«Mi gorra no mata, la tuya sí»

«Mi gorra no mata, la tuya sí»

La 5ª Marcha de la Gorra convocó a una multitud, impulsada por los recientes asesinatos de Lucas González y Elías Garay. La CORREPI ya contabilizó más de medio millar de víctimas de la violencia institucional en lo que va de 2021.

Ella tomó unos stickers de su mochila y comenzó a pegarlos con delicadeza en la garita del colectivo. Se podía ver la imagen de un muchacho y se leía No fue enfrentamiento, fue gatillo fácil”, seguido de un nombre: “Alejandro Espíndola”. Un hombre que se percató de lo que las pequeñas imágenes decían, le tocó el hombro y preguntó con un tono cuidadoso: “¿Era tu hermano?” La chica lo miró, un tanto sorprendida, dejando escapar un sollozo: Era mi marido, hoy se cumplen 13 meses desde que lo mataron”. El hombre le sostuvo la mirada, apoyó su mano en el hombro de la chica, y apretó con suavidad. Había una complicidad, no es solo un nombre en un registro, la ausencia es enorme. 

El sol de la tarde porteña combinaba con el calor de los reclamos en la Quinta Marcha de la Gorra. Organizaciones de todas las banderas políticas, y gente no agrupada se movilizaron desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso para hacer oír un Basta de violencia institucional”, una vez más. Una multitud ocupó las más de seis cuadras de distancia, por momentos de manera abigarrada.

Alrededor de las 17, luego de dos horas del horario pactado, las personas comenzaron a llegar en oleada a la Plaza de los Dos Congresos. Los recibirán la Comunidad Charrúa Etriek, con sus banderas bien en alto, la de las Comunidades Indígenas y aquella perteneciente a los Mapuches. Al ritmo de sonidos de percusión y con cantos, la gente que iba llegando comenzó a aplaudirlas y en ese aplauso se fundía un entendimiento, y es que hace pocos días la comunidad Mapuche sufrió la pérdida de Elías Garay a manos de la policía de Río Negro.    

La convocatoria de la Marcha de la Gorra fue nutrida, cuadras completas de gente con sus bombos, trompetas, carteles y ocasionales humos de colores que formaban una nube densa en el aire que luego se evaporaba. Las banderas políticas eran diversas, los colores partidarios podían formar un arcoiris, pero la consigna que los unía era una sola: Basta de violencia institucional”. Y es que las cifras de muertes en manos de la policia solamente este año según el informe de la CORREPI, que aún no tiene su corte definitivo, es de 537 víctimas. 

Los episodios de violencia por parte de las fuerzas represivas comportan un problema sistémico y, por ende, una política de Estado. Mariana Vergara, madre de Cristián Ariel Coqui” Montecinos, el joven fusilado por el gendarme Elliezer Acosta a cinco cuadras de su casa, abraza a una de sus amigas que la acompañó a marchar. Tras haber expresado a ANCCOM con voz temblorosa pero firme: La Policía y la Gendarmería dicen que están acá para cuidarnos, pero es mentira. Hoy el asesino de mi hijo está en la calle y debería estar en la cárcel”.

Frases en cartulinas decoraban las rejas del Congreso: No más muertos por portación de cara”, Mi ropa no es delito”, Las balas que piden se llevan a los pibes”.

Las fotos impresas y colgadas en los cuellos de los asistentes inundaban la plaza del Congreso. Incontables nombres y fechas en la que fueron asesinados y reiterados pedidos de justicia fueron el símbolo más presente en esta marcha. Estela, la madre de Marcelo Rivero, quien fue asesinado por dos policías en 1989 y su causa archivada en el 2000, gritó a un micrófono: Lo mataron porque era pobre nada más, nos matan por eso”. Las palabras quedaron resonando, igual que aquellas frases escritas en cartulinas que decoraban las rejas del honorable edificio: No más muertos por portación de cara”, Mi ropa no es un delito”,  Las balas que ustedes piden se llevan a nuestros pibes”.

Se hicieron presentes La Cámpora, el MTE, la Juventud Comunista Revolucionaria, el Movimiento Ni un Pibe Menos Por La Droga, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la CORREPI, las Madres en Lucha contra la Impunidad, La Garganta Poderosa y AMMAR. Hubo lectura de un documento consensuado, tres líneas cada representante de cada organización,  tres líneas y se pasaban el micrófono al siguiente, y así completaron que La vida en los barrios se vuelve todavía más precaria y los conflictos por derechos básicos son inevitables. Las políticas públicas para mejorar nuestra vida no llegan, seguimos teniendo que salir a inventarnos un laburo, dejar la escuela, resignar nuestros sueños, sufrimos la falta de salud, de vivienda. La respuesta a estos problemas vienen siendo muy insuficientes y en muchos casos se saldan con represión.” 

