Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero llevan un mes de acampe

Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero llevan un mes de acampe

Comenzaron la protesta por el despido de 130 trabajadores y una cantidad igual de suspendidos. El reemplazo de la producción por la importación arrastra también a Fabricaciones Militares.

Hace poco más de un mes Petroquímica Río Tercero (PR3) notificó a sus trabajadores sus intenciones de cerrar la planta productora de Diisocianato de Tolueno (TDI), principal área productiva de la empresa. Al momento ya lleva 130 trabajadores despedidos y 130 suspendidos. El 14 de octubre pasado comenzaron a llegar las notificaciones e inmediatamente se pusieron en marcha las medidas de fuerza que continúan hasta hoy. El cierre de la Petroquímica afecta directamente a Fabricaciones Militares Río Tercero, que además está sufriendo las consecuencias de la política oficial de vaciamiento de las empresas del Estado a través del retiro voluntario del 20% de los trabajadores y una fuerte reducción productiva. Entre ambas industrias, hay más de 500 puestos de trabajo en peligro. 

 

Enterarse por la radio

Los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero llevan 36 días en lucha. Cesar Ávila, Secretario de Prensa del Sindicato de Químicos y Petroquímicos (SPIQyP) de Córdoba, dice que el conflicto inició “de un día para el otro” y explica: “La fábrica pidió un recurso preventivo de crisis diciendo que tenía que cambiar un transformador general. Cambiarlo iba a llevar quince días, entonces en ese tiempo los trabajadores se quedaban en su casa con el 100% del sueldo, y después retomábamos las tareas tranquilos”. Pero pasados los quince días los trabajadores se enteraron a través de la radio que la fábrica iba a cerrar: “Cuando íbamos a volver en un medio local, una radio amarillista donde la empresa tiene pauta, hablaron de los despidos”. Al acudir a la planta en busca de respuestas, los empleados se encontraron con todas las puertas cerradas con candado: “En el mismo portón se hizo una asamblea con todos los trabajadores de la empresa y se decidió ir al paro total de actividades y un acampe en el ingreso al polo industrial de la ciudad. Ese acampe sigue hasta hoy, lleva 36 días”, relata Ávila. 

En un primer momento, la empresa alegó estado de crisis y se amparó en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo establece que en los casos en que el despido se deba a “causas de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo”, el empleador está habilitado a pagar el 50% del monto indemnizatorio que marca la ley. El 15 de octubre la delegación del Ministerio de Trabajo de Córdoba en Río Tercero llevó adelante una audiencia que contó con la presencia de ambas partes en conflicto. En la reunión, el Ministerio exhortó a la empresa a presentar los balances que justifiquen el estado de crisis y a disponer el cese inmediato de los despidos “debiendo en el plazo máximo de 48 horas restituir de manera efectiva a todos los trabajadores a sus tareas normales y habituales”. Sin embargo, la Petroquímica no acató ninguna de las dos disposiciones. No presentó ningún balance y optó por atenerse al Artículo 245 según el cuál el pago indemnizatorio se debe realizar al 100%, además de no dar marcha atrás con ninguno de los despidos. “Desde la fábrica siguen desestimando las acciones del mismo Ministerio así que decidimos llevar adelante actividades gremiales y de visibilización del conflicto. Desde marchas en la ciudad, hasta ollas populares y en cada audiencia que hay en Ciudad de Córdoba marchamos también hacia el Ministerio de Trabajo”, enumera Ávila. 

Lo que dicen los CEOs

Fundada en 1981, la Petroquímica de Río Tercero es la única productora de TDI de Latinoamérica y pertenece a la compañía de colchones Grupo Piero. El TDI es un componente fundamental para la fabricación de gomaespuma, que la PR3 utiliza para su propia producción de artículos de descanso y vende a empresas automotrices. La decisión de dejar de producir el componente para comenzar a importar la gomaespuma le quita autonomía a la industria nacional frente a las posibles contingencias de este mercado. Juan Pablo Ceballos, CEO de PR3 ratificó que la decisión ya está tomada y es irreversible. Desde la compañía esperan el cese del conflicto para retomar con el resto de las actividades de la planta. 

Los directores de la empresa sostienen que, debido a la apertura de importaciones propiciada por el Gobierno, a la crisis en el mercado global del sector y a la multiplicación de empresas de origen chino que producen a menor precio, la fábrica ha perdido competitividad y por ello buscan detener la producción para importar el producto. “Primero adujeron una crisis que nunca existió, porque nunca presentaron los papeles, y finalmente dijeron que habían decidido cerrar porque les convenía mucho más importar desde una oficina”, repasa Ávila. Además de los 130 despedidos y 130 suspendidos de la PR3, preocupan los efectos que el cierre tiene en otros cientos de puestos de trabajo. “Aparte de los químicos, hay 80 familias de trabajadores de la UOCRA que quedan en la calle, a lo que se suman los empleados de empresas tercerizadas que trabajan por fuera pero le producen a la fábrica. Estamos hablando de 250 puestos de trabajo menos”, explica Ávila. 

