Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UCEFI) registró un aumento del 50 por ciento de las causas por delitos informáticos. Algunos de ellos se incrementaron hasta en un 80 por ciento, como en el caso de los cometidos contra la integridad sexual infantil relevados por Anccom la semana pasada.
Los ciberdelitos más impactantes se corresponden con el robo de datos, luego vendidos y enmascarados en la deep web (del inglés, internet profunda), un espacio no indexado por los motores de búsqueda tradicionales que preserva el anonimato, anula la trazabilidad del recorrido del dinero y se convierte en el lugar perfecto para realizar actividades ilícitas. Allí se concretan millones de estafas con rutas imposibles de seguir, incluso por los sistemas expertos de las policías especializadas en ciberdelincuencia.
Las estafas más habituales ocurren en plataformas de compra-venta. También existe la extorsión, principalmente, bajo dos modalidades: la captura de datos sensibles que afectan el honor de las personas; o las que ponen en riesgo la seguridad de entidades públicas o privadas cuando son vulnerados sus bancos, bases y registros de datos.
Según detalla la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen (AALCC), sobre el total de consultas realizadas, desde que inició la cuarentena en marzo: el 42 por ciento se corresponde a delitos con finalidad económica, como el fraude y la extorsión. Pero alcanza el 54 por ciento si se suma la suplantación de identidad (o phishing), como práctica para concretar el engaño. Otro dato relevante del phishing surge del comparativo interanual que acumula un 72 por ciento de crecimiento contra el primer semestre de 2019.
¿Cómo ocurre el ataque?
Los ataques más comunes suelen ser a través de una solicitud por correo electrónico. El pedido de actualización de claves o de datos de asociación para generar accesos a sitios protegidos, son los mecanismos más habituales. También los delincuentes suelen buscar información relacionada con tarjetas de crédito para concretar compras fraudulentas.
En ese universo financiero, el phishing bancario creció un 110 por ciento entre el 1 de marzo y el 1 de julio de 2020, mientras que la extorsión online se umentó a un 32 por ciento durante el mismo período, pero éstos últimos no son números absolutos ya que se trata de un delito que viene en aumento desde 2016, con un bajo grado de denuncia, según informa la mencionada asociación que audita el cibercrimen.
Las estrategias para concretar las estafas no distinguen entre organizaciones privadas, organismo públicos o personas individuales. Se han registrado estafas desde cuentas falsas de bancos y phishing mediante plataformas de videollamadas, entre otros artilugios que demuestran la creatividad de los delincuentes informáticos.
Los organismos públicos y empresas con participación estatal también suelen estar en la mira. ANSES denunció a fines de marzo la existencia de cuentas apócrifas que intentaban tramitar beneficios de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Asimismo, fueron sorprendidos no pocos compradores con promociones para adquirir pasajes de Aerolíneas Argentinas o usuarios tentados por bonos de nafta gratuita en YPF. Incluso, el 9 de septiembre el Gobierno argentino fue intimado a pagar un rescate por 22 carpetas cifradas con registros de la Dirección Nacional de Migraciones. Según se investigaba al cierre de esta edición, puede haberse utilizado un software malicioso llamado Netwalker, pero las pistas apuntan a un ataque con complicidad de agentes del propio organismo.
Por su parte, para la empresa de seguridad digital Avast, Argentina es el tercer país de la región en amenazas por ciberataques, y la probabilidad de que un usuario doméstico se encuentre con cualquier tipo de amenaza aumentó un 55,3 por ciento en un año. Avast sostiene que es una tendencia que ha crecido en todo el mundo.
Para tener una lectura más cercana a los casos en nuestro país, Anccom conversó con el autor de Engaños digitales, víctimas reales (Ediciones B, 2020), Sebastián Davidovsky, quien explicó que si bien hay un ranking mundial de países afectados, los ciberdelitos suelen buscar una escala global, por lo cual no hay fronteras que determinen la vulnerabilidad de un país por sobre otro. “Son todos los países, todas las empresas, todos los usuarios. Es una tendencia global, y lo que buscan los delincuentes es la escala”, entiende el periodista.
Según sus investigaciones, a la ausencia de fronteras se agrega la ausencia de encuentro físico entre víctima y victimario, y la variabilidad de la víctima. No hay patrones unívocos. “Lo más importante es que puede afectar a personas de diferentes edades. No hay nativos digitales, no hay nivel socioeconómico, no hay nivel académico que impida un tipo de engaño informático”, agrega.
Pero entonces, ¿cómo se puede evitar ser víctima de un ciberdelito?
Davidovsky sostiene que lo mejor es estar atento, ya que “en el mundo físico llevamos años de ventaja en términos de saber cuáles son los riesgos, los peligros. Ahí hago un paralelismo y hablo de cerraduras digitales, es un poco de lo que tenemos que empezar a tomar conciencia. Ponerle clave al celular para bloquearlo, no dejar sesiones abiertas en el lugar de trabajo o lugares públicos”.
En este sentido, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece recomendaciones específicas por delito y por plataforma, entre las que se destacan las configuraciones de seguridad en cuentas de Facebook o Instagram, denuncias a usuarios en Tinder (una red social de citas), guías para adultos sobre sexting, tutoriales de privacidad en WhatsApp, entre otras amenazas presentes en internet.
Consultado por el aumento durante la cuarentena y la incidencia de las distintas plataformas, Davidovsky sostiene que lo que ocurrió en estos meses fue la multiplicación de las posibilidades de intercambio entre personas por el canal online pero, respecto a los sitios como MercadoLibre, advierte que a veces “los delitos pueden empezar ahí pero terminan en otro lado”.
“Cuando las operaciones son dentro de las plataformas suelen ser seguras. Un gran consejo es no terminarlas fuera de ella, aunque sea para ahorrar comisión, porque es ahí donde suelen cometerse los delitos”, advierte.
También existen trampas en algunas publicidades no controladas por los intermediarios de adwords. “Ahora estoy viendo mucha publicidad, por ejemplo, de falsas páginas del Banco Provincia, y la gente termina hablando con estas personas que no son del banco y acaba por darle su clave o haciendo una operación que les termina habilitando a los delincuentes acceder a sus cuentas de homebanking. Eso se está viendo mucho en pandemia”.
Por último, Davidovsky señala un error común que es “pensar en los delitos informáticos como pensamos los delitos tradicionales”. Muchas estafas son cometidas por delincuentes más allá de las fronteras. En algunos casos son individuos u organizaciones pequeñas, y en otros se convierten en situaciones más complejas que operan “casi bandas organizadas en call centers”.
