El jueves 19 de marzo a la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que se pondría en marcha a partir del día siguiente el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el fin de evitar un colapso del sistema de salud a causa de la pandemia que el Covid-19 había provocado. A partir de entonces, los ciudadanos de todo el país solo podrían salir de sus casas para comprar alimentos, medicinas o alguna urgencia sanitaria. Las fuerzas policiales quedaban a cargo de asegurar que la cuarentena se cumpliera.
Lo que siguió a esa decisión fueron cuatro meses de abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes distritos, dejando como resultado un estimado de 92 casos de muertes a casua de la violencia estatal, según el último conteo realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
“Sabemos, por la experiencia acumulada en casi tres décadas de militancia antirrepresiva, que estos datos son parciales y probablemente sean apenas una pequeña muestra de las cifras reales, que tardaremos mucho en conocer. Aún así, impacta el número, que no es simple estadística, sino que refleja en qué medida la decisión de ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad en esta etapa de excepción resulta en más muertes de hijos e hijas del pueblo a manos del aparato estatal”, reza uno de los últimos informes de esa organización.
Tres policías están detenidos por el asesinato del adolescente Valentino Blas Correas, en Córdoba.
Uno de los primeros casos en ganar notoriedad fue el de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que apareció colgada el 5 de abril en una de las celdas de la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara, en la provincia de San Luis. Morales se encontraba detenida por haber violado la cuarentena. La hipótesis inmediata que se manejó fue que había sido un suicidio pero esa conclusión no convenció a la familia de Morales ni a varias agrupaciones feministas. Tres meses después, la causa aún no ha podido avanzar.
Si bien el abuso de poder por parte de la policía en nuestro país tiene una larga tradición, el contexto del aislamiento social parece ser un elemento que potenció el problema. “Las fuerzas de seguridad salieron a hacer cumplir el aislamiento, en muchos casos lo hicieron correctamente, en otros abusaron de sus facultades. Algunos integrantes de las fuerzas de seguridad se consideraron empoderados para actuar violentamente. Y las víctimas, en general, fueron los sectores más vulnerables de la sociedad”, declara Guillermo Torremare, co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Otro caso que tuvo un impacto mediático aun mayor fue el de Luis Espinoza, un tucumano de 31 años que vivía en Rodeo Grande y que el viernes 15 de mayo salió de su casa y no se lo volvió a ver, hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en una bolsa y con un tiro en el omóplato izquierdo. El disparo, según se determinó, provenía de un arma reglamentaria de la policía provincial. Diez fueron los uniformados encarcelados con prisión preventiva, de distintos rango: el subcomisario de la zona, dos sargentos, tres cabos, dos agentes, un auxiliar y el vigía de la comuna. El 6 de agosto, en tanto, policías cordobeses mataron al adolescente Valentino Blas Correas, cuando este se dirigía a un bar junto a un grupo de amigos. Tres efectivos están detenidos por el asesinato.
“En la provincia de Buenos Aires se registraron 40 casos, en Santa Fe 10, en San Luis 6, en Córdoba 5, en Tucumán 4, en Mendoza 3, además de algunas provincias con un promedio de un caso cada una. Las fuerzas federales estuvieron involucradas en ocho casos, las fuerzas provinciales en 68, la ciudad de Buenos Aires en 7”, comenta Ismael Jalil, integrante de la CORREPI, y agrega: “Este aumento de casos durante la cuarentena tiene que ver innegablemente con que, de algún modo, lo que se ha hecho es resolver una situación de crisis con un mayor poder para la policía, un mayor poder represivo por parte del Estado, y esto se ve graficado en los números”.
Cristina Castro, la madre de Facundo, espera los resultados de la autopsia del cuerpo hallado en la localidad de Villarino.
En estos días emergió el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de Pedro Luro que salió de su casa el 30 de abril a hacer dedo en la Ruta 3, rompiendo la cuarentena y que, hasta el momento, más de 100 días después, continúa desaparecido. En el medio, testimonios que declaran haberlo visto siendo detenido por la policía bonaerense en la localidad de Mayor Buratovich, irregularidades y contradicciones de esa fuerza, la aparición de un objeto que podría ser de Facundo en una comisaria y denuncias de aprietes hacia familiares y la ex novia del joven. El sábado pasado por la noche se encontró un cuerpo en la localidad de Villarino y se aguardan los resultados de la autopsia para saber si efectivamente es el de Astudillo Castro y cómo se produjo su muerte.
