«No quiero sacar mi escopeta y tirarle a un docente»

«No quiero sacar mi escopeta y tirarle a un docente»

Un gendarme amenazó a los docentes misioneros que cortaban la ruta en demanda de mejoras salariales y de infraestructura. Son los maestros peores pagos del país.

Marcha docente en la jornada de paro general del 9 de mayo. 

Los docentes de la provincia de Misiones se encuentran, una vez más, reclamando mejoras salariales al gobierno de Hugo Passalacqua. Este conflicto se viene gestando desde antes del ciclo lectivo actual, cuando ninguno de los sindicatos decidió firmar el aumento propuesto por el gobierno, que se terminó aprobando a través de un decreto. Hubo escenas de tensión en los cortes de ruta cuando un gendarme amenazó a los maestros.

Con boletas de luz que significan la mitad de sus salarios, presupuestos ínfimos para comedores y con escuelas que se caen -literalmente- a pedazos, los gremios denuncian que la situación es alarmante y que, lejos de sentirse comprendidos, se sienten señalados, perseguidos y castigados. Por eso hace varias semanas se encuentran desplegando un plan de lucha en toda la provincia, con paros en sus lugares de trabajo, asambleas y cortes de ruta.

En ese marco, el pasado miércoles a la altura de San Vicente, docentes autoconvocados sufrieron las amenazas de un gendarme durante uno de los cortes. El uniformado, aún no identificado, se acercó a los docentes pidiéndoles llegar a un acuerdo, pero de manera instantánea, y en un aparente intento de aplicar el protocolo institucional propuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los amenazó con el desalojo y la violencia física: “Lo que yo no quiero es sacar mi escopeta y tirarle a un docente”, exclamó, y quedó registrado en un video que luego se viralizó en redes y generó el repudio de toda la comunidad. Ante la amenaza, el grupo de docentes gritó que eso no era legal ni necesario porque el corte se estaba llevando a cabo de manera pacífica, dejando lugar al paso de ambulancias. 

La provincia peor paga

Actualmente, un maestro que recién se inicia en la docencia misionera percibe un sueldo de no más de 250.000 pesos, tres veces menos que los 773.000 que reclaman los gremios. “Desde noviembre hasta acá perdimos más de un 100% con respecto a la inflación y ya estamos por debajo de la indigencia”, denuncia Leandro Sánchez, secretario general de Utem (Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones). Por su parte, Estela Mari Genesini, secretaria general de Udnam (Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones), agrega que el dinero existe, solo que no es repartido entre los docentes. “Misiones es una provincia que recibe recursos permanentemente de Nación, aún así somos los peores pagos. Hay una situación muy clara, una decisión política de no pagar y castigar”, dice.

El lunes 13 de mayo, los sindicatos fueron invitados a una mesa de diálogo para debatir el aumento salarial, pero no llegaron a un acuerdo. Los maestros dijeron que se sienten ninguneados porque asistió a la reunión Adolfo Safrán, ministro de Economía de la provincia, por lo que el encuentro, según los docentes, carecía de contenido. Ese mismo día y en las afueras del recinto, se reunió mucha gente que luego caminó hasta el puente que une Misiones con Paraguay, en protesta por lo sucedido. A partir de allí, las protestas se intensificaron. «Sabemos que los cortes son una medida que genera malestar en la sociedad. Terminamos enfrentados pobres contra pobres, pero el gobierno nos obliga a salir a las calles porque la gente está desesperada, no da más», explica Genesini.

Los docentes también exigen por la situación edilicia y denuncian escuelas que se inundan, con paredes repletas de humedad, y obras paradas desde noviembre de 2023: «La educación en Misiones se cae a pedazos, en lo salarial, pero en lo infraestructural también», sostiene Genesini.

