Destacado 4 | ANCCOM

A ocho años del asesinato de Rafael Nahuel continúa el reclamo por justicia

Nov 27, 2025 | DDHH, Destacado 4

A pesar de que los responsables materiales fueron condenados, aún deambulan en libertad. Mientras tanto, los familiares de la víctima fueron declarados terroristas, perdieron las AUH y les cerraron sus cuentas bancarias.

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Rafael Nahuel tenía 22 años cuando fue asesinado de un disparo por la espalda durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, en el marco de un desalojo ordenado sobre el territorio donde la comunidad Lafken Winkul Mapu había recuperado su territorio desde meses antes. Aquel disparo, efectuado tras un operativo que incluyó más de un centenar de tiros con munición de plomo, marcó uno de los episodios más graves de violencia estatal de la última década. Ocho años después, la herida sigue abierta.

En este nuevo aniversario, María —tía de Rafael y una de las figuras más activas en el reclamo de justicia— lo recuerda entre bronca e impotencia: “Es tan injusta la vida, es tan injusto lo que le pasó a Rafita. Hasta hoy no hay justicia. Él ya no está y el que lo mató sigue caminando libre”.

A lo largo del año, la causa judicial tuvo algunos avances. En julio se confirmó la condena contra los cinco prefectos responsables del crimen: Sergio Cavia, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García. La Cámara Federal ratificó lo determinado por el Tribunal Oral Federal de General Roca, que consideró probado que los uniformados cometieron “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, con exceso en la legítima defensa”. Sin embargo, aunque la sentencia marcó un precedente relevante, para la familia y los organismos de derechos humanos el fallo es insuficiente: no responsabiliza a quienes dieron las órdenes políticas y operativas que derivaron en la represión.

Aun así, la misma Cámara habilitó la revisión de las penas –originalmente de entre cuatro y cinco años–, lo que podría generar una reducción. Mientras tanto, ninguno de los condenados está detenido. El dato contrasta con la rapidez con la que se aplican medidas restrictivas contra integrantes de comunidades mapuches en la región.

En aquel momento, la entonces ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, respaldó sin matices el accionar del Grupo Albatros. “Le damos a la versión contada por la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad”, dijo en conferencia de prensa.

En paralelo al avance del caso por el asesinato, la comunidad Lafken Winkul Mapu enfrentó este año su segundo juicio penal por usurpación y seis miembros fueron condenados. El hostigamiento judicial sobre el lof se profundizó aún más cuando siete de sus integrantes –entre ellos María– fueron incluidos en el listado oficial de “personas vinculadas con actos de terrorismo”, una herramienta administrativa que no requiere decisión judicial y que implica severas consecuencias económicas y civiles.

“Nos llaman delincuentes, usurpadores. Sabemos que a Rafita no lo vamos a recuperar más, pero ojalá pudiéramos tener justicia. No sé si alguna vez el pueblo mapuche la tendrá”, dice María, que perdió la Asignación Universal por Hijo tras ser incorporada a esa lista. Además, tanto a ella (que sufrió un ACV luego de la muerte de Rafael) como a uno de sus hijos les quitaron la pensión por discapacidad. Y como consecuencia directa de esa clasificación, varios miembros de la Lof quedaron sin acceso a sus cuentas bancarias: automáticamente fueron bloqueadas por decisión de entidades financieras obligadas a cumplir la normativa.

Muertos civiles

Gustavo Franquet –de la Gremial de Abogados y Abogadas, entidad que representa a la comunidad– explica que la medida responde a una decisión política: “Los han incluido sin ningún argumento. Listan hechos de todos los conflictos que puedan imaginar de todas las comunidades en un periodo de quince años, incluso causas que terminaron en absoluciones. La sola inclusión obliga a las empresas financieras a cerrar cuentas. Para Bullrich, todos los mapuches son terroristas”. También advierte que la lista no es revisada por el Congreso ni por el Poder Judicial. “No hace falta ni siquiera estar imputado”, agrega.

Esa decisión administrativa tiene efectos concretos en la vida cotidiana. María cuenta que incluso visitar a su hijo se volvió un desafío. Juan Pablo Colhuan, lonko de la comunidad, está detenido desde octubre en la unidad penitenciaria de Rawson por usurpación de tierras y otros hechos atribuidos desde 2017 en adelante. Según Franquet, debía ser trasladado a Esquel, pero el Ministerio dispuso su reubicación en Rawson, donde las condiciones de vida son más estrictas. “No tiene relación con la acusación”, señala el abogado.

