La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otra vez posa su mirada sobre lo que ocurre en Argentina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otra vez posa su mirada sobre lo que ocurre en Argentina

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron en una audiencia de la CIDH el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. El gobierno se justificó con la crisis económica y volvió a hablar de «memoria completa».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó tres audiencias este jueves 14 de noviembre para analizar la situación en la que se encuentra el país a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei. Diferentes organismos de derechos humanos denunciaron que el gobierno está poniendo un freno a las políticas de memoria, verdad y justicia, a políticas sociales y de género.

A partir de las 13, expusieron referentes de distintas organizaciones vinculadas a la economía popular bajo el título “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Luego se llevó a cabo la segunda audiencia, “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. La última fue sobre “Impacto en las políticas de memoria, verdad y justicia en los derechos humanos en Argentina”. Es un hecho inédito que la CIDH haya concedido tres audiencias para un mismo día a un mismo país. En el caso de la última, el encuentro ante la comisión fue híbrido, por lo que los organismos peticionantes Abuelas y Madre de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS y Memoria Abierta, invitaron a la sociedad civil en la Ciudad de Buenos Aires a presenciar la audiencia de manera remota: “Es un gran honor estar nuevamente frente a esta Comisión pero también una gran tristeza”, inició Estela de Carlotto ante la Comisión.

Con una cámara apuntando hacia un auditorio lleno desde la Casa por la Identidad en la ex ESMA, Estela y Taty Almeida participaron de la tercera audiencia conectadas por videollamada a Washington. Del otro lado, estaban representando a la sociedad civil Claudia Poblete, nieta restituida y miembro de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo; Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de la misma organización, Verónica Torras, miembro de Memoria Abierta, Paula Litvachky del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Martín Kohan, escritor y docente universitario. Desde Buenos Aires también acompañaron como expositores Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital, y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Los primeros veinte minutos de la audiencia fueron dedicados a la exposición de la sociedad civil. Estela continuó: “Fuimos por primera vez a pedir vuestra ayuda cuando en nuestro país nos cerraron todas las puertas y negaban las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras fue fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy con 94 años de edad a pedir una vez más vuestra ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”.

“Fuimos por primera vez a pedir vuestra ayuda cuando en nuestro país nos cerraron todas las puertas y negaban las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras fue fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy con 94 años de edad a pedir una vez más vuestra ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”, declaró Carlotto.

Claudia Poblete, desde Washington continuó: “Desde marzo, la Secretaría de Derechos Humanos ha puesto en riesgo la continuidad de diversos programas de memoria, verdad y justicia. Ha venido realizando despidos que afectaron principalmente a la dirección de sitios y espacios de memoria” Y denunció: “En agosto se despidió a abogados que sostenían las querellas institucionales en casos por crímenes de lesa humanidad en distintas provincias y en septiembre la gestión del Ministerio de Justicia anunció la discontinuidad de un régimen de contratación que abarca al 48% de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Las autoridades comunicaron que para fines de diciembre serían desvinculados”.

Luego de la exposición de los peticionarios por parte de la sociedad civil, le correspondió defenderse durante otros veinte minutos al Estado Argentino, encabezado por la embajadora ante la OEA Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía. Le siguió Juan Battaleme, Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación que comentó: “La catástrofe financiera en la que esta administración recibió al país, impulsó la urgente necesidad de un Estado más eficiente. Nuestro presidente, Javier Milei, lidera una política de reestructuración y modernización del Estado, no se trata de una decisión meramente administrativa”. También tomó la palabra Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación quien manifestó que los organismos de derechos humanos “se consideran dueños del relato, pero la memoria es para todas las víctimas sin excusas ni banderas. Con las señoras que hoy participaron de la audiencia por video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido, pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan sido víctimas pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Las causas por delitos de lesa humanidad continúan su curso habitual”.

Siete minutos fueron dados también al representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Jan Jarab, que expuso: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar”. Jarab trajo a colación el Artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la obligación del Estado de investigar y castigar las violaciones de derechos humanos y de luchar contra la impunidad por estos delitos. Además, resaltó la preocupación por la reciente derogación del decreto 715/2004 que creó la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños. La misma fue creada para garantizar apoyo operativo a las tareas realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi).