Mientras el cartel que indica el ingreso a la provincia de Misiones reza “bienvenidos a la primera provincia Start Up de la Argentina”, en reemplazo del mítico letrero que anunciaba la llegada “a la tierra colorada”, e intenta instalar el relato de una provincia tecnológica, con escuelas inteligentes y robóticas, lo cierto es que solo muy pocos acuden a estos centros educativos. “La realidad es que el resto de las escuelas misioneras están sumidas en la pobreza y el abandono”, agrega la dirigente. Antes, eran los docentes quienes intentaban suplir el abandono del Estado, pero ahora, con salarios totalmente licuados por la inflación, ya no pueden.

Además, los maestros también denuncian por el dinero destinado a los comedores: “Tenemos un presupuesto de 220 pesos por alumno, en jornada completa, cuando por cada estudiante universitario envían 1200. Esa brecha también es parte de nuestro reclamo”, sostiene Sánchez, mientras añade que Misiones no escapa al empobrecimiento de los niños que existe en este país, por lo que el presupuesto es cada vez menor, pero la demanda mayor.

Los sindicatos también acusan persecución de parte de las autoridades, quienes intentan negar el conflicto salarial. “Ellos amenazan mucho con descuentos por días de huelgas, pero lo cierto es que la gente ahorra más no yendo a trabajar, por el tema del combustible y los pasajes, que por esos descuentos que ellos puedan llegar a hacer”, afirma Genesini.

Con todo, en este conflicto hubo algunas “pequeñas victorias” gremiales. Hasta el pasado viernes 10 de mayo, en la provincia del norte regía la Resolución 241/24 del Consejo General de Educación (CGE), que incluía dos artículos que la comunidad educativa logró dar de baja, uno que establecía que si un docente titular obtenía licencia por 15 días, no fuera reemplazado, y otro que sustituía los 15 días brindados de reposo ante alguna enfermedad, por 14 días. «Todos los docentes afiliados, aún los más partidarios, salieron a las calles en rechazo a estos dos artículos. Al gobierno no le quedó otra que dejar sin efecto esa resolución”, señala la Secretaria General de Udnam.

¿Cómo sigue?

Mientras la huelga continúa, con asambleas, paros y cortes, los docentes aguardan al próximo martes, cuando serán recibidos por el gobierno para volver a conversar sobre este conflicto. Genesini (Udnam) cuenta que existirá otra reunión previa, un día antes, con los sindicatos más allegados a las autoridades, y teme que los dejen afuera de lo que vayan a negociar. Por su parte, Sánchez (Utem) afirma que, hasta ahora, solo han recibido ofertas insuficientes y, si se guía por lo ofrecido a los policías, quienes también se encuentran peleando por su salario, su presentimiento parece estar justificado. 

En síntesis, en un país donde 7 de cada 10 niños son pobres y la educación es fuertemente desfinanciada, Misiones, lejos de ser una excepción, contribuye a esa regla. Por más que el gobierno intenta instalar la instalación de escuelas “inteligentes”, los docentes pierden cada vez más su poder adquisitivo.

 

Cinco siglos igual

Cinco siglos igual

Tras 14 años de funcionamiento del jardín intercultural Wawa Huasi, el Gobierno de Jujuy afirma que la educación bilingüe adoctrina y ordenó cerrarlo.

El Instituto Infantil Intercultural Bilingüe Wawa Huasi se encuentra ubicado en La Quiaca, en la frontera con Bolivia. Abrió sus puertas el 7 de junio de 2010 por la iniciativa de docentes indígenas, quienes han recibido muchos premios en distintas ferias de ciencias en representación de la Puna y la Quebrada.
Hoy el cielo se volvió gris para esta comunidad porque la Secretaría de Educación de Jujuy rechazó su admisión al sistema educativo formal y notificó que debía cerrar sus puertas.
El Wawa Huasi es el único jardín comunitario y bilingüe en todo el país, donde se dictan clases en idioma español y en quechua. Es administrado por la Comunidad Originaria Natividad Quispe. Actualmente cuenta con una matrícula de 150 niños y niñas, con edades entre los dos y los cinco años, y trabajan 15 maestras.
La determinación, emitida a través de la resolución 763 por parte del Ministerio de Educación de Jujuy, fue oficialmente anunciada el 25 de abril. En ese contexto, Julio Alarcón, secretario de Políticas Socioeducativas de esa cartera, dijo que “la educación bilingüe adoctrina”.

