La represión nuestra de cada miércoles
Una nueva marcha de jubilados que reclamaba mejora de haberes y medicamentos gratuitos terminó otra vez más con gases y palos. Mirá las fotos de ANCCOM.
Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche
Liberaron -bajo prisión domiciliaria- a la joven activista que estuvo detenida durante 50 días en una comisaría de Esquel por solidarizarse con la comunidad mapuche tehuelche de Chubut.
Victoria Núñez Fernandez estuvo más de 50 días detenida en la comisaría 1º de Esquel, en el marco de la causa armada por los incendios en la Patagonia, donde también otros defensores ambientales, rescatistas y brigadistas, fueron falsamente acusados. Al ser liberada fue recibida por los abrazos de sus compañeras de la Lof Pillan Mahuiza, que militan la campaña colectiva que pide su absolución “no es una libertad completa, sino que sigue criminalizada”. Esto es porque, si bien la justicia de Chubut considera que no existe riesgo de fuga, debe permanecer bajo arresto domiciliario hasta la próxima audiencia del 12 de mayo.
“Lo que se está criminalizando es la solidaridad de alguien que no es mapuche, pero se acerca a la comunidad y pone su vida al servicio de esa comunidad”, dice Lucía Cavallero, referente del colectivo #NiUnaMenos, al referirse a esta mujer de 37 años oriunda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. “Me hace acordar a Santiago Maldonado, a esas personas que deciden dedicar su vida al trabajo político de crear alianzas y unidad”, agrega. Todo indica que tuvo algún efecto positivo la conferencia de prensa que exigió la libertad Victoria, con la consigna “la solidaridad no es delito”. Allí se hizo presente un amplio abanico de organizaciones y personalidades: estuvieron Moira Millán, weichafe del lof Pillán Mawiza, Nina Brugo, de la Campaña por el Aborto Legal y de la CTA; María Elena Nadeo de la APDH; y las diputadas Mónica Macha (Unión por la Patria), Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Mercedes Trimarchi y Celeste Fierro (FIT-Unidad). También estuvo Enrique Viale, de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y activistas de distintos espacios como la Asamblea Antifascista LGBT y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS).
Vic, como es conocida en la comunidad, fue detenida el 11 de febrero de 2025, cuando el juez federal penal de ejecución de Esquel, Criado, ordenó 12 allanamientos simultáneos en comunidades mapuche tehuelche de Chubut en un contexto de incendios forestales que se presumen intencionales, que gobiernos provinciales y nacional han usado para criminalizar al pueblo mapuche tehuelche acusándoles de ser responsables de estos. Victoria fue la única detenida bajo los cargos de “coautoría de atentado en la estancia Amancay, en la localidad de Trevelin; participación en una asociación ilícita; y disturbios en la vía pública”. Se había dispuesto la prisión preventiva por el plazo de sesenta días y que la medida se cumpla en un calabozo de la Comisaría Primera de Esquel, destinado a la detención de mujeres, salvo que la defensa pública requiriera el traslado al centro penitenciario para mujeres, en Trelew.
La audiencia del 7 de abril fue ante el juez penal de Esquel, Jorge Criado, quién no permitió el ingreso a la sala de la prensa a las organizaciones y personas autoconvocadas. Gracias a la geolocalización de su camioneta, la defensa de Victoria, a cargo de Valeria Ponce, probó que el día del incendio en la estancia Amancay ella se encontraba en la localidad de Corcovado a unos 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, la Fiscalía solicitó la continuidad del arresto domiciliario por su presunta participación en el incendio de maquinaria y camiones de la estancia ubicada sobre la Ruta 71 en jurisdicción de Trevelin. Fundaron su pedido en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Ponce se opuso y el juez concluyó que no hay elementos que acrediten el riesgo de fuga. Para el juez, sólo existiría riesgo de entorpecimiento procesal y para cautelarlo dice que es suficiente con que la imputada no salga de la ciudad de Esquel, salvo expresa autorización judicial, ni regresar al lof Pillan Mahuiza.
Un día antes de los allanamientos, el gobernador de Chubut Ignacio Torres se refirió a las comunidades mapuche como “terroristas del fuego”. Para la campaña que pide la absolución de Victoria, la declaración del gobernador estableció “un pretexto para los allanamientos y una criminalización explícita y un mensaje repudiablemente racista”.
