«De mi mamá no se sabe nada»

«De mi mamá no se sabe nada»

Cuatro nuevos testimonios relataron las desapariciones y la violencia física y psicológica en la audiencia del 1° de abril en la megacausa Mansión Seré II y RIBA IV. Memoria de un agujero negro.

Cuatro declaraciones se dieron en la sala para casos complejos del Tribunal Federal Oral 5° de San Martín (TOF 5) este martes 1° de abril dando continuidad a las audiencias de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Zona Oeste del conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar.

En relación a la desaparición de Jorge “Misio” Leonardo Fraga, quien había sido visto en los centros Comisaria 1° de Moreno, VIII Brigada Aérea de Moreno y Campo de Mayo, declaró su hijo, Martín Hernán Fraga. También su madre, Silvia Mónica Paolucci, fue secuestrada y permanece desaparecida desde esa misma noche, del 24 al 25 de junio de 1978, en la ciudad de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Martín pudo reconstruir algunos hechos y su historia a partir de datos e informaciones que le dieron vecinos y familiares.

Paolucci y Fraga, matrimonio militante en la columna oeste de Montoneros, “vivían en la clandestinidad y eran perseguidos”. Habían decidido resguardarse en dicha localidad bonaerense en la casa de la abuela materna de Martín “porque ya no tenían donde refugiarse, les venían pisando los talones, aunque sabían también que no era un lugar seguro”. Sobre la noche del secuestro, Martín relata: “Ingresó un grupo de cuatro hombres armados. Por vecinos que vieron el operativo supe que afuera había más personas escondidas a lo largo de toda la cuadra. A mi papá lo interceptaron entrando por la parte de atrás de la casa, en su camioneta celeste. A él nunca lo ingresaron a la casa, entraron solo los hombres a buscar a mi madre. Cuando mi madre escuchó los golpes y culatazos anticipó que la venían a buscar. A mi abuela le dijo: ‘Cuidá bien al nene que yo no voy a volver’. La encerraron en una habitación y, en otra, a mí y a mi abuela. Por relatos de mi abuela a gente conocida, a mi mamá la habían tenido una hora interrogándola y golpeándola. Se la llevaron y creo que la dejaron despedirse de mi abuela y de mi. De mi mamá, a partir el momento de su secuestro, no se sabe nada más: a dónde la llevaron, si estuvo en un centro, si llegó o no viva a algún lado. Lamentablemente hasta ahora no hay ningún registro. De mi padre sí, por eso está su caso en este juicio”.

La abuela materna, Elva Amelia Echelini, fue la única persona que presenció el secuestro de sus padres. Murió cuando su nieto tenía entre 10 y 11 años, sin llegar a dar testimonio. “Yo creo que su enfermedad fue producto del temor y la tristeza profunda. Sin embargo, desde que tengo memoria, yo preguntaba por mis padres y ella me decía ‘vas a ver que un día tu mamá va a volver y va a tocar el timbre’. Y creo que murió con esa esperanza de volver a verla”. Luego del secuestro, Martín cuenta que su abuela quedó con mucho temor, principalmente por él: “La tuvieron que convencer para dejarme ir al jardín de infantes”.

“Mi abuela me había contado datos sueltos de cosas que sucedían en la época, pero nunca detalles sobre mis padres. Cuando ella falleció, yo quedo viviendo con tíos abuelos y por medio de ellos me entero parte de la verdad, alrededor de los 13 años. Entonces, en mi adolescencia, cuando supe concretamente la verdad, la desaparición, me encontré con otros problemas. Eran dos desconocidos para mí. Tuve un periodo de enojo con mis familiares a cargo, pensaba que el ocultamiento era su culpa. Luego entendí que los culpables no eran ellos”.

Martín Fraga desconocía todo sobre su familia paterna, oriunda de Misiones: “Mis padres se habían encargado de mantener separadas las familias por seguridad. Los pude localizar a los 17 años y reconstruir información sobre él. Habría existido un llamado de mi papá a mi abuela en el que le avisaba que había tenido un hijo varón, pero mi abuela desconocía cuando nací, cómo me llamaba o quién era mi mamá”, expresó. Sólo con el paso de los años pudo conocer algo sobre la militancia de su padre: “Hablé con compañeros y sobrevivientes y me dieron información que me sirvió para saber qué pasó con él. Por parte del Equipo de Antropología Forense conozco la hipótesis de que los restos de mi padre hayan estado en los vuelos de la muerte organizados desde Campo de Mayo, centro en el que fue visto por “Salta” -Faustino Altamirano-. Sin embargo, al día de hoy no sé qué pasó con mi madre. Ningún sobreviviente la vio en ningún centro clandestino ni se la ha logrado identificar. Además, sigo en la búsqueda de dos hermanos o hermanas apropiados. Uno de ellos es hijo de mi padre con Susana Flora Grynberg, secuestrada con un embarazo muy avanzado en 1976. Y hace poco, 7 u 8 años, una persona muy cercana a la familia me afirmó que al momento de su secuestro mi madre es muy probable que también estuviera embarazada de no más de 3 meses. La búsqueda va llenando ese agujero negro, pero el bache en parte aún continua”. Sobre esta sensación, y en diálogo con ANCCOM, Martín dijo: “Yo lo vivía como un agujero negro porque era la nada misma, no sabía nada de nada. Solo sabía el nombre de mis papás y que eran desaparecidos. Tuve que ir llenando ese agujero con información que fui recopilando durante toda mi vida, desde la adolescencia hasta el día de hoy”.

Sobre el valor de sostener estos juicios en el contexto actual, Fraga sostuvo: “Es grave que desde el Estado nacional se baje un discurso negacionista y de defensa abierta a los genocidas”, y subrayó que desde el gobierno se intenta reivindicar el terrorismo de Estado: “Ese discurso que intentan instalar en la sociedad, no está teniendo mucho éxito. Si apuntan a que un videíto subido por un propagandista va a instalar esa visión en la sociedad, están muy equivocados. Siempre hubo negacionistas, justificadores del genocidio. Sucede que al ser un discurso que baja desde el Estado, algunos se envalentonan y salen a hacerlo público”. Destacó la importancia tanto de los juicios como del registro de los testimonios a los que les atribuye un valor histórico. Y concluyó: “Hace muchos años que estaba esperando que la justicia llegue para mis padres de alguna manera”.