Seguido a esto, Baños interrumpió al presidente de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, para manifestar su “sorpresa y estupor por la participación de este señor de las Naciones Unidas, no avisada ni informada y como si tuviera una verdad que le ha sido transmitida. ¿Con qué derecho viene a cuestionar las políticas públicas de la República Argentina?”. Se le comentó al secretario que en la carta de convocatoria enviada el 30 de septiembre se le solicitaba al Estado argentino que entrara al sitio web de la CIDH donde figuraba la información sobre posibles intervenciones de otros organismos internacionales. Así mismo, desde mediados de octubre, habían actualizado los datos que referían a la representación de la ONU en la exposición.

“La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar”, subrayó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

La audiencia continuó con tensión, por el tiempo de interrupción utilizado por el Secretario de Derechos Humanos argentino. Luego fue el turno de la propia CIDH donde en 20 minutos realizó una serie de preguntas tanto a la sociedad civil como al Estado argentino que fueron respondidas en los tiempos asignados para cada una de las partes. Durante el cierre de la sociedad civil, Taty Almeida declaró: “Hoy sentimos que nuestra labor está siendo agredida por un gobierno que no cree en los derechos humanos. Por eso les pedimos por favor que vengan a escucharnos a nuestro país para que puedan comprobar en persona todo lo que hemos dicho. Para que ustedes comprueben personalmente que todo lo que hemos denunciado es pura y exclusivamente la verdad”.

El Estado argentino cerró con las declaraciones de Juan Battaleme y Alberto Baños pidiendo por “memoria completa” y solicitando a la Comisión Interamericana que esté a la altura de sus precedentes.

Después de una hora y 45 minutos de audiencia, pasados 15 minutos debido a las interrupciones de Baños en la sesión, se otorgó a Estela de Carlotto la posibilidad de un cierre: “Por todo esto, le pedimos al Gobierno que abandone el camino de la destrucción y se sume a la senda de la construcción colectiva, de un país que durante más de 40 años de democracia ha sido ejemplo para el mundo”. Al final de la transmisión, los aplausos contenidos durante toda la audiencia estallaron en la Casa por la Identidad. Los referentes de las diferentes organizaciones sociales reunidas en la Casa por la Identidad se acercaron a Taty y Estela para saludarlas y abrazarlas. Luego salieron todos y todas a la puerta a hacer una foto final.

Entre las organizaciones presentes estaban los organismos peticionantes, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Nietes. También acompañaron los rectores de la Universidad Nacional de Lanús, Moreno y Quilmes junto con el Consejo Interuniversitario Nacional. Se contó con la participación de los centros de estudiantes de la facultades de Exactas, Sociales, Derecho y Filosofía y Letras de la UBA y de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y diversos centros secundarios. Además, acompañaron diferentes sindicatos, artistas vinculados con Abuelas y sectores vulnerados como trabajadores del Hospital Garrahan y Laura Bonaparte.

“Nos encontramos con una situación vergonzosa por parte del Ejecutivo haciendo mucho hincapié en una versión de contar una historia que vuelve a poner el foco en la Teoría de los Dos Demonios, dejando de lado el enorme trabajo que se ha hecho desde distintos organismos de derechos humanos y organizaciones populares”, manifestó en diálogo con ANCCOM Nazarena Sciola, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales.

También se acercaron a la Casa por la Identidad estudiantes secundarios, como es el caso de León Rodríguez Gueito de 17 años, presidente del Centro del Colegio Nacional Buenos Aires que comentó a ANCCOM: “Nosotros buscamos representar a los estudiantes y entendemos que uno de sus reclamos es la reparación histórica por el reclamo de la memoria, la verdad y la justicia, por todos los desaparecidos que tiene el colegio”.

En la misma línea, Candela Fernández, militante de Nietes opinó sobre lo ocurrido en la audiencia: “Una vergüenza, nunca vimos algo así pero me pone muy contenta el apoyo que recibimos para las Abuelas. Nosotros estamos para eso, para apoyarlas a ellas, para demostrarles que estamos acá y que vamos a seguir luchando siempre por lo mismo. Muy contenta por el resultado pero una vergüenza el Estado Nacional”.

Marcela Perelman, directora de investigación del Centro de Estudios Legales Y Sociales (CELS) cerró la noche: “Salimos de alguna manera fortalecidos porque, a pesar de que la audiencia tuvo momentos agresivos y muy intensos, creemos que nuestra perspectiva se escuchó muy sólida, muy documentada, fuimos muy acompañados y superó muchísimo lo que habíamos imaginado”.

