May 20, 2019 | DDHH, Novedades
A criterio de la policía. Así quedará el uso de las “armas electrónica de uso no letal”, conocidas como Taser, ante “conductas amenazantes” que no se especifican. El ministerio de Seguridad, a través de la resolución 395, habilitó esa utilización por parte de las fuerzas policiales y de seguridad y la normativa fue publicada en el Boletín Oficial el pasado martes 7 de mayo, cinco meses después de que se anunciara la compra de unas 300 unidades de ese armamento.
La medida, que lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich, permite el uso de las Taser para “abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego”. En la resolución se da cuenta de otros países que tienen reglamentado el uso de estas armas; sin embargo, omitieron los numerosos pronunciamientos en los que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, luego de analizar distintos casos, recomienda “abandonar el uso de armas eléctricas Taser” ya que “causa un severo dolor que constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte”, según explica un informe de 2008.
Seguir afirmando que se trata de armas de uso no letal es no querer ver las evidencias que se presentan. En el 2013, Israel Hernández murió al ser alcanzado por la descarga de una Taser cuando fue sorprendido pintando un graffiti en Miami. El joven, de nacionalidad colombiana, se encontraba totalmente desarmado. Dos años antes de este caso, en el Estado de California, Allen Kephart murió luego de que tres policías le dispararan con sus pistolas paralizantes por el simple hecho de no haberse detenido ante una presunta infracción de tránsito. Según Amnistía Internacional, al menos 500 personas murieron, sólo en Estados Unidos, a causa de una descarga provocada por un arma Taser entre 2001 y 2012. durante su detención o cuando ya estaban en prisión.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) ha denunciado al Estado argentino por las armas Taser ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La CIDH actualmente se encuentra estudiando la admisibilidad del caso. Luego de culminar el análisis preliminar, y una vez que reciba la contestación por parte del Estado argentino, cerrará el informe admitiendo o no el caso, para posteriormente analizar el fondo de la cuestión”, expresa Wilma Martínez abogada de ODH.
“Se debe tener en cuenta que actualmente las fuerzas de seguridad ya se encuentran dotadas con armas no letales, y pueden cumplir sin problemas sus funciones. No podemos naturalizar como sociedad, que ante situaciones que pueden ser resueltas con otras armas no letales, como una cachiporra, se den descargas eléctricas en una persona”, sostiene Martínez y agrega: “Desde el ODH nos interesa dejar en claro que hay una falsa creencia que las armas Taser vienen a reemplazar a las armas de fuego, y no es así, sino que operativamente vienen a reemplazar a las cachiporras. Por lo que además de su uso discrecional por parte de quien la porta en la vía pública, también nos angustia pensar su uso en los ámbitos privados, como comisarías, ya que son verdaderas armas de torturas que no dejan marcas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó en un comunicado que “la reglamentación publicada en el Boletín Oficial es inconstitucional ya que no respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que limitan el uso de la fuerza estatal”. Asimismo, se advierte el grado de imprecisión de la normativa la cual en el Artículo 2 Inciso C autoriza el uso de las armas Taser para “impedir la comisión de un delito de acción pública”. “O sea siempre, porque ese es el trabajo de la policía”, explica el CELS y continúa: “Así, con la incorporación de las llamadas armas menos letales se intenta esconder el uso de violencia estatal y las afectaciones serias para la vida y la integridad que estas producen. El gobierno nacional promueve y no controla el uso de armas de fuego; en el mismo sentido, este reglamento implica una nueva habilitación para el uso de la fuerza sin límites ni control”.
En la normativa, tampoco se toma noción de los grupos más vulnerables ante los cuales bajo ningún punto de vista se puede utilizar un arma Taser: embarazadas, ancianos, personas con implantes de cualquier tipo, niños, personas epilépticas, personas con signos de intoxicación por ingesta de alcohol o drogas, como así también personas que hayan estado en contacto con gas lacrimógeno o gas pimienta.
“Es un retroceso en materia de derechos humanos habilitar el uso de las Taser porque desvirtúa la función de la policía y viene a exacerbar prácticas violatorias de los derechos humanos”, analiza Sonia Winer, profesora titular de la cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Y agrega: “La medida implica una habilitación indirecta sobre tratos crueles y de tortura sobre la población, esto va en contra de las recomendaciones de los instrumentos universales de derechos humanos y también porque apuntala la estigmatización de segmentos poblacionales y su publicitación como no sujetos de derecho. Es un retroceso en cuanto al derecho al trato digno de las personas”, explica Winer, quien encabezó la Secretaría de Investigación de la Escuela de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa de la República Argentina.
