El aumento del presupuesto universitario es ley

El aumento del presupuesto universitario es ley

Sep 13, 2024 | Destacado 1, Vidas políticas

Tras una larga jornada en la que se aprobó el proyecto de boleta única y se rechazó el DNU que incrementa exponencialmente los gastos secretos de inteligencia, también se votó la declaración de emergencia de las universidades nacionales, con el consecuente aumento de los gastos de funcionamiento y la actualización salarial de docentes y no docentes. El Ejecutivo amenaza con un nuevo veto.

Tras una sesión intensa dentro del Congreso de la Nación, donde senadores debatieron durante doce horas y aprobaron con cambios el Proyecto de Boleta Única de Papel -teniendo que volver el proyecto a tratarse en la Cámara de Diputados- y también rechazaron por amplia mayoría (49 votos), el DNU que aumentaba los fondos secretos de la SIDE, llegó el turno de la discusión en torno al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que declara la emergencia presupuestaria para el resto del año y la actualización de salarios de docentes y no docentes de manera mensual en línea con la inflación. A las 20:52, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, le cedió la palabra al senador de Unión por la Patria, Eduardo Wado de Pedro, quien eligió retomar una frase del presidente Javier Milei: “si me salen algunas cosas bien, me tienen que dar el premio Nobel”, para afirmar que “los argentinos tienen cinco premios Nobel. Todos ellos se formaron en las universidades nacionales y este proyecto de ley es, también, un homenaje para ellos”.

Sin embargo, la jornada comenzó varias horas antes, por fuera del recinto parlamentario. El reloj marcaba varios minutos después de las 13, el sol asomaba en la vereda frente al Congreso para mantenerse durante el resto de la tarde. La Policía Federal se ubicaba en el cordón de la vereda de enfrente al edificio parlamentario interrumpiendo el abrazo simbólico que planeaban los manifestantes, las primeras banderas se elevaban y los militantes comenzaron a llegar. La convocatoria, realizada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU), estuvo lejos de tener el volumen de la Marcha Universitaria Federal del pasado 23 de abril pero tuvo un fuerte componente en cuanto a representaciones políticas partidarias, universitarias y sindicales.

Aún quedaban rezagos de la movilización del día anterior, donde jubilados y niños fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad; la pintada que reza “Norma Pla! mano a mano a ver quién gana” y carteles pidiendo por el rechazo al veto que todavíano fueron removidos. Sin embargo, el panorama esta vez fue totalmente distinto: la paz reinó desde las 14 cuando el primer disertante tomó la palabra hasta cerca de las 15:30, horario en el que comenzó la desconcentración debido a que el debate del presupuesto fue pospuesto para el final de la jornada.

Sobre el propósito de esta convocatoria fuera del recinto, Mariela Solesio, docente del CBC e integrante de AGD-UBA, argumentó: “Estamos acá para defender la universidad pública. Los docentes se están yendo de la universidad porque no pueden sobrevivir con salarios de indigencia o con salarios de pobreza. Hoy nuestro salario testigo está por debajo de la línea de indigencia, alrededor de 300.000 pesos. Yo, por ejemplo, soy docente del CBC y por un cargo cobro 180.000 pesos. Si tuviera cinco cargos, que es lo máximo que puedo tener en la Universidad de Buenos Aires, estaría cobrando menos de 900.000, es decir, por debajo de la línea de pobreza”. Aunque sin hablar entre ellos y con diez horas de diferencia, Solesio y Martín Lousteau, senador por la Unión Cívica Radical, parecían coincidir: «Los salarios de los docentes cayeron más de un tercio este año. Y el 85 por ciento está por debajo de la línea de la pobreza. El Presidente hace ajustes donde él quiere. Acá estamos hablando de docentes pobres que se van de las universidades», señaló a su turno dentro del recinto.

Quien culminó con las exposiciones fue Ezequiel Atauche, senador por Jujuy de La Libertad Avanza, que eligió hacer un peculiar repaso sobre posgrados y cursos dictados en algunas universidades, atreviéndose a hacer un juicio de valor sobre dichos proyectos educativos para cerrar: “Los docentes tienen que tener buenos salarios y cada vez estamos reconstruyendo más el salario de los argentinos.¿Cómo? Cortando curros para que no gastemos tanto y bajemos la inflación».

