Feb 8, 2022 | Comunidad, Destacado 1
El concepto reivindicado por los movimientos campesinos con distintas piezas que aportan, entre otros, la educación, el derecho y el ambientalismo.
La alimentación es una parte elemental de nuestra cotidianidad y hace más de 30 años se lucha para que el acceso al buen comer sea un derecho garantizado. En la última década, la cuestión de la producción, distribución, comercialización y consumo del alimento comenzó a tomar fuerza en la agenda pública, y desde el campo al Congreso de la Nación, la militancia por la soberanía alimentaria se abordó desde diferentes posiciones.
El concepto de “Soberanía alimentaria” fue presentado en 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación por Vía Campesina para ofrecer una alternativa a las políticas de alimentación que priorizan el comercio internacional y no contribuyen a la erradicación del hambre en el mundo. Se define como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.
Maritsa Puma es referente de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT), con 23 años produce verduras agroecológicas con su familia en el círculo frutihortícola de La Plata. En la organización, forma parte de un equipo de productores que trabaja de manera agroecológica y enseña a las familias a arrancar desde cero con este tipo de cultivo.
En octubre del año que se fue, acompañada por sus ya clásicos “Verdurazos”, la UTT presentó por tercera vez en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra. La iniciativa busca que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos, así como impulsar un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable. Durante la movilización, Puma contaba la importancia de esta normativa: “La Ley de Acceso a la tierra viene a darnos la posibilidad a los pequeños productores de acceder a la tierra a través de créditos a bajos intereses, en vez de estar pagando un alquiler mes a mes. Más del 80% de las familias que producimos los alimentos no somos dueñas de las tierras en donde producimos, sino que las arrendamos y muchas veces pagamos precios muy abusivos por la especulación inmobiliaria”.
Uno de los mayores beneficios de esta ley, explica Puma, tienen que ver con el acceso a una vivienda digna y a poder planificar su vida: “Alquilando, muchas veces estamos tres años en una tierra y luego tenemos que mudarnos a otra, por lo tanto, armamos nuestras casas con los mismo materiales con los que construimos un invernadero: nailon, maderas chapas, algunos clavos. Construimos una casilla precaria, con una instalación eléctrica también precaria. Siempre ocurren accidentes: incendios, fuertes vientos que vuelan las chapas, inundaciones, goteras; y todos los niños y todas las familias viven así. El piso de la casa, cuando nos vamos, tenemos que romperlo, los árboles talarlos, para devolverlo como ellos nos lo dieron, sin nada”.
Desde que comenzaron con los talleres de agroecología, Puma no podía evitar preguntarse cómo era que sus padres y abuelos no necesitaran agroquímicos para cultivar y ahora se cree que sin ellos no se puede producir. “Con este modelo de producción no se llega a tener la noción de cuánto daño se hace a la salud y el ambiente. Lo que estamos haciendo con la agroecología es dejar de ser dependientes de una multinacional que vende productos de síntesis químicos, que nos hacen tanto daño, y empezar a hacer nuestros abonos con materiales de nuestro propio campo”, describe.
La activista explica que empezaron a recuperar la cultura del campo con diferentes prácticas para el cultivo, procesos que realizaban sus padres y abuelos. En ese sentido, retomaron las tradiciones de distintos pueblos. Cuenta que como alrededor de las ciudades hay una gran diversidad de personas procedentes de diversos paíse,s como Bolivia, Paraguay y diferentes provincias, la diversidad de experiencias es infinita: “Hay un montón de conocimiento que si no lo recuperamos realmente se va a perder. De a poco se va arrasando con nuestra cultura, nuestra forma de producir, de alimentarnos. Cada compañero que vino de otro lugar, se vino con sus semillas y las pudimos adaptar, demostrando que se puede producir de manera agroecológica y combinar prácticas diferentes de cultivo”.
Educación e investigación
La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA) de Nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas UBA,surgió el 1 de marzo de 2013 con la coordinación de Miryam Gorban. Fue creada por iniciativa de los estudiantes de Nutrición que comprendieron la importancia del rol activo que debían cumplir con relación al acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos de la población.
Su principal motivación fue movilizar y visibilizar la importancia de la soberanía alimentaria y solicitar un espacio de formación libre dentro de la academia para intercambiar saberes. Se presentaba la necesidad de comprender y analizar los medios actuales de producción, comercialización, distribución y consumo de alimentos, para estudiar las problemáticas y vincularlas con la crisis ambiental e implicancias económicas, para finalmente afianzar el derecho fundamental a la alimentación saludable.
