La universidad sale otra vez a la calle

La universidad sale otra vez a la calle

Un paro docente de 48 horas preanuncia una nueva movilización masiva para la semana que viene. La comunidad universitaria exige recomposición salarial y aumento presupuestario. Malestar por la amenaza de Milei con vetar la Ley de Financiamiento y por el magro 6,8% de aumento que ofreció el gobierno.

Ante la emergencia salarial del personal docente y no docente, los sindicatos convocaron a un paro de 48 horas y una nueva marcha federal educativa el próximo 2 de octubre. La medida de fuerza es una respuesta en un contexto de ajuste y un casi congelamiento salarial. Por eso, los gremios exigen una recomposición salarial y una mayor asignación de partidas. “Por salarios dignos y presupuesto universitario” y “No al veto de la Ley de Financiamiento Universitario” son las consignas bajo las que la Asociación de Docentes y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, ADUBA y APUBA, convocaron a las movilizaciones, con una alta adhesión de sindicatos docentes del resto del país. 

Aunque la multitudinaria movilización del pasado 3 de abril logró actualizar las partidas universitarias de gastos de funcionamiento de las instituciones educativas durante el primer cuatrimestre, el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el pedido de un aumento salarial para los trabajadores educativos y la denuncia de que el presupuesto para 2025 los recursos son insuficiente, impulsaron una nueva jornada de protesta. 

“Los motivos fundamentales de los paros de este año como de la marcha del 2 de octubre  es la recuperación de nuestro salario frente a una pérdida como nunca tuvieron”, afirma Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA, y continúa: “La pérdida salarial afecta enormemente a los equipos docentes y no docentes, y también a los de investigación. El 50% de la investigación argentina se realiza en universidades, el otro 50 en el CONICET. En ese sentido, con los bajos salarios que tenemos tanto los docentes como los no docentes, se está generando la renuncia de trabajadores. Tenemos una cantidad inmensa de docentes y no docentes que plantean dejar la dedicación exclusiva para pasar a una dedicación parcial que les permita dedicarse a otras actividades que les impliquen mejores ingresos”

En línea con esto, Darío Capelli, delegado en la Facultad de Ciencias Sociales del sindicato FEDUBA, dijo a ANCCOM: “La pérdida del salario docente en relación al costo de vida es de alrededor del 50 % desde que asumió el gobierno de Milei”, y agregó. “Tenemos una ley votada en ambas cámaras que actualiza el presupuesto universitario y nuestro salario con retrospectiva a diciembre de 2023, pero el presidente ya anunció que esa ley, al igual que con cualquier otra norma votada por los representantes del pueblo que no se ajuste a lo que él mismo llama déficit cero, lo va a vetar. Para que no se produzca ese veto, o para que en todo caso se revise en el Parlamento es que nos movilizaremos el 2 de octubre”.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en Congreso, permite una actualización mensual por inflación de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades, además de una recomposición retroactiva por el índice de inflación desde diciembre del año pasado. Ante esto, Milei contestó en X a través de su cuenta: “Veto total”.

Además de este paro de 48 horas, entre las medidas de fuerza  se prevén acciones de visibilización con clases públicas y charlas. Además, el martes 24 a las 10 horas se realizó un Abrazo al Hospital de Clínicas. Finalmente, las medidas culminarán con una marcha universitaria hacia las inmediaciones de Congreso el miércoles 3 de diciembre, como espejo de la movilización de abril.

«Los sujetos de la movilización no fueron solo los trabajadores y trabajadoras de la universidad”, afirmó Capelli sobre la convocatoria del primer cuatrimestre y completó: “El conjunto de la sociedad había tomado el problema universitario del acceso a la educación superior como un problema propio. En ese sentido, la sociedad en su conjunto se movilizó, no solo la comunidad académica. La sociedad organizada como comunidad académica, la sociedad que asume la universidad como un derecho colectivo”.

 “El conjunto de demandas que hicieron que la sociedad se movlizara en defensa de la universidad no fue atendido por el gobierno -comenta Capelli-. Sólo una de esas demandas y de manera parcial, y con eso el gobierno salió a decir que las universidades ya no tenían motivos para protestar. Todo lo que tiene que ver con actualización de los salarios o la garantía salarial, no fueron atendidos. Solo se actualizó en parte el presupuesto para los gastos de funcionamiento. Y esto en parte, porque en realidad, para que la facultad garantice su funcionamiento adecuado, debe actualizar los salarios de sus trabajadores, sobre todo tomando en cuenta el índice inflacionario.”