“Las actividades de las fuerzas de seguridad, en gran medida, están fundadas en un ideario de control social autoritario y suponen la práctica de muchas acciones que implican violencia institucional. Una gran cantidad de policías tortura. Y la mayoría de los y las policías que no lo hacen, no censuran ni denuncian su realización. En Argentina rige un modelo policial militarizado, punitivista, arbitrariamente discriminador, que exalta la mano dura y los procedimientos violentos, que naturaliza los abusos de poder y encubre los delitos propios. Urge reorientar ese modelo policial”, advierte Torremare.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las urbes con menos espacios verdes por habitante del país: el 12,4% de los residentes vive lejos de un parque o de una plaza. El dato se desprende del Atlas que desarrolló la Fundación Bunge y Born con la finalidad de analizar la disponibilidad de este tipo de lugares para la población en las 155 localidades más grandes de la Argentina.
La ausencia de parques y paseos verdes no sólo conlleva consecuencias ecológica sino que también afecta la salud física y mental de los ciudadanos. Según el informe de la Fundación Bunge y Born, es necesario garantizar su presencia y accesibilidad para evitar la degradación ambiental ya que disminuyen riesgos, como por ejemplo la formación de islas de calor, inundaciones y la contaminación del oxígeno.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Fundación detectó un total de casi 15 millones de m² de espacios verdes públicos, entendidos como superficies verdes de libre acceso de más de media hectárea. En relación a otras urbes es muy poco. Por ejemplo, en Nueva York, un análisis reciente encontró 13,6 m² por habitante y cantidades mayores en el resto de las cincuenta ciudades principales de Estados Unidos.
Hay muchas formas de medir los espacios verdes, pero en este caso dicho informe tomó en cuenta la posibilidad de acceder, que tan fácil le resulta a la gente llegar: “Esto reemplazando el método típico histórico que era contar los metros cuadrados de espacios verdes por habitantes. Si simplemente hiciera la división entre los metros cuadrado de espacios verdes y la cantidad habitantes de la ciudad, pareciera que todo el mundo está bien servido, pero no es así. En la actualidad a más de 350.000 porteños les falta un parque o una plaza más cerca de su vivienda”, expresa Antonio Vazquez Brust, quien estuvo al frente de la investigación.
«A más de 350.000 porteños les falta una plaza más cerca de su vivienda”, expresa Antonio Vazquez Brust.
El Atlas realizado por la Fundación se encargó de catalogar los espacios verdes y geo referenciarlos. Mediante esta metodología se midió la distancia a través de la grilla de calles de la ciudad y cuánto tiempo toma desde cada punto caminar hacia una plaza o un parque: “Así es como encontramos que un 12% de la población vive más lejos que la distancia recomendada a los parques, que es de 10 minutos de caminata. Si se está un poco más lejos del parque, ahí es cuando la gente tiende a no asistir, de cierto modo no acceden al espacio público y gratuito que es el parque como espacio cotidiano”, sostiene Vázquez Brunt.
Además de profundizar las inequidades existentes, esta tendencia presenta serios riesgos para la sostenibilidad urbana y para la salud pública en especial. Numerosas investigaciones señalan una fuerte relación entre espacios verdes urbanos y la salud física y mental. “En un estudio que se hizo en Israel –comenta Antonio Vazquez Brust- se comparó el nivel de acceso y uso de espacios públicos de embarazadas y luego tras el parto midieron el peso de los bebés y el diámetro craneal, y se sugiere que hay un efecto benéfico en la salud de los bebés con el acceso de las madres a espacios verdes. También se lo ha unido a reducción de enfermedades mentales como depresión y reducción en tasas de diabetes”.
El individuo necesita un lugar de esparcimiento al aire libre pero el contacto con la naturaleza se pierde en Buenos Aires a medida del crecimiento de los emprendimientos inmobiliarios: “Las plazas de la ciudad son unos recortes verdes en dónde hay más caminos que otra cosa. Muchos parques y plazas han sido muy afectados; por ejemplo al Parque Chacabuco le pasa la autopista por el medio, cuando se decidió la construcción la decisión fue porque ahí no había que expropiar a nadie, pero en realidad era un parque de todos. Es prestigioso vivir frente a un espacio verde pero la mayoría de estos espacios están rodeados de edificación de hasta 12 pisos de altura y en consecuencia la plaza pierde su función de pulmón verde”, dice Beatriz Arias, arquitecta, planificadora urbana-regional y profesora de Sistemas Urbanos de la carrera de Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de Moreno.