Vaciamiento, mentiras y silencio 

En ese sentido, la fábrica más afectada por el cierre de PR3 es Fabricaciones Militares Río Tercero, que produce el ácido nítrico utilizado para hacer el TDI. Con el paro en la producción de este compuesto por parte de la Petroquímica, la fábrica pierde a su principal comprador y con ello se reduce en un 70% su facturación.  Pero además, la fábrica militar está sufriendo políticas de vaciamiento, se redujó un 20% su personal y esta semana renunciaron el presidente y el vice. Hugo Pascarelli, quien era el presidente de la fábrica hasta el pasado miércoles y Carlos Pérez Aquino, vicepresidente, habían asumido sus cargos hace once meses, con el cambio de gestión de la administración estatal. 

“Desde que asumió la nueva gestión Fabricaciones Militares se está manejando con un alto nivel de hermetismo”, dice David Salto, Secretario General de ATE Río Tercero. “Nos cambiaron la figura jurídica por el decreto de Milei, de ser Sociedad del Estado nos pasaron a ser una Sociedad Anónima Unipersonal. Pero extraoficialmente nos comunican que la llegada de inversores está complicada,  porque entienden que va a haber más crisis en el país y no están las condiciones para producir por la liberación de importaciones”. Salto explica que además de la falta de inversores, la fábrica sufre las consecuencias de las política de vaciamiento: “No solo se da un achicamiento del personal a través de retiros voluntarios, también en términos productivos. Hubo una licitación de reparación de vagones y no se presentaron, por ejemplo. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Llegamos tarde a la licitación. Una mentira más grande que una casa. Está clarito que no quieren agarrar trabajos”. 

El miércoles 13 de noviembre,  camiones militares se llevaron todo el material de trabajo que el Ejército brinda a la fábrica. Para Salto hubo “una falta de voluntad política” ya que nunca se generó una orden de trabajo,  por lo que el tiempo se venció.”. Lo que sucede, entonces, es que desde la misma Dirección de Fabricaciones Militares se está atacando su productividad. “Achicaron el 20% del personal a través de los retiros voluntarios, achicaron  un montón de gastos en las herramientas para que la fábrica funcione y además no nos permiten producir. Lo que están haciendo es una reducción productiva”. Para Salto, el accionar de los directores de la fábrica está en línea con la gestión nacional: “ Esto es parte del plan de Sturzenegger de achicar las empresas del Estado a la mínima expresión. Se generan las condiciones de achicamiento del personal para que sea seductor para los compradores, o se generan las condiciones para el cierre, como lo hicieron con la Fábrica Militar de Jáchal que está cerrada.” 

Por otro lado, se refiere a los efectos que el cierre de la Petroquímica Río Tercero tiene en Fabricaciones Militares: “Cerró Petroquímica y recién ahora están viendo si consiguen clientes para vender el ácido. Teniendo en cuenta que Milei no tiene parte del presupuesto destinado a los salarios de las empresas del Estado, una fábrica que no produce y que no factura se va a ver no complicada, complicadísima”. 

Algunas cifras de la gestión Milei 

El cierre de la Petroquímica Río Tercero y el vaciamiento de Fabricaciones Militares responden principalmente a la apertura indiscriminada de importaciones y a la desregulación de la economía por parte del gobierno de Javier Milei y sus ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. La desregulación de las importaciones se acompaña de una nula política de promoción y protección de la industria nacional, que deja a las empresas locales en notable desventaja en el mercado mundial. Al mismo tiempo, las empresas estatales sufren una desfinanciación que genera bajas en su nivel de rendimiento. 

De acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que Milei ganó en el ballotage hasta julio de este año, si se compara el número de empleadores que declararon trabajadores, se deduce la pérdida de 12.872 empresas y más de 260.000 trabajos registrados en unidades productivas. 

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el desempleo creció 1, 4% en un año, ubicándose en 7,6%. 

 Protestas

Frente a esta situación, los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero están realizando acciones en conjunto con Fabricaciones Militares. Organizaron dos  marchas en la ciudad que contaron con un fuerte acompañamiento de la comunidad. “Creo que el acompañamiento tan grande tiene dos motivos, el cierre de Petroquímica  que le hizo dar un baño de realidad a la sociedad en general, que ya viene pagando tarifas exorbitantes y se empieza a dar cuenta que los ajustes fueron al pueblo y no a la casta”, analiza Salto. “Y después pasa que Río Tercero creció alrededor del polo químico, entonces hay una cuestión de historia y de pertenencia también”.  

