«No son excombatientes, son genocidas»

«No son excombatientes, son genocidas»

La sobreviviente de la ESMA, Ana María Soffiatini, da cuenta de las implicancias de la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué es apología del delito?

Ana María Soffiatini guía una visita a la exESMA.

Ana Maria “Rosita” Soffiantini es una docente retirada, ceramista, militante, pero sobre todo sobreviviente “egresada” de la ESMA. Se identifica como parte de la extraordinaria generación de los años setenta, una juventud que vislumbró la política como transformadora de los dolores sociales. 

Militó en el secundario, ingresó a las filas de la Resistencia Peronista y luego se incorporó a Montoneros, una organización político-militar que cautivaba a la buena parte de la juventud peronista.
Describe su militancia como una experiencia hermosa, que le legó una serie de compañeros, entre los cuales estaba Hugo Luis “el Loro” Onofri, con quien tendría dos hijos, Luis y Maria. Una mañana de octubre de 1976, con el golpe militar ya instaurado, Hugo saldría a trabajar para nunca más volver. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy.
“Rosita” fue secuestrada, junto a sus dos hijos pequeños, un año después en el barrio de La Paternal, de camino a la panadería. Luisito tenía once meses y Maria apenas caminaba. Fueron arrancados de sus brazos y llevados a otro vehículo. Ana Maria, por su parte, fue golpeada ferozmente y forzada a abordar un auto donde, según recuenta, la recibieron Carlos “el Pajarito” Suarez Mason y Adolfo Donda entre otros uniformados que la vendaron y violentaron durante un largo tramo. Fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Allí, además de sufrir todo tipo de padecimiento físico, fue forzada a realizar trabajo esclavo.
Habitar ese infierno, según Soffiantini, era aún más difícil ante la constante presencia de oficiales que adornaban el dia a dia con frases como
la favorita de Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, quien a su vez se jactaba con sentencias del tipo  “de nosotros depende la vida y la muerte”. Alfredo Astiz, otro de los represores, tenía su propia bravuconada: “Vos te vas arriba cuando yo lo decida”
“Rosita” entró en régimen de libertad vigilada después de casi dos años de cautiverio, desde enero de 1979 hasta principios de 1980.  Hoy, es una de las integrantes del Consejo Asesor de Sobrevivientes en la exESMA y representante del mismo en el órgano ejecutivo de el Espacio para la Memoria que allí funciona.
Ahora, en conversación con ANCCOM, reflexiona sobre las visitas por parte de diputados del bloque de LLA a ocho represores, entre los cuales figuran cinco de sus propios victimarios, las declaraciones emitidas por los distintos protagonistas de la política, sus impresiones y las implicaciones que tiene esto para el proceso de construcción de la memoria.

Cuando el diputado Benedit presenta estos nombres que vos conociste en la ESMA como “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”, parece querer humanizarlos ¿Como era su trato con la gente que tenían detenida?

Es complejo de explicar. Atravesé bastantes cosas: la situacion constante de tortura, el escuchar a los demas ser torturados, los abusos sexuales y fisicos constantes. Estos tipos, que decían luchar contra la subversión, se convertían cada vez más en una banda de delincuentes. Ellos, que decian defender un proyecto de pais, que secuestraban para proteger la nacion del enemigo interno, terminaron teniendo un goce por la tortura. Porque la gozaban. De otra forma, no lo harían a diario y sin motivo alguno. Nos robaron para siempre nuestras vidas, porque ninguno volvió a ser el mismo. Ellos me marcaron para siempre. Aunque resistimos y seguimos luchando por recuperar lo que somos, te queda lo vivido. Por su parte ellos, además de convertirse en delincuentes, pudieron sacar rédito de la situación. No solo con los bienes apropiados a desaparecidos, sino con negociados por sus tareas. No solo a ese nivel, sino también a nivel personal. La asimetría de poder al interior nos llevó a seguir sus mandatos porque no nos quedaba otra para seguir vivos que simular, acatar: éramos esclavos. Aceptamos ser esclavos por esa pulsión natural de sobrevivir y de tener siempre una esperanza. Hasta los que asesinaron compartian ese amor a la vida, algunos hasta estaban en situacion de esclavitud, como nosotros, y un dia decidieron matarlos. Ese impulso natural de querer sobrevivir es lo que me sostuvo en el tiempo. 

¿Eso es lo que te lleva a rescatar la humanidad que encontraste en esa experiencia? 

En ese horror, en medio de esa soledad terrible, uno busca tener alguna caricia. Yo tuve suerte de encontrarlo ahí dentro. Como parte del trabajo esclavo, me llevaron a trabajar a un lugar donde conocí a otro compañero, Ricardo Coquet, y esa convivencia se transformó en confianza y después en amor. Con él tuve una hija, Ana Julia. Aunque no prosperara, ese amor clandestino me ayudó a sobrellevar el calvario. En lo personal, me sirvió para volver a sentirme humana. Me sentí dueña de mi vida de nuevo.

Cuando Patricia Bullrich dice que visitarlos es una “construcción de libertad” y que “si alguien quiere ver a un detenido porque considera que forma parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver” ¿Que se está jugando realmente?

