Un año de olvido, mentira e impunidad

Un año de olvido, mentira e impunidad

Dic 19, 2024 | DDHH, Destacado 1

Abuelas de Plaza de Mayo presentó un informe sobre el estado de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, al cumplirse el primer aniversario de la asunción de Javier Milei y advirtió a la sociedad y a la comunidad internacional sobre las consecuencias de sus políticas regresivas.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó el informe “Actualidad sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina”, a un año de la asunción de Javier Milei. La presentación se realizó en la Casa por la Identidad de la Ex-Esma y estuvo a cargo de Estela de Carlotto, presidenta de la organización; Claudia Poblete, nieta restituida y miembro de la Comisión Directiva de la institución y Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico. “Como hicieron las abuelas, incluso durante la dictadura, este año tuvimos que salir a buscar la ayuda y el soporte de los amigos, las personas, los Estados que defienden la democracia y los derechos humanos y las organizaciones internacionales que también sienten nuestra lucha como propia”, expresó la nieta restituida Claudia Poblete para dar inicio a la presentación del informe.

En la presentación se describieron las medidas regresivas implementadas durante este año por el gobierno libertario. Por un lado, los ministerios de Seguridad y Defensa se negaron a brindar documentos esenciales para la identificación de los nietos y las nietas y cerró la unidad especializada en la búsqueda de bebés robados durante la última dictadura. Se le suma la precarización laboral, los despidos y el vaciamiento de trabajadores en los sitios de memoria que afectan el funcionamiento de esos espacios. Se redujo, además, el 50% del presupuesto destinado al Banco Nacional de Datos Genéticos y se llevó a cabo una campaña de desprestigio a Abuelas de Plaza de Mayo para no solo desfinanciar la institución, sino también desplazar la memoria colectiva de la sociedad por un revisionismo negacionista y apologista de la dictadura.

Las políticas de vaciamiento y desfinanciación muestran sus efectos. La directora de Sitios y Espacios de Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Lorena Battistiol, en diálogo con ANCCOM explicó: “Va a implicar un número muy grande de personas que no visiten los espacios de memoria. Ya nos pasó en el macrismo. Nos dimos cuenta que hubo una generación completa que hizo casi todo el secundario y que no fue a ningún espacio de memoria”, y continuó: “Ahora va a pasar exactamente lo mismo con la gravedad de que esos espacios se van a quedar sin trabajadores”.

Durante la exposición, también destacaron la vulneración por parte del gobierno de Milei de otros derechos humanos, como los retrocesos que se están dando en áreas como salud, vivienda, educación, cultura y libertad de expresión. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y referente en derechos humanos a nivel internacional, Estela de Carlotto, manifestó que el avance de políticas regresivas “promueven la deshumanización y la estigmatización transformando a compatriotas en enemigos”.

Un llamado a la comunidad internacional

En su primer año, el gobierno libertario recibió varios llamados de atención de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresó preocupación y recordó que la lucha por el derecho de la identidad impulsado por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo sirvió para empezar otros procesos de restauración y reparación de derechos humanos en diferentes partes del mundo. Por esta razón, advirtió que un retroceso de estas magnitudes puede afectar los procesos judiciales y el avance de derechos humanos, no solo a nivel nacional sino también en otros países de la región y a nivel internacional. 

A la presentación del informe asistieron representantes de la comunidad internacional, embajadores y organizaciones de derechos humanos. El embajador de la República de Irlanda Gerard McCoy en diálogo con ANCCOM contó qué fue para él lo más importante de lo mencionado en el informe: “Para mí lo más importante es preservar la memoria, pero también que las nuevas generaciones puedan entender su propia historia” y finalizó: “Para entender un país y su gente hay que entender su historia”. En consonancia con lo expresado por el embajador la coordinadora del Área de políticas educativas de memoria y derechos humanos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Celeste Adamoli, expresó sobre la importancia de conocer la propia historia del país: “Creo que es un momento en que la memoria cobra otro valor porque es a través de ella donde podemos observar dolores pero también historias de lucha”. Entre el público también estaban; la Consejera de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Embajada de Alemania, Golschan Khun Jush; Valentín Tazare, en representación de la Embajada Estados Unidos; intendentes de los municipios de Tigre, Julio Zamora, y de Ituzaingó, Pablo Descalzo; el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo; Eugenia Carbone, del Auschwitz Institute; la Fundación Luisa Hairabedian; la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso; representantes de los sindicatos SUTEPA, FOETRA, APL, SUTEBA, SATSAID; Pablo Parenti por la Unidad fiscal Apropiación; representantes de la Red por el Derecho a la Identidad, la Comisión de Derechos Humanos de River Plate, y del Centro Cultural Coreano; entre otros.