Las acciones que están realizando los químicos y petroquímicos en Ciudad de Córdoba cuentan además del acompañamiento de ATE y otros sindicatos y con la adhesión del estudiantado. Por su parte, los trabajadores también participan de las asambleas y actividades que realizan los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. “Estoy más que convencido de que la unidad es el único método que tenemos hoy de resistencia contra estas políticas de ajuste. Hace 20 años trabajo en la fábrica y nunca vi algo así. Entonces si no nos unimos ahora a pelear en todos los campos, tanto el obrero como el estudiantil, estamos fritos porque vienen por todos”, sostiene Ávila. 

Sin respuestas por parte del gobierno ni de la empresa, los trabajadores de Petroquímica Río Tercero continúan el acampe tras 36 días de lucha. El próximo martes 19 tendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Córdoba, a la cual asistirán marchando por el centro de la ciudad, concentrado en Avenida Colón y General Paz donde realizarán una olla popular a la espera de la decisión que tomen las autoridades. Por su parte, los trabajadores de Fabricaciones Militares cortarán la ruta 9, con el acompañamiento del SPIQyP. En estado de alerta y movilización, a la expectativa de cómo se desarrolla el conflicto, no descartan una toma de la fábrica. 

 

Paro y olla popular de ATE mientras comenzaba una nueva ola de despidos

Paro y olla popular de ATE mientras comenzaba una nueva ola de despidos

Trabajadores estatales de todo el país realizaron un cese de actividades por 24 horas en reclamo por los salarios de pobreza y ante una nueva catarata de cesantías. A poco de finalizar el acto, llegaron las primeras 80 desvinculaciones en el ministerio de Capital Humano. Se esperan despidos también en las secretarías de Riego de Trabajo y de Cultura, entre otros organismos.

Dirigentes de ATE Nación, ATE Capital y ATE Provincia de Buenos Aires convocaron ayer a una olla popular en Plaza de Mayo. “Protagonizan una nueva jornada de lucha las y los que están colmando esta plaza, pero también todas esas y esos estatales que desde muy temprano en todo el país están garantizando una alta adhesión a la medida de fuerza para decir que los estatales estamos más vivos que nunca y vamos a seguir defendiendo todos nuestros derechos”, afirmó en su discurso el secretario de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

“En algunos ministerios nos quieren hacer firmar un nuevo régimen, nos presionan, nos violentan, cometen abuso psicológico para que firmemos nuevos contratos que nos recortan el salario a la mitad, que nos eliminan la antigüedad y que perjudican todo nuestro régimen de licencia”, agregó.

“Se destruyen nuestros salarios. El sector público es uno de los más castigados. Hemos perdido más del 30 por ciento del poder adquisitivo, y la paritaria nacional comienza a ser utilizada como una herramienta de disciplinamiento para el resto de las negociaciones salariales –remarcó–, no solo en 24 provincias, en más de 2.200 municipios, sino también para el sector privado”.

A su turno, el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, responsabilizó al presidente Javier Milei y a su batalla contra el Estado como los responsables del malestar que aqueja a los trabajadores. “Dijo que vino a combatir la casta y hoy tenemos cientos de compañeras y cientos de compañeros despedidos. Por eso nuestra organización va a estar en la calle peleando por esas reincorporaciones que todavía no se dieron, peleando para que no se sigan despidiendo trabajadores. Este 30 de septiembre vencen miles de contratos. Por eso es importante esta unidad que estamos forjando desde nuestra central, desde nuestra ATE”, expresó. Arévalo preveía con claridad lo que estaba por suceder. A las 10 de la noche del jueves comenzaron a llegar mails anunciando el despido a trabajadores de Capital Humano. Rápidamente se contaron por lo menos 80 cesanteados. También se esperan inminentes reducciones de planta en la Secretaría de Riesgo de Trabajo y en la de Cultura, entre otros organismos.

A las 10 de la noche del jueves comenzaron a llegar mails anunciando el despido a trabajadores de Capital Humano. Rápidamente se contaron por lo menos 80 cesanteados. También se esperan inminentes reducciones de planta en la Secretaría de Riesgo de Trabajo y en la de Cultura, entre otros organismos.

 La delegada de ATE de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Carolina Komar, explicó en el acto de ayer cómo el recorte presupuestario afecta al desarrollo científico y técnico del país. “Venimos a denunciar que el Gobierno está avanzando sobre el sector, frenando la obra del CAREM, un prototipo de un reactor para generar energía nuclear de diseño 100% argentino y nacional. Necesitamos defender estos proyectos porque es lo que nos da soberanía”. También mencionó que cuatro de cada cinco de sus compañeros ganan menos que la canasta básica. “En la CNEA más del 80 por ciento de los trabajadores estamos cobrando un sueldo por debajo de la línea de pobreza. Esto hace que sigamos perdiendo trabajadores y que sea muy difícil mantener los proyectos”, subrayó.