 Y continuaron: 

 La represión se vuelve aún más cruda e invisible en contextos de encierro. Nuestros compañeros y compañeras privadas de su libertad sufren de condiciones de detención pésimas, donde la tortura y los malos tratos son moneda corriente.” 

 La gorra como símbolo que marcó a la convocatoria de la tarde, marcó también la narrativa, hay una gorra que mata, y una que no. Mi gorra no mata, la tuya si”, se leía en el cartel que sostenía una de las amigas de Lucas Verón, el joven que salió a comprar con sus amigos y la policía por suponer que estaba robando lo asesinó. No por tener gorrita, estar vestidos de cierta manera, ser de color, la policía tiene derecho a quitarnos la vida” explicó conmovida. 

 La lectura del documento fue la despedida de los asistentes, que cerró:

 Los peligrosos seguimos siendo los pibes de los barrios populares, los trabajadores de la economía popular, las disidencias. Los discursos de odio programados por mercenarios mediáticos, y dirigentes políticos buscan instalar que nosotros somos el problema de la inseguridad.”

La violencia institucional como política de Estado

La violencia institucional como política de Estado

En apenas cinco años de historia, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 fusilamientos por gatillo fácil. No es la única: en total la violencia policial alcanzó los 537 casos de fusilamiento, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el atropellamiento deliberado con patrullero.

“En los últimos cuatros días hemos tenido que sumar a Lautaro Rosé en Corrientes, a Lucas González en Capital, a Alejandro Martínez en Provincia de Buenos Aires y, ayer, a Elías Garay, el joven mapuche que mataron en Cuesta del Ternero en Río Negro”, cuenta a ANCCOM María del Carmen Verdú, abogada penalista que forma parte de la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI). 

Anualmente, la CORREPI realiza informes sobre violencia policial, y detalla que en los últimos cinco años la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 “fusilamientos por gatillo fácil”. En un informe previo a aquel que se presentará en diciembre, llegan a 537 los casos totales de fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el uso del patrullero para embestimientos deliberados en persecución.

El de Lucas González no es un caso aislado, ni de “asesinos sueltos”, es sistémico, y por ende una política de Estado, según expresa la abogada penalista. A su vez, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reclamó al gobierno porteño no sólo la sanción de los responsables del homicidio de Lucas González sino que se tomen medidas de prevención “para evitar hechos” que se repiten “desde la creación de la Policía de la Ciudad”.

Clases de periodismo

Por un hecho absolutamente circunstancial, el caso de Lucas Gonzalez rompió el blindaje mediático, y es que gracias al club, la familia pudo hablar de lo sucedido. El informe inicial fue una versión policial tomado de “forma acrítica y sin hablar con el entorno de la víctima para chequear”. El primer parte se conoció a través del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad, para ser difundido luego por varios medios de comunicación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recalcó la tergiversación de los hechos, al igual que la CORREPI, que apartó el caso para hacerle seguimiento, encontrando en el texto de la nota ciertos vacíos. Se explicita, entonces, que la información que difunden las comisarías no puede replicarse “sin ser contrastada porque es en ese lugar donde se imponen los relatos de los operativos policiales”. El CELS subrayó que existe una “historia muy extendida” de “procedimientos ilegales” en operativos policiales fraguados que quedaron al desnudo en la investigación judicial realizada por Daniel Rafecas a fines de los 90’, cuando actuaba como fiscal e investigó causas fraguadas por la Federal  publicadas por los medios como persecuciones.

El relato policial del caso de Lucas González es idéntico al de “paragüita” Toledo. El joven de la villa 21-24 que el 15 de julio de 2017 fue asesinado a tiros por Adrián Otero, oficial de la Policía de la Ciudad, mientras volvía de bailar junto a dos amigos. A raíz de una discusión de tránsito, Otero comenzó a perseguir el auto donde estaban los tres jóvenes y a disparar contra los tres chicos. Ocho balas impactaron en el auto, una de ellas le causó la muerte a Cristián Toledo. En un primer momento, la versión de los hechos difundida planteaba que el policía había actuado en defensa propia ante un intento de robo, buscando criminalizar a los jóvenes, quienes fueron detenidos durante dos días. La respuesta de vecinos, amigos y familiares fue lo que permitió que liberaran a los dos jóvenes y se exigiera justicia por Cristián.

