Las comunidades originarias ya padecen el RIGI

Las comunidades originarias ya padecen el RIGI

Nov 15, 2024 | Comunidad, Destacado 5

El voto solitario de la Argentina en la ONU contra una declaración a favor de los pueblos originarios está en sintonía con las políticas públicas que desconocen los derechos de las comunidades preexistentes a la nación. El comando antibloqueos de Bullrich debutó en Vaca Muerta.

Argentina fue el único país con representación en las Naciones Unidas (ONU) en votar en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos originarios en su Asamblea General en Nueva York. El documento promueve el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias, el acceso a la justicia, la protección del medioambiente y la preservación de sus lenguas y culturas. Sin embargo, los pueblos indígenas preexistentes a la nación argentina no se sorprendieron, el voto del nuevo ministro de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein es coherente con el ataque sistemático a las comunidades originarias que recrudeció en estos meses de la administración de Javier Milei.

El gobierno de La Libertad Avanza ha demostrado en reiteradas veces su persecución y hostigamiento hacia los pueblos indígenas y su rasgo neocolonial a la hora de administrar el poder estatal. El impulso del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que posibilita arrasar con los territorios sin consulta a sus habitantes, la incógnita de qué sucederá con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el anuncio que hizo el gobierno de no prorrogar la  Ley 26.160 que declara la emergencia de la propiedad indígena y suspende los desalojos, están poniendo en jaque la relación entre los habitantes de Abya Yala -tal como llamaban las poblaciones autóctonas a estas tierras- y el Poder Ejecutivo. 

Si bien los conflictos con los pueblos originarios no inician en la era Milei, están siendo exacerbados por la gestión de este gobierno. La situación tiene que ver con cosmovisiones de mundo distintas, que a veces encuentran consensos entre ambas partes y a veces no. Aunque la población aborigen está reconocida por la Constitución, carece de una representación política que plasme tal reconocimiento en soluciones concretas y acuerdos que permitan el respeto de sus intereses. 

La explotación petrolera y gasífera de Vaca Muerta por parte de YPF en colaboración con empresas como Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron y Shell, está en colisión con las comunidades originarias. Este martes, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció la primera intervención pública del Comando Unificado de Seguridad Productiva de la Nación, más conocido como “Comando Antibloqueos”, en la zona caliente de Vaca Muerta. En un comunicado asegura que junto a la Policía provincial irrumpió en Campo Maripe, territorio en disputa con YPF. «Bullrich -señala el documento- está ensayando la intervención de Gendarmería para (garantizar) el saqueo de las petroleras en Vaca Muerta. En la mañana de hoy la Gendarmería y la Policía de Neuquén irrumpieron conjuntamente en territorio comunitario del Lof Campo Maripe, una escena que recuerda a junio de 2017, cuando la Gendarmería intentó avasallar el derecho mapuche con represión».

 

Desde la aprobación del RIGI  –un régimen de incentivos para que las empresas extranjeras “inviertan” en el país a cambio de una rentabilidad asegurada y exenciones impositivas– ses agravaron los conflictos preexistentes para los pueblos originarios de Jujuy, Salta, Neuquen, Rio Negro y Chubut. 

En el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, buscan desalojar con una causa judicial a la comunidad mapuche Pailako, que habita ese territorio desde hace muchísimas generaciones. En ese contexto, el conflicto previo al RIGI es la llegada al país hace dos años de la empresa estatal israelí de aguas, Mekorot. El lonko Mauro Millan explicó a ANCCOM que “las acciones judiciales que hoy enfrentamos están relacionadas con la intención que tuvimos y tenemos de volver al territorio y de plantearlo como una decisión política. El Poder Judicial actúa como infantería de la represión”. Tanto Cristian Larsen, funcionario y director de la Administración de Parques Nacionales (APN), como el gobernador provincial Ignacio Torres acusan sin pruebas a la lof de los incendios que quemaron aquel territorio durante los últimos dos veranos.

Larsen dice a través de su cuenta de X (Twitter): “En la gestión pasada fue moneda corriente que se usurpen terrenos de Parques Nacionales y que las anteriores autoridades no hagan nada para evitarlo, por el contrario muchas veces a través de organismos como el INAI se les daba ayuda a estas falsas comunidades o a estas personas que escudándose en sus condiciones de mapuches utilizaban los recursos del Estado”. Fiel al explícito estilo libertario agrega: “Esta política cambió, hoy hay un cambio cultural que lo está llevando a cabo el presidente Milei y que tiene que ver con el cumplimiento estricto de la ley”. Al parecer, la ley de leyes que es la Constitución, no cuenta para este Gobierno. El Artículo 75, Inciso 17 de la Carta Magna reconoce a los pueblos preexistentes y obliga a los estados nacionales y provinciales a respetar los territorios que actualmente habitan los pueblos originarios. 

