¿Un país sin universidades?

¿Un país sin universidades?

Ante la prórroga del presupuesto destinado para el año pasado, las universidades alegan que, con una inflación que llega al 250 por ciento interanual, peligra su normal funcionamiento. A esta realidad se suma también el conflicto por las paritarias docentes.

El Poder Ejecutivo nacional decidió disponer para la actividad universitaria de 2024 la misma partida presupuestaria que en 2023 a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El presupuesto ni siquiera suma un ajuste por inflación, que en el ultimo año se aproximó al 250%, algo que afecta gravemente el financiamiento de la educación superior en su conjunto.

En las últimas semanas las universidades comenzaron a explicar a la sociedad por qué la educación superior resulta así inviable. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó una resolución en la que manifiesta el estado de “extrema preocupación” de la comunidad respecto de su situación presupuestaria y encomienda al rector realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Capital Humano a efectos de disponer de un presupuesto que garantice la continuidad de las funciones de docencia, investigación, salud y extensión, desarrolladas en las distintas unidades académicas.

La Facultad de Ciencias Sociales fue la primera de las trece que componen la UBA en manifestarse a través de un comunicado en redes sociales donde se explica que “durante 2023 Sociales contó con un presupuesto de 238 millones de pesos, dinero utilizado para limpieza de los edificios, el mantenimiento de ascensores, la compra de pupitres, la ART para nuestros y nuestras estudiantes, entre otros gastos que hacen al normal desempeño institucional”. Con el nivel de inflación interanual del 250 por ciento, para funcionar este año se necesitan 645 millones de pesos lo que deja un déficit estimado de 406 millones.

Al respecto, en diálogo con ANCCOM, el vicedecano de Sociales Diego de Charras explicó que con la réplica del presupuesto 2023 para este año la Facultad puede garantizar el funcionamiento por un plazo de algunos meses y sosteniendo sólo los servicios y necesidades esenciales, por lo que están evaluando todos los gastos a ser afectados de modo que no se perjudique un mínimo funcionamiento.

“En principio intentamos postergar gastos no urgentes, como pueden ser arreglos o compras que se tienen previstas para este año y priorizar aquello que hace al funcionamiento de la institución con condiciones de seguridad e higiene” indicó el vicedecano. Además, De Charras considera que, si bien desde la gestión y organizaciones sindicales se están llevando adelante gestiones ante la Universidad de Buenos Aires y de allí a otros niveles de gobierno, “la principal medida hoy es la información y la concientización de nuestra comunidad, y luego de toda la sociedad, acerca de la gravedad del recorte y de los riesgos para la educación pública”. Si la situación no se destraba, aclara, “seguramente se evaluarán medidas de fuerza de otro tenor”.

Ludmila Peralta, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, remarca que su rol es velar por los estudiantes y especialmente los más vulnerables que son quienes terminan abandonando las carreras universitarias: “El centro viene manifestando desde diciembre, cuando vimos cómo se presentaba la situación, que lo principal es que nadie deje de cursar y que cualquier estudiante se pueda acercar a hablar con nosotros. Si queremos ser un montón en las calles defendiendo la educación pública primero tenemos que estar en las aulas” enfatiza la responsable del Cecso.

Congelados

La Universidad Nacional de Quilmes también emitió una comunicado titulado “Modificaciones en la oferta académica” por el congelamiento presupuestario que regirá para las carreras de grado y pregrado en las modalidades presencial y a distancia. Allí se establecen nuevos topes para la inscripción a materias. El argumento que dan es que “el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024: esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades que formamos parte del sistema público”.

En consecuencia, desde la UNQ se estableció una adecuación de la oferta académica a las posibilidades del presupuesto actual y ya no será posible costear cursos adicionales como tampoco contratos de docentes extra, y en los próximos periodos de inscripción a materias se ponen nuevos topes de dos materias más una tercera de forma adicional. Desde ANCCOM se intentó comunicarse con los responsables del área de prensa de la Universidad Nacional de Quilmes y respondieron que por el momento solo se van a limitar a la difusión de lo publicado en su página web.

También la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia Córdoba, se sumó a las advertencias indicando que se encuentran en una situación económica crítica y denuncian que “el presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, como así también es posible que se genere devaluación de las becas y afectación del sistema alimentario, que impacte en la adquisición de insumos para docencia e investigación, en la ejecución de programas especiales, entre otras tantas actividades del quehacer institucional”.

