Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, aliados y prestadores precarizados convocaron a la Asamblea Discas en Lucha en la Plaza Congreso para denunciar el abandono y estigmatización del Gobierno y la necesidad de que la militancia los incluya en sus organizaciones.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, aliados y prestadores precarizados participaron de la asamblea convocada por la Red en Discapacidad, Orgullo Disca, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el INADI,el sábado 15 de junio. También se acercaron personas autoconvocadas y una representante jubilada de Insurgentes.

Durante la tarde, entre rondas de mates, fueron pasándose uno a uno el megáfono para hacer sus intervenciones. Entre las temáticas más mencionadas se conversó sobre la necesidad de reforzar la seguridad ante la represión desplegada por el gobierno de Javier Milei. Se debatió sobre la decisión de la CGT de no convocar al paro nacional y de las columnas que se retiraron una vez conseguido el quórum para el tratamiento de la Ley Bases, el pasado miércoles, lo que dejó expuestas a las personas que se encontraban manifestando. Los debates giraron en torno a los interrogantes: “¿Qué sindicatos nos protegen?”, “¿Qué sindicatos nos apoyan?” y “¿Quién nos garantiza ese apoyo en las movilizaciones?”.

Uno de los manifestantes sostenía un cartel que decía “Libertad a lxs presxs por luchar”. Se mencionó en varias ocasiones a las personas detenidas por ir a marchar o encontrarse en las inmediaciones del congreso, 16 de ellas aún esperando la excarcelación. Natalia Rodríguez, militante de la Red en Discapacidad, señaló que el gobierno busca el disciplinamiento, por eso ella cree imprescindible fortalecer la presencia en las calles y la seguridad de las personas que se manifiestan: “Nos están matando en nuestras casas. Nos dejan sin trabajo, nos dejan sin comida”, aseguró.

Otro elemento presente en las exposiciones fue la intersección con otros sectores especialmente afectados por las medidas del gobierno libertario como la población travesti trans, la comunidad LGBTQIA+, los jubilados agrupados en la organización de Insurgentes, los trabajadores de organismos estatales y las organizaciones sociales. Señalaron la necesidad de realizar acciones conjuntas con esos espacios y con sectores estratégicos. La militante de la Red denunció que durante una de las asambleas realizadas en Congreso tres autos de la policía llegaron para amedrentarlos y correrlos. “Como si no nos pudiéramos juntar más de tres personas como durante la dictadura”, manifestó.

Las principales medidas del gobierno que preocupan al colectivo son los faltantes de alimentos, los recortes en prestaciones por discapacidad, la eliminación del monotributo social, las 50 personas que han fallecido por recortes de medicación, el acceso al cupo laboral en discapacidad del 4% que hasta hoy no se cumplió, la desregulación de las pensiones, la falta de acceso a una vivienda digna que se adapte a las necesidades de cada uno, la estigmatización y la criminalización de la protesta.

Retroceder a un modelo medicalista y eugenésico

“Vemos ese modus operandi que primero empieza con un desprestigio, como lo hicieron con la comida en donde criminalizan a los comedores. Empiezan denunciando corrupción, lo hicieron con las pensiones también. Entonces empiezan a atacar con una línea discursiva pero después rápidamente llega a un plano concreto en el recorte de prestaciones, de alimentos, y después la represión directa.”, explicó Rodríguez en referencia a la estigmatización que cada vez pesa más sobre los sectores vulnerables para avanzar sobre los derechos adquiridos. Un ejemplo concreto de esta reestigmatización es “El ataque discursivo a los sectores con discapacidad, usando como insulto los diagnósticos”. Al mismo tiempo, se relaciona con el cierre del INADI. Desde el organismo se denuncia que la mayoría de los despidos por discriminación durante el periodo 2008-2019 fue por motivo de discapacidad. En este sentido, la Ley Bases elimina la obligación de reincorporar a personas despedidas por motivo de discriminación y lo reemplaza por una multa al empleador.

Las facultades extraordinarias en materia de administración que le otorga la Ley Bases al Poder Ejecutivo de Javier Milei, amenaza la continuidad del organismo así como la permanencia de los trabajadores en planta permanente. En referencia a esto, Rodríguez expresó: “En nuestro Código Penal no existe un lugar donde puedas denunciar por discriminación, por eso existe el INADI. Ahora nos quedamos sin posibilidad siquiera de denunciar”. En sintonía con lo expresado, Laura Alcaide integrante de Orgullo Disca contó: “Hoy lo que vemos es que hay un nivel de persecución para con nuestro colectivo, una intención de aniquilación de nuestros cuerpos y de nuestros derechos”.

Desde Discapacidad en Red y Orgullo Disca denunciaron que empezó a circular un Decreto que busca desregular el nomenclador de prestaciones. Esto implica que las obbras sociales o prepagas que no puedan pagar las tarifas a los trabajadores que se desempeñan en el área de discapacidad y los tratamientos, no podrán garantizarles la salud y calidad de vida a aquellas personas que acceden a sus prestaciones. Esto deja a los usuarios en la obligación de pagarlas de manera privada o quedarse sin el servicio. Alcaide manifiesta que es “la muerte rotunda o la disautonomía” y agrega “atenta contra los derechos adquiridos de más de 20 años”.