La nutricionista Clara Zárate es parte del equipo de CaLiSA Nutrición, la cátedra que lleva adelante diferentes actividades. Con disertantes, invitados especiales, seminarios, jornadas, clases expositivas, prácticas en terreno (entre las que se han propiciado, por ejemplo, visitas a pequeños productores y productoras locales) diálogos e intercambio de saberes y ferias regionales. Clara comenta: “A raíz de los temas y problemáticas trabajadas en la cátedra, fueron surgiendo otros espacios más allá de la cursada, que se complementó con iniciativas como el kiosco saludable, el bar saludable y la huerta agroecológica. Son lugares pensados para fomentar la soberanía alimentaria y entornos saludables dentro de la nutrición. El principal objetivo es mostrar que se puede caminar hacia la soberanía alimentaria y lograr una alimentación sana, segura, soberana y sabrosa para todes”.
Dentro de la cátedra plantean: “Los ejes principales giran alrededor de los modelos productivos, aspectos nutricionales, enfoques socioculturales, ambientales y análisis de prevención y protección de la salud. La idea es elaborar, difundir y ejecutar propuestas direccionadas al lograr una Soberanía Alimentaria capaz, que abarque toda la problemática alimentaria. En definitiva, aspiramos a lograr la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los pueblos, con el respeto de los Derechos Humanos: el derecho a la salud, a la alimentación, al agua segura y a la vida digna”.
Ariana Krochik es activista y cofundadora de Consciente Colectivo, una organización de jóvenes con perspectiva socio-ambiental, que milita por el cuidado del ambiente como una problemática transversal a todas las demás. Con respecto a la soberanía alimentaria, cuenta: “En este sistema siempre se busca producir más. Hoy con la tierra pasa lo mismo, ya no se respetan sus ciclos naturales. Para poder tener otra relación con la naturaleza, es prioritario poder producir y consumir de manera sana y segura, aplicando aquí el concepto de soberanía alimentaria. El “Buen vivir”, noción utilizada en los movimientos campesinos e indígenas, habla justamente de esto, del respeto por la naturaleza, de la relación del ser humano con la vida”.
Krochik está segura que las problemáticas ambientales tienen siempre de fondo una cuestión social, por eso lo socioambiental es en definitiva un activismo social y el activismo ambiental como algo totalmente transversal. Sobre esto desarrolla: “Fumigaciones, agroquímicos y un montón de cuestiones que tienen que ver con las plantaciones están totalmente relacionadas con las sociedades donde se aplican. Siempre que se fumiga hay, a kilómetros o metros, poblaciones, escuelas y viviendas donde se generan un montón de problemáticas en la salud de las personas que allí habitan, y ni hablar de la contaminación de la tierra, agua y aire que literalmente nos está matando. Los movimientos campesinos, las organizaciones juveniles y las distintas organizaciones de la sociedad civil vienen trabajando hace miles de años como movimientos de lucha ambiental”.
Desde la organización se activa por la soberanía alimentaria a partir de la incidencia política y la acción barrial, exigiendo políticas públicas y militando con vecinos y vecinas de diferentes barrios en la conformación de huertas para los merenderos locales. “En el lugar del privilegio en el cual me considero, ser activista por la soberanía alimentaria tiene que ver con una cuestión colectiva. Me explico: yo como persona de privilegio, tengo de alguna manera la posibilidad de elegir qué y cómo consumir. Pero ahora, parte del activismo y la militancia tiene que ver con la organización colectiva en pos de un objetivo en común. Entonces, en este caso, el poder organizarnos colectivamente para exigir políticas públicas para que todas las personas puedan tener acceso a la soberanía alimentaria, y elegir qué comer sea un derecho garantizado para todos y no un privilegio para pocos”.
La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, agricultores pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad y hace frente a los agronegocios que destruyen las relaciones sociales y la naturaleza.
El Centro de Estudios Legales y Sociales es un organismo de derechos humanos argentino creado en 1979, durante la última dictadura militar, que promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional. En el presente, uno de los principales temas abordados por la organización es la inclusión social y los derechos económicos sociales y culturales, en especial en lo relacionado al acceso a la tierra y a un hábitat digno.
El CELS trabaja en conjunto con La Vía Campesina para asegurar la protección de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas. “La soberanía alimentaria requiere la intervención activa del Estado y políticas públicas que protejan los modos de vida y de producción campesinos-indígenas, que garanticen que las comunidades puedan permanecer en las tierras que habitan y que trabajan, sin hostigamiento ni amenazas de desalojos, y que fortalezcan el tejido organizativo y cooperativo. Son políticas activas que desconcentren el sistema agroalimentario y modelen la producción y la demanda las que pueden favorecer el acceso de todes a alimentos de buena calidad”, afirman desde el organismo.