Entrada la madrugada del viernes, se pasó a la votación del proyecto de financiamiento universitario, que logró la aprobación en general -con 56 votos afirmativos, 11 negativos y 1 abstención- y en particular de todos sus artículos.

Los senadores de Unión por la Patria y la UCR sabían que tenían que superar los dos tercios y para ello el triunfo debía ser holgado para proyectar una pelea justa ante el posible veto del ejecutivo y lo lograron.»Es central cómo nos posicionemos frente a este tema», había advertido el radical Maximiliano Abad. Fuera del Congreso, ante la amenaza del veto, Marcelo Bornand, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), no dudó: “Consideramos que nuestros sindicatos deberían llamar a un paro general y a una movilización ante un veto que ya damos por descontado. El propio gobierno ya dijo que la va a vetar y la compra de voluntades que tuvo con el veto a la movilidad jubilatoria ya nos da a pensar que los compró para para tener ese tercio que necesita para sostener los vetos y por lo tanto eso lo tenemos que revertir en la calle, con movilización y con lucha. Hay que continuar. Deberíamos iniciar un plan de lucha más fuerte, una nueva marcha federal para conquistar un aumento total del conjunto del presupuesto que son los salarios de quienes sostenemos la universidad día a día”.

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

Sep 3, 2024 | Comunidad, Destacado 1

El gobierno intentó bloquear el ingreso a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo con la policía. La intervención de la rectora Cristina Caamaño logró recomponer la situación. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el Estado no gira fondos para gastos de funcionamiento ni para pagar los sueldos de docentes ni no docentes.

La policía federal bloqueó ayer la puerta de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo impidiendo la salida y entrada de los trabajadores, docentes, rectores y estudiantes al establecimiento; desconociendo la autonomía universitaria. La rectora de la Universidad, Cristina Caamaño, quedó encerrada en el edificio durante más de cuatro horas junto a otros siete trabajadores de la universidad. La situación generó un repudio generalizado y una concentración en las puertas de la institución en apoyo a la comunidad educativa, lo que llevó a la policía a retirarse del establecimiento luego de varios momentos de tensión.

El operativo se llevó a cabo a partir de un mail no oficial, sin sello ni orden judicial. Estaba firmado por el interventor Eduardo Maurizzio que designó el gobierno de Javier Milei.

La rectora Cristina Caamaño, en diálogo con ANCCOM, expresó: “No quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar” y continuó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

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El cordón policial

Cuenta la rectora Caamaño que, a las diez de la mañana del lunes 2 de septiembre, recibió el aviso de los trabajadores de la universidad de que un uniformado no dejaba entrar a una empleada del instituto para realizar sus tareas con normalidad. La rectora fue al establecimiento y cuando llegó “el tipo no me quería dejar entrar por un mail que había recibido de un gmail, no era un mail oficial, era un gmail firmado por el interventor que puso Milei en la universidad, que decía que no quería que entre nadie y el policía dijo ‘porque él viene a cerrar la universidad’”. En ese momento, la policía recibió una llamada, y la rectora junto a otros trabajadores lograron ingresar.

La policía bajó la persiana metálica dejándolos encerrados dentro del edificio. La rectora cuenta que aproximadamente desde las 10.30 hasta las 15.30 no los dejaron salir, por lo que realizó una denuncia judicial por privación ilegítima de la libertad. La comunidad educativa empezó a difundir la situación en redes y en algunos medios de comunicación, como la Radio de las Madres AM 530, lo que resultó en una concentración a las afueras del edificio en apoyo a la institución: “Y empezó a llegar gente. Entonces ellos llamaron a más policías, y llegó la Infantería, con sus escudos, sus cascos y sus aerosoles. Yo ahí me empecé a preocupar porque había muchos estudiantes en la calle, también docentes.” La rectora continuó: “En el edificio solamente había ocho personas, las que habíamos podido entrar, que después no podíamos salir. Los estudiantes y todos estaban en la calle, queriendo entrar y la policía tapando la entrada, haciendo un cordón”.