Lo que ocurre hoy es que gracias al RIGI, el presidente Milei, en uno de sus tantos viajes a Israel, reafirmó los acuerdos del gobierno de Alberto Fernandez con Mekorot. El convenio firmado en 2022 para diseñar el desarrollo de infraestructura hídrica es poco claro, con información vaga y fragmentada.  Por otra parte, en 2014 Mekorot fue denunciada en la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino. “Ocupan las nacientes de los ríos, violan normativas de agua, fronteras y viviendas”, denunció Millán. Pero el convenio que firmó Mekorot Israel National Water con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) no abarca solo a Chubut. También a Neuquén, Río Negro, Jujuy y otras provincias. 

En Salta, la empresa surcoreana Posco presentó un proyecto bajo el RIGI, con una inversión que rondaría los 1.000 millones de dólares. Los detalles del proyecto aún no se han revelado, pero se sabe que la compañía está expandiendo sus operaciones en la provincia. Y es reciente también, la inauguración de la planta de producción de hidróxido de litio, que pertenece al proyecto “Sal de Oro”. 

En esta provincia, las comunidades indígenas Oka Pukie (Mi Troja) y Kyelhuk (Quebracho) han sido demandadas en la localidad de Tartagal por la finquera María Montserrat, esta empresa busca recobrar posesión de los territorios mediante un posible desalojo de ambas comunidades. La Ley 26.160 hasta octubre las protegía porque declaraba la emergencia de la propiedad indigena y, justamente, suspendía los desalojos. El problema es que en noviembre venció este decreto presidencial, y el actual Gobierno nacional no lo prorrogará. En sintonía con los demás reclamos, la comunidad ​​repudia estas acciones y afirma que el fin de todas estas maniobras es seguir ampliando la frontera agropecuaria sobre los territorios indígenas, que usan la fuerza judicial para atropellar los derechos y las vidas de nuestras comunidades frente al poder de grandes empresarios con recursos económicos.

En agosto pueblos indígenas y sectores populares de Jujuy se manifestaron en contra del RIGI al entender que abre las puertas a grandes inversiones de empresas transnacionales para el saqueo y el extractivismo, atentando contra el medio ambiente y la Pachamama, y los derechos territoriales que ellos tienen como pueblos indígenas. En octubre, la comunidad indígena de Guerrero en Jujuy, fue desalojada por efectivos policiales y de Gendarmería  por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal. Alviso Cazón, abogado de la comunidad, dice que la sentencia fue ordenada por Guillermo Jenéfes, exvicegobernador jujeño, que es parte actuante en la causa. La noche previa al 15 de octubre de 2024 la policía fue cercando a la comunidad para que no pudieran ingresar vecinos a ayudarlos. Golpearon y forcejearon con mujeres y hombres, no respetaron las infancias y adolescencias y se llevaron a una abuela de 100 años. 

En Río Negro hubo otra situacion similar. La jueza de Bariloche, Romina Martini, ordenó el desalojo de la lof Quemquemtreu en Cuesta de Ternero, cerca de El Bolsón. La magistrada también condenó a Romina Natalia Jones, Lautaro Cárdenas Despo y Alejandro Javier Morales Godoy, referentes de la comunidad mapuche a tres años y seis meses de prisión en suspenso como coautores penalmente responsables del delito de usurpación. La denuncia fue impulsada por el empresario Rolando Rocco, quien tenía permiso para la explotación forestal de esa zona. Pero tiempo atrás se llegó a un acuerdo con la provincia para que la lof Quemquemtreu permaneciera en el predio porque el 21 de noviembre de 2021 empleados de Rocco asesinaron a Elías Garay, joven mapuche, de un disparo. Estos empleados fueron condenados en otro juicio. “El Dios de los winka (blancos) es la propiedad privada”, dice Millán en referencia a los acontecimientos en el sur del país.