En sus informes sobre el tema explican: “Para les campesines, el territorio es vida y forma parte de su identidad, a través de una relación de mutua pertenencia y cuidado a través de generaciones. Esta cultura se ve amenazada por el agronegocio, responsable hoy del monocultivo, los desmontes, los cambios en los cursos de agua, la saturación de la tierra y la producción con agrotóxicos, el patentamiento de semillas transgénicas que impiden su conservación. También está amenazada por otras actividades extractivistas como los desarrollos inmobiliarios, la minería y el turismo”.
El periodista Sergio Ciancaglini, en su libro Agroecología, el futuro ya llegó, plantea, de forma poética y reflexiva, cómo lo colectivo y el trabajo en red acerca un verdadero cambio de paradigma, no solo productivo, sino cultural, socioambiental, humano y político: “Mientras caminamos entre las pasturas Norman Best menciona algo que podría ser un proyecto altamente político, en el sentido no contaminado de la palabra: ‘Tal vez todo consista en saber crear redes de amistad’. Esas redes, como lo muestra Guaminí, podrían simbolizar los mejores modos de encarar uno de los grandes conflictos que definen esta época: cómo lograr que los sueños sean más fértiles que las pesadillas.”
Nov 23, 2021 | DDHH, Destacado 4
En apenas cinco años de historia, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 fusilamientos por gatillo fácil. No es la única: en total la violencia policial alcanzó los 537 casos de fusilamiento, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el atropellamiento deliberado con patrullero.
“En los últimos cuatros días hemos tenido que sumar a Lautaro Rosé en Corrientes, a Lucas González en Capital, a Alejandro Martínez en Provincia de Buenos Aires y, ayer, a Elías Garay, el joven mapuche que mataron en Cuesta del Ternero en Río Negro”, cuenta a ANCCOM María del Carmen Verdú, abogada penalista que forma parte de la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI).
Anualmente, la CORREPI realiza informes sobre violencia policial, y detalla que en los últimos cinco años la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 “fusilamientos por gatillo fácil”. En un informe previo a aquel que se presentará en diciembre, llegan a 537 los casos totales de fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el uso del patrullero para embestimientos deliberados en persecución.
El de Lucas González no es un caso aislado, ni de “asesinos sueltos”, es sistémico, y por ende una política de Estado, según expresa la abogada penalista. A su vez, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reclamó al gobierno porteño no sólo la sanción de los responsables del homicidio de Lucas González sino que se tomen medidas de prevención “para evitar hechos” que se repiten “desde la creación de la Policía de la Ciudad”.
Por un hecho absolutamente circunstancial, el caso de Lucas Gonzalez rompió el blindaje mediático, y es que gracias al club, la familia pudo hablar de lo sucedido. El informe inicial fue una versión policial tomado de “forma acrítica y sin hablar con el entorno de la víctima para chequear”. El primer parte se conoció a través del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad, para ser difundido luego por varios medios de comunicación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recalcó la tergiversación de los hechos, al igual que la CORREPI, que apartó el caso para hacerle seguimiento, encontrando en el texto de la nota ciertos vacíos. Se explicita, entonces, que la información que difunden las comisarías no puede replicarse “sin ser contrastada porque es en ese lugar donde se imponen los relatos de los operativos policiales”. El CELS subrayó que existe una “historia muy extendida” de “procedimientos ilegales” en operativos policiales fraguados que quedaron al desnudo en la investigación judicial realizada por Daniel Rafecas a fines de los 90’, cuando actuaba como fiscal e investigó causas fraguadas por la Federal publicadas por los medios como persecuciones.
El relato policial del caso de Lucas González es idéntico al de “paragüita” Toledo. El joven de la villa 21-24 que el 15 de julio de 2017 fue asesinado a tiros por Adrián Otero, oficial de la Policía de la Ciudad, mientras volvía de bailar junto a dos amigos. A raíz de una discusión de tránsito, Otero comenzó a perseguir el auto donde estaban los tres jóvenes y a disparar contra los tres chicos. Ocho balas impactaron en el auto, una de ellas le causó la muerte a Cristián Toledo. En un primer momento, la versión de los hechos difundida planteaba que el policía había actuado en defensa propia ante un intento de robo, buscando criminalizar a los jóvenes, quienes fueron detenidos durante dos días. La respuesta de vecinos, amigos y familiares fue lo que permitió que liberaran a los dos jóvenes y se exigiera justicia por Cristián.