Antes de que se empiecen a repartir las porciones de locro de la olla popular, el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, fue quien cerró el acto. “Para que la política pública se encargue de generar el mejor encuadre para que nuestro pueblo no tenga faltante de salud, de educación. Para que no esté pensada solamente en el marco de lo represivo. Para que no abandone al millón y medio de pibas y pibes que hoy no comen. Por eso nosotros y nosotras estamos habitando la Plaza de Mayo”, sostuvo.

“Este Gobierno atenta contra su propio pueblo utilizando las peores herramientas que nos da este sistema. Y entonces, como lo hicimos frente al macrismo, hemos construido en cada ministerio una trinchera de resistencia y en cada movilización un marco de articulación que nos permite seguir estando de pie, dándole pelea al ajuste brutal que vivimos”.

Catalano intimó a quienes tienen la capacidad de movilizar a la gente para que no permanezcan callados: “Desde este lugar les decimos a los que tienen mayor responsabilidad que no nos tengan de rehenes, que se dejen de romper las pelotas y los ovarios. Sean maduros y maduras. Convoquen al pueblo argentino a ganar las calles, a resistir, a volver a creer. Sabemos que se puede derrotar a Milei en las urnas, pero también en la calle, marcándole el rumbo de la carta económica que él tiene que instrumentar”.

También se sumó al acto el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, quien al respecto declaró: “Acá no se trata solamente de la gravedad que puede atravesar un sector particular. El gobierno de Milei le declaró la guerra económica y social a la mayoría del pueblo argentino. Por eso, independientemente de las diferencias que podemos tener, nuestra obligación es ponernos espalda con espalda para impedir que se profundice la peor crisis económica y social que haya vivido la Argentina. La única forma que tenemos los trabajadores y trabajadoras de demostrar que somos mayoría social es inundando las plazas y las fábricas”.

El guiso de los despedidos

El guiso de los despedidos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizó una olla popular para protestar contras las cesantías masivas que el gobierno de Javier Milei lleva adelante en la administración pública. Casi 25.000 trabajadores ya perdieron su empleo en el Estado.

Una nueva ola de despidos sacudió al sector público durante el último fin de semana. Nuevamente, miles de contratos de empleados estatales vencieron luego de la última extensión por tres meses, segunda prórroga que se les brindó luego desde el inicio del Gobierno de Javier Milei. El exministerio de Mujeres, Género y Diversidad y Organismos de Derechos Humanos fueron los más perjudicados.

Frente a esto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), reunida en asambleas durante la jornada de ayer, decidió llevar adelante un paro nacional durante este jueves, acompañado de una olla popular realizada en Plaza de Mayo.

De esta manera, cerca del mediodía comenzaron a llegar uno a uno los trabajadores de los distintos ministerios y secretarías, junto con sus delegados y delegadas. Una de las últimas delegaciones en arribar fue la del exministerio de Mujeres, Diversidad y Género, que más temprano por la mañana brindó una conferencia de prensa en las puertas de su sede. 

Con una batucada de fondo, y ante la indiferencia de los turistas que seguían tomándose fotos frente a la Casa Rosada, comenzaron a desplegarse las banderas y uno a uno de los referentes tomaron el micrófono y relataron la situación de cada uno de ellos.

La motosierra de Pettovello

No conforme con la disolución del exministerio de Desarrollo Social, en diciembre de 2023, devenido en un organismo que agrupó varios sectores, el actual Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, fue una de las áreas más perjudicas en esta nueva ola de despidos, con más de 300 cesantías. Ingrid Manfred, Secretaria General de ATE, fue la primera en tomar la palabra en el acto en Plaza de Mayo, y definió este desguace del sector público como “un plan siniestro de desaparición del Estado”. Miles de estatales aguardan por su situación laboral desde marzo, permaneciendo así en un estado de precariedad laboral con contratos que se van renovando, o finalizando, cada tres meses, desde la asunción de Javier Milei.

En medio de un índice de indigencia que duplica el anterior, alimentos que se pudren en depósitos y el rechazo a la apelación de Pettovello de no repartirlos, Manfred sostuvo que «el ataque a nuestro organismo (Ministerio de Capital Humano, exministerio de Desarrollo Social) no es cualquier ataque, somos un organismo muy sensible porque acompañamos las situaciones más terribles de nuestro pueblo». Y agregó: «Nosotros estamos convencidos que esta decisión es porque no quieren que mostremos lo qué está pasando».

