El gobierno envió a Diputados un proyecto para bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Especialistas en infancias, criminología y violencia institucional analizan los riesgos de criminalizar a los niños. Los mitos de la delincuencia adolescente.

El proyecto de ley presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para bajar la edad de punibilidad, de 16 a 13 años, ingresó en la Cámara de Diputados y comenzará su tratamiento. Organismos internacionales, abogados de derecho penal y asociaciones de derechos del niño, niña y adolescentes, advierten sobre los peligros que implicaría que la ley se apruebe.

El proyecto establece que pueden ser sometidos a proceso penal adolescentes y niños a partir de los 13 años con penas de hasta dos décadas de prisión. Además, vuelve a incorporar un régimen de patronato de menores, en el que, niños de hasta 12 años que se encuentren en alguna situación de vulneración de sus derechos y puedan cometer nuevos delitos, podrán ser internados por orden de un juez en un establecimiento, privados de su libertad.

La presentación realizada por la ministra de Seguridad ya tuvo sus antecedentes durante el gobierno de Mauricio Macri que intentó llevar en 2017 la edad de punibilidad a los 14 años y en 2019 a 15 años. Claudia Cesaroni, abogada y magíster en Criminología, en diálogo con ANCCOM explica: “No hay ninguna fundamentación, ninguna explicación, no hay datos, no hay elementos que expliquen por qué a 13 años y no a 14 como propuso el macrismo en 2017, a través de su ministro de Justicia GGermán Garavano, o como propuso a través de Patricia Bullrich en 2019, también el gobierno de Macri, a 15. O sea 14, 15, 13, no hay explicación”.

Mitos

El gobierno de La Libertad Avanza justificó su proyecto bajo el eslogan “Delito de adulto, pena de adulto”. La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú cuestiona esta consigna respondiendo: “A un pibe de 13, 14, 15 años, no lo dejás votar, no lo dejas que se case, no lo dejás que tenga una relación sexoafectiva, no le permitís que salga del país sin acompañamiento de sus padres, ¿y lo vas a tratar como a un adulto en materia penal? No tiene ningún criterio.” La recomendación internacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es que la edad mínima de punibilidad no sea inferior a los 14 años y, a la vez, sea lo más cercano posible a los 18 años. La Convención de Naciones Unidas advierte que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto en los niños de 12 y 13 años todavía se está desarrollando.

Otro de los argumentos utilizados en la conferencia de presentación del proyecto legislativo vino de Cúneo Libarona quien dijo: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes». Sin embargo, la abogada de Correpi refuta los dichos aclarando: “La primera falacia con la que nos encontramos con todo este debate de la cuestión de la imputabilidad de niños, niñas y adolescentes es esta creencia de que si tenés menos de 16 años y cometés un delito no pasa nada. Pasan un montón de cosas, quedás a disposición de un juez tutelar, podés terminar en un instituto, no tiene absolutamente nada que ver con esta idea que se trata de instalar a través de redes de que no sucede nada”. En sintonía con Verdú, Cesaroni amplía: “No es que nosotros digamos que no haya nada que hacer con los adolescentes y con los niños no punibles por debajo de los 16 años. Nosotros decimos que sí hay cosas para hacer, pero que esas cosas las tiene que hacer el Estado, no el Estado penal, sino otras areas estatales”.

En 2022, tan solo el 0,1% de los hechos delictivos fueron cometidos por menores de edad.

Según la página oficial Argentina.gob.ar, el gobierno clama con poca precisión y datos oficiales que “las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”. En Argentina, en el año 2022, según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia, se registraron 2036 causas a menores sobre un total de 1.826.630 hechos delictivos. Es decir, tan solo el 0,1% de los hechos delictivos fueron cometidos por menores de edad.

“Lo que sucede es que cada vez que tenemos un pibito o una pibita involucrada en un hecho de esa naturaleza sale en todos los titulares de los diarios, en todos los noticieros de radio, de televisión, como la gran noticia, y en realidad eso no está reflejando la realidad de lo que sucede”, explica María Carmen Verdú.

Contribuyendo a la desinformación, la ministra de Seguridad de la Nación dijo en Radio Mitre: “Todavía se está discutiendo la edad, si es 14, si es 13 como es en Uruguay, si es 12 como en Brasil”. Por el contrario, la punibilidad penal en Brasil y Uruguay se mantiene a los 18 años, mientras que en Argentina es a partir de los 16 años. En el caso de los menores de edad, en ambos países cuentan con un sistema infraccional y medidas socioeducativas para reponer las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que delinquen; pero en ninguno de los dos países se puede procesar penalmente a un menor de edad, ni encarcelar “en pabellones separados” dentro de una cárcel de adultos.