El caso de Cristian Toledo comportó el primer juicio contra un efectivo de la Policía de la Ciudad por gatillo fácil. La sentencia para Otero de prisión perpetua, en octubre de 2018, sentó un precedente importante. Los casos en los que se logra una condena correspondiente: aquella de homicidio agravado por el abuso funcional de un miembro de la fuerza de seguridad, explica Verdú, son muy pocos. Y agrega que la regla común del gatillo fácil es que “le sigue sistemáticamente el sobreseimiento fácil”. Explica la abogada que en la mayoría de los casos, cuando no existe una familia que se presente frente a la fiscalía o el juzgado, que se constituya como querella o particular damnificado, y que empiece a poner puntos sobre las íes en materia de prueba o de interpretación de la misma, en menos de seis meses la causa es archivada.
La criminalización de la víctima va en paralelo con la narrativa de la víctima inocente, que desde la CORREPI se intenta desterrar y explican que “vuelve a resurgir con los discursos del odio: el ‘algo habrán hecho’ o ‘la polícia no mata porque sí’”. Tal es el caso de Luciano Cabello, el joven que en noviembre de 2015 recibió tres disparos por parte del oficial Ayala de la, entonces, Policía Metropolitana, quedando en estado de cuadriplejia. Las justificaciones del accionar del agente vinieron de la mano de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, por entonces era vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien alegó que Ayala había accionado en un supuesto marco de violencia de género. Lo insólito de sus declaraciones es que fueron desmentidas por la mujer de Cabello, la supuesta denunciante.
El juicio contra Ayala se llevó a cabo en 2019, y lo condenaron a 16 años de prisión en diciembre de ese año, pero aún así está libre porque la Cámara de Casación aún no se expidió sobre el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la condena no está firme. Dice la abogada del caso que “si vos tenés que querellar a alguien en una situación de empate con la defensa partís de 0. Contra un policía, un gendarme, un prefecto, un servicio penitenciario no arrancàs de cero, arrancás de -8500”.
Ayer, en el marco de un doloroso reclamo por justicia, se llevó a cabo frente a Tribunales una congregación por el asesinato de Lucas González. Este martes, a las 15, se llevará a cabo en Av. de Mayo y 9 de Julio la quinta Marcha de la Gorra organizada por la CORREPI. Habrá un amplio arco de organizaciones convocadas, y se leerá un documento consensuado. El primordial reclamo es contra la violencia institucional que se carga con las muertes de personas, día tras día. El informe oficial de la Coordinadora hasta ahora presenta cifras récord, con 537 muertes donde no es el gatillo fácil lo que más aumentó sino las muertes en lugares de detención por covid-19. La situación es crítica, concluye Verdú: “Tenemos la falacia de un país que tiene un Código Penal que dice que no existe la pena de muerte, pero a punta de (pistola) reglamentaria está decidida por policías en la calle”.
Jul 14, 2021 | Comunidad, Novedades
“Todos los números son políticos”, afirma Horacio Ávila, coordinador de Proyecto 7 – Gente en Situación de Calle. Está hablando de las cifras obtenidas del último censo oficial realizado por el Gobierno de otro Horacio: Rodríguez Larreta.
Y no se trata de cualquier relevamiento. Estas estadísticas refieren a la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Es, ni más ni menos que el talón de Aquiles de la gestión amarilla. En el contexto de un año electoral, parece, maquillar los números se vuelve fundamental.
“En diciembre del 2020 tuvimos una reunión con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, donde acordamos realizar el censo de manera conjunta entre el Gobierno y las organizaciones sociales”, relata Leandro Vera Belli, sociólogo e investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Sin embargo, las cosas no salieron como habían pactado: el 11 de mayo del 2021, los funcionarios de dicha cartera salieron a realizar una fotografía de la gente en situación de calle. Lo hicieron con los métodos utilizados en 2017 y 2019, puestos en discusión en la última mesa de trabajo: en camionetas, sin interactuar con la población y en el lapso de unas 7 horas, aproximadamente. A eso se le sumó la particularidad de este año pandémico: se realizó a las 20, en un contexto de restricción horaria en el que la gente en situación de calle se esconde debido a la violencia policial o busca paradores para pasar la noche.
Según señala Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de las cifras publicadas en el informe oficial llama la atención su similitud con las del 2019. Hace dos años el resultado era de 1.147 personas en situación de calle. Hoy, de 2.573. Sin embargo, advierte Fassina, “ahí se están contando dos cosas distintas”.
Mientras que en el 2019 las cifras correspondían a gente que estaba efectivamente durmiendo en la calle, del total del número actual solo un 37% corresponde a quienes están en esa situación: unas 952 personas. El número restante pertenece a individuos que aquel día se encontraban en alguno de los 32 Centros de Inclusión Social porteños. “Es una cifra que pareciera que en dos años se mantuvo inamovible”, dice la socióloga. “Lo que sí muestran es que creció la cantidad de gente que está en paradores, que no parece tener un correlato con lo que se ve en la calle”.