Sin Derechos Humanos ni políticas de género

A continuación tomaron la palabra referentes del Ministerio de Justicia, otro de los sectores fuertemente castigados, puntualmente en áreas de Género y Derechos Humanos. En primer lugar, Nana González Rehermann, delegada de la Junta de Justicia y Derechos Humanos, relató cómo la Policía Federal, de civil, se presentó esta mañana en la sede central de la Secretaría, donde funciona el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) e impidió, mediante listas en mano, el ingreso de los trabajadores. Fue así como se enteraron de 82 nuevas destituciones en el sector, definiendo esta situación como “una película de terror”. 

Luego, y a contramano de lo que piensa el Gobierno, habló de la importancia de los empleados públicos. «Lograron que los estatales sintamos culpa de ser estatales, que creamos que estamos haciendo algo mal por ser estatales. Internalizamos el discurso de la derecha fascista”, afirmó González Rehermann. Y agregó: “Tenemos que creer en nosotros y en las políticas públicas que llevamos adelante. Nuestro trabajo es fundamental y esencial”. 

Luego fue el turno de trabajadoras del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), quienes se hicieron eco de las palabras de González Rehermann y sostuvieron que su identidad y su lugar como estatales “es una lucha cultural que tenemos que dar», al mismo tiempo que invitaron a todos los presentes a acompañar la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. 

También se expresaron trabajadoras despedidas del exministerio de Mujeres, Género y Diversidad, creado durante la gestión de Alberto Fernández y disuelto el 10 de diciembre, mediante la Ley de Ministerios dentro del Decreto 8/20236​, tras la asunción de la Libertad Avanza. De esta manera, pasó a ser la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. En principio estuvo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, pero finalmente pasó a formar parte de la Secretaría de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Luego del último fin de semana, el 80% de lo que quedó de ese exministerio fue despedido. Al igual que todos los demás empleados estatales, sin derecho a indemnizaciones. El desguace de esta área tiene gran impacto en el funcionamiento de la Línea 144, así como en otras políticas de género. El 42% de las operadoras de la línea de asistencia telefónica gratuita fueron destituidas, dejando así guardias con solo dos personas frente a una enorme demanda.

Muchos despidos, pocos aplausos

El siguiente sector que tomó el micrófono fue el Ministerio de Salud. Sus referentes comenzaron hablando del cierre del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), que como su nombre lo indica, logró disminuir notablemente el embarazo no deseado de miles de adolescentes de aquellas 12 provincias con los indicadores más altos, como Buenos Aires, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, entre otras. Esta política pública, que se comenzó a implementar en 2018, fue una de las que finalizó durante los despidos de marzo, con más de 700 trabajadores desvinculados.

Los trabajadores de Salud no dejaron de remarcar la ironía de ciertos sectores que enaltecieron su trabajo durante el Covid-19 y, que hoy, celebran sus despidos. “Somos parte de un Ministerio que supo ser emblema, más de un ciudadano ha aplaudido nuestra labor durante la pandemia. Hoy nos descartan. No nos renuevan nuestros contratos, nos despiden», sentenciaron antes de ceder el micrófono. 

En defensa del Cine Nacional

Luego pasó al frente Ingrid Urrutia, Secretaria General de la Junta Interna en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), sector fuertemente castigado no solo desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei, sino incluso desde antes, durante la campaña.

«El ataque y el desguace al sector empezó desde que asumió el actual Presidente del Instituto, Claudio Pirovano, a fines de febrero. Primero dejó en la calle a cientos de compañeros que estaban en condiciones precarias de contratación vía monotributo. Luego se avanzó en la eliminación de áreas y gerencias fundamentales como el Observatorio Audiovisual», detalló Urrutia a Anccom. 

Actualmente el INCAA se encuentra prácticamente desmantelado con casi la mitad de sus empleados despedidos. “Esto impacta negativamente en la posibilidad de sostener una política cinematográfica”, explicó la Secretaria General. Y agregó: “En nuestro país, como en todos los lugares del mundo, se necesita un Instituto Nacional de Cine. Incluso en esos lugares a los que el presidente quiere parecerse hay uno”. 

También habló sobre el ataque no solo al Estado, sino a la cultura en general, ya que siempre se mostró muy crítica en todos los momentos de la historia. «El cine es identidad, historia y memoria. Entonces este Gobierno necesita reventar eso para poder seguir avanzando con su plan de entrega. Así como decimos que hay extractivismo en nuestras montañas, acá estamos asistiendo a un culturicidio», concluyó.

Parques Nacionales

Uno de los últimos gremios en expresarse fue el área de Parques Nacionales, quienes el viernes pasado fueron notificados de 50 nuevos despidos, que se sumaron a los 87 que tuvieron lugar durante el mes de marzo. Algunos de ellos, reincorporados luego de varias luchas. 