La sextorsión, los engaños por Tinder y otras redes de citas que juegan con vulnerabilidades afectivas, están a la orden del día. Por cierto, si fuiste víctima de un ciberdelito, que no te de vergüenza: denuncialo. Sólo hay que llamar a la línea gratuita 137.
Inés Armas, bailarina, docente y codirectora de Galpón FACE.
La llegada del Covid-19 supuso una profunda transformación para la danza en la Argentina. Por un lado, las y los trabajadores de la disciplina coordinaron fuerzas como nunca antes para reclamar por sus derechos. Por otro, las condiciones de aislamiento inauguraron una etapa de experimentación en el campo.
El Frente de Emergencia de la Danza emitió el 8 de septiembre un comunicado en el que solicita medidas urgentes al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros aspectos, la agrupación denuncia que tras cinco meses de cuarentena el organismo, encabezado por el funcionario Enrique Avogadro, no ha puesto en marcha ninguna iniciativa para paliar la crisis. Los estudios de danza, duramente golpeados, no pudieron presentarse a subsidios ni recibieron ayuda para adecuar los espacios a los protocolos aprobados para actividades sin público. El Ministerio porteño tampoco realizó un relevamiento que dé cuenta de la situación de las y los trabajadores de la danza, no diseñó un plan para generar fuentes de ingreso, ni garantiza un presupuesto 2021 acorde a las necesidades.
La emergencia sanitaria ha potenciado reclamos de la danza de larga data en todo el país. Sólo una porción minoritaria resultó beneficiada con las ayudas otorgadas por el Estado como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Fondo Desarrollar. “Más del 85 por ciento no pudo acceder debido al grado de informalidad en el que estamos”, sostiene David Señorán, maestro, coreógrafo y director a cargo de la comunicación del Movimiento Federal de Danza (MDF) en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Según un informe publicado por el MFD en mayo, el sector cuenta a nivel nacional con 450.000 trabajadores independientes, entre artistas, gestores culturales, talleristas, intérpretes, coreógrafos, propietarios de salas y espacios independientes. Sólo el 16 por ciento trabaja de manera formal, el 42 lo hace en condiciones de informalidad y el 42 restante en ambas modalidades.
La actividad carece de un marco legal e institucional que la regule, a diferencia de otras expresiones artísticas que sí lo tienen como el teatro (Instituto Nacional del Teatro, INT), el cine (INCAA), o la música (INAMU). Tampoco tiene sindicatos. Por eso, desde 2019 el MFD nuclea a las y los trabajadores de la disciplina para impulsar el Proyecto de Ley Nacional de Danza y crear un instituto nacional, así como también ampliar el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la disciplina y articular redes de trabajo.
Recién en marzo último, la danza logró ser reconocida dentro de las industrias culturales nacionales, lo que le permitió a los bailarines dialogar con organismos públicos y postularse a subsidios. No obstante, predominan la precariedad y la ausencia de políticas públicas, y la mayoría de sus trabajadores vive de las clases que dicta. Con el aislamiento, sus ingresos se interrumpieron y se calcula que 36.310 estudios cerraron sus puertas. “Solo un 60 por ciento pudo continuar su actividad de forma virtual y sus sueldos se redujeron al 20 por ciento”, afirma Señoran.
Ante la emergencia, las y los trabajadores del sector comenzaron a reunirse en el espacio virtual y, organizados en colectivos, encontraron algunas vueltas para salir a flote. “Fue un proceso muy interesante de transformación”, dice Inés Armas, codirectora de Galpón FACE, un espacio de producción e investigación en danza contemporánea y artes performáticas. “A veces se nos acusa a les bailarines de ser muy individualistas”, señala y agrega “En esta cuarentena hemos logrado juntarnos y desarrollar estrategias de contención y de activación de políticas que pueden beneficiarnos a todes”.
La relación entre danza y tecnología está poco desarrollada en el país, debido en buena parte al acotado presupuesto que se destina a la disciplina a través de los fondos públicos. En este sentido, se activó una etapa novedosa. Las clases a distancia fueron unas de las primeras en abrirse paso, entre videoconferencias y cargas de contenido didáctico digital a plataformas y redes. “Muches alumnes que estaban con resistencia encontraron el tiempo para dedicarse a investigar nuevas técnicas”, cuenta Armas.
Según la docente, otro rasgo provechoso de los encuentros virtuales es la intimidad que establece la cámara. “Es un acceso a lugares de riesgo que en un espacio compartido no se tiene. En el ámbito privado hay más permiso a la diversidad y a la búsqueda individual”, explica. Sin embargo, la cámara interpone algunos obstáculos. “Es una mirada muy exigente y tal vez más aguda que el espejo típico de los bailarines –añade Armas–. Es un retroceso hacia la propia acepción (N. de la R.: en el sentido de aceptación)”. Pero las clases a distancia no pueden reemplazar la vinculación interpersonal que se genera en la presencia. “La principal dificultad que encontré es la ausencia del otre, el compartir ese espacio”, opina Armas.
Señoran coincide: “Muchos estudiantes eligen a un maestro. Y cuando se produce esa conexión virtuosa, se avanza. Pero algo de eso está interrumpido”. Según el coreógrafo, el aislamiento repercute sobre el cuerpo en dimensiones que exceden la física: “Quienes intentan hacer un recorrido en estas disciplinas entrenan para estar lo suficientemente vulnerables a lo que suceda alrededor y que no les sea indistinto. Que atraviese su cuerpo, y devolver algo convertido en movimiento –remarca–. Vamos a tener que hacer un gran trabajo para que las preguntas vuelvan a estar instaladas en los cuerpos y no en una pantalla y para que esos cuerpos puedan dar respuesta desde la danza”.
Los espectáculos también encontraron su lugar en el ciberespacio. Algunos aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre el contexto, como la Compañía Universitaria de Danza de la UNSAM, de la cual Señoran es director. Junto con el área de Cine Documental de la misma casa de estudios, presentaron el pasado 21 de agosto La Trampa, su primera producción virtual. “Tiene que ver justamente con las trampas que uno hace para poder estar en contacto y las que inventan nuestros cuerpos para poder casi tocarnos”, puntualiza Señoran. Aun así, al pensar sobre la vinculación entre la disciplina y la virtualidad surgida durante la pandemia, guarda ciertas reservas: “Estas producciones son estrategias para seguir en acción, eso ya es valioso. Nos permiten elaborar preguntas vinculadas a la vida académica o la investigación. Pero no sé cuánto del arte específicamente se encuentra en esa estructura”, admite.