Colhuan es hermano de la machi Betiana Colhuan, autoridad espiritual de la comunidad. Sus integrantes fueron condenados por la usurpación del predio que Betiana había identificado como territorio ancestral dos meses antes del asesinato de Rafael. Ese contexto explica por qué jóvenes y adultos del Lof permanecieron dispersos en la montaña durante el operativo de 2017. Rafael llegó al lugar para asistirlos: llevaba comida y abrigo. No estaba armado. Ninguno lo estuvo. En el lugar del hecho se encontraron únicamente piedras y una lanza ceremonial.

El Grupo Albatros disparó entre 114 y 129 veces con munición de plomo, utilizando pistolas 9 milímetros y subfusiles MP5. La investigación determinó que Rafael fue perseguido montaña arriba y baleado desde atrás. Su muerte ocurrió en el marco de una campaña de estigmatización contra el pueblo mapuche, sostenida desde sectores del gobierno nacional y replicada por medios de comunicación. El hecho coincidió además con un clima social marcado por la conmoción que rodeó la muerte de Santiago Maldonado, desaparecido durante una represión de Gendarmería y encontrado sin vida semanas después. El día que asesinaron a Rafael, el cortejo fúnebre de Maldonado atravesaba Esquel.

A ocho años, la cacería judicial y administrativa sigue más activa que nunca. María lo vincula directamente con la política del gobierno de Javier Milei: “Nos dicen terroristas, nos meten presos y nos matan por la espalda. Es increíble que ya hace ocho años Rafita no esté entre nosotros y sigamos sin justicia. Este gobierno no hace cumplir las leyes”.

También habla del dolor que atraviesa a la familia: “Rafita era muy joven, con muchas ganas de vivir, y se la quitaron en un segundo. A veces recuerdo su sonrisa y esa última conversación en la que le dije que no fuera. Me dijo: ‘Voy a ir porque mi familia está arriba; tengo que llevar comida’. Eso fue lo último que escuché de él”.

Las consecuencias del desalojo siguen marcando la vida de los niños de la comunidad. María lo cuenta con tristeza: “Los niños llegan al lugar y quieren su ruca (casa). Se acuerdan de todo. Juegan actuando lo que pasó ese día. Nadie de derechos humanos vino a preguntar cómo quedaron después del desalojo. El mayor tiene once, los más chicos siete. No pueden vivir en paz”. También denuncia el robo de animales –caballos, gallinas, toros y una vaca preñada–, además de herramientas, máquinas de coser, ponchos y elementos de la vivienda de la machi. “Duele que nos digan usurpadores cuando todo lo que teníamos lo perdimos. No era nada robado. Todo se compró con trabajo”, dice.

Sobre el Gobierno actual, María agrega: “Le roba a los pobres para darle a los ricos. A nosotros nos detienen por nada y nos sacan lo mínimo que tenemos. Ojalá algún día se reconozca todo el daño que nos hicieron a nuestros mayores. Nosotros estábamos primero. Defendemos el agua, los ríos, las montañas. No estamos en contra de la gente que viene a vivir, estamos en contra del Estado que viene y nos asesina”.

María también describe las dificultades para ver a su hijo detenido: “Si me dejaran, me iría a dedo. Solo quiero verlo y darle un abrazo. No hizo daño a nadie. Luchó por un territorio donde se levantó una machi, que nos costó muchísimo. Solo queríamos vivir como mapuches”.

El testimonio de Franquet aporta una lectura jurídica y política sobre el futuro de la causa: “Estoy seguro de que los prefectos que asesinaron a Rafael, con este gobierno, no van a ir presos un solo día”. El abogado recuerda que los propios Albatros reconocieron haber ingresado con armas de guerra cuando el predio ya estaba desalojado: “Declararon que cuando les tiraron piedras empezaron a disparar. A Rafael lo mataron por la espalda. Todo quedó claro en el juicio”.

Hoy, la comunidad sigue reclamando justicia. En Villa Mascardi, las marcas de la represión permanecen visibles. La muerte de Rafael Nahuel no fue un hecho aislado: se inscribe en una política sistemática de criminalización del pueblo mapuche. Para su familia, su ausencia es un duelo que se renueva cada día, pero también un motor para seguir reclamando. “Él siempre va a caminar entre nosotros espiritualmente”, dice María. “Lo que más queremos es verdad y justicia. Nada más”.