 Con la alta adhesión al paro y ante la gran convocatoria que se espera para la marcha universitaria de la próxima semana, el gobierno nacional convocó el mismo jueves 26 a paritarias a las 16 en el Palacio Pizzurno. Este llamado, según un comunicado de AGD UBA, fue un intento fallido de sofocar las movilizaciones. El gobierno ofreció solo un aumento de 6,8 % para octubre, y nada para noviembre y diciembre, es decir, menos de una décima parte de lo que se reclama por la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2024. En esta reunión, además, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificaron el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y el ajuste para el presupuesto del próximo año.

 “Por lo pronto, vamos a la marcha del miércoles 2 y veremos el escenario. Desde nuestro sindicato, creemos que hay que profundizar las medidas si no hay respuesta”, concluyó Celotto.

 Por otro lado, Capelli agrega: “Nosotros así no podemos continuar. La licuación de nuestros salarios incide no solo en nuestras vidas, la organización de nuestro hogares, sino que incide negativamente en decisiones de carácter pedagógico, como comprar un libro o pagar una fotocopia.”

Los lápices siguen reclamando

Los lápices siguen reclamando

Una nueva marcha de los centros secundarios conmemoró La Noche de los Lápices y recordó a los estudiantes desaparecidos por la dictadura. Hoy, como hace 38 años, los jóvenes exigieron el boleto estudiantil, denunciaron el trabajo encubierto que realizan en el programa de pasantías porteño y se solidarizaron con los jubilados vetados y reprimidos.

Este lunes 16 de septiembre se realizó la marcha en conmemoración de La Noche de los Lápices, organizada por la Coordinadora de Estudiantes de Base, CEB, que nuclea a todos los centros de estudiantes de CABA, en una movilización que se desplazó desde la Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo, donde realizaron su acto de cierre junto a la Pirámide. Este año, además de reunirse bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia, se pusieron en juego diversos reclamos que incluyeron el rechazo al veto presidencial de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoría, la oposición a las medidas de ajuste y un reclamo por la revisión de los programas de Actividades de Aproximación (ACAP) al mundo laboral, más conocidas cómo pasantías. 

La columna avanzó por Yrigoyen manteniendo su forma gracias a los cordones de seguridad armados de estudiantes dándose las manos y cuidados por padres, docentes y coordinadores. 

“Tomala vos, damela a mi, por el boleto estudiantil”, es un cántico que toma fuerza y no pierde vigencia. Los estudiantes detenidos ilegalmente pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios y habían sido actores en los reclamos de 1976 por el boleto estudiantil. En total fueron diez menores de edad secuestrados de sus casas en la noche del 16 de septiembre de 1976 por represores de la última dictadura cívico militar. Todos fueron víctimas de torturas. Seis de ellos continúan desaparecidos. 

“Se reivindican pibes que entendieron cuáles eran las demandas de su generación, que entendían que ese boleto le cambiaba la cursada a sus compañeros. Reivindicarlos no es quedarnos en el pasado, es pensar qué mundo queremos para nosotros, un mundo que le sirva a nuestra generación”, lee Violeta Presta, presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, del documento redactado desde la coordinación del CEB. 

Más tarde, en conversación con ANCCOM, Violeta sostendrá que los jóvenes “no se comen la curva” en referencia a los dichos y actitudes de los actuales presidente y vicepresidenta de la nación en torno a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar ni en relación a las políticas de ajuste actualmente ejercidas sobre el sistema educativo. Afirmará que los pibes quieren cambiar el mundo, pero que es muy difícil movilizarlos cuando la ministra de Seguridad reprime a menores de edad en las movilizaciones. “La estrategia es expandir el miedo, pero nosotros siempre nos movilizamos en paz y no lo hacemos violentamente, tenemos nuestras medidas de seguridad y la prioridad siempre es cuidar a nuestros pibes.”

«Es nuestro desafío pensar cómo convocar más efectivamente, que los pibes se quieran prender y mantener las banderas que siempre sostuvimos de la educación pública de calidad y de la Memoria, Verdad y Justicia”, dice Iván, del CENBA. 

