El guiso de los despedidos

El guiso de los despedidos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizó una olla popular para protestar contras las cesantías masivas que el gobierno de Javier Milei lleva adelante en la administración pública. Casi 25.000 trabajadores ya perdieron su empleo en el Estado.

Una nueva ola de despidos sacudió al sector público durante el último fin de semana. Nuevamente, miles de contratos de empleados estatales vencieron luego de la última extensión por tres meses, segunda prórroga que se les brindó luego desde el inicio del Gobierno de Javier Milei. El exministerio de Mujeres, Género y Diversidad y Organismos de Derechos Humanos fueron los más perjudicados.

Frente a esto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), reunida en asambleas durante la jornada de ayer, decidió llevar adelante un paro nacional durante este jueves, acompañado de una olla popular realizada en Plaza de Mayo.

De esta manera, cerca del mediodía comenzaron a llegar uno a uno los trabajadores de los distintos ministerios y secretarías, junto con sus delegados y delegadas. Una de las últimas delegaciones en arribar fue la del exministerio de Mujeres, Diversidad y Género, que más temprano por la mañana brindó una conferencia de prensa en las puertas de su sede. 

Con una batucada de fondo, y ante la indiferencia de los turistas que seguían tomándose fotos frente a la Casa Rosada, comenzaron a desplegarse las banderas y uno a uno de los referentes tomaron el micrófono y relataron la situación de cada uno de ellos.

La motosierra de Pettovello

No conforme con la disolución del exministerio de Desarrollo Social, en diciembre de 2023, devenido en un organismo que agrupó varios sectores, el actual Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, fue una de las áreas más perjudicas en esta nueva ola de despidos, con más de 300 cesantías. Ingrid Manfred, Secretaria General de ATE, fue la primera en tomar la palabra en el acto en Plaza de Mayo, y definió este desguace del sector público como “un plan siniestro de desaparición del Estado”. Miles de estatales aguardan por su situación laboral desde marzo, permaneciendo así en un estado de precariedad laboral con contratos que se van renovando, o finalizando, cada tres meses, desde la asunción de Javier Milei.

En medio de un índice de indigencia que duplica el anterior, alimentos que se pudren en depósitos y el rechazo a la apelación de Pettovello de no repartirlos, Manfred sostuvo que «el ataque a nuestro organismo (Ministerio de Capital Humano, exministerio de Desarrollo Social) no es cualquier ataque, somos un organismo muy sensible porque acompañamos las situaciones más terribles de nuestro pueblo». Y agregó: «Nosotros estamos convencidos que esta decisión es porque no quieren que mostremos lo qué está pasando».

Sin Derechos Humanos ni políticas de género

A continuación tomaron la palabra referentes del Ministerio de Justicia, otro de los sectores fuertemente castigados, puntualmente en áreas de Género y Derechos Humanos. En primer lugar, Nana González Rehermann, delegada de la Junta de Justicia y Derechos Humanos, relató cómo la Policía Federal, de civil, se presentó esta mañana en la sede central de la Secretaría, donde funciona el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) e impidió, mediante listas en mano, el ingreso de los trabajadores. Fue así como se enteraron de 82 nuevas destituciones en el sector, definiendo esta situación como “una película de terror”. 

Luego, y a contramano de lo que piensa el Gobierno, habló de la importancia de los empleados públicos. «Lograron que los estatales sintamos culpa de ser estatales, que creamos que estamos haciendo algo mal por ser estatales. Internalizamos el discurso de la derecha fascista”, afirmó González Rehermann. Y agregó: “Tenemos que creer en nosotros y en las políticas públicas que llevamos adelante. Nuestro trabajo es fundamental y esencial”. 

Luego fue el turno de trabajadoras del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), quienes se hicieron eco de las palabras de González Rehermann y sostuvieron que su identidad y su lugar como estatales “es una lucha cultural que tenemos que dar», al mismo tiempo que invitaron a todos los presentes a acompañar la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. 

