Como en Vaca Muerta pero en Buenos Aires

Como en Vaca Muerta pero en Buenos Aires

Un colectivo de periodistas ambientalistas y de artistas crearon una propuesta inmersiva para que el público experimente sensorialmente lo que ocurre con el fraking en la Patagonia argentina. Una apuesta a defender la Tierra desde el arte.

Este mes de septiembre se inaugura Geonnitus, una instalación escultórica, sonora y visual que sumerge al espectador en el mundo de sonidos, sensaciones, vibraciones e imágenes del fracking, la técnica utilizada para la extracción del gas y el petróleo, en la cordillera argentina

Geonnitus, palabra que le da nombre a esta obra, es un neologismo surgido a partir de los ruidos que aturden a la Tierra: el tinnitus que padece nuestro planeta. Ese rugido y esos temblores que se producen cuando la explotan, perforan y presionan para extraer petróleo y gas mediante el fracking. A partir de la unión de fuerzas entre la ONG Periodistas por el Planeta, el Proyecto Eco Eco y el Ciclo Ruido de Experimentación Sonora, esta instalación multidisciplinaria busca despertar sensaciones y promover el diálogo acerca de esta técnica tan nociva para el medio ambiente. Para realizarla, cinco artistas viajaron a la provincia de Neuquén en abril de este año para experimentar por sí mismos y registrar a través de distintos dispositivos lo que sucede a partir de la utilización de esta técnica, prohibida en muchos países y regiones.

“En Periodistas por el Planeta hace seis años que nos dedicamos a narrar la crisis planetaria no sólo en clave periodística, sino que queremos difundir también otras expresionespara hablar de lo que en general se omite” señala Marina Aizen, cofundadora de la organización. Y agrega que con ese objetivo en mente, fundaron el Proyecto Eco Eco junto al colega Pablo Schanton hace dos años.

“Cuando me convocó Marina para hacer proyecto Eco Eco, una de las ideas era pasarse a otros tipos de lenguaje, por ejemplo el artístico. Ahí fue que se me ocurrió convocar a Javier Areal Vélez y a Florencia Curci como curadores en el marco del Ciclo Ruido, y a su vez ellos convocaron a otros artistas para que fueran a Vaca Muerta, experimentaran durante una semana lo que se vive allá e hicieran una obra”, explica Schanton. Los artistas hicieron muchas grabaciones de campo, de video y sonido, con distintos dispositivos para captar, por ejemplo, el sonido del viento y las vibraciones de la Tierra.

La instalación es producto del trabajo de Leonello Zambón, Julián D’Angiolillo, Cecilia Castro, Carlos Lescano y Rodolfo Marqués, artistas provenientes de diversas disciplinas: audiovisuales, sonoras, escultóricas, musicales, multimediales y artes electrónicas. Geonnitusse presenta como un entramado de colaboraciones, un trabajo conjunto y reticular, y no como la obra de alguien. “Me gusta pensar en la lista de constructores de las catedrales góticas. No había un ingeniero, un arquitecto y los obreros, sino que era una especie de sindicato constructivo. Nosotros lo pensamos en esos términos” señala Leonello Zambón, artista multimedia. La obra no busca dar un mensaje de forma explícita, sino que invita a pensar desde diversas sensaciones, estímulos y matices sonoros, táctiles y visuales. En relación a este punto, Zambón reflexiona que “un trabajo artístico no hace un panfleto de algo, sino que abre discusiones, abre formas de mirar. Nuestra intención es esa, no poner el bien y el mal de un lado y del otro sino dar cuenta de la complejidad del mundo, y ahí todos podemos decidir cosas distintas”.

La técnica del fracking consiste en perforar la tierra a 3.000 metros de profundidad para la extracción de petróleo y gas enquistado en la roca madre. A partir de la compresión de un gran volumen de agua, se genera la fractura de arena y químicos que a su vez generan sismos, a veces bastante intensos, que pueden llegar a más de cuatro puntos de la escala de Richter. Se utilizan más de 100 millones de litros de agua que sale contaminada, 12 mil toneladas de arenas silíceas y un cóctel de 40 químicos de alta toxicidad. La gran cantidad de residuos petroleros que salen con material radioactivo termina por acumularse en enormes basureros al aire libre.“Hay dieciocho compuestos orgánicos volátiles sumamente nocivos, como el tolueno y el metano, que emanan de los pozos, de los tanques, de los compresores de gas, de la planta compresora de gas de Tratayén”, remarca Aizen.

La experiencia de Geonnitus es inmersiva y experimental. Se escucha el ruido del agua y del viento, el aire comprimido de los tubos que se utilizan en el fracking, se sienten las vibraciones de la tierra. De repente, la música de corno y trombón llena la sala y acentúa, sugiere y puntualiza emociones. Dos pantallas muestran el paisaje desde ángulos diferentes. Una mezcla de máquinas gigantes y monstruosas, fauna autóctona, caños y más caños, pastizales y mangueras interminables que llegan hasta la costa del río Neuquén.