Al ser consultado por ANCCOM acerca de la vulneración de los derechos de las infancias durante las desapariciones forzadas, Sebastián Taiarol, abogado querellante de la Asociación Civil “Moreno por la Memoria” que representa a 28 víctimas del genocidio -vecinas y vecinos de esa localidad-, sostuvo: “El desmantelamiento de la CONADI implica un retroceso a la etapa más oscura de nuestro país y un velado ataque a los cimientos del sistema democrático”. La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), ente articulado con Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones afines, fue desguazado por el actual gobierno. “Su labor se centra en la búsqueda y recuperación de niños y jóvenes que fueron secuestrados y privados de su identidad. Quiere decir que la recuperación de la democracia lleva implícita la labor que desarrolla la CONADI”, reflexionó y apuntó: “Su desmantelamiento acarrea graves consecuencias, como la interrupción de las investigaciones y búsquedas existentes de niños y jóvenes desaparecidos y la pérdida del apoyo y recursos para familias y personas que aún buscan recuperar su identidad”.

Vivir para contarlo

En la misma jornada, declararon José Jesús García Carvallo y su esposa, Silvia Susana Bruna, sobrevivientes de la Comisaría 1° de Moreno y Comisaría 5° de Paso del Rey. En la madrugada del 19 o 20 de mayo de 1977, se encontraban en su domicilio del barrio Madreselva, cuando comenzaron a sentir ruidos, golpes y culatazos en la puerta. Cuando Carvallo abrió la puerta unas personas entraron, lo ataron y encapucharon. “Me tiraron en un vehículo. Viajé con pies encima mientras me pegaban e insultaban y decían que yo era el enemigo primero de toda la sociedad. Luego llegamos a un lugar donde me dejaron en un cuartito pequeño, que con todo el tiempo que pase allí pude reconocer que era la Comisaría 1° de Moreno”. Susana Bruna en su declaración relató lo que sucedió en el allanamiento cuando ya se habían llevado a su esposo: “Revisaron toda la casa, papeles y cuadernos. Me dijeron que los tenía que acompañar. Deliberaron entre ellos mientras el nene aún dormía. Me preguntaron por el familiar que estuviera más cerca. Alcé al nene y me llevaron a lo de mi suegra, lo dejé y de ahí me llevaron a la Comisaría 5° de Paso del Rey”. En anteriores audiencias la escena de Susana Bruna dejando a su hijo en casa de su suegra fue relatada por María Teresa García, hermana de García Carvallo.

José Carvallo brindó detalles sobre las sesiones de tortura que padeció y que se repetían identicas cada día. “Todos pegaban y preguntaban cosas, pero no me daban tiempo a responder. Con el tiempo me di cuenta que querían pegarme, no querían realmente respuestas de mi parte”. Recordó que para llevarlo al primer interrogatorio lo subieron entre dos personas a otro lugar: “vas a entrar al infierno”, le dijeron. Luego, como no logró levantarse debido a los golpes, lo arrojaron por las escaleras.

“Durante los interrogatorios me mostraban diapositivas y fotos, me imputaron por la ayuda que realizamos con la parroquia y el grupo dirigido por el padre “Pepe” -José Piguillem- en el barrio. Era trabajo pastoral y social, dábamos catequesis, ayudábamos a las personas a abrir calles, construimos una sala de primeros auxilios, pero para ellos eso era terrorismo. Se suponía que ellos eran católicos y me estaban pegando por ayudar a la gente. Con la violencia en realidad querían castigarnos por nuestra visión y darnos un mensaje claro, que debíamos vivir aislados, sin pensar en los demás. De lo que hice por el barrio nunca me voy a arrepentir: no lograron su objetivo. No encuentro respuesta racional a lo que hicieron, pero sí nos metieron mucho miedo”.

“El primer tiempo no sabía dónde estaba”. Relató que con el pasar de los días descubrió que estaba rodeado de otros calabozos y más personas. Reconoció a Raúl Morello, compañero del barrio que “estaba en la celda de al lado, gritando porque lo habían quemado de arriba a abajo. Estuvimos 63 o 64 días secuestrados y entendimos varias cosas: que estábamos en la Comisaría de Moreno, principalmente por la llegada de presos comunes, que los guardias que nos cuidaban eran policías y los militares no venían siempre. Notábamos su llegada porque los guardias decían ‘vienen los verdes’ y desaparecían. Cuando venían teníamos que estar con la capucha puesta y nos pegaban por si acaso.”

“Un día hablando con Raúl de celda a celda, pensamos que podíamos rezar el rosario. Así nos dimos cuenta que en todas las celdas había gente porque comenzaron a rezar con nosotros. Cada tanto algunos se iban, no sabíamos si era porque los liberaban o porque los mataban”. Si bien no puede dar detalles de quiénes lo secuestraron, luego supo que “eran los de la Base Aérea de Moreno. Si ellos no venían a vernos, podíamos hablar. Un día que estábamos cantando, uno de los guardias se puso a llorar, no entendía que gente castigada estuviera cantando”.

Durante uno de los interrogatorios descubrió que su esposa estaba también en la sala de arriba: “Me dio la mano y pidió rezar un padre nuestro antes de que nos interroguen. Ahí me enteré que la habían llevado a Paso del Rey, luego del allanamiento de nuestra casa. ‘Ahora vas a ver al perejil porque los vamos a matar a los dos’, le habían dicho. Eso fue lo que me rompió, de lo más difícil, porque no contaba con que la habían llevado”.

Sobre su secuestro, Susana declaró que “cuando llegué -a la Comisaría 5° de Paso del Rey- sabía que estaba en una comisaría pero no la ubicaba del todo. Cuando estaba ahí oía sonidos de escuela, voces de niños, recreo, campanas. Después de unos días me llevaron con mi esposo”.