La rectora se comunicó con un oficial de mayor rango para solucionar la situación y evitar que reprimieran. El policía accedió a retirar a los oficiales exigiendo que el estudiantado no intervenga. “Estaba todo como muy en caliente. Yo hablé con los estudiantes y les pedí que, por favor, dejen pasar a la policía, que no los puteen, que no los insulten, que no los toquen. La cosa es que después de bastante tiempo, cuatro y media la policía se retiró”. Cuenta, además, que invitó al estudiantado a dar una vuelta a la pirámide, como hacen las Madres de Plaza de Mayo durante las rondas de los jueves desde 1977. Los estudiantes accedieron y participaron de la iniciativa mientras la policía se retiraba del lugar.

Sin salarios

“El interventor cobra cinco millones de pesos por mes, mientras los empleados y los docentes de la universidad no cobraron en todo el año ni un peso desde que asumió Milei”, denunció la rectora Caamaño. Desde que gobiernan los libertarios, la universidad no recibió fondos para los gastos de funcionamiento ni para pagar salarios: “Por eso no tenemos en este momento internet, ni servicio de limpieza, entre otras cosas. Por otro lado, no han pagado los sueldos a pesar de la marcha universitaria que fue multitudinaria y que se hizo justamente para eso. Todas las universidades recibieron algo menos la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo”.

Frente a la pregunta del porqué al ahogamiento presupuestario y la intervención directa del gobierno, respondió que “por un lado, este gobierno está en contra de la educación pública y, por el otro lado, están en contra de los derechos humanos porque son negacionistas, reivindicadores de la última dictadura y visitadores de los genocidas. Entonces una universidad que reúne las dos condiciones, que es pública y que además tiene orientación en derechos humanos para ellos es lo peor que les haya pasado, no quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar”. Concluyó: “Yo tampoco le puedo exigir a la gente que venga todos los días a cumplir un horario si hace nueve meses que no cobra”.

La memoria de Hebe

La denuncia por el operativo policial de ayer se suma a otras denuncias y causas en el contencioso administrativo, que se inició a partir de la polémica designación del Ministerio de Capital Humano de Eduardo Maurizzio como interventor en la Universidad. Por el momento, se mantienen activas las medidas cautelares a favor de la Universidad de las Madres y la comunidad educativa, hasta que la justicia dicte su resolución.

La medida que designa como Interventor al funcionario Maurizzio, transgrede la autonomía y autarquía universitaria que establece la Constitución nacional y otras leyes antecesoras, desde el año 1919 y que solo fue interrumpida durante La Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, y La Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, dejando como saldo una feroz represión con estudiantes detenidos, desaparecidos y asesinados por la militares de la dictadura.

Además, cuenta otro episodio reciente en el que el interventor “entró al edificio con una patota de seis personas por el sótano, cuando lo nombraron a él. No entró por la puerta, entró por el edificio de al lado. El sótano comunica con una parte de la universidad que no es el ingreso. Apareció ahí, filmó y los mismos estudiantes le pidieron que se retire”.

El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo fue creado por Ley en el año 2014, como unidad funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde 2015, es reconocida como instituto universitario por el Ministerio de Educación y desde el año 2023 fue aprobada su apertura como Universidad Nacional por el Congreso de la Nación. Sin embargo, su historia data de mucho antes. Fue creada en el año 2000 y comenzó con carreras terciarias y cursos. Desde ese entonces se constituyó como una universidad popular. Cuenta con 2.245 estudiantes y 300 trabajadores docentes y no docentes. La rectora concluyó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

 

“Las escuelas en Neuquén son verdaderas trampas mortales”

“Las escuelas en Neuquén son verdaderas trampas mortales”

Ago 30, 2024 | Destacado 4, Trabajo

Por séptima semana consecutiva, los docenes de Neuquén se encuentran de paro. Reclaman mayores salarios, mejoras en la infraestructura y más presupuesto para el refrigerio de los estudiantes. También hay conflictos en Misiones y Entre Ríos.