Vía redes sociales (Instagram) Moira Millán compartió que “es urgente y necesario pronunciarnos desde todo espacio, organización o movimiento que defiende los derechos, para que todes sepan, no solo que es inocente de los cargos que se le imputan, sino que está siendo víctima de un montaje mediático y causa armada para criminalizar la solidaridad al pueblo Mapuche Tehuelche y la defensa de la vida en la Patagonia”. Durante la conferencia de prensa se mostraron ejemplos de cómo ciertos medios tradicionales hicieron un montaje mediático en donde tratan a las comunidades mapuches de falsas, se los nombra como intrusos y/o terroristas.
Victoria es una persona disidente que en el año 2020 llegó al Lof Pillañ Mawiza, ubicada en Corcovado, Chubut, para participar de un encuentro organizado por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Tras esa experiencia tomó la decisión de quedarse y el lof decidió adoptarla como un integrante más.
No es seguridad, es punitivismo
Resistencia al punitivismo disfrazado de seguridad: ¿Qué está pasando en los servicios penitenciarios federales tras las resolución de Patricia Bullrich?
En el Centro Universitario de Devoto estudian alrededor de 300 personas. Foto: Archivo TELAM, 2023.
El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich prohibió mediante la resolución 372/2025 la existencia de centros de estudiantes dentro de unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. La disposición también impide la permanencia de personas privadas de su libertad en espacios de estudio fuera del horario de clases.
El argumento por parte de la ministra indica que estas actividades impiden el buen funcionamiento del sistema carcelario, irrumpen en la seguridad del servicio penitenciario y obstruyen la realización de trabajos de limpieza no remunerados por parte de los estudiantes privados de su libertad. Esta resolución marca un giro en las políticas de reinserción social al restringir espacios de organización y participación educativa en contextos de encierro.
En este sentido, Yrene, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, cuenta su experiencia sobre la contención que significa estudiar en contextos de encierro: “Yo creo que nosotros nos insertamos adentro, no afuera. Adentro nosotros hacemos grupo de estudio, nos empoderamos, cuidamos el lugar. Nosotros nos insertamos ahí, porque las herramientas poderosas son los estudios, la educación. La herramienta más poderosa es el programa UBA XXII, que pensó en todes. Desde ahí nos articulamos, desde ahí nos paramos.” La estudiante comenzó la carrera de Sociología en contexto de encierro. Cuando salió en libertad, comenzó la carrera de Trabajo Social. El caso de Yrene ilustra con claridad como el acceso a la educación en contextos de encierro puede ser una herramienta fundamental para lograr la reinserción social.
También recuerda lo difícil de la reinserción cuando se recupera la libertad y se llega a un sistema totalmente desconocido: “Es como que te entran a un callejón en oscuridad y vos tratas de, a lo ciego, ver, encontrar la salida. Imagínate, tenés que insertarte en un sistema de nuevo. Uno está vulnerable, no sabe si preguntar, si te están mirando, si tenés acá el letrero de la detención, y que te miren a tus compañeros. Es como que te haces una idea fantasma dentro de vos”.
Sobre la medida plateada por Bullrich, Yrene analizó: “lo que ella quiere es individualizarnos para cortar, romper el poder que tenemos nosotros de empoderarnos con los estudios, y de agruparnos. Tiene miedo de que nosotros tengamos más conocimiento intelectual de organización, porque no nos estamos organizando por algo negativo, nos estamos organizando por algo positivo, para formarnos como futuros profesionales”.
Pablo, estudiante en contexto de encierro del Centro Universitario de Ezeiza, indica que esta situación ha pegado muy fuerte en la comunidad de estudiantes privados de su libertad, ya que se traduce en prohibiciones al acceso a la educación, falta de garantías constitucionales y restricción de lo establecido en los objetivos de la ejecución de una pena impuesta: “Nos preocupa porque el daño es actual y se traduce a un daño futuro. Las personas privadas de su libertad que pasan por los centros de estudiantes prácticamente no reinciden, cambian sus vidas y maneras de pensar, ven en el estudio una oportunidad para nunca más un robo, nunca más un asesinato en ocasión de robo, nunca más comercialización de estupefacientes y otros delitos que se dan dentro del marco de las necesidades económicas de los sujetos y de los grupos sociales de bajos recursos y sin oportunidades laborales. Nos preocupa el gran daño que está ocasionando a toda la sociedad. No son solo discursos y acciones irresponsables para un público determinado que no entiende las consecuencias que traerá esta medida. Lo decimos por la sociedad en general y también por nosotros y nuestras familias que son trabajadoras y nuestros hijos, expuestos a que alguien los mate por robarle un celular”.
