Un proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo impulsa la creación de 400 mercados de cercanía donde productores locales, familiares y populares puedan colocar sus productos agroecológicos a un precio menor que el de las góndolas.
Con gran entusiasmo, ayer se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a fortalecer los mercados alimentarios de cercanía (MAC), encabezado por el diputado oficialista Daniel Arroyo.
El proyecto participativo se fundamenta en el gran incremento del costo alimenticio producto de la inflación, en la concentración oligopólica del sector; y en la mala nutrición que afecta sobre todo a los niños y sectores vulnerables de la población. Tiene como fin crear 400 mercados de cercanía a lo largo y ancho del territorio donde productores locales, familiares y populares puedan colocar sus productos agroecológicos a un precio menor que el de las góndolas. A la vez, contempla la creación de un fondo fiduciario que preste créditos a 3% anual para financiar equipos, herramientas, máquinas, cadenas de frío y toda la infraestructura necesaria para desarrollar este tipo de comercio.
“El problema es la inflación y el tema es el precio de los alimentos”, aseguró Daniel Arroyo, y agregó: “Tenemos que fomentar la capacidad nutricional y evitar una generación de chicos petisos y obesos”. Germán Pedro Martínez, presidente del bloque del frente de todos, agregó que “la inflación es multicausal” y que el proyecto es parte de una batería de medidas que permite discutir otros problemas (créditos no bancarios, acceso a la tierra, entre otros) y tratar de resolverlos.
Mercedes D’ Alessandro, exdirectora nacional de Economía, Igualdad y Género, señaló que hay que contemplar el contexto internacional y no titubear en la aplicación de estas políticas para no ser parte del huracán de hambre que amenaza con colapsar el sistema alimentario global producto de la guerra ruso-ucraniana. Ya que, si bien “en Argentina estamos en una situación privilegiada por ser productores de alimentos y ciertas políticas públicas contemplan la situación, esto no implica que no haya un aumento considerable de precios” y, haciendo hincapié en la atención que las economías centrales prestan a América Latina como productor de alimentos, agregó: “El país debe trazar vínculos solidarios y una producción responsable, que es lo que nos enseñó la pandemia. A pesar de las ventajas, no debemos permitir que se explote el territorio de manera extractiva. Por eso son importantes este tipo de iniciativas pensadas desde la soberanía alimentaria, la producción agroecológica, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular”.
Ante un sostenido aumento de la inflación que supera paulatinamente el incremento salarial, la gran cantidad de población con trabajo no registrado, la retracción económica y la pérdida de empleos que causó la pandemia, esta política se postula como una gran alternativa. “Las principales amenazas a este tipo de producción y comercialización destinadas al abastecimiento de mercado interno, es cuando se ve a nuestro sector como la ambulancia del capitalismo en los momentos de crisis. Creemos que somos un sector con mucho potencial, con mucha realidad, que podemos crear una economía más humanitaria que la que las grandes multinacionales llevan adelante”, asegura Ignacio Vila, integrante de la Red de Alimentos Cooperativos. La otra batalla es cultural: “Habitualmente nos han acostumbrado a los argentinos a consumir un grupo de marcas que se encuentran en todos lados. Eso hace pensar que la marca que uno encuentra es de peor calidad, y por eso su bajo costo. En general, se da lo contrario: los productos de las organizaciones son de mejor calidad y en realidad son cuestiones de logística las que aumentan los costos. Contra eso también hay que luchar y comunicarlo, eso es un gran desafío para nosotros”, concluye.
Ell diputado Daniel Arroyo presentó el proyecto el jueves pasado en la Cámara de Diputados.
Entre los distintos referentes de las cooperativas que asistieron a la presentación, Gladys, perteneciente al Me.Co.Po, una organización integrada por treinta trabajadores de la economía popular, planteó: “Durante la pandemia se tuvo un crecimiento muy grande, sobre todo mediante redes sociales y WhatsApp. En los barrios populares hubo un incremento de las compras. Se recomienda siempre comer bien y alimentarse sano, y eso también se logra mediante el consumo de nuestros productos”. Esta tendencia también se vio replicada en supermercados, donde las ventas online representan el 2,5% del total según datos del INDEC.
En los últimos años, se llevaron adelante otras propuestas orientadas a controlar precios de los alimentos y cuidar el bolsillo de los sectores más vulnerables como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y la Ley de Góndolas. Sin embargo, la originalidad del proyecto radica en la posibilidad de asegurar el derecho a una alimentación sana y saludable, que en los barrios populares está en manos de referentes barriales y cooperativas que apelan a las ollas populares.