Florencia Curci, curadora de la obra y directora del Centro de Arte Sonoro, explica que “hay un compresor de aire que está alimentando una serie de tubos que no están exactamente afinados y eso genera sonidos no grabados, similares al que hacen las máquinas, que se pueden escuchar en la obra. También, se activan los percutores que generan vibraciones”.

“La narrativa común es que ese lugar es un páramo, un desierto, pero no lo es. Es un milagro que exista como vida porque llueve muy poco y el viento es impertérrito. Es un milagro intervenido profundamente por el petróleo”, explica con preocupación Aizen, en relación a lo que comúnmente se dice acerca de lugares como Vaca Muerta. Geonnitus pone el acento en ello con total honestidad y crudeza. “La humanidad está imbricada en este mundo de una manera u otra y esa tensión cultural siempre va a existir. Ahora nos podemos correr de esa mirada antropocéntrica y pensar en entidades de distinto tipo. Hay que abrir la discusión para pensar otros mundos posibles, pero claramente sabiendo que estamos en éste. Ahí justamente está la parte más filosa de la cuestión” reflexiona Zambón.

Geonnitus se puede visitar durante cuatro únicas funciones: los sábados 14 y 21 de septiembre de 18 a 21 y los domingos 15 y 22 de septiembre de 17 a 20 en el Espacio Investigaciones del Futuro (IF), Boers 937, Villa Lynch. El primer fin de semana la función contará con la presencia de Javier Grosso, geógrafo que estudia la relación que existe entre los sismos y el fracking. La entrada es libre y gratuita. Para cada función-exploración se pone a disposición una combi con un único horario y con capacidad limitada. Para reservar es necesario comunicarse con las redes sociales.

Abrazo por la memoria y contra los despidos

Abrazo por la memoria y contra los despidos

Los trabajadores del exCentro de Detención Clandestino Club Atlético organizaron un abrazo al sitio de la memoria contra los despidos y el desguace de las estructuras del centro iniciado desde hace días por el gobierno negacionista de Javier Milei.

El horror tiene la mala costumbre de reptar el cuerpo, como una serpiente que asfixia a su presa y la toma por completo. Pararse en un sitio de memoria implica dejar que ese horror histórico suba desde la planta de los pies, que de a poco empiece a ocupar espacio. Primero cosquilleando entre los pelos de las piernas y los brazos, subiendo pausadamente para asentarse en el estómago, para hacerlo pesar y retorcerse. Después, toma la garganta para enredarse en ella y desde allí encuentra la forma de subir hasta los ojos, ojos que se humedecen por demás. Los oídos no son inmunes,
-Y me dijeron, que te diviertas con los gusanos.
Las palabras llegan susurradas a través de un tubo. Son parte de un poema escrito por Dardo S. Dorranzoro, y una susurradora, entre muchas otras, se encarga de hacerlas llegar a los presentes en el abrazo solidario al sitio de memoria y exCentro de Detención Clandestino Club Atlético.
El sol del mediodía se alza alto sobre la autopista pero no consigue inmiscuirse en la escena. La sombra le gana terreno. Desde lo alto, los motores y las bocinas ahogan las voces de los pocos ansiosos que llegaron a horario. Son pequeñas figuras debajo de un gigante de cemento que está haciendo todo lo posible por ocultarlos. Entre el barullo, el recorte generado por las susurradoras se vuelve solemne, la voz toma forma y se independiza, se abre y cede potestad para dejar que la tome alguien más. Alguien a quien hayan desaparecido junto con su voz.

Hay algo imponente en la estructura, en sus columnas anchas de cemento gris, en lo lúgubre del espacio que los banderines colgados no logran alegrar. Huele a tierra y humo de caño de escape, de nuevo los gusanos. Que la autopista circule sobre un ex centro clandestino no es casualidad, como tampoco lo es que haya llevado años de lucha, burocracia y reuniones de ingenieros y arquitectos encontrar la forma de quitar el talud de tierra que mantenía ocultas las celdas en las que estuvieron secuestradas 1500 personas. Hoy la continuidad de las excavaciones peligra.

-En 2023 avanzamos la excavación y vinieron sobrevivientes a reconocer las celdas. La semana pasada se llevaron el trailer que usábamos de oficina, la anterior se llevaron los baños químicos. El desarme es doloroso, no hay baños, hay despidos y hay trabajadores cansados – dice Vanina, trabajadora del Área de Arqueología y Conservación del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos del ExCCDYE Club Atlético, mientras imprime el dibujo de un pañuelo con un stencil de goma. Los entrega en retazos de lienzo.

-Esto termina en el bolsillo de un delantal, colgado de un balcón, en un patio, en un aula. El otro día fui a otro sitio de memoria y había uno ahí. Se ve que alguien me lo había pedido y lo dejó allá, porque comunica y crea un lazo.