El miércoles por la tarde, bajo la consigna “verdad y justicia por Rafael Nahuel: de Roca a Bullrich, el Estado es responsable”, se realizó una manifestación en el Monumento a Julio Argentino Roca, entre Diagonal Sur y Perú, Ciudad de Buenos Aires. En el encuentro se pidió “justicia por Rafita” y “castigo a los culpables”. Y se cerró con la directriz: «Amulepe taiñ weichan», una frase en mapudungun que significa «nuestra lucha continúa».

«El actual neoliberalismo conduce a la desaparición de la política y la sociedad»

Nov 25, 2025 | Culturas, Destacado 4

Pilar Calveiro presentó «De matar a dejar morir: biopolíticas de selección de la vida», un ensayo en el que asevera que, con la pandemia como punto de inflexión, ejerce el poder en el mundo un neoliberalismo más radicalizado y autoritario que practica “un tránsito hacia el exterminio de grupos de población considerados contaminantes».

“No estamos frente a un fascismo, ni un neofascismo, ni un nazismo; creo que estamos ante otra cosa”, enfatizó la doctora Pilar Calveiro en la presentación de su último libro, De matar a dejar morir: biopolíticas de selección de la vida, en el Centro de Documentación e Investigación de Cultura de Izquierdas (CeDInCI). Es un trabajo que se suma a una larga trayectoria dedicada al análisis de la violencia política, esta vez enfocada en la época actual: “Lo que está en el centro no es ni más ni menos que la lucha por la vida”, agregaría.

El título del libro remite a las políticas de “administración y selección de la vida” que identificaría al actual ciclo político en contraste con la exterminación activa del nazismo y las dictaduras latinoamericanas. Se trata de “estas prácticas de selección de la vida que provocan la muerte de millones de personas por distintas formas de exclusión: por hambre, por enfermedad, por distintas prácticas que, sin embargo, no las matan; las dejan morir. Es un procedimiento más sordo, pero menos costoso, tanto en términos económicos como políticos”, plantearía la autora en su ponencia.

El edificio del CeDInCI no tiene un cartel en la entrada. Son apenas dos timbres frente a un portón negro en una fachada elegante de San Nicolás. Adentro, un pasillo blanco con zócalos de mármol flanqueado de posters, cuadros y vitrinas. Están la máscara mortuoria de José Ingenieros y una primera edición de El hombre mediocre. El auditorio queda subiendo una escalera de reja metálica, entrando a un salón con piso de madera rojiza y asientos de cuero color granate. Había gente sentada en los pasillos.

“No logré que Pilar Calveiro se sentara acá”, bromeó la periodista Ana Cacopardo, que ocupaba el centro de la mesa. A la izquierda de Cacopardo se sentaba Luciana Bertoia, politóloga y periodista especializada en derechos humanos. A su derecha, Pilar Calveiro, la autora homenajeada, se perfilaba como evitando acercarse a su micrófono.

En su presentación, Cacopardo enumeró las cuatro principales tesis del libro: la primera, que no estamos ante una nueva versión del fascismo o del nazismo, sino ante un neoliberalismo autoritario y radicalizado; la segunda, el tomar como concepto llave la biopolítica; la tercera, que “la actual organización del neoliberalismo se orienta y conduce a la desaparición de la política y la sociedad”; la cuarta, situar a la pandemia como “el momento en que empezó a gestarse la desaparición de lo social”.

Bertoia, por su parte, planteó de entrada una síntesis del libro: “Pilar nos ayuda a pensar cómo las tecnologías del poder pasan de ayudar a dar muerte a dejar morir”. A lo largo de la conferencia, sus intervenciones tendrían un tono más proyectivo: “Nominar el proceso que estamos viviendo también nos permite diagnosticar y buscar formas de resistir”, afirmó. La escritora, mientras tanto, se mantenía escorada en una gestualidad de escucha activa.

“¿Por qué Pilar está diciendo lo que dice?”, se preguntaba Bertoia, “Porque es una luz que relampaguea. Para abrir los ojos: las soluciones totalitarias, como dice Arendt, sobreviven al totalitarismo. Y el objetivo final del totalitarismo es reducir al ser humano a lo biológico, nada más”.