Los docentes de Neuquén finalizan su séptima semana de lucha y anuncian la continuidad de las medidas de fuerza frente al silencio del gobierno de Rolando Figueroa. En Misiones y Entre Ríos también están en conflicto.
Los maestros y maestras neuquinos denuncian el grave estado de las escuelas, el ataque al régimen de licencias y las maagras partidas para refrigerios de 140 pesos por alumno.
“El gobierno tiene la política de sentarse a esperar que el paro se deshilache solo. Pero estamos en la séptima semana y tenemos un 75% de acatamiento”, declaró a ANCCOM Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN Capital.
El pasado viernes la asamblea de ATEN acordó un paro de 72 horas que comenzó el martes, jornada en la cual se llevaron adelante volanteadas en rutas. El miércoles se realizó una marcha en Neuquén capital que recorrió desde la Legislatura hasta la Casa de Gobierno, donde estiman que hubo diez mil personas. Hoy se convocó nuevamente a asamblea, donde por mayoría decidió la continuidad del paro para el lunes y martes de la próxima semana.

El reclamo tiene tres ejes. Por un lado, se exige un aumento de las partidas para los refrigerios escolares. “En Neuquén uno de cada dos chicos se va a dormir sin comer”, explica Lagunas. 

También exigen al gobierno un aumento del presupuesto educativo destinado a infraestructura.  Esta semana se llevó a cabo el juicio por la explosión de una escuela en Aguada San Roque, que ocurrió en junio del 2021 y donde fallecieron tres trabajadores en lo que Lagunas llamó “un triple crimen laboral”. Asimismo, el lunes en la Escuela N° 68 del paraje Collipili, al norte de la provincia, explotó un termotanque causándole quemaduras a un auxiliar de servicio.  “Las escuelas son verdaderas trampas mortales, porque no se destina el presupuesto necesario para que estén en condiciones”, alertó la dirigente.

El tercer eje de los reclamos exige la derogación de la Ley  de Adicional al Desarrollo Profesional Docente, que ataca el régimen de licencias y establece un plus salarial para quienes no faltan. Los primeros días de julio antes del receso invernal los docentes neuquinos se encontraban en las aulas luego de haber acordado, al principio del año, un aumento salarial. El gobierno de la provincia presentó, trató y aprobó rápidamente un proyecto de ley en la Legislatura. “Nosotros decimos que es un plus extorsivo, ellos dicen que es para premiar a quienes van todos los días a trabajar”, aclaró la secretaria general. 

La ley plantea un plus salarial del 15% para aquellos docentes que no falten más de tres veces durante un trimestre, sin superar las dos faltas mensuales. También establece un plazo mínimo de cuatro meses de permanencia en el puesto para los suplentes, como condición básica para acceder al régimen de licencias. Lo que sucede es que los plazos de licencias del docente titular no son prorrogables ni acumulativos, por lo cual “el suplente va a ser el eterno suplente de los 30 días. Nunca va a cumplir los cuatro meses, ni hacer uso del régimen de licencia”, explicó Lagunas. 

Con el bono salarial del 15% por presentismo y el descuento a quienes hacen paro, el gobierno provincial busca resolver el ausentismo docente. Desde el sindicato replican que esa no es la herramienta, y que lo que podría resolver el problema sería que una maestra con un sólo cargo pueda tener un sueldo que cubra  la canasta familiar. “Acá el problema es que ni el cuerpo ni la mente se bancan la situación de desgaste que significa la condición laboral que tenemos”, afirmó. 

“En Neuquén uno de cada dos chicos se va a dormir sin comer”, explica Lagunas.

En ese sentido, desde ATEN rechazan la política del Gobierno nacional, acompañada por los dirigentes provinciales, de determinar la educación como un servicio esencial. De acuerdo a la ley, aquellos servicios declarados como esenciales deben garantizar, incluso en jornadas de protesta, que se brinde un 30% del servicio. Esta medida afectaría considerablemente el derecho a huelga y quitaría a los docentes una herramienta de lucha clave: el paro. Además, desde ATEN sostienen que el servicio esencial viene a “dinamitar lo poco que queda de la escuela pública” al definirla como un servicio que se ofrece, se compra y se vende como una mercancía.  “La educación no es un servicio, es un derecho y quienes tienen la obligación de garantizarlo son los Estados nacional y Provincial”, sostuvo la dirigente.