También se expresaron trabajadoras despedidas del exministerio de Mujeres, Género y Diversidad, creado durante la gestión de Alberto Fernández y disuelto el 10 de diciembre, mediante la Ley de Ministerios dentro del Decreto 8/20236​, tras la asunción de la Libertad Avanza. De esta manera, pasó a ser la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. En principio estuvo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, pero finalmente pasó a formar parte de la Secretaría de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Luego del último fin de semana, el 80% de lo que quedó de ese exministerio fue despedido. Al igual que todos los demás empleados estatales, sin derecho a indemnizaciones. El desguace de esta área tiene gran impacto en el funcionamiento de la Línea 144, así como en otras políticas de género. El 42% de las operadoras de la línea de asistencia telefónica gratuita fueron destituidas, dejando así guardias con solo dos personas frente a una enorme demanda.

Muchos despidos, pocos aplausos

El siguiente sector que tomó el micrófono fue el Ministerio de Salud. Sus referentes comenzaron hablando del cierre del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), que como su nombre lo indica, logró disminuir notablemente el embarazo no deseado de miles de adolescentes de aquellas 12 provincias con los indicadores más altos, como Buenos Aires, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, entre otras. Esta política pública, que se comenzó a implementar en 2018, fue una de las que finalizó durante los despidos de marzo, con más de 700 trabajadores desvinculados.

Los trabajadores de Salud no dejaron de remarcar la ironía de ciertos sectores que enaltecieron su trabajo durante el Covid-19 y, que hoy, celebran sus despidos. “Somos parte de un Ministerio que supo ser emblema, más de un ciudadano ha aplaudido nuestra labor durante la pandemia. Hoy nos descartan. No nos renuevan nuestros contratos, nos despiden», sentenciaron antes de ceder el micrófono. 

En defensa del Cine Nacional

Luego pasó al frente Ingrid Urrutia, Secretaria General de la Junta Interna en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), sector fuertemente castigado no solo desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei, sino incluso desde antes, durante la campaña.

«El ataque y el desguace al sector empezó desde que asumió el actual Presidente del Instituto, Claudio Pirovano, a fines de febrero. Primero dejó en la calle a cientos de compañeros que estaban en condiciones precarias de contratación vía monotributo. Luego se avanzó en la eliminación de áreas y gerencias fundamentales como el Observatorio Audiovisual», detalló Urrutia a Anccom. 

Actualmente el INCAA se encuentra prácticamente desmantelado con casi la mitad de sus empleados despedidos. “Esto impacta negativamente en la posibilidad de sostener una política cinematográfica”, explicó la Secretaria General. Y agregó: “En nuestro país, como en todos los lugares del mundo, se necesita un Instituto Nacional de Cine. Incluso en esos lugares a los que el presidente quiere parecerse hay uno”. 

También habló sobre el ataque no solo al Estado, sino a la cultura en general, ya que siempre se mostró muy crítica en todos los momentos de la historia. «El cine es identidad, historia y memoria. Entonces este Gobierno necesita reventar eso para poder seguir avanzando con su plan de entrega. Así como decimos que hay extractivismo en nuestras montañas, acá estamos asistiendo a un culturicidio», concluyó.

Parques Nacionales

Uno de los últimos gremios en expresarse fue el área de Parques Nacionales, quienes el viernes pasado fueron notificados de 50 nuevos despidos, que se sumaron a los 87 que tuvieron lugar durante el mes de marzo. Algunos de ellos, reincorporados luego de varias luchas. 

Al mismo tiempo que el presidente envío al Congreso una nueva ley de protección animal, bautizada con el nombre de “Ley Conan” en honor a una de sus mascotas, gran parte de la fauna, así como de la flora, se encuentra en peligro ante el desfinanciamiento del sector, no solo a nivel presupuestario, sino también a partir de la cantidad de despidos de especialistas en el área. «Los parques hoy están sufriendo un ataque muy grande. Es muy difícil la articulación a nivel nacional, pero estamos dando la pelea”, manifestaron.

 

Represión

El último de los organismos que tomó la palabra fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quienes no solo sufrieron cesantías, sino también violencia. Aunque, al igual que lo expresado por referentes del área de Parques Nacionales, lograron la reincorporación de algunos de los compañeros.

