¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

¿En qué quedó el canje de deuda externa por deuda ambiental?

Movimiento Avaaz presentó la propuesta en el FMI. El proyecto ya fue reiterado en al menos dos ocasiones por el Estado argentino frente al G20 ¿Qué posibilidades hay de que se concrete?

Incendios en la provincia de Corrientes en el verano de 2022. 

“Sin justicia financiera global, no habrá justicia ambiental global ni, mucho menos, justicia social para todo el planeta” concluía su discurso Alberto Fernandez ante el G20 en Roma, hace dos años, cuando planteó la idea de impulsar los canjes de deuda externa por deuda ambiental. ¿Qué pasó desde entonces?

La idea de los canjes de deuda financiera por deuda ecológica no son ninguna novedad. Surgieron en la década de 1980 a partir del deterioro ambiental que fue en aumento junto con la pérdida de la biodiversidad, sobre todo en una Latinoamérica todavía “verde”, pero cada vez más atravesada por el extractivismo. La iniciativa de canje, sin embargo, nunca tomó vuelo por lo que en los últimos años se planteó una reformulación. Actualmente,, las fuertes olas de calor y el frío extremo, junto con las frágiles economías que dejó la pandemia, abren una oportunidad para volver a traer el tema sobre la mesa.

 

Un sur global acreedor

Movimiento Avaaz, una organización ambiental global, presentó una nueva propuesta ante el FMI en abril. En conversación con ANCCOM, Emilio Steparo quien forma parte del equipo de biodiversidad de Avaaz explica que los actores del proyecto son los países del norte y el sur global: “Blanqueamos que el sur global es acreedor en materia ambiental, es decir, que hay todavía un mantenimiento de los ecosistemas, una serie de procesos ecológicos que se han perdido en el norte global por el sobredesarrollo”.

Al industrializarse por encima de sus capacidades ambientales, explica Steparo, los países ya consolidados como potencia se denominan deudores ecológicos. Estos mantienen una responsabilidad histórica con el planeta y en este caso, con los países latinoamericanos a los que se pide que cuiden el ambiente aún a expensas de su propio desarrollo. “El recupero de este instrumento tiene que ver con esto. Hay una deuda ecológica y hay países como la Argentina, que son acreedores ambientales y deudores financieros. El planteo es canjear deuda financiera por acciones ambientales reconociendo esta situación”, sintetiza Steparo.

Argentina es un país que genera menos contaminación de la que tiene capacidad de absorber en su territorio por lo que brinda un servicio al mundo: eso lo constituye en un acreedor ambiental. Además, conserva un gran porcentaje de su biodiversidad. 

El proyecto tiene dos aristas principales: la creación de un observatorio de deuda pública y un bono sustentable. Movimiento Avaaz cree que “si queremos avanzar en nuevos instrumentos que estén basados en el bienestar social y que tengan un impacto ambiental positivo, tienen que partir de esta condición que es la participación y la transparencia para que se lleven adelante”. Avaaz propone la creación de un Observatorio de deuda que tenga sede en la Argentina y que cuente con información abierta a la ciudadanía. Sobre el funcionamiento del observatorio, se requiere la voluntad política del gobierno y también de las organizaciones multilaterales de crédito: “Creemos que es viable y que traería un gran impacto en las economías reales de los países endeudados, siempre y cuando se lleven adelante de cara a la sociedad”, sostienen en Avaaz.

Las industrias extractivas sostienen que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar. 

Principales factores

Para Enrique Maurtua Konstantinidis, especialista en cambio climático y consultor de política climática, es necesario tener en consideración otros factores importantes: “Tiene que venir acompañado de muchísimos criterios, acuerdos y de una estructuración dentro del sistema financiero para que se pueda acceder a este plan de canje de deuda por ambiente”.

Los cambios implican criterios a definir. Maurtua explica que la lógica que manejan los organismos como el FMI y el mercado resultan contraproducentes para el cambio climático, pero, aclara: “No es solamente esto. Hay una concepción muy vieja que ya no va más de que, por ejemplo, el petróleo te va a hacer rico. Y la realidad es que la industria petrolera en Argentina tiene más de 100 años y sigue siendo la principal apuesta de los últimos gobiernos en el país mientras los niveles de pobreza son más altos que nunca”.