Durante la exposición se hizo especial énfasis en que el informe debe entenderse como un llamado urgente a referentes defensores de derechos humanos y representantes de estados e instituciones comprometidos con la democracia. En este sentido, Estela de Carlotto finalizó la presentación: “En los primeros años de lucha fue la solidaridad internacional la que nos ayudó a denunciar las graves violaciones de derechos humanos cuando todas las puertas se nos cerraban. Hoy ese acompañamiento vuelve a ser clave porque aunque una parte importante de la sociedad Argentina respalda estos valores, existen limitaciones políticas que no podemos ignorar. Por eso llamamos al mundo a que mire lo que está sucediendo en Argentina y actúe en consecuencia que es fundamental”.

 

Cinco siglos igual

Cinco siglos igual

Dic 18, 2024 | Comunidad, Destacado 4

Un nuevo decreto de Javier Milei deroga la protección legal que tenían los pueblos originarios para evitar los desalojos de sus territorios. Las comunidades indígenas realizaron presentaciones judiciales y los organismos internacionales manifestaron su preocupación.

El gobierno de Javier Milei, en el Día Mundial de los Derechos Humanos y de la restitución de la democracia, decidió a través del decreto 10183/2024 eliminar la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus territorios. Lo hizo a pocas horas de difundida la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresando su preocupación por la vulneración de los derechos de los pueblos originarios. El organismo internacional indicó que casi la mitad de las 1881 comunidades aborígenes del país están siendo afectadas por el gobierno de Milei

El Artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconoce la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regula la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano y que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. También asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Por otra parte, la Ley 26.160 sancionada en 2006 durante el gobierno de Nestor Kirchner declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, con personería inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. La parte nodal es su Artículo 2 que dispuso suspender por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias o actos administrativos cuyo objeto sea el desalojo de las tierras. 

 El gobierno libertario aduce que dichas normas han generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los “legítimos dueños”, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores. Dicen que entra en contradicción con el derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el Artículo 124 de la Constitución. Así, emitió el decreto 1.083/24, que derogó el decreto 805/21, que prorrogaba la vigencia de la Ley 26.160, y estableció “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.

Las comunidades responden

Soraya Maicoño, mujer mapuche del Puel Mapu, dice:  “No nos sorprende esta decisión porque la realidad es que justamente todos estos territorios son los que están en la mira del empresariado argentino y extranjero, entonces necesitan tener toda la vía libre posible para seguir entregando el territorio”. A su criterio, “la situación en las comunidades es muy endeble porque hay muchos proyectos extractivistas a lo largo y a lo ancho del país”. Y con respecto a los desalojos agrega: “la realidad también es que la gente va a seguir viviendo en sus territorios, porque no hay donde irse, y en todo caso verá de qué manera resiste llegado el caso de que aparezca la represión estatal policial, la persecución judicial. Mientras tanto se va a seguir trabajando y sosteniendo de la manera más digna que se pueda”.

En la misma sintonía, Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, anunció que las comunidades se preparan para resistir las medidas de Milei, y que evalúan hacer una presentación judicial por inconstitucionalidad. “Esto es de una gravedad institucional enorme, significa la violación de los derechos humanos, de los convenios internacionales y de la propia Constitución”. En ese sentido, Carriqueo advirtió que la medida “tiene una gravedad enorme porque también se eligió el día para darlo a conocer. Y fue el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y Día de la Democracia. Es una medida que se aleja del pacto democrático, puede generar una inestabilidad muy grande, mucha conflictividad social y puede costar vidas”. El referente apuntó que “nosotros denunciamos esto como una práctica genocida y también como un delito. Violar los derechos humanos en un sector de la sociedad es un delito. Y si lo hace el Estado, es un delito de lesa humanidad. Entonces, creo que hay que advertir eso”. Cuando Carriqueo habla de costo en vidas pone en evidencia que está vivo el recuerdo de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, desaparecido y asesinado en el contexto de la represión a la resistencia a los desalojos.

Desde las bancas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad  (FITU) presentaron un proyecto para derogar el Decreto 1083/24, con la firma de Alejandro Vilca, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Mónica Schlotthauer y Vanina Biasi. Vilca explica que “La Libertad Avanza y sus cómplices gobiernan a pedido de empresarios, inmobiliarias, mineras y todos los negocios que quieren quitarle la tierra a las comunidades indígenas, el peronismo debería apoyar este proyecto y oponerse a la avanzada contra quienes resisten en sus territorios, contra el negacionismo racista y antiderechos del gobierno de Milei”.