«El gobierno no es democrático porque desconoce a su adversario»

«El gobierno no es democrático porque desconoce a su adversario»

Rocco Carbone, autor de Lanzallamas: Milei y el fascismo psicotizante, analiza la posibilidad de emancipación que sobreviene a las fuerzas destructivas y el conflicto universitario como elemento pedagógico.

¿Por qué es relevante hablar y pensar el fascismo en la escena argentina contemporánea? Con esta pregunta, a la vez abierta y comprometida, abre los fuegos el filósofo Rocco Carbone, autor del libro “Lanzallamas: Milei y el fascismo psicotizante”, publicado este año por la editorial En Debate. A lo largo de sus tres capítulos y algo más de cien páginas de extensión, el texto plantea que el gobierno de Javier Milei debe ser comprendido como una experiencia fascista, ya no como un sistema político, sino una metodología.

“El lobo se viste de cordero pero actúa de lobo —dice Carbone en diálogo con ANCCOM—. El fascismo, tanto el arqueológico como el contemporáneo, es un poder integrado por una dualidad plena, contradictoria, y esa dualidad la encontramos permanentemente en las elaboraciones discursivas y políticas del presidente Milei, que dice: ‘No intervengo en el mercado’, pero luego interviene; dice: ‘No hice confiscaciones’, pero sigue confiscando los ahorros de la clase media. Entonces es eso: el fascismo es un poder que hace dos cosas al mismo tiempo, que dice dos cosas al mismo tiempo que se contradicen y se chocan.”

Y es que, siguiendo a Carbone, filósofo italiano que reside en Argentina desde hace veinte años, y es además docente e investigador del Conicet, la dualidad del poder fascista se condensa en dos grandes atributos: psicotizante y celular. El libro desarrolla ambos términos en un lenguaje conciso, pero de gran densidad conceptual. La cuerda ofrecida al lector es bajarlos a ejemplos de la práctica.

“El fascismo es un doble poder permanente: en el Estado y contra el Estado social. Entonces, organiza un doble aparato. ¿Cómo funciona ese doble aparato? Corrompe a los trabajadores, por un lado, y por otro los reprime —explica Carbone, que después puntualiza—. El gobierno de La Libertad Avanza ha elaborado un aparato de corrupción de las clases trabajadoras. Y se verifica como liquidación del patrimonio nacional: ataque a los sindicatos, porque son ‘chorros’; ataques a las organizaciones sociales; ataques a los modos de contratación; ataque a los bienes y servicios públicos. Y esa es una modalidad de lucha, es una modalidad de combate contra la clase trabajadora. Y se organiza esa manera de corromper lo público para que los avances del pasado no sean ni siquiera imaginables en el presente. Para que el pibe de Rappi no imagine jamás la posibilidad de un aguinaldo.”

De entre esos avances del pasado, la universidad pública aparece como referencia obligada: “El conflicto universitario en este momento es un elemento pedagógico —afirma Carbone—, una dimensión altamente pedagógica para la sociedad nacional. Porque demuestra efectivamente cómo piensa y cómo opera el gobierno de La Libertad Avanza y cómo opera el presidente Milei.”

Según el autor, lo que distingue al fascismo de una derecha tradicional es su completa desconsideración por el adversario. Así, en su reacción al conflicto universitario, el gobierno mostraría su verdadera cara: “El presidente Milei, ante ese antagonismo democrático, ¿qué dice? ‘¡No! Ratifico el veto a la Ley de Financiamiento a la Universidad’, e hizo de todo para generar un bloque en el parlamento con los diputados y diputadas macristas para ratificar el veto. Por eso, digo, es interesante ver cómo opera la cabeza de un neoliberal mafioso como Macri y la cabeza de un fascista como Milei: frente al antagonismo popular, ¿qué hace? Avanza. Por ende, estamos frente a un tipo de poder que está por fuera del régimen democrático. Porque el régimen democrático reconoce una otredad, en cambio acá hay una negación permanente hacia la otredad. Tanto que quisieron matar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1º de septiembre del 2022. Y ahora, en la ultimísima entrevista al presidente Milei, le escuchamos nuevamente decir que a él le agradaría muchísimo poner el último clavo en el cajón donde está Cristina Fernández de Kirchner”.