 

El pasado 30 de junio, alrededor de 280 contratos se vencieron en el INTI. Por ello, el lunes por la mañana, trabajadores y trabajadoras comenzaron un plan de lucha en contra de estas medidas y cortaron la General Paz. Ante esto, la Policía de la Ciudad se hizo presente y, mediante escudos y gases, aplicó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y reprimió a todos los presentes. Además, detuvieron a dos de ellos, quienes, horas más tarde, fueron liberados. Pero el propósito parece haber sido logrado, según relataron trabajadores del INTI: «Luchar sirve porque, luego de ese corte, se sentaron con nosotros y ya estamos en perspectiva de incorporaciones de un buen número de compañeros», concluyeron.

Para finalizar el acto, tomaron la palabra Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Provincia, y Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital. El primero de ellos agradeció la invitación y, al igual que todos y todas, llamó a la unidad. Se mostró optimista sobre la reincorporación de los despidos y anunció «Nosotros sabemos que estamos enfrentando un monstruo bastante grande, pero cuando se caiga, por la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, va a ser una caída fuerte de la que no se va a poder levantar nunca más».

Minutos más tarde, Catalano replicó la unidad y la organización como la única manera de sobrepasar esta situación, reclamando una salida colectiva. “La jornada no termina hoy porque hay una sociedad que está dispuesta a dar una pelea para que nuestro pueblo tenga mejores condiciones y tenga chances de salir adelante», finalizó.

Luego del cierre del acto, cerca de las 13:30, comenzó el desarmado de estructuras y aparatos. Lentamente la Plaza de Mayo comenzó a vaciarse para darle pie a una nueva ronda de Madres y Abuelas. A pesar de la situación alarmante, y aunque con bronca, los empleados estatales se mostraron esperanzados y optimistas.

La lucha contra la discriminación ya no es una política de Estado

La lucha contra la discriminación ya no es una política de Estado

Fuerte rechazo de organizaciones sociales por el anuncio de cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni.

En la mañana del jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el cierre del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). «Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada, son grandes cajas de la política o son, simplemente, lugares para generar empleo militante. Esto lleva un tiempo, pero el primero de ellos va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo», indicó Adorni.

Pese a los dichos del vocero, el Instituto tiene un papel central para muchos grupos sociales: “Quienes tenemos en nuestros cuerpos y en nuestras trayectorias de vida las marcas de la discriminación, el racismo y la xenofobia somos principalmente mujeres, trans, lesbianas, gays, nobinaries, intersex… Este tipo de organismos bregan para trabajar de forma comunitaria y colectiva en todo el territorio nacional en la sensibilización, asistencia, acompañamiento y atención a víctimas de discriminación”, explicó Flora Viola, referenta nacional de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro.

Horas más tarde, luego de fuertes repudios a la medida, el Ministerio de Justicia publicó un comunicado donde se informaba que las funciones del Instituto y una parte del plantel  serían absorbidos por dicho Ministerio. El Instituto ya funcionaba en la órbita del Ministerio antes conocido como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero de forma descentralizada. Así, podía garantizar los objetivos de recibir y centralizar denuncias, hacer un registro nacional, diseñar y ejecutar políticas públicas y asesorar técnicamente al Ministerio Público y a tribunales judiciales.

A nivel individual, el INADI como organismo independiente podía asesorar y asistir frente a situaciones de discriminación, hacer informes que puedan ser presentados en eventuales denuncias ante el Poder Judicial y gestionar para que voluntariamente una persona deje de discriminar. El proceso judicial era otra vía que las personas damnificadas podían optar seguir, ya con información sobre sus detalles e implicancias y una denuncia que las amparaba.

El subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, tuiteó luego de la conferencia de prensa que el Instituto «tenía más empleados que el Fuero Ordinario» de la Justicia porteña, donde «se investigan crímenes, violaciones y robos» y que “ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos”. Luego de los despidos del último mes, el Instituto tiene 355 trabajadores que sufren “las campañas de desprestigio y demonización del gobierno de Javier Milei”, en palabras de Viola. En el comunicado ministerial de la tarde se caracterizó al INADI como una “superestructura” ineficaz, pero la decisión de desintegrarlo, entorpecería su funcionamiento.