Las industrias extractivas instauraron a lo largo de los años la lógica de que para generar más ganancias es necesario extraer y exportar: “Lo que no se evalúa son todos los procesos ecológicos destructivos que provocan la pérdida de todo un ecosistema y la capacidad de estos de sostener un beneficio a largo plazo”, coinciden desde Avaaz. “Además –sostienen-, el valor de la naturaleza es inconmensurable”.

Para Maurtua Konstantinidis la difícil coyuntura que atraviesa el país económicamente no permite pensar en resultados que se van a poder ver dentro de 30 años: “Las estrategias que ellos piensan son dos: sacar todo mientras se pueda y, si se puede, retrasar el agotamiento de los recursos naturales”. También la desinformación juega un rol muy importante en la discusión: “El desafío más grande es poder comunicar la mayor cantidad de información posible científicamente comprobada”.

Movimiento Avaaz agrega que la causa depende mucho del empuje social y el impacto que tenga en toda la sociedad: “Con los países de economía más grande, como el nuestro, creo que se va a avanzar solo en la medida en que haya más organizaciones y sociedad civil planteándole al gobierno que este es un camino que hay que transitar pero también marcando fuerte un límite a los proyectos extractivistas”.

Desde el Estado

El Estado argentino viene planteando el tema en distintas instancias. Durante la última reunión del G20 en India, casi dos años después que el presidente, el ministro de Economía Sergio Massa, presentó varios de los puntos de la propuesta del gobierno que coinciden con lo pedido por Avaaz al FMI.

ANCCOM habló con Sergio Federovisky, viceministro del Ministerio de Ambiente, quien coincide con la idea de cambiar deuda por mejora ambiental: “Indudablemente si bien somos, en muchos aspectos, deudores económicos, somos básicamente acreedores ambientales porque no tenemos la posibilidad de crecer del mismo modo en que hicieron los países desarrollados. Y hoy estamos viendo las consecuencias del deterioro ambiental producto de aquel modelo de desarrollo”. También destacó la importancia de pensar instrumentos que funcionen en base a una lógica de justicia histórica en materia ambiental que no parece ser reconocida.

Al consultarle sobre su posible implementación. Federovisky aclara que “por el momento es un planteo con diversos niveles de detalle, pero un planteo al fin, de un grupo importante de países en desarrollo. Todavía no hemos logrado que se traduzca en una mesa de negociación concreta. Los países desarrollados en todas las instancias posibles eluden la posibilidad de trasladar este discurso a un instrumento económico financiero concreto que permita restaurar el daño ambiental producido”.

Movimiento Avaaz también sostiene que hacen falta más propuestas concretas por parte del Estado, pero coincide en la falta de apertura por parte de los acreedores que no facilitan la discusión, a pesar de que los avances que están realizando muchos de los ministros en foros internacionales les resultan muy positivos.

El viceministro de Ambiente sostiene que Argentina ha planteado su posición en todos los foros posibles: “La Argentina es partidaria de que no solamente haya una ayuda económica, sino fundamentalmente un reconocimiento, que luego se traslade a instrumentos financieros concretos de la deuda que los países desarrollados tienen con los países en desarrollo en materia ambiental”.

La idea requiere un reconocimiento simultáneo de desigualdades complementarias y, sobre todo, de la comprensión de que el planeta es uno solo y es para todos. Nada menos.

Se fueron las cámaras de Jujuy pero siguen la represión y las protestas

Se fueron las cámaras de Jujuy pero siguen la represión y las protestas

Un grupo sin uniforme de la Brigada de Investigaciones ingresó a la casa de los hermanos Domínguez, los jóvenes con discapacidad que habían sido golpeados y detenidos el día 20, se llevaron pertenencias y secuestraron a uno de ellos. También entraron al domicilio y agredieron físicamente a la actriz, bailarina y docente Camila Müller. Un grupo de las comunidades indígenas se reunió con Alberto Fernández. Continúan los cortes en la Ruta 9.

Integrantes de la asamblea de pueblos originarios representada por el Tercer Malón de la Paz se reunieron ayer a la mañana con el Presidente en la Quinta de Olivos por la fuerte represión policial que sigue buscando suprimir una intensa protesta desatada por varios sectores del pueblo jujeño contra la reforma de la Constitución que impuso el gobernador Gerardo Morales. Fernández escuchó las consecuencias perjudiciales para ellos que implica la modificación del texto constitucional, así como también denunciaron los actos de violencia policial ejercida contra manifestantes, por medio de persecuciones e imputaciones penales.