Quedaron detenidos ambos en la Comisaría 1° de Moreno en la misma celda. “Un día nos mandaron bañar, nos pareció raro y el 21 de julio de 1977 nos mandaron a Devoto. Como forma de despedida de la Comisaria de Moreno, un día, me sacaron de los pelos de la celda y me pusieron de rodillas. Me colocaron un arma en la boca. A la cárcel de Devoto llegué pesando 43 kilos y siempre pesé alrededor de 72. Pedíamos por favor que nos dieran de comer”, relata Carvallo. “Finalmente, el 24 de diciembre nos largaron”, y cuenta que antes de liberarlos recibieron el mensaje de que si volvían a ser vistos por la zona de Moreno o con alguien de allí “los liquidamos donde los encontramos”.

Carvallo sintió por muchos años que el Estado lo perseguía. “Cualquier cosa generaba ese sentimiento: una autoridad, una multa o cuando venía el cartero. Sentía que estaban detrás de mí. No pudimos volver a Moreno, perdimos nuestra casa y los amigos porque teníamos miedo de comprometerlos. Era un delirio todo, nos hicieron creer que debíamos sentir vergüenza y culpa de ayudar a los demás. No lo lograron”. Sobre este mismo temor, Susana sumó durante su declaración: “Sentí mucho miedo. Vivimos un tiempo en Ituzaingo con mi hermano, yo los veía pasar frente al negocio, vigilarnos -en referencia a las camionetas militares-”. También relata la violencia que sufrió su hijo mayor durante el cautiverio de sus padres. “En Devoto a mi me traían al nene para las visitas, que eran con locutorio. Jugábamos con la manito con un vidrio por medio. Lo veíamos y nos partía el alma.” Aunque la violencia en el vínculo madre-hijo fue peor en su cautiverio en la Comisaría 1° de Moreno: “En esas visitas me llevaban a lo de mi suegra para verlo a él. Mi hijo me llevaba a ver donde tenía sus cositas, su ropa. Luego me volvían a llevar”. Respecto a las secuelas ocasionadas en su hijo Carvallo anteriormente contó que “en algún momento de grande le preguntaron a mi hijo qué sintió frente a la separación de sus padres, durante esos 6 o 7 meses. Respondió que sus padres eran otros, eso pudo decir este chico, que hoy es esquizofrénico. Siempre me pregunto en qué medida tiene que ver esta barbaridad con que sufra esta enfermedad”.

Al finalizarla jornada, Taiarol analizó que “a 49 años del Golpe de Estado, en Moreno no existían precedentes de juzgamiento de los responsables de la represión ejercida por el Estado durante la dictadura como parte del circuito represivo de la zona oeste. Somos conscientes que estamos abriendo un camino, se trata de una deuda pendiente con nuestros vecinos, con la memoria de los compañeros que lucharon por un mundo mejor y con las futuras generaciones que aspiran a vivir en una comunidad que permanentemente busca la verdad”. Y enfatizó que la importancia de asistir y transmitir las audiencias “garantiza la visibilidad y la transparencia del proceso, y brinda apoyo a las víctimas y sus familiares en su doloroso proceso de búsqueda de justicia”.

Un documental sobre la violación de los derechos humanos en Malvinas

Un documental sobre la violación de los derechos humanos en Malvinas

Se estrena «Las voces del silencio», de Gabriela Naso, que aborda la lucha de los exconscriptos para que los estaqueamientos y otros abusos que padecieron durante la guerra sean considerados delitos de lesa humanidad.

«El documental es mi aporte a la construcción de la memoria colectiva, a que podamos pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, que ayude a contrastar el discurso de la ‘gesta heroica’”. Con una mirada crítica, Gabriela Naso, licenciada en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y magíster por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, dirige Las voces del silencio, un documental producido por Pulpofilms que se estrena el 1 de abril en el Cine Gaumont (Rivadavia 1635) y el 3 de abril en el Teatro Argentino (Avenida 51, entre 9 y 10, La Plata). La película reconstruye la lucha de un grupo de excombatientes de Malvinas que, tras denunciar los abusos, maltratos y amenazas sufridos a manos de sus superiores durante la guerra, enfrentan las trabas del sistema judicial argentino que impiden el juzgamiento de los responsables. Además, aborda las dificultades que aún hoy atraviesan los exsoldados para romper con el discurso de la “gesta heroica” y demostrar que los hechos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben.

“Hoy vemos cómo el Gobierno nacional resignifica el relato de Malvinas con otros fines. Un ejemplo claro: el 2 de abril se estrena un documental sobre Pedro Edgardo Giachino. Fue el primer caído en combate, pero también un represor de la ESMA. Sin embargo, lo presentan solo como un héroe, sin mencionar su rol en el terrorismo de Estado. Lo mismo ocurre con Astiz y otros militares. Están usando la figura de estos represores para, de alguna forma, lavar la cara de los perpetradores», advierte Naso.

A casi 43 años de los hechos y 18 del inicio del proceso judicial, el documental rescata las experiencias de David Zambrino, Ernesto Alonso, Gerardo Roschge, Hugo Robert, Miguel Anderfuhrn y Silvio Katz, no solo relatando sus vivencias de abuso y sufrimiento, sino también poniendo en evidencia cómo la versión oficial de la guerra sigue siendo un relato difícil de cuestionar, incluso después de más de 40 años.

¿Qué se oculta detrás del discurso hegemónico de la gesta militar? ¿A qué obedece su aceptación por parte de la sociedad? ¿Por qué sigue vigente? Son algunas de las preguntas que le surgieron a la directora al investigar los maltratos y la violencia padecida por los soldados conscriptos a manos de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas durante el conflicto bélico de 1982.

Naso explica que la construcción del relato épico de la guerra comenzó mucho antes de su final. “Investigué mucho los documentos y los archivos desclasificados de las Fuerzas Armadas, ya antes del final del conflicto estaban organizando cómo contar la historia, qué hacer con los caídos, con los excombatientes, con los familiares”, señala. Parte de ese plan fue la imposición del silencio: al regresar, muchos soldados fueron trasladados a Campo de Mayo, sin contacto con sus familias. “Se les daban cartillas con recomendaciones y entre ellas figuraba que solo podían hablar de Malvinas en términos de actos heroicos. Ahí empieza a construirse este relato épico de la guerra”, agrega la directora.