Para Manu Mireles, co-fundadora y secretaria del bachillerato Mocha Celis, el cierre del INADI atenta contra la garantía de la democracia y los derechos humanos. El Instituto “brinda asesoramiento integral y gratuito a grupos víctimas de discriminación, xenofobia y racismo. Desde una perspectiva interseccional, la comunidad travesti-trans es una de las más afectadas por la vida cotidiana”.

Más allá de su rol social, Mireles remarcó que “es fundamental que podamos tener en el Estado argentino una instancia de elaboración de políticas públicas contra la discriminación para garantizar los derechos de todas las personas”. En esa línea, el Frente Orgullo y Lucha, que reúne a organizaciones LGBT+ de todo el país, destacó la participación del INADI en las leyes de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Reproducción Humana Asistida, Cupo Laboral Travesti-trans, Respuesta Integral al VIH, entre otras. 

Además, el Frente afirmó que “el INADI devino un símbolo indiscutible de convivencia democrática en la diversidad, no sólo sexual, sino de toda índole. Y se puede considerar, también un ejemplo de política de Estado, sabiendo trascender las gestiones de gobierno que nuestro país ha tenido desde la creación del organismo”.

No sólo las asociaciones de géneros y diversidad comunicaron su repudio, sino también activistas de la salud mental y discapacidades. Por ejemplo, la seccional de Quilmes de Hablemos de Autismo Red Federal llamó a las autoridades a “reconsiderar esta decisión y garantizar la continuidad del INADI en su misión de proteger los derechos de todos los ciudadanos”. La Red Federal de Familias TEA y TGD expresó su “enérgico repudio” en un comunicado de redes sociales: “Esta medida representa un retroceso en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad en nuestra sociedad”.

Laura Alcaide de Orgullo Disca resaltó la “amplia lucha” del Instituto por los derechos de los discapacitados. El organismo está vinculado con la Ley 26378 de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la creación de normativas para la fabricación de productos y tecnologías accesibles. “Tiene que existir un organismo que medie para que la vulneración de derechos no ocurra. Este gobierno está intentando que volvamos a nuestras casas, a situaciones de violencia y que nadie pueda mediar por nosotres”, advirtió Alcaide.

Jony de la Silla, militante social y artista popular, se posicionó en defensa del Instituto “como persona con discapacidad, pero también como negro, pobre, que se pinta las uñas y es militante”, ya que “todos tenemos que luchar por el derecho a una vida digna y el INADI aporta un montón a eso”. Gracias al Instituto fue posible la Ley 26162 de Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), una herramienta vital para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de las identidades negras y marrones.

La organización Defensoría de Laburantes explicó que “la agenda de Milei promueve explícitamente avanzar contra las minorías, que no tengan voz y que se le dé rienda suelta a su discurso violento, discriminador, misógino y homofóbico. Para eso, el INADI es un obstáculo a remover”.

Denuncian al Gobierno mendocino por discriminación

Denuncian al Gobierno mendocino por discriminación

Integrantes de comunidades mapuches realizaron una presentación en el INADI y en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial luego de que el Parlamento local los calificara como pueblo extranjero.

Luego de la aprobación del proyecto de ley provincial que afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, el pueblo indígena denunció al Gobierno mendocino por racismo y discriminación. La medida fue presentada ante el INADI y el CERD (Comite para la Eliminación de la Discriminación Racial). 

Hace casi un mes, la Cámara de Diputados de Mendoza afirmó, a través de su página web, que la insólita resolución se decidió “con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena”.

Incluso, Rodolfo Suárez, gobernador de la provincia, expresó en sus redes sociales que “si no le damos la seriedad y la institucionalidad que el tema merece, alejándonos de los discursos fanáticos, vamos a tener estos grupos exigiendo la entrega de propiedades en toda Mendoza”. En sintonía con Suárez, el senador nacional Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza” a través de su Twitter.