“En un contexto en el que el Gobierno criminaliza la protesta social, antes que armar a la policía, que ya tienen prácticas muy cuestionadas en materia de derechos humanos, y habilitar la utilización de las Taser para generar daño, lo que habría que hacer es formarlas en mecanismos de resolución y gestión alternativa de los conflictos con una perspectiva de derechos humanos, de cuidar la vida y no de agredirla. Eso habilitaría una sociedad menos violenta y podría bajar los niveles de conflictividad”, concluye Winer. Sin embargo, ahora todo quedará en manos del criterio de cada uniformado.
Ago 12, 2017 | Comunidad
A diez días de la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut, miles y miles de personas se concentraron en Plaza de Mayo para exigir su aparición con vida. La masiva convocatoria fue organizada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS Capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otros organismos de derechos humanos.
El joven tatuador de 28 años, oriundo de La Plata, había llegado a Cushamen para acompañar el reclamo ancestral del Pueblo Mapuche por la devolución de sus tierras, actualmente en manos del empresario italiano Carlo Benetton. Al día siguiente, martes 1º de agosto, en medio de un violento operativo de Gendarmería en la Comunidad Mapuche “Pu Lof” en Resistencia, departamento de Cushamen, testigos afirman haber visto a Santiago siendo capturado y golpeado por gendarmes para luego ser subido a un móvil de esa fuerza. A partir de ese momento, ya nada se supo de él. Desde entonces, miles de personas a lo largo de todo el país, desde integrantes de ONGs hasta figuras políticas, personalidades del mundo del espectáculo y el propio Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas alzaron sus voces para exigir su aparición. Pero hasta el momento, las investigaciones no arrojaron ningún resultado positivo más que desinformación y declaraciones polémicas de parte de las autoridades gubernamentales responsables.
En la tarde del viernes 11 de agosto, bajo una fina y persistente llovizna que no desalentó a la multitud reunida en Plaza de Mayo, el cielo plomizo reflejaba el clima de desesperanza ante la repetición de un hecho tan doloroso y a la vez tan indignante, sobre todo para la historia reciente argentina: la desaparición forzada de una persona, esta vez en pleno gobierno constitucional. Junto a los miembros de la familia Maldonado y a los referentes de organismos de Derechos Humanos estaban presentes el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y familiares de Jorge Julio López, Miguel Bru y Luciano Arruga, desaparecidos en democracia, víctimas de la violencia institucional.
El hermano de Santiago junto a Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel.
Antes de comenzar el acto, frente a la consigna de bajar los carteles y pancartas identitarias de las diversas agrupaciones políticas por haberse decretado la veda electoral –a dos días de las PASO- los manifestantes levantaron una única bandera, la imagen de Santiago Maldonado, dejando a un lado las diferencias para unificarse en un solo reclamo: su aparición con vida. Miles de personas entonaron al unísono el cántico que nació como grito de resistencia al régimen de terror de la última dictadura militar: “Ahora, ahora /resulta indispensable/ aparición con vida y castigo a los culpables”.
Uno de los que sumaba su grito a la consigna era Basilio Serantes, presente en el lugar más de una hora antes del comienzo del encuentro. Recorría la plaza de un lado a otro llevando en alto un cartel con la leyenda: “Lo llevaron vivo, lo queremos vivo”. “No puede volver a ocurrir, ya pasamos por esto. Durante la dictadura, a mí me chuparon (como se decía en aquel momento) a cinco amigos. A cuatro de ellos no los volví a ver nunca más. No podemos dejar que esto se repita, no nos puede faltar la memoria. Siempre hay que resistir, y nunca olvidar”, afirmó Serantes.
El joven tatuador de 28 años, oriundo de La Plata, había llegado a Cushamen para acompañar el reclamo ancestral del Pueblo Mapuche por la devolución de sus tierras.
A los pies del enorme escenario, los organizadores de la concentración se preparaban para iniciar el acto. En diálogo con ANCCOM, el doctor Eduardo Barcesat, abogado defensor de los Derechos Humanos –quien trabajó para la UNESCO como experto en esta área– declaró: “Reclamamos la aparición con vida y en libertad del desaparecido Santiago Maldonado, así como por la determinación de la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales que han diseñado y han ejecutado este plan represivo; esto abarca desde el Presidente de la Nación –Mauricio Macri- hasta los Ministerios de Seguridad y de Justicia. Esta desaparición forzada se suma a la decadencia de los últimos tiempos de haber pretendido ningunear cifras y establecer incertidumbre sobre el número de desaparecidos de la última dictadura. Ahora se agrega el producir nuevas víctimas, lo cual es mucho más gravoso que las anteriores degradaciones en las que ya incurrió la política del actual gobierno, que es paralela al derrumbe económico.”