Lucas Belfiore, profesor de Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Devoto apunta sobre la importancia de los centros de estudiantes en contexto de encierro: “Lo que ocurre es que no hay trabajadores de la UBA que se encarguen de la parte administrativa en las carreras en contexto de encierro. Tampoco el servicio penitenciario lo realiza. Quienes se encargan son justamente los centros de estudiantes de cumplir con esas funciones. Por eso es que la resolución es tan dañina. El centro de estudiantes tiene una función diferente a la que tiene afuera. Afuera te orientarían como estudiante. Adentro, se encargan de gestionar todo lo que ocurra: el uso de los espacios, que puedan ingresar los docentes con las autorizaciones adecuadas, crear las listas de personas para que bajen”.
Todas estas tareas que ahora son realizadas por el centro de estudiantes pasarían a estar en manos del Servicio Penitenciario Federal. Lucas indica que sería como vaciarlo, ya que las actividades serían realizadas por personas que no saben cómo hacerlo correctamente, no tienen el personal suficiente ni la vocación para llevarlo a cabo. “Nosotros nos comprometimos a dar clases en un espacio seguro, donde supuestamente la policía no puede entrar. Eso para mí es importante a la hora de decidir donde dar clase”, expresó el docente.
La medida afecta las cárceles del Servicio Penitenciario federal, que son 15 establecimientos a lo largo de todo el país, los cuales no todos tienen centros de estudiantes. Entre los que sí contienen se encuentran la Unidad 2 de Devoto, la Unidad 8 de Los Hornos, la Unidad 32 de Florencio Varela y la Unidad 19 de Ezeiza.
En respuesta a la resolución presentada por la Ministra de Seguridad, el magistrado Mariano Iturralde hizo lugar de manera parcial a un recurso de habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en oposición a la medida. Se dispuso que las personas privadas de su libertad que cursan sus estudios en el Servicio Penitenciario Federal “deberán ser habilitadas a permanecer en dichos centros educativos, durante el tiempo que resulte necesario para el estudio autónomo y demás actividades extracurriculares propias de su formación académica”.
Esta disposición por parte de la justicia pone freno y límite en el avance contra los derechos humanos y las políticas de inclusión. Igualmente, se sigue vulnerando el derecho a la organización, la educación y la participación política de las personas privadas de su libertad. El desguace y el desmantelamiento de uno de los pocos espacios que promueven la reinserción social en las cárceles es realmente preocupante.
La situación en el CUE es compleja. Pablo afirma que es aún más grave de lo visibilizado. “Muchos de los estudiantes en horarios que no cursan realizaban actividades laborales de producción, mantenimiento y mayordomía, todo por un salario de $70.000 mensuales con aportes jubilatorios. La semana pasada se echaron a más de 600 trabajadores en la cárcel de Ezeiza y el Ministerio pretende que los mismos continúen trabajando gratis, la mayoría utilizaba el dinero para costear el viaje mensual a visitarlo de sus familias, otros le trasferían ese dinero para ayudar a sus familias de bajos recursos, otros compraban comida.”
Además de la falta de derechos laborales, las trabas para estudiar y las políticas en detrimento de los derechos humanos, Pablo indica que la situación dentro de la cárcel es muchísimo más compleja de lo que se expone: corrupción y violencia institucional, falta de elementos de higiene, poca atención médica, alimentación escasa, ropa y abrigos insuficientes. “No se entregan más frazadas ni sábanas, ni ningún tipo de ropa, se redujo la provisión de comida a la mitad, basada en arroz blanco, polenta, fideos y en algunos casos una vez por día. Hay un solo médico para 2000 personas privadas de su libertad, los odontólogos no atienden por falta de insumos, los traslados a hospitales extramuros programados se suspenden por falta de combustible. Ha aumentado la mortalidad por falta de atención médica, sobre todo en el caso de adultos mayores. La violencia institucional tambien ha aumentado, dado los bajos salarios y el descontento del personal del Servicio Penitenciario Federal, lo que además generó un aumento de la corrupción”.
También peligran las propuestas de enseñanza: el taller de Diseño Gráfico que dicta Lucas es extracurricular y, como docente, expresó su preocupación por la posible desaparición del espacio: “Estos son los que están corriendo mayor riesgo de cierre porque es lo primero que atacan, los talleres. Son en este momento 1.600 personas en Devoto, de las cuales las que participarán en el centro universitario serán unas 300, diría. Nosotros arrancamos el cuatrimestre hace tres semanas y durante todo ese tiempo tuvimos entre 15 y 20 estudiantes. El día jueves de esta semana, habían venido tres.” El docente cuenta cómo los estudiantes viven la situación desde dentro. Menciona el concepto de ruidazo, que es la manera en que los presos deciden llamar a sus manifestaciones dentro de la cárcel. “Se lo vendió como un motín pero en realidad ellos siempre me dijeron que eso es un ruidazo, una batucada. No es un motín, es una protesta que yo considero que es legítima”.
