Jul 15, 2022 | Comunidad, Destacado 4
La situación de las personas adultas mayores que perciben el haber mínimo empeora cada mes: sólo en lo que va del año perdieron más de 7 puntos contra la inflación.
“Fui liquidadora de siniestros, administrativa contable, tuve una empresa constructora, un estudio de administración de consorcios que se fundió, me hice monotributista y finalmente me jubilé con la mínima”, cuenta Patricia, que aportó al Sindicato de Empleados de Comercio, al del Seguro y otros, y que recientemente se retiró. Hoy, a pesar de haber trabajado toda la vida, recibe un haber de 37.524 pesos y pierde por goleada contra la canasta básica y la inflación.
La situación y las preocupaciones de las personas adultas mayores, como insiste en designarlas la comunicadora y fundadora de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), Mariana Liz Rodríguez, “difieren según las condiciones materiales, según la persona envejece en un barrio popular con carencias económicas, según esta persona sea homosexual, migrante, etcétera, pero lo que los conecta es la preocupación por la existencia misma, aunque no lo podamos llevar a la conciencia”.
Una preocupación más se sumó con el 5,3% de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para junio, que resulta en un 36,2% de inflación acumulada en los primeros seis meses del año. “La situación de los jubilados es crítica y, como viene la perspectiva, el deterioro va a ser mayor”, sostiene el economista y periodista Ismael Bermúdez.
Frente a la inflación sostenida hace varios años en el país, el instrumento vigente de movilidad jubilatoria es el del actual Gobierno -que reemplazó en 2021 a la ley impulsada por Cambiemos-, y que consiste en un índice que contempla en un 50% el crecimiento de la recaudación de ANSES y en otro 50% la variación de salarios, cuyos datos provienen del INDEC y del Ministerio de Trabajo.
“Esta movilidad tiene un defecto muy grande. No tiene una garantía frente a la inflación y, al mismo tiempo, como los aumentos son trimestrales, los jubilados tienen una caída adicional en el poder adquisitivo de sus haberes, o sea, sufren una doble pérdida: dentro del trimestre y luego, cuando viene el aumento trimestral, éste no repone la inflación acumulada”, explica Bermúdez. Por caso, con el último índice de precios y una inflación del 36,2% de enero a junio, los jubilados habrán recibido sólo un 29,12% de aumento, lo que equivale a una pérdida de más de 7 puntos, más la que sufrieron dentro de cada trimestre por separado.
Desde otro ángulo, Oscar Cetrángolo, economista y especialista en finanzas públicas, argumenta: “No hay ninguna razón por la cual las jubilaciones tengan que tener algo que ver con la recaudación tributaria. En los países que hay inflación, la movilidad tiene que ver con precios, con salarios o un combo de los dos, no hay otra variable razonable. Después se puede debatir si el salario que se toma es el propio, o el salario medio, pero es otro debate”.
“Si no fuera por mí, mis viejos no podrían hacer nada”, comenta Gabriela, que se ve obligada a paliar la situación de sus padres que, como otros 4,8 millones de jubilados y pensionados en el país, perciben hasta un haber mínimo. Un esfuerzo que podría considerarse doble si tenemos en cuenta que, como trabajadora activa, Gabriela aporta al sistema previsional, definido como de reparto y basado en el concepto de “solidaridad intergeneracional”, es decir que ella no invierte en su jubilación futura, sino que financia las jubilaciones hoy existentes, en contraste con lo que pasa en un sistema de capitalización individual como son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
“No olvidemos que estamos en un sistema de contribuciones y prestaciones definidas -destaca Bermúdez-, y lo que se vio es que durante años los gobiernos redujeron la contribución patronal, desfinanciando el sistema. Por ejemplo, en la pandemia el Gobierno eximió a sectores o empresas en crisis de pagar las contribuciones patronales. Tampoco hay un combate firme contra la evasión patronal. Hoy te encontrás con gente que dice ‘trabajé aquí, allí, pero no me hacían los aportes’. ¿Entonces qué sucede? Con un 35,40% de trabajo informal, la gente llega a la edad jubilatoria y alguien debe hacerse cargo de ellos”.
Desde su especialidad, la gerontología, Mariana Liz Rodríguez afirma: “Siempre decimos que no se trata de que las personas mayores sean más importantes que otras, sino que son igual de importantes. Todos, en cada momento de nuestra vida, aportamos de múltiples maneras. Reducir a la persona mayor a un gasto es anularla completamente como sujeto de derecho y como sujeto humano”.