En búsqueda de que los docentes vuelvan a las aulas pero sin proponer una mesa de diálogo, el gobierno provincial abrió una línea de WhatsApp destinada a que padres, familiares, directores y demás trabajadores de las escuelas, informen el estado de las instituciones en los días de paro, como así también qué docentes se adhirieron. Para Lagunas,  lo que busca la medida es inclinar la balanza en favor del gobierno dentro de la comunidad educativa: “Nosotros tenemos un trabajo muy importante realizado con directores y directoras, que son compañeros de trabajo, no son patrones, no son funcionarios”. En ese sentido, Lagunas explicó que estos compañeros han decidido no informar al gobierno quiénes paran “primero porque no es su trabajo, y segundo porque el paro no es una novedad, es una acción colectiva que se informa donde debe ser informada“.  A partir de este accionar, el gobierno no obtuvo la información necesaria para descontar los días de paro a quienes lo acataron, por lo que hizo un descuento general. Para Lagunas eso le genera al gobierno un doble problema, ya que quienes fueron a trabajar e igual percibieron el descuento, es probable que se sumen al próximo paro, y segundo porque los padres y madres no han acatado masivamente el pedido. 

En ese sentido, la gremialista reconoce que la situación es muy compleja y que estar de paro por séptima semana genera un cansancio normal  en la comunidad que pretende que haya clases. Si bien existe un grupo llamado Padres Autoconvocados que exigen a los docentes el regreso a las aulas, admite que “la comunidad obviamente no aplaude que haya paro docente, pero en su mayoría ha entendido que la responsabilidad de cada día que pasa sin clases, es del gobierno y que debe resolverlo convocando a una mesa de diálogo”. 

Pero tras casi dos meses de conflicto ni el gobernador Rolando Figueroa ni la ministra de Educación Soledad Martínez han dado respuestas. 

De la Patagonia al Litoral

Estos reclamos se replican en diferentes puntos del país. En Misiones, desde el principio del ciclo lectivo los docentes se manifestaron por el aumento salarial y las mejoras de sus condiciones laborales. Los trabajadores de la educación realizaron paros con un porcentaje muy alto de acatamiento, movilizaciones, cortes de ruta y  asambleas públicas que se extendieron por toda la provincia y lograron duplicar sus salarios hasta el medio millón de pesos. Ahora se encuentran haciendo paros y asambleas para concientizar sobre el impacto negativo que tendría la ley nacional que declara la educación como “servicio esencial”.

 En Entre Ríos la situación escaló un paso más. Los docentes sostienen que desde el comienzo del año, sus salarios han perdido un 30% de poder adquisitivo.  De esta manera, dos semanas atrás, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) votó por la realización de 48 horas de paro los días 22 y 23 de agosto. La medida de fuerza no pudo llevarse a cabo ya que el gobierno respondió con una conciliación obligatoria.  A través de esta medida, los docentes se ven forzados a suspender por el plazo de 20 días cualquier tipo de protesta. 

En respuesta al accionar del gobierno misionero, los padres y familiares de los niños se organizaron para no enviarlos a la escuela, en solidaridad con el reclamo docente. “Por un sueldo digno para nuestra seño y para todos los docentes”, era una de las frases que circuló vía WhatsApp en los grupos de madres y padres, junto con la convocatoria en apoyo al reclamo.  Tanto en Misiones como en Neuquén surge un apoyo concreto de las familias que exigen soluciones a los gobiernos y no a los maestros y maestras. conflicto y reanudar las clases”. 

La educación es esencial para regular los paros pero no para financiarla

La educación es esencial para regular los paros pero no para financiarla

Ago 22, 2024 | Destacado 3, Trabajo

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara a la educación como un servicio estratégico esencial. Sindicatos y funcionarios de la oposición advierten que la norma va en contra del derecho a huelga y la legislación internacional. También reclaman al oficialismo inversión en la educación. El impulsor del proyecto insiste.

El sistema educativo se encuentra en estado de alerta tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reglamenta a la educación como un servicio estratégico esencial. La norma, entre otras cuestiones, tiene como objetivo garantizar la apertura de todos los establecimientos educativos todos los días que establecidos en el calendario lectivo y una asistencia del 30% de docentes los días de paro, proporción que se incrementa a medida que aumenten los días de medidas de fuerza.

“Nosotros entendemos que la educación no es un servicio, es un derecho y que en realidad a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En esta misma línea se mostró, Alberto Sileoni, ex ministro de Educación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y actual director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que detalló: “El objetivo de esta norma es el disciplinamiento de las organizaciones gremiales, es regular un derecho constitucional. La educación es un derecho universal para ciudadanos y ciudadanas y no un servicio para clientes, para pocos”.