Poder y desaparición

Ésta pregunta, “¿Por qué Pilar dice lo que dice?”, no puede sino responderse mirando la biografía de la autora. Estudiante de sociología en los años setenta y militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, fue secuestrada y torturada en los centros clandestinos de detención de Mansión Seré, la comisaría de Castelar, la excasa de Massera y la ESMA durante la última dictadura militar. Se exilió y estudió ciencias políticas (UNAM) en México, donde actualmente reside. Horacio Domingo Campiglia, su marido y padre de sus hijas, permanece hasta hoy como detenido desaparecido.

En 1998, Calveiro publicó Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina (Editorial Colihue). Es un libro escrito desde la tercera persona, en un tono descriptivo y analítico, en el que ella apenas aparece nombrada como “Pilar Calveiro: 362”; su número de presa. Se trata de un ejercicio de auscultación de la violencia política que identifica claramente a quienes la ejercen (las fuerzas armadas) y a quienes la reciben (las organizaciones guerrilleras), marcando la conexión tan incómoda entre los campos de exterminio y la sociedad argentina.

A lo largo del coloquio, su biografía permitió a Calveiro hablar con soltura de temas polémicos. Afirmó, por ejemplo, que “el hecho de haber sufrido la represión no exime de dar cuenta de las prácticas políticas que desarrollaste”. También se refirió al resurgimiento del debate en torno a la última dictadura: “No es conducente la discusión por el número”, declaró, “Creo que hay que hablar de las prácticas. Y las prácticas son inaceptables para cualquiera”.

Es desde esta comprensión profunda de la violencia política del siglo XX que Calveiro se aboca al análisis de este siglo XXI. La autora tomó el micrófono y abrió su ponencia:

“Lo que intento es ver el tránsito del exterminio por parte del Estado de otros grupos de población considerados contaminantes (ya sea en términos raciales o términos políticos) a otras formas de desaparición que no son menos letales; son igualmente o más letales. Pero que implican todas estas prácticas que se realizan con migrantes, con los pueblos originarios, con hombres y mujeres pobres que son abandonados a condiciones de vida insostenibles, y también a situaciones de tráfico con fines de explotación sexual o laboral. Es decir, que son abandonados a distintas formas de explotación hasta su exterminio; hasta extraer de ellos toda vitalidad presente y deshacerse de ellos. Y eso es lo que también nos habla de las principales víctimas de nuestro tiempo: creo que allí tenemos que observar los principales daños de esta forma de organización del poder.”

Dejar morir

“Y mire acá, somos todos grandes: los chicos no quieren ni ver lo que pasa”, comentaba una de las asistentes del público que se seguía acomodando en las butacas. Sonaban los ringtones de teléfono antiguo y reproducciones de reels en altavoz. Afuera, en la plataforma que da a un estrecho e iluminado patio interior, se vendían los libros recién desembalados de su caja. Adentro, frente a siete hileras de cabelleras blancas, grisáceas o teñidas, Pilar Calveiro exponía su tesis sobre el tremendo impacto de la pandemia.

“Creo que la pandemia funciona como punto de inflexión: genera, por un lado, una transformación de la relación de las personas con el tiempo, con el espacio, con su cuerpo y con los otros cuerpos, con el trabajo, con la comunicación”, explicaba la autora, “Todo esto es parte constitutiva de un proceso de globalización que considero irreversible. Este proceso está acompañado, desde mi punto de vista, por una profundización de las recetas del neoliberalismo. Se trata de la construcción de un mundo único —lo que Hannah Arendt temía— y, sin embargo, simultáneamente multipolar. Y creo que esta multipolaridad, que creo irreversible, da lugar a las luchas actuales, luchas que se profundizan después de la pandemia, y que tienen que ver con quiénes y cómo se van a adueñar de los territorios. Y hablar de cómo se adueñan de los territorios es hablar de la apropiación de la vida y de la posibilidad de la vida”.

Pilar Calveiro tiene un hablar rápido, seguro, articulado. Sus gestos corporales combinan el énfasis y la serenidad. Cada tantas sílabas, sin embargo, su voz tiende a quebrarse. Una cuestión meramente fonética, pero que remite a una angustia visceral.

