Abuelas de Plaza de Mayo pidió 15 años de prisión para Donda Tigel por la apropiación de su sobrina

Abuelas de Plaza de Mayo pidió 15 años de prisión para Donda Tigel por la apropiación de su sobrina

En el alegato, acusaron al militar de haber sido partícipe de la sustracción, coautor de la retención y ocultamiento de Victoria Donda, nacida en la ESMA.

«Solicitamos que Adolfo Miguel Donda Tigel sea condenado a la pena de 15 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de su sobrina, Victoria Analía Donda Pérez», cerró su alegato Emanuel Lovelli, representante legal de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a Carolina Villella, en el juicio por la apropiación de la hija de los militantes aún desaparecidos, María Hilda “Cori” Pérez y José Laureano Donda.

El alegato de Abuelas de Plaza de Mayo se había iniciado el 30 de octubre, con un relato del contexto y puesta en valor del testimonio como prueba fundamental de los juicios de lesa humanidad. Continuaron el lunes siguiente, 6 de noviembre, con el relato de la prueba desplegada durante el debate oral y, como no alcanzó el tiempo, la pena fue solicitada el miércoles en una audiencia adicional.

En la audiencia del miércoles, Lovelli se centró en el año 1978 donde testigos sobrevivientes aseguraron haber visto a Adolfo Donda en la Esma en su rol de jefe de operaciones del lugar. Es importante mencionar que los testigos asumieron que anteriormente no sabían quién era, solo lo tenían identificado visualmente y que en 1978 lograron unir un nombre con una persona. “Habiéndose demostrado su presencia en la ESMA como jefe de operaciones, y su presencia permanente, consideramos que Donda Tigel debió conocer la presencia de su cuñada María Hilda “Cori” Pérez en ese lugar y, obviamente, su estado de embarazo”, señaló Lovelli. El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo recordó los dichos del testigo Lisandro Cubas, uno de los sobrevivientes que declaró: “En un segundo encuentro con Cori, que la había visitado su cuñado, yo le pregunto quién era, pensando que era otro detenido, y me dice que no, que era el hermano de “Pato”, que era marino, y estaba ahí, y que había ido a hablar con ella. Entonces me dijo que él le comentó que se quedara tranquila que a la niña la iban a entregar a la familia. Para ese entonces, Victoria ya había nacido. Yo cuando entré, la vi al costado de la cama, estaba en una cunita, en una canastita”.

El abogado de la querella trajo a la audiencia el momento en que la familia Donda recibió una carta en 1977 que al día de hoy se encuentra perdida. María Iris, “la tía Mary”, de Eva Daniela y de Victoria, en su declaración planteó: “Cuqui recibió una carta, se la tiraron por una ventanita. La carta decía: ´Estoy muy triste, estoy durmiendo hasta en baldíos, tirado para que no me encuentren y sumamente angustiado, porque no sé qué vejámenes estará sufriendo mi señora, y si habrá nacido mi hijito o mi hijita. Si irá a nacer, si la dejarán llegar a tenerlo´. Él estaba muy triste y pedía a las familias que no se peleen, que cuiden bien a Daniela, por favor”, en referencia a la primera hija del matrimonio, que finalmente crio el tío represor.

Leontina, la madre de María Hilda Pérez, en 1977, estando su hija secuestrada, presentó un habeas corpus y fue a Aeronáutica a buscar a su hija, con un pañuelo blanco. “Obviamente que nadie puede creer que la familia Donda no sabía y que Adolfo Donda no supiera, más estando Donda en funciones. Y sabiendo ya la familia que estaba en Aeronáutica. Nadie le va a decir Adolfo, ¿no conoces a alguien de Aeronáutica que nos dé una pista?”, señaló Lovelli y agregó: “Mire si Donda no tenía razones para ir en el 77 a la ESMA. Estaba su cuñada embarazada secuestrada”.