Al mismo tiempo que el presidente envío al Congreso una nueva ley de protección animal, bautizada con el nombre de “Ley Conan” en honor a una de sus mascotas, gran parte de la fauna, así como de la flora, se encuentra en peligro ante el desfinanciamiento del sector, no solo a nivel presupuestario, sino también a partir de la cantidad de despidos de especialistas en el área. «Los parques hoy están sufriendo un ataque muy grande. Es muy difícil la articulación a nivel nacional, pero estamos dando la pelea”, manifestaron.

 

Represión

El último de los organismos que tomó la palabra fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quienes no solo sufrieron cesantías, sino también violencia. Aunque, al igual que lo expresado por referentes del área de Parques Nacionales, lograron la reincorporación de algunos de los compañeros.

 

El pasado 30 de junio, alrededor de 280 contratos se vencieron en el INTI. Por ello, el lunes por la mañana, trabajadores y trabajadoras comenzaron un plan de lucha en contra de estas medidas y cortaron la General Paz. Ante esto, la Policía de la Ciudad se hizo presente y, mediante escudos y gases, aplicó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y reprimió a todos los presentes. Además, detuvieron a dos de ellos, quienes, horas más tarde, fueron liberados. Pero el propósito parece haber sido logrado, según relataron trabajadores del INTI: «Luchar sirve porque, luego de ese corte, se sentaron con nosotros y ya estamos en perspectiva de incorporaciones de un buen número de compañeros», concluyeron.

Para finalizar el acto, tomaron la palabra Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Provincia, y Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital. El primero de ellos agradeció la invitación y, al igual que todos y todas, llamó a la unidad. Se mostró optimista sobre la reincorporación de los despidos y anunció «Nosotros sabemos que estamos enfrentando un monstruo bastante grande, pero cuando se caiga, por la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, va a ser una caída fuerte de la que no se va a poder levantar nunca más».

Minutos más tarde, Catalano replicó la unidad y la organización como la única manera de sobrepasar esta situación, reclamando una salida colectiva. “La jornada no termina hoy porque hay una sociedad que está dispuesta a dar una pelea para que nuestro pueblo tenga mejores condiciones y tenga chances de salir adelante», finalizó.

Luego del cierre del acto, cerca de las 13:30, comenzó el desarmado de estructuras y aparatos. Lentamente la Plaza de Mayo comenzó a vaciarse para darle pie a una nueva ronda de Madres y Abuelas. A pesar de la situación alarmante, y aunque con bronca, los empleados estatales se mostraron esperanzados y optimistas.

“En el hospital no sobra nadie”

“En el hospital no sobra nadie”

Los trabajadores del Posadas realizaron un paro para exigir la reincorporación de los 92 trabajadores de la salud despedidos por el gobierno de Javier Milei. Servicios críticos en el área de salud que dejan de prestarse.

Este jueves los dirigentes de la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) realizaron un paro de 24 horas y una ronda en la entrada de la institución para reclamar por la reincorporación inmediata del personal del Hospital Posadas que fue despedido hace una semana como parte de las masivas cesantías que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei en el empleo público.

Desde las 8:30, trabajadores y profesionales de la salud de esta institución sanitaria participaron de la protesta a raíz de los despidos recientes. Fueron acompañados por vecinos, asambleas barriales y organizaciones políticas y sociales como centros de estudiantes y sindicatos. Todos se manifestaron unidos con el objetivo de visibilizar su apoyo y defensa del derecho a la salud pública. La FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) había decidido convocar a una Jornada Nacional de Lucha donde los gremios afiliados, a través de distintas acciones en diferentes provincias mostraron su apoyo y visibilización del conflicto. 

Además de los gremios presentes, las personas que llegaron se fueron sumando a la ronda con carteles en mano, en los que se podían leer mensajes como “En el hospital no sobra nadie”, “No a los despidos en el Hospital Posadas, salud pública y educación pública de calidad” e incluso nombres del personal de salud que había sido despedido en el último tiempo. La caminata fue desarrollándose por medio de aplausos, como una muestra del apoyo de distintos sectores de la sociedad.

Acompañaron la protesta los diputados nacionales Nicolás del Caño, Vanina Biasi y la diputada de PBA Laura Cano (todos parte del PTS-FITU). En busca de una solución al conflicto, la izquierda presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar estos despidos y exigir su reincorporación. Fue durante las rondas que se anunció, por medio de la CICOP, que el jueves próximo se hará una audiencia en el Congreso Nacional junto a diputados, sindicatos y sectores solidarios para seguir difundiendo la problemática. También se anunció un nuevo paro para el viernes 12. 

Las fuerzas federales entraron con motos y armas al Posadas debido a la multitudinaria movilización. Sin embargo, esto no afectó la realización la jornada de protesta ni el compromiso a seguir reclamando que todos los presentes demostraron.