Por su parte, en el otro extremo del país, el Tercer Malón de la Paz manifestó desde Jujuy su rechazo a la derogación de la Ley 26.160 y repudió el accionar de Milei. En un manifiesto que difundieron la pasada semana afirmaron que el decreto 1083/24 es ilegal, y solicitaron la intervención del Congreso Nacional para defender la vigencia del estado de derecho y el efectivo cumplimiento del Artículo 75 de la Constitución Nacional.

También se pronunció contra las iniciativas oficialistas la Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena, y recordó que la Ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, suspendía los desalojos, y ordenaba la realización del relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, una tarea que aún está inconclusa. En efecto, de las 1.881 comunidades identificadas el 47% aún no fue relevado. Sin embargo, la AADI destacó que “la derogación de la norma no habilita el impulso de desalojos de comunidades indígenas, ya que como postulaba Germán Bidart Campos, la cláusula de la Constitución Nacional es operativa y así debe respetarse en sede judicial”. Queda por verse si los juzgados que tienen ya firmadas las órdenes de desalojos, como en los casos de las Lof Buenuleo o Pailako, recuerdan las palabras de Bidart Campos o aprovechan que los libertarios les dejaron la vía libre para realizar estos operativos.

Desde la AADI dijeron que repudian “este decreto inconsulto, que avanza por sobre la Constitución Nacional y normativa vigente nacional, tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y recuerdan “la necesidad de aprobación de una ley de propiedad comunitaria indígena, en consulta con los pueblos indígenas”.

“El peronismo no arranca de cero, arranca de menos diez”

“El peronismo no arranca de cero, arranca de menos diez”

Dic 18, 2024 | Destacado 2, Vidas políticas

Un año después de la asunción a la presidencia de Javier Milei, el peronismo ocupa la centralidad en la oposición pero sin encontrar aún proyectos y referentes que muestren otro rumbo a la sociedad. Daniel Arroyo y Julio Bárbaro, dos dirigentes justicialistas de distintas épocas y extracciones, dan su mirada.

En un contexto de fuerte crisis social y política, el peronismo busca reacomodarse de cara al año que viene. Hacia dónde debe ir el movimiento, quiénes serán sus líderes, cómo se capta el interés de los votantes más jóvenes y qué nuevas propuestas se deben poner sobre la mesa, son algunos de los interrogantes.

Frente al gobierno de Milei, el peronismo intenta recuperar el apoyo popular de una sociedad que viene muy golpeada por el aumento de los precios, el ajuste de los salarios y las jubilaciones y la precarización laboral. En este marco, la autocrítica al interior del propio movimiento se vuelve necesaria, sino urgente, para interpelar a la población y posicionarse como la principal fuerza opositora.

Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Desarrollo Social señala que “hay que partir de la base que la relación de la sociedad con la política está rota. La sociedad está muy enojada con el peronismo y estuvo dispuesta a votar algo que no quedaba claro qué era ni para dónde iba con tal de no seguir como estábamos”. Y agrega que “el peronismo no arranca de cero, arranca de menos diez. La sociedad siente que está en deuda, que muchas de las promesas y necesidades no se han logrado cubrir”.

La desilusión y el enojo con el sistema político no es una cuestión menor en la búsqueda del peronismo por volver a cautivar a propios y ajenos. En el mientras tanto, el caso de Edgardo Kueider, el ahora exsenador de Unión por la Patria que con su voto posibilitó el avance de las políticas de Milei, no hace más que avivar la polémica, impactar negativamente en la imagen del peronismo y aumentar esa distancia ya existente entre la política y la sociedad. “El caso Kueider para mi es claro. Un senador de la Nación que cruza al Paraguay y tiene en el baúl de su auto 200.000 dólares tiene que ser destituido, y creo que el Senado actuó rápido y bien. Si es peronista, radical, si armó otro bloque, votó tal o cual ley, eso es secundario”, puntualiza Arroyo. Y remarca que “esto aumenta la sensación de distancia con la política en general, no solo con el peronismo. Creo que Kueider ratifica lo que mucha gente cree de la política, esta idea de que la política vive de otra manera y que está en cualquiera, que es una joda, y eso es muy malo”.

La generación de nuevas propuestas que incluyan a la mayoría de la sociedad y que atiendan sus necesidades en un momento tan vulnerable, resulta imperioso. Julio Bárbaro, escritor y analista político, señala que “este es el peor momento de la decadencia argentina, estamos llegando a la miseria en la promesa de una salvación que es falsa. Las encuestas le preguntan a la gente: ‘Usted, que se está muriendo de hambre, ¿cuántos meses más aguanta?’. Es perverso”. El desarrollo de una reforma laboral que contemple las diversas realidades económicas y productivas tanto de la empresa como de la Pyme y del comerciante, la ampliación y generación de condiciones para el proceso productivo, la cuestión de la distribución y una reforma educativa profunda de la escuela secundaria, son algunos de los ejes y debates claves en la agenda del peronismo.