Por su parte, Norma Ríos, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), expresó: “El hecho de estar en el lugar por tener una organización en Esquel y en el noroeste de Chubut hizo que el día 2 de agosto la primera denuncia por la desaparición de Santiago sea de Julio Saquero, miembro de la Comisión Directiva de APDH que vive allá en Epuyén. Esta es una detención y desaparición en el marco de un operativo del aparato represivo del Estado, y más allá de que estamos en tiempos de veda electoral, no podemos por eso quitarle la responsabilidad al Estado nacional.”
Myriam Bregman, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda (FIT), expuso: “Es una obligación para nosotros estar acá. Yo fui abogada de Jorge Julio López, y sé lo que es que haya un compañero desaparecido bajo un gobierno constitucional. Y también sé cómo actúan las fuerzas represivas del Estado para encubrirlo. Todo lo que están haciendo en este momento Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad), Pablo Noceti (jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad), con el propio Presidente de la Nación haciendo declaraciones al respecto, es encubrir a la Gendarmería. Esas acciones posteriores confirman que hay una desaparición forzada.” Junto a ella, su compañero de fórmula Nicolás del Caño, añadió: “Es completamente repudiable la acusación de querer señalar esta movilización y todas las que se hicieron a partir de la desaparición de Santiago como manifestaciones de interés político. Nosotros acompañamos y participamos de esta convocatoria de diversos organismos de Derechos Humanos y de distintos sectores sociales, sindicales, estudiantiles y políticos porque es nuestro deber. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a convocar a todas las movilizaciones que sean necesarias porque creemos que, como se demostró después del fallo del 2×1, es el único camino para lograr la aparición con vida de Santiago, para que se castigue a los responsables y para que se conozca la verdad.”
La persistente llovizna no desalentó a la multitud reunida en Plaza de Mayo.
Adriana Taboada, miembro de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte e integrante de la Mesa de Organismo de Derechos Humanos organizadora de la concentración, denunció: “Santiago Maldonado fue víctima de desaparición forzada en un Estado democrático, es decir que fue detenido, secuestrado y desaparecido por el Estado de manera ilegal, a través de una de sus fuerzas. Para nosotros, tener que volver a exigir «aparición con vida» es un retroceso de 40 años. Nosotros sabíamos que, por el modelo económico que está implementando este gobierno, iba a haber represión. Pero romper el límite con una nueva desaparición forzada es de un impacto muy fuerte. Esto trae aparejado consecuencias políticas y emocionales para muchos de nosotros, que seguimos buscando saber qué pasó con nuestros compañeros y familiares. Todavía estamos en este camino, reconstruyendo verdad y memoria, y se acaba de producir una nueva desaparición.”
En la misma línea, Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, manifestó en diálogo con ANCCOM: “Es un dolor enorme pensar que se pueda repetir un hecho tan terrible. Acá no estamos solamente los organismos de Derechos Humanos. Hoy acá hay un pueblo. Y después de décadas de democracia, este no es el mismo pueblo que teníamos nosotros hace 40 años. Lo que acá se diga va a romper el silencio que en ese entonces a nosotros nos rodeaba. Nos van a escuchar y nos van a mirar del otro lado. En este momento, además de clamar por la vida de Santiago y de decir que necesitamos la verdad, la justicia y la transmisión de la memoria, decimos que si queremos el «nunca más», hay que romper el silencio. Nunca más el silencio.” Sentado a su lado, Jorge Velarde, ex delegado del astillero Astarsa que en 1975 fue desaparecido junto a dos compañeros, agregó: “Lo que yo pienso, recordando lo que viví en esos días en que pensábamos que nos iban a asesinar, es que nuestro único hilo con la vida era pensar qué es lo que iban a hacer los que estaban afuera por nosotros. En esa oportunidad lograron que apareciéramos. Por eso hoy estamos acá.”