“La universidad —concluye Carbone— sofistica su aparato pedagógico y le enseña a la sociedad argentina que Milei y el gobierno de La Libertad Avanza no son democráticos, sino que están por fuera de los confines retóricos y operativo-políticos de la democracia. Porque desconocen a su adversario y lo convierten en un enemigo a quién hacer perecer; a quién matar.”

El ‘Momento Arlt

Contingencias aparte, el libro dialoga en su tercer capítulo con dos grandes novelas de Roberto Arlt: Los Siete Locos (1929)  y Los Lanzallamas (1931). Estas obras le sirven de imaginario y disparador a partir de dos personajes: Erdosain y el Astrólogo. Hay en el primero la expresión de un hombre sensible y frustrado, aplastado por la depresión económica y su propia ineptitud para con las relaciones humanas. En el segundo se condensan los atributos propios de un líder falaz y totalitario, una especie de flautista de Hamelin que pergeña la creación de una “sociedad secreta”; el lugar de los locos. Y es aquí donde Carbone reconoce los límites del poder fascista: “¿Cómo se puede interpretar ese título: Los Siete Locos? Primero, que hay locura. Que una disociación con la realidad existe. Existen varios personajes que son locos, pero al mismo tiempo son siete. O sea, es una locura bastante difundida pero es una locura finita, es una locura que tiene un techo, o sea, un límite. No todo el mundo está loco: algunos están locos efectivamente pero hay otros y otras que no lo son. Bueno, de ese campo, del campo de los y las que no son locos ni locas, efectivamente puede sobrevenir la emancipación”, sostuvo el autor.

Quizás en esta línea se expresa uno de los aportes más propios de Lanzallamas. Como parte de la vorágine de ensayos, biografías y opinologías que han surgido en torno a la figura de Milei, éste libro, siguiendo a la obra de Arlt, consigue explicar eso íntimo que se vive por dentro de la contingencia política: el agobio, el saltar de la indiferencia a la rabia, de la rabia al hastío, el no entender por qué se dice una cosa y luego la otra, la polémica detrás de la polémica, y el vértigo que se siente al pisar sin escalón. Y esa explicación viene con un halo de calma, porque siempre es tranquilizador entender esa cosa inquietante que se nos escapa. Nombrar la palabra, escribe el autor, es a la vez una pedagogía y una estrategia de liberación. Liberación que, volviendo al título, está presente en el germen de la obra:

“Y me interesaba también la palabra del título de Arlt: Lanzallamas —cierra Carbone—. Porque es una palabra abierta: remite a ellos, a las fuerzas destructivas, a las fuerzas fascistas, pero también puede remitir a las fuerzas emancipatorias populares. Porque si el fascismo es una latencia en la historia de los pueblos, también lo es la emancipación. Lanzallamas es plurisémico, puede referir literariamente a ellos, al fascismo clásico, a la experiencia del presidente Milei, pero también a la posible emancipación que, como latencia en la historia, puede sobrevenir al momento reaccionario. Esa emancipación también se podría verificar bajo la forma del lanzallamas.”

No hay plata, excepto para espiar

No hay plata, excepto para espiar

La Comisión de Presupuesto de Diputados recibió a Patricia Bullrich que lejos de responder preguntas agredió a los legisladores que cuestionaron la falta de partidas que garanticen derechos como la educación y la salud. El presupuesto para Inteligencia es uno de los dos que más crecería el año próximo.

Una semana después de que el poder ejecutivo -con el respaldo de la Cámara de Diputados- haya vetado la Ley de Financiamiento Universitario y casi a un mes de la anulación de la Ley Jubilatoria, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la nación, expuso frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda las razones de aumentar en un 19% los recursos económicos previstos para su area en el año 2025 – el segundo que más incremento recibió, por detras de Capital Humano-. Bajo la premisa “no hay plata” Y “el que las hace las paga”, Bullrich abrió el debate con una defensa de su gestión, en el que le agradeció a los diputados presentes el voto de las leyes que introdujo su Ministerio.