 

La paritaria docente: conflicto en puerta

Otro foco de conflicto en el contexto inflacionario actual es el acuerdo por los aumentos salariales a los docentes universitarios. Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó a ANCCOM que solo se ofreció un 6 por ciento de recomposición salarial sumado al 10 por ciento que arreglaron con el gobierno anterior, todo a cobrar en marzo: “Durante el mes de enero tuvimos cero por ciento de recomposición, por lo tanto, la licuación de poder adquisitivo ronda un 40 por ciento. Rechazamos esa propuesta del gobierno actual y pedimos una nueva reunión donde se nos trajera un número que nos permita recuperar lo perdido frente a la inflación pero esto no ocurrió y la situación en las universidades se va a ir profundizando considerando la urgente necesidad de aumento del presupuesto”, enfatizó la representante de la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica nucleados dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. (CTA Autónoma).

Juan Donati, Doctor en Derechos Humanos y secretario general del Sndicato de Docentes e Investigadores de la Universidad de Lanús, cuya federación a nivel nacional es FEDUN, comenta que el clima le hace acordar a los meses previos al 2001 cuando todo terminó en un estallido social. “La situación afecta a los sectores más vulnerables y para quienes tenemos salarios fijos, la pérdida de poder adquisitivo es muy significativa. Esto incluye docentes e investigadores”, remarca Donati.

En la Universidad de Lanús se llevó adelante una asamblea con más de 60 docentes dónde el análisis fue por un lado el problema del poder adquisitivo; por otro, el desfinanciamiento educativo. Dice el secretario general ADUNLa que el rector les aviso que “los fondos alcanzan para funcionar hasta el mes de mayo, nos vamos a declarar en emergencia”.

Donati explicando que “desde la Federación de Docentes Universitarios, como parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha decidido llevar adelante un plan de lucha junto con otros claustros. Una escalada de actividades para ser visibilizados y, si no se va resolviendo la situación, llegar hasta el paro nacional”. Para Donati “el ajuste no tienen que ser los trabajadores mientras las multinacionales se llenan de dinero. Plata hay pero existen desigualdades en la distribución. Nosotros no somos la casta”.

La situación de ahogo presupuestario a las universidades públicas y la licuación del salario de los trabajadores son una realidad que pone en riesgo un derecho fundamental: la educación pública y gratuita. Sin ese recurso mínimo para igualar un poco las posibilidades de todos, la “meritocracia” que pregona el gobierno se torna aún más injusta. La tradición de lucha histórica del movimiento estudiantil y docente será clave para combatir las nuevas (viejas) ideas que solo pretenden generar exclusión, hambre y miseria.

 

Ante el retiro del Estado en el sistema de salud, emerge la solidaridad

Ante el retiro del Estado en el sistema de salud, emerge la solidaridad

Con el lema “ninguna familia sin salud”, la plataforma Argentina Humana organizó talleres de diferentes especialidades de medicina. La actividad, a la que asistió un numeroso público que fue atendido por los equipos sanitarios voluntarios, tuvo como eje el reclamo contra los recortes del Gobierno de Javier Milei.

En una improvisada sala de espera bajo el sol, dos veinteañeras con una remera que clama “luchando por la salud pública” le hablan a cinco personas sentadas y a unas quince paradas alrededor. Una de ellas se acerca mostrando una botella cerrada con agua amarillenta y larvas de mosquito. La otra explica que desde el año pasado estamos en una epidemia de dengue. La Plaza de los dos Congresos tiene un sol pesado y un calor gomoso a las 16, pero sus primeros metros están llenos de gente y gazebos. Argentina Humana, parte del Frente Patria Grande, vuelve a ocupar la plaza con otra iniciativa solidaria: “Ninguna familia sin salud”.

Manuel Fonseca, médico generalista y coordinador de los equipos de salud de la plataforma Argentina Humana, trata de encontrar una sombra. “Estamos acá para visibilizar los problemas de acceso y atención que tienen muchos argentinos y ponernos a disposición para defender lo bueno que tiene nuestro sistema de salud. Los problemas que tiene no arrancan con Milei, pero todas sus medidas van a empeorar la salud: desreguló los precios de los medicamentos, desreguló las prepagas y desfinanció a las provincias, que son las que se hacen cargo de los sistemas de salud”, dice mientras mira a la gente haciendo fila en los gazebos.

