El Ministerio de Justicia dejó en la calle a más de un centenar de trabajadores de los CAJ, espacios de apoyo a las comunidades de barrios populares en cuestiones judiciales, psicológicas y vinculadas al trabajo social. El recorte perjudica a miles de vecinos.

La ola de recortes de trabajadores del Estado llegó también a los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Decenas de sus empleados iniciaron el fin de semana largo de Pascua con la noticia de que habían sido despedidos. Algunos no recibieron el telegrama de cesantía y recién cuando quisieron ingresar a sus lugares de trabajo se enteraron de la desvinculación. Sin una cifra oficial por parte de las autoridades, se estima que alrededor de 130 personas fueron  cesanteadas. 

Olga, de 52 años, es de San Juan. Su hija padece de anorexia nerviosa desde el año 2018; en el 2022, con un cuadro severo, llegó a pesar 35 kilos. Como no existían clínicas especializadas en su provincia, fue derivada al Hospital Durand en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, allí se negaron a tratarla pese a tener obra social, que tampoco quiso cubrir su tratamiento aludiendo que no tenía residencia porteña. Estaban casi a la buena de Dios, en un lugar desconocido, en el medio de un brote de covid-19 y en una situación crítica de salud. “Casi”, porque ahí estuvo el CAJ para evitar males ulteriores.

El CAJ de Villa 31 facilitó los trámites para que una pareja de migrantes egipcios pudiesen obtener documentación tan importante para ejercer otros derechos como son los del empleo formal y la educación gratuita, una historia que marcó a Agustín Lagos, trabajador social despedido de ese Centro. “Tienen un desarrollo importante en función de dar respuesta a muchas situaciones, sobre todo la cuestión migrante”, manifestó el excoordinador del mismo CAJ, Javier Martinez. 

Desde la asesoría para tramitar la beca Progresar, hasta la atención de madres solas que padecen el incumplimiento de la cuota alimentaria, y pasando por una mediación de un conflicto entre vecinos, los CAJ son dependencias del Ministerio de Justicia de la Nación que ofrecen servicios legales básicos y sin costo. Psicólogos, trabajadores sociales, abogados y administrativos desarrollan su labor de manera conjunta en las más de 109 oficinas que están distribuidas en todo el territorio nacional. Así, constituyen un vínculo directo entre el sistema legal y la vida cotidiana, entre los derechos existentes y el pleno ejercicio de aquel que es dueño de un derecho.

“Lo mío era un caso de vida o muerte. Ellos actuaron. Todo el tiempo fue resolverlo lo antes posible y gracias a Dios mi hija todavía está conmigo. Estudia  para tripulante de cabina y está haciendo natación. Sigue con tratamiento ambulatorio. Es un antes y un después”, concluye Olga.  

Del total de empleados afectados, 21 corresponden a las oficinas de CABA: 10 administrativos, 5 abogados, 4 trabajadores sociales y 2 psicólogos. Como consecuencia,  el funcionamiento interdisciplinar se daña y las asistencias integrales a los consultantes, se dificultan. 

 Daysi es de la República Dominicana, adulta mayor con fotofobia que permaneció en la Argentina por un tiempo. Vendía ensaladas de frutas en la calle, en el barrio de Constitución. Si bien consiguió radicarse por cuestiones humanitarias, no pudo integrarse a nivel local en materia de inserción laboral, vivienda y seguridad alimentaria. La opción que vio más conveniente fue regresar a su país natal y reencontrarse con su hija. Sin la participación del CAJ de Once, no hubiese sido posible su repatriación. 

Con 13 años de servicio en el Estado nacional y hace dos años en el CAJ, pudiendo haber permanecido en un escalafón superior, una de las trabajadoras sociales despedidas, quien decidió preservar su identidad, detalla que eligió ir a desempeñar su labor a un Centro por “convicción ética y política”. Acerca del ajuste en el Estado, sostiene que “no es conmigo, es con el trabajo social en el territorio. Hago una lectura más amplia. El gobierno, simbólicamente, es un genocida social”.

“Es como que te sacan la identidad, porque primero soy trabajadora social. No solamente arruinan la parte material de un trabajador, sino la parte simbólica, psicológica, de salud mental. Lo que me angustia es que socialmente se legitime, el festejo. La tarea como sociedad empieza ahora: concientizar de que el Estado somos todos”, comentó la trabajadora social

Sobre la delicada condición de salud, Olga explicó: “Mi hija iba con un bajo peso extremo, necesitaba una internación inmediata. Empecé a buscar ayuda en la justicia y ahí es donde encuentro a esta niña [se refiere a una profesional del CAJ]  que yo le digo que es como un ángel. No tenía a nadie allá que me pueda ayudar, o sea, estaba sola;  porque no tenía dinero para contratar un abogado. Ella me guió en todo.”