Al inicio del acto, se leyó una carta enviada desde la cárcel de Jujuy por la dirigente de Tupac Amaru, Milagro Sala, mediante la cual expresó: “Nunca creí que en nuestro querido país, después de tantos años de lucha, con la enseñanza que nos dejaron las Madres, Abuelas e Hijos, tuviéramos que marchar otra vez para reclamar por la aparición con vida de una víctima de desaparición forzada como la es la de Santiago Maldonado. Aunque esté detenida voy a seguir estando a su lado, defendiendo las instituciones y reclamando para que Nunca Más volvamos a vivir lo que vivimos en dictadura.”
«Reclamamos la responsabilidad de los autores intelectuales y materiales que han diseñado y han ejecutado este plan represivo; esto abarca desde el Presidente de la Nación –Mauricio Macri- hasta los Ministerios de Seguridad y de Justicia», declaró Barcesat.
A las 18 horas, sobre el palco central y acompañados por familiares de Santiago, los referentes Buscarita Roa (de Abuelas de Plaza de Mayo), Lita Boitano (de Familiares), Norma Ríos (de APDH), Horacio Verbitsky (del CELS) y Taty Almeyda (de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora) leyeron un documento que resumía el reclamo de la convocatoria: la exigencia por la aparición de Santiago, el repudio al Estado por su responsabilidad en la desaparición y la necesidad de castigo para los culpables. “Hoy, en estas horas dramáticas, abrazamos a la familia y los amigos de Santiago Maldonado y exigimos al Poder Judicial que investigue y lo encuentre. Porque ¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos! Y le reclamamos al Presidente de la Nación Mauricio Macri que cumpla con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y las medidas que le encomendó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas”, rezaba el documento.
Cerraron el encuentro el hermano mayor de Santiago, Sergio Maldonado, y su cuñada Andrea Antico, quienes agradecieron a la multitud por su presencia y apoyo. “Las autoridades nos hicieron aparecer como que no queremos colaborar en la búsqueda, cuando lo primero que queremos es que aparezca Santiago. Les pedimos a todos, en cada plaza del país, que nos apoyen”, solicitó Andrea. Tras leer un texto escrito por el propio Santiago, Sergio exclamó: “Que aparezca Santiago lo antes posible. La voy a pelear hasta el final. Quiero a mi hermano con vida”. Y la multitud se retiró en silencio, con dolor y congoja.
Actualizada 12/08/2017
Ago 9, 2017 | Comunidad
El reclamo por la desaparición de Santiago Maldonado finalmente llegó a Buenos Aires. Bajo una llovizna incipiente, miles de personas exigieron este lunes frente al Congreso de la Nación la “aparición con vida” del joven desaparecido el 1º de agosto durante el operativo represivo de la Gendarmería a la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en la provincia de Chubut.
En un clima de enojo y tensión, Germán, hermano de Santiago, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Debe renunciar”, subrayó. “Estamos convencidos de que a Santiago lo desapareció la Gendarmería. El gobierno debe dar una respuesta porque cada minuto que pasa es una angustia terrible”, completó.
Aunque la marcha coincidió con la masiva movilización por San Cayetano a Plaza de Mayo, el reclamo sumó a los organismos de Derechos Humanos y diferentes fuerzas políticas. Esos sectores volverán a movilizarse el viernes frente a la Casa de Gobierno.
Miles de personas exigieron la “aparición con vida” de Santiago Maldonado el último lunes.
Ante el Congreso Nacional se improvisó un escenario sobre un camión. Allí, la familia de Maldonado y luego referentes de las agrupaciones convocantes exigieron una respuesta al gobierno nacional, en particular a la ministra Bullrich. “Creíamos que habíamos terminado con la desaparición de personas. Ellos saben dónde están”, advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo.
Antes del acto, los organismos de Derechos Humanos ya habían accionado por la vía legal, a través de la presentación en el Juzgado Federal de Esquel de tres recursos de habeas corpus y el pedido de intervención a la Comisión contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Ese organismo internacional respondió con un reclamo de “acción urgente” del Estado frente al caso.
Santiago desapareció el primero de agosto luego de un operativo de Gendarmería Nacional.
La ministra de Seguridad fue blanco de las críticas porque en las últimas horas puso en duda la presencia de Maldonado cuando la Gendarmería irrumpió en la comunidad chubutense. Además, amenazó directamente a los mapuches este martes cuando declaró: “No vamos a permitir un Estado autónomo mapuche en territorio argentino”.
En la misma línea de la respuesta del gobierno nacional, el Juzgado Federal de Esquel sostuvo que “no se ha corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería Nacional Argentina en el procedimiento que realizó el 1º de agosto”.