Damián Andrada, investigador y especialista en pueblos indígenas, comentó a ANCCOM que “la Legislatura mendocina no tiene la potestad de decir que integrantes de un pueblo indígena son argentinos. Además, no corresponde a ningún criterio científico”. 

Orlando Carriqueo, referente del pueblo mapuche, declaró a esta agencia que el proyecto representa “un acto racista, fascista, alejado de la verdad y fundamentalmente antidemocrático” y destacó que “tienen como claro objetivo deslegitimar la presencia mapuche y sus reclamos territoriales”.

Respecto a las discusiones sobre si los mapuches son extranjeros o no, Andrada explicó que “los pueblos indígenas están desde antes de la conformación del Estado Nacional. Existen antes de la conformación del Estado argentino y chileno.” A su vez, Diego Escolar,  antropólogo e investigador del CONICET experto en el tema, dijo que “la presencia indígena de los ancestros del mapuche en Mendoza data de más de mil años”.

El referente mapuche planteó que “la Argentina debe repensar su identidad, debe repensar su historia y debe aceptar primero que no venimos de los barcos y, segundo, que hay una gran identidad indígena en nuestra sociedad”.

Además, Escolar reveló que “el término mapuche como término de identidad, no es tan antiguo. Se empieza a generalizar en el siglo veinte y desde el siglo diecinueve. Antes, esos mismos grupos tenían otros nombres, por lo que es un error buscar datos del mapuche nombrados así en el periodo colonial”.

En referencia a cómo se trató la cuestión, Andrada sintetizó: “Cuando nos encontramos con pueblos que en lugar de desistir frente a estos avasallamientos, buscan resistir, rápidamente el poder económico lo toma como un enemigo. Los medios de comunicación que representan esos intereses, los ubican también como un chivo expiatorio, al igual que los movimientos y partidos políticos que se posicionan del lado de los poderosos”.

A la denuncia por racismo y discrimnación presentada por la comunidad mapuche, se suman la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y el INADI quienes en el pasado manifestaron su preocupación por las medidas tomadas en Mendoza, ya que consideran que “este tipo de normas fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas”.

Carriqueo afirmó que “ha habido un avance de discursos antimapuches, racistas y negacionista pero claramente tiene que ver con un problema que arrastra el Estado y la misma sociedad que es no reconocer el primer genocidio que ocurrió en Argentina y que tiene que ver con la campaña del desierto”. Agregó: “La democracia le debe a la sociedad el reconocimiento de ese genocidio y una discusion mucha mas amplia para poder desarmar y desarticular el racismo estructural que hay. Los partidos políticos no están ajenos a ese racismo que se ve fundamentalmente en el desconocimiento de la historia”.

 

«Que el pinkwashing no tape la verdadera pelea por los derechos»

«Que el pinkwashing no tape la verdadera pelea por los derechos»

El pasado 24 de junio el Senado de la Nación sancionó la Ley el Cupo Laboral Travesti Trans con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en consolidar la ampliación de derechos para un colectivo discriminado, perseguido e invisibilizado en las políticas de Estado, incluso, desde el retorno a la democracia.

En aquella histórica sesión, tanto el oficialismo como la oposición apoyaron la propuesta a la que consideraron “reparadora de derechos”. Así, el 8 de julio, el gobierno nacional promulgó la Ley 27.636, una norma anticipada por decreto en septiembre de 2020, que necesitaba mayor consenso para dar cuenta del grado de vulnerabilidad que sufren la mayoría de las personas trans, cuya población tiene una esperanza de vida que no supera los 40 años. 

La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana SacayánLohana Berkins”, lleva ese nombre en recuerdo de dos importantes referentes del movimiento, y tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina. 

Según el artículo 5 de la ley, el Estado debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal con integrantes del colectivo trans, en todas las modalidades de contratación vigentes. Asimismo, en el artículo 11 también se contemplan incentivos para el sector privado.

Victoria Donda, abogada y titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), señala que “El INADI es el organismo que militó ese proyecto desde el primer Plan Nacional contra la Discrminación firmado en 2005”. 