El silencio no solo vino impuesto por las Fuerzas Armadas, sino también por la propia naturalización de la violencia dentro del servicio militar. “Uno puede preguntarse, ¿por qué esta causa no avanzó? ¿Por qué cuesta que avance? Y por un lado, está esa imposición del silencio, pero también hubo una gran naturalización de la violencia en el servicio militar obligatorio”, señala. El estaqueo, el mercil en agua helada, la picana con teléfono de campaña: prácticas que eran vistas como disciplina, pero que fueron torturas. “Tienen que ver con la formación de las Fuerzas Armadas, son las mismas que se usaron en los centros clandestinos de detención en el continente. Hay una continuidad entre esas prácticas que se repiten en las islas, porque son las mismas fuerzas, adaptadas a la materialidad del lugar. Entonces, también hay una dificultad para reconocer como tortura lo que es tortura”.

En el proceso de realización del documental, Naso ya había establecido una relación de confianza con varios de los excombatientes. «Ya los conocía previamente, conocía sus historias. Con esa primera capa superficial del relato de la guerra ya superada, pude ir más allá y profundizar en sus historias”, recuerda la directora.

 “Son las mismas Fuerzas Armadas que actuaban en los centros clandestinos de detención en el continente, hay una continuidad entre esas prácticas y lo que repiten en las islas”, dice Naso.

El documental también busca diversificar las voces del relato, incorporando figuras clave como el actual juez federal Alejo Ramos Padilla, quien, en su rol como abogado del CECIM La Plata, representó a los soldados conscriptos torturados durante la guerra. Asimismo, incluye al juez federal Federico Calvete, quien en 2019 citó a 24 militares a prestar declaración indagatoria por torturas a conscriptos durante la Guerra de Malvinas, y cuya participación en la investigación también fue documentada.

Sin embargo, Naso no pudo conseguir la participación de defensores oficiales ni de autoridades de las Fuerzas Armadas, a quienes también intentó entrevistar para reflejar todas las perspectivas posibles. «Quería darles espacio también para que ellos puedan contar su perspectiva de los hechos, y no accedieron», concluye la directora.

“Traer luz sobre estos crímenes implica comprender la doble faz del Estado terrorista, una legal y otra clandestina, analizar la sistematicidad del ataque, correr el discurso de la ‘gesta heroica’ y deconstruir el estereotipo patriarcal del héroe. En otras palabras, se trata de recuperar la historia desde el presente para enriquecer la memoria colectiva y así apuntalar nuestra identidad y proyecciones futuras. La memoria es la vida y, como construcción social y política, está ligada a la edificación de la sociedad que queremos”, reflexiona Naso.

«Una vez más, cabe recordar la validez de aquella sentencia que dice que los pueblos que no tienen memoria están condenados a recaer una y otra vez en las peores desgracias. Quise rescatar esta historia como un aporte a la construcción de la memoria colectiva y como una modesta reparación para las víctimas”, concluye la directora de Las Voces del Silencio.

Crímenes de guerra

El 28 de marzo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con el voto unánime de los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, hizo lugar a un recurso extraordinario en la causa por torturas a soldados conscriptos en Malvinas. El fallo reconoce estos abusos como crímenes de lesa humanidad.

La decisión revoca un fallo previo y establece que los estaqueamientos, enterramientos y golpizas sufridas por los soldados pueden encuadrarse como crímenes de guerra o de lesa humanidad, lo que implica su imprescriptibilidad. Desde el CECIM La Plata exigieron a la Corte Suprema que confirme esta resolución y garantice justicia para las víctimas. La causa, iniciada en 2007, ya cuenta con más de 200 testimonios y más de 100 militares imputados, pero aún enfrenta trabas judiciales. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó tratar la denuncia internacional contra el Estado argentino por su falta de acción en estos casos. Ahora, la Corte Suprema deberá resolver 11 recursos extraordinarios y definir si confirma el carácter imprescriptible de estos delitos, una decisión clave en la búsqueda de verdad y justicia

Un colimba con memoria

Un colimba con memoria

En una nueva audiencia de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II un ex conscripto de la 8° Brigada Aérea del Palomar identificó al acusado Ernesto Rafael Lynch como jefe del grupo de tareas que allí funcionaba y brindó detalles sobre cómo se organizaba. La Fiscalía pedirá investigar judicialmente los maltratos que recibió durante el servicio militar.

“Iban muy bien armados, con armamento militar, ametralladoras y municiones y también armamento personal. Salían a operar con mucha frecuencia, casi todas las noches, vestidos de fajina en las camionetas azules de la Fuerza Aérea o en los Ford Falcon de color verde y con perros de ataque”, relata Sergio José Zamprogno exconscripto de la 8° Brigada Aérea del Palomar, único testigo de la audiencia de este martes 25 de marzo por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II que continúa aún en la etapa testimonial y probatoria.

Zamprogno realizó el servicio militar entre los años 1978 y 1979 y durante su declaración detalló algunos de los tormentos que debió afrontar según las intenciones arbitrarias de sus superiores. También refirió a los abusos que sufrió por uno de ellos, hecho sobre el que la Fiscalía comenzará una investigación. “El trato de quienes integraban el grupo de tareas para con el resto de los soldados de la policía militar era variado. Recuerdo que uno de ellos, al que apodamos “El Potro”, justamente por el trato que tenía hacia nosotros, nos hacía levantar a las 5 de la mañana para hacer rodillo o cuerpo a tierra en el rocío de la mañana en pleno invierno para luego, así como estabas con el cuerpo mojado y sucio, vestirnos con el uniforme y comenzar a hacer nuestras tareas de guardia. O nos hacían tomar la sopa haciendo salto rana”, contó el exsoldado.