Mientras se las ingenian para sobrellevar el presente, las y los trabajadores de la danza esperan un pronto regreso. En AMBA, el MFD elaboró una Propuesta de Protocolo de Seguridad e Higiene para elevar a los municipios al llegar a la fase 5, en la cual se retomarían las actividades culturales. El documento establece normas de bioseguridad para el uso de las instalaciones y de higiene, pautas para el tránsito de personas, prácticas y comportamientos a respetar, y la promesa de garantizar las recomendaciones formuladas por el OMS, como el uso de barbijo y la distancia social. También se contempla la implementación de una declaración jurada donde cada cual declare no poseer síntomas de coronavirus ni haber estado en contacto con alguien que los tuviera. “Al no recibir respuestas, nos vimos obligados a realizar nuestros propios protocolos”, expresa Señoran.
En medio del desamparo laboral, la falta de políticas y la pandemia, las y los trabajadores de la danza no tiran la toalla y se arremangan para reabrir el telón. Señoran es optimista: “Gracias al esfuerzo que estamos haciendo todos, estamos estimulando el pensamiento para poder considerarnos trabajadores de la danza e ir tras nuestro derecho”.
Sábado a la noche. Pandemia de por medio, cualquier actividad social quedó reducida a la nada. Para una gran parte de la población, la mejor opción son las pantallas y, en especial, las plataformas de streaming: más de 4.5 millones de argentinos poseen una cuenta de Netflix, según datos de febrero de este año.
El aislamiento social generó un aumento mundial de las suscripciones a las plataformas que ofrecen series y películas. En abril, Netflix anunció que durante el primer trimestre de 2020 había sumado 15.7 millones de suscripciones, convirtiéndose en la líder del mercado, con casi 183 millones de registros en total, superando a Amazon (150 millones) y a Disney (50 millones). Siguiendo la tendencia global, la cuarentena incrementó la penetración de las compañías de streaming en los hogares argentinos, con Netflix a la cabeza. “Entre febrero y marzo la cantidad de suscripciones fue igual a la proyección esperada para todo 2020. Aparte creció el tráfico de datos en un 40 por ciento”, afirma Natalia Calcagno, socióloga especializada en economía cultural.
Argentina es uno de los diez países con más usuarios de Netflix en todo el mundo y la elevada tasa de suscripción a los servicios Video On Demand (VOD) en el país podría explicarse por una larga tradición en el consumo de contenidos audiovisuales pagos. Para Calcagno, actual subdirectora general de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, este fenómeno se explica porque “los argentinos no estamos acostumbrados a la idea de que uno prenda la tele y funcione”. Argentina tiene un alto índice de conectividad que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), alcanza el 82,9 por ciento de los hogares urbanos del territorio. Esta penetración, junto a la paquetización –el abono de Netflix suele incluirse dentro de los servicios de telecomunicaciones– y el precio accesible de suscripción a la plataforma de entre 199 y 499 pesos mensuales, serían otros factores influyentes.
Los usuarios argentinos de Netflix tienen acceso a más de 3000 títulos, según un informe de junio de Saving Spot. No obstante, la diversidad y distribución de las películas y series dependen de su visibilidad en los catálogos que aparecen en la interfaz de la plataforma, elaborados en base a algoritmos. “Netflix hace una oferta a la carta de cada consumidor en función de los consumos anteriores y de otros datos que les damos con cada clic que hacemos. Esto genera que la oferta sea híper restringida y muy segmentada para cada tipo de usuario”, advierte Calcagno y agrega: “Es lo mismo que hemos vivido históricamente en los contenidos audiovisuales, pero ahora es incluso peor”.
Hoy en la Argentina existe un vacío importante en materia de regulación del espacio digital, debido a la derogación de parte de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual durante la gestión del macrismo y las posteriores medidas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La actividad de las plataformas de streaming carece de límites y pautas. “Garantizar la diversidad no es tarea del mercado –sostiene Calcagno–. El mercado se ocupa de ganar más y el Estado tiene que adecuar la regulación para garantizar la pluralidad de voces”.
Para Calcagno, las futuras legislaciones deberían apuntar a la convergencia en el espacio digital. Hay ejemplos, como el del Parlamento Europeo, que estableció una regulación al algoritmo: las plataformas y las televisoras tradicionales fueron obligadas a ofrecer un mínimo del 30 por ciento de producciones europeas en sus catálogos. “No se trata de pedir una cuota de contenidos en el catálogo, como hacíamos en los espacios tradicionales. Se está empezando a regular el algoritmo para que incluya, en todas las categorías, una cuota de contenidos nacionales. Así, cada ciudadano prenderá la pantalla con la posibilidad de ver una parte de las producciones locales”, remarca.
La llegada de los servicios VOD ha transformado drásticamente la lógica de rentabilidad de los contenidos audiovisuales. Antes, la estrategia comercial se apoyaba en la masividad de una única producción. Ahora, el beneficio económico se obtiene a través del pago de un abono mensual, por lo que las empresas buscan producir nuevos contenidos con el objetivo de atraer suscriptores. “La apuesta es la conectividad permanente, donde los usuarios continúan pagando para mirar cosas nuevas, por lo que las plataformas deben renovar constantemente su oferta”, puntualiza Calcagno.
Julio Bertolotti, subgerente del Observatorio Audiovisual del INCAA, y coordinador de la Licenciatura en Producción Audiovisual de la UNTREF, afirma que la sobreproducción actual de series y películas a nivel mundial “está generando una situación en la que se replican estándares”. En ese sentido, la libertad de elección de los consumidores también se ve afectada: cada vez más pueden observarse proyectos que tienen vinculaciones temáticas, de género y hasta de personajes. “Estas reiteraciones no llegan a ser plagio, pero pertenecen al mismo universo”, enfatiza Bertolotti. Según un estudio de la consultora Glance y publicado por la revista Variety, durante 2019 se lanzaron 10.600 series de TV en todo el planeta. Pero no necesariamente cantidad sea variedad.