La Confederación Mapuche plantea que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

Una buena

En Neuquén sobreseyeron a los siete mapuches que el exbasquetbolista Emanuel Ginobili había denunciado por usurpación en 2018. El juez Ignacio Pombo consideró que la acción contra los integrantes de la Lof Paincil Antriao prescribió en 2023. En 2004 Ginobili había comprado 12 hectáreas en el Cerro Belvedere, territorio ancestral mapuche sobre el río Correntoso, con la intención de hacer un negocio inmobiliario y turístico. En línea con este resultado judicial, el 7 de octubre en la Legislatura de Neuquén se llevó a cabo una audiencia pública contra la adhesión de la provincia al RIGI. Del encuentro participaron la Red Ecosocialista, MST, PTS, Espacio Ojalá la Tierra Solidaria, APCA, Marabunta, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNCo, el PO, vecinos de Sauzal Bonito y la Confederación Mapuche, entre otros. Desde la Confederación Mapuche se planteó que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

«La bicicleta en algún momento se detiene»

«La bicicleta en algún momento se detiene»

Nov 13, 2024 | Destacado 1, Entrevistas, Vidas políticas

El modelo de Milei tiene ganadores y perdedores: por un lado, las grandes empresas obtienen rentas extraordinarias y los ricos disfrutan del dólar barato, y por otro, los sectores medios y bajos ven desplomarse sus ingresos. Un especialista explica la dinámica y vaticina qué puede ocurrir.

Según un informe reciente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), «mientras los ingresos de la mayor parte de la sociedad caen entre un 20 y un 40 por ciento, las ganancias netas de diferentes mercados se incrementan en más de un 800 por ciento respecto al año anterior, con aumentos que superan el 9000 por ciento en laboratorios, el 5000 por ciento en el complejo exportador de granos, más del 1300 por ciento en el sector alimenticio, 945 por ciento en el sector bancario y 790 por ciento en el hidrocarburífero». Para entender esta trasferencia masiva desde los sectores populares hacia el capital concentrado, ANCCOM dialogó con Martín Epstein, docente, politólogo y analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

¿Qué decisiones del Gobierno han favorecido las ganancias de estos sectores?

Desde el comienzo se vieron beneficiados. La política de desregulación flexibilizó restricciones, especialmente en el sistema bancario. Las tasas e intereses en el sistema financiero quedaron desregulados, mientras que el Banco Central bajaba progresivamente la tasa de referencia. Esta diferencia entre la capacidad de la gente para cubrir sus deudas y las facilidades del sistema financiero genera una brecha de rentabilidad extraordinaria para los bancos. En el sector alimenticio, a su vez, hubo una estampida de precios con aumentos que treparon un 40 o 50 por ciento en algunos productos en solo una semana. Esto impactó fuertemente, ya que los precios que venían altos desde 2023, tuvieron un aumento aún más pronunciado. Aunque la inflación en alimentos disminuyó en los últimos meses, los precios se mantienen elevados y no bajaron en términos reales. Las grandes empresas alimenticias hicieron un margen de renta muy importante. Y el sector energético tuvo la liberación del «barril criollo». Antes, el precio del combustible era diferenciado para consumo interno y exportación, ahora con la nueva política esta distinción desapareció. Esto hizo que el precio del combustible en el mercado local superara los mil pesos por litro, cuando al asumir el nuevo gobierno era menos de un tercio de ese valor. Este aumento representa una transferencia directa de ingresos hacia las energéticas.

¿Cuáles son las implicaciones de esta transferencia?

A corto plazo, una consecuencia directa es la caída del consumo, lo que lleva a la economía a estabilizarse, pero en niveles bajos. Hoy, aunque el consumo sube en ciertos meses, luego vuelve a caer, sin recuperar niveles previos. Esto provoca un estancamiento económico que afecta la recaudación. Si esta tendencia continúa, el riesgo es que la economía siga cayendo o se estabilice en niveles bajos, llevando a un largo letargo donde el estancamiento condena a generaciones a empleos de baja calidad y salarios sin capacidad de compra. La pregunta es: ¿Hasta cuándo los mercados seguirán confiando en la viabilidad de este programa económico? Lo que hoy mantiene en pie a esta dinámica es la confianza de los mercados, que siguen especulando con que el programa económico de Milei es sostenible, pero no sabemos por cuánto tiempo se mantendrá esa confianza.

¿Esta dinámica es típica de procesos inflacionarios o específica de las políticas actuales?

Hay dos aspectos importantes. Primero, el sector energético experimenta gran volatilidad desde que se eliminó el barril criollo. Esto implica que cuando sube el precio internacional del barril, el aumento se traslada directamente al combustible. Por ejemplo, en octubre, el precio de las naftas bajó un 1 por ciento tras haber subido un 240 por ciento. Sin embargo, en noviembre, hubo un nuevo aumento del 4 por ciento, que revirtió y superó la baja. Estos sectores no regulados, como el energético y la salud, quedan libres en su búsqueda de rentabilidad, lo que afecta a las familias, que deben destinar más ingresos a tarifas y servicios esenciales. Esto impacta directamente en el consumo, que viene bajando desde diciembre hasta hoy.