Primero que nada, tienen derecho a ser visitados. Todo lo que no está prohibido se puede hacer. El problema es la razón por la que los visitan, y las declaraciones que emiten. Lo que se quiere es institucionalizar los mecanismos para gobernar, los mismos que regían en la dictadura: la represión, la violencia. Estas declaraciones son apologías a un gobierno anticonstitucional. Estos tipos son asesinos, siguen sosteniendo lo perpetrado, y silenciando donde escondieron los cadáveres, como el de mi compañero, y así con cientos y cientos de personas que no están, cientos de niños que no fueron recuperados. Yo los oí nacer en la ESMA, los gritos de las madre en el parto, vi cómo las hacían escribir una carta falsa a sus padres diciendo que la militancia no las dejaba hacerse cargo de su hijo y que se los mandaban. Cuántos muertos y cuántos niñas y niños que no pudimos encontrar. Yo y muchos más como yo somos testigos vivos de lo que hicieron y lo volvemos a afirmar a diario. No fueron ex-combatientes, fueron genocidas.

Es importante rescatar que estas declaraciones se hacen al interior de un gobierno constitucional, por gente que ocupa cargos de forma democrática. ¿Qué dice eso de la sociedad que los elige?

Por más de ocupar la democracia, declaraciones como estas son tristes apologias de la violencia y el genocidio. La sociedad los condenó, no sólo a través de los juicios que se llevaron adelante con justicia plena, sino que, a sus ojos, fue un ataque contra la sociedad en su conjunto. Yo sigo peleando, pero no solo por lo que yo sufrí, sino por lo que ellos quisieron destruir a través de nosotros, desapareciéndonos. Lo que se quería era dar por tierra con un proyecto opuesto. Había uno pensado para el conjunto de la sociedad, y otro para beneficiar a un grupo hegemónico y a las transnacionales dueñas de la guita. La sociedad necesita reforzar la memoria, aun cuando el proyecto vigente trate de hacerla disipar.

¿Se puede sobreescribir la memoria social?

Mira, yo creo que si para algo sirve la memoria es para entender el tiempo de cada cosa. No sé si alcanzaremos algún día una victoria plena de nuestras aspiraciones de una sociedad justa. Sabemos que para eso tienen que darse muchas luchas. Hoy estamos viviendo un tiempo de derrota que nos desilusiona porque no hay una contención desde la oposición, que lidere y nuclee la situación que estamos pasando. Hay una incertidumbre generalizada y mucha bronca, pero no podemos encauzarla con mayor fuerza. Estas declaraciones son un caballo de Troya muy bien pensado, que busca correr el eje de la discusión. Va a llevar mucho tiempo reubicar y volver a construir una memoria que retome la discusión en medio de tanta burrada. Hay que erguir una historia, de la cual la lucha de la reivindicación es solo una parte.
El error, quizás, fue descuidar otros espacios. Nos faltó hablar en el lenguaje común, nos perdimos en niveles de conversación interna. Hablamos mucho de yo soy el otro, pero no lo concretamos. Y ese otro se sintió fuera. Dejamos afuera algo. Asi se empieza a desdibujar.  Hoy es ahi donde debemos trabajar, y apuntalar: no solo se reivindica el genocidio, sino que tambien se reivindica una metodologia para oprimir el pueblo, que viene acompañada de un discurso que lleva años construyendose. 

¿Lo que se busca es hacer pasar al genocida por excombatiente y así ampliar el horizonte de lo posible en la discusión política?

Lo que se busca es hacer que el conjunto de la sociedad lo naturalice. Mientras que reivindica un proyecto de país nefasto con formas de sostenerlo aún peores, estas declaraciones ayudan a evitar lo inhumano del genocida. Están presos, pero no reformados. La cárcel debería ser un espacio no de castigo, sino de reformación. Astiz, Pernia, Donda son asesinos, pero también siguen ocultando el paradero de los desaparecidos. No han recapacitado. No reflexionaron sobre el horror que generaron. Siguen afirmando que su accionar fue correcto. Yo si los iría a visitar, sería para que me digan a donde tiraron a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestras madres, nuestros hijos. Mientras que no se sepa dónde están, el delito sigue existiendo.

¿Que se puede hacer frente a estos avances? ¿Se puede hacer apologia al genocidio sin consecuencias?

Por mi parte, como integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, reaccionamos a tiempo, haciendo una denuncia en la fiscalía. Hay un artículo en el Código Penal, el 213, que nosotros invocamos. Por fuera de lo legal, es importante que esto ingrese a la discusión pública, que sea parte de los problemas que les competen a los demás. Hay que escucharse y escuchar. No pensar en que se logró el cometido, sino disputar esta memoria en todos los sectores. La problemática tiene que extenderse a todos lados de la sociedad. Es una lucha que se da todos los días.

¿Por qué los testimonios de sobrevivientes son tan valiosos en esta disputa?

Somos testigos, somos prueba de lo que hicieron. Cada experiencia detalla el horror. Como mujer, fui humillada, vi a otras mujeres ser violadas, fui forzada al trabajo esclavo, pero también me costó tiempo de vida por fuera del secuestro. Después nos encontramos con una sociedad silenciada. Nos costó recuperarnos, recuperar nuestra autoestima. Estaba el algo habrán hecho que, como mujer, tenía otras implicaciones. Tener que dar explicaciones, hasta para las propias filas, fue duro. ¿Por qué volviste vos y no volvió fulano? Yo no fui la que decidí vivir. Estos tipos que hoy visitan estos diputados, nos tenían en sus manos y decidían: “esta que siga viva”
Lo que nos costó empezar a hablar, empezar a reconocernos, encontrarnos desde una perspectiva de aceptación y aprobación es también un testimonio del horror.
No vale una declaración que los tilde de excombatientes y héroes. Si hay constancia de los hechos, no es cuestión de que alguien crea en una versión de las cosas, sino en lo que sucedió en realidad. 