Cuesta escucharla porque al sonido de los autos se le suma el de las voces de los asistentes, que ahora son más, y la de Marcela Bublik que está empezando a entonar sus primeras notas.
La gente hace malabares para sostener en las manos un vaso de gaseosa, un chori, el celu y los papeles que van recolectando a lo largo del abrazo. Alguno que otro logra encontrar el equilibrio justo para poder fumar.
Bublik canta y la gente se le suma. Para cuando llega al coro de “Y qué más” la canción se transforma en protesta y muta, la hacen propia.
“Y qué más/ qué más quisiera /que no haya más despidos / y los compas estén de vuelta”.
Las sillas se fueron ocupando de a poco y la suave caída de la tarde hace que los abrigos se vuelvan un problema porque ahora sí pega el sol. Los más chicos corren por el lugar y gritan. Tienen los dedos manchados de tempera. Se ríen y el sonido rebota en el espacio. Se mezcla con la chacarera que comienzan a tocar artistas chilenos que también buscan personas. Al “Cholo” se lo llevó la dictadura de Pinochet, y ahora sus familiares transforman su recuerdo en canción, una a la que los presentes se suman, porque también quieren recordar. Y es un grito y los autos ya no se escuchan, y el sol que se cuela entre los puentes por fin empujó la sombra, no están enterrados, ni tapados, ni escondidos.
Para las seis de la tarde el lugar vibra y varios suertudos sonríen con sus premios de la rifa bajo el brazo. Es entonces cuando los asistentes cruzan Paseo Colón para ir al sitio de la excavación, donde se encuentra una silueta en honor a los desaparecidos y un mural con la cara de todos ellos, quienes fueron secuestrados y desaparecidos en el ex “Club Atlético”. Las celdas donde los encerraron y torturaron están a metros nada más, los ladrillos cómplices se asoman y el horror atenta con reaparecer, el pecho se tensa.

Elia Espen, Madre de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora, recibió toda la tarde las miradas de quienes creen tener frente a sí a un prócer. Pero un prócer no es de carne, no tiene las manos arrugadas ni las venas calcadas a través de su piel traslúcida, el prócer se vuelve inalcanzable. Elia camina pausadamente entre la gente, sobre los restos del lugar donde sufrió su hijo. Se acerca hacía el mural con las fotografías acompañada por dos amigas.
-Mirá, acá está.
Le señalan la foto de Hugo, su hijo, desaparecido. En una inscripción en el lugar se lee 18/02/77. Instintivamente se lleva las manos al pañuelo que lleva en la cabeza, donde la misma fotografía está impresa. Limpia con los dedos la foto del mural, como una caricia, una de todas aquellas que les fueron arrebatadas a ambos. Se lleva la mano a la boca y se la besa, para luego posar aquel beso sobre la cara de Hugo. Luego ella se va, pero son muchos, muchísimos, los otros que se acercan a buscar a sus familiares y amigos en el lugar. El coro invitado comienza a cantar y los familiares prenden las antorchas de la silueta. Para no ser invisibles nunca más, resistir, luchar, cantar.

(…) Que te diviertas con los gusanos
pero olvidaron
de borrar las huellas
que mis pasos marcaron
entre tantas calles y caminos del mundo.
Dardo S. Dorranzoro.

«Hay una comunitarización para resolver el hambre»

«Hay una comunitarización para resolver el hambre»

Ante el retiro de las políticas estatales, los especialistas en investigar la pobreza argentina advierten que hay un proceso de buscar soluciones dentro de las propia comunidades.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA-UCA) la pobreza alcanzó al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5% en el primer trimestre de 2024. Esto se traduce en que 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas de nuestro país se encuentran en situaciones de pobreza.

Las cifras surgen a partir del análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC del primer trimestre de este año. El indicador de pobreza por ingresos, que es el más utilizado en América Latina, consiste en realizar un relevamiento de los ingresos y compararlos con la canasta básica alimentaria que le corresponde a ese hogar según la composición de cantidad de integrantes, género y edad.

En diálogo con ANCCOM, Roxana Mazzola, licenciada en Ciencia Política y especialista en políticas públicas, transparencia, cuidados e infancias en Argentina y América Latina hace más de 23 años, señala: “Las cifras reflejan mucho las políticas que se vienen implementando desde el gobierno nacional en el último tiempo con un enfoque más fiscalista, orientadas a un ordenamiento de las cuentas públicas en función de un ajuste sobre los salarios, las jubilaciones y los sectores más vulnerables sin importar las consecuencias sociales que esto tiene”.

En la misma línea, Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, explica: “El gobierno actual decidió tomar medidas de políticas de shock para ordenar la macroeconomía. La devaluación de casi un 120% se transmitió fuertemente a los precios, como pasa generalmente en Argentina”.

Los datos arrojados por la UCA se suman a los últimos números publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en relación a la actualización de las proyecciones de crecimiento económico para los países de la región. Publicado en mayo, el informe muestra que para este año se espera una proyección de caída económica de-3,1% para Argentina, que se posiciona como el país con mayor decrecimiento económico de toda la región latinoamericana por debajo de Haití, que tiene una proyección de -2,0%.