La querella no dejó de mencionar el “inconveniente” que Donda tuvo con su hermano, refiriéndose a que tuvo que comunicar a su superior que tenía un hermano militante de la organización Montoneros. En la primera indagatoria a Donda se le preguntó por qué le trasmitió sus inquietudes a su superior, respecto de José María. La respuesta del imputado fue que debía denunciarlo para que lo investigaran y que no tenía intención de encontrarse con su hermano, porque de encontrarlo en actividad “seguramente iba a tener que actuar en consecuencia”. En las palabras del propio Donda Tiger “no había excepciones, ni siquiera de sangre”, con estos dichos toman nuevamente veracidad las aseveraciones de los sobrevivientes.

El alegato de la querella resaltó que resulta poco creíble que Adolfo Donda diga que dos personas le dijeron -cuando ya había pasado un año de la desaparición de su hermano y su cuñada- que las víctimas estaban bajo la órbita de Fuerza Aérea y que, seguramente, su hermano y su cuñada ya estaban muertos. “Le pudo haber preguntado a todo el mundo en la ESMA dónde estaba su cuñada, qué había pasado con su hermano. Reitero, pudo haber ido a Aeronáutica, como han ido todos los familiares de los desaparecidos que siguen buscando respuesta del Estado y que no saben dónde están, y que no sabemos dónde están muchos de los 30000”, resaltó la querella de Abuelas.

“Acá hay una dualidad muy extraña, estamos hablando de un familiar porque en definitiva es el tío Victoria, pero también es un miembro de la represión que elige el pacto de silencio, y Victoria hoy sigue sin saber qué día nació”, reforzó Lovelli y se preguntó ante el Tribunal Oral Federal 6 –integrado por Ricardo Basílico, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñíguez-: “¿Cómo podría justificar no saber dónde estaba Cori y dónde estaba su propio hermano? Eso determinó el accionar de Donda y su participación en la retención y el ocultamiento de Victoria. También determinó asegurarse la crianza de su sobrina en un grupo familiar ajeno al de su pertenencia. Y más aún, no solo eligió otro grupo, sino que eligió el suyo propio, entregándosela a un camarada. Porque la relación con Juan Antonio Azic (el apropiador de Victoria) evidentemente era estrecha. Le entregó la bebe a un subordinado, alguien que podía dominar, a alguien con quien había robado bienes a las personas secuestradas y desaparecidas. Esto fue así porque fue un acuerdo”.

Entonces, Lovelli concluyó: “Creemos que está altamente demostrada la participación y la responsabilidad de Adolfo Donda Tigel en los hechos que perjudicaron y tienen como víctima a Victoria Donda Pérez. Vamos a efectuar nuestra acusación como partícipe de la sustracción, coautor de la retención y ocultamiento de Victoria”.

Antes de culminar, la abogada de Abuelas, Carolina Villella, eligió recordar dos pasajes del testimonio de Victoria que contiene un pedido concreto a su tío y represor Donda Tigel y leyó la declaración de la víctima: “Le voy a decir que lo único que yo quiero saber es que nos digan dónde están. Que rompan el pacto de silencio que lo único que muestra es que eran varias bandas que se sirvieron del Estado para delinquir con los peores crímenes que la humanidad conoció y que por esta sociedad que pelea y que va a seguir peleando por la democracia es que hoy están siendo juzgados. Espero que la condena sea rápida y que en tus últimas palabras tengas el valor de afrontar lo que hiciste y dejar de esconderte detrás de una supuesta tarea de chofer de lujo que desconocía donde iba cada uno de los detenidos desaparecidos”. Villella concluyó: “Es por todo ello que entendemos que corresponde aplicar a Donda Tigel el máximo de la pena prevista para estos delitos, por lo que solicitamos que Adolfo Miguel Donda Tigel sea condenado a la pena de 15 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de su sobrina Victoria Analía Donda Pérez”.

A diferencia de otras audiencias, en esta, la querella pudo terminar su alegato sin interrupciones y provocaciones del abogado defensor Guillermo Franco, famoso por las dilaciones y exabruptos. El lunes 30, la querella de Abuelas debió soportar un planteo por la lectura del alegato sobre delitos ocurridos hace cuatro décadas.