“Mi función dentro de la policía militar era entregar al jefe que estuviera esa semana las listas de guardia, con los nombres de los ausentes, presentes y enfermos. Y trabajos de limpieza y orden. Luego teníamos momentos de instrucción militar, sobre armamento, porque íbamos a cumplir servicio de guardia, actividades físicas para estar en estado, y también nos informaban sobre los grupos terroristas. Si bien uno con el paso del tiempo se fue dando cuenta qué es en verdad el terrorismo, en ese momento se asociaba la palabra terrosimo a la guerrilla. Sobre ellos se nos enseñaba que causaban daños en contra de la propia sociedad civil, que generaban muertes y torturas. Se nos ponía en conocimiento de cómo operaban y se organizaban en el país, por ejemplo, cómo hacían para camuflar armamento y municiones en una vivienda. Luego, de nuestro grupo de la policía, reclutaron soldados y formaron el grupo de tareas”. Así relató cómo fue que algunos de sus compañeros de servicio militar fueron apartados del grupo de la policía militar para formar parte del Grupo de Tareas N°12 que funcionó con centro de operación en la 8° Brigada Aérea del Palomar: “Ya no nos vimos más con ellos”. Este grupo también estaba conformado por varios suboficiales y superiores, todos bajo la jefatura del exteniente Ernesto Rafael Lynch que el testigo describe, por aquel entonces, “morochón, de pelo oscuro y bigote grueso, por eso le decíamos ‘El Negro’”.
“A veces me tocaba ir a su oficina a retirar o llevar documentos, correspondencia o listas de las guardias –relató-. Incluso lo vi presente en alguna de nuestras formaciones. Entiendo que cumplía funciones operatorias sobre la policía militar y el grupo paramilitar”.

La guardia interna de la brigada abría la puerta a quienes venían del exterior. El testigo relata lo visto durante sus guardias: “Algunas veces volvían de madrugada, y otras directamente no volvían. A veces traían consigo autos civiles que se guardaban en un galpón”. Recuerda que en una de las rondas que realizaba dentro del predio de la 8° Brigada vio en el galpón enorme ubicado en el sector de transporte de la brigada “un Fiat 600 perforado, ametrallado por proyectiles. El grupo tenía mucho movimiento y actividad por fuera de nuestra brigada. Era difícil saber su vida y actividad, haber visto el auto fue una casualidad. El grupo de tareas fue separado de la PM desde el inicio. Ellos tenían una dependencia propia, funcionaban y tenían vida propia. Con nosotros prácticamente no tenían contacto, solo veíamos que salían de noche.”

En diálogo con ANCCOM, la abogada Clarisa Góngora, de la Asociación Civil “Moreno por la Memoria” se refirió a los juicios de Lesa Humanidad en desarrollo bajo este contexto de desmantelamiento de las políticas de derechos humanos: “La constante provocación de un gobierno nacional que se caracteriza por su negacionismo, que exacerba discursos de odio e intenta volver a colocar en agenda la Teoría de los Dos Demonios y de ‘memoria completa’, hace que se vuelva aún más importante la difusión de juicios de lesa humanidad como el de Mansión Seré y RIBA. Mientras un sector busca negar la historia reciente, el terrorismo de Estado y las responsabilidades militares y civiles, económicas y eclesiasticas, nosotros, por nuestro lado debemos aumentar la difusión, para que la sociedad conozca que estos juicios aún se llevan a cabo y por qué son tan importantes para resguardar la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

“Si bien Zamprogno no es un sobreviviente de un centro clandestino de detención, si es un sobreviviente de el servicio militar durante el terrorismo de Estado», dijo Gómez.

Junto a su compañero de patrocinio letrado, Sergio Gómez, se refirieron a la importancia de la declaración de Zamprogno en relación a la causa. Gómez mencionó que “Zamprogno hizo el servicio militar obligatorio en el momento y lugar en que se denuncian los hechos aberrantes de lesa humanidad de esta causa”. Góngora sumó que: “Si bien no es un sobreviviente de un centro clandestino de detención, si es un sobreviviente de el servicio militar durante el terrorismo de Estado. El testigo detalló situaciones vividas por él y por el resto de soldados en general, dando cuenta del maltrato y los delitos que se cometían contra los conscriptos. Y en estos momentos de amplios discursos negacionistas, donde son varios los que, aún sin proponerlo formalmente, comienzan a instaurar y mencionar la vuelta del servicio militar obligatorio, el testimonio evidencia que Nunca Más es también para esto”.

Sobre los detalles que brindó el testigo, Gómez señaló que “dio descripciones de las maniobras que presenció, de las personas y en particular a uno de los imputado de esta causa a quien ha podido ver de manera directa, ya que no tenía una venda en los ojos, y eso es una diferencia significativa en relación a testigos que aportan otro tipo de información desde otra vivencia. Cada declaración nos da retazos de esa realidad concreta. Nosotros vamos, como un rompecabezas, construyendo a partir del conjunto de testimonios la historia de lo que ocurrió en la última dictadura militar, y puntualmente en los excentros clandestinos que la causa engloba”. En el mismo sentido, Góngora subrayó que “aportó datos concretos, sobrenombres y apodos de oficiales. Habló detalladamente del funcionamiento de la brigada y de los grupos de tarea que allí operaban”. 

Por cuestiones burocráticas de acreditación de identidad, se postergó la otra declaración prevista para la fecha. El testimonio de quien fuera en aquel periodo director del Hospital de Moreno y que, con 84 años, iba a hacer su primera declaración como sobreviviente. Desde su lugar de residencia en Estados Unidos, comenzará el trámite para renovar el Documento Nacional de Identidad para poder prestar declaración.

La próxima audiencia quedó programada para el 1 de abril a las 9. Se desarrollará de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín, ubicado en Pueyrredón 3734.

“Éramos jóvenes que queríamos un mundo mejor” 

“Éramos jóvenes que queríamos un mundo mejor” 

El sobreviviente de la última dictadura Carlos Alberto Lafit declaró en el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Mansión Seré y RIBA. El tribunal innovó en el procedimiento judicial para que las víctimas de un represor fallecido puedan acceder a la verdad de lo sucedido con sus padres.