La Ciudad de Buenos Aires tiene 15 millones de metros cuadrados de espacios verdes.
Por otro lado, Carolina Somoza, perteneciente a la organización ecológica Somos Ambiente, afirma: “Los beneficios de los espacios verdes públicos van de la mano con el servicio ambiental que brindan los árboles (segundo pulmón verde del mundo después del fitoplancton en los océanos). En Buenos Aires, donde cada vez hay más autos y va haber cada vez más población, son indispensables. Nuestra ciudad tiene niveles altísimos de contaminación sonora y ni siquiera cuenta con todos los instrumentos necesarios para medir de una manera exhaustiva la contaminación del aire”.
La dirigente ambientalista agrega: “El Hospital de Clínicas, frente a la Plaza Houssay, está todo cementado, los árboles alrededor tienen una simulación de pasto, pero en realidad son granitos de cemento. Se viene priorizando las calles y cementos antes que las plazas y parques”.
No contar con espacios verdes de proximidad repercute negativamente en el hábitat y en las cualidades paisajístico-ambientales urbanas, además de atentar contra el uso recreativo de aquellos. Gabriela Campari, licenciada en Planificación y Diseño del paisaje asegura: “Estas consecuencias también pueden darse aun contando con estas áreas si ellas presentan un alto grado de deterioro, dado que su existencia física no garantiza de por sí los beneficios aludidos, sino que además deben reunir determinadas cualidades compositivas en lo material y lo vegetal que hagan posible su uso pleno, evitando así que la falta de mantenimiento genere una idea vinculada a la de espacios vacantes o carentes de función que impacte en su apropiación social”.
La investigadora, autora el ensayo Paisajes sensibles. Subjetividad, salud y patrimonio verde en el espacio intrahospitalario, publicado por Prometeo, dice: “Vale resaltar que las consecuencias desfavorables enunciadas también impactan de manera disímil de acuerdo a la edad, posibilidades de accesibilidad y pertenencia de los habitantes a grupos vulnerables desde el punto de vista económico y social”.
El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad plantea la necesidad de asegurar el derecho al uso de los espacios verdes públicos urbanos (parques, plazas y paseos) y propone su incremento, recuperación y mejora a fin de dar lugar a funciones vitales para la sociedad como son, entre otras, el encuentro, el relax, el ocio, el confort y la socialización. Pero lamentablemente, se han perdido muchas oportunidades en las últimas décadas de promocionar la conversión de terrenos disponibles en parques porque se ha priorizado el desarrollo inmobiliario. Es decir: se ha preferido edificar antes que parquizar.
A medida que pasa el tiempo, la pandemia también hace estragos en la economía. A pesar de la ayuda estatal, muchas empresas y muchos empleos quedarán en el camino. Sin embargo, las crisis, a veces, alumbran oportunidades, como la de la pizzería 1893, del barrio porteño de Villa Crespo, que ahora será gestionada por una cooperativa formada por sus trabajadores.
La situación de este comercio es un caso particular. Ubicada hace más de 25 años en la esquina de Scalabrini Ortiz y Loyola, la pizzería gozó siempre de popularidad en el barrio, de manera que muchos clientes habituales visitaban el lugar de manera constante. Pero a diferencia de los demás locales, la situación comenzó a ponerse adversa desde tiempos anteriores a la pandemia, debido a que la relación del dueño con sus empleados nunca fue buena.
“No pagaban las cargas sociales. Yo estoy hace 13 años y nunca me las pagaron, siempre decían que se habían adherido a un plan de pagos”, explica Ernesto De Arco, experimentado mozo de la pizzería. “Un compañero –continúa ejemplificando- fue a atenderse a la obra social y no lo admitieron porque no tenía al día las cuotas. Y había atrasos de hasta tres meses en los pagos del aguinaldo”.
Sumados a todos estos problemas, llegó la pandemia y tuvieron que actuar rápido: “Cuando autorizaron para abrir con la modalidad de delivery, la emergencia económica de los compañeros hizo que metamos presión para que abra el local porque el jefe no estaba dando señales. Así pudimos abrir y administrar todo”, explica De Arco, quien además detalla que su jefe se desligó completamente de la situación, sosteniendo que los pagos de sueldos eran imposibles y la situación irremontable.