“Entonces creo que todas estas transformaciones mencionadas —en el Estado, en la sociedad, en las subjetividades— son formas de amenazas de la vida; de la diversidad de la vida”, seguía la autora, “Porque la vida no puede existir, no puede reproducirse sin la diversidad de la vida. Y creo que esas formas de amenaza de la vida y de la diversidad de la vida se han acelerado. Y esto hace peligrar la supervivencia de la especie.”

El libro De matar a dejar morir: biopolíticas de selección de la vida, escrito por Pilar Calveiro y publicado por Siglo XXI, ya está disponible en las principales librerías del país. Su presentación terminaría en un cóctel mientras caía la tarde en el patio interior del edificio. La autora se quedó en el piso de arriba firmando autógrafos y recibiendo felicitaciones. Antes, y pese a todo, había cerrado con una nota positiva:

“Y, sin embargo, no es mi intención trazar un escenario apocalíptico”, concluía Calveiro, “aunque efectivamente la aniquilación de la vida es una posibilidad que está adelante. Me parece que en lugar de esto es importante mirar las resistencias biopolíticas. Estas resistencias que en el momento actual se ignoran, se sustraen a la mirada, como si fueran irrelevantes, pequeñas, aisladas, pero están ahí. Y es cierto que son pequeñas, es cierto que están aisladas, pero no es cierto que sean irrelevantes. Están allí construyendo, pujando por construir lo nuevo, otra cosa. Entonces creo que es importante mirarlas y sostenerlas. Y oponer a estas biopolíticas de selección de unas vidas por otras estas otras prácticas de defensa de la diversidad de las vidas que están actuantes aquí y ahora.”

«El fundamento de la reforma laboral es falso»

Nov 20, 2025 | Destacado 4, Vidas políticas

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, cuestiona los argumentos del gobierno para cambiar las leyes laborales y subraya que es imprescindilble evitar que se apruebe la reforma.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional vuelve a encender el debate sobre el futuro del trabajo en Argentina. Con propuestas que incluyen la ampliación de la jornada laboral, la promoción de convenios por empresa, la introducción de los llamados “salarios dinámicos” , la creación de un “banco de horas” y cambios en el régimen indemnizatorio, el proyecto se presenta como una modernización necesaria para impulsar el empleo formal y la actividad económica, pero para especialistas en derecho laboral los supuestos que sostienen esa narrativa son cuestionables.

Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, aseguró en diálogo con ANCCOM que la reforma parte de un diagnóstico incorrecto y que sus efectos pueden ser regresivos para los trabajadores. “Estamos discutiendo una reforma sobre la base de una premisa errada. No es necesario flexibilizar la legislación laboral para crear empleo o para generar un beneficio virtuoso en la economía”, afirmó y subrayó: “Está demostrado que la legislación laboral no tiene ningún efecto sobre la economía”.

Mientras el Gobierno sostiene que la reforma busca actualizar un marco normativo “vetusto”, Cremonte es contundente: la idea de modernización es, para él, un recurso discursivo. “Seríamos ingenuos si pensáramos que el Gobierno cree que esto es modernizar. Hay una utilización del lenguaje para que parezcan más atractivas las reformas que se proponen. Lo flexible es más amable que lo rígido. Lo moderno pareciera más razonable que lo antiguo… Pero no significa que sean términos que estén bien utilizados, sino que es un disfraz para ocultar la verdadera motivación”.

El abogado advierte, además, que en otros países la discusión contemporánea va en sentido contrario: reducción de la jornada laboral, ampliación de licencias, mejoras en la conciliación entre vida personal y laboral. “De moderno no tiene nada lo que están proponiendo”, señala. “El contenido es regresivo”: efectos sobre empleo, derechos y negociación colectiva.

Una de las principales críticas del especialista es la idea de que una flexibilización laboral generaría más empleo. Según Cremonte, no hay evidencia empírica que respalde esa afirmación. “Todas las veces que se intentó una reforma laboral regresiva para generar un beneficio en la actividad económica o la creación de empleo, ocurrió lo contrario, porque no depende de la legislación laboral, sino de la política económica”, explicó. “El empleo va a crecer si crece la economía. La economía va a crecer si crece el consumo. Y el consumo va a crecer si crecen los ingresos”.

El proyecto oficial incluye modificaciones que afectarían a quienes ya están empleados y no solo a quienes ingresen al mercado laboral en el futuro. “La reforma va a aplicarse a todos, no solamente a los nuevos trabajadores –remarcó-. Si se reduce la indemnización por despido, un trabajador que hoy está trabajando y lo despiden dentro de dos años, le van a pagar la indemnización reducida”.