Rodríguez concluyó: “Quedarían los trabajadores negociando solos con las obras sociales, las persona con discapacidad exigiendo solas, tratamiento y accesibilidad. A los electrodependientes les están queriendo cortar la luz. No vemos posibilidad de que podamos negociar solos mejores condiciones”.

En consonancia con Alcaide y Rodríguez, Maive Carone Fernández integrante de las asambleas Discas en Lucha, Unidxs por la Cultura y Unidxs por los despidos, Ex-trabajadora de la Agencia Nacional por Discapacidad, denunció que se está llevando a cabo un modelo eugenésico en donde “Todas las poblaciones vulnerabilizadas van a encontrar mayor dificultad de acceso a todos sus derechos básicos fundamentales, la salud entre ellos. Esto va a terminar necesariamente en la muerte de esas personas. Si uno no accede a la salud, no accede al trabajo, no accede a sus derechos básicos fundamentales, a una vivienda, a la alimentación, termina muriendo. Y eso es lo que nosotros venimos denunciando en discapacidad y en otros sectores también vulnerados”.

Además, agregó que el Gobierno está volviendo a un modelo médico-rehabilitador, que entiende a las personas con discapacidad como “menos productoras de valor”, lo que las fuerza a alcanzar estándares capacitistas y a sufrir el estigma social. “Es un modelo paternalista y asistencialista”, explicó Carone Fernández.

Según el INDEC, el 87,4% de las personas con discapacidad es desempleada.

Desempleados

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el porcentaje de personas con discapacidad y desempleadas es del 87,4%. La falta de acceso a los trabajos, fomenta la precarización del empleo y una reducción sustancial de la autonomía del 10,2% de la población argentina que cuenta con alguna discapacidad.

Maive Carone Fernández era parte de la Dirección de Accesibilidad con nueve años de antigüedad. Fue desvinculada durante los despidos masivos en los meses de febrero y marzo, junto con 340 trabajadores. Debido a la precariedad de las contrataciones fueron desvinculados sin seguro de desempleo ni indemnización. Contó que entre los trabajadores despedidos hay personas con 28 años de antigüedad, embarazadas, con discapacidad, con licencias médicas y psiquiátricas, con hijos, personas con discapacidad o personas mayores a cargo, dirigentes gremiales y personas travestis y trans. Esto deja al organismo inmovilizado y funcionando con tareas mínimas. En diálogo con ANCCOM, Carone explicó: “Se rompe la cadena de trabajo. El hecho de que haya un cuarto de las personas hace que un organismo no pueda funcionar, y no es que estaban sobrando personas. En muchos aspectos faltaban manos. La mayoría de nosotros no nos tomábamos vacaciones hace un montón porque trabajábamos incansablemente”. Se le suma el alcance nacional de los despidos que deja a algunas provincias sin representantes del organismo trabajando en el territorio, dejándolos sin acceso a sus servicios. Se ha dificultado la accesibilidad a las pensiones por discapacidad a través de una mayor burocratización y algunas se han empezado a dar de baja. En este momento, el valor de una pensión es el 70% de una jubilación mínima.

Otra medida de la Ley Bases que afecta directamente al sector con discapacidad es la quita del monotributo social: “Al no tener el monotributo social nos desguaza nuestra independencia como personas, nuestra independencia económica”.

El potencial

Laura Alcaide denunció que “no es accesible la participación política para nosotres. La participación política es completamente capacitista y necesitamos romper con eso para poder participar en igualdad de condiciones”. Expresó que la falta de accesibilidad de las personas con discapacidad es una deuda de la política y agregó: “La idea sería poder masificar estas luchas y poder invitar a gente de otros sectores. Nosotres mismes estuvimos recorriendo muchas otras asambleas, llevando a otros espacios nuestras luchas para lograr articular distintos espacios con otras personas. Para que comprendan qué es la accesibilidad en la participación política y también lograr la adhesión, para seguir participando de distintas luchas como los trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad y, por otro lado, la participación política en las calles que nos va a necesitar unidos y en pie de lucha”.

En sintonía con su mirada, Guadalupe Bargiela de Orgullo Disca, expresó que de la misma manera que participan de asambleas de otros espacios es importante que esos sectores participen de sus asambleas. Por esta razón, destaca la participación de Nancy Yulan jubilada e integrante de Insurgentes quien ante el interrogante por los puntos en que ambas luchas convergen dijo: “Se ve en la parte de salud, como se cortaron todos los planes terapéuticos, los medicamentos, la asistencia a la salud tanto del adulto mayor como la persona con algún tipo de discapacidad. Lo estamos padeciendo, en casos concretos de familiares, conocidos. Esto nos unifica y nos hermana para una lucha común”.