Para la ministra Soledad Acuña la mejor solución frente a los diversos reclamos estudiantiles es la demonización de los estudiantes, su estigmatización política y el amedrentamiento judicial a padres y docentes. Un conflicto que crece sin voluntad oficial de diálogo.

El viernes 23 de septiembre la escuela Mariano Acosta de la Ciudad de Buenos Aires fue tomada por sus estudiantes como forma de visibilizar una serie de reclamos que incluye las malas condiciones edilicias, viandas insuficientes y de mala calidad, y el cese de pasantías en condición de explotación para los estudiantes del último año. 

La toma en el Acosta ya se levantó tras la persecución judicial sufrida por estudiantes y sus padres, pero cuentan 12 las instituciones que mantenían la toma al día jueves 29 con el acompañamiento de dos secundarios preuniversitarios: el Colegio Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini. Ambos sufren otras problemáticas, principalmente edilicias y de abastecimiento de recursos mínimos como papel higiénico o calefacción. Dependen del rectorado de la UBA y no al gobierno de la Ciudad, pero manifestaron su apoyo solidario. Al cierre de esta edición, las y los estudiantes del Pellegrini levantaron la toma con paro estudiantil.

“Sabemos que son dos colegios con mucho peso por la tradición de lucha que tienen y pensamos que lo más importante es solidarizarnos y visibilizar la lucha de nuestros compañeros”, dijo Micaela Güera de Souza, presidenta del centro de estudiantes del Pellegrini. “Elegimos esta medida porque toda la comunidad educativa le viene pidiendo mesas de diálogo a la ministra Soledad Acuña y nunca se dignó a recibirnos y escuchar nuestros reclamos”, añadió en una de las pocas entrevistas que dió el jueves por la mañana para el canal A24.

La escuela media Nº. 3 Osvaldo Pugliese de Villa Crespo, también conocida como “La Padilla”, es otra que aún sigue tomada. Una de sus docentes a quien mantenemos en reserva por la persecución judicial del gobierno porteño dijo que “la toma es sin clases, pero es con la puerta abierta, les docentes somos bienvenides y los chicos están con sus familias, están muy organizados”. Sobre los reclamos, apuntó que “la vianda es muy importante porque hay una gran mayoría de estudiantes que comen todos los días lo que manda el gobierno de la Ciudad. También reclaman por la forma en que se implementan las ACAP (Actividades de Aproximación al mundo del trabajo) y por el nuevo régimen académico. Pero insisten con énfasis que nadie los escucha en lo que vienen pidiendo desde principio de año”.

“Las intimidaciones, las amenazas y las causas judiciales que el Ministerio de Educación utiliza como respuesta son medidas que quieren coartar la expresión autónoma y democrática de los estudiantes, que son actores de la comunidad educativa y tienen por tanto derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta en sus propuestas y reclamos. Esa es la escucha que la vida democrática promueve y requiere, incluso no acordando con los reclamos”, agregó la docente. 

Sobre este tema también se expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que advierte: “No tiene una justificación judicial. Entiendo que quienes lo ejecutan saben que no es viable judicialmente, pero lo hacen porque el sentido no es que la causa prospere, sino atemorizar a la organización estudiantil. De hecho, lo primero que hicieron fue anunciarlo ante los medios para que tenga amplificación, no notificarlo judicialmente. Lo que se busca es que los padres les digan a los chicos que no vayan a la toma o a los propios pibes que la levanten. La Convención de los Derechos del Niño protege, entre otras cosas, este tipo de situaciones de protesta”, explicó el director de comunicación del CELS Alejandro Marinelli en diálogo con ANCCOM. “No es la primera vez -agregó- que Larreta persigue a padres. En 2019 fueron denunciados 44 padres de alumnos de ocho colegios y enviados a juicio. Fueron absueltos en primera y segunda instancia. Es usar los mecanismos del Estado para aleccionar”.