Consultado por ANCCOM, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbistky, tildó la respuesta del Estado de “miserable”. “La ministra de Seguridad ha puesto en duda que Santiago haya estado en la comunidad, cuando hay decenas de testigos que lo vieron”, puntualizó.
Germán Maldonado, hermano de Santiago, apuntó contra la Ministra de Seguridad y dijo que debía renunciar.
En el mismo sentido se expresó Elizabeth Gómez Alcorta, abogada especialista en derecho indígena, defensora de Milagro Sala e interviniente en este caso: “Al menos tres testigos vieron un grupo de gendarmes golpeando a un joven en el piso. Inmediatamente después vieron ingresar al territorio una camioneta de Gendarmería blanca con rombos verdes. Abrieron la puerta de atrás de la camioneta, ingresaron algo y esa camioneta salió para la ruta 40 camino a Esquel”, puntualizó.
El acto terminó pasadas las 19:00. Poco después, y cuando los manifestantes ya se estaban dispersando, un pequeño grupo de encapuchados que no habían llegado con ninguna organización protagonizó un confuso episodio, cortó la avenida Callao y se enfrentó con la Policía al grito de “viva la anarquía” y “muerte al Estado”.
Actualizado 08/08/2017
Ago 2, 2017 | Comunidad
La larga lista de 45 mil firmas llegó a la Casa Rosada. El Comité por la Liberación de Milagro Sala entregó el documento con el respaldo de miles de personalidades de todo el mundo en una nueva acción para exigir la libertad de la dirigente social detenida en la provincia de Jujuy y reclamar el cumplimiento de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que esta semana se pronunció en la misma dirección.
La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, el cineasta Oliver Stone, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, el ex juez español Baltazar Garzón, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, parlamentarios europeos, diputados del Parlasur, actores, académicos y dirigentes políticos, sociales y gremiales estamparon su nombre en el escrito entregado en la Casa de Gobierno este martes.
El documento llegó a la mesa de entradas de la Casa Rosada en medio de un inédito operativo policial.
Tras la presentación del petitorio en la Rosada, las coordinadoras del Comité por la Liberación de Milagro Sala, renovaron el reclamo en conferencia de prensa.
El gobierno evitó una respuesta formal al petitorio, pero el presidente Mauricio Macri viajó este miércoles a Jujuy para respaldar a su aliado, el gobernador radical Gerardo Morales. El mandatario participó de un acto de campaña en el barrio de Alto Comedero, a sólo treinta cuadras del penal en el que Sala permanece presa. “Tenemos que terminar con el clientelismo”, dijo en un mensaje claramente dirigido a la líder de la organización social Tupac Amaru y calificó de “burócratas” a los miembros del organismo internacional con el fin de desprestigiarlos.
A pesar de que la cautelar de la CIDH implica una exigencia al Estado argentino, Macri insistió con la responsabilidad de la Justicia local en la resolución del caso. “Respeto la independencia de las provincias y de sus sistemas judiciales, demando una justicia independiente y federal», argumentó.
Morales fue más allá y acusó a los miembros de la CIDH de “vivir en Washington y no saber cómo se vive en Jujuy”.
El documento llegó a la mesa de entradas de la Casa Rosada en medio de un inédito operativo policial.
En los fundamentos de la medida cautelar conocida esta semana, la CIDH consideró que los derechos a la vida e integridad personal de la líder de la Tupac Amaru “enfrentan un riesgo de daño irreparable”. Si bien se exige adoptar “medidas alternativas” a la prisión preventiva, como el arresto domiciliario o la libertad con fiscalización electrónica, se recuerda la obligación del Estado de acatar la resolución del grupo de trabajo de Naciones Unidas que también determinó que la detención de Sala es arbitraria y debe ser liberada inmediatamente.
Tras la presentación del petitorio en la Rosada, las coordinadoras del Comité por la Liberación de Milagro Sala, Mara Brawer, diputada nacional con mandato cumplido, y Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, renovaron el reclamo en conferencia de prensa. Estuvieron acompañadas por unas 40 personas, entre las que estuvieron Lita Boitano, de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas; Elizabeth Gómez Alcorta, coordinadora de la defensa de Sala; Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Gisela Cardozo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la actriz y cantante de tango Susana Rinaldi y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.
Horacio Verbitsky, Elizabeth Gómez Alcorta y José Schulman, entre otros, estuvieron en la presentación del petitorio en Casa Rosada.
“Hubo un operativo bastante desmedido con cinco patrulleros y quince efectivos de la Policía de la Ciudad; después aparecieron unos 30 de Infantería con el objetivo de impedir que la comitiva llegara a la Casa Rosada”, declaró a ANCCOM Sebastián Ortega, responsable de prensa del Comité.