“Nadie en su sano juicio puede pensar que, en una situación en la que todos los indicadores de pobreza dan en crecimiento, la cantidad de gente en situación de calle va a dar en baja”, sostiene Ávila. A los cuatro años de profundización de la desigualdad resultantes del macrismo, hoy se les suma la pandemia. Y con ella no solo vienen aparejadas nuevas problemáticas: también se intensifican otras.
“¿Cuál fue el mensaje principal, sobre todo del año pasado? Quedate en casa. ¿Cómo me quedo en casa si no tengo?”, cuestiona Vera Belli. “Hay una política muy explícita, aunque ellos no la quieran decir: hay cada vez más paradores para que la gente vaya a dormir, pero esa no es una solución de vivienda, solo un refugio donde pasar la noche, que no siempre resulta un lugar seguro para todos”.
El correlato de estos números que llaman la atención de todas las agrupaciones es, justamente, la ausencia de políticas públicas integrales para abordar tan compleja cuestión. Y a eso apuntan las organizaciones. “No nos interesa tanto tener el número en una tabla de Excel, aunque obviamente es importante. Lo fundamental es conocer cómo vive esa gente, porque para pensar políticas públicas con impacto necesitamos saber cuáles son las condiciones socioeducativas, socioeconómicas, las problemáticas vinculadas al género o el impacto de la pandemia”, dice Fassina.
Por eso, el aspecto cualitativo es crucial a la hora de censar. Conocer a fondo particularidades y problemáticas de cada subgrupo social se hace necesario ya que las condiciones no son las mismas para nadie. Sin embargo, según afirma Nerina Coronel, una de las referentes de No Tan Distintes, el relevamiento no contempla interseccionalidad ni perspectiva de género. “Es solo contar cuánta gente está durmiendo en la calle”, agrega.
Esta situación se complementa con una merma en el presupuesto estatal destinado a la cuestión: en los últimos dos años, el gobierno de Rodríguez Larreta recortó hasta un 20% de la partida. Mientras tanto, múltiples problemáticas son dejadas de lado.
Con respecto a las mujeres y las personas LGTTB, no solo falta indagar hace cuánto están en situación de calle, sino también por qué. “Muchas mujeres están en situación de calle por violencia de género o situaciones de abuso intrafamiliar”, cuenta Coronel. Colectivos como el trans o el travesti; grupos como las mujeres embarazadas o las que tienen niños, las infancias por sí mismas, los migrantes, la gente mayor, las personas con discapacidad o problemas de salud mental, todos ellos requieren de abordajes que contemplen la complejidad de cada situación.
“Todo ese cualitativo permite hacer una evaluación más real de los subgrupos más allá del número general y ahí planificar un poco más en relación a lo que realmente estas necesitando”, comenta Ávila, quien también asegura que este no es un problema exclusivo de Capital Federal: es un fenómeno que ocurre en todos los grandes centros urbanos del país.
Pero la Ciudad de la Furia sí tiene una particularidad: su ritmo vertiginoso y su dinámica social. Epicentro laboral, de día se consumen y desechan todos los recursos que de noche son utilizados por aquellos que viven, duermen, comen y trabajan en la calle. Por eso, afirma Vera Belli, “lo que observamos en CABA es que no podían hacer un censo de gente en calle de igual modo que harían uno de otro tipo”.
Actualmente, el diálogo entre Gobierno y organizaciones sociales está roto. Para agosto, esperan poder salir a la calle a realizar el Tercer Censo Popular. Estiman, según Ávila, un 30% más de gente en situación de calle con respecto al 2019. Resta conocer cuáles son, realmente, las consecuencias de la pandemia y de la falta de políticas públicas para quienes hacen de la tierra de nadie, la Tierra de los Nadies.
Mar 3, 2021 | DDHH, Novedades
POST, el nuevo libro presentado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), presenta un recorrido sobre lo que el año 2020 hizo con nosotros. Desde una perspectiva de derechos humanos, POST invita a repensar las problemáticas que se vieron incrementadas por la pandemia.
Marcela Perelman, directora del Área de Investigación y co-editora junto a Ximena Tordini del libro, explica que para el armado se dio un proceso de intercambio en discusiones plenarias de manera virtual sobre problemáticas que estaban observando en pandemia. Siempre manteniendo como eje el cruce de pandemia y derechos humanos. Algunos capítulos tienen una mayor carga de coyuntura que otros, en este sentido Perelman resalta que “de la relación con otros grupos y organizaciones con las que estábamos trabajando para intervenir en esta coyuntura fueron apareciendo temas, que también cruzan distintas de nuestras agendas temáticas. (La ocupación de) Guernica, por ejemplo, es un capítulo sobre un acontecimiento, pero pone en relación cuestiones de hábitat, de represión, de intervención judicial y criminalización. En torno de un acontecimiento se pueden desplegar diferentes perspectivas de derechos humanos”.