La resolución 372/2025 no solo representa un retroceso en materia de derechos humanos, sino también un intento deliberado por desarticular espacios de organización dentro de las cárceles. La educación en contextos de encierro ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para la reducción de la reincidencia.
“Ayudamos a soñar con una mejor vida, una segunda oportunidad, la posibilidad de poder obtener un título universitario y ser seguramente el primero en la familia, recuperar proyectos de vida, tener esperanza, y saber que cuando uno se esfuerza tiene resultados, todo ello teniendo en cuenta que la mayoría de les estudiantes privados de la libertad provienen de hogares muy humildes, donde la palabra ‘oportunidad’ brilla por su ausencia”, concluye Pablo.
Detrás de cada testimonio, como el de Yrene, Pablo o Lucas, hay una red que lucha por mantener viva la dignidad en medio del encierro. El desmantelamiento de estos espacios vulnera derechos, profundiza la exclusión social de quienes ya han sido marginados por el sistema y responde a una lógica punitivista disfrazada de seguridad. Atacar a los centros de estudiantes es atacar la posibilidad de transformar la cárcel en un lugar de reinserción y no solo de castigo.
La calle como freno al poder autoritario
En la víspera del paro general, la CGT, las dos CTA y numerosas organizaciones sociales se concentraron masivamente ante el Congreso para apoyar a los jubilados en sus reclamos al Gobierno por su despiadada política de recortes de medicamentos y haberes a los ancianos.
Mabel tiene 73 años. Fue contadora, jubilada hoy con la mínima. Primera universitaria en una familia de laburantes. Empezó a trabajar a los 12, vendiendo empanadas para ayudar a su mamá. Hoy camina despacio, con un bastón, pero con paso firme, entre carteles, cantos y banderas. Se había acercado al Congreso “por los jubilados”, pero al llegar la desbordó otra cosa: “Me encontré con una plaza colmada de necesidades», dice. «Esto no es solo por nosotros: es por los médicos, los enfermeros, los docentes… estamos pasándola muy mal». Mabel habla serena, pero su voz se entrecorta. La rodean las vallas, mira el operativo sin bajar la mirada: “Este gobierno no ayuda. Nos pone cada vez más el pie encima. Quiere sembrar el miedo”. Acaricia con una mano el borde de su campera gris, se seca una lágrima. El bastón firme en la otra. Se le quiebra la voz: “Los que ya tenemos canas y pasamos los 70, no tenemos que tener miedo”. Y se queda ahí. Quieta, pero inmensa.
Como cada miércoles, jubilados y jubiladas se congregaron frente al Congreso de la Nación para reclamar por sus derechos, por sus remedios, por una vida digna. Pero esta vez no estaban solos. Los gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos CTA y una gran cantidad de organizaciones sociales, se sumaron a la manifestación en la antesala del paro general de 36 horas convocado por el movimiento obrero. Sin embargo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de colectivos, ya anunció que no participará de la medida.
El Congreso estaba vallado. El perímetro, reforzado. Los efectivos, en posición. Las cámaras, atentas. Desde el mediodía, las columnas comenzaron a llegar a la plaza: jubilados, sindicatos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, personas que llegaron solas pero marcharon acompañadas. Una marea con un mensaje claro: frenar el ajuste, defender lo público, ponerle un límite a un modelo que recorta, privatiza y delega.
Entre quienes participaron de la marcha, se encontraba Carlos “Chaca” Dawlowfki, jubilado e hincha de Chacarita, que hace unas semanas sufrió represión policial en esta misma plaza. “Venimos a reclamar nuestros derechos y los de los pibes que no tienen futuro. Hoy en la Rural había diez cuadras de cola por un puesto de trabajo. Nosotros ya estamos jugados, pero a la juventud esto le va a costar mucho”, dice. Y apunta directamente al Gobierno: “Es criminal, te saca los remedios, no te da aumentos. Que esta movilización sirva para la juventud y los mayores como nosotros que votaron a este personaje. Que el Congreso actúe y avance con un juicio político. Es lo mínimo, que pague como pagamos todos los argentinos”.