Ortega subrayó que el objetivo del petitorio es recordar que “tanto la resolución de octubre del grupo de trabajo de Naciones Unidas como la cautelar de la CIDH apuntan directamente a la responsabilidad del Estado nacional” en el caso.
Milagro Sala está detenida desde enero de 2016 sin tener condena efectiva. “La detención arbitraria de una dirigente social de su envergadura pone en riesgo a los cuarenta y tantos millones de argentinos”, concluyó Verbitsky durante la rueda de prensa.
Actualizado 02/08/2017
Feb 28, 2017 | Entrevistas
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación eligió un caso sobre libertad de expresión para anunciar cómo considerará los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y manifestó su preocupación porque “el caso plantea un verdadero debilitamiento de la protección judicial e internacional de las víctimas de violaciones de los derechos humanos”. Semanas atrás, el máximo tribunal resolvió no cumplir con un fallo de la CIDH que ordenaba al Estado argentino revocar su sentencia en el Caso Fontevecchia, porque consideró que el fuero internacional no es una “cuarta instancia” revisora para el país. Por voto mayoritario, la Corte justificó su decisión afirmando que si “tuviese que revocar su propia sentencia firme, estaría perdiendo su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino, en violación a los artículos 27 y 108 de la Constitución Nacional”. Juan Carlos Maqueda, el único disidente, sostuvo que con las modificaciones incluidas en la reforma constitucional de 1994, las sentencias del tribunal internacional deben ser cumplidas por el Estado y son obligatorias para la Corte.
Los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico fueron denunciados por daños y perjuicios por el entonces presidente Carlos Menem, debido a tres publicaciones en la revista Noticias (1995) en las que revelaban la existencia de un hijo extramatrimonial del funcionario. En 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena contra los periodistas, al considerar que se había violado el honor y la intimidad del ex presidente. Fontevecchia y D’Amico pagaron la indemnización exigida por la Corte, pero recurrieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011 declaró que el Estado argentino había violado la libertad de expresión de los periodistas y exigió, entre otras cosas, revocar el fallo de la Corte que los había condenado. Esa es la sentencia que el máximo tribunal de justicia se ha negado a cumplir y que podría funcionar como precedente para futuras decisiones que impliquen violaciones de derechos humanos por parte del Estado argentino.
Federico Efrón, coordinador del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, reflexionó sobre las posibles consecuencias de la decisión de la Corte Suprema y la importancia de los sistemas internacionales en la defensa de derechos humanos. “Es muy preocupante, grave, y contradice los últimos 25 años de lo que la Corte Suprema argentina venía resolviendo al considerar que nuestro sistema judicial es un bloque donde juegan armoniosamente la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Y donde el sistema interamericano operaba como una instancia más donde uno ante una gran violación de derechos humanos y ante una absoluta falta de respuesta del sistema jurídico nacional, podía hallar una respuesta y una reparación. Todo eso hoy está en duda”, consideró. En ese sentido, remarcó la necesidad del Estado de cumplir con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que exigió la liberación de Milagro Sala y denunció la arbitrariedad de su prisión preventiva.
¿Cuáles fueron las razones que dio la Corte Suprema para no cumplir con la Corte Interamericana en el caso Fontevecchia?
La Corte se negó a dejar sin efecto la condena y dijo dos cosas esenciales. En primer lugar, que la Corte Interamericana no tenía la facultad de dictar ese tipo de reparación, que no podía decirle a la Corte Suprema argentina que deje sin efecto esta condena. En segundo lugar, dijo que, en cualquier caso, hay que analizar si la sentencia de la Corte Interamericana está en consonancia con el derecho público interno. Lo que la Corte Suprema argentina hizo fue dejar de lado la jurisprudencia de los últimos 25 años, en donde se entendía que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. En lugar de continuar sosteniendo que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos deben ser entendidos en forma armónica como un bloque constitucional en sí mismo, lo que ha entendido es que hay un dualismo, que son dos cuestiones distintas y que los tratados de derechos humanos que están en la Constitución se van a aplicar en la medida que respeten el derecho interno.