“Me dice que me agarre la cabeza. ‘Por qué’, le digo, ‘Porque te la voy a volar’”, contó que le respondió el guardia que lo había llevado del cuello hacia una habitación dentro del destacamento de Palomar, centro clandestino de detención identificado por el testigo Carlos Alberto Lafit, uno de los dos sobrevivientes que testimoniaron en la sesión N° 16 de la causa Mansión Seré IV y RIBA II, llevada a cabo este martes. Lafit, en aquellos años miembro de la Juventud Peronista y estudiante universitario, hizo caso omiso a la directiva del guardia: “Como una última rebeldía, de una juventud que venía cansada de tantas dictaduras militares, donde el mismo clima de época hizo que participáramos por el ideal de una sociedad más justa, no me agarré la cabeza”, reflexionó. Recuerda que esperó el tiro, pero el guardia nunca disparó: A cambio, fue llevado a una celda de dos metros por uno que utilizaban como sitio de castigo.

Sobre las circunstancias en las que fue secuestrado mientras salía de la universidad, recuerda que lo esperaba “una persona morocha, alta y corpulenta” acompañado de un muchacho con el ojo golpeado, que él reconoció: “Cuando salíamos del comedor universitario el chico nos pedía manzanas”, dijo. Se trataba de “Palomeque”, quien le confesó que por supervivencia, tuvo que entregar su nombre a los militares.

Ya detenido, uno de los episodios de tortura que recuerda Lafit fue la ocasión en la que un guardia pateaba en el piso a un compañero suyo: “Yo le dije al oficial que no lo patearan porque estaba dolorido desde antes, ‘¿Ah sí?, ¿vos sos el buen samaritano?’ me respondieron, y me empezaron a patear a mí, con esos botines con punta de plomo que usaban los militares”. Aferrarse a la religión lo rescataba, de a ratos, de tanto horror. “Sentí la presencia de Dios no por fanatismo religioso sino por creyente”, sostuvo el testigo y dijo: “Me quedó siempre ese interrogante de por qué otros compañeros tuvieron que sufrir, no aparecer, cuando yo tuve ese privilegio, que es un derecho en realidad, de estar vivo. Por eso estoy acá. Porque ese mismo corazón, con el que actuamos con sueños e ideales por una sociedad mejor, lo tenían ellos también. Queda ese dolor de por qué otros corrieron otra suerte”, admitió Lafit acerca de su liberación del cautiverio que duró casi dos meses.

Para finalizar su testimonio, dirigió unas palabras al tribunal y les agradeció “por seguir manteniendo esta línea de investigación porque esto no debe ocurrir más en nuestra patria, ni en ninguna parte del mundo. Fue un horror lo que vivimos. Las secuelas quedan en la memoria y el corazón. Solo éramos jóvenes que queríamos un mundo mejor”.

“Entiendo que en este contexto adverso quizás los testigos vuelvan a tener miedo», dijo María Eva Pérez.

En esta misma audiencia, el tribunal denegó la petición realizada por los abogados que acusaban a Juan Carlos Vázquez Sarmiento en torno a continuar como querellantes en el resto del juicio dado que el represor –uno de los juzgados en esta causas por los delitos de lesa humanidad- falleció hace unos días. En su lugar, se dispuso una “instancia especial” por fuera del actual proceso, novedad jurídica en Argentina en el marco del derecho a la verdad, en la que se abordarán las pruebas testimoniales y documentales que han sido recuperadas a lo largo del juicio para establecer la materialidad de los hechos en relación a la desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisimblit, padres de Mariana Eva Pérez y Guillermo Pérez Roisimblit, que posiblemente acontezca tras la finalización de las audiencias previstas de la causa. “Será una audiencia con características especiales. El tribunal rechaza nuestro pedido pero toma nota de que las víctimas tienen derecho a reclamar una respuesta en base al derecho a la verdad y hacen una creación judicial para encontrar ese espacio”, explicó el abogado querellante Pablo Llonto, en diálogo con ANCCOM. A la vez reflexionó: “Está bueno que la justicia frente a situaciones nuevas como las que ocurren ahora encuentre caminos alternativos para dar respuesta a las víctimas. Son pequeños avances. Frente a las posiciones más negadoras de los derechos humanos que podrían concluir ‘se terminó, el acusado se murió y punto’ en este caso abren una puerta alternativa, en una creación jurisprudencial interesante, con estos mismos jueces”. En esta misma línea el abogado hizo hincapié en la importancia de que el proceso judicial continúe: “Por el derecho a la verdad que tienen las víctimas de exigirle al Estado que dé una respuesta respecto de un hecho que cometió el mismo Estado”.

“Me da la sensación de que le cuesta al tribunal dar cuenta de esta omisión de no contemplar a las infancias como víctimas, ni a Guillermo [Perez Roisinblit] ni a mí. Solamente a los tres adultos involucrados. ¡Qué les cuesta reparar eso en un fallo por derecho a la verdad que nos incluya!”, reflexionó Mariana Eva Pérez, en diálogo con ANCCOM, en relación a la desaparición de sus padres. En la misma línea sostuvo: “No es que quiera seguir en este juicio porque me copa Montoneros Zona Oeste, ni soy una investigadora en temas de la Fuerza Aérea, sino porque al ser el ámbito de militancia de mis padres, es muy probable que se hable de personas o hechos que hayan estado relacionados con ellos o con su desaparición”, expresó y agregó: “Realmente no se está garantizando el acceso a la verdad si voy a depender de preguntarle a otras querellas qué se dijo, o esperar que se acuerden del caso de mis padres y pregunten, o que la fiscalía de los 133 casos que tiene se acuerde especialmente de los nuestros”.