¿Qué medidas políticas serían posibles para revertir esta situación?

En el contexto del actual Gobierno, no veo mucha voluntad para revertir esto. Es un Gobierno que cree en liberar las fuerzas del mercado, sin medidas que alteren la rentabilidad de ciertos sectores. Sin embargo, un cambio de gobierno podría abrir un espacio para discutir políticas de largo plazo. Un primer punto sería cuestionar por qué, siendo un país productor de energía, debemos pagarla a costo internacional. Se podría establecer un mecanismo de desacople de precios internos e internacionales, como ya se hizo con el barril criollo. Pero esto choca con los grandes grupos económicos energéticos, que prefieren que el precio interno iguale al externo. En el sector alimenticio, la situación es similar. Sería necesario analizar los encadenamientos productivos y cómo los grandes grupos obtienen rentabilidad, mientras que los pequeños productores no captan la misma ganancia porque el pequeño productor no se beneficia de estos aumentos. Por ejemplo, los productores de lácteos y carnes ven aumentos en sus costos, pero no perciben una rentabilidad comparable a la de las grandes empresas que se benefician del aumento de los precios en la cadena de distribución. Ahí también hay un espacio para intervención. El último intento serio de políticas de Estado para mirar la rentabilidad empresarial dentro de las cadenas productivas fue en 2015, pero desde entonces el aparato de la Secretaría de Comercio Interior, que tenía una política activa de control de precios y regulación interna de las cadenas productivas, se desmanteló y nunca se recuperó.

¿Cómo percibís la opinión pública respecto a este modelo?

Las encuestas de opinión ofrecen un marco para pensar sobre lo que está sucediendo, pero no son determinantes. A veces las encuestas fallan al interpretar lo que está ocurriendo realmente. Por ejemplo, en 2001, aunque no anticiparon la caída del gobierno de De la Rúa, la realidad se manifestó en un tiempo corto. Hoy la opinión pública está influenciada por mecanismos de contención social, como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que permiten a los sectores vulnerables mantener un mínimo ingreso. Los sectores medios soportan la situación, a veces con más horas de trabajo o sacrificando tiempo. Los sectores altos, en cambio, disfrutan de un dólar más barato, lo que mejora su consumo y apoyo al modelo.

¿Cómo ves el fin de este ciclo económico?

Basado en mi experiencia, y en lo que ocurrió en modelos económicos similares, siempre que se armó una bicicleta financiera, hay un momento en que esa bicicleta se frena. Este ciclo de altas tasas de rentabilidad sin costos altos puede desacelerarse gradualmente o romperse de golpe, afectando a quienes se queden demasiado tiempo en él. Siempre que se ha armado una bicicleta como esta, hay un momento en que se detiene. La estabilidad del Gobierno y del programa económico depende de la confianza del mercado, que sigue operando dentro del cepo cambiario. Mientras los actores económicos crean en esta estabilidad, el ciclo se mantiene. Pero cuando esa confianza se quiebra, es probable que el modelo se frene. En ese punto, va a ser difícil sostener una imagen positiva del Gobierno y el respaldo del mercado. Hoy, los sectores que participan en esta bicicleta financiera, como los bancos y actores privados, aprovechan tasas de rentabilidad en pesos, aunque ello implica un deterioro macroeconómico con efectos en el empleo, pequeñas y medianas empresas y consumo. Entre diciembre y julio se perdieron miles de empleos y empresas. Ya vemos síntomas sociales graves, como la desnutrición y la creciente necesidad de acceso a alimentos básicos a través de comedores comunitarios. La baja en el consumo de productos esenciales es un indicador claro de la gravedad del problema social, que se agudizará si no hay un cambio de políticas.

Trump al gobierno, Elon Musk al poder

Trump al gobierno, Elon Musk al poder

Nov 12, 2024 | Destacado 3, Vidas políticas

El nuevo presidente de los Estados Unidos amplió su base electoral y manejará también el Poder Legislativo y el Judicial. El dueño de X, a su vez, no sólo tendrá negocios con el Estado sino que será funcionario gubernamental. ¿Cómo será la relación con Argentina?