 

Desde la perspectiva de la Comunidad Natividad Quispe, esta medida es un acto de represalia por su participación en la resistencia activa contra la reforma constitucional promovida por el exgobernador Gerardo Morales durante el año pasado.
En tanto, el Ministerio de Educación afirma que el jardín funciona en el antiguo terreno de la estación ferroviaria del Ferrocarril General Belgrano y asegura que los responsables de Wawa Huasi «persisten en no cumplir con los requisitos necesarios para su aprobación». Este argumento fue rechazado por la directora del jardín, Vilma Llampa, en diálogo con ANCCOM: “El jardín lo cierran supuestamente por condiciones edilicias que no serían favorables para los pequeños, pero contamos con todos los papeles y requerimientos que se necesita para tener una institución.”
Con tristeza e impotencia en su voz, Llampa agregó: “Estamos muy sorprendidos y afectados con esta situación, ya que se destaca por ser un jardín intercultural bilingüe que trabaja específicamente con valores y nuestra cultura ancestral y nuestras comunidades originarias de San Salvador de Jujuy”.

Al conocer la novedad, padres y madres de los 150 alumnos del Wawa Huasi se reunieron y consensuaron que la institución no podía cerrarse. También solicitaron la presencia de la ministra de Educación, Miram Serrano, para que brinde explicaciones sobre la decisión tomada.
Vilma Llampa contó que cada gobierno que visita el jardín sabe la forma de trabajar y cómo funciona. Además, recordó que el exgobernador Morales se había comprometido a construir un edificio nuevo para la institución y con ese fin la comunidad ya donó el terreno. Mientras se edificaba este edificio, el Wawa Huasi iba a seguir trabajando con normalidad. “Ese era el acuerdo”, sostuvo.
En relación a la justificación del cierre, Llampa respondió que tienen “las pruebas dentro del jardín de que presentamos reiteradas veces, todos los años todo lo que corresponde en cuanto a documentación específica”.

Desde el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, el coordinador de la provincia, Jorge Angulo, vinculó el pedido de cierre de la institución a una acción de persecución del gobierno jujeño contra las comunidades indígenas que aportaron su cuerpo a las protestas en 2023.
Por su parte, la diputada provincial del FIT U Natalia Morales expresó que “sucedió lo mismo con la Escuela de Idiomas y escuelas rurales, la variable de ataque es la educación pública y lo hace la UCR”. La legisladora destacó que “el Ministerio de Educación usó al jardín como ejemplo de la única experiencia nacional intercultural, pero ahora lo ataca”. La semana pasada Morales acompañó a la directora y a la comunidad cuando fueron a la Legislatura para ser escuchadas.

«Este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación»

«Este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación»

Una multitud con escasos precedentes inundó el centro porteño para cerrar la Marcha Federal Universitaria en reclamo de la actualización presupuestaria y la mejora salarial para la educación de nivel superior. Docentes, auxiliares, graduados y estudiantes se movilizaron, además, en las principales ciudades de todo el país en rechazo al ajuste educativo que propone el gobierno de Javier Milei.

El presupuesto universitario de este año es el más bajo desde que se tiene registro: se cuenta con un 72% menos de recursos con respecto al año pasado. Así, casi un millón de personas -según el Frente Gremial Universitario- llenaron las calles entre Congreso y Plaza de Mayo y miles en Córdoba, Rosario, Santiago del Estero, Mar del Plata, Jujuy, Ushuaia y Misiones, entre otras localidades, porque las universidades se quedan sin presupuesto en mayo.

Docentes, auxiliares, graduados, estudiantes y autoridades educativas de todos los niveles llamaron a un “Trenazo educativo”. Desde el mediodía, oleadas de personas ingresaban desde las terminales de Constitución y Retiro. En las estaciones, los centros de estudiantes secundarios abrían sus banderas: acá se defiende el derecho al futuro. 