“Hoy es importante hablar de cómo se genera producción y cómo se amplía el proceso productivo. El proceso productivo no es solo la metalmecánica o la producción de alimentos, es también el cuidado de personas, la economía del conocimiento, el pibe que trabaja desde su casa y cobra en dólares, y el que maneja una bici o una moto llevando cosas. Hay que hablarle a ese conjunto de la población que tiene otras expectativas, otros intereses y que demanda libertad, entendida como menos impuestos, menos tensión, menos cantidad de agobio”, explica Arroyo.

Al hablar de consensos al interior del movimiento, de la unidad del peronismo en todas sus vertientes, y también de liderazgos, la cuestión se vuelve más difusa. “No creo que sea posible generar una unidad a partir de cúpulas. La unidad no significa que cuatro o cinco dirigentes se pongan de acuerdo y entonces ahí hay unidad sino que es al revés, creo que la sociedad va a acomodar al peronismo”, analiza Arroyo. También remarca que “lo más sano es que en la cuestión legislativa en 2025 haya una oferta electoral múltiple, diversas candidaturas peronistas, filoperonistas de distinto tipo. Sinceramente creo que la sociedad no va a ir para atrás, sino que va a ir para adelante. Si se generan nuevas ideas y nuevas miradas, van a surgir nuevos liderazgos”.

Por su lado, Bárbaro señala que “el desafío del peronismo hoy es encontrar a alguien que lo exprese. Un movimiento sin quien lo exprese es un movimiento inexistente. Hay que encontrar una conducción, alguien que tenga la grandeza y la autoridad moral de convocar a un Frente, sino va a ser muy difícil. Hoy Kicillof es el único que está peleando”.

En relación al discurso político, la pregunta por cómo el peronismo debe hablarle a la sociedad teniendo en frente a una figura como la de Milei, marcada por la descalificación y el hostigamiento constantes, tanto Arroyo como Bárbaro coinciden en que la respuesta no es con más violencia. “El modelo de Milei es el modelo de las redes, habla como si estuviera twitteando todo el tiempo, a lo bestia, diciendo cosas extremas. Yo creo que hay que tener una actitud más humana, hay que acompañar con contenido, poner el cuerpo, conversar, escuchar. No creo que se contraponga a una cosa alocada, otra cosa alocada para hacerse notar”, remarca Arroyo.

Por su parte, Bárbaro señala que “la política es pasión, no es hacerse el distraído. Hoy la rebeldía es casi la expresión de una nueva ideología. La política le tiene que hablar a la gente con transparencia. La honestidad surge, se nota y se delata”.

En esa pregunta también entran los jóvenes y la necesidad de captar el interés del sector que más votó a Milei. Este año, las diversas marchas universitarias a lo largo del país dejaron en claro que la juventud está más que comprometida a movilizarse cuando sus derechos son vulnerados. En relación a este punto, Arroyo analiza que “hay una parte muy importante de los jóvenes que lo siguen a Milei y que le dieron un mandato: ‘vos andá y rompé todo, esto no da para más’. Cuando empezó a romper el sistema educativo, los mismos jóvenes dijeron ‘pará, esto no me lo rompas porque sino no puedo estudiar’.

El diputado de Unión por la Patria vuelve sobre la necesidad de hacer una fuerte autocrítica y no subestimar las necesidades de la juventud. “Primero se le habla a los jóvenes partiendo de la base de que las cosas están mal, que hay que hacer un cambio profundo y ser rupturista en cuanto ideas, otra escuela secundaria por completo, otro esquema laboral muy diferente, otro modelo de producción muy distintos. Yo creo que los jóvenes sienten que eso no va, y no va”, concluye Arroyo.

Orgullo y rebeldía

Orgullo y rebeldía

Dic 11, 2024 | Destacado 2, Trabajo

En un mismo acto, los trabajadores del Garrahan homenajearon a sus compañeros que realizaron el primer transplante en asistolía a un niño en Latinoamérica y reclamaron contra el desfinanciamiento de salud y la precarización laboral que lleva adelante el gobierno de Milei.