Además, alertó sobre la ampliación de la jornada laboral mediante esquemas de horas flexibles, donde la elección real del trabajador puede quedar condicionada por la amenaza del despido. “Si el trabajador debe decidir entre aceptar o ser despedido, va a aceptarlo”.

El Gobierno sostiene que la reforma también reduciría la informalidad, que hoy afecta a más del 40% de la población ocupada. Para Cremonte, esa lectura no reconoce la dinámica del mercado laboral argentino. “No es que hay un mundo de trabajadores registrados y un submundo de no registrados. El parámetro es el que está registrado”, explicó y señaló “Si aumenta el salario del trabajador registrado, también va a aumentar el del no registrado. Si se reduce, también se va a reducir el de él”.

Cremonte, además, apunta a la forma en que se está procesando la reforma. El Gobierno avanzó sin abrir instancias formales de consulta con sindicatos y organizaciones de trabajadores, pese a lo que establece el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Hacerlo sin consultar puede tener como resultado una queja ante la OIT”, afirmó. Pero incluso si existiera una mesa de negociación, advierte que “el resultado va a ser tan ineficaz como la ausencia de consulta”, porque la reforma parte de “un problema de raíz” en sus fundamentos.

En este sentido, el abogado considera que la resistencia individual tiene escaso margen, pero que la acción colectiva puede ser determinante. “Está el derecho de huelga, el derecho de protesta, el derecho de manifestación, la libertad de expresión”, enumeró. “Los sindicatos y las centrales sindicales pueden hacer uso de todos esos resortes para expresarles a los representantes que no aprueben esta reforma”.

La advertencia es clara: si la reforma se aprueba, desandar sus efectos será extremadamente difícil. “Es muy claro que si se aprueba una reforma laboral regresiva es muy difícil volver atrás. Por lo tanto, es clave que no se sancione. Hay que hacer lo posible para que no se transforme en ley”.

El proyecto de ley para prevenir la ludopatía está a punto de caer

Nov 20, 2025 | Comunidad, Destacado 4

En dos semanas perderá estado parlamentario. Todos los sectores reconocen la gravedad del problema y, sin embargo, el Senado sigue sin tratarlo. Especialistas en infancias y en salud mental, apoyan la regulación a las apuestas online. El fútbol y las fintech, se oponen.

El reloj, inexorable, no detiene su marcha y juega en contra. En poco menos de dos semanas se vence el plazo para que se pueda aprobar una ley que regule la publicidad de las casas de apuestas deportivas en la Argentina y, a menos que ocurra un milagro, todo parece indicar que el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados podría caducar.

La iniciativa, que fue aprobada con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones el 27 de noviembre del año pasado, ingresó en marzo a las comisiones de la Cámara Alta y allí se quedó estancado.

Víctima de un año electoral en el que las sesiones escasearon y los principales debates se posaron en las cuestiones de actualidad pura, como el financiamiento de las universidades, la emergencia pediátrica y en discapacidad y las jubilaciones, la regulación de las apuestas deportivas fue relegado a un lado del temario, para beneplácito de sus detractores y lobbistas.

En un principio, el expediente fue asignado por la vicepresidenta Victoria Villarruel a cinco comisiones, lo cual ya hacía casi imposible que se pudiera avanzar en su tratamiento. Finalmente, se logró que se incluyera únicamente en los temarios de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, pero únicamente la primera comisión -a cargo de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci- fue la que le dio un poco de atención. Eso sí, recién el 5 de junio comenzaron a debatirlo. Es decir, durmió dos meses en algún cajón olvidado del Congreso de la Nación.

Durante varias semanas desfilaron por el Palacio Legislativo voces a favor y en contra del proyecto de ley que busca ponerle un límite al negocio del juego online: psicólogos, miembros de la Iglesia, investigadores, jóvenes, ludópatas en recuperación, representantes del sector fintech, trabajadores del rubro e, incluso, representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dirigentes de clubes dieron su testimonio.

En octubre se pudo concertar un plenario de todas las comisiones involucradas en el debate y, en principio, estaba previsto que se llegue a aprobar el dictamen que permita debatirlo en el recinto. No obstante, tras dos reuniones con más testimonios, la firma del dictamen quedó frenada y la posibilidad de aprobar el proyecto de ley se desvanece a medida que pasan las horas.