“Venimos bregando no sólo para que exista una ley de cupo trans, sino para que se cumpla en los distintos niveles del estado nacional”, agrega Donda. Este espíritu se refleja en el artículo 7, el cual establece que toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión. 

“No voy a decir que el INADI redactó la ley porque eso lo hacen las comisiones pertinentes, pero la mirada interseccional y de militancia fue un gran aporte del instituto que presido”, sostuvo Donda en relación con la participación del Instituto en la redacción del texto final.

Así, el proyecto fue resultado de un amplio proceso de debates y aportes, en los cuales participaron decenas de organizaciones travestis, trans y LGBTIQ+ a lo largo del país, a través de las reuniones informativas -convocadas oportunamente- que contaron con el apoyo transversal de diputados y diputadas de todos los bloques parlamentarios. 

“Lavado rosa”

El 28 de junio fue el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y surgieron otros debates relacionados con la identidad sexual. Uno de ellos giró en torno al concepto de pinkwashing o lavado rosa (por su traducción del inglés). De acuerdo con la organización chilena ACCIONGAY, “es un término que en el contexto de los derechos LGBTI+ se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su condición de simpatizante LGBTI+, con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes”. 

En este sentido, Donda agrega que “no está mal, lo que hay que entender es que no es una moda pelear por los derechos de todas, todos, y todes. Está más allá de una moda. Entonces, lo que nosotros no queremos es que el pinkwashing tape la verdadera pelea por los derechos”. 

Para que las reivindicaciones del colectivo puedan transformarse en políticas de inclusión, la también ex diputada sugiere que la manera de hacerlo es “incorporando a las organizaciones dentro de la planificación del Estado, y cómo el Estado dentro de la implementación de sus políticas públicas puede incorporar las demandas de la sociedad civil”. 

Nuevo Plan contra la Discriminación 

Con el objetivo de hacer efectivas las políticas de inclusión, durante todo el año 2020, el INADI trabajó no solo con las organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ sino con otras comunidades en situaciones de vulnerabilidad, como los migrantes o personas con enfermedades poco frecuentes. De esta manera, puso en agenda otras discusiones contempladas en el Nuevo Plan Nacional contra la Discriminación, que el instituto va a presentar en los próximos meses. 

Consistirá de un conjunto de Compromisos de Acción estatales con visión estratégica para implementarse durante el período 2022-2025, a fin de profundizar y consolidar los avances legales e institucionales en relación al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación alcanzados. Será monitoreado y evaluado periódicamente, y actualizado cada dos años”, explica la información institucional del organismo.

El Nuevo Plan Nacional contra la Discrminación, “lo estamos elaborando -agrega Donda- con la sociedad civil y con los distintos sectores del Estado, no solo con los estamentos nacionales, sino con los provinciales y municipales; incorporando algunos debates de carácter internacional, porque el año pasado recuperamos la presidencia de la Red Internacional de Organismos y de Organizaciones de Derechos Humanos (RIDH)”. 

Para avanzar en la actualización del Plan, se convocó a múltiples organizaciones sociales, políticas, culturales, deportivas, para que trabajen en soluciones orientadas en erradicar las prácticas discriminatorias en cualquiera de sus formas. Con respecto a la convocatoria, la titular del INADI entiende que “para comprometerse de cara a la sociedad, para construir una sociedad más diversa, más plural, una sociedad sin discriminación, una sociedad sin racismo, sin xenofobia, el Estado tiene que poder escuchar a todos los sectores de la sociedad”. 

A 16 años del documento preparatorio celebrado en 2005, queda adecuar la nueva agenda pública, que está atravesada por nuevas problemáticas estructurales, a un Plan de Acción Estatal que dé respuestas a la ciudadanía en su conjunto, y a las poblaciones más vulnerables en particular. 