En un lapso de 48 horas, a través de la mediación del Centro de Acceso a la Justicia se logró que la obra social cubriera el tratamiento. Inmediatamente, la hija de Olga entró en terapia  intensiva durante 14 días. El milagro tiene nombre: Estado presente.  

“Cuando la gente me dice gracias, yo le digo ‘gracias no, es un derecho’. Yo soy solamente una intermediaria entre la consulta, la demanda y el Estado”, argumentó la trabajadora social despedida.

La asistencia no se agotó en conseguir que una obra social cumpla sus compromisos, sino también en el trajín de haber estado cinco meses a 1500 kilómetros de distancia del hogar. El trabajo interinstitucional de los CAJ permitió que Olga pudiese seguir costeando su estadía en el hotel y hasta el remis para trasladarse junto a su hija. “Eso fue ella para nosotros, porque hay mucha gente que es profesional en distintos ámbitos, pero profesional y humano son pocos”, dice Olga.

El CAJ Eva Perón es el modelo a seguir para otros Centros. A dos cuadras de la estación Once, punto neurálgico del AMBA, es uno de los que más consultas recibe a diario. Posibilitando el trabajo interinstitucional, en un mismo edificio se encuentran otros organismos del Estado como ANSES, la Defensoría del Pueblo y RENAPER. A pesar de ello, el contrato de alquiler de la locación se vence el 15 de abril próximo y todavía no hay información acerca de su reubicación. Se trata de una problemática que afecta a varios CAJ del país. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 16 Centros de Acceso a la Justicia, y más de la mitad se encuentran en barrios vulnerables. Antes de ingresar en uno de los CAJ del barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31), Agustín Lagos trabajó en la Agencia Nacional de Discapacidad: “Como quería volver a tener el contacto con la gente y con el territorio, hace ya dos años y medio que estaba trabajando en el CAJ de la Villa 31”, mencionó el trabajador social despedido la semana pasada.

“A mí nadie me comunicó que yo estaba desvinculado. Lo único que hicieron fue prohibirme el acceso a mi herramienta de trabajo que es el SICAJ, que es un programa propio del Ministerio de Justicia. Esa fue toda la comunicación que yo tuve y por la cual interpreto que me despidieron -especificó-. Por una lista que circulaba por WhatsApp, te enterabas si eras despedido o no. Todo bastante poco empático”.

“Antes hacía un laburo parecido pero de escritorio. Yo necesitaba conocer las historias de primera mano, que son historias muchas veces muy duras y que, obviamente, a nosotros nos cargan un montón -sostuvo Agustín-. Es tener la gratificación de poder estar cambiándole la vida a las personas con aveces un simple trámite. Eso es lo más lindo del trabajo, esa red que uno va construyendo donde los vecinos después te reconocen y toman como referencia”.

“Estas modalidades precarias en las contrataciones son un cáncer que inoculó el menemismo. Hay que decirlo: ni los gobiernos kirchneristas, ni el gobierno de Macri han logrado resolver esto, y el último gobierno tampoco. Hemos dejado un tendal de trabajadores y trabajadoras desprotegidos”, sentenció Carpineti.

La ex titular de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ) del Ministerio de Justicia, la abogada Gabriela Carpineti, explicó la manera en que  se concretaron las desvinculaciones: “Primero les bloquearon los usuarios a los trabajadores cuando llegaban a las oficinas. No aparecían las autoridades en la sede central y no había comunicación de ningún tipo de por qué se está despidiendo, cuál era el criterio”.

Muchos despedidos no recibieron todavía sus telegramas correspondientes. El ajuste en el  Ministerio de Justicia ya habían comenzado desde finales de diciembre en el área de la Línea 137. Luego en la primera quincena de marzo  se vieron afectados otros 28 empleados de la Secretaría de Derechos Humanos (la mayoría de Prensa). Poco más de la mitad fueron reincorporados. El recorte en los CAJ resultaba inminente.

En 2008, en el marco de la reestructuración del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue creada la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ). En 2010 se inauguró el primer CAJ ubicado en la Villa 1-11-14 de la mano de la DNPFAJ. Así, por primera vez el Estado se propuso achicar las brechas sociales, económicas y culturales, un proceso para revertir la exclusión institucional y garantizar el conocimiento y ejercicio de los derechos.