Donald Trump será el 47° presidente de los Estados Unidos tras imponerse en las elecciones del martes pasado frente a la candidata demócrata Kamala Harris. El próximo miércoles el republicano se reunirá con el actual primer mandatario Joe Biden para comenzar el proceso de transición, cosa que no ocurrió a la inversa hace cuatro años. ANCCOM dialogó con especialistas en política internacional para entender por qué la sociedad norteamericana se volcó otra vez hacia la ultraderecha y para dilucidar tanto el próximo gobierno como su relación con Argentina y el mundo.

 

La elección

La performance de Trump fue muy buena, al imponerse en todos los estados pendulares que definían la elección. Facundo Cruz, politólogo especialista en partidos políticos y procesos electorales, destaca que “logró consolidar su base electoral y ampliarla levemente. Le fue muy bien de vuelta en población rural, hombres y personas no educadas, pero ahora ganó en población latina y amplió su base en mujeres y jóvenes”.

En cuanto a los factores que definieron la elección, la economía del gobierno de Biden apareció como principal preocupación. La inflación en Estados Unidos fue del 7,04% en 2021 y del 6,45% en el 2022, pero comenzó a descender a un 3,35% en el 2023 y lleva un 2,8% acumulado en el 2024. Para Cruz, «un año de buenos resultados no compensó tres años de mala gestión económica». En consecuencia, la imagen del gobierno demócrata llegó muy lacerada, como se pudo observar en un boca de urna a nivel nacional de la cadena NBC, en la que el 75% de los votantes respondieron que el país estaba yendo en la dirección equivocada.

La opinión negativa en este aspecto fue tal, que la situación judicial de Trump pareció no hacer mella en sus posibilidades como candidato. El hoy presidente electo enfrenta 88 causas en su contra. En 34 de ellas, correspondientes al caso Stormy Daniels, en el cual falsificó documentos para encubrir un soborno de 130 mil dólares a la actriz porno para silenciarla, fue declarado culpable. Además, el juicio en su contra por su interferencia en el proceso electoral del 2020 está en pleno proceso. Para Cruz, “el voto económico pesa por sobre cualquier consideración judicial”.

Por su parte, Martín Schapiro, abogado especializado en derecho administrativo y en estudios internacionales,  señala que aquel factor es algo a lo que hay que prestarle atención: “Trump terminó siendo un candidato formidable. La coalición que realizó, quiénes lo votaron y cómo lo votaron es muy difícil de generar para los republicanos cuando uno mira otras experiencias. Hay muchos estados que votaron masivamente a favor del aborto y votaron masivamente por él”.

Captura de pantalla. 

En su segundo gobierno, el presidente electo tendrá mayoría tanto en la Cámara de Representantes como de Senadores, además de una Corte Suprema favorable. Schapiro marca que “hoy el control político e ideológico de Trump por sobre el Partido Republicano es absoluto, algo que de ninguna manera tenía en el 2016. En ese momento también tenía mayoría en las dos cámaras y una corte conservadora, pero tanto esa corte como el partido eran otros. Había políticos como Mitt Romney o John McCain, que estaban lejos de alinearse con Trump, y el tribunal era más moderado”.

Según Cruz, este segundo mandato trumpista será “en quinta a fondo”, ya que “va a tener un poder institucional muy parecido al primer gobierno de George W. Bush”. Incluso, destaca que será mucho más poderoso que otros presidentes republicanos como Ronald Reagan, Dwight Eisenhower o Richard Nixon, en el sentido de la correlación de fuerzas con el Congreso. Además, resalta que “asume con una legitimidad social mucho más amplia, ya que es el segundo candidato republicano que gana el voto popular desde la caída del Muro de Berlín”. El último en hacerlo fue Bush, en su reelección en el 2004, ya que en su primera elección el candidato demócrata Al Gore lo superó en esa instancia.

 

Musk se perfila a ser funcionario en un área todavía sin especificar, pero que apunta a auditar el financiamiento federal.

El estáblishment 

El panorama de un segundo gobierno de Trump es diferente también en cuanto a su relación con el establishment económico. Según Schapiro, “está mucho más asentado en el mundo de los negocios y el empresariado. En SIllicon Valley los apoyos en esta elección fueron neutrales o trumpistas. El poder económico no solo está intranquilo sino que está contento, sobre todo el mundo de las criptomonedas, que se volcó masivamente a él”.

La figura de Elon Musk fue muy relevante en la campaña republicana, gravitando mucho en donaciones económicas y también utilizando a X como plataforma. “Es una figura importante, por el tipo de mensaje que llevará el gobierno y también porque es el principal contratista del ministerio de Defensa”, destaca Schapiro.