“Me parece que hoy los desafíos son otros, y que tienen que ver con una mirada acerca de la diversidad cultural, una mirada necesaria acerca de la educación para ir desarmando el racismo estructural que tenemos en la Argentina, la mirada interseccional de cada uno de los sectores que están en situación de vulnerabilidad. Hay miradas distintas desde el 2005 a esta elaboración, de este nuevo plan, son miradas diferentes, en épocas diferentes”, sostiene Donda. 

La Comunidad Afroargentina

Tras la presentación en la Casa Rosada a fines de junio, se realizó el primer plenario del Consejo Asesor Federal de la Comunidad Afroargentina. La diplomática afroargentina María Fernanda Silva, actual embajadora argentina ante la Santa Sede y una de las miembros del Consejo, fue la primera oradora del plenario. 

Silva señaló que la afroargentinidad es “un modo particular de habitar la patria y la memoria histórica, que también es un ámbito donde dar la batalla”. 

En este sentido, Donda agrega “nosotros creemos que hay una negación del Estado con respecto a aquella comunidad afroargentina que hace muchos años está acá, y que los hemos negado sistemáticamente”. Asimismo, señala que esta comisión apunta  “a recuperar la memoria histórica, a rearmar el mapa genético de nuestro país. Si hay comunidades que han sido invisibilizadas de la historia tiene que ver con la historia de esas propias comunidades. Entonces queremos recuperar esa memoria”.

En relación a las políticas públicas, Silva plantea la necesidad de generar “instancias de reconocimiento de espacios de memoria, para disputar una interpretación del pasado”, pero también impulsar un cuestionamiento de por qué “hay ámbitos donde la Comunidad Afroargentina no está presente, como por ejemplo el Poder Judicial o el Poder Legislativo”. Por otra parte, señala que se debe comprometer a los tres poderes “en una agenda desde y para la Comunidad Afroargentina”. 

Según Donda, una manera de recuperar las huellas que dejó la comunidad a lo largo del país es incorporando esta categoría en el próximo censo nacional. “Hay que decir que en el censo anterior, en 2010, la comunidad afroargentina estuvo presente y de acuerdo a los resultados, hay aproximadamente 2,5 millones de personas que son parte de esa comunidad afroargentina. Entonces, este es un dato interesante que queremos ver si se mantiene y cuánto ha crecido”. 

Vida y trayectoria

 Victoria Analía Donda Pérez nació en 1977 en la ESMA, ex Escuela de Mecánica de la Armada y es la nieta restituida número 78. Luego de realizarse los estudios genéticos correspondientes, confirmó que sus padres biológicos eran José Donda e Hilda Pérez, quienes continúan desaparecidos. No supo hasta los 26 años, en 2004, que su padre de crianza y su tío, ambos militares, eran cómplices de la última dictadura cívico-militar argentina. 

Desde muy chica la política marcaría su vida. “Creo que uno cuando tiene 16 años, pensar en los 40 es como muy lejano y no se si te imaginas mucho. Sí, lo que te puedo decir es que siempre quise dedicarme a la política, desde muy chica, no desde los 16, desde mucho antes”, recuerda. 

Fue tres veces diputada nacional. Sus ejes de trabajo habitualmente están relacionados con los derechos humanos, el género, la educación, el medioambiente y las problemáticas sociales. Con respecto a la motivación por estas temáticas, asegura: “Creo profundamente que los derechos humanos, todos los derechos, son responsabilidad del Estado, y que para poder garantizarlos el Estado tiene que construir bases más justas de distribución de la riqueza. No hay derecho que se pueda garantizar si la riqueza no se distribuye de una forma más equitativa. Y creo que la herramienta para poder hacerlo es la política”. 

Donda reflexiona que así como cuesta pensarse a los 16, también cuesta adelantarse al futuro,  pero arriesga: “De acá a 10 años me veo aportando como estoy aportando ahora, o tratando de aportar para una sociedad mejor y espero que cada vez seamos capaces de ir construyendo una sociedad más igualitaria, más justa y con menos violencia”.  