En este contexto de crisis económica, aceleración de la inflación y aumento de precios, la merma de salarios, jubilaciones y transferencias sociales no es una cuestión menor en el aumento de los niveles de pobreza e indigencia. Los ingresos de las familias no se actualizan a la misma velocidad que la inflación, en el caso de que se actualicen. Además, las transferencias del Estado, las pensiones contributivas y las no contributivas se actualizan cada tres o seis meses. Entonces, cuando hay sacudones muy grandes en relación al aumento de precios como hubo cuando asumió el gobierno de Milei, la población en situación de pobreza e indigencia aumenta.

En términos de desigualdad, no afecta a todos del mismo modo. Hay consecuencias muy grandes en términos de oportunidades de vida y a futuro en aquellos sectores de mayor informalidad laboral: niños, niñas y las madres de familia, las cuales en muchos casos son jefas de hogar, sobre todo en los sectores más vulnerables. “Se adopta un enfoque asistencialista, lo que genera que terminen siendo transferencias de ingresos sueltas, sin articularse con políticas de salud o educación a la par. Esto se produce porque la nación se corre del rol de nivelador de inequidades y deja de preocuparse por determinados tipos de políticas sociales, que pasan a estar a cargo de los gobiernos sub-nacionales, de las provincias y los municipios” señala Mazzola.

En este sentido, explica que estos desplazamientos producen una fuerte mercantilización de determinadas prestaciones, que las familias deben comprar en el sector privado si pueden. Y agrega: “Por otro lado se produce una comunitarización, es decir que las organizaciones sociales o los gobiernos locales tienen que ver cómo resolver el hambre en un barrio determinado, y al interior cada familia tiene que ver cómo lo resuelve también. Son procesos de fuerte individualización, que generan un proceso de ruptura del lazo social. Hay todo un sistema de bienestar que está en crisis”.

En nuestro país el problema de la pobreza a nivel estructural persiste en la agenda pública hace más de veinte años. “En Argentina el nivel de incidencia de la pobreza en la población es muy elevado y nunca representa una cifra menor al 25%, en la que 1 de cada 4 argentinos estuvo en una situación de pobreza en los últimos veinte años”, remarca Donza. Y agrega: “Mejoró mucho después de la crisis del 2001, hubo mejoras muy importantes hasta el año 2008-2009 y luego se estanca. Actualmente, hay un 25/26% de la población que constituye el núcleo duro de la pobreza”.

Frente a este panorama desolador, tanto Mazzola como Donza concuerdan en que es sumamente necesaria la continuidad de las transferencias sociales articuladas con políticas públicas en materia de salud y educación para amortiguar el nivel de pobreza. “Las transferencias no contributivas del Estado (Asignación Universal por Hijo, Tarjeta Alimentar) son estrictamente necesarias. Sin ellos, estaríamos por arriba del 70% de pobreza” señala Donza.

“En un formato federal como el nuestro, todas las teorías del federalismo fiscal te demuestran que en programas de ingresos la nación nunca puede correrse de ese rol de sentar directrices y de transferir de modo diferente teniendo en cuenta esas heterogeneidades territoriales y desigualdades”, explica Mazzola. Sin embargo, no constituyen la solución. Es necesaria la generación de empleo genuino para lograr mayor crecimiento económico, y el aumento de salarios y jubilaciones.

“Hace un tiempo largo que Argentina no crece, más allá del gobierno actual. En el último tiempo lo que se produjo es un proceso de agravamiento de la cuestión social. Si no tenés crecimiento económico, recomposición de salarios y jubilaciones y no hay actividad económica, las consecuencias son graves en términos sociales”, señala Mazzola. Por su parte, Donza remarca: “Necesitamos políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y empleo de calidad, y que sean consensuadas con los actores de la producción y el trabajo para dar un giro importante con respecto a la pobreza e indigencia. Hay que producir más no solo en volumen sino en una calidad y tipo de bienes que sean exportables para dar vuelta la balanza comercial”.

No existen soluciones mágicas. Si los precios suben por ascensor y los salarios por escalera, es más que necesario generar consensos como país y estrategias de desarrollo que sean sustentables y sostenibles en el tiempo.

Criminalización de la protesta en Chubut

Criminalización de la protesta en Chubut

Seis personas que se manifestaban contra la aplicación del RIGI en la provincia fueron judicializados. También periodistas de medios sociales de comunicación.

Seis ambientalistas fueron denunciados por el vicegobernador de Chubut Gustavo Menna y otros dos diputados de Juntos por el Cambio por amenazas e incitación a la violencia en el marco de las protestas en contra de la adhesión al Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI).

 El pasado 15 de agosto se aprobó en la Legislatura chubutense la adhesión de la provincia al RIGI, un nuevo hecho que se suma a las razones de la histórica lucha de los grupos ambientalistas contra la megaminería y la explotación de los recursos naturales en la región.

En el transcurso de esa jornada, un pequeño grupo de manifestantes se acercó a las inmediaciones del lugar para expresar su descontento por esta decisión, y se encontró con un fuerte dispositivo policial que rodeaba la Legislatura. Fue durante el cuarto intermedio, alrededor de las 17, que se dio un acalorado intercambio entre los ambientalistas y los diputados Luis Juncos y María Andrea Aguilera, que en ese momento estaban comiendo en un bar en las cercanías.