Lail Furchi, economista especializado en energía, geopolítica y desarrollo productivo subraya que Musk “se vio muy beneficiado por los programas de energía renovable del gobierno demócrata y se fue alineando con Trump con mucha inteligencia para poder sostenerlos. Tuvo un par de éxitos convenciendo a los republicanos a apostar a los vehículos eléctricos, tanto que el candidato republicano en uno de sus rallies afirmó estar reconsiderando su posición sobre ellos”.

Pero el poder del CEO de Tesla, X, SpaceX y Starlink no parece centrarse sólo en el lobby. Furchi afirma que “se perfila a ser funcionario en un área todavía sin especificar, pero que apunta a auditar el financiamiento federal. Está parado en una situación muy privilegiada, en la cual tiene muchísima influencia en la opinión pública con X, con contratos millonarios con el gobierno de Estados Unidos y también ocupando un lugar de vanguardia en la construcción de vehículos eléctricos compitiendo con China”. 

 

El mundo según Trump

Sobre esto último, está la expectativa de un recrudecimiento en la guerra comercial con el gigante asiático, con las energías renovables en el centro. Según Furchi, los esfuerzos de Trump se centrarán en defenderse de la ofensiva comercial del gigante asiático en este rubro, como en los autos eléctricos, la inteligencia artificial y la tecnología de punta.

De todos modos, marca que “ambos partidos iban a profundizar la guerra comercial. Trump ya avisó que va a colocar un arancel de 60% a productos chinos y se va a enfocar específicamente en los sectores mencionados”.

Con respecto al resto del mundo, Furchi destaca que “seguramente empiece a dejar de lado muchos espacios al igual que en su primer mandato, como sus aliados de la OTAN en Europa. Ya dio los primeros avisos de que quiere terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, y esto es importante debido a su buen vínculo con Vladimir Putin”.

 

Milei y Trump: ¿amor correspondido?

El alineamiento ideológico del presidente argentino con el magnate republicano es, a todas luces, total. En base a esto, en el gobierno argentino se tiene mucha expectativa en cuanto a los frutos que puede brindar esta relación bilateral.

Cruz destaca que Trump se para ideológicamente en la ultraderecha pero que es “un político profundamente pragmático”. En ese sentido, destaca que “va a tener una relación positiva con Argentina siempre que le brinde resultados a su gestión, si no es así no hay afinidad política que valga”.

Sobre este punto, Schapiro no prevé un escenario en el que Argentina ocupe un lugar central en la agenda geopolítica del gobierno de Trump. “La relevancia de América Latina en ese mapa mental es mercados ilegales e inmigración”. De todos modos, remarcó que, de los grandes países latinoamericános con los que se va a relacionar el próximo presidente de los Estados Unidos, “Milei es el único con el que tiene afinidad política”.

En ese sentido, para Furchi esto abre una posibilidad de que “Argentina sea el primer representante de los Estados Unidos en Latinoamérica, ya que Brasil está presidida por Lula Da Silva. Esto puede ser una oportunidad para nuestro país, pero no significa que vayamos a ser una prioridad”.

Respecto a la posibilidad de alguna ayuda crediticia motorizada por Trump, Furchi piensa que es posible, pero destaca que la dificultad del gobierno está con la disparidad con el Fondo Monetario Internacional sobre el programa económico. “Vemos muchas fricciones porque el FMI quiere que devaluemos ya. No está claro cuánta presión va ejercer Estados Unidos para favorecer a la Argentina, pero que la va a ejercer es bastante seguro”.

Por su parte, para Schapiro Argentina ya estaba alineada con los Estados Unidos, por lo que no ve que la afinidad de Milei con Trump traiga beneficios considerables: “No creo que le presten plata a Milei para salir del cepo con este tipo de cambio y no imagino que Trump ponga todo su peso político para romper con las reglas del FMI como lo hizo con Macri”.

Abrazo cultural al Garrahan

Abrazo cultural al Garrahan

Nov 9, 2024 | Destacado 2, Trabajo

El conflicto laboral del hospital pediátrico más importante del país lleva tres meses ininterrumpidos. Artistas para todas las edades realizaron un festival público en apoyo a los trabajadores.

Hace más de doce semanas que los trabajadores del Hospital Garrahan llevan a cabo medidas de fuerza en reclamo de la abrupta rebaja salarial que están percibiendo desde el comienzo de las gestiones del presidente Javier Milei y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Benos Aires Jorge Macri. Este viernes 8 de noviembre, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan, la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los Autoconvocados Garrahan organizaron un paro activo de 24 horas y un abrazo cultural en la entrada de la institución ubicada en Combate de los Pozos 1881.