Mientras Vilella recordaba los cargos de los que se imputaba a Adolfo Donda Tigel, mencionó la utilización de seudónimos entre los agresores para encubrirse y la destrucción de documentos que pudieran perjudicarlos. “Se escuchó al mismo Donda Tigel decir que operaba con el seudónimo de ´Palito´”, señaló la abogada de Abuelas en aquella audiencia, mientras acomodaba sus papeles. Entonces, Fanego aprovechó que la abogada se detuvo cuando daba vuelta la página del documento, para quejarse ante el Tribunal por la lectura de los alegatos: “No es aceptable ni admisible que se lea un alegato. Doctor le pido que llame la atención a la querella, para no tergiversar el proceso”, interrumpió con su habitual actitud provocadora. El presidente del Tribunal de inmediato respondió:

-De acuerdo a la extensión del juicio, como se hicieron en los demás juicios de lesa humanidad y delitos complejos, el Tribunal no tiene inconveniente en que se pueda tener memoriales o leer parte de ellos.

-En la audiencia anterior yo no me opuse a que el letrado leyera indicaciones precisas, pero transformar el alegato en un discurso político leído me parece que no cumple con la forma en la que debe formularse un alegato- insistió Fanego.

-Doctor, me parece impertinente interrumpir el alegato. La presidencia resuelve que la querella pueda continuar con la lectura de acuerdo a la complejidad, a la extensión, a los detalles que debe referenciar y a lo que sea necesario dar lectura. Estamos en un juicio oral que tiene particularidades, tal vez la extensión, la complejidad, sin que ninguna de las partes tenga restricción en la utilización de los medios que crea conveniente para poder llevar adelante su ministerio, así lo resuelvo – cerró ofuscado el presidente del Tribunal.

Pero Fanego continuó: “Entonces considero que debe correr el traslado a las partes sobre todo para que el Ministerio Público Fiscal se expida en cuanto a la legalidad de los actos”. El fiscal Pablo Parente, también acordó con el Tribunal. Luego de la puesta en escena virtual -porque el abogado ni siquiera se tomó y trabajo de acercarse al Tribunal- el presidente hizo un cuarto intermedio y pasó a deliberar, rechazando una vez más el absurdo planteo de la Defensa.

Entonces Vilella pudo continuar: “En este proceso se juzgan gravísimas violaciones a los derechos humanos y estas circunstancias son relevantes porque es por eso que las declaraciones testimoniales tienen un valor de inmensa trascendencia, y en particular nos referimos a las declaraciones que han hecho las víctimas en el proceso”. Y señaló: “Queremos dejar en claro que cuando nos referimos a víctimas, nos referimos a las personas damnificadas en forma directa, a sus familiares, a quienes sufren o sufrieron lesiones físicas, mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera y esto es siguiendo las definiciones de Naciones Unidas, también consistente con la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

EL miércoles último, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pudo dar cuenta de la responsabilidad de Donda Tigel en la apropiación de su sobrina y, en consecuencia, pidió la máxima pena. El miércoles 22 de noviembre, a las 13 horas, será el turno de los alegatos de la Fiscalía, para posteriormente escuchar a la Defensa.

Declararon Sitio de Interés Cultural a la casa de las Madres

Declararon Sitio de Interés Cultural a la casa de las Madres

La Legislatura porteña descubrió una placa en el solar de Piedras 153 como reconocimiento a la sede que se convirtió en símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

La casa de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora fue declarada Sitio de Interés Cultural por la Legislatura porteña. Este sábado en Piedras 153 se colocó una placa para homenajear al domicilio que simboliza la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

En una jornada de mucho sol, la música de La Chilinga y Victor Heredia le dieron melodía al festival al que asistieron distintas agrupaciones sociales, diputados nacionales, legisladores porteños artistas y, por supuesto, las Madres de Plaza de Mayo. 