“Las hermanas no se cogen y el presupuesto no se corta”, rezaba un cartel en una esquina apretada de Sáenz Peña. El gobierno nacional aumentó un 70% los gastos de funcionamiento luego del anuncio de la marcha de hoy, sin embargo no es suficiente: representa sólo el 5%. “Más del 90% de lo que el Estado destina a la Educación Superior está dirigido a salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación”, detallaba el documento de la manifestación.

Cynthia Valladares, trabajadora social, egresada de Facultad de Ciencias Sociales UBA recordaba que la Ley Nacional 27204 responsabiliza al Estado nacional como garante indelegable de la Educación Superior, prohíbe cualquier tipo de arancelamiento y caracteriza a la educación y al conocimiento como bien público. 

“Me conmueve desde mi historia personal: no hubiera podido estudiar si no era con la universidad pública”, lagrimeó Valladares. Desde hace doce años, trabaja en la Dirección de becas de la Universidad: “Lo que estamos viviendo es tremendo. Si no hay presupuesto, no hay para becar a esos estudiantes que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que no tengan la posibilidad de estudiar”.

En la universidad que gestó el Cordobazo, la Universidad de Córdoba, tuvieron que paralizar obras y arreglos para mantener becas y subsidiar el comedor para sus más de 120 mil estudiantes. En la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, debieron frenarse las obras que se estaban ejecutando en el edificio de la calle Santiago del Estero, en Constitución. Y la lista, sigue.

En medio de la movilización, a la columna del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras se sumaron cinco estudiantes extranjeras de Ciencias Económicas. Si se hubiera aprobado la Ley de Bases, tendrían que pagar por sus estudios.

Los institutos superiores de formación docente también se hicieron presentes. El recorte a las universidades hace peligrar todos los niveles de educación nacionales. En la mirada las caras de sus estudiantes no había bronca, sino un deseo de protección.

“A ver, a ver/ quién dirige la batuta/ les estudiantes/ o el gobierno hijo de yuta”, gritaban al cruzar las calles. Una docente de menos de 30 miraba preocupada a las motos y autos que esperaban para cruzar después de las columnas que iban hacia el Congreso. “Chicos, apuren para cruzar, dale, que se me cortó la suplencia y ya no tengo obra social”, dijo un poco en broma, un poco en serio mirando con los ojos de huevo frito.

A las 15, en la Plaza Congreso, las constituciones nacionales se movían al ritmo de “Che peluca compadre, la concha de tu madre/ Nos cagamos de hambre/ Nos mandas a la yuta/ Nos sacas el presupuesto/ Sos un hijo de puta”. Las canciones y los insultos se hilaban a través de las cuadras. “Mínimo una puteada para estos que nos quieren sacar la universidad”, decía Facundo, estudiante que está haciendo la tesis para poder terminar sus estudios y siente temblar su graduación.

Por avenida Rivadavia, cuando las veredas se distendían, una familia se fundía en un abrazo. De sus cuellos colgaban los carteles del ascenso social: “Papá – albañil”, “Mamá – ama de casa” e “Hija – profesional universitaria”. La hija ya de más de 40 años, sonreía ampliamente, pero sus ojos tenían un fuerte dejo de nostalgia y temor sobre el futuro. 

En la Plaza de Mayo el hit era «que lo traigan al gorila de Milei para que vea, que este pueblo no cambia de ideas, pelea, pelea, por la educación». De repente se interrumpe. El Himno Nacional comenzaba a sonar por los altavoces. “La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Somos la universidad pública para todo el pueblo argentino”, sostuvo desde el escenario Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En la columna de CONADU, la Federación de Docentes Universitarios, se poblaba de remeras con la leyenda “La universidad pública cambia vidas”. Entre ellos, una joven sostenía el cartel “¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo?”. Sus amigas levantaban copias de la novela 1984. La distopía de Orwell se siente cada vez más cerca: “Te la venden cambiada: te dicen A, pero hacen B. Lo menos que quieren es que seamos libres”. Más cerca de Plaza de Mayo, estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata tenían libros de historia. Las leyes se cubren de la sangre seca de los pueblos, pero ellas no quieren que la sangre sea olvidada ni derramada en vano.