“Este movimiento empezó porque la destrucción del salario fue brutal. Tenemos a miles de trabajadores del hospital que no cubren ni siquiera la canasta de pobreza”, comentó Alejandro Lipcovich, trabajador del Hospital Garrahan y Secretario General de la Junta Interna de ATE. Y aludió a los tres pedidos principales que están realizando: “Reclamamos que el mínimo equivalga al costo de la canasta familiar, planteamos una recomposición del 100% de todos los salarios, sin distinción de profesión u oficio y pedimos que el sector del hospital que está siendo afectado por el mal llamado impuesto a las ganancias sea eximido”. 

La jornada inició a las 9:30 y contó con la presencia de varios artistas quienes desde su música decidieron apoyar a la causa. La grilla del festival incluyó un bloque especialemente destinado para las infancias, con bandas como Los Raviolis y Anda Calabaza, seguido de presentaciones de solistas como Julieta Laso y Bruno Arias y grupos como Las Manos de Filippi, entre muchos otros. Mostraron su adhesión a la protesta múltiples organizaciones, entre las que destacó Madres de Plaza de Mayo.

El Hospital Garrahan es una institución pediátrica reconocida tanto nacional como internacionalmente que se dedica a la atención de pacientes provenientes de todo el país de entre 0 a 15 años con patologías severas y complejas, es decir, casos de alta complejidad que no tienen otro lugar en donde ser tratados. “Es una lucha que responde a algo muy sentido del pueblo argentino. No son solo nuestros intereses como trabajadores del hospital sino también de todos los trabajadores que quieren tener un lugar para atender a sus niños, un hospital que es emblema en nuestro país”, agregó Lipcovich.

Por su parte, Natalia Veliz, pediatra especialista en medicina interna que trabaja hace veinte años para el Garrahan, afirmó que “los salarios están muy por debajo de lo que un profesional de la salud merecería estar ganando en este momento. Está totalmente desfasado con la labor que realizamos”. A su vez, destacó que una situación que se desprendió de la baja salarial es la pérdida de los profesionales, lo cual “pone en riesgo el funcionamiento de la institución, la estabilidad y la labor de los equipos interdisciplinarios que para nosotros es fundamental en nuestra tarea cotidiana”.

Veliz junto a su compañera Carola Saure, pediatra especialista en nutrición que lleva 23 años trabajando en el Garrahan, mencionaron que otra preocupación que desata esta problemática es la búsqueda de segundos empleos por parte de los trabajadores. “Este es un hospital que se caracteriza por tener jornada completa y extendida. Todos trabajamos hasta las 4 o 5 de la tarde, por lo cual conseguir otro trabajo significa a veces trabajar 80 horas semanales“, remarcó Saure.

Sin embargo, la tarea del hospital no es únicamente brindar asistencia a sus pacientes. Tal como lo mencionó la pediatra Saure, el Garrahan también se ocupa de formar profesionales de todo el país. “Eso es fundamental porque este es un país enorme que requiere atención de calidad y formación pos básica para todo el territorio nacional. Es una tarea que el hospital viene cumple desde hace 37 años”. Explicó, asimismo, que los sueldos bajos generan que los futuros profesionales no elijan al Garrahan como su lugar para formarse y que esto va a repercutir en el futuro. “No es un déficit de ahora solamente. Es un déficit a futuro de la salud pública y de la salud de excelencia de nuestro país en general. No es solo mirar el Garrahan como institución, sino mirarlo en su expansión a todo el país”, sentenció Saure.

Respecto a la jornada organizada para este viernes, el Secretario General recalcó la importancia de hacer los reclamos visibles en las calles, ya sea con eventos de esta índole como con algún otro tipo de manifestaciones: “Siempre buscamos movilizarnos para que no sea simplemente un paro dominguero porque entendemos que la movilización activa de los trabajadores es lo que puede cambiar la situación”. En este sentido, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Vanina Biasi opinó que “es clave estar con el cuerpo en las calles y en las luchas para darle confianza a la gente que hoy está atemorizada o deprimida para que salga”. Y continuó: “Hoy hay mucha gente que está muy impactada por la política de Milei y hay mucha fuerza política que dice que hay que guardarse, que hay que esperar. Y eso no es verdad”.

La diputada Biasi, quien presentó dos proyectos elaborados bajo la discusión de los trabajadores del hospital acerca de los salarios y la insalubridad, estuvo presente en el evento. En diálogo con ANCCOM, mostró preocupación porque “están desfinanciando toda la atención a los menores” y explicó que “es fundamental unir las luchas para que en definitiva golpeemos el corazón de la política de Milei, que es destrozar las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina”.