Un blanquito racista ante el Inadi

Un blanquito racista ante el Inadi

 “Soy blanquito, gracias a Dios no tengo sangre mapuche ni tehuelche”. La definición es de Ricardo Parisi, concejal por Cambiemos en la ciudad de Esquel, quien insultó y discriminó a la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Graciela Avilés, y a manifestantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel (SOEME), a quienes les dijo “negros de mierda”. El martes a la mañana, en una entrevista con una radio local, el concejal ratificó sus dichos y aseguró que no se arrepiente de nada. “Qué sé yo si es discriminatorio: yo nací y me crié en este pueblo, me crié con la mayoría de la raza de ella”, dijo Parisi en referencia a Avilés.

 El conflicto comenzó el miércoles pasado, mientras en el Concejo Deliberante local se trataba una ordenanza municipal con la que el SOEME no estaba de acuerdo. En diálogo con ANCCOM, el concejal por el Frente para la Victoria Oscar Cheuque, presente en ese momento en el recinto, explicó que esa ordenanza “pretendía dar un plus a un sector de los empleados municipales por fuera del ámbito paritario. La gente del sindicato consideró que esta actitud trataba de desprestigiar y desconocer al gremio, por eso se encontraban manifestando fuera del recinto”, agregó.

 “Nosotros habíamos presentado una propuesta de modificación de la ordenanza –dijo en conversación con este medio Avilés, que también estaba en el recinto-. En un momento el concejal Parisi, que estaba sentado al lado mío en la última fila, se dio vuelta y a través del vidrio les gritó ‘negros de mierda’ a la gente que se estaba manifestando”. Cuenta Avilés que cuando le pidió silencio a Parisi, para poder escuchar a los demás concejales, éste reaccionó: “Se enojó y me dijo: ‘Cállese usted, que también es una negra. Yo soy blanquito, gracias a Dios no tengo sangre mapuche ni tehuelche’”.

 En virtud de estos insultos, la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer denunció al concejal de Cambiemos ante la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos de Chubut y el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), por «discriminación, racismo y xenofobia». Cuando ayer, en la entrevista radial citada, le preguntaron por la denuncia, dijo: “No he escuchado nada. Lo único, como te dije, que me sacó una foto con el celular, porque son tan pobres que tienen celulares de mucha plata». Cuando le preguntaron por qué había insultado a los manifestantes, Parisi expresó: «De afuera uno gritaba que (Jorge) Junyent -presidente del Concejo Deliberante- era un coimero, un chorro. Entonces yo golpeé el vidrio y le dije: ‘Mirá, pará, que vos sos un negro de mierda’. Me salió de adentro». Durante la misma entrevista el conductor del programa le preguntó si iba a disculparse: “Yo disculpas le pido a una persona que es educada», respondió

 “Me pone muy triste lo que ocurrió, no puedo creer que todavía existan personas que tengan esta mentalidad –dijo a ANCCOM el concejal Cheuque-. Yo tengo sangre Mapuche y estoy orgulloso de la sangre que corre por mis venas, como así también lo deben estar seguramente otras personas, vecinos de Esquel, habitantes de nuestro país o Latinoamérica, de tener la sangre que tienen».

 Los dichos polémicos de dirigentes de Cambiemos de Esquel no son novedad. El el último acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Jorge Junyent, el presidente del Concejo Deliberante de Esquel y del Bloque Cambiemos, durante su discurso expresó que «la madurez debería permitirnos rendir homenaje también a las víctimas del proceder de las organizaciones subversivas, que asolaron el país en aquellos años». En cuanto a este discurso, opinó Graciela Avilés: “Avala la Teoría de los Dos Demonios y en ningún momento se retractó, por lo tanto sabemos que es el pensamiento de ellos».  Cheuque, por su parte, también se manifestó en contra de las declaraciones del presidente del Concejo: “En nombre del gobierno municipal, Junyent dio un discurso, el 24 de marzo pasado, en el que no reconoce que en el país hubo un terrorismo de Estado –dijo-. A eso se suman ahora los dichos racistas del concejal Parisi. El ejecutivo local, por otra parte, desconoce totalmente la representación de los trabajadores municipales. Lo único que generan es preocupación entre nosotros y división entre los ciudadanos”.

Actualizado 19/04/2017