Ante el pedido de intervención en la provincia, el Presidente se limitó a decir que no podía obrar de esa forma, que se debe realizar por medio de la ley. Sin embargo, abrió camino a la posibilidad de visitar Jujuy, en el entendimiento de que la nueva Constitución quita derechos y no los garantiza. El referente de la comunidad de Ocumazo, Raúl Choquevilca, argumentó que la reforma tiene como objetivo la extinción de los pueblos originarios: “Vemos que hay quita de derechos y eso no lo vamos a aceptar. En el caso de las comunidades, estaríamos entregando nuestros territorios. Eso va a significar que las comunidades dejarán de existir. Nuestro objetivo es pelear por los lugares donde estamos asentados milenariamente”. 

Horas más tarde, la Secretaría de Derechos Humanos reclamó ante la justicia que se abra una investigación para determinar responsabilidades de los funcionarios involucrados en la violencia policial. El texto de la denuncia penal habla de “delitos que dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”.

En San Salvador y las principales ciudades, la mayoría de los docentes, estatales y municipales continúan en huelga, con marchas de antorchas por las noches, y al mismo tiempo la resistencia se expresaba en los cortes de rutas. Desde el miércoles, la policía jujeña no aflojaba con la represión a los manifestantes en Perico. Tanto Infantería como Caballería formaron una valla de uniformes para impedir el paso a docentes, campesinos, trabajadores y gauchos y evitar el corte de la Ruta Nacional 66. Sin embargo, agricultores, productores, docentes, vecinos, indígenas, alumnos, niños y niñas decidieron quedarse y retomar el corte por la tarde. La modalidad acordada con la Gendarmería nacional fue un corte de índole parcial, permitiendo el paso de vehículos cada 30 minutos.

Ayer, mientras la delegación de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos realizaba sus tareas de relevamiento de testimonios en el corte de El Pombo, en Perico, la policía provincial se presentó con una orden de desalojo. Gonzalo Armua, integrante de la delegación, explicó que las comunidades abrieron el paso pacíficamente pero igualmente fueron agredidas. Un rato antes, una manifestante dijo que “hoy el pueblo se dio cuenta, feriantes, comerciantes y vecinos de la ciudad, los presidentes de los barrios se juntaron todos para poder derribar a la policía, es la valentía de decir, gobernador escuchanos”.

Los cortes se siguen replicando en casi todas las rutas de la provincia. Sobre la 9 se mantienen activas manifestaciones en Purmamarca, Tilcara, en Uquía, en Huazadurazno, en el acceso a Iturbe, y en Abra Pampa y La Quiaca. La Ruta Nacional 52 -que conduce a Chile y es la vía por la que sale el litio, está cortada en al menos tres puntos: en su intersección con la Ruta 9, en Purmamarca, más arriba en Susques, y en Cauchari. Y en la 40 se mantiene el corte en Coranzuli, donde el tránsito se libera cada seis horas.

En los cortes, la solidaridad entre las comunidades se agiganta. La revuelta jujeña no cede. Los trabajadores de la mina El Aguilar “bajaron” hasta Purmamarca para poner el cuerpo en la protesta, luego de completar su turno de diez horas. “Dicen que los mineros somos callados, pero cuando nos joden los reventamos”, cantaban.

Era la 1.30 cuando rompieron la puerta sin orden de allanamiento e hicieron que toda la familia se tirara al piso. Con armas largas apuntaron a un chico de 6 años y esposaron a los mayores. Gritaban preguntando «dónde están los dos, dónde están los dos»

Secuestros en la madrugada

Anoche en la capital se volvieron a prender todas las alertas de las agrupaciones humanitarias. Un grupo sin identificar ingresó a la casa de la familia Domínguez y se llevó a uno de los hermanos que habían estado detenidos la semana pasada, Marco Antonio, que tiene una discapacidad motriz en las piernas. Él y su hermano Raúl Adrián, un joven con trastorno del espectro autista, fueron parte de los casi 70 detenidos del 20. Era la 1.30 cuando rompieron la puerta sin orden de allanamiento e hicieron que toda la familia se tirara al piso. Con armas largas apuntaron a un chico de 6 años y esposaron a los mayores. Gritaban preguntando «dónde están los dos, dónde están los dos». Revolvieron la casa, tiraron todo, y como no encontraban nada se decían entre ellos «negativo, negativo». Se llevaron a Marco Domínguez, junto con la novia Belen Ontiveros, de 17 años. Además, les robaron dinero, dos motos, un auto y los celulares de todos.
Eran ocho hombres y tres mujeres. Ninguno se identificó, solamente uno de ellos mostró una imagen, en el celular, donde supuestamente decía que debían llevarlo por flagrancia. Otro tenía un chaleco que rezaba “Investigaciones”. Vestían canguros, gorras comunes y barbijos.
En la madrugada de ayer, también, fue agredida en su propio domicilio por grupos similares la actriz, bailarina y docente Camila Müller. La denuncia pública fue realizada por el Instituto Nacional del Teatro y por la Asociación Argentina de actores.