«-8.500»

El caso de Cristian Toledo comportó el primer juicio contra un efectivo de la Policía de la Ciudad por gatillo fácil. La sentencia para Otero de prisión perpetua, en octubre de 2018, sentó un precedente importante. Los casos en los que se logra una condena correspondiente: aquella de homicidio agravado por el abuso funcional de un miembro de la fuerza de seguridad, explica Verdú, son muy pocos. Y agrega que la regla común del gatillo fácil es que “le sigue sistemáticamente el sobreseimiento fácil”. Explica la abogada que en la mayoría de los casos, cuando no existe una familia que se presente frente a la fiscalía o el juzgado, que se constituya como querella o particular damnificado, y que empiece a poner puntos sobre las íes en materia de prueba o de interpretación de la misma, en menos de seis meses la causa es archivada. 

 La criminalización de la víctima va en paralelo con la narrativa de la víctima inocente, que desde la CORREPI se intenta desterrar y explican que “vuelve a resurgir con los discursos del odio: el ‘algo habrán hecho’ o ‘la polícia no mata porque sí’”. Tal es el caso de Luciano Cabello, el joven que en noviembre de 2015 recibió tres disparos por parte del oficial Ayala de la, entonces, Policía Metropolitana, quedando en estado de cuadriplejia. Las justificaciones del accionar del agente vinieron de la mano de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, por entonces era vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien alegó que Ayala había accionado en un supuesto marco de violencia de género. Lo insólito de sus declaraciones es que fueron desmentidas por la mujer de Cabello, la supuesta denunciante. 

El juicio contra Ayala se llevó a cabo en 2019, y lo condenaron a 16 años de prisión en diciembre de ese año, pero aún así está libre porque la Cámara de Casación aún no se expidió sobre el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la condena no está firme. Dice la abogada del caso que “si vos tenés que querellar a alguien en una situación de empate con la defensa partís de 0. Contra un policía, un gendarme, un prefecto, un servicio penitenciario no arrancàs de cero, arrancás de -8500”. 

Ayer, en el marco de un doloroso reclamo por justicia, se llevó a cabo frente a Tribunales una congregación por el asesinato de Lucas González. Este martes, a las 15, se llevará a cabo en Av. de Mayo y 9 de Julio la quinta Marcha de la Gorra organizada por la CORREPI. Habrá un amplio arco de organizaciones convocadas, y se leerá un documento consensuado. El primordial reclamo es contra la violencia institucional que se carga con las muertes de personas, día tras día. El informe oficial de la Coordinadora hasta ahora presenta cifras récord, con 537 muertes donde no es el gatillo fácil lo que más aumentó sino las muertes en lugares de detención por covid-19. La situación es crítica, concluye Verdú: “Tenemos la falacia de un país que tiene un Código Penal que dice que no existe la pena de muerte, pero a punta de (pistola) reglamentaria está decidida por policías en la calle”.

«Los chicos fueron víctimas de la policía»

«Los chicos fueron víctimas de la policía»

El juez Alejandro Cilleruelo sobreseyó a los amigos de Lucas González, quienes habían sido imputados como coartada para salvar a los policías responsables del asesinato del joven futbolista. Los padres de la víctima convocaron a una marcha para el lunes y tres miembros de la fuerza fueron puestos a disponibilidad.

El inspector Gabriel Alejandro Isassi, el mayor Fabián López y el oficial José Nievas, responsables de la muerte del joven futbolista Lucas González, fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, aún no pesa sobre ellos orden de arresto. 

La familia de Lucas será representada legalmente por el abogado Gregorio Dalbon, quien enfatizó que este tipo de hechos delictivos no pueden pasar en democracia, e hizo un llamado a todos aquellos que tienen hijos para salir a marchar con una vela en la mano el próximo lunes 22 a las 19, frente al Palacio de Tribunales, para exigir justicia y que nunca más haya casos de gatillo fácil. 

Las muestras de apoyo a las familias llegaron de todos lados, incluidos muchos clubes de fútbol. La AFA, a su vez, declaró tres días de duelo en juveniles. Lo mismo hizo el club Barracas Central, del que Lucas era parte, que además colgó una bandera con la exigencia de justicia por su asesinato. También se solidarizaron diversos organismos de Derechos Humanos. 

Ni el jefe de Gobierno, ni su ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro, ni el mandamás de la Policía pudieron explicar aún por qué sus dirigidos iban de civil, en un auto que no era oficial y dispararon sin identificarse ni dar la voz de alto.