Iván, presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, pone el foco en la importancia de buscar formas de movilizar a la juventud que, sostiene, está pasando por una crisis de representatividad a la que las formas clásicas de hacer política ya no los seducen. «Es nuestro desafío pensar cómo convocar más efectivamente, que los pibes se quieran prender y mantener las banderas que siempre sostuvimos de la educación pública de calidad y de la Memoria, Verdad y Justicia.” 

La manifestación por la memoria se entrelaza con los pedidos por una educación de calidad en un momento clave de la tarde. En la pirámide de la plaza y cerca a la conclusión del encuentro, dos estudiantes de la Escuela de Teatro Niní Marshall toman la palabra. Comienzan contándole a los presentes sobre el fallecimiento de Mir, una compañera del colegio y militante estudiantil que murió atropellada en un cruce mal señalizado del tren Sarmiento, yendo a trabajar bajo el régimen de las ACAPS. “La muerte de Miranda era completamente evitable, si ella hubiese estado en su aula estudiando en vez de yendo a trabajar por obligación del Gobierno de la Ciudad no hubiese pasado”. Remarcan lo injusto de las capacitaciones laborales a las que están sometidos, las cuales no tienen coherencia con las especializaciones estudiadas y donde quedan a completa merced de los empleadores, sin espacio para que los docentes, directivos o alumnos puedan emitir opinión o ser parte de la organización del proceso. Cuando las chicas terminan de hablar se abrazan, luego se pide el presente por Miranda, al igual que por los compañeros desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. 

“Presentes, ahora y siempre” grita la multitud, pero la jornada cierra entre saltos y cantos al ritmo de “Ji Ji Ji”, la plaza se mueve bajo el peso de cientos de estudiantes cantando “no lo soñé”, mientras rompen el ritmo habitual de las personas que terminan su jornada laboral. 

El aumento del presupuesto universitario es ley

El aumento del presupuesto universitario es ley

Tras una larga jornada en la que se aprobó el proyecto de boleta única y se rechazó el DNU que incrementa exponencialmente los gastos secretos de inteligencia, también se votó la declaración de emergencia de las universidades nacionales, con el consecuente aumento de los gastos de funcionamiento y la actualización salarial de docentes y no docentes. El Ejecutivo amenaza con un nuevo veto.

Tras una sesión intensa dentro del Congreso de la Nación, donde senadores debatieron durante doce horas y aprobaron con cambios el Proyecto de Boleta Única de Papel -teniendo que volver el proyecto a tratarse en la Cámara de Diputados- y también rechazaron por amplia mayoría (49 votos), el DNU que aumentaba los fondos secretos de la SIDE, llegó el turno de la discusión en torno al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que declara la emergencia presupuestaria para el resto del año y la actualización de salarios de docentes y no docentes de manera mensual en línea con la inflación. A las 20:52, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, le cedió la palabra al senador de Unión por la Patria, Eduardo Wado de Pedro, quien eligió retomar una frase del presidente Javier Milei: “si me salen algunas cosas bien, me tienen que dar el premio Nobel”, para afirmar que “los argentinos tienen cinco premios Nobel. Todos ellos se formaron en las universidades nacionales y este proyecto de ley es, también, un homenaje para ellos”.

Sin embargo, la jornada comenzó varias horas antes, por fuera del recinto parlamentario. El reloj marcaba varios minutos después de las 13, el sol asomaba en la vereda frente al Congreso para mantenerse durante el resto de la tarde. La Policía Federal se ubicaba en el cordón de la vereda de enfrente al edificio parlamentario interrumpiendo el abrazo simbólico que planeaban los manifestantes, las primeras banderas se elevaban y los militantes comenzaron a llegar. La convocatoria, realizada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU), estuvo lejos de tener el volumen de la Marcha Universitaria Federal del pasado 23 de abril pero tuvo un fuerte componente en cuanto a representaciones políticas partidarias, universitarias y sindicales.

Aún quedaban rezagos de la movilización del día anterior, donde jubilados y niños fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad; la pintada que reza “Norma Pla! mano a mano a ver quién gana” y carteles pidiendo por el rechazo al veto que todavíano fueron removidos. Sin embargo, el panorama esta vez fue totalmente distinto: la paz reinó desde las 14 cuando el primer disertante tomó la palabra hasta cerca de las 15:30, horario en el que comenzó la desconcentración debido a que el debate del presupuesto fue pospuesto para el final de la jornada.