El impacto del algoritmo en el ámbito audiovisual también impacta en la producción de los contenidos. Como señalan Eleonora Fernández y Esteban Magnani en Revista Anfibia, estos algoritmos de inteligencia artificial buscan correlaciones capaces de segmentar la población de infinitas maneras y así “anticipar que quienes tienen características similares gustarían de las mismas cosas aunque aún no lo sepan y se las podrá estimular para que lo hagan”. Inclusive, con los datos que los usuarios entregan al momento de consumir, las empresas de streaming eligen qué contenidos producir o qué series cancelar.
En febrero de este año, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al director ejecutivo de Netflix, el estadounidense Reed Hastings, quien anunció millonarias inversiones en el país y planteó la posibilidad de crear una productora de películas argentinas para la plataforma. Bertolotti, productor de cine y televisión, considera que “difícilmente puedan ser inversiones a largo plazo en la industria audiovisual argentina” y que “no van a ser la solución”. “No creo que sea muy inteligente esperar que esas empresas produzcan mucho más porque se manejan con un sentido de marketing y no se necesitan demasiadas series nacionales para satisfacer a nuestro mercado”, afirma. Dos casos de producciones argentinas recientes, financiadas por los servicios VOD, fueron El apache, la vida de Carlos Tévez –de Netflix– y El jardín de bronce –de HBO–.
Mientras tanto, las producciones televisivas locales atraviesan una situación crítica por la prolongada suspensión de sus actividades a raíz de la pandemia, en particular los proyectos de ficción. “La industria audiovisual está sufriendo un impacto enorme porque está todo parado”, dice Bertolotti. Un ejemplo de la crítica situación del sector es el inminente cierre de Pol-ka, una de las productoras audiovisuales más importantes del país. Sergio Vainmann, autor de tiras emblemáticas como Clave de Sol y La banda del Golden Rocket, hizo referencia a este panorama en una sesión especial del Senado de la Nación: “Que desaparezca Pol-ka es una situación trágica para sus trabajadores y es una catástrofe para la industria”, expresó. La productora, vinculada al Grupo Clarín, tiene dificultades para pagar los sueldos y corren riesgo más de 300 empleos.
Otro aspecto que perjudica a la producción local es que las grandes empresas de streaming no pagan impuestos ya que, en la mayoría de los casos, no tienen sede fiscal en la Argentina. Si bien desde 2017 se retiene el IVA de los pagos de suscripción, esos miles de millones de pesos hasta el momento quedan en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en lugar de destinarse al fomento de la industria cinematográfica nacional. “La producción local podría beneficiarse con la reasignación de los recursos de la facturación mediante iniciativas como el ‘Impuesto Netflix’, un proyecto planteado por las autoridades del INCAA”, detalla Bertolotti.
El incipiente arribo de nuevas compañías de streaming a la Argentina como Disney+, Apple y Amazon, seguramente se haga sentir en el mercado nacional. Calcagno pronostica que con la llegada de estos nuevos actores “vamos a empezar a ver una competencia entre multinacionales gigantescas” y hace hincapié en el ingreso de Disney, programado para noviembre de este año: “Será un cambio enorme porque es más grande que Netflix y ofrece contenidos que no son exclusivamente cine y series, como deportes”, subraya. El poderío de Disney se acrecentó en gran medida con la compra del conglomerado de medios 21st Century Fox, en abril de 2019, en una transacción que superó los 71 mil millones de dólares. En ese proceso, Disney sumó importantes marcas que ampliaron de manera exponencial su librería cinematográfica y expandieron su catálogo, incrementando su oferta digital.
Entre las plataformas argentinas, se destacan las estatales Contar y Cine.ar Play, que permiten acceder a los catálogos de producción nacional de manera gratuita. Sin embargo, el avance de las superpoderosas plataformas extranjeras exige una reformulación del sistema de negocios de la industria local. “Tenemos que adaptar la cabeza porque si no adecuamos nuestro sector audiovisual a esa forma de producción, puede ser muy peligroso”, advierte Calcagno, quien imagina una reestructuración del sistema de producción audiovisual: “Tenemos que pensar cómo armamos a una escala mayor, de manera asociativa y juntando las diferentes productoras audiovisuales para que la producción crezca ya que las plataformas van a necesitar renovación constante de contenidos, específicamente de contenidos nacionales, para cumplir con una futura cuota regulatoria”.
En un contexto de convergencia digital, los servicios de streaming aparecen como una nueva forma de acceso a los productos audiovisuales. “Antes, los contenidos culturales llegaban a sus espectadores, lectores, oyentes, a través de cadenas de valor y de organización productiva separada. A partir de la fibra óptica empiezan a converger, transformándose así las letras, las músicas y las imágenes, en datos. Esto permitió que circulen todos juntos y lleguen a los consumidores de una manera totalmente distinta”, explica Calcagno.
Mientras que las nuevas tecnologías parecieran saber más sobre nuestros intereses que nosotros mismos, en el mundo audiovisual ganan terreno las películas y series elaboradas en base a fórmulas hechas por un algoritmo. ¿Es el fin la producción de contenidos tal como la conocemos? “Hay un punto que excede la inteligencia artificial y el algoritmo y tiene que ver con la creatividad abriéndose paso”, opina Bertolotti. Aún así, cuando las opciones disponibles se limitan a unas cuantas alternativas brindadas por un puñado de megaempresas, la libertad de elección puede existir sólo como ficción. Hasta entonces, la diversidad y la pluralidad seguirán siendo una deuda pendiente.
Control de un paciente de tuberculosis en el Hospital Muñiz. Fotografía de archivo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tuberculosis es una de las diez principales causas de mortalidad en el mundo y la primera por enfermedades infecciosas. Las estadísticas de este organismo internacional muestran que la probabilidad de que una persona se vea afectada por TBC se reduce un 2% anualmente. Sin embargo, los casos en Argentina —que desde hace 40 años venían descendiendo— comenzaron a aumentar a mediados de esta década.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) revelan que el año pasado se registraron 12.075 nuevos casos por contagio o recaída en nuestro país, contra los 9.383 notificados en 2010, lo que significó un incremento en la tasa de notificación de 23.2 a 26.9 casos cada cien mil habitantes. Los últimos datos accesibles sobre mortalidad (2017) arrojan una tasa de 1.7 por cien mil habitantes (706 muertes) contra 1.57 en 2010, con 640 fallecimientos.