Hoy, desde tu lugar en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos en la ex-ESMA ¿Buscas aportar a la construcción de esta memoria social?

Para mí, volver a la ESMA fue durísimo. Fue un proceso que atravesé desde distintos planos. En primer lugar desde mi memoria personal, que es fundamental mantener genuina, tanto para testificar como para reconstruir los hechos. Esta memoria hoy se constituye como parte de la memoria colectiva. Lo que yo viví también lo fui armando con retazos que otros me fueron dando. Luego, mi postura dentro de la ESMA siempre fue que no debía ser un lugar encerrado en sí mismo, sino que tenía que avanzar sobre el territorio, más allá de la Capital Federal o de determinados núcleos o sectores. Porque cuando empezás a desparramar tu memoria, en ese espacio surgen otras memorias. La memoria del pueblo, no solo de los militantes sino también de los más vulnerados, que no logran aún recuperarse de esas heridas, y son víctimas de los repliegues de la política.

«Van a salir a cazar pibitos de 13 años»

«Van a salir a cazar pibitos de 13 años»

El gobierno envió a Diputados un proyecto para bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Especialistas en infancias, criminología y violencia institucional analizan los riesgos de criminalizar a los niños. Los mitos de la delincuencia adolescente.

El proyecto de ley presentado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para bajar la edad de punibilidad, de 16 a 13 años, ingresó en la Cámara de Diputados y comenzará su tratamiento. Organismos internacionales, abogados de derecho penal y asociaciones de derechos del niño, niña y adolescentes, advierten sobre los peligros que implicaría que la ley se apruebe.

El proyecto establece que pueden ser sometidos a proceso penal adolescentes y niños a partir de los 13 años con penas de hasta dos décadas de prisión. Además, vuelve a incorporar un régimen de patronato de menores, en el que, niños de hasta 12 años que se encuentren en alguna situación de vulneración de sus derechos y puedan cometer nuevos delitos, podrán ser internados por orden de un juez en un establecimiento, privados de su libertad.

La presentación realizada por la ministra de Seguridad ya tuvo sus antecedentes durante el gobierno de Mauricio Macri que intentó llevar en 2017 la edad de punibilidad a los 14 años y en 2019 a 15 años. Claudia Cesaroni, abogada y magíster en Criminología, en diálogo con ANCCOM explica: “No hay ninguna fundamentación, ninguna explicación, no hay datos, no hay elementos que expliquen por qué a 13 años y no a 14 como propuso el macrismo en 2017, a través de su ministro de Justicia GGermán Garavano, o como propuso a través de Patricia Bullrich en 2019, también el gobierno de Macri, a 15. O sea 14, 15, 13, no hay explicación”.

Mitos

El gobierno de La Libertad Avanza justificó su proyecto bajo el eslogan “Delito de adulto, pena de adulto”. La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú cuestiona esta consigna respondiendo: “A un pibe de 13, 14, 15 años, no lo dejás votar, no lo dejas que se case, no lo dejás que tenga una relación sexoafectiva, no le permitís que salga del país sin acompañamiento de sus padres, ¿y lo vas a tratar como a un adulto en materia penal? No tiene ningún criterio.” La recomendación internacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es que la edad mínima de punibilidad no sea inferior a los 14 años y, a la vez, sea lo más cercano posible a los 18 años. La Convención de Naciones Unidas advierte que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto en los niños de 12 y 13 años todavía se está desarrollando.

Otro de los argumentos utilizados en la conferencia de presentación del proyecto legislativo vino de Cúneo Libarona quien dijo: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes». Sin embargo, la abogada de Correpi refuta los dichos aclarando: “La primera falacia con la que nos encontramos con todo este debate de la cuestión de la imputabilidad de niños, niñas y adolescentes es esta creencia de que si tenés menos de 16 años y cometés un delito no pasa nada. Pasan un montón de cosas, quedás a disposición de un juez tutelar, podés terminar en un instituto, no tiene absolutamente nada que ver con esta idea que se trata de instalar a través de redes de que no sucede nada”. En sintonía con Verdú, Cesaroni amplía: “No es que nosotros digamos que no haya nada que hacer con los adolescentes y con los niños no punibles por debajo de los 16 años. Nosotros decimos que sí hay cosas para hacer, pero que esas cosas las tiene que hacer el Estado, no el Estado penal, sino otras areas estatales”.

En 2022, tan solo el 0,1% de los hechos delictivos fueron cometidos por menores de edad.

Según la página oficial Argentina.gob.ar, el gobierno clama con poca precisión y datos oficiales que “las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”. En Argentina, en el año 2022, según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia, se registraron 2036 causas a menores sobre un total de 1.826.630 hechos delictivos. Es decir, tan solo el 0,1% de los hechos delictivos fueron cometidos por menores de edad.

“Lo que sucede es que cada vez que tenemos un pibito o una pibita involucrada en un hecho de esa naturaleza sale en todos los titulares de los diarios, en todos los noticieros de radio, de televisión, como la gran noticia, y en realidad eso no está reflejando la realidad de lo que sucede”, explica María Carmen Verdú.

Contribuyendo a la desinformación, la ministra de Seguridad de la Nación dijo en Radio Mitre: “Todavía se está discutiendo la edad, si es 14, si es 13 como es en Uruguay, si es 12 como en Brasil”. Por el contrario, la punibilidad penal en Brasil y Uruguay se mantiene a los 18 años, mientras que en Argentina es a partir de los 16 años. En el caso de los menores de edad, en ambos países cuentan con un sistema infraccional y medidas socioeducativas para reponer las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que delinquen; pero en ninguno de los dos países se puede procesar penalmente a un menor de edad, ni encarcelar “en pabellones separados” dentro de una cárcel de adultos.