Sobre el propósito de esta convocatoria fuera del recinto, Mariela Solesio, docente del CBC e integrante de AGD-UBA, argumentó: “Estamos acá para defender la universidad pública. Los docentes se están yendo de la universidad porque no pueden sobrevivir con salarios de indigencia o con salarios de pobreza. Hoy nuestro salario testigo está por debajo de la línea de indigencia, alrededor de 300.000 pesos. Yo, por ejemplo, soy docente del CBC y por un cargo cobro 180.000 pesos. Si tuviera cinco cargos, que es lo máximo que puedo tener en la Universidad de Buenos Aires, estaría cobrando menos de 900.000, es decir, por debajo de la línea de pobreza”. Aunque sin hablar entre ellos y con diez horas de diferencia, Solesio y Martín Lousteau, senador por la Unión Cívica Radical, parecían coincidir: «Los salarios de los docentes cayeron más de un tercio este año. Y el 85 por ciento está por debajo de la línea de la pobreza. El Presidente hace ajustes donde él quiere. Acá estamos hablando de docentes pobres que se van de las universidades», señaló a su turno dentro del recinto.

Quien culminó con las exposiciones fue Ezequiel Atauche, senador por Jujuy de La Libertad Avanza, que eligió hacer un peculiar repaso sobre posgrados y cursos dictados en algunas universidades, atreviéndose a hacer un juicio de valor sobre dichos proyectos educativos para cerrar: “Los docentes tienen que tener buenos salarios y cada vez estamos reconstruyendo más el salario de los argentinos.¿Cómo? Cortando curros para que no gastemos tanto y bajemos la inflación».

Entrada la madrugada del viernes, se pasó a la votación del proyecto de financiamiento universitario, que logró la aprobación en general -con 56 votos afirmativos, 11 negativos y 1 abstención- y en particular de todos sus artículos.

Los senadores de Unión por la Patria y la UCR sabían que tenían que superar los dos tercios y para ello el triunfo debía ser holgado para proyectar una pelea justa ante el posible veto del ejecutivo y lo lograron.»Es central cómo nos posicionemos frente a este tema», había advertido el radical Maximiliano Abad. Fuera del Congreso, ante la amenaza del veto, Marcelo Bornand, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), no dudó: “Consideramos que nuestros sindicatos deberían llamar a un paro general y a una movilización ante un veto que ya damos por descontado. El propio gobierno ya dijo que la va a vetar y la compra de voluntades que tuvo con el veto a la movilidad jubilatoria ya nos da a pensar que los compró para para tener ese tercio que necesita para sostener los vetos y por lo tanto eso lo tenemos que revertir en la calle, con movilización y con lucha. Hay que continuar. Deberíamos iniciar un plan de lucha más fuerte, una nueva marcha federal para conquistar un aumento total del conjunto del presupuesto que son los salarios de quienes sostenemos la universidad día a día”.

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

El gobierno intentó bloquear el ingreso a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo con la policía. La intervención de la rectora Cristina Caamaño logró recomponer la situación. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el Estado no gira fondos para gastos de funcionamiento ni para pagar los sueldos de docentes ni no docentes.

La policía federal bloqueó ayer la puerta de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo impidiendo la salida y entrada de los trabajadores, docentes, rectores y estudiantes al establecimiento; desconociendo la autonomía universitaria. La rectora de la Universidad, Cristina Caamaño, quedó encerrada en el edificio durante más de cuatro horas junto a otros siete trabajadores de la universidad. La situación generó un repudio generalizado y una concentración en las puertas de la institución en apoyo a la comunidad educativa, lo que llevó a la policía a retirarse del establecimiento luego de varios momentos de tensión.

El operativo se llevó a cabo a partir de un mail no oficial, sin sello ni orden judicial. Estaba firmado por el interventor Eduardo Maurizzio que designó el gobierno de Javier Milei.

La rectora Cristina Caamaño, en diálogo con ANCCOM, expresó: “No quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar” y continuó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

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El cordón policial

Cuenta la rectora Caamaño que, a las diez de la mañana del lunes 2 de septiembre, recibió el aviso de los trabajadores de la universidad de que un uniformado no dejaba entrar a una empleada del instituto para realizar sus tareas con normalidad. La rectora fue al establecimiento y cuando llegó “el tipo no me quería dejar entrar por un mail que había recibido de un gmail, no era un mail oficial, era un gmail firmado por el interventor que puso Milei en la universidad, que decía que no quería que entre nadie y el policía dijo ‘porque él viene a cerrar la universidad’”. En ese momento, la policía recibió una llamada, y la rectora junto a otros trabajadores lograron ingresar.