Este hecho resultaría en la denuncia de ambos legisladores, más tarde ampliada por el vicegobernador Menna, hacia seis personas: Noelia Silva, Aníbal José Aguaisol, Vilma Beatriz Pérez, Iván Alejandro Marín, Bettina de Fátima Granillo y Luis Alejandro González. La mayoría de ellos son comunicadores sociales y activistas conocidos en la provincia.

Con un buen número de policías que lo rodeaba, y la grabación de una de las imputadas que se encontraba transmitiendo en vivo lo que sucedía, este grupo manifestante se acercó a la mesa de los diputados para comentar las implicancias del proyecto que acababa de ser votado. Y ante las respuestas negativas de los legisladores, y la creciente rispidez de la discusión, es que deciden dar por terminado el conflicto y retirarse tranquilamente del lugar por entre medio del cuerpo policial.

Entre los delitos que se les atribuyen se encuentra la incitación a la violencia, amenazas y la privación de la libertad y agresión a una menor de edad, hija de la diputada Aguilera. Esto fue repetido por muchos de los medios locales más importantes, que se empeñaron en señalarlos como culpables.

En diálogo con ANCCOM, Noelia Silva, una de las imputadas, comentó: “Obviamente lo que ellos denuncian no sucedió. Nosotros ingresamos estando la policía ya adentro del local y salimos completamente tranquilos, lo que demuestra a las claras que no hubo ningún delito en flagrancia, ni ninguna situación de violencia”.

Ante este hecho, se dictaminó una orden de prohibición de acercamiento a los acusados a 500 metros de la Legislatura, los diputados Aguilera y Juncos, y la menor involucrada. Esto, como mencionó Noelia, afecta directamente a la profesión de los imputados: “Entendemos que esto tiene que ver con acusar específicamente a los que somos comunicadores, como una especie de censura para que no podamos acceder a lugares estratégicos”.

Entre los ambientalistas acusados se encuentra el fotoperiodista y psicólogo Aníbal Aguaisol. “Soy licenciado en Psicología y trabajo en el Hospital de Rawson, que está a escasos 200 metros de la Legislatura. A mí me coartaba la posibilidad de poder ejercer mi trabajo”, dijo a esta agencia. De todas maneras, la orden fue posteriormente recurrida por los acusados, que consiguieron recortar el alejamiento a sólo 50 metros.

 

Modus operandi 

Este tipo de situaciones no forman parte de un hecho aislado sino que a lo largo de los últimos años en la provincia de Chubut los sucesivos gobiernos han realizado numerosas denuncias a grupos ambientalistas, que en su mayoría evolucionaron hacia la inocencia de los implicados.

En diciembre de 2021 hubo en toda la provincia durante una semana una sucesión de paros, manifestaciones y represiones en el marco de la aprobación de la Ley de Zonificación Minera, que permitía el extractivismo y la megaminería en la región, a pesar de la existencia de normativas previas que lo prohibía. Este suceso se saldó con numerosos vecinos imputados con delitos de obstrucción o de provocar incendios, entre otros.

Hoy son ocho los que aún quedan procesados. El pasado 22 de agosto, la jueza penal de Comodoro Rivadavia María Laura Martini resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba de los acusados. Este hecho provocó un ardid mediático dentro de la provincia y alrededores con el fin de desacreditar la figura de la misma jueza y repudiar su accionar.

“El Chubutazo”, como es denominado popularmente fue, en palabras del diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Santiago Vasconcelos, “una de las máximas expresiones en materia de lucha en defensa del ambiente”, donde una enorme pueblada sin precedentes consiguió derrotar el intento de introducir ilegítimamente la megaminería en la provincia.

El diputado agregó que “hubo una represión salvaje, y ahora hay una persecución en términos judiciales a  los vecinos que participaron en las revueltas”. De eso se trata la estrategia que tomó el gobierno de Mariano Arcioni, y que continúa el actual gobernador Ignacio Torres. “Es vergonzoso cómo se alineó el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y el cuarto poder que es la prensa en contra de un grupo de vecinos para criminalizar la protesta y correr el eje”, apuntó.

Vasconcelos describió que “se hizo toda una campaña con todos los medios ligados al oficialismo y con el peso del Estado para criminalizar la protesta, porque además ni a los vecinos ni a mí nos llamaron para contar nuestras distintas versiones”.

Lo que se cuenta en los principales medios de Chubut es sólo una parte de la historia, mientras que sistemáticamente han ido silenciando la otra. Los mismos vecinos entrevistados comentaron que todo este “circo mediático” ha provocado una tendiente ola de descreimiento hacia estos medios por parte de la población general.