“Venimos de una marcha donde pudimos unificar salud con educación y jubilados. Hay que fortalecer cada sector y salir juntos a la calle. Es la única manera de parar el plan del gobierno que es devastador”, concordó Norma Lezana, Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APYT). Finalmente, refirió sobre las actividades para el futuro: “Estamos impulsando una acción para el día 21 de noviembre que es también el Día de la Enfermería. Con paro y movilización desde el Congreso, donde se va a estar decidiendo el presupuesto nacional, y a la Legislatura que es donde se decide el reconocimiento de la enfermería como labor profesional en la Ley 6035”, manifestó la secretaria.

El Gobierno continúa atacando a la salud mental

El Gobierno continúa atacando a la salud mental

Nov 4, 2024 | Comunidad, Destacado 4

El Centro 1 Hugo Rosarios, en Núñez, será cerrado según anunció el Ejecutivo nacional para lotear el terreno. El centro depende del gobierno porteño, pero el espacio es de Nación. Los trabajadores vienen convocaron a una asamblea para este miércoles a las 10.

Los trabajadores del Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios están en estado de alerta y movilización porque el gobierno nacional quiere subastar el terreno donde funciona. Exigen una respuesta inmediata al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que asegure la continuidad de los servicios. El 24 de octubre entró en vigencia el Decreto 950/2024 donde se ratificó, entre otros, el Decreto 952/2016 que autorizaba la enajenación del terreno ubicado en Manuela Pedraza 1558. Bajo la presidencia de Mauricio Macri el personal logró frenar el avance de los negociados privados sobre el predio, aunque en una especie de deja vu, el presente los obliga a volver a luchar por la salud pública, gratuita y de calidad. 

El Centro N° 1 funciona desde 1968 en el barrio de Núñez, aunque alberga gran parte de la demanda de atención de salud mental de toda la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires. Más de mil pacientes por semana son atendidos de forma interdisciplinaria: allí trabajan psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, nutricionistas, entre otros profesionales. También funcionan dos hospitales de día: uno para adultos, y “La Cigarra” destinada a niños con autismo y psicosis. “Los hospitales de día tienen la compleja estrategia de evitar la internación y fomentar la inclusión social de los pacientes”, sostuvo Marcela Giménez, terapista ocupacional y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Ni quienes reciben atención en el Dr. Hugo Rosarios ni los empleados del hospital fueron avisados sobre la situación en la que se encuentran. “Si llegan a cerrar ahí ¿qué hacemos nosotros los pacientes? Con todo lo que vivimos, se la siguen agarrando con los que menos tenemos”, expresó con incertidumbre y angustia Ana Hlousek, paciente del Centro hace 13 años. No conformes con destruir la trama urbana e identitaria de la ciudad, ocho años después, intereses de unos pocos vuelven a insistir contra los puestos de trabajo y la integridad de los pacientes del Centro de Salud Mental N°1. 

El vocero presidencial Manuel Adorni, en un intento de justificar la subasta de inmuebles de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) argumentó que están en desuso o mal uso y generan gasto. Sin embargo, Hlousek agregó que “el Centro funciona bárbaro, ahí me salvan la vida, es un lugar maravilloso”. La paciente, además, es pensionada, por lo que comentó que si no le entregaran la medicación que necesita para su estabilidad, no podría pagarla. En el centro también proveen fármacos de manera gratuita a quienes los requieren, otorgando más de 500 recetas por mes. 

“Es paradójico que en este momento donde se le da lugar a hablar de salud mental en el espacio público y mediático, haya una falta de políticas orientadas a achicar la brecha entre las personas que son atendidas, y quienes necesitan asistencia y nunca recibieron, casi el 70 por ciento”, explicó Giménez. El Centro N°1 Dr. Rosarios junto al Centro de Salud N° 3 Ameghino son los únicos dos centros de salud mental públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Dentro del plan de lucha que definieron los trabajadores, convocan a toda la comunidad, pacientes y profesionales a acercarse a la asamblea abierta que se realizará el 6 de noviembre, este miércoles, desde las 10 de la mañana en Manuela Pedraza 1558. Buscan visibilizar el estado de alerta para que el gobierno de la Ciudad intervenga con Nación y lleguen a una resolución que proteja al Centro N° 1. “El equipo puede ser con los mejores profesionales, mucha vocación y amor, pero si no están las condiciones administrativas, presupuestarias y físicas no es posible y no condicen las palabras con los hechos” cerró Marcela Giménez.