Menos derechos y más jaulas

Los tres problemas más graves que tiene el proyecto de ley, según Cesaroni, son la baja de edad de punibilidad a los 13 años, el monto de penas que pueden llegar hasta los 20 años, y el reestablecimiento de un Poder Judicial que puede internar y privar de su libertad a niños y niñas menores de trece años. “Es un retorno al siglo XIX”, expresa. Tampoco se introducen medidas de reparación del hecho cometido ni de recomposición de los derechos vulnerados (sanitarios, afectivos, de pobreza extrema, abandono, educativos, etc) de los niños, niñas y adolescentes que cometen un acto delictivo.

La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Nora Shulman, cuenta que el proyecto de ley no contempla garantías constitucionales y vulnera los derechos fundamentales de las infancias y adolescencias: “Es cárcel y nada más, sin educación y sin salud”.

En su último informe, Unicef denuncia que el 69% (8,6 millones) de los niñas, niños y adolescentes en la Argentina es pobre y carece de derechos fundamentales, ya sea de acceso a la educación, a la protección social, a la vivienda, etcétera. “Si vos no reparás eso, por más de que metas presos a toda la población infanto juvenil del país no vas a llegar a solucionar nada”, explica Shulman desterrando la idea de que a penas más duras, menos es la delincuencia.

En este contexto, la respuesta del gobierno libertario fue desarmar los programas nacionales de asistencia y acompañamiento a las familias, infancias y adolescencias, en situación de riesgo y vulnerabilidad. Las políticas públicas iban desde la prevención del embarazo adolescente y capacitaciones contra la violencia infantil, hasta la asistencia económica directa. Este vaciamiento presupuestario se consolidó con el despido masivo de trabajadores y trabajadoras que se encargaban de asistirlos. En este sentido, Cesaroni manifiesta: “Si vos desfinanciás esas otras áreas del Estado (no penales), si vos le quitás recursos, echás a los trabajadores, rompés los dispositivos; lo más fácil que te queda es mandar a la policía a detener pibes y encerrarlos en una jaula. Eso es lo más perverso, lo más brutal, mientras se desfinancian políticas públicas”. Frente a los riesgos de que se apruebe el proyecto advierte: “Van a salir a cazar pibitos de 13 años. Después es muy difícil volver atrás”.

Desaparecer la adolescencia

El diputado oficialista Alberto Bertie Benegas Lynch de La Libertad Avanza dijo en una entrevista radial que en situaciones de pobreza “no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller con el padre, trabajando” y que en esos casos el Estado no debería intervenir garantizando su derecho a la educación. Pese a la declarativa oposición del ministerio de Capital Humano, sobresale en el proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad a los 13 años que entre sus condenas se encuentra la «obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo», avalando el trabajo de menores. Simultáneamente, el gobierno libertario elabora una reforma electoral que habilite a los niños de trece años a votar en las elecciones. “Hay algo muy grave acá que es hacer desaparecer la adolescencia, pasar de la primera infancia a la adultez”, dice la abogada Cesaroni.

Tanto el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admiten que los delincuentes adultos del crimen organizado utilizan personas menores de edad para cometer delitos por ellos. “Esto es muy tremendo porque si el propio gobierno está diciendo que son utilizados para cometer delitos, pues entonces son víctimas. Vos tenés que evitar esto, no ir a meterlos presos”, expresa Cesaroni.

Encerrar a niños, niñas y adolescentes en cárceles y privarlos de la libertad, genera nuevos problemas sociales, entre ellos, la internalización del estigma en un momento de cambio, crecimiento y desarrollo: “Una vez que detiene esos pibes o los encierra la cárcel hace mucho más difícil la vida después porque efectivamente les pone un cartel en la frente que dice ‘este pibe estuvo preso’ e incluso en muchos casos consolida en estos pibes conductas transgresoras porque eso es lo que les da identidad”, cuenta la especialista. Al mismo tiempo que la sociedad adulta y el Estado se apartan de sus obligaciones para garantizar los derechos básicos de las infancias y adolescencias, cae sobre estas últimas una responsabilidad adulta inédita. “El lugar de un pibe de 14, 15, 16 años, dónde está ubicado en el mundo, la mayoría de las veces no tiene que ver con lo que él haga sino con lo que hagan con él, y lo que hagan con él es responsabilidad de los adultos”, explica Cesaroni.

Verdú denuncia que la ideología punitivista se fue estableciendo en el tejido social desde hace veinte años obteniendo una mayor difusión y virulencia con las redes sociales, donde proliferan estos discursos: “Eso lo vemos cada vez que denunciamos un caso de gatillo fácil y la respuesta del aparato de trolls es ‘uno menos, festejemos’”.

En referencia al devenir legislativo del proyecto de ley, Cesaroni concluye: “Hemos conseguido impedir que esto avance en 2017 y 2019 pero es cierto que este momento político es muy difícil y que las fuerzas parlamentarias han demostrado una y otra vez una mirada bastante punitivista y regresiva en estos temas”.

Los días que viajamos en peligro

Los días que viajamos en peligro

Los trabajadores ferroviarios denuncian que el choque de trenes de hace un par de semanas en Palermo no fue un accidente sino las consecuencias de las políticas de ajuste. Señalan que el desfinanciamiento tiene como objetivo generar deterioro para facilitar la privatización. El jueves, habrá medidas de fuerza para advertir la situación y reclamar aumentos salariales.