La exposición, que comenzó pasadas las 15 y culminó cerca de las 18, estuvo marcada por altercados, discusiones y acusaciones cruzadas. La disposición de la comisión -que solo permitía 10 preguntas sin la posibilidad de repreguntar- dio lugar a dudas e interrupciones debido a la evasión de preguntas por parte de la Ministra. Ante la declaración de Bullrich acerca de que su gestión “nunca considera como delincuentes a los diputados”, la diputada por Unión Por la Patria, Lorena Pokoik la interrumpió para acusarla de “caradura”, lo que desató un intercambio de imputaciones con el presidente de la comisión, José Luis Espert, mandando a sentar, fiel a su estilo, a la diputada. En medio de la discusión, Pokoik advirtió a un hombre de traje, a quien ella identificó como personal de seguridad de Bullrich, filmarla con su celular; ante esto, la legisladora peronista pidió enérgicamente que se retire esa persona, para posteriormente abandonar ella misma el recinto, buscando explicaciones de tal accionar.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó para el año próximo un presupuesto de 7,2 billones de pesos para gastos salariales y de funcionamiento pero el gobierno asignó casi la mitad: 3,8 billones. El Ministerio de Seguridad tiene previsto recibir 5,3 billones.

Ante la decisión de destinar al Ministerio de Seguridad 5,3 billones de pesos anuales, el diputado por el Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, declaró en conversación con ANCCOM: “Las partidas de educación es menor al aumento del de seguridad, eso se lo preguntamos a la Ministra Bullrich. Este presupuesto marca el ajuste de partidas muy sensibles: educación, trabajadores, jubilados. Obviamente, los pagos de la deuda son la prioridad de este gobierno, por eso creo que la resistencia de las mayorías trabajadoras va a ser cada vez más fuerte con respecto a esta situación, donde el Gobierno busca consolidar el ajuste de este 2024 y aumentar ese recorte en muchas partidas para el 2025”. En este sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado un presupuesto de 7,2 billones de pesos anuales para gastos salariales y de funcionamiento, a lo que el gobierno respondió con una asignación de casi la mitad, 3,8 billones.

Otro de los altercados que tuvo Bullrich en su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Haciendalo protagonizó con Leopoldo Moreau, integrante del bloque de Unión Por la Patria, quien utilizó sus cinco minutos para preguntarle, entre otros temas, sobre el sistema de inteligencia en las cárceles. Ante la consulta, la ministra confundió al diputado Mena, con Martín Soria, exministro en la gestión de Alberto Fernández, quien fue el encargado de poner en marcha la inteligencia del  Servicio Penitenciario. En medio de la correcciones por parte de los integrantes de la Comisión y las chicanas sobre su estado etílico, Moreau la acusó de “mercenaria”, invitándola a callarse, lo que despertó la furia de la excandidata a presidenta “Callate vos, ¿Quién habla?¿Querés que te cuente la plata que te cobraste de Yabrán?”. El cruce desató el griterío del recinto y la indignación de los diputados opositores, que le recordaron su pasado político y los permanents cambios de posicionamiento partidario. Ante esto, Moreau anunció más tarde que denunciará a Bullrich por “calumnias y amenazas”.

Por otra parte, Moreau interrogó a la ministra por los 197.238 millones de pesos destinados a la Secretaría de Inteligencia De Estado -SIDE- en el presupuesto del año próximo. “Para esto sobra plata en la República Argentina, acá no hay preocupación por el equilibrio fiscal. Esta es la inteligencia que quieren, no la que se produce en las universidades, sino la que está destinada a perseguir a los argentinos y espiarlos”, dijo el diputado.

La asignación a la SIDE despertó polémica debido a que, hace unos meses, había sido vetado el decreto que asignaaba un presupuesto de 100.000 millones para tal organismo. Para Nicolás Del Caño “es un disparate. Demuestra que hay plata para algunas cosas, pero no hay para educación, para la salud, para las jubilaciones pero sí para los controles y los espías. Lo cual, bueno, muestra el doble discurso, la doble vara que tiene este gobierno”.

Sin embargo, el momento de mayor indignación tuvo lugar cuando la Ministra de Seguridad volvió a asegurar que el episodio que tuvo como víctima a una menor de edad -en el que un efectivo de la policía le disparó gas pimienta a escasos centímetros de distancia en medio de una protesta- , fue responsabilidad de un grupo de manifestantes, asegurando disponer de un video en el que se ve al supuesto militante lanzando el gas que afecta a la niña. Bullrich no mostró el video, alegando que se lo va a facilitar a la justicia.