Menos derechos y más jaulas

Los tres problemas más graves que tiene el proyecto de ley, según Cesaroni, son la baja de edad de punibilidad a los 13 años, el monto de penas que pueden llegar hasta los 20 años, y el reestablecimiento de un Poder Judicial que puede internar y privar de su libertad a niños y niñas menores de trece años. “Es un retorno al siglo XIX”, expresa. Tampoco se introducen medidas de reparación del hecho cometido ni de recomposición de los derechos vulnerados (sanitarios, afectivos, de pobreza extrema, abandono, educativos, etc) de los niños, niñas y adolescentes que cometen un acto delictivo.

La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Shulman, cuenta que el proyecto de ley no contempla garantías constitucionales y vulnera los derechos fundamentales de las infancias y adolescencias: “Es cárcel y nada más, sin educación y sin salud”.

En su último informe, Unicef denuncia que el 69% (8,6 millones) de los niñas, niños y adolescentes en la Argentina es pobre y carece de derechos fundamentales, ya sea de acceso a la educación, a la protección social, a la vivienda, etcétera. “Si vos no reparás eso, por más de que metas presos a toda la población infanto juvenil del país no vas a llegar a solucionar nada”, explica Shulman desterrando la idea de que a penas más duras, menos es la delincuencia.

En este contexto, la respuesta del gobierno libertario fue desarmar los programas nacionales de asistencia y acompañamiento a las familias, infancias y adolescencias, en situación de riesgo y vulnerabilidad. Las políticas públicas iban desde la prevención del embarazo adolescente y capacitaciones contra la violencia infantil, hasta la asistencia económica directa. Este vaciamiento presupuestario se consolidó con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras que se encargaban de asistirlos. En este sentido, Cesaroni manifiesta: “Si vos desfinanciás esas otras áreas del Estado (no penales), si vos le quitás recursos, echás a los trabajadores, rompés los dispositivos; lo más fácil que te queda es mandar a la policía a detener pibes y encerrarlos en una jaula. Eso es lo más perverso, lo más brutal, mientras se desfinancian políticas públicas”. Frente a los riesgos de que se apruebe el proyecto advierte: “Van a salir a cazar pibitos de 13 años. Después es muy difícil volver atrás”.

Desaparecer la adolescencia

El diputado oficialista Alberto Bertie Benegas Lynch de La Libertad Avanza dijo en una entrevista radial que en situaciones de pobreza “no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller con el padre, trabajando” y que en esos casos el Estado no debería intervenir garantizando su derecho a la educación. Pese a la declarativa oposición del ministerio de Capital Humano, sobresale en el proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad a los 13 años que entre sus condenas se encuentra la «obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo», avalando el trabajo de menores. Simultáneamente, el gobierno libertario elabora una reforma electoral que habilite a los niños de trece años a votar en las elecciones. “Hay algo muy grave acá que es hacer desaparecer la adolescencia, pasar de la primera infancia a la adultez”, dice la abogada Cesaroni.

Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admiten que los delincuentes adultos del crimen organizado utilizan personas menores de edad para cometer delitos por ellos. “Esto es muy tremendo porque si el propio gobierno está diciendo que son utilizados para cometer delitos, pues entonces son víctimas. Vos tenés que evitar esto, no ir a meterlos presos”, expresa Cesaroni.

Encerrar a niños, niñas y adolescentes en cárceles y privarlos de la libertad, genera nuevos problemas sociales, entre ellos, la internalización del estigma en un momento de cambio, crecimiento y desarrollo: “Una vez que detiene esos pibes o los encierra la cárcel hace mucho más difícil la vida después porque efectivamente les pone un cartel en la frente que dice ‘este pibe estuvo preso’ e incluso en muchos casos consolida en estos pibes conductas transgresoras porque eso es lo que les da identidad”, cuenta la especialista. Al mismo tiempo que la sociedad adulta y el Estado se apartan de sus obligaciones para garantizar los derechos básicos de las infancias y adolescencias, cae sobre estas últimas una responsabilidad adulta inédita. “El lugar de un pibe de 14, 15, 16 años, dónde está ubicado en el mundo, la mayoría de las veces no tiene que ver con lo que él haga sino con lo que hagan con él, y lo que hagan con él es responsabilidad de los adultos”, explica Cesaroni.

Verdú denuncia que la ideología punitivista se fue estableciendo en el tejido social desde hace veinte años obteniendo una mayor difusión y virulencia con las redes sociales, donde proliferan estos discursos: “Eso lo vemos cada vez que denunciamos un caso de gatillo fácil y la respuesta del aparato de trolls es ‘uno menos, festejemos’”.

En referencia al devenir legislativo del proyecto de ley, Cesaroni concluye: “Hemos conseguido impedir que esto avance en 2017 y 2019 pero es cierto que este momento político es muy difícil y que las fuerzas parlamentarias han demostrado una y otra vez una mirada bastante punitivista y regresiva en estos temas”.