Sólo en la primera hora, más de 200 personas se acercaron a las postas. Entre otras especialidades hay atención y orientación nutricional, otorrino-laringología, atención cardiológica y electrocardiogramas, medición de visión y medicina general. Lorena, una señora de 70 años, está muy contenta con la actividad. Se enteró por la radio y decidió pasar luego de un voluntariado que realiza en la Iglesia San Expedito. Mientras pela una banana, hace la fila para que un generalista le haga el apto físico para poder ir al gimnasio.

Entretanto, en el taller de dengue una señora de 50 cuenta que tuvo mucha fiebre. “Es terrible, pero el chikungunya es peor ¿Saben qué significa? Rompehuesos”, añade Corina, militante de Irma Carrica y trabajadora de la salud, mientras los ojos de su público quedan como huevos duros. Atrás, una bandera colgada reza “al gran pueblo argentino salud” y entre celeste y blanco emerge la imágen del sanitarista Ramón Carrillo.

“Vinimos a darle un mimo a la salud y a la gente que hoy la está pasando muy mal. Ahora estamos en un brote de dengue, así que traje bichitos, huevos, larvas y un mosquito muerto para que la gente los pueda reconocer en su casa, aunque es un tema que tenemos que trabajar todo el año”, declara Corina ajustando sus lentes de sol. “Tener información es un derecho. Es fundamental saber identificar para prevenir”, agrega.

Como lema, los voluntarios repiten: “Brindar información para tener capacidad de decisión”. En la esquina más cercana a avenida Rivadavia, dos de los gazebos están dedicados a la salud sexual. En uno testean el VIH, pero en los dos resuelven consultas sobre métodos anticonceptivos. Médicas con ambos blancos ofrecen folletos y preservativos a personas que pasan y que hacen colas en los otros puestos sanitarios. “Con esto buscamos derribar mitos alrededor de los anticonceptivos, que son por los que muchas personas ni siquiera se acercan a los centros de salud”, dice Soledad Livi, médica de familia, con entusiasmo.

Una de las médicas voluntarias del stand acompaña con los resultados del test a un señor que rondaba los cuarenta años, ofreciéndole preservativos. Le recuerda que por una situación de riesgo, debe volver a hacerse la prueba de VIH en un mes. Con los hombros aliviados, él sostiene el papel con suavidad.

Soledad también se acercó como voluntaria a la actividad: “Cada vez hay más barreras para acceder a la salud: hay pocos turnos, ahora hay más demanda de los servicios públicos y está siendo desmantelada. No tenemos recursos ni medicamentos. En el caso de las mujeres, tenemos mucha demora con la entrega de métodos anticonceptivos, lo que implica un riesgo de embarazo no deseado en una población muy grande”.

Tras un breve pasillo, está el stand de salud mental, que es de los más demandados y de los que más voluntarios convocaron. Rebalsan del gazebo cuatro rondas de sillas, ocupadas por cinco personas. Elena García, licenciada en Trabajo Social, explica el funcionamiento: “Tenemos un dispositivo de primera escucha donde orientamos y asesoramos y después tenemos un taller grupal. La demanda es tanta porque después de la pandemia está más sobre la mesa el tema de salud mental y, si hacíamos una jornada de salud, no podíamos no tenerla en cuenta”. Las rondas de escucha están formadas por profesionales y estudiantes de psicología, trabajo social, psicopedagogía y psiquiatría.

Mientras Elena habla, la psicóloga Mercedes Kopelovich se acerca para añadir: “Proponemos en los espacios individuales y grupales una idea más integral y comunitaria de la salud mental. La idea no es hacer una escucha individual y aportar herramientas o recursos ni referenciar a puntos de salud, sino potenciar los recursos que ya tienen y darle el estatuto de recurso para el tratamiento a cosas que están más en el orden de sentirse parte de un colectivo”. Federico, un treintañero del puesto de problemáticas de consumo, sintetiza la idea: “Hay que armar redes de contención. No se soluciona mandando a las personas a un centro de salud”.

En las primeras sombras que proyecta el Congreso, una médica generalista de ambo azul tiende una manta sobre la vereda y una señora vestida de marrones se sienta formando una “p” con sus piernas. Una salud cercana al pueblo indica cómo tomar medicaciones y recomienda alimentos para diabéticos desde el piso. Dos madres vinieron con sus hijos desde Retiro para que los atiendan por odontología. “En el hospital teníamos que esperar como dos meses”, decían mientras esperaban a un otorrino.