Finalizando la jornada, Mariano De Los Heros, titular de la Administración Nacional de Seguridad Social -ANSeS-, hizo defensa de su gestión y argumentó el presupuesto de su partida, la cual se realizó en un clima mucho más calmo, en comparación con la expectativa que había por la declaración de Patricia Bullrich

¿Diputados o camaleones?

¿Diputados o camaleones?

Un puñado de legisladores radicales y de partidos provinciales que habían votado la Ley de Actualización Jubilatoria cambiaron su posición y respaldaron el veto de Milei. De esta manera, no habrá recomposición de haberes para los adultos mayores. Otra vez hubo represión, heridos y detenidos en las afueras del Congreso.

La Cámara de Diputados ratificó el veto de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria que actualizaba las jubilaciones un 8,1% y luego las ajustaba mensualmente. En una sesión caldeada por la represión en la Plaza del Congreso y las sospechas de compra de votos, se registraron 153 votos a favor de sostener la norma, 87 negativos y 8 abstenciones, sin que se alcancen los dos tercios necesarios para dejar de lado el veto presidencial. La visita de un grupo de diputados radicales a Casa Rosada a horas de la sesión sembró de acusaciones el debate, que tuvo varios “vuelcos” inesperados y abstenciones respecto de la votación original.

La mayoría en ambas cámaras alcanzada para dictaminar la sanción se esfumó en la sesión de este miércoles, en un proceso plagado de negociaciones subterráneas que habrían conseguido cambiar la voluntad de trece legisladores para suspender la iniciativa. Diputados opositores señalaron con vehemencia el vuelco de algunos de sus colegas que se habían mostrado, en un principio, a favor de mejorar en al menos una pequeña parte el muy bajo poder adquisitivo de las jubilaciones. A la vez, las bancadas oficialistas y del  PRO se centraron en defender a capa y espada las bondades del superávit fiscal.

Los diputados de izquierda comenzaron fuerte en el debate parlamentario. Nicolás del Caño, por el PTS, calificó como un “escándalo” la renuncia del entrerriano radical Pedro Galimberti, que dejó su banca un día antes de la votación para ocupar un cargo político en la represa de Salto Grande, ubicada en su provincia natal. Por su parte, el compañero de bancada de Del Caño, Christian Castillo, se refirió al veto como “un acto de autoritarismo monárquico”, y también como “una muestra más del toma y daca”.

En esta línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, manifestó un claro rechazo al veto presidencial, evidenciando la fractura cada vez más evidente de lo que fue alguna vez Juntos por el Cambio, en la práctica ya desintegrado por las posturas irreconciliables, y expuso las divisiones internas de la desmedrada coalición que fue gobierno. En el mismo sentido habló Miguel Ángel Pichetto, que supo ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, y hoy optó por apelar a la memoria de la dirigente del movimiento de jubilados en la década del noventa, Norma Plá, para votar en contra del oficialismo. 

Tal vez la nota de color la aportó la recientemente desterrada diputada del bloque de LLA Lourdes Arrieta, una de las que visitó a los genocidas de la dictadura condenados en el penal de Ezeiza. La mendocina, autodefinida como parte de la “familia militar” y que acostumbró lucir patitos de plástico kawaii en reuniones de comisión, aseguró que “hay que darle libertad a los jubilados, que puedan decidir llegar a fin de mes, viajar, disfrutar a sus nietos”, tuvo digresiones en su discurso para hablar de su vida familiar, y cerró con un “Viva Cristo”. Su voto fue la abstención, argumentando que la promesa de Milei era ajustar a la casta y no a los jubilados..

Por su parte, Rodrigo de Loredo -titular de la bancada de la UCR-, reconoció los desacuerdos que se dieron hacia adentro de su bloque para determinar si acompañaban o no al oficialismo. En este sentido, señaló que si se gana habría un triunfo parlamentario, pero si se pierde hay victimización. Finalmente dejó claro que la postura oficial del bloque sería insistir de forma total en la ley de actualización jubilatoria y el rechazo al veto del presidente.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martinez, acusó de “hipócritas” a los diputados radicales y provinciales que cambiaron su decisión repentinamente. Y concluyó que “miles de trabajadores no quieren que este sea el destino de la Argentina, por eso nosotros venimos a rechazar este veto” y replicando a León Gieco continuó: “Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente”. Y finalmente ratificó la lucha del bloque para procurar suficientes mayorías en diputados, y así “reinstalar la justicia social” como centro de la política económica en el país. 