El jueves 29 por la tarde, Horacio Rodríguez Larreta emitió un comunicado en sus redes sociales diciendo que “hay un modelo de país que se está acabando (…) En las tomas hay un ejemplo de esto: mientras un grupo muy chico de alumnos y de padres irresponsables impide que unos 5.000 chicos puedan estudiar, hay casi 200.000 que van a clases todos los días y ni piensan en tomar su escuela, y alrededor de 12.000 que están haciendo las prácticas educativas (…) Nosotros vamos a seguir siendo inflexibles en la respuesta. Los padres son responsables de esto y van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos provocan”. 

En respuesta a esas declaraciones, el secretario de Educación superior de UTE CTERA Esteban Sottile dijo que “el jefe de Gobierno ve en la juventud, en el trabajo y en los pueblos originarios aquellos con los cuales quiere confrontar, y desde ese lugar construye una identidad política que le será favorable de alguna manera en la contienda electoral. El tema es que, en el caso de los jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la responsabilidad del gobierno es entera. Eso es lo que particulariza la pelea estudiantil. Porque el jefe de gobierno es el responsable político de que el sistema educativo tenga cada vez menos presupuesto. Y al interior del presupuesto educativo también hay un fuerte incremento de partidas en función de la educación privada. Es una decisión política”.

La mencionada profesora de “la Padilla” agregó que sienten que “la tendencia es a homogeneizar escuelas, estudiantes, docentes. Eso desatiende la historia de nuestra educación pública en Argentina. Homogeneizar quiere decir pretender que todas las escuelas sean iguales no en cuanto a sus derechos, sino en cuanto a sus formas. Pero sería muy absurdo pretender que una escuela industrial sea igual en su funcionamiento y en sus formas de enseñar a una escuela de artes. Las escuelas tienen identidades que tienen que ver con el territorio, con la población, con su historia, y esas identidades fortalecen los procesos de enseñanza. Y son cambiantes, también”.  

“La Padilla” es una de las pocas escuelas especializadas en arte y comunicación, lo cual obliga a los equipos docentes a agudizar el ingenio para desarrollar sus prácticas específicas. “Se quita posibilidad a las escuelas de tomar decisiones respecto de su comunidad particular, se pretende bajar una línea donde los docentes y directivos no fuéramos profesionales y no sabemos hacer nuestra tarea. No es tenida en cuenta nuestra opinión. La tendencia parece ser a empobrecer la escuela pública desde lo presupuestario y desde lo identitario del proceso de aprendizaje de cada escuela. Si no tenemos autonomía nosotros para enseñar ni los chicos para expresarse, queda un molde. Las escuelas privadas tienen un proyecto. Las escuelas públicas también, pero nos cuesta defenderlo”, profundiza la docente.

“Pensar que los chicos tengan un espacio significativo de profesionalización que les permita tener más herramientas no está mal planteado. El tema es cómo se implementa, que es por lo que están reclamando, porque se encuentran yendo a lugares donde no aprenden nada y mientras tanto se pierden muchas horas de clase, y de estar en la escuela en quinto año que es un momento muy importante en el proceso afectivo. La escuela no es solamente los contenidos; es estar con los demás, aprender a relacionarse con otros, aprender y fortalecer las pautas de la democracia”, sentenció.

El resultado de la falta de diálogo de la ministra Soledad Acuña deja como balance una semana de clara incapacidad dialéctica. En lugar de promover acciones y soluciones concretas, entiende la confrontación como capital político: 170 padres denunciados ante la justicia en al menos 16 colegios.

Algunos nombres de las instituciones, que curiosamente deben pasar por un proceso de aprobación en la Legislatura porteña, resuenan mal en la cartera educativa. Entre otros, el secundario Laura Falcone, en conmemoración de una de las víctimas de La Noche de los lápices, sigue escribiendo una historia de nuevos reclamos pero con mismo telón de fondo: un modelo educativo que pretende desalentar la educación de gestión estatal y mandar a los chicos  que no pueden pagar cuotas privadas a lavar los platos.