ANCCOM se comunicó con Fabiola Suárez, miembro del Comité Local contra la Tortura, quien confirmó el relato digno de cuatro décadas atrás. “Estamos con eso, pero tenemos dos casos más”, dijo casi sin aliento. Horas más tarde, tras la presentación de sendos habeas corpus aparecieron Domínguez y Ontiveros.

Por su parte, Mariana Katz, abogada del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) e integrante de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, dijo a esta agencia que ese episodio se suma a otros sucesos que contribuyen a crear un clima de dictadura. “Existe un alto nivel de presión en los ámbitos de trabajo. Los amenazan que si van a las marchas de los docentes o si apoyan a los indígenas, se quedan sin trabajo. Porque además esta nueva constitución suspende las plantas permanentes, es decir, el ingreso personal nuevo, todos están en condiciones de ‘suplentes’», expresó. Katz comenzó a intervenir desde el viernes 16 de junio, cuando “la gente de las comunidades nos empezó a avisar de la represión en Abra Pampa».

Además de brindar apoyo legal, el Serpaj ha emitido cartas públicas dirigidas a las autoridades y presentado otra ante la vicepresidenta de la Convención Constituyente, junto con otras organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. «No tuvimos ningún tipo de receptividad. La respuesta fue la no respuesta o la represión», lamentó la abogada.

El objetivo era visibilizar los casos de violaciones de derechos humanos en la región, tanto de sindicatos como de personas pertenecientes a comunidades indígenas. Katz y su equipo enviaron cartas al Defensor del Pueblo de la Nación, en relación al Acuerdo de Escazú –el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, único en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales– y la falta de consulta a los indígenas sobre los recursos naturales, según lo establecido en el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución.

Sin embargo, la situación fue empeorando rápidamente. El 20 de junio, Katz se encontraba en Jujuy para charlar con Alicia Chalave, abogada que respalda el reclamo de las Salinas Grandes contra la extracción de litio. Y mientras estaban en la manifestación en contra de la jura de la Constitución, la represión comenzó una vez más. Katz recuerda el peligroso momento en el que tuvo que ser resguardada por la propia gente de las comunidades para proteger su seguridad. «Yo estuve ahí, a mí me tuvieron que sacar por mi seguridad, porque corría riesgo de que me metan presa». Aún así, se puso a filmar. «Mucha gente, cuando los filmaba o les preguntaba por qué estaban acá me abrazaban y me decían ‘visibiliza lo que nos está pasando’, ‘vivimos en la dictadura’ y yo decía no, no puede ser. Pero cuando me pasó a mí dije sí, es así. Jujuy hoy es una dictadura».

El Proceso Constituyente en curso también ha generado preocupación. Katz explica: «Esta constitución tiene muchas falencias técnicas. Morales no podría haber sido nunca el presidente de la Convención Constituyente según la constitución anterior, pero presidió la convención. Esto ha llevado a abogados de diferentes organizaciones, incluyendo a la comunidad indígena, a considerar acciones de inconstitucionalidad».

Alejandrina Barry, legisladora porteña del FIT-U e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), estuvo en Jujuy para recopilar testimonios que arrojan luz sobre el agravamiento de las represiones sufridas por los manifestantes en comparación con años anteriores. Barry coincidió con Katz en que el régimen represivo impulsado por el gobernador Gerardo Morales «cada vez más está teniendo características de una dictadura, y lo digo con conocimiento de causa porque soy hija de desaparecidos”. Y agregó que sus compañeros del Frente fueron objeto de persecución, como la diputada Natalia Morales que fue detenida y arrastrada casi doscientos metros por acompañar a las mujeres de las comunidades. “Es una situación que se vive en todos los sectores que han intervenido en este proceso de ‘abajo la reforma’”. Por último, llamó a la movilización total en todo el país para que Jujuy pueda ganar su lucha contra la reforma y el gobernador Morales deje de perseguir y reprimir a su pueblo. “Solo un paro nacional en apoyo al pueblo jujeño puede parar esta masacre, y realmente lograr, como dicen ellos y ellas, ‘abajo la reforma y arriba los derechos’”.