“La mirada de la persona mayor no debe ser solamente la de un sujeto de cuidados”, advierte Rodríguez. En su opinión, “la referencia que una persona mayor tiene sobre sí misma es como un espejo de lo que personas de otras edades ven en ella”. “Si concibo a la vejez como una etapa en donde reina el aislamiento, la soledad, la enfermedad, es muy difícil que yo llegue a vieja y no viva la vejez en esos términos”, remarca.
En la Argentina hay 8,6 millones de jubilados, pensionados, y retirados, según los datos del presupuesto 2021, los últimos disponibles. Casi la mitad, unos 4,8 millones, cobran menos del haber mínimo. En este ejercicio, el Estado asignó a la Seguridad Social un 51,5% del presupuesto, 3.981.763 millones de pesos, seguido por Energía (8,8%, 681.929 millones) y Educación (6,4%, 492.623 millones). Se utiliza cerca del 40% del presupuesto en jubilaciones y pensiones y un 7,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
Respecto al sistema actual, Bermúdez propone “separar a quien se jubila porque tiene 30 años de aportes y quienes lo hacen por moratoria”. “Que quede explícito que las moratorias se financian por rentas generales y el sistema previsional, en cambio, por los aportes y contribuciones. Si uno excluye a las moratorias y a las pensiones no contributivas, el sistema está dando una relación de 4 a 1, o sea, cada cuatro activos hay un jubilado, y el sistema así sería altamente financiable”, asegura.
Según Cetrángolo, “no se le puede dar un ingreso mínimo, y menos en la situación que está la Argentina, a una familia que tiene ingresos, eso es lo que hace la moratoria, es una estupidez”. “Lo que hay que corregir es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que es la respuesta correcta. El sistema en absoluto es sostenible, está mal diseñado, hay que cambiarlo. Tiene que haber una reforma que no va a dar beneficios en el corto plazo, pero en algún momento hay que hacerla”, subraya.
Para Mariana Liz Rodríguez, al atentar contra los adultos mayores, estamos cometiendo, sin darnos cuenta, un autoatentado: “Debemos tener cuidado porque las personas mayores de mañana vamos a ser nosotros. La única forma de detener ese proceso es morir, y me parece que la mayoría preferimos seguir envejeciendo”, ironiza.
Abr 29, 2022 | Destacado 2, Vidas políticas
Un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo impulsa la creación de 400 mercados de cercanía donde productores locales, familiares y populares puedan colocar sus productos agroecológicos a un precio menor que el de las góndolas.
Con gran entusiasmo, ayer se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a fortalecer los mercados alimentarios de cercanía (MAC), encabezado por el diputado oficialista Daniel Arroyo.
El proyecto participativo se fundamenta en el gran incremento del costo alimenticio producto de la inflación, en la concentración oligopólica del sector; y en la mala nutrición que afecta sobre todo a los niños y sectores vulnerables de la población. Tiene como fin crear 400 mercados de cercanía a lo largo y ancho del territorio donde productores locales, familiares y populares puedan colocar sus productos agroecológicos a un precio menor que el de las góndolas. A la vez, contempla la creación de un fondo fiduciario que preste créditos a 3% anual para financiar equipos, herramientas, máquinas, cadenas de frío y toda la infraestructura necesaria para desarrollar este tipo de comercio.
“El problema es la inflación y el tema es el precio de los alimentos”, aseguró Daniel Arroyo, y agregó: “Tenemos que fomentar la capacidad nutricional y evitar una generación de chicos petisos y obesos”. Germán Pedro Martínez, presidente del bloque del frente de todos, agregó que “la inflación es multicausal” y que el proyecto es parte de una batería de medidas que permite discutir otros problemas (créditos no bancarios, acceso a la tierra, entre otros) y tratar de resolverlos.
Mercedes D’ Alessandro, exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género, señaló que hay que contemplar el contexto internacional y no titubear en la aplicación de estas políticas para no ser parte del huracán de hambre que amenaza con colapsar el sistema alimentario global producto de la guerra ruso-ucraniana. Ya que, si bien “en Argentina estamos en una situación privilegiada por ser productores de alimentos y ciertas políticas públicas contemplan la situación, esto no implica que no haya un aumento considerable de precios” y, haciendo hincapié en la atención que las economías centrales prestan a América Latina como productor de alimentos, agregó: “El país debe trazar vínculos solidarios y una producción responsable, que es lo que nos enseñó la pandemia. A pesar de las ventajas, no debemos permitir que se explote el territorio de manera extractiva. Por eso son importantes este tipo de iniciativas pensadas desde la soberanía alimentaria, la producción agroecológica, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular”.