“Esta es la alegría del pueblo, una fiesta popular porque no está la policía”, dice Evelyn, jubilada docente, con una camisa colorida repleta de margaritas y un pañuelo fucsia atado al cuello. Levanta el puño con firmeza y una sonrisa luminosa. “No nos van a sacar la alegría”. “Fuera Milei, fuera Villarruel. Es fundamental bancar a los jubilados, y que todos —trabajadores, la CGT, las CTA, los barrios, el pueblo entero— salgan a la calle. Este gobierno, esta economía, este fascismo, se enfrenta así: con cuerpo, con alegría y con unidad”, remata Evelyn, como quien entiende que resistir también es una forma de celebrar.
Los jubilados le enseñan cómo luchar a la CGT
Pasadas las cuatro de la tarde, una bandera roja abrió paso a la columna de los Jubilados Insurgentes y del Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubiladxs, dos de las agrupaciones que desde el año pasado vienen sosteniendo concentraciones semana tras semana frente al Congreso. Avanzaban al canto de “que lo vengan a ver, los jubilados le enseñan cómo luchar a la CGT”, mientras quienes estaban apretados sobre Rivadavia se abrían para recibirlos y sumarse al ritmo de bombos, aplausos y cánticos que, esta vez, no encontraron represión, la policía se mantuvo lejos, casi invisible, y en esa invisibilidad quedó expuesto que la represión no es inevitable: es una decisión política. Cuando no hay voluntad de palos, no hay palos.
Esteban tiene 78 años, es jubilado de la construcción y sostiene con firmeza un cartel que dice: “La deuda es hambre”. Lleva meses marchando por su jubilación, como tantos otros. “Estamos cosechando el haber estado en la calle durante tanto tiempo. Peleamos por nuestras jubilaciones, por la moratoria que cortaron y deja sin cobertura a siete de cada diez mujeres. Muchas van a terminar en la indigencia, en la calle”, advierte.
Habla con bronca, pero también con claridad política: “Estamos sometidos a las imposiciones del FMI. Esto es un gobierno bananero, y no están solos: hay una complicidad explícita de los opositores con peluca. La CGT no tuvo más remedio que salir, porque quedó descolocada frente a las viejas y los viejos que venimos poniendo el cuerpo sin tener sindicatos que nos respalden”.
Para Rubén, del Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubiladxs, lo que hoy se vive en la Plaza es resultado de una acumulación: “Somos el epicentro de la resistencia. No vamos a poder solos, pero generamos esto y sentimos el apoyo, incluso de sindicatos que al principio veíamos lejanos. Eso es lo que nos pone contentos”. En un comienzo marchaban junto a otras agrupaciones como Jubilados Insurgentes, sin demasiada visibilidad. Hoy, dice Rubén, el escenario cambió: “Somos el epicentro, pero el terremoto está abajo. Queremos que todas esas luchas dispersas se junten y construyan un plan que nos lleve a una huelga general hasta que este gobierno caiga con su política y su economía”.
Unidad, masividad y un límite al autoritarismo
La masividad de la convocatoria y la presencia de gremios robustos fueron dos factores clave para que esta vez Patricia Bullrich se mantuviera lejos de la idea de una nueva represión. En la previa del paro general convocado por la CGT, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lanzó una advertencia cargada de diagnóstico y expectativa: “La medida de fuerza de hoy es una de las más grandes y de mayor consenso contra el gobierno nacional. En el caso de los estatales, somos optimistas. Esa guerra que Milei nos declaró apenas asumió, después de varias batallas, sentimos que la empezamos a ganar”. Aguiar se refiere a un hecho inédito: “Anoche a la madrugada el Presidente nos convocó a paritarias. ¿De verdad piensan que eso va a boicotear la masividad del paro? Es patético si creen que pueden frenar la protesta con maniobras así”.
El dirigente de ATE también apuntó a la profundidad de la crisis: “Los salarios no alcanzan para cubrir los derechos básicos estipulados por ley: vivienda, salud, educación, esparcimiento… No somos solo estatales y jubilados: los pequeños empresarios se funden, los comercios no venden, las economías regionales están devastadas. La expectativa de buena parte de la población está desapareciendo. Ya no hay luz después del túnel. Se deja de creer en Milei y en Bullrich. Hay un rechazo creciente y silencioso al autoritarismo de este gobierno”.