Luis Mariano Sucher, uno de los despedidos del Hospital Posadas. 

Casi cien menos

La noticia de los despidos había llegado al personal el pasado viernes 28 de junio, siendo en total 92 miembros del Posadas a los que se les notificó de ello y de las no renovaciones de contratos. La preocupación fue creciendo tanto por los drásticos despidos como por los servicios que se ven afectados en áreas como fisiatría, emergencias, neumonología, clínica, kinesiología, enfermería, biología molecular aplicada al tratamiento del cáncer, radiología, hemoterapia y administración. 

 Ubicado en la localidad del Palomar, el Hospital Posadas surgió como iniciativa de la Fundación Eva Perón y fue proyectado por el doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud que tuvo Argentina. Fue nacionalizado en 2007. Está cerca de la villa Carlos Cardel y el barrio Ejército de los Andes, conocido como “Fuerte Apache”. Por ende, dicha situación deja a una abundante comunidad de pacientes en una grave vulnerabilidad debido a sectores que están sin cubrir o servicios reducidos.

 Distintos gremios habían alertado previo a la realización de la jornada sobre las intenciones del Gobierno Nacional al realizar este tipo de ajustes, explicando cómo buscan desarticular la salud pública e implementar el sistema de «vouchers» que favorece a los privados. 

Despidos criminales

 Luis Sucher fue contratado hace 25 años en el hospital y es uno de los miembros del hospital que fueron despedidos. Es delegado de CICOP en el centro sanitario y en el último tiempo trabajaba en Posadas dentro del área de atención de los consultorios externos. En diálogo con Anccom, Sucher explicó la problemática evidente que se presenta en los intereses del gobierno frente a la salud pública. “En este gobierno si no se ven ganancias para el sector privado o a sus amigos dueños de las grandes prepagas consideran a la salud como un gasto”, dijo. Luego expresó que esto implica un ataque a la salud pública del país y a millones de personas que no tienen la posibilidad de tener una prepaga. “La salud pública es un derecho universal, y esto muestra un desprecio enorme por los sectores populares y por los trabajadores”, apuntó. 

 Por otra parte, Sucher enfatizó sobre la necesidad de movilizarse a través de la jornada y de visibilizar lo gravemente afectadas en que quedarían las condiciones del hospital. “Esto se va a resentir en un momento crítico, el conflicto se va a agudizar limitando muchísimo la atención de pacientes en el sistema sanitario. De por sí estamos entrando en un periodo de enfermedades respiratorias”, expresó. Y añadió que un hospital como el Posadas no puede soportar este tipo de recortes, explicando que “muchísimas personas de por sí se quedan sin trabajo o pierden la posibilidad de pagar una prepaga, por lo que terminan recurriendo al hospital público”. El contexto afecta a la salud preventiva, salitas y atención periférica que están diezmadas. “Es bastante crítico y criminal el despido de todos estos trabajadores. muchos de los cuales son médicos con responsabilidades y especialidades únicas no sólo en el hospital sino también en el país”, opinó el delegado. 

 Por último, Sucher contó que si no se realizan las respectivas reincorporaciones los problemas se agravarán y se sentirán en todo el hospital. “Muchos de los profesionales que echaron tenían pacientes citados en los próximos dos meses. También enfermeros que cumplen tareas en áreas críticas, y al faltar personal van a sobrecargar a otros compañeros. Todo eso se va a sentir y va a poner en peligro la calidad de atención que requieren pacientes complejos”, explicó.

Visibilidad 

Elizabeth Correa fue contratada hace 22 años en el hospital y también es parte del personal que fue despedido el pasado viernes 28. Empezó en servicios generales en la parte de la cocina y luego se formó para ser Técnica Radióloga dedicándose en ese área en los últimos 8 años. Al consultarle por los servicios que más considera que se verán afectados, la radióloga contestó que “el sector de laboratorio, por ejemplo, en el que fue despedida la bioquímica que se encargaba de realizar los diagnósticos de leucemia y linfoma es uno de los más perjudicados. En kinesiología lo mismo, echaron a tres kinesiólogas”. Y que también hay sectores como el de asistencia social que están vaciados. “La verdad es que en todos los sectores hay mucha crisis y demanda. Tiene que haber una solución y en vez de echar gente deberían dar otra cobertura para que la calidad de la salud mejore” expresó Correa en diálogo con Anccom.

 La médica dijo tener mucha expectativa para las rondas que se hicieron el jueves. “De por sí la Asamblea que hicimos el martes para tratar este tema fue bastante masiva. Muchos compañeros se solidarizaron, compañeros que vinieron de otros lugares: ferroviarios, aeroportuarios, vinieron de otros hospitales. También tenemos mucha expectativa de que esa solidaridad sea mayor, que no nos dejen solos en este momento”, manifestó. Y se mostró agradecida porque sus compañeros del hospital demostraron muchas muestras de solidaridad, indignación y miedo a la vez, “que es entendible”.