La Fraternidad, sindicato que representa a los maquinistas de trenes de todos el país, anunció mediante un comunicado una medida de fuerza para este próximo jueves 30 de mayo. Los trenes de pasajeros y de carga circularán durante todo el día a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La medida es en reclamo por la recomposición salarial y para manifestar la seria preocupación por la falta de inversión sostenida en infraestructura en el sistema en general, causal de los accidentes que han ocurrido en estas últimas semanas. De no obtener una respuesta favorable por parte del gobierno, advierten un paro total para el martes 4 de junio.

Mónica Schlotthauer, diputada nacional por el FIT (Frente de Izquierda y de Trabajadores), delegada del Tren Sarmiento e integrante de la Unión Ferroviaria, conversó con ANCCOM sobre la situación del sistema ferroviario. Traza un paralelismo entre el anterior modelo menemista y la situación de desguace actual en los que observa el “destruir para luego privatizar”: “Hay una relación directa: los tipos quieren que el Estado ya no haga nada más que negocios para el bien del empresariado, que les voten leyes que les sirvan. Después no hay educación, no hay salud, no hay nada”, expresó. La diputada también trae a colación el entramado que cimenta la apuesta por la privatización como parte de un todo, de una destrucción total: “Es parte de un caos general al que van a llevar al país con todo este ajuste. Así no tenés luz para la universidad, no tenés seguridad en los trenes, no tenés medicación para el cáncer. Es parte de eso. Ellos, por supuesto, quieren también privatizar. Lo que tenemos que tener claro es que la privatización no es para evitar los gastos de los subsidios, porque acá ningún empresario va a querer tener trenes de pasajeros, que todos saben que son deficitarios. Solo van a venir a robar de los subsidios”, amplió la delegada.

Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado  (ADIFSE) sufrió un recorte del 92 por ciento en términos reales en relación al primer trimestre del año pasado, consecuencia lineal de funcionar con el mismo presupuesto que en 2023. Este desfinanciamiento implica una destrucción absoluta en materia de mantenimiento y control sobre la estructura de los ferrocarriles: maquinaria, vías, puentes y sistemas de señales, que no resguardan siquiera los estándares mínimos de seguridad operacional en algunas áreas, por lo que diferentes ramales funcionan constantemente con riesgo operativo o autorización del día.

Cristian Duarte, maquinista delegado del Ferrocarril Sarmiento, señala la importancia de que el sistema de señalización funcione adecuadamente: “Hay ciertas cuestiones que están naturalizadas dentro de la circulación de trenes que constituyen un riesgo total y son terribles: el sistema paliativo es una autorización para transitar de un punto hacia otro que se utiliza cuando el sistema de señalización no funciona”. Duarte explica que este sistema paliativo suele utilizarse en ramales poco transitados como es el caso del que va hacia Lobos o Mercedes. Pero explica que la peligrosidad es otra cuando se utiliza en ramales con frecuencia alta como es el caso del Sarmiento, en su recorrido desde Moreno hacia Once (aunque funciona con treinta formaciones menos) o el San Martín, que funcionaba sin señalización cuando ocurrió el choque de formaciones a la altura de Palermo el pasado 10 de mayo. Esta situación había sido advertida de forma anticipada por el presidente de Trenes Argentinos, Adrián Luque, quien alertó sobre la situación crítica de presupuesto que no alcanzaba a garantizar siquiera, el mínimo funcionamiento. El diagnóstico de Duarte coincide sobre las consecuencias de la desinversión estructural: “Cualquier desfinanciamiento, cualquier falta de políticas para resolver los problemas de fondo, el deterioro del material rodante y de la infraestructura ferroviaria, nos llevan a una situación como la del San Martín del otro día. El resumen más triste son los 52 muertos de Once que fueron resultado de una desidia total donde abandonaron por completo cualquier tipo de mantenimiento como consecuencia de la desinversión.”

Por otro lado, el maquinista se refirió al peligro que conlleva la profundización de este modelo de ajuste: “Las políticas de este gobierno apuntan no solamente en contra del conjunto de los trabajadores sino que también respalda los negociados con respecto al patrimonio nacional. Es una destrucción y un sometimiento total”.

Schlotthauer también se refirió a los ramales que son menos frecuentados donde el ajuste se vio agudizado y la frecuencia de los trenes escasea cada vez más. Este es el caso de ramales que se adentran hasta el cuarto cordón del conurbano bonaerense y llegan hasta localidades como Las Heras o Marcos Paz, que redujeron su servicio en un 60 por ciento, es decir que funcionan a un 40 por ciento de sus capacidades. El desfinanciamiento produce que múltiples máquinas estén paradas por la necesidad de recambio de repuestos que no se produce hace meses: “Lo que genera esta desinversión esencialmente es aislar, quitar oportunidades, dejar a la gente sin acceso a sus derechos”. La integrante de la Unión Ferroviaria amplía: “De Mercedes a Buenos Aires tenes que gastar 6.000 pesos si venís en colectivo. Olvídate de venir. ¡No podes gastar eso por día! Entonces la gente se queda sin nada, sin poder trasladarse a la capital, sin ferrocarril”.