La comunidad del Hospital Garrahan realizó un acto en homenaje a los trabajadores y trabajadoras que hicieron posible el primer trasplante de hígado pediátrico de un donante en asistolia en Latinoamérica. El acto se desplegó en el marco de un paro y jornada de lucha para reclamar salarios mínimos equivalentes a una canasta básica familiar, recomposición salarial del 100%, mejoras en las condiciones de trabajo, y rechazar tanto el recorte del presupuesto 2025 del 20% para el hospital como el impuesto al salario de la cuarta categoría. “Queremos seguir construyendo salud como derecho universal accesible para todos, de calidad y mejorar cada día. Sin salarios ni condiciones dignas del equipo de salud, no hay Garrahan. Prodigios como este trasplante que hoy festejamos están en riesgo por las decisiones que están tomando”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APT) del Garrahan.

Participaron de la convocatoria la APT del hospital, Autoconvocados del Garrahan, ATE, médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, trabajadoras sociales, maestras jardineras, instrumentistas, camilleros, choferes, entre otros trabajadores que conforman el equipo de salud de la institución pediátrica. Además, se sumaron en solidaridad los jubilados del Plenario de Trabajadores Jubilados y de las asambleas barriales San Cristóbal, Monserrat y Constitución, artistas que imprimían en serigrafía, músicos tocando en vivo, la Asociación Gremial Docente y el diputado Gabriel Solano.

La canción “Cerca de la Revolución” de Charly García dio la bienvenida a los trabajadores que se fueron amontonando en la entrada del hospital. La banda de músicos Somos Puré tenía como telón de fondo una bandera con la consigna: “Salud en Lucha. Salud pública y de calidad para las infancias”. Charlas animadas sobre residencias y el día a día en el hospital iban y venían entre los trabajadores que almorzaban y disfrutaban de la música.

Lezana leyó la carta de los trabajadores del equipo de salud dirigida al ausente ministro de Salud Mario Lugones, a los diputados y a los senadores de las comisiones de Salud que fueron invitados al acto. Allí contaron cómo fue posible este hito: el trasplante requirió de la participación de más de 50 personas que incluyó cirujanos, percusionistas médicos, enfermeros especializados, intensivistas, instrumentadores, camilleros, choferes y coordinadores del hospital donante. Además de las horas de trabajo e investigación científica, se realizaron entrenamientos y capacitaciones en el exterior. Esta técnica “permite utilizar órganos de donantes que no sean exclusivamente por muerte encefálica, sino ahora también por paro cardiorespiratorio”. Lezana explicó: “La continuidad de ese avance es que se van a hacer más trasplantes para chicos que hoy no tendrían la posibilidad de sobrevida”.

El repertorio siguió con “Raros peinados nuevos” y “Nos siguen pegando abajo”. Los ambos verdes, azules, amarillos y combinados se mezclaban con los delantales blancos e impolutos de los médicos y el cuadrillé de las maestras jardineras. En pintura roja y sobre el lienzo blanco de su guardapolvo, una médica tiene en su espalda escrito “Salud pública”. Otra trabajadora, lleva en su uniforme intervenido con pintura negra todavía fresca: “El Garrahan no se toca”. Una jubilada tiene colgado el cartel “Jubilados con el Garrahan. Uniendo todas las luchas”. 

Pese al logro reconocido por el mismo Ministerio de Salud, el borrador del presupuesto para el 2025 incluye un 20% de ajuste al hospital. A tres semanas de terminar el año, los funcionarios del gobierno de Javier Milei y el Consejo de la Administración continúan desoyendo las demandas salariales que producen una fuga de los profesionales a otros centros de salud por los bajos salarios. Los puestos no son reemplazados por nuevos trabajadores y ponen en riesgo la continuidad del hospital. Se le suman la reducción de las vacantes del jardín que imposibilita a la simultaneidad de trabajar y maternar, y la amenaza permanente del gobierno que baraja privatizar el hospital volviéndolo inaccesible para niños y niñas de bajos recursos. “Esta lucha que estamos dando también es porque están en riesgo los derechos que tienen los niños, las niñas y las adolescencias de este país con la política criminal que estamos sufriendo”, manifestó Alejandro Lipcovich, Secretario General de la Junta Interna de ATE.

«La vida de nuestros pacientes no cabe en columnas de Excel”, dijo Lezama.

A un año del comienzo de gobierno de Javier Milei, el delegado adjunto de ATE y auxiliar de farmacia del Garrahan Gerardo Oroz, describe su política en salud como destructiva y criminal: “Mientras nosotros reclamamos aumentos de salarios, a 80 metros de acá querían cerrar el Hospital Bonaparte. En el Posadas hay despidos. En el Garrahan la gente se va porque los salarios son malos y no los reemplazan. Todo lo que no es un negocio para este gobierno, es algo marginal que se tiene que excluir y solo sirve la salud pensada para ellos en términos de negocio”. En sintonía con Oroz, Lezana expresa: “No somos números. La vida de nuestros pacientes no cabe en columnas de Excel”. El recorte del 96% a medicamentos y test de VIH, el aumento de aranceles en el Hospital Roffo que deja sin tratamiento oncológico a pacientes que no puedan pagarlo y la quita de remedios a jubilados que ganen más de 398 mil pesos, pintan una escena sombría para el futuro de la salud pública.