En esta misma audiencia, el otro testigo decidió no hacer público su testimonio y resguardar su identidad, derecho al que pueden suscribir todas las víctimas. Llonto fue consultado acerca de las posibles razones por detrás de esta decisión: “Hay testigos que pueden sentir algún tipo de molestia en torno a la exposición de la imagen pública. También puede tener que ver con cuestiones relacionadas a todavía sentir miedo”, sostuvo el abogado. Además, hay una pregunta clásica que se realiza en los juicios: “¿qué daño ha causado todo esto a su familia?” y allí aparecen respuestas de comportamientos familiares, situaciones del pasado que generaron conflictos y daños concretos a la vida y a la salud mental de cada persona y sus entornos. En este sentido, Mariana Eva Pérez sostuvo: “Entiendo que en este contexto adverso quizás la gente vuelve a tener miedo lamentablemente, por lo que sería bueno que el tribunal les ofrezca a los testigos todas las posibilidades intermedias que hay entre que se transmita y no se transmita: se puede transmitir distorsionando la voz, no mostrando la imagen, no dando el nombre. Así podríamos tener acceso a los relatos, porque muchas de las personas están declarando por primera vez”.

La próxima audiencia de esta megacausa será el martes 25 y se llevará a cabo de forma virtual.

«De eso no se habla»

«De eso no se habla»

Tras la feria judicial, se retomaron las audiencias del juicio de lesa humanidad que analiza la responsabilidad de tres autoridades en el incendio ocasionado en el penal de Devoto el 14 de marzo de 1978.

En febrero continuaron las audiencias del juicio que investiga la Masacre del Pabellón Séptimo, en donde se analiza la responsabilidad de tres autoridades en el incendio ocasionado en el penal de Devoto el 14 de marzo de 1978. En las jornadas del miércoles 12 y 26 de febrero, declararon familiares de los afectados.

La audiencia inició dando ingreso a Verónica Sosa, hija de Dante Sosa, fallecido durante el incendio. La testigo explicó que en el momento en que acontecieron los hechos ella tenía 4 años. “La versión que me dieron a mí fue que mi papá había muerto en un accidente, pero no sabía de qué tipo”, contó. Recordó, además, distintas versiones que sus familiares le fueron ofreciendo, “pero ninguna concordaba entre sí”. 

Sosa reconoció el cuidado y la protección de su abuela, quien la crió e hizo de su “mamá y papá”, debido a que su madre la abandonó y su padre fue preso y posteriormente murió. “De eso no se habla” y “no hay que hablar de eso” fueron las frases típicas que se vincularon al recuerdo de su padre, hasta que descubrió los hechos por su cuenta. 

En marzo de 1992, viendo el programa “Siglo XX Cambalache” escuchó que se hablaba del “motín de los colchones”: “Ahí se me armó el rompecabezas de palabras que me andaban dando vueltas, testimonios, palabras sueltas”, mencionó. A raíz de eso, Sosa buscó el certificado de defunción de su padre, y al leer que la causa de muerte indicaba quemaduras extremas y segundo grado de calcinación, comenzó a encontrar distintas respuestas a ciertas dudas. “En ese momento me cerró de dónde venían los llantos a escondidas de mi abuela y su depresión. Cuando lo entendí, duelé en silencio y no le dije nada” explicó. 

Entre 1993 y 1994 investigó por su cuenta buscando diarios de la época del incidente, en donde encontró el nombre de su padre, las “imágenes del horror” y las “listas interminables” de los afectados.

En busca de amparo y justicia, Sosa habló con distintos abogados. Sin embargo, le dijeron que no se podía hacer nada. “No era un Estado de Derecho sino la dictadura, eran presos comunes, por ende a ¿quién le iba a interesar esa causa?”, explicó la testigo citando a los abogados.

Sosa cargó con aquel dolor y la impotencia de no poder encontrar soluciones hasta que en el año 2014, observó en la vidriera de una librería un libro que hablaba del “motín de los colchones” pero con un nuevo nombre: Masacre del Pabellón Séptimo, de Claudia Cesaroni. Cuando llegó a su casa, googleó la misma frase y no solo se encontró con el libro sino con una canción y páginas webs que retomaban el surgimiento del incendio.

Finalizado su testimonio, pasó a declarar Patricia Menta, hermana menor de Pablo Menta también fallecido durante la masacre. Cuando acontecieron los hechos, ella tenía 21 y él 24. 

La testigo contó que su hermano era drogadicto. Menta estaba preso por asaltar una farmacia junto a un amigo suyo y querer robarse unas pastillas. Al igual que su amigo Horacio Santantonin, su condena se cumplía el 17 de marzo: “Había salido el fallo que permitía su liberación y sabíamos que iba a salir”, explicó la testigo. 

La hija de Santantonin había declarado durante la jornada del 12 de febrero, donde explicó que su padre sobrevivió al incendio y logró tener libertad pero su amigo Menta no, hecho por el cual su padre quedó muy afectado.

La testigo recordó el 14 de marzo como un “día horrible”. La madre de Santantonin la había llamado a la casa y le había dicho que “algo había pasado”. En ese mismo lapso horario, la testigo y su madre se habían dirigido al penal de Devoto y observaron cómo enfrente de la entrada había mucha gente amontonada mientras se leía una lista con los nombres de reclusos que se encontraban heridos, mencionando en qué hospital se encontraban. El nombre de su hermano no fue leído en ningún momento por las autoridades. “Ese día volvimos sin pensar con mi mamá para no pensar lo peor” explicó. Si bien Menta no recuerda el modo en que concretamente se enteraron del fallecimiento de su hermano, explicó que su padre lo terminó reconociendo en la morgue. “De estar festejando porque lo liberaban pronto, terminamos lidiando con su muerte” expresó la testigo.

 

Miércoles

Durante la jornada del miércoles 12, el Tribunal Oral de Retiro convocó a tres familiares de víctimas afectadas por la Masacre del Pabellón Séptimo. Veronica Ambrosio, hermana de Armando Luis Ambrosio, fallecido durante el incendio, fue la primera en ingresar a la sala de audiencias. La testigo es la más chica entre 4 hijos y para el momento en que acontecieron los hechos tenía 6 años. 

Con su hermano no tenía demasiada relación, cuando lo detuvieron él ya no vivía con ellos. Sin embargo, contó que ella no se enteró sino mucho tiempo después: “A mi no me dijeron que Armando había sido detenido, entiendo que para preservar mi niñez, mi inocencia. Me dijeron que estaba internado, enfermo, en un hospital. Yo no pregunté más”. Añadió que su hermano tenía una relación tensa con su papá y que ella no se animaba a preguntar por él, ya que no eran temas que se hablen frecuentemente. 