En la misma línea, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, reivindicó el protagonismo de quienes abrieron el camino de la resistencia desde el primer día: “El conjunto de la clase trabajadora está abrazando al mayor símbolo de coraje y dignidad del pueblo argentino, que son nuestros jubilados. Ellos sostienen miércoles a miércoles esta lucha por una jubilación digna y por el derecho a acceder a medicamentos y atención médica”. Y agregó: “Con esta movilización enorme estamos prefigurando un paro contundente, en repudio a la política económica y social, y a la aceptación pasiva —por decreto— de las imposiciones del FMI. Esta unidad del pueblo argentino se va a sostener hasta que este gobierno se tenga que ir”.
Frente a un país en crisis, jubilados, docentes, trabajadores y estudiantes hacen cuerpo en las calles. No por nostalgia, no por rutina. Por necesidad, por urgencia. Por la vida que todavía no se resigna. Porque ahí donde crece el miedo, la calle sigue siendo el freno. La cita será, como siempre, el miércoles que viene.
La persecución ideológica avanza
Al vaciamiento, la precarización y los salarios de indigencia en medios y organismos públicos, el Gobierno de Milei suma ahora los despidos por razones políticas de profesionales de la comunicación.
Fabián Waldman, Natalia Maderna y Kaloian Santos. Foto: Gentileza Kaloian Santos.
La periodista y locutora Natalia Maderna fue despedida sin causa de Radio Nacional tras 17 años de trabajo. El fotógrafo Kaloian Santos, autor de las imágenes con las que se pudo identificar al gendarme que hirió de gravedad a Pablo Grillo, fue desafectado de la Secretaría de Cultura de la Nación, donde se desempeñaba desde 2012. Ambos casos, sumados al del periodista Fabián Waldman, despedido de Diputados TV, despertaron la indignación de sus colegas, que denuncian una persecución ideológica en los organismos comunicacionales del Estado.
“El jueves 3 de abril llego a la radio, saludo a la gente de seguridad que está en recepción y cuando estoy acercándome al molinete me vuelven a llamar y me informan de que no me podían permitir el ingreso. Así fue como me enteré que la empresa había prescindido de mis servicios”, relató Natalia “Natu” Maderna. Se trata de la primera empleada de planta permanente echada en 30 años en la radio. “El despido fue violento”, subrayó.
Maderna sumaba ya 17 de trayectoria en la emisora, donde se ha destacado como conductora y relatora. En 2022 se convirtió en la primera mujer en narrar un partido de un Mundial en la historia de la radio. Actualmente conducía un programa matutino en Nacional Rock, aunque este había sido levantado el martes 31 de marzo. “El lunes 30 Pablo Valente (director de la radio) me informa que quería tener una reunión conmigo antes de que el programa arrancara. El martes, recién cinco minutos antes de que empiece, me dijeron que se levantaba”, repasó. Lo que aparentaba ser una decisión artística tomó un giro drástico apenas dos días después.
Sin embargo, el detonante del despido parece ser lo ocurrido a comienzos de esa semana cuando Maderna empezó a conducir el programa No es lo mismo en el streaming ViBra, financiado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La periodista recalca que para sus colegas y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) “el comienzo del streaming tuvo que ver” y además agregó: “El lunes 30 empiezo el programa de ViBra hasta las 18.30 y a las 19 me llega el mensaje de Valente pidiendo hablar, media hora después. En ningún momento me dijeron que era una persecución ideológica, pero mis compañeros dicen que si tiene cola, cuatro patas y ladra es un perro”.
Con una expresión parecida, “dos más dos es cuatro”, describió su despido Kaloian Santos: “El lunes 31 estaba en la oficina en el CCK (actual Palacio Libertad) y sobre las 19 me llama la directora de prensa, María José (Pérez Insúa), para decirme que que mi contrato no se iba a renovar. Cuando yo le pregunto qué había sucedido me dice que la orden venía desde arriba”. Su repentino cese, que se hizo efectivo el 1° de abril, lo sorprendió, ya que si bien su vínculo finalizaba ese día, en realidad se trataba de un error burocrático: “El contrato me lo tenían que haber hecho durante un año y en enero me lo hicieron solamente por tres meses. Cuando reclamé me dijeron que había habido una confusión y que no me preocupara, que en abril automáticamente me lo renovarían hasta diciembre”. Todo parece indicar que la decisión de dejarlo sin trabajo fue tomada a partir de su labor el 12 de marzo.