Desde la esquina de Entre Ríos e Yrigoyen, una nena con ventanas en los dientes juega con burbujeros. “Más fuerte hacelos”, le ordena juguetona a una de las voluntarias del espacio de recreación. Mientras la nena intenta agarrar las burbujas, Juan Grabois aparece. La gente se acerca alborotada. Algunos le agradecen, otros le piden fotos y muchos se acercan a saludarlo o apretarle cariñosamente el brazo. A la par de Manuel Fonseca recorre los puestos y habla con la gente.

Un hombre en situación de calle se acerca con sus pertenencias en mano al puesto de hidratación y deja un vaso vacío de jugo al lado de una médica petisa. Ella le toca el antebrazo y con la mirada lo invita a agarrar algunas galletitas. Con la emoción y timidez de quien se siente contemplado con amorosidad, el hombre selecciona tres. La médica sonríe con los ojos.

Un medio de televisión enfoca al dirigente, que reivindica la jornada de trabajo de sus compañeros en un contexto político hostil. Un gran círculo de personas lo rodean para escucharlo. Serios, asienten. Un grupo comenta en voz baja la situación de falta de insumos en los hospitales, incluso en los de renombre.

De repente, un viento de superficie levanta la tela blanca de dos gazebos. Como un manto, una cae sobre el que supo llamarse “Juan 23”, invadiendo el móvil televisivo. Un par de médicas se arremangan con decisión y se trepan a la estructura para volver a colocarlo. En pocos minutos, los gazebos volvieron a su lugar. La tela recuerda que la jornada solidaria está hecha a pulmón, respiración a respiración y codo a codo.

Despidieron a los guías del Centro Cultural de la Ciencia

Despidieron a los guías del Centro Cultural de la Ciencia

Luego de la cancelación de la temporada de verano, el C3 reabrió sus puertas al público. Sin embargo, no renovaron los contratos de quienes guiaban las visitas.

El Centro Cultural de la Ciencia reabrió al público el pasado 26 de enero luego de la cancelación de la temporada de verano, decisión tomada por Alejandro Cosentino, encargado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete de la nación.

El Programa de Formación en Comunicación Pública y Educación, integrado con más de 70 estudiantes de universidades nacionales y que se desarrollaba en este espacio, en cambio, parece definitivamente recortado. “La respuesta que recibimos fue que iba a abrir el museo sin nosotres”, afirma Jade Desimone, estudiante de Química y Antropología de la UBA, ex guía del lugar.

El C3 comunicó el comienzo de su temporada de verano mediante sus redes, invitando a que se lo visite de viernes a domingo. Si bien su reapertura fue una buena noticia , no pasó desapercibida la ausencia de los guías: “Ni bien abrió el C3 se llenó de gente en los comentarios preguntando por nosotres y los tuvieron que limitar”, comenta  Desimone.

Los integrantes del programa completaban la experiencia en el Centro con un acompañamiento individualizado. Con la ausencia de los copilotos, como se los llama en el C3, el lugar está “siendo moderado en protocolo de emergencia”, es decir, “gente que quizá se dedicaba a la gestión de eventos o a las redes sociales ahora está haciendo nuestra labor”.

Además de perder su trabajo, a los pilotos se les adeuda el pago del mes de diciembre. Frente a esto Desimione cuenta: “La Secretaría no pasó ni un peso aún pero se comprometieron a pagarle a las facultades los fondos que fueron adelantados”.

Una vez cancelada la temporada de verano los integrantes del programa siguieron con la divulgación de ciencia en redes mediante la organización de actividades al aire libre de manera independiente, con el eslogan «C3 en las calles». Al día de hoy lo siguen haciendo:  “Estamos tratando de definir una nueva estética y un cambio de nombre, pues hacerle publicidad gratis al C3 no tiene mucho sentido”, aseguran. Esto implica desgaste y costo, por lo que no lo están pudiendo realizar de manera constante. Hasta el momento se reunieron en la plaza del Polo Científico-Tecnológico, en la Plaza Saavedra y en el Parque Centenario.

 De momento siguen sin conocer cuándo y dónde será la próxima edición pero irán comunicando todo en sus redes sociales, como también divulgando contenido científico.

Denuncian el uso de la motosierra con las infancias y adolescencias

Denuncian el uso de la motosierra con las infancias y adolescencias

Los trabajadores de la exSecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia realizaron una radio abierta frente al edificio donde se encuentra el organismo para visibilizar despidos, desfinanciación y la falta de designación de personal jerárquico. Todos los cuestionamientos apuntan a la ministra Sandra Pettovello.

La exSecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) realizó una radio abierta para denunciar su desfinanciación, el despido de 61 trabajadores y la falta de designación de  personal jerárquico. La actividad se desarrolló desde las 13 en el edificio del organismo, ubicado en Perón 524, y contó con la presencia de los trabajadores que forman parte de los centros de desarrollo infantil, los hogares para adultos mayores y la línea de asistencia para chicos y chicas.

La actividad tuvo lugar después de que los trabajadores lanzaran un comunicado en el que se alertaba que la SENAF había sido degradada a subsecretaría, por lo que había menos recursos para mantener el mismo nivel de asistencia. Por otro lado, en el texto firmado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)  manifestaba preocupación por el aumento de la explotación laboral y la posibilidad de que haya aún más rescisiones de contratos. 

En este sentido, Adolfo DArdik, secretario general de la Junta Interna de la Subsecretaría lamentó: “ Que desfinancien al Estado como lo vienen haciendo aventura un desguace de un organismo que, en este contexto de crisis socioeconómica, debería estar a disposición de todos los sectores más vulnerados”.

Esto se da en el marco de una paralización que los trabajadores han bautizado como “caos administrativo”: “No tenemos funcionarios designados, no hay interlocución. Cada tanto aparecen quienes deberían ocupar algunos cargos de jerarquía y solo nos dicen ‘no tenemos definiciones’”, explicó el gremialista. 

Sandra, integrante del personal de SENAF, tomó el micrófono de la radio abierta y coincidió con Dardik: “Como no hay autoridades, no hay firma, entonces no se mueve ningún papel. No hay dictámenes, no hay pagos, no hay firmas de convenios, no se están tramitando las reparaciones económicas para niños y adolescentes que han perdido a sus madres por femicidios, no se están gestionando pagos para espacios de primera infancia”. 

“Nos acercamos hacia el fin de un primer trimestre con ejecución cero, cosa nunca vista en el organismo —continuó— Y en la medida que esto no se subsane, el segundo trimestre quizás no sea de ejecución cero pero sí de subejecución. Encima tenemos un presupuesto prorrogado del 2023, por lo que está a la baja” 

El siguiente en tomar la palabra fue Dardik, quien adelantó que habrá más actividades similares si no se oyen los reclamos de los trabajadores. “El presidente se encargó en las últimas entrevistas de denominarnos como parte de una asociación criminal, dijo que el Estado es una asociación criminal. Es horrible en todo sentido”, sostuvo.

Es claro que nosotros a la disputa ideológica la damos en todos los campos —añadió—; nuestra disputa es en el campo del sentido. Esta gestión (la de Sandra Pettovello), en las pocas intervenciones públicas que ha tenido habló de caridad y beneficencia. Nosotros hablamos de justicia social, de un Estado presente en territorio, que genere políticas públicas y derechos”.

Antes de concluir, sentenció: “Esta pelea la vamos a ganar, como hemos ganado otras tantas. Porque sabemos de nuestro compromiso, sabemos de nuestra fortaleza, sabemos que cuanto más nos golpean más solidaridad generamos. Estos personajes que deambulan por nuestro organismo, que se jactan de hablar del niño por nacer, poco les interesan los derechos de los niños nacidos, que son los que laburamos”.  

La realidad detrás de los recortes

A Alejandra (54) la despidieron a través del sistema de gestión de documentos el 30 de diciembre. Ese martes llegó al Centro de Desarrollo Infantil Evita, en el barrio de Congreso, y al prender la computadora se encontró con un cartel que le indicaba que no le había renovado su contrato. 

“Me agarró una crisis que quería romper todo… No sé cómo explicarte —recordó con lágrimas en sus ojos ante este medio—. Me empezó a latir el corazón muy fuerte, fue tristísimo”. 

Había ingresado al SENAF en mayo del 2023, en el marco de una serie de contrataciones que buscaban cubrir bajas en diversas áreas críticas. Antes se desempeñaba en trabajos temporales como acompañante terapéutica y niñera, por lo que la posibilidad de acceder a un trabajo en blanco había significado un gran progreso para su carrera. 

“Me tocó trabajar con nenes de dos años. La verdad es que trabajamos un montón —indicó, mientras se inclinaba hacia delante, casi como si suplicara que le creyeran—. El CDI ordenaba mi vida. Era un trabajo hermoso”. 