“Olé, olé/ el que no salta/ votó a Milei”, cantaban con bombos desde las agrupaciones estudiantiles y los pies se levantaban masivamente hasta el cielo. Aunque, algunos movían la cabeza tímidamente y miraban hacia abajo con la culpa de haber prendido fuego la paja. “Había venido a las vigilias por el aborto: esta es mi primera movilización más política. Estudiantil también: es que la facultad nunca estuvo en riesgo”, ríe con dolor Ariana, estudiante avanzada de Arquitectura.

De cordón a cordón, la avenida de Mayo rebalsaba. Los centros de estudiantes del lado derecho y los funcionarios de cada universidad a su costado. Las diferencias que plantea el gobierno nacional entre los decanatos y el estudiantado no son tales ni tantas porque codo a codo buscan proteger su casa común. Cada tanto, entre cánticos, explotan saludos intercambiados de las distintas columnas. “Te hacen creer que tu país es una mierda para que no lo defiendas cuando lo destruyan”, sostenía un cartel negro de letras blancas.

En sintonía, el discurso en el escenario decía: “Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permita a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres”. Ahora, es tarea de todos defenderla.

La crisis universitaria, de norte a sur

La crisis universitaria, de norte a sur

Funcionarios de cinco universidades nacionales de distintos puntos cardinales explican la situación presupuestaria que atraviesan tras el ajuste del Gobierno de Javier Milei. Todas marchan este martes en una movilización que para muchos será histórica.

Las impactantes imágenes de cortes de luz, cierre de aulas, reducción en el funcionamiento de ascensores y la dificultad para hacer frente al pago de servicios básicos son reflejo de la seria crisis presupuestaria que atraviesan las 62 universidades públicas nacionales. Siguiendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto de la educación superior disminuyó un 76% respecto al año anterior. A pesar de las medidas preventivas para amortiguar gastos e intentar solventarse con un presupuesto abismalmente atrasado con respecto a la inflación, algunas instituciones anticipan la posibilidad de cierre para la mitad del año lectivo.

Frente a la negación del gobierno a entablar un diálogo con las instituciones y bajo la consigna “En defensa de la educación pública”, el CIN convocó a una marcha federal el próximo martes 23 junto al Frente Sindical Universitario. El Consejo insta a que se adhieran todas las instituciones comprometidas con la educación y aclararon que la marcha es “una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional”.

La convocatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estipuló para las 15:30 horas en el Congreso de la Nación, para comenzar a marchar desde allí hasta Plaza de Mayo. A las 18 horas se hará lectura de un documento fuera de la Casa Rosada.

La crisis presupuestaria impacta a lo largo y ancho de todo el país. Con el fin de explorar cómo se está experimentando la lucha por el financiamiento universitario en diferentes regiones de la Argentina, ANCCOM conversó con representantes de cinco instituciones públicas localizadas en diferentes provincias: la Universidad Nacional del Litoral; la Universidad de Salta; la Universidad del Comahue; la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Avellaneda.

Universidad Nacional del Litoral

Este año, el sistema universitario ha sido financiado mediante la asignación del mismo presupuesto del año anterior, una medida contemplada en la Ley de Administración Financiera. Según explicó Germán Bonino, Secretario de Gestión y Administración Presupuestaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), esto significa que el presupuesto que reciben las instituciones hoy se ha calculado en septiembre del año 2022 y fue pensado para el 2023. De esta forma, “hoy recibimos el mismo monto nominal que el año pasado, pero la inflación es de más del 280%. No estamos en caos pero es una situación crítica, si siguen estas condiciones no vamos a llegar a fin de año”, declaró el secretario.