A través de sus redes sociales, enviaron condolencias tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernandez, como el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien había lanzado la Policía de la Ciudad hace cinco años en la misma comisaría donde se desempeñaban los tres responsables de la muerte de Lucas González, quienes iban de civil, bajaron de un auto particular y dispararon sin piedad a cuatro adolescentes que regresaban de una práctica de fútbol. Ni el jefe de Gobierno, ni su ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro, ni el mandamás de la Policía pudieron explicar aún por qué sus dirigidos iban de civil, en un auto que no era oficial y dispararon sin identificarse ni dar la voz de alto.

A raíz de lo sucedido, la abogada y activista trans, Cristina Montserrat Hendrickse, abrió una convocatoria para juntar firmas y así poder presentar un proyecto de ley -que llamó Ley Lucas- que prohíba actuar de civil a la Policía de la Ciudad, que ya acumula una importante cantidad de casos de gatillo fácil en sus escasos cinco años de vida.

Los tres amigos de Lucas, a los que se les había iniciado una causa caratulada como Tentativa y Resistencia a la Autoridad como coartada para salvar a los policías y por la cual los adolescentes pasaron la noche detenidos, fueron sobreseídos por el Juez Alejandro Cilleruelo quien afirmó que los chicos  “fueron víctimas de la policía” y su abogada Lorena Blanco afirmó a ANCCOM: “Yo vi a la mamá de Joaquin llorar acostada en el piso de la puerta del Instituto de Menores porque no la dejaban pasar a ver a su hijo, por ese momento no más yo iría hasta las últimas consecuencias. No puedo, ni siquiera imaginar lo que fue la noche de la mama de Lucas. Esto no puede pasar, todos tenemos que terminar con el gatillo fácil en la Argentina y con la impunidad de los policías”. 

Los papás de Lucas decidieron donar los órganos de su hijo “para que él siga viviendo en otros”, agradecieron a los medios y pidieron a la sociedad   que no les suelten la mano. Su mamá, en medio de la conferencia de prensa, le habló a los policías que la estaban mirando sentados desde su casa: “Aunque me lleve toda la vida, esto no va a quedar así”. Su papá, que cada tanto se secaba las lágrimas y trataba de demostrar fortaleza, aseguró: “Mi hijo entraba a una villa con respeto, porque nosotros se lo enseñamos y salía con respeto. Yo tenía miedo de la villa, pero me equivoqué, porque el que me lo mató fue el que me lo tenia que cuidar”. Y continuó diciendo: “Que esos policías se preparen, que les remuerda la conciencia, porque voy a ir hasta las últimas consecuencias, que no se queden tranquilos”.  

La marcha de la bronca

La marcha de la bronca

Encabezada por los amigos de Lucas González, el pibe de 17 baleado por la policía porteña, una columna de manifestantes marchó hasta la puerta de la comisaría 30, a la que pertenecen los tres policías detenidos por el asesinato. En esa misma dependencia, Horacio Rodríguez Larreta había lanzado hace cinco años la Policía de la Ciudad.

La concentración se largó en la avenida  Vélez Sarsfield e Iriarte, el jueves, a las 17. La gente marchaba a la comisaría 30, ubicada en California al 1800, de Barracas. En ella se desempeñan los responsables de la muerte de Lucas González, de 17 años, que volvía de entrenar en el Barracas Central, con sus amigos.

La historia ya se conoce pero no por la policía. Lucas fue baleado en la cabeza, uno de sus amigos logró escapar y los otros dos, con el herido, quedaron detenidos. Lucas con custodia y las dos balas en la cabeza en el hospital Penna, y ellos en el Instituto de Menores Inchausti, donde fueron maltratados, estigmatizados y  tratados como delincuentes: “¿De qué trabaja tu papá?”, “¿Dónde vivís?”, “¿Si no sos chorro porque te vestís así?”. Tres policías finalmente resultaron detenidos por orden del juez de menores Alejandro Cilleruello, y fueron trasladados al destacamento de la Federal en Madariaga.

Las columnas de la marcha estaban encabezadas por compañeros del club, vecinos y familiares de víctimas del gatillo fácil. Algunos pudieron hacer carteles en los que se leían los pedidos: “Personal de la Policía culpables”, “Justicia por los pibes”, “Que paguen los culpables, tenía toda la vida por delante”,  “Fuerza Lucas y familia”. La gente salía de los balcones y aplaudía, los comerciantes lloraban en las puertas de sus locales y los autos tocaban bocinazos haciéndose oír, para pedir “basta de pibes muertos”. 

Sus compañeros estaban con la camiseta del club puesta y sus amigos viajaron desde Florencio Varela, luego de acompañarlo todo el día en el Hospital El Cruce, donde a las seis de la tarde fallecería rodeado de sus padres. 