“Yo les propongo algo, un acto de rebeldía”, dijo Lezana durante el acto. Con la voz entrecortada, temblorosa por la emoción, entre aplausos y silbidos de apoyo, recitó el poema de Walt Whitman: “No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario”. La Licenciada finalizó diciendo: “Pongámonos de pie compañeros. Pongámonos arriba de los bancos. Pongámonos arriba de lo que sea. El Garrahan está de pie. El Garrahan está en lucha, no nos van a vencer”. Uno a uno, médicos, enfermeros y técnicos se elevaron sobre los asientos. Algunos ayudaban a otros a subir. Otros cantaban “Llamen al peluca de Milei para que vea que este equipo no cambia de idea, pelea y pelea por el hospital”.

Durante el 2024, los trabajadores del Hospital del Garrahan marcharon, hicieron RCP frente a la casa Rosada, movilizaron al estadio de River, al Obelisco y, además, salvaron vidas.

Libertad solo para los libertarios

Libertad solo para los libertarios

Dic 10, 2024 | DDHH, Destacado 1

El informe “Libertad de expresión en Argentina 2024”, describe y denuncia el hostigamiento al periodismo y la discrecionalidad de la publicidad oficial en el primer año de Milei. Ataques físicos, en redes sociales y desmantelamiento del sistema público de medios y de las políticas de comunicación. Las mujeres periodistas son las más agredidas.

El lunes, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, se presentó el informe “Libertad de expresión en Argentina 2024”, realizado en conjunto por la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

La presentación se realizó el día previo a que se cumpliera un año de la asunción presidencial de Javier Milei y busca ser una señal de alerta pero también un llamado a la acción colectiva. El informe comienza con un repaso por las políticas en materia comunicacional tomadas por el gobierno: el desguace, la intervención e intento de privatización de todos los medios públicos; la política de represión a la protesta social; los insultos y agresiones constantes que Milei y sus funcionarios tienen hacia periodistas; la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; el vaciamiento del INCAA; la derogación del decreto 690/20 que regulaba el precio de los servicios TIC y las restricciones impuestas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Partiendo desde un esquema mediático previo, atravesado por fuertes desigualdades en lo que respecta a la capacidad de la ciudadanía de acceder a información plural y de calidad y de amplificar su voz pública, las medidas del gobierno incrementaron las disparidades ya existentes.

Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación, dió inicio al encuentro relatando que desde diciembre del año pasado, a partir del Decreto 70/2023 y el proyecto de la Ley Bases, junto a un grupo de colegas comenzaron a seguir y monitorear cada uno de los anuncios, decretos, resoluciones y expresiones públicas del presidente y sus funcionarios. “Rápidamente, las medidas se nos presentaron vertiginosas. Nos encontramos con la intuición de que estábamos ante un profundo cambio de paradigma institucional y del rol del Estado en materia de comunicación y de libertad de expresión”, expresó Kejval. “Nos vimos llamados a dos tareas, por un lado acompañar la defensa de los actores de la comunicación atacados y por otro lado no dejar de hacer lo que sabemos hacer: construir conocimiento sistemático en torno a una serie de medidas que intuíamos, en su conjunto, conformaban una política de comunicación“, agregó.

La primera parte del documento se centra en el deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo, mientras que el segundo segmento pone atención en el abandono del rol del Estado como garante del derecho a la comunicación. “En las 51 páginas del informe van a encontrar un montón de datos, fechas, nombres, números de leyes y resoluciones. Una sensación que nos pasó cuando íbamos leyendo era ¿todavía hay más?, parecía que nunca terminaba”, relató Kejval. Y aseguró que lo hicieron “para sostener con datos e información precisa aquello que para muchos viene siendo una sensación, pero sobre todo como aporte para construir una articulación de actores lo suficientemente amplia, que pueda poner una señal de alerta fuerte y contundente que constituya un freno a la política de avasallamiento”.