La medida fue impulsada por el exministro de Educación y actual diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, y obtuvo 131 votos positivos, mayoría constituida por la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, ante 95 negativos, correspondientes a Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Además, hubo dos abstenciones. El proyecto declara que el Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo y pone el foco en los días de clases perdidos por las distintas medidas de fuerza directas o indirectas del personal docente y no docente que afecten al calendario y desarrollo curricular establecido.

En diálogo con ANCCOM el legislador del PRO explicó el motivo de su proyecto: “Declarar a la educación como servicio estratégico esencial para garantizar el derecho a educarse fue el punto de equilibrio que encontramos ante el conflicto de derechos: el derecho a huelga y el derecho a la educación de los niños y adolescentes”. En contraparte, Sileoni crítico de la media sanción aprobada sostiene que “las medidas no pueden ser zócalos de TV o medidas efectistas, tienen que ser de verdad, tienen que tener profundidad, por tanto, tampoco creemos que la educación sea esencial para este gobierno. Si no, no la estarían desfinanciado”. Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, profundizó: “Tenemos 1.000 obras paradas por Nación de las cuales 80 son escuelas, no hay distribución de libros, no hay distribución de tecnología, no hay una política de formación docente, entonces: ¿dónde se ve el aprecio que este gobierno tiene por la educación?”

Para la Organización Internacional del trabajo (OIT), de la que Argentina es miembro, un servicio esencial es aquel cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población, y por lo tanto prohíbe o regula el derecho a huelga. Alesso sostiene que en base a este reglamento hay dos fallos judiciales que dicen que la educación no se encuentra dentro de los servicios esenciales, además detalla: “Este proyecto tiene varios aspectos cuestionables: en primer lugar no puede ir contra la Constitución Nacional y la OIT. Además, en el trámite parlamentario el tratamiento de la ley no pasó por la Comisión del Trabajo o la de presupuesto y solo lo hizo por la Comisión de Educación y, por último, no se dio un debate a fondo, no se tuvo en cuenta la participación de los docentes pese a que pedimos que nos dejaran hablar y algunos legisladores estuvieron de acuerdo. Nos quitaron la palabra y eso que nos estaban declarando como servicio esencial”.

«a lo que apunta esta ley es a prohibir el derecho a huelga”, explicó Sonia Alesso. FOTO: ARCHIVO

En cambio, Finocchiaro explica que la ley no habla de servicio esencial en los términos de la OIT, ya que la norma se refiere a servicio estratégico-esencial y pone énfasis en la palabra estratégico para diferenciar los conceptos. Además, justificó la ausencia de docentes al debate debido al tiempo acotado y a las difíciles negociaciones en las cámaras legislativas para lograr aprobar leyes. “No hay sector más democrático que el Congreso, ahí estamos todos representados y las discusiones las tenemos que dar los representantes en las cámaras, porque para eso fuimos elegidos. Muchas veces las presentaciones lo único que hacen es dilatar las resoluciones”, sostuvo el presidente de la Comisión de Educación en Diputados, quien también se refirió a la necesidad de ampliar el debate ya que “tenemos una escuela del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, algo está fallando”. 

Alesso, por su parte, descree de la preocupación del gobierno por la educación y sostiene que “pensar que los problemas de la educación se resuelven sin financiamiento educativo, sin resolver los problemas salariales, sin discutir los temas de fondo y prohibiendo el derecho a huelga, nos parece que es empezar al revés o poner el carro adelante del caballo”; y detalló la difícil situación que atraviesan los docentes: “Venimos desde diciembre sin paritarias que aumenten el piso nacional. Además, el gobierno eliminó de forma unilateral el fondo de incentivo docente, no se están enviando los fondos para infraestructura escolar, no se amplían los fondos para la copa de leche, ninguna de las políticas que tengan que ver con mejorar la educación este gobierno las ha tomado”.

Con todo este panorama, el conflicto entre el Gobierno y el sector educativo está lejos de apaciguarse, a este frente debe sumarse el que mantienen las universidades nacionales que siguen reclamando la emergencia presupuestaria y salarial. “Si el presupuesto sigue subejecutándose y si, además, no aumentan los salarios y la conflictividad lejos de bajar va a subir”, sostiene Alesso, que aunque suene como advertencia es lo que marca la experiencia. El proyecto deberá tratarse en el Senado y para ese momento desde CTERA buscarán informar, convocar y movilizar para evitar su aprobación.