Katz también convocó al compromiso colectivo de todo el país. «En todas las provincias se necesita que los porteños nos comprometamos, porque el agua que nosotros tomamos y que llega al Río de La Plata también baja de las montañas. La gente del, mal llamado, interior está protegiendo estos recursos para todos nosotros y necesitan que tomemos conciencia y nos comprometamos con ellos».

«Estábamos llevando frazadas y comida al corte de Purmamarca y se desató la represión, nos tiraron gases, balas de goma, no les importó que hubiera niños, ancianos. El gobierno de Jujuy es autoritario, es autocrático y nepotista», sostuvo Vanesa Vargas, del Tercer Malón por la Paz. Unas protagonistas, otras testigos privilegiadas, las mujeres consultadas por ANCCOM coinciden en la caracterización de la gestión del precandidato a vicepresidente, al lado del actual alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta.

En Córdoba y Formosa, también ganó el peronismo

En Córdoba y Formosa, también ganó el peronismo

Los oficialismos provinciales retuvieron las gobernaciones. Insfrán arrasó y Llaryora ganó raspando. ¿Es posible el acercamiento del PJ cordobés al nacional?

Las provincias de Córdoba y Formosa fueron a las urnas y en la primera, el candidato del oficialismo provincial, Martín Llaryora, se quedó con la gobernación, al superar a Luis Juez, de Juntos por el Cambio. En la provincia del norte, en tanto, Gildo Insfran arrasó y alcanzó su octavo mandato.

Siguiendo a Omar Barberis, Doctor en Ciencia Política y profesor titular de Partidos Políticos y Sistemas Electorales en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), se podría decir que “la definición de la elección se fue generando básicamente a favor de Llaryora por el comportamiento de la ciudad de Córdoba, que concentra el 48% del electorado. Esto habría que buscarlo en los antecedentes políticos, porque tanto Juez (lo fue hace tres periodos) como Llaryora (actualmente) fueron intendentes en esa ciudad. La imagen que dejó Juez como intendente en su momento fue muy mala, y la imagen que deja actualmente Llaryora como intendente es muy buena. Hay como una especie de premio a su gestión, y hay una merma en otras ciudades donde históricamente al peronismo le iba bien, como por ejemplo en Río Cuarto.”

También hay que destacar el alto nivel de votos en blanco que fue del 5%. Como menciona Liliana Córdoba, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), “el voto en blanco fue la tercera fuerza de estas elecciones, y sumado a un 30% de ausentismo, habla de un 35% de cordobeses y cordobesas que sintieron, pensaron, definieron que en estas elecciones no había interés o necesidad de ir a votar, o que realmente no había opciones diferentes para elegir. Es un dato interesante a tener en cuenta de cara a las elecciones nacionales.”

Córdoba agrega: “Habrá que comparar con la situación del resto de provincias, pero esto debe llamar a una reflexión importante por parte de partidos políticos, dirigentes, instituciones democráticas (incluyendo hasta universidades), ya que tenemos como desafío el volver a darle sentido a la participación política de los ciudadanos, al voto como un derecho que costó tanto conseguir y sostener en nuestra democracia.”

Los inicios en Llaryora en política se remontan a su militancia durante su paso por la universidad, donde fue presidente de la Juventud Peronista, y se desempeñó en el cargo de Coordinador de Empleo y Formación Profesional del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ocupó también los cargos de: concejal de la Ciudad de San Francisco (2003-2007); intendente de esa ciudad (2007-2013); ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico a nivel provincial (2013-2014); vicegobernador junto a Juan Schiaretti (2015-2017); diputado nacional por Córdoba (2017-2019); Intendente de la Ciudad de Córdoba (2019 hasta la actualidad).