“La privatización de los ferrocarriles argentinos enajena el patrimonio nacional”, declaró Ricardo Banegas, director de la escuela técnica de La Fraternidad, quien agrega otro elemento al análisis de la causas: “Entendemos que el trasfondo es el negocio inmobiliario- señaló en diálogo con ANCCOM-. Es monumental el valor que tienen los terrenos ferroviarios, por eso la idea es venderlos y hacer un negocio con esas tierras”. Además resaltó el marco reglamentario, legislativo y necesario que significa la Ley Bases para desarrollar materialmente la estructura en torno a un modelo privatista: “Tal cual como está presentado el proyecto de la Ley Bases, hay un solo renglón que define el destino de toda la industria, que es el de privatización y concesión, que no está justificado de ninguna manera”. Sobre las consecuencias de la privatización de empresas públicas de interés general, Banegas coincide con Schlotthauer: “Dan lo mínimo e indispensable para funcionar, no desarrollando obras de envergadura que hagan que el ferrocarril sea eficiente. Evidentemente están copiando un viejo modelo que se vivió en los años noventa, en donde no solamente se desfinancia sino que se genera en la opinión pública un desgaste y una idea errada que tiene como resultado final la premisa de que si funciona así mejor que lo hagan los privados”. Haciendo una historización, Banegas se retrotrae a cómo funcionaban los trenes cuando eran privados, en oposición a cualquier idealización: “Cuando se le entregaron las vías a los privados estaban a 120 km por hora y había trenes a todo el interior del país. Treinta  años después, los trenes funcionan con mucha más demora para llegar de un punto al otro, las velocidades son muy inferiores. Todo tiene que ver con que no se han hecho las inversiones necesarias comprometidas en el momento de la privatización”, explicó.

Sergio Galeano, también integrante del Sindicato La Fraternidad, comparte el diagnóstico y expresa que “apuntan a la destrucción del ferrocarril. Te lo digo así nomás: ya no hay inversión. Es muy preocupante porque esto ya lo vivimos con Menem: familias en la calle, sin trabajo. Esto es la vuelta a todo eso- sostuvo -. Y no pasa solamente acá. Esta destrucción no es solo al sistema ferroviario, sino de todo lo estatal. ¡Mirá el caso de Aerolíneas, también! Están destruyendo al país. No hay una sola para los trabajadores. La quieren toda para ellos”.

 

Amenaza de más despidos

Los trabajadores ferroviarios temen por la seguridad de sus puestos de trabajo ante el avance de estas políticas de desguace contra los trenes argentinos. En este sentido Ricardo Banegas explica: “La planificación está en reducir más de un 15 por ciento del plantel actual. Esa es una intención clara. Hay acciones: ya han presentado de alguna manera un plan de retiros voluntarios, que no se ven reflejados porque no tienen la plata para llevarlos adelante”.

“Acá el problema es que hay mucha gente” escucha de forma constante Schlotthauer de parte de la dirigencia del gobierno actual en el intento de respaldar el achique dentro del sistema ferroviario. A su vez, advierte sobre el peligro que significa el constante bombardeo acerca de que “sobra gente” en el Estado. “¡Pará!, ¿por qué no hacemos las cuentas de cuánto gastan en la gente y cuánto gastan en negociados? Porque el otro problema además de la desfinanciación y el vaciamiento es la plata que se llevan para negocios de ellos. Entonces acá no nos digan que lo privado anda mejor, como dice el presidente, porque acá el privado mató gente”.

 

La motosierra cortó el agua potable a los isleños del Delta

La motosierra cortó el agua potable a los isleños del Delta

Se interrumpió el servicio de distribución que había establecido AySA desde la pandemia. Los vecinos reclaman la restitución de este derecho básico elemental para sus vidas cotidianas.

“En el año 2020, cuando inició la pandemia de covid-19, el municipio tenía una responsabilidad respecto al tema de islas y organizamos un consejo asesor para repartir agua muy precariamente entre nosotros”, explica Luis Cancelo, vecino de las islas del Delta del Paraná en la primera sección, Partido de Tigre. Históricamente, los isleños no consumen el agua de ríos y arroyos, además de por el barro que le da su color característico, debido a  la contaminación en la cuenca del Río Luján y Reconquista; solo la utilizan para bañarse o lavar los platos. El agua para beber y cocinar suele cargarse en bidones en las canillas de la estación fluvial.

Fue por eso que desde el Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI), decidieron solicitarle a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) un servicio de distribución de agua potable: “La concesión de AySA termina en el río Luján y no abarca las secciones isleñas”, remarca Cancelo, quien fue director del Plan de Manejo del Delta e integrante del CAPI. Cuenta que cuando le acercaron la nota a quien por entonces era la titular de AySA, Malena Galmarini, contándole de la situación crítica particular de los isleños durante la pandemia, decidieron implementar un servicio de distribución de agua. Los barcos cisterna recorrían ríos y arroyos de acuerdo a un cronograma publicado diariamente para que los vecinos cargaran los bidones en los muelles.

“En el nuevo gobierno de Javier Milei, que tiene criterios de achicamiento del Estado, rige un ‘sálvese quien pueda ́ donde cada uno resuelve las cosas como le sale. Lo concreto es que quitan este servicio”, explica Cancelo. La realidad es que con el nuevo DNU 70/2023 y la Ley de Bases, las nuevas autoridades de la empresa estatal no están dispuestas a mantener un servicio fundamental. Para enfrentar la situación, los vecinos organizaron un plenario en la estación fluvial el último sábado 18 de junio al mediodía.

Diego Domínguez, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y vecino de las islas explica no hay potabilizadores en la islas, algo muy costoso. Por otra parte, ni el municipio de Tigre ni Nación quieren “negociar” la situación de AySA en la islas y le sacan el cuerpo a la situación. El investigador y docente asegura que próximamente se dará una reunión entre la empresa y organismos de derechos humanos para tratar de llegar a un acuerdo.