La policía bajó la persiana metálica dejándolos encerrados dentro del edificio. La rectora cuenta que aproximadamente desde las 10.30 hasta las 15.30 no los dejaron salir, por lo que realizó una denuncia judicial por privación ilegítima de la libertad. La comunidad educativa empezó a difundir la situación en redes y en algunos medios de comunicación, como la Radio de las Madres AM 530, lo que resultó en una concentración a las afueras del edificio en apoyo a la institución: “Y empezó a llegar gente. Entonces ellos llamaron a más policías, y llegó la Infantería, con sus escudos, sus cascos y sus aerosoles. Yo ahí me empecé a preocupar porque había muchos estudiantes en la calle, también docentes.” La rectora continuó: “En el edificio solamente había ocho personas, las que habíamos podido entrar, que después no podíamos salir. Los estudiantes y todos estaban en la calle, queriendo entrar y la policía tapando la entrada, haciendo un cordón”.

La rectora se comunicó con un oficial de mayor rango para solucionar la situación y evitar que reprimieran. El policía accedió a retirar a los oficiales exigiendo que el estudiantado no intervenga. “Estaba todo como muy en caliente. Yo hablé con los estudiantes y les pedí que, por favor, dejen pasar a la policía, que no los puteen, que no los insulten, que no los toquen. La cosa es que después de bastante tiempo, cuatro y media la policía se retiró”. Cuenta, además, que invitó al estudiantado a dar una vuelta a la pirámide, como hacen las Madres de Plaza de Mayo durante las rondas de los jueves desde 1977. Los estudiantes accedieron y participaron de la iniciativa mientras la policía se retiraba del lugar.

Sin salarios

“El interventor cobra cinco millones de pesos por mes, mientras los empleados y los docentes de la universidad no cobraron en todo el año ni un peso desde que asumió Milei”, denunció la rectora Caamaño. Desde que gobiernan los libertarios, la universidad no recibió fondos para los gastos de funcionamiento ni para pagar salarios: “Por eso no tenemos en este momento internet, ni servicio de limpieza, entre otras cosas. Por otro lado, no han pagado los sueldos a pesar de la marcha universitaria que fue multitudinaria y que se hizo justamente para eso. Todas las universidades recibieron algo menos la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo”.

Frente a la pregunta del porqué al ahogamiento presupuestario y la intervención directa del gobierno, respondió que “por un lado, este gobierno está en contra de la educación pública y, por el otro lado, están en contra de los derechos humanos porque son negacionistas, reivindicadores de la última dictadura y visitadores de los genocidas. Entonces una universidad que reúne las dos condiciones, que es pública y que además tiene orientación en derechos humanos para ellos es lo peor que les haya pasado, no quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar”. Concluyó: “Yo tampoco le puedo exigir a la gente que venga todos los días a cumplir un horario si hace nueve meses que no cobra”.

La memoria de Hebe

La denuncia por el operativo policial de ayer se suma a otras denuncias y causas en el contencioso administrativo, que se inició a partir de la polémica designación del Ministerio de Capital Humano de Eduardo Maurizzio como interventor en la Universidad. Por el momento, se mantienen activas las medidas cautelares a favor de la Universidad de las Madres y la comunidad educativa, hasta que la justicia dicte su resolución.

La medida que designa como Interventor al funcionario Maurizzio, transgrede la autonomía y autarquía universitaria que establece la Constitución nacional y otras leyes antecesoras, desde el año 1919 y que solo fue interrumpida durante La Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, y La Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, dejando como saldo una feroz represión con estudiantes detenidos, desaparecidos y asesinados por la militares de la dictadura.

Además, cuenta otro episodio reciente en el que el interventor “entró al edificio con una patota de seis personas por el sótano, cuando lo nombraron a él. No entró por la puerta, entró por el edificio de al lado. El sótano comunica con una parte de la universidad que no es el ingreso. Apareció ahí, filmó y los mismos estudiantes le pidieron que se retire”.