De todos los casos judiciales ninguno ha prosperado lo suficiente como para dar la razón al discurso del oficialismo. Sobre el caso de las protestas en contra del RIGI, Aguaisol expresó: “Estoy convencido de que esta denuncia no va a prosperar porque no hay elementos que permitan que esto se sostenga. Lo que preocupa es la utilización de la justicia para proscribir a comunicadores como es mi caso”.

Las continuas luchas por la protección del medioambiente en Chubut están lejos de cesar, la nueva adhesión al RIGI es prueba de ello. “Esto es la devastación total por treinta años, que la decide un gobierno que lo debate por una hora y que tiene un mandato por cuatro años”, explicó Silva. “Se entregan todo tipo de bienes, por mar, tierra y por subsuelo; mata a todas las industrias”, añadió.

Esta decisión implica dejar el ecosistema de la provincia a merced de las intenciones de la megaminería, y atenta contra las vigentes leyes medioambientales, que fueron en su momento importantes conquistas para los vecinos chubutenses. “La ley a la que se está adhiriendo establece que cualquier ley provincial que impida algún proyecto es nula y que cualquier litigio se resuelve en tribunales”, agregó el diputado Vasconcelos.

Y son muchas las consecuencias que ya ha provocado la megaminería en Chubut. El Lago Colhué Huapi, por ejemplo, al sur de la provincia fue secado casi en su totalidad por factores extractivistas. Grandes crisis hídricas azotan los campos de la provincia hace muchos años, y comprometen también el normal desarrollo de la vida de muchos vecinos que durante el verano tienen que sobrellevar épocas de duras sequías que los obligan a buscar nuevas formas de abastecerse de un recurso tan indispensable como es el agua.

 

Los trabajadores de prensa reclaman un salario por arriba de la línea de pobreza

Los trabajadores de prensa reclaman un salario por arriba de la línea de pobreza

Tras meses de negociaciones fallidas y aumentos adeudados, SiPreBA intenta negociar salarios dignos. Un redactor hoy cobra por debajo de la línea de indigencia.

Como resultado de la crítica situación económica nacional, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) reclama el aumento de los sueldos base de sus representados. Esta semana se realizaron audiencias paritarias que el gremio considera insuficientes, por lo que convocó a nuevas asambleas en los medios para discutir los pasos a seguir en pos de una recomposición salarial.

Ailín Bullentini, delegada de Página/12, comentó: “Estamos negociando el segundo trimestre del período que corresponde al año 2024 y 2025. Empezamos con un sueldo básico de $328.000 para la categoría de redactor, en bruto, por debajo de la línea de indigencia y sin los adicionales que pueden ser antigüedad, refrigerios y esas cosas que están estandarizadas pero tienen ciertas diferencias entre cada empresa y que se calculan sobre ese básico, por lo cual, todo es muy precario”.

Bullentini agregó: “Hasta octubre del año pasado, en la mesa a negociar paritarias se sentaba la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), que no tenía absolutamente ninguna representatividad entre los trabajadores y trabajadoras de prensa escrita pero que se llevaba muy bien con las cámaras y que firmó, año tras año, acuerdos muy a la baja y es, en parte, responsable de nuestra pérdida de poder adquisitivo”.

Posteriormente, “el SiPreBA arrancó a negociar y, por supuesto, esto no le cayó para nada bien al sector empresario porque no les iba a ser tan fácil cerrar una negociación paritaria. Los últimos años la han cerrado con dos audiencias sin ningún tipo de consulta a las bases ni de resistencia. Lo que proponían las empresas se firmaba y chau. En paralelo, gana Milei las elecciones y, esta política de ajuste feroz que prometía y que finalmente cumplió, le cae muy bien sobre todo a las empresas periodísticas que es un sector que se complejizó más aún con el cierre de la pauta oficial”, describió la delegada.

Por su parte, Ignacio Petuchi, delegado del diario Ámbito Financiero, contó que en su medio “el aguinaldo lo abonaron en tres cuotas, la primera en junio, la segunda en julio y la tercera el 23 de agosto. Nosotros veníamos haciendo medidas de fuerza porque hubo un mes que de la nada llegó el cuarto día hábil y nos avisaron que no iban a estar los sueldos acreditados. Automáticamente llamamos a asamblea e hicimos paro por tiempo indeterminado hasta que se cobre la totalidad del sueldo. El problema se repitió en los meses siguientes, aunque últimamente los paros eran por horas debido a cierto desgaste.

“Llegó el cuarto día hábil de agosto y empezaron a llegar los telegramas de despidos, además nos habían descontado un montón de horas, a mí me descontaron un cuarto del sueldo, por todos los ceses de tareas que habíamos hecho. Nos pusimos a disposición de los compañeros y ellos no decidieron iniciar ningún proceso de lucha sindical, sino más bien judicial, y finalmente quedaron todos desvinculados”, agregó Petuchi.