Durante el acto, las Madres relataron el recorrido histórico del grupo de Madres Líneas Fundadoras. Recordaron que en los comienzos no contaban con una casa. Las reuniones se realizaban en domicilios particulares, bares, plazas y luego en instalaciones del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la sede del Servicio de Paz y Justicia. 

La falta de un espacio propio fue siempre una deuda pendiente de la organización. De este modo, un grupo impulsado por Taty Almeida decidió realizar una campaña para recaudar fondos y adquirir una sede. «La casa de las madres la compra el pueblo», fue la consigna. La solidaridad de los artistas se sumó a la del pueblo y en un recital internacional en el estadio de Ferro -del que participaron Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, Víctor Heredia, Adriana Varela y Jaime Ross- se

Al adquirir la casa de Piedras 153 las Madres comenzaron una nueva historia aunque con el mismo objetivo: luchar contra la impunidad y en favor, por la memoria, la verdad y la justicia. Las locas de la Plaza también se propusieron hacer docencia sobre la defensa de los derechos humanos fundamentales y promover la protección de los derechos sociales de los pueblos, trabajando por el futuro de las nuevas generaciones y preservando la ética de los principios solitarios que inspiraron a la generación del 70. 

Otros de los artistas que participó del homenaje, fue el actor Pablo Echarri, quien leyó algunos poemas dedicados a los nietos desaparecidos y a sus abuelas. Además, señaló: «Es un placer enorme acompañar a mis madres y en esta oportunidad, declarando este sitio de interés cultural». 

Las Madres Plaza de Mayo comenzaron a reunirse en 1977, bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, con el objetivo principal de recuperar a sus hijos desaparecidos. Un jueves decidieron citarse en la Pirámide de Mayo y se les acercó un oficial que les ordenó circular. Así nacieron las rondas alrededor de las la Pirámide que  todos los jueves se repite desde entonces a las 15:30.

La iniciativa de declarar a la casa de las Madres como Sitio de Interés Cultural de la Ciudad correspondió al legislador de Unión por la Patria Juan Pablo O’Dezaille, quién llevó adelante la propuesta que le realizó Pascual Espineria, integrante del Grupo de Apoyo a las Madres. El proyecto fue acompañado por el bloque de izquierda, el radicalismo y también un sector del PRO. “Votaron en contra -subrayó O´Dezaille- quienes hoy vienen con el discurso negacionista”.

La madre de Plaza de Mayo Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, popularmente conocida como Taty Almeida, cerró: «Acá no hubo guerra, hubo genocidio. Acá no ha habido Teoría de los Dos Demonios. Un solo demonio que desapareció embarazadas, las torturaron, las mataron y se apropiaron de sus bebés».

Un alegato pronunciado en una fecha simbólica

Un alegato pronunciado en una fecha simbólica

El mismo día en que se cumplían 40 años del retorno de las urnas al país, comenzó el alegato de la querella en el juicio por la apropiación de Victoria Donda Pérez.

En el Tribunal Oral Federal N° 6 comenzó el alegato de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por la apropiación de Victoria Donda Pérez, el lunes 30 de noviembre último.

El 28 de marzo de 1977 María Hilda Pérez fue secuestrada embarazada de cinco meses en la zona oeste del conurbano bonaerense y en agosto de 1977 fue trasladada al Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En la clandestinidad dio a luz a una beba a la que llamó Victoria, apropiada por el prefecto Juan Antonio Azic. En 2004 Victoria Donda Pérez, hija de María Hilda Pérez y José Laureano Donda, quienes continúan desaparecidos, recuperó su identidad. El que está imputado como coautor del hecho es Adolfo Miguel Donda, tío de Victoria, quien formó parte de la patota de la ESMA.

El TOF 6 integrado por Ricardo Basílisco, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñíguez llevó a cabo una audiencia mixta, en la que se imputa a Adolfo Donda quien asistió de manera virtual mientras que su abogado defensor Guillermo Fanego presenció el alegato.