La problemática de la vivienda o de la situación habitacional es un eje bastante recurrente a lo largo de distintos capítulos. De lo sucedido en Guernica a los problemas para pagar un alquiler en la zona de Almagro, a la situación habitacional que afectaron a las personas trans, travestis y no binaries; sumándose también los temas de alimentación y empleo que afectan, desde varios ejes, a distintos sectores. “Para nosotros era importante mostrar que algunas problemáticas cuya manifestación más aguda se ve en una situación extrema como la de Guernica no están desconectadas de la situación de otro segmento o sectores sociales. El mercado inmobiliario es uno y cuando analizas los problemas del mercado inmobiliario de sectores medios eso hace que vaya encadenando problemáticas que se observan con mayor crudeza en migrantes, personas trans o personas que alquilan informalmente”, aclara Perelman.
Siguiendo con alimentos, y según se plantea en el capítulo “Nuevo acuerdo popular entre el campo y la ciudad” se expresa que “el eje se corrió de la capacidad de acceso individual a los alimentos a la capacidad estatal y social de garantizarlos». Marcela Perelman explica que, por un lado, hay dificultad para proveer alimentos a la población en este contexto pandémico pero, por otra parte, esas dificultades que derivan de un modelo alimentario concentrado y monopólico pueden observar algunos cambios, quizás hasta de manera positiva. Como lo fue la organización y la dinamización de la agricultura, como se desarrolla en uno de los apartados del capítulo, en la pandemia. “Tanto alimentos como hábitat muestran situaciones que se manifiestan en su forma más cruda para los sectores más empobrecidos pero que son problemáticas muy amplias y extendidas en la sociedad”, agrega.
El libro abarca también temas de salud mental y la dimensión judicial. El acceso a la justicia, no en su totalidad pero en parte, es en lo que en el texto llaman “la máquina rota”. Se trata de zonas del Estado, que no solamente por el contexto de pandemia, sino por sus características generales, no pudieron responder o hacer frente a un año de confinamiento. “En la introducción del texto, titulado ¿Y ahora qué pasa?, como también en la comunicación del libro, hay una frase que dice, al mismo tiempo que se extendían algunos brazos de protección del Estado, otros funcionaban a media máquina o trabados con efectos contrarios a la defensa de derechos humanos”, explica.
Otro tema Interesante en POST es el análisis sobre la situación de encierro para la población en manicomios. Mientras que para muchos el aislamiento propuesto para hacerle frente a la pandemia fue toda una novedad, para esta población es algo habitual. Perelman cuenta que Tres puntos para cambiar la política de salud mental es un capítulo en donde se muestra una problemática más crónica. Si bien se destaca que durante la pandemia se agravó la situación de aislamiento y que a la restricción ambulatoria con la que viven se le sumaron mayores restricciones debido a la prohibición de visitas o la circulación interna en hospitales monovalentes, hay cuestiones que son de orden económico y social. “Hay personas que tienen una internación de muy largo plazo que finalmente no pueden salir de esa internación por no poder resolver su situación económica y habitacional, no necesariamente por una necesidad clínica psiquiátrica” y advierte “se necesitan políticas públicas específicas para ese sector, no puede ser que la población permanezca de forma crónica en hospitales monovalentes porque no pueden resolver la vivienda y entonces permanecen como si tuvieran una necesidad psiquiátrica que además se la va generando”.
La editora del libro comenta que hay algunos hilos que atraviesan los capítulos que tienen que ver con una precariedad social y económica cruzados por nuevas formas de vulneración de derechos particulares. “No es lo mismo lo que le pasa a una mujer internada en un psiquiátrico que lo que le pasa a una mujer trans que no le quieren alquilar la vivienda. Son cosas diferentes, no llegan al mismo punto, pero sus derechos están restringidos por limitaciones que son similares, que son análogas. Te encontrás con problemas estructurales que después tienen manifestaciones específicas según cómo se crucen con la situación particular de distintas personas o de distintos grupos y necesitan respuestas específicas y abordajes particulares”, agrega.
A lo largo del libro podemos encontrarnos con relatos de distintos casos e historias personales a la hora de describir las distintas temáticas planteadas, más allá de las cifras y estadísticas. Sobre esto, Perelman expresa que tiene mucho que ver con cosas profundas que los atraviesan como organización y con repensar el vínculo entre el caso y su dimensión estructural. “Nosotros estamos pensando críticamente en esa relación. Que el caso no aparezca instrumentalizado, que tenga su propio desarrollo, sus propias voces y un acento más intrínseco y personal. Tiene su peso propio y se puede pensar en una dimensión más amplia, pero hay un vínculo que no es el mismo que el tradicional. Creo que eso se ve en la exposición y en la redacción, pero refleja otras discusiones del modo de vinculación del CELS como organización con las personas”.