Aquel día, en medio de la represión en la marcha por los jubilados en los alrededores del Congreso Nacional, el lente de Santos captó al cabo Guerrero. El gendarme fue identificado como el autor del disparo de la granada de gas que hirió gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo. Santos ofreció sus instantáneas a Mapa de la Policía, quienes gracias a su trabajo pudieron reconstruir el hecho. “Esa foto fue la gota que rebalsó el vaso porque tuvo mucha repercusión, al igual que otros trabajos míos en marchas”, analizó. Unos días más tarde, la Secretaría de Cultura, órgano comandado por Leonardo Cifelli bajo la órbita de Karina Milei, decidió desafectarlo: “Nunca me dijeron que no les gustaba mi trabajo o que era un ñoqui, no tenían justificación alguna. Ellos dicen que es por una reducción de plantilla, pero fue tan reducido el personal que solo me echaron a mí”.
El despido de Fabián Waldman de Diputados TV fue informado por el propio periodista en el streaming Blender. Según Waldman, fue la mano derecha de Santiago Caputo, Santiago Cosimano, quien le dio la noticia en pleno recinto, con el argumento de que él era una persona “muy expuesta en las redes” y que ellos “debían proteger al Presidente, a Karina (Milei) y a Martín (Menem)”. La figura de Waldman cobró relevancia a partir de sus cruces con el vocero presidencial Manuel Adorni, muchos de ellos virales, y a raíz de esto se trata de uno de los comunicadores más mencionados y atacados por los principales funcionarios del Gobierno y sus seguidores.
Los tres despidos causaron conmoción en el ámbito periodístico y una ola de solidaridad entre colegas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su preocupación a través de su secretario general, Rodolfo Aguiar, que resaltó que “el recorte del Estado pasó a otro nivel” y que “ahora los despidos que se llevan adelante son ideológicos”. “Arrasan con todos los derechos laborales pero también con las garantías constitucionales”, que incluyen el derecho a la información y la libertad de expresión, puestos en jaque tras la ofensiva del Gobierno contra los medios estatales y sus comunicadores.
“Mendoza es hija del agua”
Liberaron a dos activistas detenidos por protestar en contra de la megaminería en Mendoza.
Los ambientalistas Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron liberados el jueves 3 en el Polo Judicial de Mendoza, luego de haber sido detenidos por manifestarse en contra de la minería a cielo abierto en la zona. Ambos integran la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y están acusados de terrorismo y amenazas tras incidentes ocurridos en la apertura de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en esa ciudad.
La jueza Claudia Tula ordenó que la causa sea elevada a la justicia federal debido a la incompetencia del fuero provincial, y resolvió la liberación de los imputados.
El fiscal Juan Manuel Sánchez había pedido la prisión preventiva de Soria, quien estuvo hasta ayer en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.Da). Cornejo ya había sido detenido en febrero, pero desde el 19 de marzo se encontraba en prisión domiciliaria.
“Tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la causa queda empantanada y no sabemos cuándo se va a volver a retomar”, informó el activista ambientalista, ahora en libertad condicional bajo fianza, a través de un video publicado en redes sociales. Tanto Soria como Cornejo fueron denunciados por Edgardo Vera por supuestas amenazas a él y a su familia. El comerciante y representante de la Cámara fue atacado en una manifestación antiminera espontánea realizada el 24 de enero y sufrió el intento de incendio de su local. El mismo día, dos personas fueron detenidas por los actos de violencia. Sin embargo, Vera luego apuntó a los dos referentes de la Asamblea de Uspallata.
A las acusaciones de amenazas se agregó la calificación legal de la protesta como terrorismo, tomando el artículo 213 bis del Código Penal, que establece “una pena por integrar una agrupación temporal o permanente que tenga por su objetivo imponer la ideología por la fuerza o el terror”, según la explicación de Marcelo Romano, abogado y ambientalista. “Esto es inédito. La figura de este artículo no tiene antecedentes en la provincia de Mendoza y solo fue aplicada a nivel nacional en la dictadura del ‘76.” , afirmó el abogado defensor de Soria, Alfredo Guevara. “No somos terroristas los que defendemos el agua”, clamó a través de un megáfono Romano en las afueras del Polo Judicial. “Se cayó la farsa del Ministerio Público Fiscal”, agregó en un video publicado en su perfil de Instagram, minutos después de la liberación.
Historial criminalizador
Sin embargo, la criminalización de la protesta no comenzó en enero de este año, sino que “es una práctica común y corriente desde que asumió Alfredo Cornejo como gobernador en diciembre del 2015. Nosotros tenemos más de 300 imputados por participar en manifestaciones públicas”, según explicó Guevara.