A esta estrategia de desfinanciamiento se le agrega la quita de subsidios y el incremento de las tarifas de servicios públicos, principalmente de la luz. “En la UNL, la última factura de luz fue de 100 millones de pesos y recibimos 141 millones en total para todos los gastos. Con la diferencia hay que pagar las becas, el mantenimiento de las facultades, llevar adelante las obras públicas, los proyectos de investigación y extensión, hasta las fotocopias para los éxamenes. Claramente no alcanza”, confirmó Bonino.

La Universidad Nacional del Litoral tiene alrededor de 60.000 alumnos y nuclea estudiantes tanto de la provincia de Santa Fe como de Entre Ríos. Es un nodo central de la economía santafecina por la cantidad de jóvenes que estudian allí, por los proyectos y el conocimiento que genera y por los egresados que se insertan como profesionales de diversas áreas.

Otra dificultad que encuentran los administrativos de las universidades del país es la imposibilidad de proyección en los próximos meses, ya que se desconoce el presupuesto asignado para el resto del año. Sobre esto, el encargado del presupuesto de la UNL aclaró: “No sabemos cuánto va a llegar mes a mes. Eso es algo que estamos reclamando desde las universidades. Necesitamos saber con qué disponemos, sea mucho o poco”.

Universidad Nacional de Salta

Las acciones preventivas para controlar los gastos fueron adoptadas por la mayoría de las universidades, incluyendo la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Su vicerrector, Nicolás Innamorato, expresó su preocupación por la gestión gubernamental de la situación: “Hemos implementado medidas, al igual que todas las universidades nacionales, pero son insuficientes. La crisis debe ser manejada de otra forma. La educación bajo ningún punto de vista puede ser recortada porque no es un ‘gasto excesivo’ o ‘inútil’ como dice el presidente. Son inversiones para el crecimiento de la sociedad en su totalidad”.

La UNSa tiene aproximadamente 80.000 estudiantes, cuenta con cuatro centros de investigación en conjunto con el CONICET y está trabajando en 300 proyectos que se vuelcan para la mejora de la comunidad. Para Innamorato, el rol que juegan los establecimientos de educación pública superior del país en el crecimiento social es esencial: “La única institución en el país que genera una movilidad social ascendente es la universidad nacional, pública y gratuita. Se perjudica, entonces, a todos los ciudadanos argentinos que de una forma u otra se ven beneficiados con una carrera o con una actividad dentro de la universidad”.

El vicerrector criticó la falta de plan del Gobierno para revertir o mejorar la situación en la que se encuentran. “A pesar de tener una comunicación fluida con las autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, hasta el momento ni siquiera nos mostraron una planificación para el año 2024; y esto nos preocupa mucho. La mezcla de insensibilidad en cuanto al diálogo sumado a la incertidumbre por parte de los organismos oficiales es lo que genera mayor impacto”, declaró Innamorato.

Universidad Nacional del Comahue

La Universidad Nacional del Comahue no fue la excepción a la regla: sus directivos tuvieron que tomar medidas de recorte y disminución de las actividades académicas. Beatriz Gentile, rectora de la institución comentó: “Suspendimos la convocatoria a becas de investigación y extensión, redujimos los turnos de limpieza y priorizamos aulas y baños. Hay tasas municipales, deudas de agua u otros servicios que no estamos pagando”.

La Universidad Nacional del Comahue es la más grande en cantidad de alumnos, carreras y extensión territorial de la región patagónica; tiene sedes en diez localidades de dos provincias vecinas, Río Negro y Neuquén, y asisten más de 33.000 estudiantes. Esta institución juega un rol esencial en la democratización de la educación en la Patagonia Norte. “Llegamos a territorios que difícilmente llegue otra institución del Estado. Nos caracteriza esta vocación de ofrecer estudios superiores para todos y todas. Es necesario crear todas las condiciones para que hasta el último chico que está alejado de las ciudades también pueda estudiar en la universidad”, sostuvo la rectora.