La Corte se apoyó en el artículo 27 y 108 de la Constitución en su argumentación…
Exactamente. De ahora en más, habrá que hacer un cotejo para ver si las sentencias del sistema interamericano y los tratados de derechos humanos están en consonancia con el derecho público interno en los términos del artículo 27 de la Constitución. El artículo 75 inciso 22 de la Constitución contiene los tratados de derechos humanos obligatorios para Argentina, que son parte de la Constitución. Lo que pasa es que la Corte hace una lectura recortada de ese artículo, y únicamente utiliza la parte que dice que los tratados no alteran la primera parte de la Constitución. En la primera parte de la Constitución está el artículo 27, y como el artículo 75 inciso 22 dice que los tratados no pueden alterar la primera parte, la Corte estableció que, de ahora en más, los tratados de derechos humanos o las sentencias de la Corte Interamericana tendrán que revisarse para ver si están alterando o no el artículo 27, que es el de derecho público interno. Esto es incorrecto, porque el mismo artículo 75 inciso 22 incluye la referencia a las condiciones de su vigencia y dice que debe entenderse complementario de los derechos y garantías conocidos en la primera parte. Entonces, al recortar el 75 inciso 22, vuelve a un sistema de dualismo en el cual son dos cosas separadas: la Constitución y los tratados de derechos humanos. Cuando, en realidad, lo que se venía haciendo y fortalecía tanto a nuestro sistema como al sistema interamericano, era un entendimiento en forma coordinada y armoniosa del bloque de constitucionalidad federal, que es la Constitución y los tratados.
¿Qué consecuencias puede traer esta decisión en la garantía de derechos humanos de los argentinos?
Las consecuencias están por verse pero pueden ser muy importantes, porque frente a una situación de una gran violación de derechos humanos de un ciudadano argentino en la cual el sistema argentino no le dio ninguna respuesta, hasta antes de este fallo, y por lo menos en los últimos 30 años, uno podía ir al sistema interamericano y había una razonable expectativa de tener una sentencia favorable. Esa sentencia favorable implicaba una reparación, implicaba justicia. La cuestión es que ahora, con este fallo, una víctima puede ir al sistema interamericano, puede obtener una condena al Estado argentino, pero la Corte después revisará si esa condena es aplicable o no. Entonces, todo puede quedar simplemente en un papel que dice que se condena al Estado argentino. Además, esto puede llevar a que pierda fuerza la utilización de los sistemas internacionales de protección, la utilización de los tratados de derechos humanos en la búsqueda de justicia en los tribunales nuestros.
¿En qué criterios se van a basar para decidir?
Aparentemente, de ahora en más, ellos van a revisar si la Corte Interamericana podía dictar la condena, si podía imponer el remedio. En este caso el remedio era dejar sin efecto la condena. Bueno, la próxima vez van a revisar si se podía hacer determinada cosa. Y después, van a hacer una comprobación de si ese remedio está en consonancia con nuestro derecho jurídico interno. Es muy preocupante.
¿Este precedente puede afectar en la situación de Milagro Sala?
Esa es una pregunta difícil. No es exactamente la misma situación, ya que una cosa es una sentencia de la Corte Interamericana y otra cosa es una decisión del Grupo de Trabajo que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros seguimos sosteniendo que Argentina debe honrar esa resolución. Además, hay que tener en cuenta que en la situación de Milagro Sala, la decisión del Grupo de Trabajo se basa por supuesto en el derecho internacional de los derechos humanos, pero también en cuestiones de derecho interno, porque hay violaciones a derechos que están protegidos en nuestra Constitución y en leyes nacionales. Entonces ahí es una incógnita qué es lo que va a suceder.
El gobierno argentino ha decidido ignorar los pedidos internacionales por la libertad de Milagro Sala y responder que la justicia es independiente. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Las obligaciones internacionales las asume el Estado argentino. Y el Estado argentino frente al mundo está representado por el Poder Ejecutivo Nacional. Y el Poder Ejecutivo Nacional es el presidente. La obligación de cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo sigue estando en cabeza del presidente. A su vez, en el marco de los trámites ordinarios de las causas penales de Milagro Sala, hace un mes acaban de llegar dos recursos extraordinarios a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces hay una oportunidad para que la Corte Suprema dicte una resolución sobre la detención preventiva de Milagro Sala. Pero son dos cosas distintas. El Estado argentino, en la cabeza de nuestro presidente, es responsable de cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo. Además, una de las cosas que valoró el Grupo de Trabajo es que había serias dudas sobre la imparcialidad de la justicia de Jujuy. Ahí nosotros aportamos un montón de información en donde queda muy en claro la injerencia directa del gobernador (Gerardo) Morales en la designación de funcionarios judiciales que tuvieron y tienen que ver con la detención preventiva de Milagro Sala. Para nosotros no es novedad que esté puesta en duda la independencia judicial en Jujuy.