 Por último, añadió la importancia de resolver el conflicto y el ataque a la salud pública como se hizo con la educación. “Nosotros apoyamos la lucha por la educación pública. Nos movilizamos cuando fue la marcha por las universidades, estuvimos apoyando en todo momento porque también nos parece importante que la educación tenga un lugar preponderante para la sociedad y que tiene que ser visibilizada esa lucha. Pretendemos que en nuestro caso también tome tal visibilidad y que la sociedad y la opinión pública también nos apoye como fue con la educación”. Para ella y sus compañeros esa lucha fue una inspiración enorme a la que pretenden llegar con la defensa de la salud, “porque la salud pública es igual de necesaria y debemos luchar por nuestros puestos laborales”. 

Milei avanza sobre la Secretaría de Derechos Humanos

Milei avanza sobre la Secretaría de Derechos Humanos

Trabajadores y trabajadoras del Estado se manifestaron en la puerta del Ministerio de Justicia frente a la ola de despido en esa dependencia del Estado. Mañana convocan a una olla popular en Plaza de Mayo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una concentración el martes en la puerta del Ministerio de Justicia de la Nación para reclamar por los despidos y las políticas de vaciamiento del gobierno. “Desde la asunción de Cuneo Libarona en el ministerio de justicia 460 compañeros quedaron sin trabajo y ahora atacan áreas estratégicas como la política de Memoria, verdad y Justicia, los ex centros de detención y las políticas reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado por eso entendemos que en este momento hay una determinación del gobierno para atacar las políticas de Derechos Humanos y hacer que el negacionismo siga avanzando”, expresó Daniel Catalano Secretario General de ATE Capital en diálogo con ANCCOM

Los despidos continúan en el Estado y diferentes sectores gubernamentales se han visto afectados. En este contexto el área de Derechos Humanos es una de las más atacadas. “En este momento, 63 compañeros de la secretaría de Derechos Humanos han sido despedidos y los telegramas siguen llegando, así es la gestión de Cúneo Libarona, de Alberto Baños y de Javier Milei, insensible, cruel, que persigue a los trabajadores”, detalló Octavio Rampoldi, delegado de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos.

Los trabajadores y trabajadoras invadieron el Microcentro porteño con cantos, bombos, trompetas y bengalas de humo a las 11:30 y se instalaron afuera del Ministerio que, para ese entonces, ya estaba cerrado y custodiado por personal policial. “Hoy venimos para decirle en la cara al ministro de Justicia que no vamos a aceptar ningún despido y que queremos la reincorporación ya de cada una y cada uno de los compañeros despedidos”, expresó Rampoldi.

Minutos después del mediodía en un escenario improvisado en la vereda los oradores tomaron la palabra y procedieron a la lectura de comunicados y mensajes de adhesión y acompañamiento a la medida de fuerza por parte de diversas organizaciones sociales. La delegada, Nana González Rehermann expresó: “Desde marzo venimos peleando los despidos, ahora viene otra oleada fuerte y nos van a encontrar acá todos los días hasta recuperar a cada una y cada uno de nuestros compañeras y compañeros, vamos a ser la furia organizada”, y estalló el aplauso y el vitoreo.

La política de reducción del empleo público del gobierno, parece, continuará ya que es uno de sus principales objetivos. El lunes, en su habitual conferencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció como un logro “la eliminación de trabajadores estatales” y dejó claro que aún falta una tercera etapa de despidos. Marcelo Gil de la junta interna de ATE, Justicia y Derechos Humanos, precisó: “De acá a fin de año va a haber más recortes de personal porque hay contratos que se renuevan trimestralmente, lo que hace más fácil echar a empleados especializados con más de 20 años en áreas del Estado”. Ante este panorama, Catalano detalló el próximo movimiento del sindicato: “Este jueves vamos a hacer un paro con movilización a Plaza de Mayo en dónde realizaremos una olla popular multitudinaria para que la gente coma frente a la Casa de Gobierno y le reclamaremos a Milei que abra las mesas de negociaciones para que la gente vuelva a trabajar”.

 Luego del acto, cerca de las 13, comenzó la desconcentración de manera pacífica y ordenada con canciones de Los Redonditos de Ricota de fondo. Pese al contexto de ajuste y recorte los abrazos no eran de despedida.  “Nosotros no somos casta, no somos un número, somos familia, somos trabajadores que estamos comprometidos con las políticas públicas y abrazamos las banderas de Memoria Verdad y Justicia”, concluyó Rampoldi.