El abogado de Abuelas Emanuel Lovelli, comenzó su exposición recordando lo significativo del día: “Como integrante de un organismo de Derechos Humanos pronunciar este alegato en un día como hoy, que se cumplen 40 años de la puesta en funcionamiento de las urnas, dejando atrás la dictadura más terrible que conoció nuestro país, es muy significativo para nosotros ejercer esta oportunidad procesal. Estamos aquí buscando justicia por uno de los tantos crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura de la cual el imputado fue parte”.

Lovelli también señaló dos cuestiones que estuvieron presentes a lo largo de este juicio oral. Primero, las ofensas provenientes del abogado defensor y el imputado a los testigos y víctimas, “figuras imprescindibles en este juicio y en la historia de la democracia”. Por otro lado, también se refirió a lo que fue y es el proceso de justicia en nuestro país. El representante de las Abuelas de Plaza de Mayo reiteró en varias oportunidades que este proceso de justicia no es un  “juicio de venganza”.

Lovelli hizo un repaso por la historia de la causa de Victoria Donda Pérez. Señaló que Juan Antonio Azic fue un subordinado de Donda, hizo mención de las violaciones de derechos humanos y las desapariciones forzadas durante la última dictadura militar. También recordó las palabras de Adolfo Donda que, en una de las tantas indagatorias, dijo que el 90 por ciento de las fuerzas armadas estuvo comprometida con la denominada “lucha contra la subversión”.

Según las estadísticas de la Secretaria de Derechos Humanos,, hubo 332 juicios desde el año 1985, 1.194 personas condenadas y más de 800 centros clandestinos de detención quedaron al descubierto.

El abogado defensor de Abuelas retomó las palabras de Victoria en su declaración: “Estamos orgullosos de este proceso de justicia, estamos conforme con las garantías constitucionales, aun para los que lo enfrentan en carácter de imputados”, también agregó: “Son quienes están privados de su libertad, por órdenes judiciales, en las mejores condiciones del servicio penitenciario federal”. 

“Adolfo Donda está alojado en la Unidad 31, el informe público de la Secretaría de los Derechos Humanos mostró las condiciones de esa unidad. Para ellos, el Articulo 18 que establece cárceles sanas y limpias es plenamente operativo, en la pandemia hubo un cuidado especial para que fueran los primeros en recibir las vacunas contra el covid ¿Eso es venganza?2”, apuntó Lovelli en respuesta a quienes denominan este tipo de juicio como “juicio de venganza”.

Cerrando el apartado repitió que no se t rata de venganza sino de un proceso de memoria, verdad y justicia en reparación para los familiares y sobre todos para los 30.000 desaparecidos. “Reiteramos que son 30.000”, subrayó.

La audiencia pasó a cuarto intermedio y continuará el 6 de noviembre a las 14, donde la querella continuará con la exposición de su alegato, en el que le resta exponer todas las pruebas obtenidas a lo largo del juicio y realizar el pedido de pena para el acusado.

Las audiencias pueden seguirse vía YouTube a través del canal de La Retaguardia y el canal del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Dos miembros del Poder Judicial acusados por crímenes de la dictadura

Dos miembros del Poder Judicial acusados por crímenes de la dictadura

Contra el resurgimiento de los discursos negacionistas, los juicios de lesa humanidad siguen su marcha: empezó La Escuelita VIII en Neuquén, con un juez y un fiscal en el banquillo.

Comenzó el octavo tramo de los juicios “La Escuelita” en el Tribunal Oral Federal de la provincia de Neuquén. Se trata de un nuevo proceso por delitos de lesa humanidad cometidos contra veintitrés personas, pero tiene la particularidad de tener como acusados a dos ex funcionarios judiciales de la última dictadura cívico-militar: Pedro Duarte y Víctor Ortiz, quienes se desempeñaron como juez federal y fiscal federal de dicha provincia.  

“La Escuelita” fue un centro clandestino de detención que funcionaba en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña. Iniciado en 2008, este es el octavo tramo que se realiza en Neuquén, pero mientras que en los anteriores fueron condenados exintegrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, en esta ocasión la responsabilidad recae en funcionarios judiciales. 