La administración en equipo fue uno de los momentos más duros para levantar el negocio: “Con la recaudación del día íbamos guardando para poder comprar la materia prima para trabajar, y lo que quedaba lo repartíamos entre los compañeros y compañeras, si teníamos suerte nos hemos llegado a llevar 500 pesos y había días que no podíamos llevarnos nada”, comenta.
La idea de mantener la pizzería nunca se puso en cuestionamiento. De Arco expresa que la decisión fue colectiva, ya que no había respuestas ni buena predisposición por parte del dueño, Danilo Ferraz: “Nos trataba muy mal, era un tipo muy prepotente”.
Sin embargo, y pese a las adversidades a las que se tenían que enfrentar los empleados de 1893, los buenos comentarios y las ayudas no tardaron en llegar. “Los clientes y los vecinos del barrio nos apoyaron, de hecho hemos recibido muchos llamados para demostrarnos su apoyo y darnos fuerzas. Inclusive hubo gente que se puso a disposición para dar una mano en lo que necesitáramos”, dice De Arco. “También se acercaron referentes políticos de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y nos ofrecieron sus herramientas políticas para llevar adelante el conflicto, así que junto a estos referentes y abogados que nos han acompañado pudimos continuar. También el comunero Leonardo Lucchece se acercó para darnos una mano”, agrega.
Con respecto a la situación actual y qué futuro le depara a 1893, De Arco comenta que el proyecto y las intenciones de mantenerlo están más fuertes que nunca: “Estamos arrancando con la cooperativa, firmamos el contrato de alquiler recién a mitad de julio, nos puso muy contentos. Por suerte gracias al apoyo de vecinos tenemos una buena cantidad de pedidos, así que venimos muy bien.”
“Hoy somos 13 socios, los mismos que arrancamos cuando sucedió el conflicto. También están los cocineros y compañeros de salón, personal que se encarga de todo lo que administrativo, cajera y delivery. Somos las personas que se necesitan para trabajar con el salón lleno, por eso no es necesario por ahora que todos trabajemos todos los días, por la cantidad de ventas de hoy”, comenta De Arco.
“Beneficio económico no estamos sacando mucho –subraya el mozo-, primero porque tuvimos que pedir plata prestada para juntar casi el millón de pesos que necesitábamos para firmar el contrato de alquiler, así que tenemos bastante para devolver. Por supuesto que atendemos las necesidades especiales de algunos compañeros y compañeras que tienen prioridades que no se pueden posponer, como compañeros que alquilan y no pueden demorar los pagos. Pero de a poco vamos a ir haciendo retiros con las ganancias que generemos, recién estamos empezando pero pronto vamos a poder sacar un beneficio todos los socios”, explica.
La mítica y reconocida pizzería de la zona de Villa Crespo logró levantarse, no solo de la adversidad que trajo el covid, sino de una situación que también arrastraba hace tiempo y que perjudicaba especialmente a sus trabajadores, principales responsables del engranaje que hacía que el negocio rindiera sus frutos. De a poco, el local se va asentando en buenas bases y pusieron como regla principal algo que es de destacar: el trabajo en equipo y el compañerismo como regla principal, y por sobre todas las cosas.
El heavy metal argentino cuenta ya con un recorrido de cuarenta años que lo convierte en un género musical en el que la estridencia de las guitarras eléctricas y un discurso contestatario que incentiva a la rebelión (interior y exterior) asumen un marcado protagonismo y ofrecen un canal de expresión a fuerza de resistencia, evolución y diversificación. Sangre, sudor y lágrimas pero por sobre todo permanencia y renovación son los que mantienen vivo al metal argento.
Según Diego Caballero, ex integrante del GIIHMA (Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre el Heavy Metal), este es un momento de transición para varias bandas que ya tienen entre cinco o diez años de antigüedad porque empiezan a tener una convocatoria importante: “En el AMBA aparecen grupos como Against y Los Antiguos, dos bandas que vienen creciendo en popularidad y están por detrás de las bandas tradicionales, como Malón, Iorio, Tren Loco o Serpentor”.
A su vez, Manuel Bernal, actual integrante del GIIHMA, explica que este es, también, un momento de dispersión en cuanto a lo musical: “Surgen bandas que van desde sonidos mucho más extremos, formas de canto gutural, cuestiones que no estaban en el heavy tradicional, vinculado más al thrash; hasta llegar a sonidos stoner o propuestas que retoman el rock pesado psicodélico de los setenta. En bandas como Poseidótica, Knei, Bandera de Niebla; lo tradicional está perdiendo centralidad. Estas nuevas bandas están oxigenando, trayendo algo nuevo.”