La presentación continuó con Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, quien destacó el acompañamiento de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el trabajo conjunto entre la Carrera de Ciencias de la Comunicación, FATPREN y SiPreBA. “Eso nos permite reflejar lo que está pasando en nuestro país para que se vea internacionalmente”, dijo. Gaudensi también remarcó que el informe busca generar un registro federal de la situación. “Hay un deterioro del debate público con la llegada de Milei que se refleja en el hostigamiento y el ataque que recibimos los comunicadores. El gobierno está cercenando el derecho a la información, la ciudadanía recibe información sesgada, parcializada”, remarcó. El documento hace especial mención a las agresiones físicas que sufren los periodistas a partir del denominado “protocolo antipiquetes” que elevó la violencia y la represión policial de la protesta social. “También se reflejan las agresiones que sufrimos por poner el cuerpo, no solamente para contar la realidad, sino también para ser parte como pueblo trabajador de las manifestaciones donde la represión ha sido muy brutal”.

La sindicalista también se refirió al desmantelamiento de los medios públicos. “El silenciamiento de Telam y el ataque a los medios públicos nacionales y provinciales, muestran la necesidad del gobierno de silenciar las voces federales que son tan importantes para garantizar la soberanía informativa en nuestro país”, apuntó Gaudensi.

Asistieron a la presentación los diputados del FIT Christian Castillo, Vanina Biasi y Daniel Solano; el legisladoar de Unión por la Patria Juan Modarelli, la defensora del Público Myriam Lewin; Maru Ludueña de Agencia Presentes; Carolina Añino de Hecho en Buenos Aires, además de profesores y profesoras de la Carrera y delegados de medios de comunicación.

 

Poner el cuerpo

En la primera parte del informe, centrada en el deterioro del debate público y las condiciones para el ejercicio del periodismo, se enumeran alrededor de treinta casos de agresión por parte del Presidente y sus funcionarios a comunicadores. “El hostigamiento a diversos periodistas no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de trolls o ´patotas digitales´”, establece el texto, cuya versión impresa fue repartida a los y las presentes que colmaron el aula SG 300- Sergio Caletti, de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, sus autores remarcaron que en algunos casos, ese hostigamiento se traduce en criminalización, como de las ocurrió con las dos personas presas por tuitear, de forma humorística, sobre las infidelidades de Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy hasta el 2023.

Luis María Lozano, docente de la Carrera de Comunicación e investigador, fue el encargado de la producción y redacción del informe, junto con Paula Castello, quien lo editó. También participaron en la sistematización de información Alejandro Linares, Mariela Baladron, Santiago Gándara y Sebastián Ackerman,  Carolina Capote, Eliana Rossi y Lara Lozzia.

“Nos encontramos con un cúmulo de información que creímos muy importante sistematizar y tratar de monitorear bajo una lógica, porque sino ese acumulado se va perdiendo. Creo que algo de ese efecto se recupera en la lectura total del informe, que se torna en un punto abrumadora”, advierte Lozano. ”La primera parte tiene que ver con el rol directo del Estado acallando voces críticas mediante la represión, con su particular impacto en los trabajadores de la comunicación pero no sólo, también a aquellas personas que toman la voz pública y deciden acercarse a una manifestación”, dijo el docente, quien recordó el caso de la niña a la que un oficial de la policía roció con gas lacrimógeno. Lozano también destacó la contribución de Periodistas Argentinas para abordar el sesgo de género en la persecución y el hostigamiento a través de las redes sociales.

El trabajo dedica un especial apartado al “Ciberacoso y tecnocensura a periodistas mujeres”. El denominado “doxeo” es una de las principales estrategias de coerción a través de las redes sociales a periodistas. “Consiste en la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo”, define el texto, que remarca cómo esta práctica no solo amenaza el derecho a la intimidad y produce temor respecto a la integridad de las periodistas, sino que también pueden llevar a la autocensura. En septiembre de este año, la colectiva Periodistas Argentinas realizó un informe al respecto donde expresa la particular preocupación respecto a que estas acciones sean incentivadas, y en parte financiadas, por el Estado Nacional.

En tal sentido, el informe expresa que “el 80% de las periodistas censadas (en la encuesta anual del Sipreba) considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo”.

El informe también trabaja sobre la situación laboral de los trabajadores de los medios, a partir de los datos obtenidos en la Encuesta Integral sobre la Situación Socioeconómica de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa del Area Metropolitana de Buenos Aires, realizada por SiPreBA. De acuerdo a la encuesta, en abril de 2024 el 76% de los trabajadores del sector cobró por debajo de la canasta básica total del INDEC, es decir, por debajo de la línea de pobreza.