El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo fue creado por Ley en el año 2014, como unidad funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde 2015, es reconocida como instituto universitario por el Ministerio de Educación y desde el año 2023 fue aprobada su apertura como Universidad Nacional por el Congreso de la Nación. Sin embargo, su historia data de mucho antes. Fue creada en el año 2000 y comenzó con carreras terciarias y cursos. Desde ese entonces se constituyó como una universidad popular. Cuenta con 2.245 estudiantes y 300 trabajadores docentes y no docentes. La rectora concluyó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

 

“Las escuelas en Neuquén son verdaderas trampas mortales”

“Las escuelas en Neuquén son verdaderas trampas mortales”

Por séptima semana consecutiva, los docenes de Neuquén se encuentran de paro. Reclaman mayores salarios, mejoras en la infraestructura y más presupuesto para el refrigerio de los estudiantes. También hay conflictos en Misiones y Entre Ríos.

Los docentes de Neuquén finalizan su séptima semana de lucha y anuncian la continuidad de las medidas de fuerza frente al silencio del gobierno de Rolando Figueroa. En Misiones y Entre Ríos también están en conflicto.
Los maestros y maestras neuquinos denuncian el grave estado de las escuelas, el ataque al régimen de licencias y las maagras partidas para refrigerios de 140 pesos por alumno.
“El gobierno tiene la política de sentarse a esperar que el paro se deshilache solo. Pero estamos en la séptima semana y tenemos un 75% de acatamiento”, declaró a ANCCOM Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN Capital.
El pasado viernes la asamblea de ATEN acordó un paro de 72 horas que comenzó el martes, jornada en la cual se llevaron adelante volanteadas en rutas. El miércoles se realizó una marcha en Neuquén capital que recorrió desde la Legislatura hasta la Casa de Gobierno, donde estiman que hubo diez mil personas. Hoy se convocó nuevamente a asamblea, donde por mayoría decidió la continuidad del paro para el lunes y martes de la próxima semana.

El reclamo tiene tres ejes. Por un lado, se exige un aumento de las partidas para los refrigerios escolares. “En Neuquén uno de cada dos chicos se va a dormir sin comer”, explica Lagunas. 

También exigen al gobierno un aumento del presupuesto educativo destinado a infraestructura.  Esta semana se llevó a cabo el juicio por la explosión de una escuela en Aguada San Roque, que ocurrió en junio del 2021 y donde fallecieron tres trabajadores en lo que Lagunas llamó “un triple crimen laboral”. Asimismo, el lunes en la Escuela N° 68 del paraje Collipili, al norte de la provincia, explotó un termotanque causándole quemaduras a un auxiliar de servicio.  “Las escuelas son verdaderas trampas mortales, porque no se destina el presupuesto necesario para que estén en condiciones”, alertó la dirigente.

El tercer eje de los reclamos exige la derogación de la Ley  de Adicional al Desarrollo Profesional Docente, que ataca el régimen de licencias y establece un plus salarial para quienes no faltan. Los primeros días de julio antes del receso invernal los docentes neuquinos se encontraban en las aulas luego de haber acordado, al principio del año, un aumento salarial. El gobierno de la provincia presentó, trató y aprobó rápidamente un proyecto de ley en la Legislatura. “Nosotros decimos que es un plus extorsivo, ellos dicen que es para premiar a quienes van todos los días a trabajar”, aclaró la secretaria general. 

La ley plantea un plus salarial del 15% para aquellos docentes que no falten más de tres veces durante un trimestre, sin superar las dos faltas mensuales. También establece un plazo mínimo de cuatro meses de permanencia en el puesto para los suplentes, como condición básica para acceder al régimen de licencias. Lo que sucede es que los plazos de licencias del docente titular no son prorrogables ni acumulativos, por lo cual “el suplente va a ser el eterno suplente de los 30 días. Nunca va a cumplir los cuatro meses, ni hacer uso del régimen de licencia”, explicó Lagunas. 

Con el bono salarial del 15% por presentismo y el descuento a quienes hacen paro, el gobierno provincial busca resolver el ausentismo docente. Desde el sindicato replican que esa no es la herramienta, y que lo que podría resolver el problema sería que una maestra con un sólo cargo pueda tener un sueldo que cubra  la canasta familiar. “Acá el problema es que ni el cuerpo ni la mente se bancan la situación de desgaste que significa la condición laboral que tenemos”, afirmó. 