“Nuestro salario se redujo a la mitad”

“Nuestro salario se redujo a la mitad”

Ago 11, 2024 | Destacado 1, Trabajo

Bajo la consigna «No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos», el Frente Sindical de Universidades Nacionales llamó al no inicio del segundo cuatrimestre en todo el país con un paro de 72 horas en reclamo de una recomposición presupuestaria.

Como respuesta a la profunda crisis salarial de las trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales (UUNN) resolvió el no inicio del segundo cuatrimestre y un paro de 72 horas desde el lunes 12 de agosto hasta el 14 inclusive. Por su parte, la CONADU, una de las federaciones que agrupa a docentes universitarios de todo el país, además del paro sin concurrencia a las aulas, realizará actividades de visibilización del conflicto los días 13 y 14. La medida de fuerza incluye a las 60 UUNN y es parte de un plan de lucha que continuará con otro paro de 48 horas convocado para 20 y 21 de agosto.

Si bien la gran marcha universitaria del pasado 23 de abril obligó al gobierno de Javier Milei a replantear su política de congelamiento presupuestario en lo que respecta a las universidades nacionales, la movilización no fue suficiente. Las partidas que el Ejecutivo incrementó en un 270 por ciento fueron las correspondientes a los “gastos de funcionamiento”, segmento que representa tan solo el 8 por ciento del presupuesto total. El resto, compuesto por salarios docentes y no docentes, prácticamente quedó igual.

En diálogo con ANCCOM, Darío Capelli, sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y delegado general de FEDUBA, afirma: “Tampoco es que el tema de los gastos de funcionamiento esté totalmente resuelto. En el caso de nuestra facultad, llegan las partidas presupuestarias a cuentagotas, lo que hace imposible continuar con obras ya iniciadas y torna dificultoso el mantenimiento integral del edificio”.

“Lo peor es que el resto de las demandas siguen desatendidas –prosigue Capelli–: las becas estudiantiles siguen discontinuadas, no hubo restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, no hay actualización salarial de los trabajadores universitarios ni llamado a paritarias. El llamado a paritarias existe, pero es una pantomima, ya que en ninguna instancia hubo negociación entre los representantes de los trabajadores y el Estado empleador. Los miserables aumentos que fuimos recibiendo desde enero hasta hoy fueron unilateralmente decididos y, en el caso de los otorgados en los primeros meses del gobierno de Milei, correspondían a acuerdos que se habían concretado con el Gobierno anterior”.

Tras los anuncios del Frente Sindical llamando al paro, el viernes último se concretó la reunión paritaria que había sido interrumpida por las idas y vueltas del Gobierno. Federico Montero, secretario de Organización de CONADU y profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de la Artes, señala que “se buscó generar una expectativa en relación a la convocatoria a la paritaria, pero nosotros íbamos con pocas esperanzas de que hubiera novedades. Lamentablemente teníamos razón. En la reunión, el Gobierno, nuevamente de manera unilateral y arbitraria, anunció un 3 por ciento de aumento para agosto y un 2 por ciento para septiembre, lo cual consolida una política de desfinanciamiento y rebajas salariales que, en estos momentos, alcanzó más de 50 puntos por debajo de la inflación”.

“El poder de compra de nuestro salario se redujo a la mitad”, remarca Capelli. Por esto, y a partir de la respuesta del Gobierno, desde CONADU ratificaron el paro de 72 horas. “El jueves (15 de agosto) tendremos un nuevo plenario para determinar cómo seguir y, en coordinación con el frente sindical, los rectores y el movimiento estudiantil, preparar una nueva marcha universitaria para mediados de septiembre”, añade Montero. Y Capelli, a su turno, enfatiza que el plan de lucha “se completa con acciones de visibilización (clases públicas, banderazos y apagones) durante la segunda semana de clases y con posibles nuevas huelgas”.

Todos los representantes gremiales coinciden en que el cuatrimestre está comprometido. “De fondo, en la política del Gobierno hay un horizonte de estupidización muy marcado: la producción de conocimiento, la imaginación política e incluso la creación artística, libradas a la inteligencia artificial”, concluye Capelli.