Duarte y Ortiz están acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes del delito de privación ilegal de la libertad. Además, Duarte se encuentra imputado por prevaricato, ya que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basados en información falsa. De esta forma, se tendrá en cuenta la actuación de los exfuncionarios frente a las denuncias y los habeas corpus que no fueron investigados y que favorecieron las detenciones ilegales, la aplicación de tormentos, la desaparición forzada de personas, como también la impunidad de las fuerzas represivas en esos hechos. 

De las veintitrés personas detenidas que pasaron por este centro, nueve aún se encuentran desaparecidas. Uno de ellos es Oscar Alfredo Ragni, estudiante de Arquitectura en La Plata y militante universitario quien fue secuestrado en la puerta de la casa de sus padres en Neuquén el 23 de diciembre de 1976. Desde entonces, su madre, Inés Rigo, con un pañuelo blanco en su cabeza, lo ha buscado incansablemente y hoy pide que se haga justicia. “Esta causa muestra la actuación que tuvo la justicia como parte del plan desplegado por las fuerzas represivas, pero también por sectores civiles de la sociedad al no impulsar las investigaciones. Queremos dar a conocer y mostrar esta parte que faltaba de todo el andamiaje, de cómo se llevó a cabo este plan genocida en la región”, dijo Natalia Hormazabal, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que representa a Inés, en diálogo con ANCCOM. También señaló que en el caso de Oscar Ragni, de quien también es letrada querellante en este debate oral, se han sumado a los delitos de los que se acusa a los exfuncionarios el delito de genocidio por el que deben ser condenados “porque creemos que hace no solo a la verdad jurídica sino también a nuestra verdad histórica”. 

Como integrantes de la justicia federal, sendos imputados cumplieron un rol central al darle un trámite meramente formal a presentaciones judiciales como Hábeas Corpus o amparos, presentados por familiares de las personas secuestradas y luego desaparecidas. Y lo hicieron sabiendo que esos hechos ocurrían bajo las órdenes de las autoridades de la Subzona 5.2 del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña VI.

Los querellantes en este juicio a cargo de los jueces Sebastián Foglia, María Paula Marisi y Alejandro Silva, son la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Grupo por la Memoria y Compromiso con las Madres y los 30.000; HIJES, Red por la Identidad y Jóvenes por la Memoria. La primera jornada del viernes 20 solo contó con la lectura de las acusaciones de la Fiscalía, se realizará una audiencia cada quince días y se prevé que no finalizará hasta febrero o marzo del próximo año. 

En un contexto de discursos que tienden a la negación de los hechos perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, o directamente de apología de la misma, en este momento se están llevando a cabo veinte juicios orales en diez provincias del país, y en dos de cada tres de ellos la Secretaría de Derechos Humanos es querellante.

 

Tribunal integrado por la jueza federal María Paula Marisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia.  

El represor cumple 100 años (y la injusticia 47)

El represor cumple 100 años (y la injusticia 47)

Laura Hietala reclama el juicio por la desaparición de su familia, en 1977. Su rastro se pierde bajo el silencio de Omar Riveros, exdirector de Campo de Mayo, principal sospechoso de la desaparición de los Hietala. La lentitud de la justicia juega del lado de los 100 años del acusado.

Laura Hietala está sentada en una mesa del local de comidas rápidas de la estación Retiro. En su cartera lleva fotos de la familia que en 1977 la dictadura militar le arrebató. Son imágenes que atestiguan que existió y que denuncian una ausencia solamente explicada por la ingeniería estatal del terror. 

— Desde mi punto de vista, la causa avanza muy lento. Si vos tenés en cuenta que llevo 47 años esperando, tiene sentido. Hasta el momento no hubo imputaciones, pero sí algunos requerimientos de la jueza de instrucción que a nosotros nos permite interpretar que va a tomar alguna medida. No tenemos mucha información, lo que sabemos es que va lento. 