Ante un sostenido aumento de la inflación que supera paulatinamente el incremento salarial, la gran cantidad de población con trabajo no registrado, la retracción económica y la pérdida de empleos que causó la pandemia, esta política se postula como una gran alternativa. “Las principales amenazas a este tipo de producción y comercialización destinadas al abastecimiento de mercado interno, es cuando se ve a nuestro sector como la ambulancia del capitalismo en los momentos de crisis. Creemos que somos un sector con mucho potencial, con mucha realidad, que podemos crear una economía más humanitaria que la que las grandes multinacionales llevan adelante”, asegura Ignacio Vila, integrante de la Red de Alimentos Cooperativos. La otra batalla es cultural: “Habitualmente nos han acostumbrado a los argentinos a consumir un grupo de marcas que se encuentran en todos lados. Eso hace pensar que la marca que uno encuentra es de peor calidad, y por eso su bajo costo. En general, se da lo contrario: los productos de las organizaciones son de mejor calidad y en realidad son cuestiones de logística las que aumentan los costos. Contra eso también hay que luchar y comunicarlo, eso es un gran desafío para nosotros”, concluye.
Ell diputado Daniel Arroyo presentó el proyecto el jueves pasado en la Cámara de Diputados.
Entre los distintos referentes de las cooperativas que asistieron a la presentación, Gladys, perteneciente al Me.Co.Po, una organización integrada por treinta trabajadores de la economía popular, planteó: “Durante la pandemia se tuvo un crecimiento muy grande, sobre todo mediante redes sociales y WhatsApp. En los barrios populares hubo un incremento de las compras. Se recomienda siempre comer bien y alimentarse sano, y eso también se logra mediante el consumo de nuestros productos”. Esta tendencia también se vio replicada en supermercados, donde las ventas online representan el 2,5% del total según datos del INDEC.
En los últimos años, se llevaron adelante otras propuestas orientadas a controlar precios de los alimentos y cuidar el bolsillo de los sectores más vulnerables como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y la Ley de Góndolas. Sin embargo, la originalidad del proyecto radica en la posibilidad de asegurar el derecho a una alimentación sana y saludable, que en los barrios populares está en manos de referentes barriales y cooperativas que apelan a las ollas populares.
Abr 5, 2022 | Destacado 2, Vidas políticas
La semana próxima se conocerá el índice inflacionario de marzo y marcará un nuevo récord. Los aumentos por expectativas, por la guerra de ucrania y por la concentración económica.
El pasado 18 de marzo explotaron las redes sociales tras un novedoso anuncio de Alberto Fernández: la declaración de la guerra a la inflación. La semana próxima, el INDEC anunciará el índice inflacionario del mes pasado y todo indica que el presidente perdió la primera batalla: las consultoras económicas, en su mayoría, pronostican un piso del 6%. El gobierno estará obligado a tomar medidos para controlarla, en un contexto nacional e internacional cada vez más complejo.
“Los costos más importantes del país son los que dirigen la inflación. Si suben esos costos, suben los precios en general”, explica el economista de la Universidad Nacional de Moreno, Alejandro Fiorito, sobre las causas de estos incrementos. Menciona cuatro factores que se hallan en todo producto final y que hacen al traslado de precios en la cadena: los elementos importados que se utilizan en el proceso de producción; los salarios; las tarifas y, lo que más repercute en la actualidad, la inflación internacional, que ya venía en alza debido a la pandemia y ahora se agravó con la guerra entre Rusia y Ucrania-.
Y si hablamos de precios internacionales, es inevitable mencionar una de las medidas más resistidas por el establishment econonómico al momento de tratar la inflación: las retenciones a las exportaciones. Para Lorena Putero, economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, este es uno de los principales problemas actuales. “Tiene que ver con a quién le querés vender lo que producís. Si tenés que elegir entre comercializarlo en Argentina en pesos o afuera en dólares, ¿qué vas a hacer?”, dice.