La manifestación en la que Vera fue atacado se dio en el contexto del rechazo al proyecto de la minera San Jorge, perteneciente al grupo Solway, para la extracción de cobre en la localidad de Uspallata. Los disturbios iniciaron con la llegada de columnas de la UOCRA, a favor de la minería. Los asambleístas allí presentes denunciaron ataques de parte de estas personas y uno de ellos, Flavio González, resultó herido. Los responsables de ese ataque y los sufridos por Vera fueron identificados en el acto y se abrieron los expedientes correspondientes, pero estos no avanzaron. El intento de incendio sería producto de una “rencilla vieja” con otro comerciante que no pertenece a la Asamblea por el Agua, de acuerdo a las declaraciones de González en MDZ Radio. Un día después, el 25 de enero, Soria y Cornejo son denunciados.
“Se han presentado los chats privados, los chats del grupo, de la Asamblea, donde tanto Federico Soria como Mauricio Cornejo de ninguna manera convocan o se puede inferir que tienen algo que ver con los hechos de violencia. Estas pruebas acreditan que los señores que cometieron estos actos de violencia el 24 de enero, el intento de incendio y el que golpeó a Vera, no forman parte de la Asamblea de Uspallata.”, afirmó Alfredo Guevara en diálogo con Anccom.
El proyecto San Jorge afectaría no solo el acceso al agua potable de la población, sino también la calidad de la misma y la posibilidad de generar empleo en la región, ya que la falta de agua impacta sobre la actividad agrícola en general y vitivinícola en particular. “Venimos de fuertes sequías y la minería metalífera requiere millones de litros de agua. Además, sabemos que este tipo de actividad requiere químicos como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, que son altamente contaminantes para los ríos. El otro punto que nos preocupa es el desarrollo sustentable, que sea con inclusión y no hipotecando el futuro de las próximas generaciones ”, explicó Jorge Difonso, diputado provincial de Mendoza.
Este avance sobre los recursos naturales en la zona sucede en el contexto de promoción de la explotación de los mismos a nivel nacional, con la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Este proyecto ofrece incentivos cambiarios, fiscales y aduaneros y quita restricciones a sectores de agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, gas y petróleo. De este modo, se vulneran potencialmente áreas naturales, exponiendo al medio ambiente y a sus habitantes a la contaminación. “El RIGI no contiene en su fundamentación un análisis respecto de si las actividades productivas que incentiva realmente comprometen o no a las generaciones futuras y al goce y disfrute de un ambiente sano”, asegura un documento firmado por las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP).
En la región, la Asamblea de Vecinos propone la creación del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, de la que Soria es autor intelectual, para asegurar la protección del ambiente y la calidad de vida de su población. “Ese es un proyecto que incluso el mismo gobierno, cuando era oposición, lo firmó y lo presentó y ahora lo niega.”, afirmó Difonso. Además, el diputado provincial entrevistado por Anccom hizo hincapié en “la impunidad que está reinando en Mendoza”, debido a la concentración de poder político y judicial en la figura del gobernador Alfredo Cornejo. De hecho, Difonso afirmó que “las dudas y preocupaciones de la población se centran en los controles de la actividad minera”, debido a la existencia de funcionarios que pasaron del cargo público a la nómina de las empresas y viceversa. La misma dinámica se dio luego de la modificación del Código Procesal Minero, a favor del sector empresarial de esta rama de la industria. Luego de su aprobación, “varios de los empresarios mineros pasaron a tomar cargos públicos. Esta práctica es moneda corriente ”, informó el diputado.
Otro caso emblemático se dio en septiembre del año pasado, cuando vertidos de petróleo en el área de Lunlunta contaminaron las aguas del río Mendoza. “YPF hizo caso omiso a esto. Y tenemos el antecedente contundente de que la Ministra de Ambiente de Mendoza era a la vez directora de YPF, es decir, ella controlaba a la empresa para la cual trabajaba”, aseguró Difonso.
Las detenciones de Soria y Cornejo se inscribieron en “un alto nivel de corrupción en la provincia”, expresó Romano. El diputado Jorge Difonso declaró que “las garantías institucionales están en juego en Mendoza”. El mismo Federico Soria llamó a los vecinos autoconvocados “a no tenerle miedo al gobierno, a sus instituciones y a sus grupos paraestatales violentos, y sobre todo a continuar defendiendo el Área Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual yo terminé preso”, a través de un video publicado en sus redes sociales horas después de su liberación. A su vez, las manifestaciones públicas en defensa del agua continúan, reflejando que la opinión pública de los mendocinos sigue estando a favor de la protección de los recursos naturales. En palabras de Marcelo Romano: “Los ciudadanos tenemos en claro que Mendoza es hija del agua”.