La voz femenina es otra renovación que avanza en todo lo que conforma la cultura metálica en contraposición a “una etapa de invisibilización de la mujer” como comenta Caballero. Las bandas femeninas se abren camino, como es el ejemplo de las chicas de Furias, banda del sur del GBA “que están por sacar su primer disco, haciéndose eco de la lucha feminista en primera persona, tienen un tema que habla sobre el colectivo Ni Una Menos y otro sobre violencia de género. Me parece que ahí hay otro relato que estaba ausente”, señala Caballero.
Sin embargo, aún hay muy pocas mujeres en la escena metalera. Según Natalia Ré, guitarrista de Furias, esto es así “porque en el metal hay una ambigüedad ideológica. Por un lado, hay metaleros que hasta el día de hoy son fachos y eso ya genera cierto ámbito áspero y reacio. Hay una diferenciación clasista. Esto sumado al machismo. También hay una lupa muy grande sobre las mujeres arriba del escenario. Cuando te subís al escenario hay mucho prejuicio acerca de lo que vas a hacer, y más si sos mujer”.
Ré subraya que el mensaje que Furias quiere dar en sus canciones está en contra de las discriminaciones de cualquier índole: “Somos una banda con conciencia de clase y totalmente en contra a cualquier régimen fascista. Queremos ser la voz de las personas oprimidas”.
“Somos una banda que expresa lo que pensamos. Luchas sociales, violencia barrial pero sobre todo nos enfocamos en la memoria, verdad y justicia.», dice Javier Quiroga, de Malicious Culebra.
El metal nacional habla en sus letras de la resistencia, la lucha, de la voz de la clase trabajadora. En este sentido, la banda porteña Against, reactualiza este ideario elaborando una crítica a la postmodernidad, desde lo macro hasta cuestiones vinculadas a lo que fueron los pasados cuatro años de macrismo. En el tema “Alzando mi odio” se manifiestan en contra de la meritocracia. “Es una crítica a la cultura que predica todo el tiempo la paz, el autoconocimiento, la buena respiración mientras la mayoría de la gente está hundida en la mierda –señala Ivan Monastirsky, guitarrista y cantante-. Es una crítica a ese cuento de salvación individual mientras hay nenes que están comiendo de la basura”.
Si bien las temáticas en Against son muy variadas, hay directrices que se mantienen: la globalización como método de dominación imperial de las potencias mundiales y cómo la sangre, el trabajo y los recursos de nuestros países son llevados a las casas matrices de los países centrales. También hablan de la gesta sanmartiniana, los caudillos y los luchadores anarquistas de principios del siglo pasado. De cómo las corporaciones económicas manejan la política. Las letras hablan de conflictos históricos, crítica social y una ética personal.
Apuesta por lo performativo
En cuanto a la puesta en escena, Caballero resalta al grupo Malicious Culebra por su apuesta a lo performativo en los shows: “Por ejemplo, en su tema “Prohibido Olvidar” sobre la última dictadura militar y pensando en el discurso fascista que hay en algunos seguidores del metal y en las nuevas generaciones, está buenísimo que haya bandas como ésta, que telonearon a Malón, Plan 4, Tren Loco y vienen tocando en un montón festivales”.
Javier Quiroga, bajista del grupo, cuenta al respecto: “Somos una banda que expresa lo que pensamos. Luchas sociales, violencia barrial pero sobre todo nos enfocamos en la memoria, verdad y justicia. Nuestras letras se defienden mucho desde lo escénico. Empezamos a incorporar shows con actores y escenografía como para que quede bien clara nuestra postura y nuestra ideología. Apostamos mucho al maquillaje, la actuación, la puesta en escena, los movimientos. Tenemos canciones que hablan sobre los pueblos originarios, los héroes de Malvinas, y los desaparecidos y asesinados en democracia”.
Against cuestiona a la posmodernidad y se involucra también en los asuntos de la política cotidianda: en sus canciones mostró una mirada muy crítica sobre los cuatro años de macrismo.