 Sus amigos, al enterarse de la confirmación de la muerte  por un periodista en medio de la marcha, salieron corriendo hacia Varela para estar todos juntos. Los que se quedaron solo pudieron cruzar los brazos, y fijar la mirada en las vallas que cuidaban la comisaría donde hace  exactamente 5 años Horacio Rodríguez Larreta inauguraba “la nueva” Policía de la Ciudad. 

 A todo esto, no paraban de llegar policías a la comisaría, pero sin enfrentarse a los manifestantes que los insultaban, les pegaban carteles al vallado, y les repetían de lejos que eran asesinos. «Las balas que vos tiraste van a volver», cantaban los familiares de aquellos que no están por culpa de la policía hace tiempo, con furia y enojo como si la herida no sanara. Gritaban una y otra vez, «Lucas» y la multitud con la voz rota contestaba «presente». Una mujer que en cada grito se se le hinchaban las venas de dolor y bronca continuaba: «Ahora…y siempre», y contestaban aquellos que pudieron transformar la tristeza en furia para seguir peleando; mientras los chicos del club Barracas Central solo se secaban las lágrimas y se abrazaban sin poder decir nada.

 

La policía porteña no pierde el hábito del gatillo fácil

La policía porteña no pierde el hábito del gatillo fácil

Lucas González, 17 años, jugador del Barracas Central, volvía con tres amigos de un entrenamiento y fue baleado por policías de la comisaría vecinal 4C en Barracas. Difundieron la versión de un enfrentamiento pero la familia desmiente a gritos y denuncia el gatillo fácil. Los médicos diagnosticaron muerte cerebral.

 

Lucas González está internado con dos proyectiles en la cabeza disparados por agentes de civil de la Policía de la Ciudad, y con diagnóstico de muerte cerebral, en el Hospital El Cruce, de Varela. Lucas tiene 17 años y es jugador de la 6ª división del Barracas Central.

Ayer, volvía a su casa después de un entrenamiento en Barracas Central con tres amigos. Vive en Varela y como tenía que estar en su casa a más tardar a las 11.40 para almorzar, y las mamás no los podían buscar, se volvió con los amigos en una Suran blanca.

Pasadas las 9.30 Lucas fue baleado. Cinco horas después, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, homenajeaba a la Policía de la Ciudad al cumplir 5 años de su creación.

El relato de uno de los pibes a las familias cuenta una versión diametralmente a la que la policía difunde a través de los medios. La policía habló de una persecución con enfrentamiento a los tiros, de un prófugo y tres detenidos, uno de ellos herido de bala en la cabeza.

Pero ni persecución, ni enfrentamiento. Los pibes fueron interceptados en una esquina de la calle Luzuriaga, en Barracas, por un auto particular en el que viajaban policías de civil (una brigada de investigaciones de la comisaría vecinal 4C se supo después). 

Los familiares aseguraron que como no son autos de policía, pensaron que les iban a robar porque se bajaron apuntándoles. Uno de los chicos se bajó pensando eso y escapó a su casa. En los medios se dijo que el chico se fugó. Cuando la madre vio la tele lo llevó a la comisaría para que explicara lo que había pasado. Entonces, la información que circuló en los medios fue que se había entregado el delincuente prófugo, acompañado de que habían encontrado un arma.

El arma encontrada de juguete tenía las huellas de Lucas González, herido de dos balazos en la cabeza. Pero Cintia, la mamá de Lucas, aseguró que el arma fue plantada y que era imposible que la hubiera visto la policía en la supuesta persecución porque dijeron que la habían encontrado en el baúl.

Lucas fue trasladado al Hospital Penna, en Parque Patricios, como un delincuente detenido, y horas después fue derivado al Hospital El Cruce, en Varela. Pese a que es menor de 18, en el Penna no dejaron pasar a sus padres, que lloraban desesperados al ver a su hijo tirado en una camilla en un pasillo, sin recibir atención y siendo tratado como “el chorrito», por como estaba vestido, denunció Javier, el papá.

De los otros tres amigos, el que logró escapar y los otros dos que habían sido detenidos y luego liberados por orden del juez de Menores 4, Alejandro Cilleruelo, no se sabe nada. El padre de uno de ellos dijo a la prensa que se encuentran aislados y en estado de shock.

Cintia y Javier denuncian gatillo fácil, desmienten la versión policial, e intentaban organizar una marcha para esta tarde en Parque Patricios.

Lucas fue diagnosticado con muerte cerebral y está acompañado por familiares y amigos, que reclaman justicia.