La OMS estima que entre 2000 y 2018 se salvaron 58 millones de vidas gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Este dato siembra la sospecha sobre si el actual y necesario aislamiento social podría influir en un potencial aumento de casos de TBC. Sandra Carabajal, infectóloga del Hospital Municipal Eva Perón de Merlo, sostiene que hay elementos que pueden llegar a favorecer las recaídas: “Así como avizoramos que este año habrá una tasa bajísima de vacunación —porque la gente tiene temor de asistir a los hospitales— del mismo modo, creo que tendremos muchos abandonos de tratamientos por tuberculosis. Los médicos deberíamos tener el foco en que el paciente pueda continuar con su medicación, de lo contrario el mensaje puede ser ambiguo: por un lado, le decimos ‘no concurras al hospital, llamanos y nosotros te decimos’, por el otro, le pedimos que no deje de venir al hospital, que retire la medicación y que no abandone el tratamiento. La verdad, es un delicado equilibrio en donde a veces el paciente queda atrapado sin saber qué hacer”.
Los y las infectólogas consultadas por ANCCOM coinciden en que el aumento de casos de TBC en nuestro país está directamente relacionado con el avance de la pobreza. “Es una enfermedad que está enquistada fuertemente en población vulnerable y por eso cada vez que hay una crisis nutricional, habitacional y social se genera un caldo de cultivo para que se produzcan mayores contagios”, expresa Santiago Jiménez, infectólogo y coordinador médico de Casa Masantonio, un espacio de contención para personas consumidoras de PACO con enfermedades complejas como VIH y tuberculosis.
El hacinamiento y la desnutrición son dos ingredientes claves en el “caldo de cultivo” de la pobreza. “El hacinamiento genera, a través de la tos, la propagación hacia otros convivientes. La desnutrición, por la falta de consumo de elementos esenciales, predispone a enfermedades infecciosas por una falla en la respuesta primaria a diferentes gérmenes, entre los que se encuentra el bacilo de Koch, la bacteria que causa la TBC”, explica Lilián Testón, coordinadora del Departamento de Epidemiología de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos.
El 2019 se registraron 12.075 nuevos casos por contagio o recaída en la Argentina, contra los 9.383 notificados en 2010.
Por su parte, Elena Obieta, Jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro, destaca que otro factor que influye en el aumento de casos radica en que “la población carcelaria es un foco de TBC que luego se reinserta en la comunidad porque, lamentablemente, las cárceles no son como uno querría. El hacinamiento y las malas condiciones de higiene favorecen el contagio. En ese panorama, si un preso con tuberculosis tose…es un desastre”.
La tasa de notificación de casos tiene importantes variaciones entre las provincias. Según datos publicados este año por el INER, en el período 2018-2019 Salta fue la jurisdicción con la tasa más alta (64.91 casos cada 100 mil habitantes), seguida por Jujuy (50.5) y la Ciudad de Buenos Aires (44.99). En tanto las tasas más bajas fueron en San Luis, La Rioja y Mendoza (inferiores a 10)
Obieta, que además forma parte de la Sociedad Argentina de Infectología, considera que es un error médico pensar solamente en el Covid-19 sin tener en cuenta posibles casos de tuberculosis: “Si el hisopado da negativo, generalmente el paciente se vuelve a su casa. Entonces, si llega a tener TBC, en tanto siga tosiendo y no esté en tratamiento,contagiará a los convivientes más cercanos”.
La enfermedad, tal como señala la OMS, afecta además a personas con VIH y diabéticos. Testón explica que “la coinfección con el VIH es un importante problema de salud pública porque los pacientes, al tener debilitado su sistema inmune, tienen mayor riesgo de contraer tuberculosis”. Respecto a la diabetes, Obieta resalta que “es una enfermedad que también altera las defensas”.
Otro factor de riesgo es el consumo problemático de sustancias. Santiago Jiménez identifica a la pasta base de cocaína (paco) como la droga más utilizada por personas en situación socialmente vulnerable: “El impacto de la TBC en esta población es muy fuerte y es muy difícil que puedan acceder al diagnóstico y al tratamiento por canales normales. Esto amerita que existan estrategias diferenciadas, un acercarse a los territorios y no una actitud pasiva por parte del sistema de salud”, enfatiza.
Patricia Figueroa, voluntaria en Casa Masantonio, conoce de cerca estas realidades: “El consumo hace que nada te importe y por eso curarte no está dentro de tus prioridades, no hay posibilidad de cumplir un tratamiento, ni de ir a un turno, ni de tomar todos los días una medicación”, y agrega “hemos tenido chicos que han estado internados doce veces y doce veces han cortado el tratamiento”.
Ramón Maldonado, que tiene 43 años y hace siete meses que está recibiendo contención en Casa Masantonio, cuenta: “Viví en la calle como seis años. Andaba mucho en la droga, fumaba crack y toda esa gilada. Me enfermé y estuve nueve meses internado porque estaba muy jodido, me faltaba el aire. Me ofrecieron quedarme acá para no tomar frío cada vez que iba a buscar la medicación. Ahora gracias a Dios estoy bien, haciendo una vida nueva y sana, tomo la medicación y muy de a poco me voy recuperando”. Ramón es solo una muestra de las miles de historias que se insinúan detrás de las estadísticas.
El tratamiento de la tuberculosis es absolutamente gratuito en todos los hospitales públicos de nuestro país.
La mayoría de los casos se observan en la edad activa, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. El tratamiento dura aproximadamente seis meses pero si se acompaña con alguna infección por el VIH se puede extender hasta nueve o diez. Carabajal afirma: “Al ser tan prolongado, muchos pacientes abandonan en el camino y esto nos pone en riesgo a todos ya que la bacteria se vuelve más resistente y se requiere cambiar la medicación”. Por su parte, Obieta señala: “Los pacientes que toman la medicación enseguida empiezan a sentirse bien y suelen abandonarla, esto puede llevar a una TBC multiresistente y persistencia de la enfermedad en la comunidad” y agrega: “Si un paciente tiene una tuberculosis sensible a la medicación (la TBC más común) y comienza su tratamiento, a los 15 días deja de contagiar. Esto hay que decirlo porque es una buena noticia en sí misma”.
Cabe destacar que el tratamiento de la tuberculosis es absolutamente gratuito en todos los hospitales públicos de nuestro país.
Para Jiménez, la pandemia por el Covid-19 nos deja una enseñanza: “Así como la cuarentena no es viable en barrios vulnerables si no es acompañada por un apoyo alimenticio y social, en la TBC ocurre lo mismo. Muchas veces el sistema sanitario se enfoca solamente en los medicamentos y ese es un factor de fracaso cuando no se complementa con un apoyo concreto de otros recursos”.
