden ser confundibles con psicopatologías, pero no las clásicas. Preguntaste por la nueva normalidad, es un oxímoron, o sea: o es nuevo o es normal. Esta crisis no sólo es una pandemia, sino que está derrumbando el mundo como fue organizado en la posguerra. Está en reconsideración toda la geopolítica, cómo será la hegemonía de las monedas cuando se preanuncia el final del patrón dólar, qué sucede con esos poderes económico-financieros corporativos que parecen estar por encima de los Estados… Todo eso cambia radicalmente la idea de cómo puede llegar a ser el futuro. Da la impresión de que estamos en un cambio de época, como fue el pasaje del feudalismo al capitalismo. No digo que estemos pasando del capitalismo a otra cosa, sino que hubo un cambio de época importante.

La crisis sanitaria puso en evidencia múltiples desigualdades estructurales, ¿podría haber una oportunidad para resetear nuestra forma de vida a una más justa?

Es una oportunidad. Es una situación de crisis cuyo final no es predecible, puede ser distópico u utópico. De lo que estoy absolutamente segura, es que, si no la aprovechamos para transformar nuestra forma de vida, nuestra forma de vida va a acabar con nosotros. El hombre de la modernidad se creyó el verso de que podía dominar la naturaleza. La naturaleza nos va a sobrevivir si nosotros no tenemos otro vínculo con ella.

A 20 años del 2001, la represión institucional sigue en pie

A 20 años del 2001, la represión institucional sigue en pie

Dic 18, 2021 | DDHH, Destacado 1

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su informe anual de casos de violencia estatal. Este año hubo 581 asesinatos perpetrados por el Estado, más de uno por día.

A fines de agosto Yair Ayala había ganado un campeonato de fútbol con su equipo y se juntó a celebrar con algunos compañeros en la localidad de Esteban Echeverría. En un momento, un desconocido para el joven de 21 años, comenzó a orinar en la habitación del dueño de casa, en claro estado de ebriedad. Le dijeron que se fuera, cosa que hizo, pero cuando volvió llegó con otra persona y empezaron a disparar. Una de esas balas fue a parar en el cuerpo de Yair, que poco tiempo después murió. 

El asesino resultó ser un miembro de la Policía de la Ciudad, que a pesar de no estar en horas de servicio fue a buscar el arma reglamentaria a su domicilio. “¿Sabés lo que hicieron mal? Le dieron autoridad a gente que no está capacitada. La mayoría son chicos que salen de la secundaria, en menos de 6 meses ya son policías y tienen un arma -comenta Víctor Gómez-. Yair era mi mejor amigo, mi compañero de trabajo. Su muerte nos dejó quebrados”.

Este es solo uno de los 585 casos de asesinatos perpetrados por el Estado durante el 2021. Así lo señala el informe anual que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó durante la tarde del viernes en Plaza de Mayo, junto a familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, a 30 años de su creación y 20 de las jornadas de diciembre de 2001, que finalizaron con 39 muertes causadas por las fuerzas estatales. “Los resultados demuestran que la democracia, en la calidad que hoy tiene, no es un freno contra la represión”, señala Rodrigo Iglesias, miembro de CORREPI. Es que desde 1983 hasta la actualización de este año los casos acumulados de víctimas a manos del aparato represivo del Estado dan la suma de 8.172. 

A pesar de que la serie toma los datos de los ya casi cuarenta años de democracia, la evolución de los números no se dio de manera idéntica en todos los gobiernos. Para María del Carmen Verdú, la principal referente de la organización, un quiebre reciente se dio durante el gobierno de Mauricio Macri: “Fue una gestión marcada por el más alto voltaje represivo desde la última dictadura”. Las decisiones políticas y las expresiones públicas, principalmente de Patricia Bullrich, quien por ese entonces ocupaba el cargo de ministra de Seguridad, generaron un aumento abrupto en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

“En el tiempo de Macri comenzó todo esto, desde que les dieron vía libre a la policía y a los gendarmes para disparar cuando quisieran”, comenta Mariana Montecinos, madre de Cristian Montecinos Vergara, asesinado junto a David Florentín por un miembro de Gendarmería Nacional el 25 de marzo del 2019 en Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas. “Supuestamente fue un intento de robo, pero según los vecinos eso no sucedió y hay imágenes de más de veinte cámaras que no muestran nada de eso -indica Mariana-. Pero en caso de que haya sido cierto, yo preferiría ir a ver a mi hijo a la cárcel antes que a un cementerio”. 