 

Los barcos cisterna recorrían ríos y arroyos para darle agua potable a los habitantes de las islas. 

La política implementada por Galmarini

Además del sistema de distribución del agua implementado durante la pandemia, en 2023 la extitular de la empresa estatal, acompañó el inicio de clases inaugurando dos nuevos tanques de agua potable y bebederos para el equipo docente, alumnos y alumnas de la comunidad educativa de la Escuela Primaria y Secundaria Nº 12 del Delta. Además habilitaron un segundo tanque de reserva para los vecinos de la zona que necesitaban abastecerse.

En ese momento Galmarini declaró a la prensa: “Finalmente, con el equipo de AySA, logramos traer definitivamente el agua, un derecho humano, un servicio esencial que, increíblemente, nuestras escuela tenía pero a través de bidones que la provincia de Buenos Aires les dejaba en los muelles. Era todo muy difícil. En marzo del 2020 empezamos a recorrer cada muelle con las chatas de AySA para llenar todos los bidones de nuestros vecinos y vecinas, y ahora también esas chatas van a llenar estos nuevos tanques para la escuela”.

El servicio de distribución de agua languideció hasta desaparecer. Ahora el futuro de esta infraestructura fundamental para el funcionamiento de la escuela también está en duda. Pese a numerosos intentos, ANCCOM no pudo obtener respuestas de parte de las actuales autoridades de la empresa de agua.

Según la ONU el agua es un derecho humano porque forma parte de la vida cotidiana y del entorno de las personas. Es fundamental para la salud contar con agua potable en cantidad. Las normas internacionales obligan y exigen a los Estado que garanticen a cada uno de sus habitantes el acceso a una cantidad suficiente de agua potable, tanto para uso personal como doméstico.

A cargar al continente

Primero los avisos en grupos de WhatsApp de que la “chata de AySA” pasaría se hicieron esporádicos. Desde el 30 de abril, directamente desapareció. Ya hace un par de meses que los isleños cargan sus bidones antes de subir a las lanchas. El peso del agua se suma a las compras que realizan en tierra firme. Lo que parecía solucionado se volvió nuevamente un incordio que los obliga a viajar a veces durante horas solo para cargar este insumo básico para la vida. La alternativa es pagar los 2500 pesos que cuestan en las lanchas almacén diez litros de agua potable. Aún sin tener jurisdicción sobre la zona, AySA se lo facilitaba con barcos cisterna que recorrían las islas en ciclos de una o dos semanas: ya no.

Lo cierto es que el gobierno nacional tiene a AySA en la mira para ser privatizada, no sin antes reducir sus servicios al mínimo y así tener la excusa perfecta para el plan. La política de precarización llevada adelante por las nuevas autoridades le complica la vida a un montón de personas y genera una pérdida de tiempo y dinero realmente importante: trasladarse con los bolsos de comida, niños y ahora también con los bidones cargados.

Agua potable en las islas… afuera.

 

La construcción se derrumba (y no solo por la economía)

La construcción se derrumba (y no solo por la economía)

En lo que va del 2024 se produjo una serie de derrumbes en diferentes obras y propiedades linderas de la Ciudad de Buenos Aires. Durante febrero desde UOCRA hizo un relevamiento de obras activas, la mayoría de edificios y detectó graves incumplimientos.

El pasado febrero sucedió un trágico derrumbe en una propiedad lindera a una obra en construcción en el barrio de Caballito. En este accidente se confirmó la muerte de dos hermanos de 75 y 77 años. Los vecinos de la avenida Pedro Goyena al 500 habían pedido en reiteradas ocasiones al Poder Jucicial el cese de los trabajos porque consideraban que entrañaban peligro. En la misma zona, en la calle Río de Janeiro al 200, una pared de otra obra se desplomó dentro de un supermercado chino. También, en la esquina de Uriarte y Costa Rica, Palermo, se desmoronó una casa dejando como saldo fatal la muerte de dos obreros que quedaron atrapados entre los escombros.

La frecuencia de estos acontecimientos revela una problemática que se repite en la Ciudad de Buenos Aires: la falta de control sobre las condiciones en que se realizan las obras. Los vecinos pueden hacer la denuncia por irregularidades en las obras a la línea 147 que permite hacer el seguimiento dentro del sistema de gestión de la ciudad. En su página web la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, informa que “para realizar una obra en tu casa debés tener el permiso del Gobierno y ante una modificación, necesitás el consenso de todos los propietarios. Antes de empezar una obra, el profesional que contrataste deberá darla de alta en la AGC y tendrá que cumplir con las inspecciones obligatorias”.

Un informe desarrollado por la Asociación Civil Defendamos Buenos Aires asegura que en la ciudad hay alrededor de 5.400 viviendas en peligro de derrumbe, sumando departamentos, edificios, casas particulares y obras en construcción. El documento hace hincapié en la falta de controles gubernamentales y según le comentó Javier Miglino, titular de la ONG a Tiempo Argentino, se está violando el Artículo 34 de la Constitución de la CABA que establece que “la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y es ofrecido con equidad a todos los habitantes”.