Las aulas se encuentran vacías y los chicos en sus casas. Pero la comunidad educativa, lejos de estar ausente, mantiene redes de contención y ayuda. Desde la distancia, las cooperadoras escolares se vuelven actores fundamentales para la continuidad del vínculo entre familias, maestros y alumnos. Patricia Barrera, vicepresidenta de la cooperadora de la escuela N° 3 D.E. 15 señaló que hay una naturalización en la diversificación de sus funciones, “lamentablemente en los últimos años la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires ha caído y tuvimos que salir a tapar agujeros”.
El rol social de las cooperadoras se profundiza en contextos de crisis y en medio de la pandemia la brecha tecnológica fue uno de los problemas más importantes. La suspensión del Plan Conectar Igualdad en 2015 implicó que muchos jóvenes no recibieran su notebook. Este plan fue reemplazado por otro llamado Aprender Conectados en el que se entregaban computadoras, pero para compartir y ser usadas en las escuelas. Desde el inicio de la cuarentena, fueron muy pocos los equipos entregados por el Gobierno de la Ciudad para sortear la desconexión. Uno de los grandes problemas es que, en general, en una misma casa hay más de un niño escolarizado, padres haciendo teletrabajo y, con suerte, un solo dispositivo, sin contar que el acceso a internet tampoco está garantizado y que varios niños entre seis y once años no cuentan con un teléfono móvil para uso personal.
El Observatorio Argentinos por la Educación realizó un relevamiento de datos en todo el territorio nacional que concluyó que el 7,2% de los estudiantes que finalizan la primaria y la secundaria en la Ciudad de Buenos Aires no cuentan con acceso a Internet en su hogar. Pero la conexión no significa poder mantener la instrucción virtual. El Ministerio de Educación se acercó a las escuelas para poder realizar un relevamiento que habría arrojado porcentajes parecidos, pero desde las cooperadoras se denuncia que estos datos son erróneos. Diana Reingart, tesorera de la cooperadora de la Escuela Primaria Nº 26 del Distrito Escolar 6º manifestó: “Le estaban haciendo las preguntas a la gente que iba a buscar el bolsón, personas que se enteraron que eso estaba ocurriendo, porque hubo otras que no supieron porque no tienen conexión –añadió Diana–. Que tengas un teléfono, no significa que estés conectado y que puedas hacer la tarea, porque necesitás internet, capacidad en el celular y saber usar los programas”.
“En nuestra escuela, en las primeras semanas de pandemia venían 9 o 10 familias a buscar ayuda, ahora son 27″, dice Kors.
Las cooperadoras buscaron registrar información propia al respecto, por lo que circuló una encuesta en todas las escuelas públicas de la Ciudad. Barrera manifestó que en este relevamiento se concluyó que el 40% de los chicos en edad escolar no cuenta con la posibilidad de mantener una educación virtual. Varias cooperadoras de distintos colegios se las ingeniaron para ayudar a los alumnos que no poseían conexión usando sus propios recursos económicos con la compra de planes de datos, el pago de internet, el préstamo de algún dispositivo que conseguían y principalmente con la entrega de las actividades escolares impresas.
En las escuelas con menos recursos, la situación resulta más grave: muchas no cuentan con cooperadoras, o tienen organizaciones muy frágiles. Carolina Martínez es profesora de inglés en la Escuela Primaria Nº 6 del Distrito Escolar 21. Allí asisten muchos niños de la Villa 20 con los cuáles fue muy difícil establecer el primer contacto. La directora debió realizar un rastreo de todos los alumnos y sus familias a principio de año porque varios habían perdido el celular, se habían mudado o se encontraban aislados por haberse contagiado. De los 500 alumnos que hay en su escuela, Martínez calcula que más o menos 100 no cuentan con la posibilidad de conectarse porque no tienen internet, computadora o los padres no pueden ocuparse.
El Gobierno de la Ciudad está considerando dar comienzo en septiembre a las clases presenciales para aquellos chicos que no pudieron mantener la conexión virtual. Se estima que son cerca de 5.100 alumnos los que no han tenido contacto con sus docentes desde marzo, pero la iniciativa generó una fuerte resistencia de muchos sectores de la educación pública. La medida implicaría exponer a los chicos de menos recursos a situaciones peligrosas. Luego de que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, expresara el 14 de agosto esta iniciativa, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta aseveró que “no están dadas las condiciones epidemiológicas para volver”.
Un relevamiento de las cooperadoras porteñas concluyó que el 40% de los chicos no tiene acceso a la educación virtual.
Los problemas del retorno a la escuela presencial son diversos y graves, teniendo en cuenta que desde hace años los auxiliares de limpieza son menos de la cantidad necesaria y no es posible garantizar las medidas de higiene. “Existe la idea de que los chicos se contagian y no pasa nada, pero el chico no va solo a la escuela, tiene que haber docentes, auxiliares, padres que los lleven, señaló Reingart y agregó: “Además todavía se están evaluando las secuelas que puede dejar el virus. Si el pibe se infecta y le queda una secuela de por vida por asistir dos meses a clases muchos consideramos que es ridículo”.
Tampoco queda claro si habrá incorporaciones de nuevos docentes para realizar las clases presenciales y continuar con las virtuales o si ambos trabajos serán responsabilidad de las mismas profesoras. Reingart expresa que en su escuela se fomenta la inclusión, la solidaridad y el compartir, es por esto que ve muy complicado lograr que los chicos mantengan la distancia, que no se presten los barbijos o que no se abracen después de tantos meses de aislamiento: “Te muestran fotos de la sociedad japonesa pero allí estudian así normalmente, con repetición, sentados, sin moverse. Acá se propicia otra cosa, los docentes van a tener que cumplir una función de policía para la que no están entrenados”.