La investigación comenzó en 2006, después de que se derogaran las leyes que protegían al poder militar. 

— Ese año se abrieron todos los expedientes y se empezó a tomarle declaración a muchos familiares. Fue todo con mucha timidez porque había desconfianza. Ahí hubo un lapso en el que no quisimos participar, porque yo había estado amenazada y la respuesta que había recibido de la justicia era que no había garantías. En 2012 los reclamos empezaron a tomar más fuerza y me constituí como querellante. 

Si bien hay esperanzas de que a fin de año haya novedades, el reloj biológico de los genocidas juega en contra. Por ejemplo, Omar Riveros, director de Campo de Mayo y principal sospechoso de la desaparición de los Hietala, en 2023 cumplió 100 años. 

Aparte de Riveros, también habría otros militares implicados, sobre los cuales se está investigando. Se trataría de oficiales ya condenados en otros juicios de lesa humanidad. 

Los Hietala

Guillermo Hietala, padre de Laura, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores junto a su hermano Reino y su esposa Estela Cali. Cuando el poder militar tomó por la fuerza el gobierno, la familia decidió abandonar su casa de Vicente López y mudarse a una estancia ubicada sobre la Ruta 7, a la altura de San Andrés de Giles. Allí comenzaron una vida rural bajo el apellido Valugano. En El Maral, Laura vivía con sus padres, su hermana Amanda, su tío Reino, sus primos Silvia y Guillermo, su abuela Hannah y la suegra de Reino, Dominga. 

El viernes 20 de mayo de 1977 Guillermo y Estela fueron a una reunión en Vicente López, convocados por La Negra, una militante a la que no veían desde hacía un tiempo. Cuando llegaron al punto de encuentro, la esquina de las avenidas Lavalle y Maipú, fueron secuestrados por un grupo de tareas. 

 Al día siguiente, Reino se dio cuenta de lo que había ocurrido y recorrió las casas de sus compañeros de Zárate para alertarlos. Ya era tarde: todos habían caído en las fauces de la represión. 

El domingo 22 abandonó El Maral para alertar a otros militantes. En el momento en el que salió, un comando arribó a la estancia y se llevó a Dominga y a Hannah. 

La familia que trabajaba en la casa de los Hietala vivía del otro lado de la ruta, por lo que esa tarde escucharon todo: el ruido de los motores frenando en la estancia, los gritos de las mujeres, el regreso de los coches al camino y la huída. Después solo se oyó un llanto ininterrumpido, que ni el viento que sacudía los pinos de la zona lograba ocultar. 

Pese al miedo que la invadía, Sara E. cruzó a ver qué había ocurrido. Los sollozos eran de Amanda, Guillermo y Silvina, que desde el rincón de un cuarto totalmente revuelto permanecían en estado de shock. En la otra punta del cuarto, Laura pataleaba y lloraba adentro de su cuna. Los militares habían puesto el moisés arriba de un aparador, junto a una frazada que daba a una estufa. Si Sara hubiera ingresado cinco minutos más tarde, la bebé habría ardido en llamas. 

Horas más tarde, Reino apareció en un Torino negro sin patente y explicó que ellos eran los Hietala y no los Valugano,  y que la familia de Sara podía quedarse con la estancia.

Después partió hacia Villa Devoto, con el objetivo de dejarlos en la casa de unos primos, para que luego ellos los llevaran al hogar de los padres de Estela. Sin embargo, cuando llegó a Capital Federal, le informaron que Ítalo y Esther Cali también habían sido secuestrados. 

La familia optó por separar a Laura y Amanda para protegerlas. Solo se veían una vez al año, cuando las llevaban al pediatra. 

Reino comenzó a trabajar informalmente y a ahorrar cada centavo que ganaba. Al poco tiempo, logró juntar dinero para irse a Brasil con su familia. Desde allá se comunicaron con parientes que vivían en Finlandia y se mudaron a Helsinki. Silvia y Guillermo volvieron una vez que finalizó la dictadura. Reino se quedó allá y regresó al país solo en dos ocasiones.