Solamente un par de días antes, en la mañana del 23 de marzo de 2019, Federico Barrios era asesinado por una policía mientras iba a la casa de su hermano en bicicleta en Virrey del Pino, partido de La Matanza. “Se dio cuenta que un patrullero lo seguía y empezaron a dispararle. Mi hijo intentó escapar, pero la oficial cruzó su paso, le pegó cinco tiros, le pateó la cabeza y se fue”, relata Mirta Fontein. “Algunas veces hay casos puntuales que son tomados por la sociedad, pero la mayoría de las veces pasan desapercibidos, sobre todo porque son pibes pobres”, señala Juan Fortunato, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agrupación que lleva el nombre de una joven asesinada a manos de la policía de la provincia de Neuquén en 1997. La falta de recursos dificulta las presentaciones de denuncias de este tipo de casos: “A mi hijo lo mataron y entré en un estado de depresión por dos meses, tenía miedo. En la comisaría no me dieron respuestas y no tenía para pagarme un abogado, la ausencia del Estado era total -recuerda Mariana-. Pero, gracias a las compañeras de CORREPI, pude conseguir uno y de a poco me ayudaron para salir del encierro en el que estaba”. 

“Cuando comenzó la pandemia hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”

Con el cambio de gobierno, tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones de 2019, se esperaba que hubiera un giro rotundo en las políticas de seguridad, algo que en los primeros momentos de la nueva gestión se cumplió: “El comienzo fue auspicioso, se derogaron los protocolos de Bullrich que favorecían el gatillo fácil, se prohibió a policías de seguridad aeroportuaria portar el arma reglamentaria fuera de servicio y se derogó el protocolo de detención de personas del colectivo LGTBIQ+, que eran parte de la agenda que habíamos presentado para el 2020 -indica Verdú-. Pero todo eso se interrumpió con la pandemia”. Fortunato señala: “Cuando comenzó hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”. Para Rodrigo Iglesias esto apareció en la provincia de San Luis, de donde es originario: “Algo que antes era extraño y casi no pasaba aumentó exponencialmente”. Los casos de Chubut y Jujuy durante este año sirven también como ejemplos. “Una de las primeras señales de que no todo lo que iba a venir eran pétalos de rosa fue la designación de Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, señala Verdú.

En los últimos dos años, 981 personas murieron como consecuencia del funcionamiento del aparato represivo estatal, es decir, más de una por día. Una particularidad es que la mayoría de los casos se dio bajo custodia, con el porcentaje del total llegando casi al 70%: “Esto se debe a las condiciones de hacinamiento que se viven en los lugares de detención, ha habido muchas muertes por enfermedad sin atención médica -precisa Verdú- sumadas a las que se producen por detenciones arbitrarias seguidas de tortura”. A pesar de esto, para Verdú todavía es posible tomar medidas que disminuyan el ejercicio de este tipo de violencia: “Solamente con quitarle el arma reglamentaria al personal que no está en horas de servicio bajarían a la mitad las muertes por gatillo fácil”.

Los asesinatos de Luciano Oliveira en Miramar y de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires, dejaron entrever que el accionar criminal por parte de las fuerzas de seguridad no es responsabilidad exclusiva del signo político que un gobierno tenga, sino que más bien se trata de un problema transversal que se agudizó en los últimos años, con el gobierno de Macri y que encontró continuidad, voluntariamente o no, durante el gobierno de Alberto Fernández con la aparición de la pandemia. Para Iglesias esto es claro: “Si la represión ha continuado en todo este período es porque ha sido una política de Estado, por más que no sea reconocida como tal”.