Carmen Razzotti, presidenta de la cooperadora de la Escuela N°17 de la comuna 14 advirtió que en un principio se había dejado filtrar la idea de que la desinfección de las escuelas iba a estar a cargo de las cooperadoras: “Nos resistimos completamente. Si queremos comprar lavandina para que todo esté más limpio porque la que manda el gobierno no alcanza, es cosa nuestra, pero que el FUDE no incluya hacernos responsables de la tarea de sanitización”. El Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) es el subsidio anual que el Gobierno les otorga a las cooperadoras para poder hacer frente a sus gastos. El año pasado estuvo cerca de los 100 y 130 pesos por alumno y se calcula de acuerdo a la matrícula y a otros factores que no están claramente determinados. La mayoría de las escuelas todavía no lo cobraron este año y la situación se agrava teniendo en cuenta que en circunstancias normales las cooperadoras obtienen fondos con la organización de eventos que están imposibilitados y con las cuotas sociales, que en la mayoría de los casos no están pagándose debido a la crisis económica.
“El bolsón es bastante carente en lo nutricional», denuncia Barrera.
Julia Kors, miembro de la cooperadora del Jardín Pablo Picasso, explicó que en su escuela hubo familias que se sintieron incómodas al manifestar la necesidad de recibir donaciones porque no estaban acostumbradas, pero sus ingresos se habían visto afectados por la crisis o el desempleo. Y otras que, en un principio, intentaron prescindir de la asistencia, pero la desesperación los llevó a acercarse. “En las primeras semanas de este contexto de emergencia contábamos con unas nueve o diez familias que habían podido transmitir la necesidad de contar con un ayuda por parte de la cooperadora y ahora son unas 27”, subraya Kors. En su escuela se formó una red de donaciones de ropa, alimentos, artículos de limpieza y transferencias bancarias por parte de las familias que están económicamente mejor a las cuentas de otras que lo necesitan. A su vez, las meriendas que el Gobierno de la Ciudad entrega cada quince días son donadas por los chicos que no les hacen falta a otros que sí.
En las escuelas de jornada completa la entrega quincenal se trata de dos bolsones de alimentos que deberían reemplazar el almuerzo de un niño en edad escolar de lunes a viernes, pero Barrera manifestó que no son suficientes. “El bolsón es bastante carente en lo nutricional. El menú escolar tiene platos con distintos tipos de carne roja, de cerdo, huevos una vez en la semana, que por supuesto no está en el bolsón”, dice Barrera.
Una de las propuestas que surgieron desde distintos colectivos de la educación pública fue el reemplazo de los bolsones por una tarjeta alimentaria para ayudar a las familias, evitar la circulación y que puedan elegir qué comer. Pero pareciera que este proyecto no va a prosperar porque supone una inversión mucho mayor por parte del Estado. Para Barrera el problema más importante es otro: “Hay un gran negociado entre el Gobierno de la Ciudad y los comedores que brindan el servicio de comidas”.
Razzotti advirtió que a veces la sensación de que el bolsón que no alcanza tiene que ver con que se usa para alimentar a toda la familia, pero es la ración para el niño o niña que asiste al colegio. En su escuela se preparan canastas y cajas complementarias para la semana en la que el Gobierno no entrega los bolsones, allí se incluye alimentos y artículos de limpieza: “Procuramos que la comida tenga algo fresco y sabroso. A veces los funcionarios creen que con un fideo y un arroz alcanza y no. Conseguimos queso, entonces las familias tienen para hacerse unas ricas pizzas y la vida es un poco mejor”, agregó.
Estos contactos quincenales o semanales fortalecen el vínculo. Razzotti notó que hay necesidad de apoyo psicológico: “Humanamente hay mucha necesidad emocional, que se traduce en necesidad económica, apoyás emocionalmente y después ayudás con alguito. Muchas veces no le solucionás la vida, pero estás ayudando un poco y estás escuchando otro poco”. Además, las cooperadoras también están a cargo de controlar la calidad y la cantidad de bolsones. Varias veces los alimentos frescos llegan en mal estado o podridos y deben realizar la denuncia.
El trabajo de las cooperadoras es fundamental pero en aquellos colegios donde no existe esta organización, no hay red de contención, ni FUDE, ni ayudas en la compra de material didáctico o en la impresión de las tareas o en el acceso a internet. En la escuela de Carolina Martínez la cooperadora no pudo organizarse, principalmente porque necesitan dinero del que las familias no disponen. Allí todos los alumnos se acercan a retirar sin falta los bolsones y la crisis dejó a varias familias sin trabajo: “Todos los padres limpian casas o son amas de casa o albañiles, si hay algo que no está sobrando es plata”.
Las escuelas con población socio-vulnerable sufren una doble victimización: son las más desprotegidas y a su vez las que menos organización tienen. Las cooperadoras al sumar acciones voluntarias, favorecen al Estado ausente que delega en ellas parte de sus tareas. En donde esta organización no es posible, la desigualdad se vuelve cada vez más profunda y difícil de saldar.
«Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar», dice Ferrario.
El envío al Congreso de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo parecía inminente a principios de marzo, pero poco después el aislamiento social preventivo y obligatorio lo dejó en pausa. Ahora, en plena pandemia y a dos años del rechazo del Senado al proyecto de legalización del aborto, es una incógnita cuándo finalmente volverá a tener tratamiento legislativo. Mientras tanto, en estos meses de cuarentena las mujeres siguen abortando, pero lejos de que sea en un marco enteramente legal, seguro y gratuito, las restricciones a la circulación y la enorme demanda del sistema de salud, producto del coronavirus, han puesto más barreras en el camino.
“Con la pandemia se agudizaron mucho los obstáculos de siempre”, cuenta Julieta Ireizo, integrante de la Regional Oeste de Buenos Aires de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Y enumera un combo que incluye la derivación hacia otras funciones de equipos de profesionales que acompañaban ILE (interrupción legal del embarazo), el endurecimiento de muchos servicios de salud y la profundización de situaciones de violencia obstétrica en los hospitales, sumado a los pedidos de explicaciones policiales, e incluso un aumento de embarazos no deseados, sobre todo en situaciones de violencia de género -que se han agudizado- y por falta de acceso a métodos anticonceptivos. “Hay más barreras, atendemos chicas con mucho miedo de salir de su casa y es muy difícil”, comenta esta médica generalista de Moreno.
Desde Socorristas en Red coinciden en que las dificultades han ido en aumento a lo largo de la cuarentena. “El aislamiento se nota muchísimo en los niveles de ansiedad y de emergencia que muestran las mujeres, personas trans y no binaries que se comunican con nosotras”, señala Eugenia Ferrario, integrante de Socorro Rosa Necochea-Quequén en Socorristas en Red. “Todo se puso más intenso. Antes en el segundo momento del dispositivo de acompañamiento socorrista nos encontrábamos cara a cara y ahora es todo virtual, por videollamada. Muchas están encerradas en sus casas con personas que no saben que van a abortar, me pasó de estar en videollamada con una chica que solo podía responder por sí o por no”, cuenta. Y agrega que le tocó acompañar tres casos de “mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado, y nos escribíamos por whatsapp, no mucho porque no podían hacer mucha luz con el teléfono”.