Al respecto, Agustín Lagos amplió: “Es muy importante el acceso territorial, esa facilidad de encontrarte con la institución a la vuelta a tu casa. Sobre todo en lugares donde sabemos que, por ejemplo, muchas veces los colectivos no llegan, o que no hay acceso a internet ni buenas líneas de comunicación. Por eso, la importancia de tener el Estado cerca, principalmente en los barrios populares”. En consonancia, Gabriela Carpineti sintetizó: “Eso es el Estado, es el espacio común para resolver problemas que solos no podemos resolverlos”.  

En algunos casos, Carpineti indicó que “eran ellos mismos los que tenían que llamar a los entes para ver si seguían activos y si se les iba a depositar el sueldo”. Asimismo aclaró que “es importante remarcar que no hay despidos en el Poder Judicial ni en el Legislativo: están atacando el Poder Ejecutivo”.

Desde el inicio de la gestión de Mariano Cúneo Libarona, actual Ministro de Justicia, la actividad de los Centros se vió afectada. Al día de la fecha todavía no se nombró a ninguna autoridad para que desempeñe el cargo de Director en la DNPFAJ. El ajuste del personal del Estado comenzó desde que el Gobierno nacional publicó el Decreto N°84/2023, el cual dispuso que no se renovaran las contrataciones de personal efectuadas durante el año 2023 en todo el ámbito de la Administración Pública Nacional de acuerdo con la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164. Además, estableció que el 31 de marzo fuera la fecha de finalización para los contratos realizados antes del 1° de enero de 2023.

Hace más de dos décadas que se perpetúan en el ámbito estatal estos tipos de contratos. En diálogo con ANCCOM, la abogada laboralista Natalia Salvo catalogó de “fraudulentas” dichas modalidades utilizadas: se contrata personal permanente pero con una figura temporaria. Son más conocidos como ‘Contrato Artículo 9’”. Pasan los gobiernos y las relaciones laborales no se regularizan. Javier Martinez, el ex coordinador del CAJ de Villa 31, durante casi dos años trabajó ad honorem y su cargo nunca se logró gestionar. Trabajadores con más de cinco años de antigüedad que aún así fueron despedidos sin causa justificada. 

“Estas modalidades precarias en las contrataciones son un cáncer que inoculó el menemismo. Hay que decirlo: ni los gobiernos kirchneristas, ni el gobierno de Macri han logrado resolver esto, y el último gobierno tampoco. Hemos dejado un tendal de trabajadores y trabajadoras desprotegidos”, sentenció Carpineti. Consecuentemente, al momento de litigar sus puestos laborales las personas quedan en un vacío legal: “Para discutir judicialmente no es lo mismo que despidan una planta permanente, que despidan a un contratado”, agregó.

Al mismo tiempo que se descapitaliza al Estado de profesionales valiosos, Carpineti argumenta y conceptualiza que se trata de un “proceso de lumpenización del Estado para que efectivamente sucedan lo que ellos quieran: que exista un Estado ineficiente, que no nos conduzca a una prosperidad o una mejor calidad de vida y que, en definitiva, se acreciente la distancia del pueblo con el Estado”. 

“Esto es la traducción de una decisión política de achicar el Estado, empezando por lo que ellos llaman ‘gasto social’, que en realidad  es inversión social y construcción de ciudadanía” formuló la trabajadora social despedida.

Sobre la administración actual de Javier Milei, la ex directora del DNPFAJ, opinó que “nos gobiernan personas que odian el Estado, que odian a la política y que el espejo que nos devuelve no solo es el odio y la perversión de ellos, sino también uno de una perversión que tuvo causa y posibilidad de desarrollo producto de las faltas de todos los gobiernos de la democracia hasta la fecha”.  

La trabajadora social complementa: “Gabriela golpeaba puertas a gente de mucho poder queriendo intentar que la escuchen, y muchas veces le han cerrado la puerta”. 

“El problema es que se agarran de que terminó el contrato y ya está. Es el propio Estado el que precariza. Es una gran discusión que se viene dando y que es difícil de saldar”, apuntó Javier Martinez. También explica que los delegados, a través de ATE y UPCN,  aún no pudieron entablar una mesa de diálogo con los altos mandos del Ministerio. Además,  informó que ni siquiera existe todavía un interlocutor que lleve a cabo la mediación. Las reincorporaciones todavía siguen latentes.