Todo a pulmón
“Hay cada vez más festivales con productoras nuevas y muchas bandas están pregonando el ‘No pagues para tocar’, que me parece una cuestión muy interesante”, dice Caballero. Un pedido que se viene haciendo clamor y en el que participa todo un colectivo de bandas under, liderados por Malicious Culebra. Al respecto, Ré opina: “Nosotras apoyamos el ‘No pagues para tocar’ de Malicious Culebra. Ese mensaje no hay que olvidarlo nunca porque siguen existiendo lugares así. Creo que si las bandas se unen y se ponen de acuerdo para armar ciclos de fechas y autogestionanse pueden bajar los costos de producción y no tendrían que andar negociando con chantas que no te tiran plata ni para pagarte el remís. La autogestión es a todo pulmón. Hacemos todo nosotras. Tenemos tareas asignadas a cada una. Si bien tenés las redes sociales que suman un montón, el problema es el tiempo que eso te implica. Nosotras invertimos nuestro propio tiempo para hacerlo. Somos 100% autogestivas e independientes”.
Aunque, según Caballero, se está viviendo un momento de estancamiento respecto a la cantidad de público que asiste a los shows under, lo que hace, incluso, que muchas bandas no terminen de despegar, lo cierto, es que asistimos a un momento de dispersión en el que empiezan a surgir nuevas voces, temáticas y estilos en el metal. La presencia de grupos integrados por mujeres, algo inédito en argentina, configura una interesante renovación y por qué no una tensión. Hay lugar para todos y todas y eso es muy bueno.
Durante las primeras horas del domingo 17 de mayo, al ingresar en Google las palabras “Cristina Fernández de Kirchner”, el panel de conocimiento del buscador –un resumen de personalidades destacadas generado automáticamente– exhibía la leyenda “Ladrona de la Nación Argentina”. El encabezado se mantuvo durante suficiente tiempo como para que el agravio se viralizara y luego fuera difundido por los medios.
Por este motivo, la actual vicepresidenta presentó una demanda contra el gigante informático ante el Fuero Federal Civil y Comercial, en la que solicita una pericia que determine el origen de la publicación, cuánto estuvo activa, cantidad de visualizaciones y qué medidas se tomaron. El objetivo es demostrar cuál fue el alcance real del daño, en tanto esa información se replicó desde diversas plataformas en poco tiempo.
El abogado especializado en derecho informático Rodrigo Iglesias afirma que el curso de la denuncia podría verse obstruido de continuar por la vía civil: “La justicia ya zanjó la discusión entre responsabilidad objetiva y subjetiva con el caso de Belén Rodríguez, hace seis años”. Se trata de la modelo que en 2014 demandó a Google y Yahoo! por el uso no autorizado de su imagen al vincularla con páginas pornográficas. Según la resolución de la Suprema Corte, a la damnificada no le correspondía indemnización alguna, ya que los motores de búsqueda obraron de simples intermediarios y procedieron a bloquear el contenido en cuanto fueron notificados, como establece la doctrina de la responsabilidad subjetiva. Si se hubiese optado por considerar a estas empresas como pasibles de responsabilidad objetiva, habría alcanzado con demostrar el daño que generaba la reproducción de estas imágenes por parte de Google y Yahoo!, que el fallo desestimó al señalar que “equivaldría a sancionar a una biblioteca que ha permitido la localización de un libro de contenido dañino”.
Sin embargo, Iglesias subraya las diferencias entre la situación actual y la de entonces: “Si esta causa llegara a la Corte Suprema, hay que recordar que su conformación no es la misma que la de hace seis años. Quienes eran minoría en el fallo contra Belén Rodríguez, hoy son mayoría. También Google cambió, así como sus políticas y su influencia respecto de aquel momento”. Según el letrado, la vía penal podría ser más viable, ya que “el artículo 109 del Código Penal permitiría presentar una demanda por calumnias e injurias”.
«Para elaborar el panel de conocimiento, Google se nutrió de la información de Wikipedia, y se sabe que no es una fuente cien por ciento confiable. Entonces es posible atribuirles alguna responsabilidad, sostiene Iglesias”.
Iglesias señala ciertas particularidades del caso que habilitarían a identificar al buscador como responsable de la recopilación y jerarquización de estos contenidos. “Para elaborar ese panel de conocimiento, Google se nutrió de la información de Wikipedia, y se sabe que no es una fuente cien por ciento confiable. Si a esto le sumamos que la misma Wikipedia declaró que su base de datos fue vandalizada para modificar el perfil de Cristina Fernández, entonces es posible atribuirles alguna responsabilidad”. Y admite que “no sabemos cómo funciona el algoritmo que utiliza Google”, por lo que la relevancia de este actor aún debería establecerse.