Sólo durante los primeros dos meses de cuarentena, Socorristas acompañó más de 3.000 abortos en todo el país, afirmó Ferrario; mientras que durante todo el 2019 fueron 12.575 acompañamientos. “En provincias donde ya era un desafío acceder a una ILE, ahora se puso más complejo – agrega la docente de Necochea-. Todos los procesos de crisis recrudecen las condiciones de inseguridad en las cuales se realizan los abortos en la Argentina, y más complicaciones hay por la práctica de abortos inseguros”.
“Hay mujeres que han abortado de noche, con el varón durmiendo al lado», cuentan desde Socorristas en Red.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito difundieron que “en estos primeros meses de 2020 murieron mujeres por aborto, otras entraron en las cárceles y muchas se han visto obligadas a llevar adelante embarazos productos de violaciones”. Entre ellas, tres mujeres fueron presas por abortar en Santiago del Estero y una joven de 22 años falleció tras realizarse un aborto inseguro en Formosa, ambas provincias siguen sin adherir al protocolo nacional de ILE. Recién en las últimas semanas la Ciudad de Buenos Aires aprobó su adhesión en la Legislatura. Sin embargo, fue reglamentada con restricciones por parte del Ejecutivo porteño, según denunció la Campaña: la obligatoriedad de consultas interdisciplinarias para acceder a la ILE, la imposición de un límite de edad gestacional para la realización de la práctica, la habilitación de objeción de conciencia institucional; cosas contrarias a lo establecido por el protocolo nacional.
Desde Nación, en tanto, en el marco de la pandemia se había declarado ya a la ILE y a la provisión de métodos anticonceptivos como servicios esenciales. Un factor clave para el acceso a una ILE es la disponibilidad de misoprostol cuyo precio, sin embargo, no ha hecho sino aumentar de manera sideral: según difundió el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol entre 2015 y 2019 el medicamento subió un 1.280%. En ese sentido, Ireizo señala que “con el cambio de gestión se asumió el compromiso de garantizar las prácticas, hubo una compra muy grande a nivel nacional y también provincial de misoprostol, mucho mayor a años anteriores, pero sigue quedando corta y habiendo faltantes. Estamos esperando que en agosto entre una nueva compra”.
Desde el gobierno bonaerense, en tanto, la jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Sabrina Cartabia, dice que “la Provincia de Buenos Aires trabaja en la provisión de medicamentos – teniendo en cuenta que el misoprostol es esencial según la OMS-; en la capacitación de los servicios para que den respuesta a la demanda de las mujeres; y en que las mujeres y cuerpos gestantes conozcan que tienen derecho a acceder a un aborto, por las causales permitidas en la Argentina desde 1921, según el artículo 86 del Código Penal: cuando la salud de la persona gestante se ponga en riesgo o cuando el embarazo provenga de violencia sexual”. Asimismo, destacó que a partir de la pandemia, “desde el Ministerio de Salud se trabajó en las resoluciones que explican cómo se debe trabajar en el contexto de ASPO y pandemia para el acceso a la ILE y otros derechos sexuales”. También se hizo mucho énfasis desde el Estado nacional en la línea telefónica de salud sexual, cuya demanda se ha incrementado notablemente en los últimos meses.
“La mayoría de los abortos se pueden resolver en casa de forma segura, por lo tanto las pastillas de misoprostol, de las que la Provincia hizo una compra muy grande en marzo, permiten la interrupción del embarazo aún con las limitaciones que impone la pandemia”, destaca Cartabia. “Otra cosa muy importante es que en junio salió por primera vez un folleto oficial del Estado argentino, de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de Nación, explicando cómo se debe realizar un aborto con pastillas, en casa. Es un método seguro, barato y accesible”, añade la abogada feminista. Y apunta que hoy “la mejor manera de tener un contacto directo y exitoso con el Estado es a través del 0800 de salud sexual”.
«En la cuarentena, muchas fueron obligadas a continuar embarazos productos de violaciones”, dice la Campaña.
Que sea ley
El 8 de agosto se cumplieron dos años del rechazo del Senado al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y con la fecha se hizo sentir la consigna de “aborto Legal 2020”. Si bien distintos funcionarios del gobierno nacional –incluido el presidente Alberto Fernández-han repetido en los últimos meses que ya hay un proyecto listo, la pandemia parece posponer cada vez más la presentación formal del proyecto.
“Con pandemia o sin pandemia, la ley para que el aborto sea legal es una deuda enorme de la democracia. A dos años del horror del Senado, cuando votó en contra de nuestros derechos, a todas las que militamos esta causa la posibilidad del tratamiento de la ley este año nos generó mucha ilusión”, expresa Ferrario, y destaca que “con o sin cuarentena, desde Socorristas sostenemos que el aborto tiene que ser legal ya”.
En tanto, Ireizo, de la Red de Profesionales de la Salud, señala que “la ley de IVE tarde o temprano va a salir, hay interés del actual gobierno en que salga, pero no es el proyecto que hemos presentado nosotras desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Una vez que salga, habrá que seguir disputando su implementación, para que no sean los médicos y médicas quienes toman la decisión final, sino que sean las personas quienes puedan ejercer el derecho a decidir por la autonomía de sus cuerpos”.
En plena crisis sanitaria es difícil saber cuándo la marea verde podrá volver a inundar las calles en reclamo de que el aborto sea legal, seguro y gratuito en la Argentina. Mientras, con el sostén que siempre han sido las redes feministas y con un Estado que por primera vez no mira para otro lado, las mujeres siguen abortando, pero con las complicaciones adicionales que el contexto impone para su práctica.
Recurseros
Se puede llamar, pedir información y despejar dudas en la línea gratuita de Salud Sexual de Nación: 0800-222-3444. Por otro lado, también existe un recursero para contactarse con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y otro de la organización Socorristas en Red
Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UCEFI) registró un aumento del 50 por ciento de las causas por delitos informáticos. Algunos de ellos se incrementaron hasta en un 80 por ciento, como en el caso de los cometidos contra la integridad sexual infantil relevados por Anccom la semana pasada.