Sobre lo difíciles que se vuelven las negociaciones, Bullentini contó: “Nos costó mucho la negociación de enero a abril, algunas empresas, como Página/12, estuvieron cuatro meses sin dar ni un punto de aumento. Otras sí, pero en la negociación paritaria colectiva se mostraron muy duras. Tanto, que la cámara, AEDBA (Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires), la que nuclea a diarios como La Nación, Clarín, Página/12, Perfil y otros, no quisieron firmar acuerdo, de hecho se retiraron de la negociación paritaria poniéndola en riesgo”. Si bien aclaró que “no se retiraron del todo, porque participan de las reuniones pero no quisieron poner su gancho, por lo cual, para algunos trabajadores no era tan dañina la situación porque individualmente, puertas adentro, esas empresas dieron aumentos, incluso más que lo que se firmó en ese acuerdo, pero otras como Perfil o Página/12 nos ha costado mucho cobrar. De hecho, en Página/12 todavía no cobramos los aumentos que se firmaron para el primer tramo de 2024 y 2025: mayo, junio y julio”.

 

Divide y reinarás

La delegada de Página/12 también denunció: “El medio está queriendo partir la organización gremial hacia dentro con beneficios para aquellas persona que no participan ni se sindicalizan. Pagos extras, aumentos que no nos dan a nosotros se los dan a ellos. Lo hizo siempre, pero en los últimos tiempos se acrecentó porque creció la conflictividad”.

“La situación sigue siendo muy difícil porque AEDBA ahora están jugando a ir dividida. Hay dos ofertas, una mala y otra peor, entonces nos obliga a nosotros a rechazar una oferta que es mala pero que ayudaría a la situación de los compañeros y compañeras en pos de presionar al resto de las empresas que, por otro lado, si bien no ofrecen nada en la negociación paritaria, sí ofrecen de manera individual. Clarín está dando aumentos todos los meses, pero en la negociación paritaria se niega a firmar un acuerdo”, explicó Bullentini sobre las estrategias empresariales. “Es muy difícil porque complica mucho la movilización y organización porque las personas tienen, en esta situación de precariedad, de salarios de hambre y de multitrabajo, el cuerpo muy cansado y la cabeza muy desgastada. El pluriempleo precario ya ronda la locura, estamos con dos o tres laburos, en algunos casos de otra cosa, superponiendo tareas. Cuesta mucho que los compañeros y compañeras comprendan que de esta situación se sale con el cuerpo en la calle, lo único que quieren es un poco de paz. Si aparece algo de guita para poder estar un poco más tranquilos, no van a ponerla en riesgo. A todo esto hay que sumarle que no hay laburo de periodista, los que hay son pésimos, entonces también uno tiene cierto temor de quedarse sin trabajo”.

Sobre la precarización laboral, Bullentini comentó que “colaboradores y colaboradoras hay muchos y es muy difícil organizar ese sector, en Página/12 están cobrando por una nota A que es la más importante en la página, 13 mil pesos brutos. ¿Cuántas notas tenés que hacer o en cuántos medios tenés que trabajar para que te resguarde de la pobreza?”. Por eso recalcó que “para nosotros fue muy importante que el SiPreBA logre el reconocimiento que se merece porque es el sindicato que tiene representación en las redacciones y es nuestra voz ahí. Por supuesto que no es gratis, pero lo vamos a sostener con lucha”.

Gabriel Castelli, delegado de Crónica, opinó que “el Ministerio de Trabajo nunca funcionó de manera eficaz para ponerle los puntos a las empresas en lo que respecta a normalizar las contrataciones. Hoy, devenida en secretaría, mucho menos”.

Luis Autalán, también de Bae Negocios, diario del grupo Crónica, comentó :“En la era del macrismo, quedamos con expedientes pendientes después de 22 audiencias. Ahora, uno de los reclamos para el que no tenemos agenda prevista porque no nos otorgan la audiencia, tiene que ver con que, en su momento, Massa dio un bono de 40 mil pesos para quienes no cobraran más de183 mil. Hay empresas que no lo abonaron y la vía de reclamo es la Secretaría de Trabajo, que no nos atiende”.

Castelli, del mismo medio, añadió: “El empresario la cuenta que hace es ‘si contrato pibes que viven con mamá y papá, no pagan alquiler, entonces con lo que yo les pago les alcanza’. Hacen esa ecuación maldita, que es horrible, pero nos lo han planteado en algunas ocasiones. No deberían hacer esa cuenta, sino pagar un salario acorde, como mínimo, a la canasta básica. Los empresarios te dicen que les está yendo mal y que no están facturando, la realidad es que al empresario que no le camina el negocio, lo corta y arranca de nuevo con otra cosa. Son medio mentirosos en ese sentido”.

Autalán agregó que “ellos al sueldo lo consideran una pérdida y no es así, hay una contraprestación”. Por otro lado, destacó que “la famosa batalla cultural, que en realidad es una guerra, hace que hoy haya compañeros que piensen que vos no sos un delegado, vos sos un empleado de ellos. Ahí se pierde un concepto básico que es la solidaridad, es antipático decirlo pero en algunos casos pasa y duele. Ser delegado es hacerte cargo de la realidad de tus compañeros, de los que querés y de los que no querés, y de sus familias”.