 

El horror después del horror

Con la llegada de la democracia, el espionaje apareció como la nueva cara de la persecución militar.

A Laura y Amanda, todas las tardes el mismo hombre las seguía desde su escuela hasta la casa en la que vivían. 

— Era una persona  de determinadas características, que luego otros familiares nos confirmaron que también los había seguido. Era algo que estaba ahí, ya era parte de nuestra vida”. 

 En 1997 Laura comenzó a trabajar como promotora en un supermercado que tenía sucursales en Zárate y Campana. 

Había algo que estaba claro, cada local tenía su propio personal de seguridad. Un día noté que había un empleado que coincidía en mis días y horarios, en las sucursales a las que yo iba. Un sábado en el que no había nadie, vino y me dijo “Buenas tardes, señorita, necesito hablar con usted. 

Mientras en su cabeza crecía la convicción de que ese sería su último día con vida, la mujer extendió su mano y exclamó: “Laura Hietala, nieta e hija de desaparecidos”. Lejos de sorprenderse, el sujeto respondió con frialdad: “Ya lo sé, conozco todo de su vida”.

Después de un segundo de silencio que pareció eterno, el hombre explicó que no había participado en el operativo de los secuestros y que estaba ahí porque trabajaba bajo órdenes directas de Videla. Disparaba las palabras con una velocidad mecánica, como si la duración de cada sílaba estuviera cronometrada. Laura sólo se limitaba a escuchar, mientras el miedo la paralizaba.

—  Me decía que si lo buscaba por su nombre, él estaba muerto y que le pagaban por hacer este tipo de tareas, investigar a hijos para ver en qué andaban. Recuerdo que me dijo: “Quedate tranquila que vos sos inofensiva”. 

El espía se encargó de nombrar personas de su círculo íntimo para certificar su trabajo y le advirtió: “Te voy a estar vigilando. Vos no vas a saber que yo voy a estar ahí, pero siempre te voy a estar vigilando. Me vas a pasar al lado y no me vas a reconocer, porque los que hacemos estas tareas cambiamos nuestra apariencia para que no nos identifiquen”. 

A esa primera amenaza, meses más tarde se le sumaría la de un ex comisario, que la detuvo en la calle y le susurró: “Tenés que tener cuidado con quién te rodeas, porque es muy fácil deshacerse de un cuerpo. Existe un Triángulo de las Bermudas acá: sabemos que en la zona del Río Luján podemos tirar un cadáver y que nadie sepa lo que pasó”. 

Harta del hostigamiento, Laura intentó presentar una denuncia, pero desde el Poder Judicial le respondieron que no podían hacer nada. Los Hietala estaban librados a su suerte. 

En 2006 se reactivaron las causas de Lesa Humanidad y las historias de persecución se replicaron en cientos de voces. Parecía que por primera vez estaban dadas las condiciones como para que las víctimas se sientan protegidas, pero la desaparición de Jorge Julio López demostró que el poder de los genocidas permanecía intacto. 

— Cuando lo secuestraron hubo una sensación de vulnerabilidad muy grande. Sentíamos que otra vez el peligro era inminente y que los próximos íbamos a ser nosotros. Si ya se llevaron a mis abuelas y a nuestros padres, ahora nos tocaba a mi hermana y a mí.

Lo que era una sensación, luego se transformó en realidad. Durante la madrugada del 27 de noviembre de 2019, un disparo entró por una de las ventanas de la casa de los Hietala e impactó en el techo de la habitación de uno de sus hijos. 

— Decidí renunciar a vivir con miedo. Entiendo que uno tiene que ser prudente. Yo no hice nada para merecer ninguna de estas cosas, lo único que hago es pedir justicia, buscar la verdad y tratar de hacer memoria — declara Laura — El miedo te paraliza y te cansa. Fue muy frustrante ver a mis hijos con ese shock tan grande de pensar que todavía puede pasar algo. Pero a eso hay que vencerlo.