José Luis Espert, diputado de La LLA, le respondió y apuntó contra el gobierno anterior, acusándolo de “chorro” y denunciando que el sistema se quebró porque durante la gestión de Alberto Fernandez, “jubilaron a cuatro millones de personas sin aportes”. Su voto fue a favor del veto.

Por último, cerró las exposiciones Gabriel Bornoroni de LLA. Comenzó alegando que Milei en campaña dijo lo que iba hacer y lo está cumpliendo. Volvió a mencionar “la necesidad de una nueva reforma laboral” porque, al igual que Espert, opinó que se está enfrente de un sistema quebrado. Acusó de “caraduras” a la oposición y sentenció que “es importante para el bloque de la Libertad Avanza cumplir con la palabra empeñada en campaña” y que el bloque insistirá en proteger el equilibrio fiscal. 

El bloque Innovación que incluye diputados de Misiones, Río Negro y Salta se abstuvieron cuando en junio se pronunciaron a favor. Sumado el quiebre de la UCR, ambas coaliciones se transformaron en la llave que promovió el triunfo político del oficialismo, para que Javier Milei y quienes lo acompañan, alcancen su propósito: que no se actualicen las jubilaciones.

Por su parte, el primer mandatario se expresó por redes sociales y llamó “héroes” a aquellos 87 diputados que votaron de forma negativa, permitiendo así, el triunfo del oficialismo pero la derrota de todos aquellos que cobran por debajo de la línea de la pobreza. Y agregó que “el déficit cero es innegociable”.

Las agujas marcaban las 15:40 de la tarde y finalizó la votación en Cámara de Diputados;  una multitud de uniformados de Gendarmería, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina comenzó a reprimir con gases, palos y detenciones sobre la multitud que nuevamente copó las inmediaciones del Congreso en defensa de los jubilados. Se hizo uso del programa antipiquetes por orden de la ministra Patricia Bullrich, por tercera semana consecutiva. Al menos medio centenar de personas resultaron heridas y una finalizó detenida. 

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

La Policía Federal bloqueó la entrada a la Universidad de las Madres

El gobierno intentó bloquear el ingreso a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo con la policía. La intervención de la rectora Cristina Caamaño logró recomponer la situación. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el Estado no gira fondos para gastos de funcionamiento ni para pagar los sueldos de docentes ni no docentes.

La policía federal bloqueó ayer la puerta de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo impidiendo la salida y entrada de los trabajadores, docentes, rectores y estudiantes al establecimiento; desconociendo la autonomía universitaria. La rectora de la Universidad, Cristina Caamaño, quedó encerrada en el edificio durante más de cuatro horas junto a otros siete trabajadores de la universidad. La situación generó un repudio generalizado y una concentración en las puertas de la institución en apoyo a la comunidad educativa, lo que llevó a la policía a retirarse del establecimiento luego de varios momentos de tensión.

El operativo se llevó a cabo a partir de un mail no oficial, sin sello ni orden judicial. Estaba firmado por el interventor Eduardo Maurizzio que designó el gobierno de Javier Milei.

La rectora Cristina Caamaño, en diálogo con ANCCOM, expresó: “No quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar” y continuó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

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El cordón policial

Cuenta la rectora Caamaño que, a las diez de la mañana del lunes 2 de septiembre, recibió el aviso de los trabajadores de la universidad de que un uniformado no dejaba entrar a una empleada del instituto para realizar sus tareas con normalidad. La rectora fue al establecimiento y cuando llegó “el tipo no me quería dejar entrar por un mail que había recibido de un gmail, no era un mail oficial, era un gmail firmado por el interventor que puso Milei en la universidad, que decía que no quería que entre nadie y el policía dijo ‘porque él viene a cerrar la universidad’”. En ese momento, la policía recibió una llamada, y la rectora junto a otros trabajadores lograron ingresar.