¿Cuál es la situación legal de Milagro Sala?
Hay separadas discusiones. Una cosa tiene que ver con las acusaciones a Milagro Sala. Si las denuncias son serias, por supuesto que se tienen que investigar. Lo que está pasando es que todas las investigaciones contra Milagro Sala están siendo llevadas por funcionarios que han sido designados de alguna u otra forma por el gobernador Morales, quien a su vez se presenta como querellante en las causas. La otra discusión, la que se da desde el primer día, es que la prisión preventiva de Milagro Sala es arbitraria y es ilegal. Eso es lo que estamos discutiendo, porque la regla en el proceso penal es la libertad. En el caso de Milagro Sala no hay justificación de entorpecimiento en la investigación, ni de posibilidad de fuga. Y como no hay justificación, entonces es injustificada su detención, que ya lleva más de un año. Eso es lo que entendió el Grupo de Trabajo, que dijo con mucha claridad que el Estado argentino no aportó información que justifique la detención preventiva de Milagro Sala. Ella fue imputada en diciembre, fue llamada a indagatoria en enero, concurrió, designó abogado defensor, dio su domicilio personal, colaboró con la justicia como todo imputado debe hacer. Sin que haya cambiado nada en el medio, a los cinco días es detenida. No hay justificación en su prisión preventiva, eso es lo arbitrario e ilegal.
¿Cuáles son los próximos pasos en el caso?
Hoy el Estado argentino debería estar cumpliendo con la decisión del Grupo de Trabajo. Eso es algo que no está haciendo. Por otro lado, hay dos recursos extraordinarios ante la Corte Suprema que se van a resolver en las próximas semanas o meses. Uno tiene que ver con que su detención preventiva se hizo sin haber hecho el proceso de desafuero. Ella tiene fueros como diputada electa del Parlasur y la justicia jujeña se olvidó por completo y la mandó a detener como si fuese ciudadana común, y no lo era desde el momento que fue elegida democráticamente como diputada del Parlasur. El otro recurso extraordinario es por la detención preventiva injustificada. La regla es la libertad, y la excepción es la prisión preventiva. Para que esta se dé lo más importante es que haya una fundamentación, que haya motivos que hablen de un peligro de fuga, o que la persona estando en libertad entorpezca la investigación. Esto no se acreditó nunca.
En la visita de Mauricio Macri a España, el diputado de Podemos Íñigo Errejón consideró que la detención de Milagro Sala forma parte de una política del gobierno: combatir a los pobres. ¿Qué opina al respecto?
Es difícil pensar en eso porque afortunadamente la única detenida en estos términos es Milagro Sala. La situación de Sala es extremadamente grave pero a su vez es única. Yo creo que en el caso de ella se inserta en otra cuestión claramente interna, en la cual era manifiesto que el gobernador Gerardo Morales tenía una decisión tomada respecto a qué es lo que iba a hacer con ella. Pero sí nos parece muy importante el apoyo internacional y sí es un ejemplo de las consecuencias que tiene el Estado por no cumplir con una decisión de un Grupo de Trabajo de la ONU. Esta no es la primera vez. Ya vino el primer Ministro de Canadá, distintas organizaciones del mundo se han manifestado en ese sentido, hay un montón de cartas que llegan a los distintos consulados y embajadas de Argentina en el mundo preguntando qué pasa, por qué Argentina no cumple. Estas son las consecuencias que hay cuando no se cumple con una decisión de un tribunal internacional.
¿Hay alguna otra vulneración de derechos en la provincia de Jujuy?
Hay una situación bastante compleja en todo lo relacionado a la protesta. Hay muchas organizaciones sociales que han estado protestando por distintas cuestiones sociales –respecto al trabajo, a las cooperativas- y están sufriendo no solo situaciones de represión, sino también de criminalización. Hay un hostigamiento de parte del Poder Ejecutivo jujeño que no es exclusivo hacia la Túpac, sino hacia muchas otras organizaciones en Jujuy.
¿Alguna otra provincia argentina se encuentra en una situación similar?
Sí, hay distintas situaciones. Una de las más graves es la de Chubut. El gobernador Mario Das Neves tiene un discurso muy claro, tratando de terroristas a los mapuches. Eso ha llevado a que en los últimos meses se hayan dado situaciones extremadamente violentas, y no es la forma de responder a los reclamos legítimos de las comunidades indígenas.
Actualizado 28/02/2017