“El discurso de Llaryora sobre una renovación generacional, un fin de ciclo, sobre ‘empezar desde cero’, y la propia trayectoria política del candidato, nos habilitan a pensar, o al menos a no desechar algo que por lo menos con la gestión de Schiaretti estaba completamente descartado, que es una revinculación (hay que ver en qué términos y si efectivamente sucede) entre el peronismo cordobés y el peronismo nacional, o alguna fracción de él. Ese vínculo que estaba completamente roto e imposible de restaurar entre Schiaretti y la dirigencia peronista a nivel nacional, con Llaryora se abre un signo de interrogación.”, plantea el doctor en Ciencia Política, docente de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), e i nvestigador en la Consultora Plebs, Fernando Chávez Solca

Formosa

Por su parte, en Formosa, con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el Frente para la Victroria se volvió a imponer por amplia mayoría (71,2% de los votos), y Gildo Insfrán fue reelecto para su octavo mandato como gobernador. En segundo lugar quedó Fernando Carbajal, candidato del Frente Amplio Formoseño, con un 20,4%.

En dicha provincia no hubo PASO, ya que se rige la Ley de Lemas, por la cual las internas partidarias se definieron en simultaneo con la elección general para cargos provinciales. Cada espacio político se presentó a las elecciones con un lema diferente, integrado a su vez por sublemas que compitieron internamente.

 

Los sin techo de la Patria Grande

Los sin techo de la Patria Grande

Desde este lunes 26 se realizará en Buenos Aires el Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle. Participarán personas que carecen de vivienda, además de organizaciones sociales, docentes, investigadores y funcionarios. El 29 cierra con un frazadazo.

Desde este lunes y hasta el 29 de mayo se lleva a cabo el Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires. Los primeros tres días constan de reuniones en diferentes sedes, como la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el Espacio de Memoria, Verdad y Justicia -exEsma- que invita a las personas y familias en situación de calle, junto a diferentes organizaciones sociales, docentes, investigadores académicos y funcionarios del ámbito público a debatir sobre las problemáticas que los aquejan y poner en la agenda política la implementación de la Ley Nacional 27.654 que busca proteger y garantizar los derechos humanos de aquellos que sufren la vulnerabilidad social de las calles. 

El encuentro gira en torno a cinco ejes de discusión: diseño y gestión de centros integración, inquilinatos y desalojos, política pública, acceso a la salud y violencia institucional. El objetivo es plantearlo desde una perspectiva transversal en géneros y diversidades para atender las particularidades de cada problemática en relación al colectivo LGTBIQ+, las niñeces, adultos y adultas mayores, violencias de géneros y discapacidades para llegar a un documento colectivo final que sintetizará las diferentes voces, discusiones y puestas en común que haya dejado esta semana de encuentros. Su exposición será el jueves 29, donde integrantes de las diferentes entidades organizadoras -Proyecto 7, CELS, ACIJ, Hecho en Buenos Aires, Red Puentes, Somos Barrios de Pie y Programa de Justicia y Derechos Humanos- se vestirán con frazadas en Plaza de Mayo y se movilizarán hacia el Congreso de la Nación para reclamar la regulación de la ley junto a otras políticas públicas que cuenten con un enfoque integral. 

“En todas las organizaciones, parte de nuestro equipo es gente en situación de calle. Entonces es simbólico, pero también es parte de nuestra realidad: la necesidad de las frazadas, la gente que duerme en la calle y que también se mueren durmiendo con una frazada. Se trata de un problema coyuntural”, cuenta Daniela Drozd, coordinadora general de Hecho en Buenos Aires -empresa social- y quien forma parte de la organización de este Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe.

Drozd trabaja hace 23 años en la temática de inclusión pero su objetivo es claro: “No voy a hablar por ellos, sino que ellos van a estar hablando. Por eso hablamos de algo integral, no académico. Van a estar algunas organizaciones gubernamentales teniendo un reclamo vigente, que si bien genera tensiones, es bienvenido. Que no seamos las personas que no vivimos la situación, sino quienes están en carne propia sufriendo o quienes lo hayan sufrido hablando directamente por su acceso a la salud o justicia”. 

A partir de las 17 del jueves 29 se dará inicio al “Frazadazo” que estará acompañado por ollas populares y un festival con intervenciones musicales. Los integrantes de Proyecto 7, quienes cuentan con una panadería, se encargarán de hacer pan casero para los cuatro días de encuentros y donarlos a quienes más necesitan, ya que las personas contarán con desayuno, almuerzo, merienda y cena durante toda la jornada. 