Autalán mencionó que, a pesar de todo, “tenemos un gran atributo que no es nota de tapa: de alguna manera trabajamos de lo que nos gusta. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mercado laboral mundial, no llega al 11por ciento la cantidad de gente que realmente trabaja de lo que le gusta. No hay periodistas por obligación”.

Presentaron un informe latinoamericano sobre represión a la protesta

Presentaron un informe latinoamericano sobre represión a la protesta

Veintitrés organizaciones defensoras latinoamericanas elaboraron “De pies a cabeza. El uso letal de las armas menos letales en las protestas sociales» que analiza la represión a la protesta en el continente.

El miércoles 28 de agosto, mientras la Policía Federal golpeaba a los jubilados y jubiladas en el Congreso, no muy lejos de ahí se presentaba el informe “De pies a cabeza. El uso letal de las armas menos letales en las protestas sociales en América Latina”, con un panel organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y Temblores ONG, de Colombia. Los oradores fueron Victoria Darraidou del CELS; Alejandro Rodríguez de Temblores ONG; Felipe González, oficial de derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y Gina Romero, relatora de libertad de reunión de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Este documento recupera el trabajo realizado por 23 organizaciones y fue presentado el 9 de noviembre del 2023 en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar y demandar controles y regulaciones sobre el uso de las “armas menos letales”. El escrito releva y sistematiza patrones de un ejercicio  criminal al emplear estas armas en contexto de protestas sociales. El informe se refiere a las que tienen características que sin ser de fuego revisten letalidad en su uso: gas pimienta, balas de goma, camiones hidrantes. 

Quienes las producen, comercializan y las usan se refieren a ellas como “armas no letales”. Bajo esta idea de menor letalidad es que se produce un uso extendido y desregulado, en contextos de protesta social, de estos armamentos. A su vez, se da en un marco en que los gobiernos de la región que ven a la protesta social y a la expresión de manifestarse en la calle como un delito y estigmatizan a que quienes protestan caracterizándolos como violentos y terroristas, a quienes es necesario reprimir y desorganizar.

El estudio nace de una preocupación compartida por distintos países de la región que observan cómo los Estados no están garantizando los derechos y garantías de huelga, reunión y protesta. El texto también hace hincapié en cómo los gobiernos adquieren estas armas, en cómo el uso de fuerza es más letal según la población a la que se reprime, que el uso masivo de estas armas genera un uso indebido en donde muchas veces no existen protocolos de uso y la capacitación es casi nula.

También, es notorio como desde los gobiernos no se producen cifras sobre las víctimas de estas armas, sean muertos o heridos. En síntesis, quienes elaboraron el informe reclaman la necesaria rendición de cuentas por parte de quienes monopolizan el uso de la fuerza. 

Al finalizar la presentación se abrió el micrófono a dudas, consultas, preguntas y debate. Entre quienes tomaron la palabra estaba Amy Booth, periodista del Buenos Aires Herald especializada en política, derechos humanos y desarrollo global en América Latina, quien se preguntaba sobre qué rol tendría que asumir la prensa en este contexto. Mientras que Matias Molle, diputado del frente Unión por la Patria, consultaba sobre si existían ejemplos de buenas prácticas de estas armas. A su vez, otro participante del público abrió el debate en torno al concepto empleado por los expositores durante la charla, el de pacificidad de la protesta. 

En cuanto al rol del periodismo los panelistas resaltaron el valor del fotoperiodismo para atestiguar los hechos ocurridos y las violencias ejercidas por parte de las fuerzas policiales hacia los ciudadanos que ejercen su derecho a huelga. También subrayaron la importancia de las narrativas públicas que se realizan en torno a la protesta, porque muchas veces se crea una especie de profecía autocumplida en donde estos estereotipos que se crean en primer instancia a nivel discursivo luego buscan ser convertidos en realidad.

Con respecto a ejemplos de buenas prácticas de las armas menos letales, los oradores nombraron a Ecuador como un buen ejemplo en cuanto a una regulación que tiene en cuenta muchos de los contenidos de  los tratados a nivel global en cuanto a derechos humanos.

Sobre el concepto de pacificidad de la protesta se dio un intercambio entre los expositores y el público en donde se preguntaron: ¿cuándo una protesta deja de ser pacífica? Y si dejara de serlo, ¿qué pasaría? ¿Cuál debe ser el accionar de las fuerzas policiales frente a ello? Y, en relación al rol de la prensa titulando noticias con expresiones como “Grafitti violento», el interrogante fue: “¿Qué es violencia, un grafiti?” 

La organizaciones que elaboraron el informe

Las 23 organizaciones que participaron de la elaboración del informe son: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Temblores, Colombia; Justiça Global, Brasil; Terra de Direitos, Brasil; Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Colombia; ILEX Acción Jurídica, Colombia; Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas, Colombia; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colombia; Observatorio Ciudadano, Chile; Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, Chile; Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos, Chile; Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador; American Civil Liberties Union (ACLU), Estados Unidos; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Honduras; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México;Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú; Kilómetro 0, Puerto Rico; Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela; Omega Research Foundation; Amnistía Internacional; Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).