Romper el Estado

La segunda parte del informe profundiza sobre el desguace y la intervención de los medios públicos, la privatización de las emisiones de los partidos de fútbol de la Selección Nacional, el cierre de la plataforma Cont.ar que impide el acceso al material de archivo, la intervención del ENACOM y de la Defensoría del Público, el desfinanciamiento del INCAA, las restricciones al pedido de acceso a la información pública, la deriva de la pauta publicitaria a través de empresas públicas o con participación mayoritaria del Estado y, por último, el ciberpatrullaje en redes sociales a partir de la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que funciona en el Ministerio de Seguridad y las tareas de vigilancia masiva, la intercepción de comunicaciones privadas y la recolección de información sin control interno ni externo a través de la Agencia Federal de Ciberseguridad, que fueron habilitadas a través del Decreto 614/2024. 

Diego De Charras, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales UBA, se pronunció respecto a cuánto influye en el accionar del gobierno su narrativa sobre la “batalla cultural”. “El gobierno construye enemigos permanentemente para llevar adelante acciones de confrontación y evidentemente tiene medido que la confrontación le reditúa en términos de popularidad. Pero esa lógica termina en lugares muy peligrosos”. En esa línea agregó que “la autocensura es un efecto sobre el cual hay que trabajar mucho, nadie quiere ser detenido en la calle sin motivo, nadie quiere recibir un tiro en el ojo. Queda mucho por hacer en esto, el hecho de enmarcar los agravios en la batalla cultural pareciera ser autolegitimante, pero no es así, no todo es válido”.

En la segunda parte de la presentación, la periodista Poli Sabatés dio lugar a un panel integrado por Claudia Acuña, de Periodistas Argentinas, Fabián Waldman de FM La Patriada, Sebastián Vricella presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), y Juan Delú presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

Acuña comenzó instando a apreciar “lo que está pasando hoy, abajo se está recibiendo gente y aquí están la educación pública y los gremios”. La periodista se refirió al murmullo y la música de las murgas que se escuchaban en la sala, provenientes de la vereda de la Facultad donde una decena de personas festejaban su recibimiento. “Este año ha sido muy difícil para hacer periodismo”, expresó. Tras leer un comunicado acordado por su agrupación, donde se enumeran las acciones llevadas adelante por Periodistas Argentinas, como así también el hostigamiento y hasta amenazas sufridas por algunas de sus integrantes, Acuña cerró: “No tenemos miedo, no somos valientes, somos profesionales y sabemos que esto también pasará”. 

Por su parte, Waldman afirmó que un gobierno que aplica el tipo de políticas que lleva adelante Javier Milei y su gabinete, necesita de la represión y de la censura a la prensa. “El gobierno viene a utilizar la represión en todos los ámbitos”, dijo el periodista. “No solamente con los palazos, también continuamente en redes sociales y a quienes trabajamos en la Casa Rosada, donde en mayor o menor medida somos todos considerados zurdos ensobrados”, agregó. Para Waldman, “indudablemente la batalla es dura, tienen todo el aparato del Estado para hacer daño y lo ejercen diariamente contra todos y cada uno de los trabajadores”. Y afirmó: “En mi caso pertenezco a un medio comunitario que se ve afectado por la pauta discrecional que va a parar a los amigos, a los verdaderos ensobrados que son los que día a día sostienen el relato del gobierno”.

En este mismo sentido, Delú declaró: “Lo de la pauta cero fue un gran engaño. Nunca las empresas descentralizadas del Estado pusieron tanta plata en los medios de comunicación, lo que puso YPF es un escándalo”. El periodista afirmó que el dinero que se ponía desde una oficina del Estado ahora se trasladó a empresas descentralizadas para hacer más dificultoso el acceso a la pauta publicitaria. “La Nación llega a dialogar con el gerente de YPF, pero FM La Lechuza de San Juan no tiene el teléfono del gerente de YPF, es imposible que llegue. Entonces los que no tienen poder de lobby quedan en el camino”. Delú consideró que el gobierno de Milei se dio una determinada política comunicacional. “Mientras nosotros nos la pasabamos pensando que poco habla nuestra dirigencia de la comunicación, el gobierno no hacía más que pensar en cómo avanzar en las técnicas de comunicación contra todos y todas. El gobierno sabía que el golpe uno era la comunicación y después efectivamente la normativa”.

Por último, Sebastián Vricella habló sobre lo que viven los reporteros gráficos en el ejercicio de su profesión, que requiere poner el cuerpo en la calle. “Desde el 10 de diciembre vienen cercenando nuestros derechos” afirmó. Más allá de la violencia física, Vricella se refirió a un hecho inédito. “Para la misma asunción de Milei nos negaron la posibilidad de estar cubriendo en el Congreso, como hacemos hace 40 años, desde el retorno de la democracia”, dijo. Según él, era un presagio de lo que se venía.