Durante la jornada del jueves, las ollas populares estarán presentes desde la mañana en la sede de Hechos en Buenos Aires, ubicada en la Avenida San Juan 21, como invitación a aquellos que vienen del exterior y las personas en situación de calle para interactuar de una forma distendida entre todos y todas.  

 

«Arriba los salarios, abajo las reformas»

«Arriba los salarios, abajo las reformas»

Gremios y organizaciones sociales llevan más de diez días de masivas movilizaciones en Jujuy para rechazar la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales que criminaliza la protesta social y quita derechos a las comuniades originarias. Además, protestan por los sueldos que no cubren la canasta alimenticia.

Luego de más de diez jornadas de movilización masiva llevadas a cabo por diversos sectores de la sociedad en la provincia de Jujuy, el gobernador y convencional constituyente Gerardo Morales aprobó la reforma Constitucional Provincial repudiada por masivas manifestaciones populares en las calles jujeñas.

En la noche del pasado jueves 15 de junio, al mismo tiempo que una masiva movilización de antorchas encabezada por sindicatos docentes, comunidades indígenas, entre otros sectores, gremios y agrupaciones sociales y de derechos humanos que conforman la Intergremial, se aprobó la reforma de manera express. La votación se produjo a pesar de la renuncia de ocho convencionales: los justicialistas Carlos De Aparici y Amelia De Dios y Gastón Remy, Natalia Morales, Alejandro Vilca, Keila Zequeiros, Gloria Zambrano y Sebastián Copello del Frente de Izquierda Unidad. Pero con total apoyo de los representantes del oficialista Frente Cambia y los demás representantes del Frente Justicialista.

Junto al lema que sintetiza este “jujeñazo”: «Arriba los salarios, abajo las reformas”, ahora se suma “Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo”. Lo que comenzó como un reclamo de sectores docentes por salarios dignos, que ya lleva dos semanas, sumó la adhesión masiva de la población en rechazo de la reforma constitucional provincial que, entre otras cosas, criminaliza los cortes de ruta, las tomas de escuelas y otras formas de protesta social.

En horas de la tarde quienes marchaban fueron violentamente reprimidos por las fuerzas provinciales. Uno de los principales focos de represión tuvo lugar en Abra Pampa, a aproximadamente 200 kilómetros de la ciudad capital.

Natalia Morales, referente del PTS-FITU y convencional constituyente, en diálogo con ANCCOM, expresó respecto al proceso de reforma: “Es escandaloso. Menos de quince días para reformar una Constitución con temas y artículos que son de gravedad. Por ejemplo, criminalizar la protesta, prohibir los cortes, entre otros puntos que venimos planteando no solamente desde el Frente de Izquierda sino junto a organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos, del espacio ‘No a la Reforma’”.

Actualmente la situación es de paro por tiempo indeterminado y asamblea permanente. “Se necesita más fuerza para torcerle el brazo finalmente a Morales, tirar abajo la reforma y conquistar la agenda de la docencia, salud y otros sectores que son parte de esta importante lucha que se viene desarrollando en la provincia”, expresó la referente del PTS-FITU.

El rechazo se ha masificado en toda la provincia. Muchos sindicatos convocaron al paro, la docencia continúa con el suyo por tiempo indeterminado y se logró la adhesión de la CTA y la CGT que no venían convocando a ninguna movilización.

“Podemos decir que la sociedad de Jujuy ha perdido el miedo y ha recuperado el espacio de las calles”, afirmó la profesora Silvia Torres perteneciente al gremio CeDEMS (Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior). En diálogo con ANCCOM, la docente dijo: “El gobierno de Jujuy nos ha llevado a tocar fondo. Sabemos cuáles son los índices de inflación a nivel nacional y en Jujuy los salarios no acompañan esa inflación. Estamos con un básico de alrededor de 34.000 pesos, que es uno de los más bajos del país. Tenemos sumas en negro con ítems que no se actualizan hace más de ocho años. Tenemos ítems de 12 pesos, de 50 pesos, es decir que está absolutamente abandonada la situación salarial de las y los docentes de esta provincia.”

También contó que otra de las medidas de fuerza consiste en hacer ollas populares: “El pasado martes 13 hubo tres permanencias al costado de la ruta: una en San Salvador de Jujuy, una en Palpalá y la otra en Libertador General San Martín, en tierras del Ingenio Ledesma, donde además se hizo un gran fogón cultural”.