Las estadísticas de la UOCRA y los incumplimientos a la CyMAT

Durante febrero, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) relevó 7.914 obras activas en la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las construcciones son edificios de pisos múltiples y se destacan los barrios de Villa Urquiza, Belgrano, Caballito y Palermo con más de quinientas edificaciones en el mapa interactivo. Además, desde la UOCRA detectaron graves incumplimientos a la Comisión de Condiciones y Medioambiente de Trabajo (CyMAT), como la ubicación del tendido de cables aéreos a no menos 2,40 metros de altura o subterráneos, el mantenimiento y control del orden y limpieza en obras, la protección de aberturas de pisos con cubiertas o barandas de hasta un metro, el apuntalamiento de muros medianeros y el afianzamiento de partes inestables de la construcción.

Para Julio Cesar Neffa, Doctor en Economía del Trabajo por la Universidad de París e investigador superior del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, existe una estrecha relación entre el proceso de trabajo y la salud, y esto es lo que vuelve fundamental la prevención para aislar a los trabajadores del riesgo y evitar que los descuidos repercutan también en las ventajas competitivas del sistema productivo, algo que difundiría aún más estas prácticas.

“Hace falta una política sustentable, que dure, que se oriente a promover la salud del colectivo de trabajo y no solamente de cada trabajador, que no base su acción en medidas parciales o temporarias”, explica Neffa. “Con frecuencia, entre las medidas de prevención está el uso de los equipos de protección personal, se le exige al trabajador que use un casco, protectores auditivos, lentes, que se ponga las botas de seguridad. Pero esos equipos de protección personal son individuales y protegen a cada trabajador de los riesgos pero no los eliminan ni los reducen”. En su opinión, hay que poner atención, si se quieren identificar los riesgos y hacer prevención, en cuál es el contenido del trabajo y cómo está planteado.

Sin embargo, el último informe provisorio de accidentabilidad laboral a nivel nacional del período enero-septiembre del año 2023 muestra que se notificaron 454.970 casos de accidentes y enfermedades profesionales, con un aumento del 7,2 por ciento respecto de igual periodo del 2022. El total de casos mortales alcanzó 463 fallecimientos: 238 ocurrieron en lugar y en ocasión del trabajo y 225 fueron accidentes de trayecto, un aumento del 10,4 por ciento más que en septiembre de 2022. Según el informe de ese total de accidentes, el 9,2% se dio en la construcción que, a su vez, representa poco más del 3% de los trabajadores registrados, un indicio de lo riesgoso de la profesión.

Prevenir y curar

 La licenciada en Sociología y magíster en Investigación en Salud Laboral por la Universidad de Buenos Aires, Johanna Gerke, explica que la normativa sobre CyMAT es un «piso» para que todos los actores del Sistema de Riesgos del Trabajo tengan una referencia de las medidas mínimas que deberían implementarse. A su manera de ver, como el sistema está basado en la lógica del seguro, son pocas las veces que se llevan adelante medidas verdaderamente preventivas y específicas para cada lugar de trabajo. Por esto es que entiende que los exámenes médicos y los tratamientos de rehabilitación no pueden estar en manos de empresas que persiguen un lucro y cuentan cada centavo que «gastan» en prevención.

La normativa preventiva para la construcción es muy rica y específica; el Estado, la Cámara empresarial y su sindicato son muy activos en relación con otras actividades. Sin embargo, la cultura de la prevención debe ser fuerte y la atención alta en cada lugar de trabajo. “Si queremos reducir costos usando una escalera en lugar de una silleta con arnés para trabajar en altura, no hay control que alcance”, comenta Gerke.

La docente de la Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo Agrario, en la Facultad de Agronomía de la UBA, explica que los organismos que intervienen en estos temas son “básicamente dos: el Ministerio de Capital Humano, que vela porque los empleadores incluyan a todas las personas trabajadoras en el Sistema de Seguridad Social, que estén ´en blanco´ y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que controla que las aseguradoras de riesgos del trabajo cumplan con la normativa del Sistema de Riesgos del Trabajo”. Luego hay otros actores que intervienen y ejercen su propio peso en la CyMAT como la Unión de ART que asesora a las aseguradoras y ejerce presión para que las obligaciones legales de las mismas sean lo más flexibles posible, o los sindicatos, que tienen el importante papel de ampliar los derechos de sus representados. También inciden de distintas maneras las cámaras empresariales, los proveedores de bienes y servicios de las ART, la Cámara Argentina de Seguridad, la Secretaría de Comercio, las Universidades que capacitan a los Servicios de Salud Laboral e Higiene y Seguridad, el Poder Judicial que intercede ante conflictos laborales, y cada uno de nosotros en nuestro rol de trabajadores.

Recesión económica en la construcción

En este contexto, además, la baja en el sector de la construcción llegó al 18 por ciento en dos meses principalmente por el recorte en obra pública de un 85% ordenado desde la Secretaría de Hacienda. Desde la cuarentena no se había visto un desplome de tal magnitud. La producción de asfalto bajó el 61,9 por ciento, yeso 40,6 por ciento, hierro redondo y aceros 38,6 por ciento y hormigón 28,6 por ciento.

Una encuesta cualitativa del INDEC entre las empresas del rubro arrojó un panorama muy complejo sobre el futuro a corto plazo: más de la mitad de los participantes que hacen obras privadas prevé que el nivel de actividad cambiará en los próximos meses y solo un 5,9 por ciento cree que va a aumentar. Los motivos que esgrimen quienes trabajan en la construcción privada son la retracción de la economía y la inestabilidad de los precios; los que operan en el sector público se diferenciaron e indicaron los atrasos en la cadena de pagos.

Con semejante freno a la construcción seguramente la cantidad de accidentes se reduzca. ¿O para reducir costos en un contexto de poca rentabilidad los “ahorros” en seguridad e higiene aumentarán aún más?