Pero, aunque esta sea una de las herramientas ideales para controlar la inflación, hoy las retenciones encuentran obstáculos para ser aplicadas por el Poder Ejecutivo. Cualquier otra de las medidas que se estén tomando en el entretanto, según el economista jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Nicolás Pertierra, apunta a amortiguar parcialmente el shock internacional.
“Otros instrumentos pueden llegar a ser los fideicomisos -que algo se implementaron-, o medidas de tipo de cambio diferencial. Después queda la tarea de trabajar sobre la inercia, más asociada a acuerdos y congelamientos de precios en varios sectores en simultáneo. Desarmar tasas de interés, alquileres que se ajustan por inflación y demás, para poder ir eliminando esa inercia. Pero en este contexto es más difícil”, declara el economista.
En este sentido, Putero declara que “todos pensamos que va a haber inflación, entonces vamos aplicando márgenes, y eso va a hacer muy difícil controlarla porque el conjunto de la sociedad ya está con la expectativa de que va a haber inflación y además, con el tema más problemático, – la suba de precios de los alimentos- que a mi entender es lo que más nos preocupa a todos, está muy concentrada su producción, distribución y comercialización”.
Pocas empresas que conforman la industria alimentaria controlan toda la estructura de costos.
Esto implica que las pocas empresas que conforman la industria alimentaria controlan toda la estructura de costos. Desde la economía social, según la economista, una posible solución a largo plazo sería trabajar en la desconcentración de la producción, distribución y comercialización de los alimentos y el acompañamiento a los pequeños productores; todas medidas de las que hay experiencias referentes en diversos municipios como el de Santa Rosa o el de Trenque Lauquen.
“Si podemos fomentar productores con cadenas más cortas – o sea, que el alimento este más cerca, que no haya que traerlo desde tan lejos y que no pase por tantas manos- ahí empezás a poder reducir y controlás los insumos, con todas las limitantes que tiene. Porque muchos de los productores no son propietarios, entonces habría que acompañar en el control del precio de la tierra también”, afirma Putero. Ya distintos sectores, como la Vía Campesina, la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) o El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE), vienen reclamando por esto hace mucho tiempo,
Fortalecer pequeñas y diversas cadenas de comercialización, distribución y consumo es una verdadera forma de pensar en cómo solucionar estos problemas en el largo plazo. Además, esto permitiría luchar contra otro de los grandes agentes de la concentración en esta industria: los supermercados. En este sentido, para Putero es necesario reforzar los controles de precios, especialmente en políticas públicas como Precios Cuidados. Pero por sobre todo, para ganarle la guerra a la inflación no se necesita una sola medida sino un conjunto de políticas orientadas a dicho fortalecimiento de los controles, al incentivo de la competencia para diversificar los tipos de comercialización, y también al enfrentamiento de problemáticas como la de los alquileres, que hoy no se tratan adecuadamente y repercuten, como un efecto dominó, en la cadena de precios.
Abr 15, 2021 | Comunidad, Novedades
La inflación es un tema recurrente en la vida cotidiana de los argentinos. Ya casi esta naturalizado el aumento en las góndolas y en los servicios públicos. Hasta genera sorpresa cuando el valor de algún producto se mantiene. Y ni que hablar cuando se encuentran ofertas.
Pero ¿por qué pasa esto? ¿A qué responde la inflación?
Según el docente y economista Horacio Rovelli, “la inflación en Argentina tiene que ver con el tipo de cambio. Nosotros vendemos alimentos sobre el valor del dólar, que es nuestro tipo de cambio por excelencia. Entonces sube el dólar y suben automáticamente los precios. Hay una correlación muy fuerte entre la devaluación y la inflación. Entonces para que la gente pueda consumir esos alimentos que cotizan a valor dólar, les tienen que aumentar los salarios. El problema es que los salarios no aumentan. Aumenta el dólar y aumenta el precio de los alimentos.”
Por su parte, la economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Lorena Putero, explica que “la inflación argentina es un problema histórico y tiene diferentes situaciones en cada momento. Es un fenómeno inercial producto del propio crecimiento inflacionario. Macri hizo que la inflación estallara a partir del aumento desproporcionado de los servicios públicos. Estos impactan directamente en todas las producciones, por lo cual esa transformación impactó rápidamente en la inflación. Además liberó el dólar y muchísimos de los insumos que usamos en nuestras producciones son dolarizados. Estas dos cuestiones hicieron estallar la inflación”.