Para los miembros de CeDEMS, mientras Morales gasta millones en su campaña (que calculan alrededor de 50 millones de pesos) anunciando un superávit proveniente de la explotación del litio, Torres sostiene: “Tenemos una contradicción muy grande con el gobierno. Si hay superávit, ¿dónde está? Ya que esas ganancias que tanto promociona en su campaña presidencial no se reflejan en el salario de las y los docentes. Por otra parte, sabemos que el transporte, teniendo en cuenta la geografía de Jujuy, es muy complicado. Presenta precariedad y eso también lo hemos presentado en paritarias ya que los docentes que viajamos a la ruralidad no sabemos si regresamos: las unidades están en condiciones absolutamente precarias. Además, los y las preceptores de Jujuy están trabajando dos horas de más y no se les están pagando la sexta y la séptima hora. Por otro lado, hay un vaciamiento de bibliotecarios y bibliotecarias así que se está haciendo un pedido formal para que ingrese personal y no tengamos bibliotecas vacías. Ante todo esto el gobernador Morales nos ataca y nos amenaza diciendo que somos violentos. Nuestras únicas armas son el saber.”

 

La Reforma inconsulta

 Con respecto al proceso convencional constituyente encargado de la reforma, Natalia Morales, una de las convencionales constituyentes que renunció, afirmó: “Creo que lo que hay que marcar es que es una Constituyente antidemocrática. Estuvimos ocho días en los que esperamos que el oficialismo presentara un proyecto en relación a marcar qué puntos quería modificar o incorporar. Se contó luego con muy pocos días de presentado el proyecto, ni siquiera hubo debate cuando se abordaron los puntos referidos a la criminalización de la protesta. Esa Comisión solamente sesionó una tarde para tratar ese punto. Censuraron a más de sesenta expositores que presentamos en una lista, donde estaban propuestos referentes de derechos humanos y de las luchas por las libertades democráticas en la provincia, del movimiento de mujeres, ambientalistas, las comunidades indígenas.” Y agregó: “También hemos planteado lo antidemocrático del funcionamiento con un reglamento que se aprobó el primer día por parte del oficialismo y del PJ, que garantiza que puedan aprobar artículos con la mayoría simple. Se negaron también cosas muy sencillas, como por ejemplo la transmisión en vivo del debate. “

En este mismo sentido, Silvia Torres, afirmó: “Si bien inicialmente eran constituyentes que pertenecían a distintos espacios políticos como el radicalismo, el PJ y la izquierda, lo cierto es que cuando fueron llamados a sesiones no se les da la palabra y eso se está denunciando a nivel no solo provincial sino nacional. Esta reforma de la Constitución es un instrumento totalmente autoritario y totalitario ya que justamente es una quita de derechos. También afecta a la comunidad indígena tratando a sus tierras como propiedad privada con intención de avanzar sobre su territorio y sin presencia de los referentes de las comunidades indígenas como parte de los constituyentes en la reforma.”
Entre las 56 páginas del proyecto de reforma presentado, además de proponer limitar la libertad de expresión, se pretende eliminar las elecciones de medio término, es decir que se elegirían gobernador y los 48 diputados de una vez y por cuatro años. Además, en el punto 11 del Artículo 86, buscaban que la fuerza ganadora de la elección se quedara con la mitad más uno de la Legislatura sin importar el porcentaje de la elección. Es decir, una mayoría automática. Por otra parte, se establecen «vías rápidas y expeditivas» para terciar a favor de titulares registrales en la disputa de tierras con comunidades originarias.

 

 

Arriba las wiphalas

Rodolfo Alancay pertenece a la comunidad de San Miguel del Colorado, pueblo colla, comunidad conformada por más de 200 personas. En diálogo con ANCCOM expuso: “En la reforma que propone hay distintas cosas: respecto a nosotros nos usurpan las tierras, nos quitan nuestro derecho. Desde el primero de junio empezamos a caminar, desde Casira, pasando por Abra Pampa, La Quiaca, Tres Cruces. Somos más de cuatrocientas comunidades aborígenes de la provincia de Jujuy.” El viernes, a primera hora de la mañana, ya habían ingresado a San Salvador de Jujuy. Sin embargo, ya se había consolidado la reforma.

En referencia al gobernador Gerardo Morales, Rodolfo fue contundente: “El pueblo decidió que él se vaya destituido, con todo su gabinete. Eso es lo que pedimos.”