Luego de la notificación virtual, siguió acudiendo a su trabajo durante dos semanas: “Iba porque era mi puesto de laburo, por suerte tuve el apoyo de mi jefa, mi directora y mis compañeras. Yo quería laburar. Dicen que somos unos vagos, que somos todos ñoquis, que el Estado da gasto y no suma, pero es el Estado el que sostiene todo”. 

La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia también es víctima del ajuste

La Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia también es víctima del ajuste

ATE, CTA y la Junta Interna de la exSecretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia denunciaron la degradación del organismo, el despido de decenas de trabajadores y el caos administrativo por la falta de designación de autoridades. Convocan a una radio abierta para mañana, jueves 15, frente a la actual Subsecretaría.

Los trabajadores de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) denuncian la degradación del organismo a subsecretaría, el despido de decenas de trabajadores y un “caos administrativo” relacionado con la no designación de autoridades.

En el texto del comunicado en el que difundieron la denuncia, firmado por ATE, la CTA y la junta interna de la SENAF, se advierte que fueron despedidas 61 personas contratadas durante el 2023 “para cubrir bajas en áreas críticas”. Además, se señala que aún podría haber más rescisiones de contratos.

En diálogo con ANCCOM, Adolfo Dardik, secretario general de la junta interna de la Subsecretaría, explicó que “los despidos llevaron a que sobrecarguen a las cuidadoras y a los enfermeros de los hogares para adultos mayores”. En este sentido, lamentó: “si le sumás la quita de horas extras, se hace casi imposible mantener los estándares de calidad de asistencia que veníamos presentando. Todo esto implica un latente achicamiento de todas las plantas, un desfinanciamiento por parte del Estado nacional y una caída de toda la intervención territorial desde las políticas públicas. Los afectados son sectores de la sociedad muy golpeados y marginados, lo que perjudica la relación sociedad y Estado.”

Los dirigentes sostienen que los trabajadores deben hacer frente a una explotación laboral extrema con la incertidumbre de quedarse en la calle, en un contexto donde la inflación y la pobreza crecen a niveles estratosféricos.

A esto se le añade el hecho de que muchas veces son ellos mismos quienes tienen que comprar los recursos que debería brindar el Estado. “Esta semana nos avisaron que en uno de los hogares de adultos mayores ya se quedaron sin pañales y el proveedor no lo repone por falta de pago; en un centro de desarrollo infantil tienen comida por tres días más. Es alarmante. Lo solucionamos con aportes solidarios que venimos haciendo, con donaciones y cooperadoras. Son parches que no deberían existir”, declaró Dardik.

Por otro lado, desde ATE también indicaron que el gobierno nunca asignó funcionarios para el área, por lo que hay un “caos administrativo” que tiene como resultado “la falta de aplicación de políticas para el trabajo cotidiano”. 

En este sentido, el secretario de la junta interna aclaró que no hay ningún canal de comunicación con las autoridades de la Subsecretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano: “Lo único que tenemos son algunas cosas que ha dicho la ministra, con quien tenemos abismales diferencias desde lo ideológico, desde lo metodológico y también desde la disputa del sentido. Ella habla de beneficencia y caridad, nosotros hablamos de justicia social”. 

Se trata de una situación que tiene de rehenes a miles de personas: “Estamos hablando de más de 1.200 pibas que son víctimas de violencia de género; de más de 11 mil capacitadores que se fueron formando a lo largo de los años como cuidadores de adultos mayores; contamos con más de 10 centros recreativos a lo largo de todo el país, en los cuales el año pasado pasaron más de 150 mil chicos con diversas actividades culturales, artísticas, recreativas; tenemos la línea 102 enfocada en los derechos de niños, niñas y adolescentes que el año pasado recibió más de 35 mil llamadas. Tenemos un peso descomunal en todo el territorio, con apenas 2.436 trabajadores y trabajadores”, precisó Dardik. 

Desde ATE solicitaron una reunión con las autoridades del Ministerio de Capital Humano para plantear las diversas problemáticas que están atravesando, pero no tuvieron respuesta. Por ese motivo, convocaron a una radio abierta para el jueves 15 en la Subsecretaría, ubicada en Perón 524. Allí se elaborará un documento que será enviado a la Comisión de Familia, Juventud y Adolescencia de la Cámara de Diputados. 

“Queremos que los legisladores expresen qué piensan con respecto a las políticas de desfinanciamiento, porque lo que quiere el gobierno es desguazar el Estado para regalarle negocios a sus amigos”, concluyó el gremialista.