La demanda de la expresidenta contra Google abre un amplio debate. Más allá de lo que se resuelva en su caso puntual, pone en agenda la cuestión de la opacidad de los algoritmos y la responsabilidad editorial de los motores de búsqueda y las redes sociales. Un debate que se está dando en la mayoría de los países y para la cual se están ensayando distintas propuestas. “Nos debemos una discusión sobre regulaciones en Argentina. El proyecto de ley sobre responsabilidad de intermediarios que se trató en 2018 era el paso a seguir tras el fallo de Belén Rodríguez. Tenía elementos positivos para comenzar a debatir el rol de estas empresas, pero no prosperó. Hoy lo que tenemos es el Código Civil y fallos como el señalado que sirven de jurisprudencia”, concluye Iglesias.
«Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar», dice Ferrario.
El envío al Congreso de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo parecía inminente a principios de marzo, pero poco después el aislamiento social preventivo y obligatorio lo dejó en pausa. Ahora, en plena pandemia y a dos años del rechazo del Senado al proyecto de legalización del aborto, es una incógnita cuándo finalmente volverá a tener tratamiento legislativo. Mientras tanto, en estos meses de cuarentena las mujeres siguen abortando, pero lejos de que sea en un marco enteramente legal, seguro y gratuito, las restricciones a la circulación y la enorme demanda del sistema de salud, producto del coronavirus, han puesto más barreras en el camino.
“Con la pandemia se agudizaron mucho los obstáculos de siempre”, cuenta Julieta Ireizo, integrante de la Regional Oeste de Buenos Aires de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y enumera un combo que incluye la derivación hacia otras funciones de equipos de profesionales que acompañaban ILE (interrupción legal del embarazo), el endurecimiento de muchos servicios de salud y la profundización de situaciones de violencia obstétrica en los hospitales, sumado a los pedidos de explicaciones policiales, e incluso un aumento de embarazos no deseados, sobre todo en situaciones de violencia de género -que se han agudizado- y por falta de acceso a métodos anticonceptivos. “Hay más barreras, atendemos chicas con mucho miedo de salir de su casa y es muy difícil”, comenta esta médica generalista de Moreno.
Desde Socorristas en Red coinciden en que las dificultades han ido en aumento a lo largo de la cuarentena. “El aislamiento se nota muchísimo en los niveles de ansiedad y de emergencia que muestran las mujeres, personas trans y no binaries que se comunican con nosotras”, señala Eugenia Ferrario, integrante de Socorro Rosa Necochea-Quequén en Socorristas en Red. “Todo se puso más intenso. Antes en el segundo momento del dispositivo de acompañamiento socorrista nos encontrábamos cara a cara y ahora es todo virtual, por videollamada. Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar, me pasó de estar en videollamada con una chica que solo podía responder por sí o por no”, cuenta. Y agrega que le tocó acompañar tres casos de “mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado, y nos escribíamos por whatsapp, no mucho porque no podían hacer mucha luz con el teléfono”.
Sólo durante los primeros dos meses de cuarentena, Socorristas acompañó más de 3.000 abortos en todo el país, afirmó Ferrario; mientras que durante todo el 2019 fueron 12.575 acompañamientos. “En provincias donde ya era un desafío acceder a una ILE, ahora se puso más complejo – agrega la docente de Necochea-. Todos los procesos de crisis recrudecen las condiciones de inseguridad en las cuales se realizan los abortos en la Argentina, y más complicaciones hay por la práctica de abortos inseguros”.
“Hay mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado», cuentan desde Socorristas en Red.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito difundieron que “en estos primeros meses de 2020 murieron mujeres por aborto, otras entraron en las cárceles y muchas se han visto obligadas a llevar adelante embarazos productos de violaciones”. Entre ellas, tres mujeres fueron presas por abortar en Santiago del Estero y una joven de 22 años falleció tras realizarse un aborto inseguro en Formosa, ambas provincias siguen sin adherir al protocolo nacional de ILE. Recién en las últimas semanas la Ciudad de Buenos Aires aprobó su adhesión en la Legislatura. Sin embargo, fue reglamentada con restricciones por parte del Ejecutivo porteño, según denunció la Campaña: la obligatoriedad de consultas interdisciplinarias para acceder a la ILE, la imposición de un límite de edad gestacional para la realización de la práctica, la habilitación de objeción de conciencia institucional; cosas contrarias a lo establecido por el protocolo nacional.