De todas las problemáticas y limitaciones que ya existían y que se incrementaron durante el 2020, Perelman afirma que ninguna de ellas es una novedad, sino que se agravaron y se tensaron. “No hay revelaciones de la pandemia. Lo que hay son los problemas estructurales tensionados, trenzados, con manifestaciones más crudas. En el caso de alimentos también muestra dinamización de algunas posibilidades, para mostrar algunas cuestiones positivas. La organización en torno a la provisión de alimentos de calidad mostró novedades buenas. Por el lado de la organización social, que no es nueva, se pudo ver el dinamismo de algunas organizaciones sociales. Por ejemplo, en el capítulo de la población trans o en el de alimentos se ve. En el de Guernica también. A pesar del desenlace negativo que tuvo como acontecimiento y como conflicto, mostró un tejido asambleario a lo largo de la toma y la forma de toma de decisiones y de resoluciones que fue muy positiva”.
Hábitat, alimentos, alquiler y deuda, salud mental, violencia institucional, búsquedas y desapariciones, seguridad, democracia, movimientos de derechos humanos, son las temáticas que se nos presentan a lo largo del índice de POST. Perelman señala que de las situaciones y temáticas que se plantean en el libro el tema de la vivienda podría ser central este nuevo año. “El endeudamiento es un rasgo que se agravó en la pandemia y la burbuja que creció entre alquiler y deuda o entre vivienda y deuda me parece un problema de un volumen enorme” y agrega que “atado a la vivienda vos tenés las posibilidades de educación, de trabajo, tenés el proyecto de vida de un hogar. En el capítulo de inquilinos se caracteriza como la “tormenta perfecta”. Ese horizonte está ahí y está claro, es imposible de ignorar. Lo que puede haber ahí es la posibilidad y la voluntad de tomar la política para apostar o morigerar esta situación que es gravísima”.
Sobre los últimos capítulos señala que intentaron escribirlos de la forma más abierta posible. “Son un poco de discusiones internas del movimiento de derechos humanos y que es interesante ponerle atención porque estamos tocando temas que no están muy discutidos. Que son desafiantes. El último, por ejemplo, sobre el lugar del castigo en la lucha de derechos humanos y el de Bolivia. Son discusiones que podrían ser hacia adentro de lo que se llama movimiento de derechos humanos pero que nosotros estamos buscando que tengan una resonancia más amplia. No son de diagnóstico de la situación social, son de otro orden”, cierra.
POST se presenta como una “demanda a las instituciones y los poderes que no estuvieron a la altura, una constatación de la potencia que anida en las organizaciones territoriales y en el activismo de las redes de solidaridad y, también, una invitación a discutir el futuro de los derechos humanos”.
Sep 4, 2019 | DDHH, Novedades
Se desclasificarán 49 mil páginas provenientes del al Archivo Nacional de los Estados Unidos, de los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, de la CIA, el FBI y de otras doce agencias de Inteligencia de ese país.
La desclasificación de archivos acerca de lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar en la Argentina tendrá nuevos interpretantes. El proceso de reconstrucción de la verdad que han iniciado hace más de treinta y seis años los organismos de derechos humanos respecto al plan represivo que llevó adelante el Estado terrorista celebra la participación de diecinueve jóvenes voluntarios comprometidos con la memoria y la búsqueda de justicia.
Los practicantes tendrán como responsabilidad relevar y analizar los documentos oficiales enviados por Estados Unidos el pasado 12 de abril, que se corresponden a la cuarta y última tanda de este proyecto de desclasificación iniciado entre el Estado Argentino y Estado Unidos en 2002. Convocaron a la práctica Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, junto con el Centro de Investigación, Comunicación e Intervención Social Antonio Gramsci (CICOMIS), de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA, y el traductorado de inglés del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”.
Los documentos suponen un material importante para la comprensión y comprobación de las complicidades y los modos de circulación de la información, así como la búsqueda de pruebas sobre la práctica genocida llevada adelante en Argentina entre 1976 y 1983. “El proyecto aportará a la conformación de una base de información procesada e interpretada, a partir de la lectura minuciosa y posterior traducción de dichos archivos sobre la dictadura”, detalla la convocatoria.
Por primera vez participarán jóvenes estudiantes en el trabajo de desclasificación.