El día que se enteró de su fallecimiento fue poco tiempo después que se mudaron. Una de sus hermanas la sentó en el auto de su pareja de ese entonces y le explicó que su hermano no se había recuperado, que había fallecido y que por eso “mamá y papá estaban tristes”. “Yo tampoco pregunté qué enfermedad tenía y por qué no se había curado. Me daba miedo preguntar porque sabía que el recuerdo despertaba tristeza”, reconoció Ambrosio.

Sin embargo, el recuerdo y el luto provocaron que su madre cuente con mayor frecuencia algunas cosas sobre él. La testigo explicó que su vida comenzó a integrar intervalos de memorias de su hermano que comenzaron a provocarle inquietudes. “En esas menciones que mi mamá hacía había cosas que no cerraban. No entendía bien, había algo más”, explicó la testigo. Un día se animó a preguntar, y su madre le respondió que su hermano era drogadicto. 

Cuando cumplió 15, le pidió a Estela, una de sus hermanas, que como regalo de cumpleaños le contara su versión de la historia. Le explicó que habían allanado la habitación en donde estaba viviendo su hermano y que lo detuvieron por encontrarle un kilo de marihuana y lo trasladaron a Devoto. 

“Después mi hermana me contó lo que fue el “motín de los colchones”, más o menos lo que vendría a ser la versión oficial, que hubo una especie de revuelta o protesta pero ella me decía que no tenía los detalles de cómo había sido el incendio”. Finalmente, le dijo que el incendio había sido tan grande que muchos reclusos murieron, como el caso de su hermano.

Con el tiempo, Ambrosio fue resolviendo ciertas incógnitas: hablando con un amigo sobre su hermano, éste le respondió que aquel incidente no fue un motín sino una masacre. “Ya había internet, podría haber investigado pero la verdad que no quise, no quería abrir esa olla”, confesó. Sin embargo, nuevas circunstancias hacían que el tópico vuelva a ella, Ambrosio encontró en un titular del diario Página 12 que informaba que el Indio Solari había compuesto una canción donde hablaba del incendio, y ya para el 2013, con la publicación del libro de Cesaroni “pudo entender casi todo”. Además, a partir de su contacto con la abogada querellante, fue que la testigo también pudo conocer a sobrevivientes, como también a familiares de otras víctimas fallecidas

“Yo digo que Armando se murió dos veces: una físicamente y otra porque nosotros no hemos podido mantener viva su memoria y su recuerdo en la familia. Entendí que el “de eso no se habla» de mi familia tenía que ver con el momento político, social y económico que tenía el país: la dictadura. Me hubiese gustado que al menos hubiésemos podido poner en la intimidad más resistencia” subrayó. 

Una vez finalizadas las preguntas de las partes acusatorias, Veronica solicitó permiso al juez para un último comentario: “Me preocupa la dirección de lo que pudiera ser la sentencia de este juicio. La pérdida de mi hermano y las otras víctimas es irreparable. Parte del daño y del trauma tiene que ver con el tiempo que ha pasado, más de 46 años de los hechos. Personalmente, que dos personas de más de 90 años tengan una sentencia de prisión domiciliaria no me repara nada, Zerda sería otra cuestión. Pero me gustaría que algo de la realidad del sistema carcelario federal fuera distinto para los presos de nuestros días”. Enseguida añadió que el mismo día que había sido la inspección ocular en Devoto, horas después se había dado una requisa violenta en donde también hubo reclusos gravemente heridos. “Hay cosas que pasaban que siguen pasando 50 años después en gobiernos democráticos. Me gustaría que la reparación pase por tratar las condiciones de encierro de las personas privadas de su libertad” finalizó. 

Posteriormente ingresó Carolina Santantonin, hija de Horacio Adrian Santantonin, quien sufrió graves heridas durante la masacre. La testigo explicó que su padre quedó detenido cuando ella tenía 6 años, y que si bien sus padres estaban separados, su madre la llevó a visitarlo un par de veces. Cuando ocurrió el incidente, su mamá le explicó que había ocurrido un incendio y días después la llevó a la casa de su abuela, en donde se encontraba su padre. “Estaba en un sillón acostado con una tela, todo quemado. Recuerdo verlo e impresionarme con las quemaduras porque le vi hasta los huesos en las rodillas” contó.

Santantonin explicó que su padre había podido salir de la cárcel debido a que el 17 de marzo de ese mismo año, días después de ocurrida la masacre, él cumplía su condena y podía tener libertad condicional, al igual que su compañero recluso Pablo Menta, quien murió durante el incendio. 

Tiempo después, su padre se fue a vivir a Córdoba, en donde se casó nuevamente y tuvo una nueva familia. Santantonin iba a visitarlo durante sus recesos escolares, pero el contacto que tuvo con él era reducido. “Tengo el recuerdo de no hablar más del tema una vez se fue a Córdoba. Yo sé que a él le sorprendió mucho lo que vivió, la muerte de Pablo”, explicó. Finalmente, contó que su papá falleció en 2003. 

Finalizado el testimonio de Santantonin, se dio ingreso a Cristina Cresente, hija de Roberto Cresente, fallecido durante la masacre. “Yo tenía 21 años, estaba casada y embarazada de mi primera hija de ocho meses en el momento que pasa esto de mi papá. Yo me entero que pasa esto por mi mamá y por una tía hermana de él”. 

Cresente explica que el motivo de la detención fue por posesión de drogas, unos días antes de la masacre. “Él no quiso que yo fuera a verlo, primero por vergüenza y segundo por mi condición de embarazo”, rememoró. 

La testigo recordó que se enteró del incendio esa misma mañana del 14 de marzo por medio de Canal 9. “Cuando dijeron la cantidad de fallecidos, pensé: mi papá está muerto”, expresó. Cresente señaló que no fue sino hasta dos días después de la masacre que les informaron desde el penal que su padre había fallecido. 

La próxima audiencia de la causa que investiga la masacre del Pabellón Séptimo será el miércoles 5 de marzo.