Universidad de la Plata

Marilia Fogel, investigadora de Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) de la Universidad Nacional de La Plata conversó con ANCCOM sobre el ataque del Gobierno nacional a las universidades públicas y al sistema científico y tecnológico. La docente afirmó: “Este ataque tiene varias dimensiones, ya que desde lo simbólico se ataca desprestigiando a las universidades instalando el discurso que las universidades son ‘centros de adoctrinamiento’. Esto es una mentira absoluta: en las universidades puede estudiar quien quiera, de todas partes del país y de Latinoamérica. Hay pluralidad de voces y eso se ve en todas las instituciones”.

El impacto del recorte presupuestario afecta gravemente a la enseñanza y el desarrollo de los programas de estudio. Fogel imparte Química General a estudiantes de primer año de licenciaturas en Biología y Geología, una materia que depende de una infraestructura de laboratorios y suministros especiales. «Necesitamos reactivos, guantes y material de laboratorio para llevar a cabo las prácticas. Estamos viendo cómo reciclar lo que tenemos y ajustarnos al presupuesto disponible. Todo esto afecta directamente la calidad educativa, ya que es posible que tengamos que reprogramar o incluso reducir algunas prácticas si la situación no cambia».

Además de los suministros, es crucial mantener la infraestructura existente. «Las carreras con orientación científico-tecnológica necesitan ciertos equipos y dispositivos, como microscopios, que requieren mantenimiento y, en caso de averías, reparación”, comentó Fogel. Además, destacó que existen otros gastos operativos continuos asociados al funcionamiento de las universidades.

Otro punto importante es la imposibilidad de realizar las prácticas y los viajes de campaña obligatorios para cumplir con los planes de estudio. “Los egresados y las egresadas de las carreras de naturales, además de cumplir con la aprobación de las materias, para acreditar la carrera deben tener una cierta cantidad de viajes de campaña que son obligatorios. Estos viajes están contemplados también dentro del presupuesto, por lo que este año esos viajes posiblemente no se realicen”, aseveró Fogel.

Universidad Nacional de Avellaneda

Ricardo Petraglia es el Secretario General de ADUNA, la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y hace énfasis en la problemática de las universidades de menor envergadura al atravesar la crisis. Destacó que las instituciones más nuevas, como es el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), carecen de relaciones que las puedan ayudar a afrontar la crisis, en desventaja con aquellos establecimientos más antiguos que ya han atravesado situaciones similares. “No es lo mismo ir a pelear el presupuesto siendo una universidad con una tradición y una capacidad de presión de años. A las universidades nuevas les llevará un tiempo para que eso ocurra. Para ello, es importante que el sistema universitario entienda las universidades nos necesitamos entre todas”, agregó Petraglia.

La UNDAV surgió en el año 2011 como un plan para enriquecer la cultura y la educación del partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Si bien cuenta con seis departamentos orientados a diferentes áreas, el secretario afirmó que la UNDAV no tiene desarrollado un plan de otras formas de ingreso como los posgrados o los trabajos a terceros que le ayuden a hacer frente a la crisis.

Petraglia se mostró preocupado sobre la situación del salario docente. “El ajuste en sueldos más grande que había tenido la universidad fue durante el gobierno de Mauricio Macri, de entre 15 y 20 puntos. Ahora, en los primeros cuatro meses del gobierno actual, ya estamos en más del doble”. Remarcó que el ajuste presupuestario no se está dando de forma aislada sobre las universidades sino que “es parte de un ajuste que se está haciendo en toda la sociedad argentina y particularmente sobre el pueblo trabajador”.

De cara a la movilización del 23 de abril, el secretario dejó en claro: “Si bien las expectativas sobre la movilización son muy grandes, la marcha será sólo el inicio de un proceso de lucha que probablemente sea largo”. Finalmente, manifestó la importancia de mantener la unidad de los trabajadores, de los claustros y de las autoridades para defender la educación pública en Argentina.

Frente a la decisión del gobierno de Javier Milei de desfinanciar el sistema universitario nacional, las universidades de todo el territorio convocan a marchar el martes 23 de abril en defensa de la educación pública, libre, laica, no arancelada y de calidad.