Los seleccionados para realizar esta práctica son estudiantes de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Relaciones del trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y estudiantes del traductorado del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas: Agustina Castro, Naiara Mailen Maicini, Virginia Pompo, Joaquín Eloy Bousoño, Andrea Ximena Ayestarán, Cecilia Veliz, Guadalupe González Antúnez, Florencia Sosa, Macarena Sandoval García, Lucero Castillo Novoa, Macarena Mina, Mariano Closs, Melina Giselle Santa Cruz, Paula Maureli, Rocío Salazar Cuello, Silvana Bouza y Sofía Maranesi. Serán además voluntarios, por fuera de estas instituciones, Candela Guerriri del traductorado de la Universidad del Salvador y María Laura Escobar del traductorado de la Universidad Nacional de La Plata.
Es la primera vez que se decide trabajar con jóvenes en la desclasificación, lo cual se funda en la importancia del traspaso generacional para la reafirmación del «nunca más». Los practicantes son hoy un puente para la reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En el acto de apertura realizado en la sede de Abuelas el jueves 29 de agosto último, dieron la bienvenida Abel Madariaga, secretario de Abuelas y padre de Francisco Madariaga, restituido en 2010; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y Marcela Perelman, directora del Área de Investigación del CELS. “Me da orgullo que esto se haya reproducido tanto, por el compromiso que tienen por el país”, comenzó Madariaga, quien añadió luego que leer los documentos no es nada fácil y que en primera instancia puede resultar doloroso.
“Hay datos que solos pueden parecer insignificantes pero puestos en contexto, pueden significar mucho”, dijo. Villela.
Entre los telegramas, informes, memos y cables presidenciales que serán analizados y traducidos, los practicantes podrán encontrar testimonios en primera persona de las atrocidades cometidas por los genocidas, conversaciones transcritas entre la cúpula militar y el gobierno estadounidense e informes que dan cuenta de la complicidad en la trama de delitos entre Buenos Aires y Washington. Las 49 mil páginas (en inglés) pertenecen al Archivo Nacional de los Estados Unidos, a los Departamentos de Estado, Justicia y Defensa, a la CIA, al FBI y a otras doce agencias de Inteligencia de ese país.
La desclasificación de documentos oficiales ha sido un reclamo sostenido por los organismos de derechos humanos y se inscribe en la Ley de Acceso de Información de Estados Unidos que permite a otros Estados consultar y solicitar registros de estos organismos.
Estuvieron también presentes en el acto las autoridades de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, Diego de Charras, Larisa Kejval y Sebastián Comellini, del Centro de Investigación en Comunicación Antonio Gramsci, Alicia Entel, Gabriela Bustos y Ianina Lois; y del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas Gabriela Minsky. Para todos ellos, la importancia de traducir los documentos y hacerlos accesibles para toda la población es fundamental para garantizar el derecho a la verdad y funcionan, además. como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad.
La desclasificación de los archivos ha sido un reclamo constante de los organismos de derechos humanos.
Carolina Villela, integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo introdujo a los practicantes en la tarea que deberán desarrollar y luego de repasar las instancias en las que se realizaron las primeras desclasificaciones, mencionó algunos ejemplos sobre la importancia de estos documentos. “Hay datos que solos pueden parecer insignificantes, pero deben estar atentos, porque puestos en contexto, pueden significar mucho”. Villela invitó al coordinador del área jurídica de Abuelas, Alan Iud, a contar en detalle el caso del memo que sirvió para prueba en el juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores, que en julio de 2012 condenó, entre otros, a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión y a Reynaldo Bignone a 15, que luego la Cámara confirmó en 25 años.
El documento del que habló Iud es una comunicación del año 1982, entre el entonces embajador argentino Lucio Alberto García Solar y Elliott Abrams, alto funcionario de la Secretaría de Estado norteamericana, “lo que sería un vicecanciller acá en Argentina”, explicó a los estudiantes que deberán comenzar a familiarizarse con cargos y nombres de las instituciones estadounidenses. En aquel memo, que desde Abuelas pidieron expresamente volver a desclasificar porque tenía tres párrafos borrados, se informa que los desaparecidos están muertos, pero sus hijos han sido entregados a otras familias para ser criados y que la decisión de Bignone era no revisar el tema. Ese documento fue crucial para probar que existió un plan y que sus responsables estaban en pleno conocimiento porque eran los ejecutores de las órdenes. Iud agregó que Abrams, incluso, fue llamado a declarar en el juicio y que ratificó los dichos en el memo, que él mismo había redactado, según testificó desde Washington, por video conferencia.
Información como esta, más o menos explícita, podrán encontrar los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y del Lenguas Vivas, quienes deberán ir completando e interpretando con la ayuda de las tutoras de los organismos de derechos humanos y los profesores y profesoras que se han sumado a esta iniciativa académica y de intervención, para la reconstrucción de la memoria colectiva de la Argentina.