“En Neuquén uno de cada dos chicos se va a dormir sin comer”, explica Lagunas.

En ese sentido, desde ATEN rechazan la política del Gobierno nacional, acompañada por los dirigentes provinciales, de determinar la educación como un servicio esencial. De acuerdo a la ley, aquellos servicios declarados como esenciales deben garantizar, incluso en jornadas de protesta, que se brinde un 30% del servicio. Esta medida afectaría considerablemente el derecho a huelga y quitaría a los docentes una herramienta de lucha clave: el paro. Además, desde ATEN sostienen que el servicio esencial viene a “dinamitar lo poco que queda de la escuela pública” al definirla como un servicio que se ofrece, se compra y se vende como una mercancía.  “La educación no es un servicio, es un derecho y quienes tienen la obligación de garantizarlo son los Estados nacional y Provincial”, sostuvo la dirigente.

En búsqueda de que los docentes vuelvan a las aulas pero sin proponer una mesa de diálogo, el gobierno provincial abrió una línea de WhatsApp destinada a que padres, familiares, directores y demás trabajadores de las escuelas, informen el estado de las instituciones en los días de paro, como así también qué docentes se adhirieron. Para Lagunas,  lo que busca la medida es inclinar la balanza en favor del gobierno dentro de la comunidad educativa: “Nosotros tenemos un trabajo muy importante realizado con directores y directoras, que son compañeros de trabajo, no son patrones, no son funcionarios”. En ese sentido, Lagunas explicó que estos compañeros han decidido no informar al gobierno quiénes paran “primero porque no es su trabajo, y segundo porque el paro no es una novedad, es una acción colectiva que se informa donde debe ser informada“.  A partir de este accionar, el gobierno no obtuvo la información necesaria para descontar los días de paro a quienes lo acataron, por lo que hizo un descuento general. Para Lagunas eso le genera al gobierno un doble problema, ya que quienes fueron a trabajar e igual percibieron el descuento, es probable que se sumen al próximo paro, y segundo porque los padres y madres no han acatado masivamente el pedido. 

En ese sentido, la gremialista reconoce que la situación es muy compleja y que estar de paro por séptima semana genera un cansancio normal  en la comunidad que pretende que haya clases. Si bien existe un grupo llamado Padres Autoconvocados que exigen a los docentes el regreso a las aulas, admite que “la comunidad obviamente no aplaude que haya paro docente, pero en su mayoría ha entendido que la responsabilidad de cada día que pasa sin clases, es del gobierno y que debe resolverlo convocando a una mesa de diálogo”. 

Pero tras casi dos meses de conflicto ni el gobernador Rolando Figueroa ni la ministra de Educación Soledad Martínez han dado respuestas. 

De la Patagonia al Litoral

Estos reclamos se replican en diferentes puntos del país. En Misiones, desde el principio del ciclo lectivo los docentes se manifestaron por el aumento salarial y las mejoras de sus condiciones laborales. Los trabajadores de la educación realizaron paros con un porcentaje muy alto de acatamiento, movilizaciones, cortes de ruta y  asambleas públicas que se extendieron por toda la provincia y lograron duplicar sus salarios hasta el medio millón de pesos. Ahora se encuentran haciendo paros y asambleas para concientizar sobre el impacto negativo que tendría la ley nacional que declara la educación como “servicio esencial”.

 En Entre Ríos la situación escaló un paso más. Los docentes sostienen que desde el comienzo del año, sus salarios han perdido un 30% de poder adquisitivo.  De esta manera, dos semanas atrás, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) votó por la realización de 48 horas de paro los días 22 y 23 de agosto. La medida de fuerza no pudo llevarse a cabo ya que el gobierno respondió con una conciliación obligatoria.  A través de esta medida, los docentes se ven forzados a suspender por el plazo de 20 días cualquier tipo de protesta. 

En respuesta al accionar del gobierno misionero, los padres y familiares de los niños se organizaron para no enviarlos a la escuela, en solidaridad con el reclamo docente. “Por un sueldo digno para nuestra seño y para todos los docentes”, era una de las frases que circuló vía WhatsApp en los grupos de madres y padres, junto con la convocatoria en apoyo al reclamo.  Tanto en Misiones como en Neuquén surge un apoyo concreto de las familias que exigen soluciones a los gobiernos y no a los maestros y maestras. conflicto y reanudar las clases”.