En este sentido, el economista y ex legislador Martin Hourest, plantea que hay que dejar de ponerle nombre y apellido a la inflación, ya que no es cosa de un solo gobierno. “La Argentina tiene un régimen de inflación alta sostenida en el tiempo. La inflación es una enfermedad multicausal que tiene que ver con un proceso muy alto de oligopolización de los mercados, con la tendencia de la sociedad a refugiarse en el dólar; con una lógica de recuperación de ingresos por vía de los precios. Y finalmente también tiene que ver, con una lógica de funcionamiento social que hace que la inflación nunca termine de derrotar a los de abajo. Es decir, destroza a los sectores formales y no formales pero nunca termina de liquidarlos del todo. Se da un proceso de desbalance estructural de la distribución del ingreso y nunca se vuelve a la situación anterior. ”
Respecto a esto último, Putero agrega que “los sectores populares son los más afectados con la inflación. Una persona que vive de changas compra la comida de la semana, por lo cual su ingreso sufre el impacto de esa semana. Pero la semana siguiente, pueden estar más caras las cosas y esa persona sigue teniendo el mismo ingreso. En cambio quienes tienen un mejor ingreso, pueden reducir ese impacto comprando más, ahorrando en determinadas monedas. O sea, cuanto menos ingresos tenés más fuerte es el impacto inflacionario”.
Ante este problema estructural y profundo, surgen los interrogantes respecto a si existe o no una solución y sobre las políticas que podrían llevarse a cabo en relación a ello.
Entre las posibles medidas que se podrían tomar, Rovelli cree necesario “aumentar las retenciones. Hay que acotar los precios internos respecto a los externos. Se venden granos de trigo porque el precio internacional es alto, entonces hay que retener un 35% acá. Del 12% actual hay que elevar las retenciones al 35% o 40%. Es decir, hay que imponer derechos a la exportación. Por otra parte, se debe declarar la emergencia cambiara, no se puede dejar que ellos manejen los ingresos como quieran. Y por último, hay que recuperar resortes que son del Estado y que no es un tema menor. Por ejemplo, este mes vence la concesión sobre la planta de la hidrovía Paraná y es un buen momento para que el Estado recupere el control respecto a lo que entra y sale de un río que es nuestro”.
Por su parte, Hourest explica que en materia de política de pequeña magnitud el Estado está haciendo algunas cosas pero, “lo que a mi juicio le falta al gobierno es que no tiene una estratégica económica consistente. Para poner en marcha a la Argentina hay que ponerse a discutir muchas cosas, como qué va a pasar con el comercio exterior o con el sistema financiero. La Argentina se hace con los argentinos, con los capitalistas argentinos y con los capitalistas transnacionales que están en el país. Sin un plan estratégico de desarrollo desde el cual discutir, se termina negociando en infinidad de mesas sectoriales los intereses de los capitales; y si el Estado no tiene una planificación de mediano plazo donde integre a ese y otros sectores para confrontar, termina discutiendo los intereses de ellos, en más o en menos, pero siempre los de esos sectores y nunca los del Estado”.
En la misma línea el economista Juan Valerdi dice que “los precios máximos y Precios Cuidados pueden ser un camino a corto plazo para saldar una situación temporal. Pero no puede ser la política de lucha contra la inflación. La Argentina nunca se tomó la molestia seria de ir contra los intereses de los formadores de precios. No hay una política de combate a los abusos de los monopolios y oligopolios, principalmente los de alimentos y bebidas. Hay que articular todos los organismos del Estado que tienen derecho a incidir en los números de las empresas y así puedan evaluar cómo se forman los precios de los alimentos, qué tanto hay de verdadero y de falso en los costos que tienen esas empresas tanto de alimentos como de servicios públicos”.
El presupuesto para el año 2021 presentado por el ejecutivo nacional plantea un porcentaje de inflación anual del 29% cifra que, según el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central, sería superada ampliamente. Según este informe se espera un 50% de suba total de precios para este año.
En este sentido, Valerdi explica que “para el 4% mensual, que es lo que venimos teniendo, la proyección anual sería de un 60%. O sea, para poder cumplir con la proyección del gobierno, tendríamos que tener varios meses por debajo del 1% y eso no va a ocurrir. Porque además la inflación tiene inercias y lo que se está mirando es la inflación en los precios al consumidor”. Y agrega: “Si además, le sumas la inflación producida por liberar las tarifas de los servicios públicos privatizados, que para el gobierno representa un 7% pero en realidad aumenta un 30 o 40%, eso es imposible”.