Desde Nación, en tanto, en el marco de la pandemia se había declarado ya a la ILE y a la provisión de métodos anticonceptivos como servicios esenciales. Un factor clave para el acceso a una ILE es la disponibilidad de misoprostol cuyo precio, sin embargo, no ha hecho sino aumentar de manera sideral: según difundió el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol entre 2015 y 2019 el medicamento subió un 1.280%. En ese sentido, Ireizo señala que “con el cambio de gestión se asumió el compromiso de garantizar las prácticas, hubo una compra muy grande a nivel nacional y también provincial de misoprostol, mucho mayor a años anteriores, pero sigue quedando corta y habiendo faltantes. Estamos esperando que en agosto entre una nueva compra”.
Desde el gobierno bonaerense, en tanto, la jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Sabrina Cartabia, dice que “la Provincia de Buenos Aires trabaja en la provisión de medicamentos – teniendo en cuenta que el misoprostol es esencial según la OMS-; en la capacitación de los servicios para que den respuesta a la demanda de las mujeres; y en que las mujeres y cuerpos gestantes conozcan que tienen derecho a acceder a un aborto, por las causales permitidas en la Argentina desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal: cuando la salud de la persona gestante se ponga en riesgo o cuando el embarazo provenga de violencia sexual”. Asimismo, destacó que a partir de la pandemia, “desde el Ministerio de Salud se trabajó en las resoluciones que explican cómo se debe trabajar en el contexto de ASPO y pandemia para el acceso a la ILE y otros derechos sexuales”. También se hizo mucho énfasis desde el Estado nacional en la línea telefónica de salud sexual, cuya demanda se ha incrementado notablemente en los últimos meses.
“La mayoría de los abortos se pueden resolver en casa de forma segura, por lo tanto las pastillas de misoprostol, de las que la Provincia hizo una compra muy grande en marzo, permiten la interrupción del embarazo aún con las limitaciones que impone la pandemia”, destaca Cartabia. “Otra cosa muy importante es que en junio salió por primera vez un folleto oficial del Estado argentino, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de Nación, explicando cómo se debe realizar un aborto con pastillas, en casa. Es un método seguro, barato y accesible”, añade la abogada feminista. Y apunta que hoy “la mejor manera de tener un contacto directo y exitoso con el Estado es a través del 0800 de salud sexual”.
«En la cuarentena, muchas fueron obligadas a continuar embarazos productos de violaciones”, dice la Campaña.
Que sea ley
El 8 de agosto se cumplieron dos años del rechazo del Senado al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y con la fecha se hizo sentir la consigna de “aborto Legal 2020”. Si bien distintos funcionarios del gobierno nacional –incluido el presidente Alberto Fernández-han repetido en los últimos meses que ya hay un proyecto listo, la pandemia parece posponer cada vez más la presentación formal del proyecto.
“Con pandemia o sin pandemia, la ley para que el aborto sea legal es una deuda enorme de la democracia. A dos años del horror del Senado, cuando votó en contra de nuestros derechos, a todas las que militamos esta causa la posibilidad del tratamiento de la ley este año nos generó mucha ilusión”, expresa Ferrario, y destaca que “con o sin cuarentena, desde Socorristas sostenemos que el aborto tiene que ser legal ya”.
En tanto, Ireizo, de la Red de Profesionales de la Salud, señala que “la ley de IVE tarde o temprano va a salir, hay interés del actual gobierno en que salga, pero no es el proyecto que hemos presentado nosotras desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Una vez que salga, habrá que seguir disputando su implementación, para que no sean los médicos y médicas quienes toman la decisión final, sino que sean las personas quienes puedan ejercer el derecho a decidir por la autonomía de sus cuerpos”.
En plena crisis sanitaria es difícil saber cuándo la marea verde podrá volver a inundar las calles en reclamo de que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina. Mientras, con el sostén que siempre han sido las redes feministas y con un Estado que por primera vez no mira para otro lado, las mujeres siguen abortando, pero con las complicaciones adicionales que el contexto impone para su práctica.
Recurseros
Se puede llamar, pedir información y despejar dudas en la línea gratuita de Salud Sexual de Nación: 0800-222-3444. Por otro lado, también existe un recursero para contactarse con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y otro de la organización Socorristas en Red