La policía bajó la persiana metálica dejándolos encerrados dentro del edificio. La rectora cuenta que aproximadamente desde las 10.30 hasta las 15.30 no los dejaron salir, por lo que realizó una denuncia judicial por privación ilegítima de la libertad. La comunidad educativa empezó a difundir la situación en redes y en algunos medios de comunicación, como la Radio de las Madres AM 530, lo que resultó en una concentración a las afueras del edificio en apoyo a la institución: “Y empezó a llegar gente. Entonces ellos llamaron a más policías, y llegó la Infantería, con sus escudos, sus cascos y sus aerosoles. Yo ahí me empecé a preocupar porque había muchos estudiantes en la calle, también docentes.” La rectora continuó: “En el edificio solamente había ocho personas, las que habíamos podido entrar, que después no podíamos salir. Los estudiantes y todos estaban en la calle, queriendo entrar y la policía tapando la entrada, haciendo un cordón”.

La rectora se comunicó con un oficial de mayor rango para solucionar la situación y evitar que reprimieran. El policía accedió a retirar a los oficiales exigiendo que el estudiantado no intervenga. “Estaba todo como muy en caliente. Yo hablé con los estudiantes y les pedí que, por favor, dejen pasar a la policía, que no los puteen, que no los insulten, que no los toquen. La cosa es que después de bastante tiempo, cuatro y media la policía se retiró”. Cuenta, además, que invitó al estudiantado a dar una vuelta a la pirámide, como hacen las Madres de Plaza de Mayo durante las rondas de los jueves desde 1977. Los estudiantes accedieron y participaron de la iniciativa mientras la policía se retiraba del lugar.

Sin salarios

“El interventor cobra cinco millones de pesos por mes, mientras los empleados y los docentes de la universidad no cobraron en todo el año ni un peso desde que asumió Milei”, denunció la rectora Caamaño. Desde que gobiernan los libertarios, la universidad no recibió fondos para los gastos de funcionamiento ni para pagar salarios: “Por eso no tenemos en este momento internet, ni servicio de limpieza, entre otras cosas. Por otro lado, no han pagado los sueldos a pesar de la marcha universitaria que fue multitudinaria y que se hizo justamente para eso. Todas las universidades recibieron algo menos la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo”.

Frente a la pregunta del porqué al ahogamiento presupuestario y la intervención directa del gobierno, respondió que “por un lado, este gobierno está en contra de la educación pública y, por el otro lado, están en contra de los derechos humanos porque son negacionistas, reivindicadores de la última dictadura y visitadores de los genocidas. Entonces una universidad que reúne las dos condiciones, que es pública y que además tiene orientación en derechos humanos para ellos es lo peor que les haya pasado, no quieren saber nada con esta universidad y la quieren cerrar”. Concluyó: “Yo tampoco le puedo exigir a la gente que venga todos los días a cumplir un horario si hace nueve meses que no cobra”.

La memoria de Hebe

La denuncia por el operativo policial de ayer se suma a otras denuncias y causas en el contencioso administrativo, que se inició a partir de la polémica designación del Ministerio de Capital Humano de Eduardo Maurizzio como interventor en la Universidad. Por el momento, se mantienen activas las medidas cautelares a favor de la Universidad de las Madres y la comunidad educativa, hasta que la justicia dicte su resolución.

La medida que designa como Interventor al funcionario Maurizzio, transgrede la autonomía y autarquía universitaria que establece la Constitución nacional y otras leyes antecesoras, desde el año 1919 y que solo fue interrumpida durante La Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, y La Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, dejando como saldo una feroz represión con estudiantes detenidos, desaparecidos y asesinados por la militares de la dictadura.

Además, cuenta otro episodio reciente en el que el interventor “entró al edificio con una patota de seis personas por el sótano, cuando lo nombraron a él. No entró por la puerta, entró por el edificio de al lado. El sótano comunica con una parte de la universidad que no es el ingreso. Apareció ahí, filmó y los mismos estudiantes le pidieron que se retire”.

El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo fue creado por Ley en el año 2014, como unidad funcional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde 2015, es reconocida como instituto universitario por el Ministerio de Educación y desde el año 2023 fue aprobada su apertura como Universidad Nacional por el Congreso de la Nación. Sin embargo, su historia data de mucho antes. Fue creada en el año 2000 y comenzó con carreras terciarias y cursos. Desde ese entonces se constituyó como una universidad popular. Cuenta con 2.245 estudiantes y 300 trabajadores docentes y no docentes. La rectora concluyó: “Nosotros, porque es la memoria de Hebe y porque es el legado de las Madres, la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.