Un debate eterno

A pesar de la demora en abordar el expediente, la temática de apuestas deportivas tuvo su debate puertas adentro del Senado de la Nación con diferentes posturas, pero con más coincidencias que diferencias entre los legisladores de diferentes bancadas y los expositores que fueron pasando. Sin embargo, a pesar de haber un consenso sobre que existe una problemática y hay que tratarla, de momento no se pudo coincidir en la firma de un dictamen que permita llevar el tema al recinto.

Una de las voces más estridentes a favor de la iniciativa fue la de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Fuerza Patria), quien salió al cruce de quienes descalifican la iniciativa como un gesto “populista” o efectista. “Hay algunos dirigentes que han dicho que los legisladores tratamos estos temas como petardos o hacemos populismo tratando el tema de la ludopatía”, advirtió.

“Creo que el Senado de la Nación quedaría muy mal si no hace nada al respecto. Los 72 senadores debemos tomar la decisión de dar la media sanción o modificarla y devolverla para brindarle una respuesta a la sociedad. Me parece que hay que estar a la altura de la circunstancia”, enfatizó.

Por su parte, Lucía Corpacci (Fuerza Patria), al frente de la Comisión de Salud y pieza clave en la articulación del plenario, puso el foco en la urgencia legislativa y en el volumen político que tomó el tema puertas adentro del Congreso. “Asumimos el compromiso de seguir con este tema hasta que se termine, porque verdaderamente es de una capital importancia y hay veintiocho proyectos”, recordó. “Estamos tratando este proyecto de ley con la seriedad que se merece. En cada reunión tenemos expositores que opinan a favor y en contra. Si tomamos de ambos sectores lo que nos parece más útil para nuestros niños y para nuestros jóvenes, vamos a sacar una excelente ley”, vaticinó.

Desde otro ángulo, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) introdujo la discusión sobre competencias nacionales y provinciales en materia de juego e hizo pública su posición en contra, pero aun así respaldó uno de los núcleos duros del proyecto: la prohibición de la publicidad. “La pregunta número uno que hago es: ¿quién recauda hoy por el juego? Y la respuesta es: las provincias. Por eso, para mí la atribución de reparar o de prevenir debería ser una acción de las provincias”, planteó en el plenario. Sin embargo, cuando el debate se desplazó al terreno de los anuncios, fue contundente: “Estoy a favor de la prohibición. La realidad es que la publicidad entra, penetra en las mentes de los menores y de los adultos. Además, asociada al deporte, para mí es una contradicción enorme”.

Por su parte, la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) eligió concentrarse en los agujeros del sistema que permiten que los menores apuesten pese a las restricciones formales. “Esto me enciende algunas alertas en relación a todo lo que es el mundo del juego online”, advirtió. Tras escuchar las explicaciones del sector fintech y de las plataformas, la legisladora fue al hueso del problema: “Entendí todos los mecanismos de control que ya existen. Igual, sucede. Quiero entender, entonces, cómo es que los menores terminan pasando por fuera del radar de estos controles”. El mensaje quedó flotando: por más protocolos que exhiba la industria, los chicos siguen apostando.

“Es un problema que crece día a día”

Uno de los especialistas que pasó por el Senado de la Nación para exponer fue Facundo Bianco, director de la consultora Bienestar Digital, que viene trabajando sobre el auge de las apuestas deportivas online en Argentina y su impacto en la juventud. “Ya dejó de ser una novedad para convertirse en un problema instalado”, sostiene, en diálogo con ANCCOM.

“Hace unos años se instalaron y crecieron enormemente, tanto las legales como las ilegales”, relató. Hoy, el mapa es contundente: “Se estima que en Argentina, cerca del 80% de los ingresos que se hace a plataformas de apuestas es a sitios ilegales. Y 4 de cada 10 adolescentes apuestan. Es un problema que crece día a día”, analiza.

Frente a ese escenario, el Estado no puede mirar para otro lado. Sí, hace falta regulación, pero no cualquiera. “Se necesita una ley por varios motivos, pero sobre todo por cómo está afectando a las infancias y las adolescencias. No debe pensarse solo en una regulación de objetivo recaudatorio, sino partiendo de la protección de los pibes y las pibas”, considera. El horizonte es claro: la discusión no puede reducirse a quién se queda con la caja, sino a cómo se cuida a los menores en un entorno hiperconectado.

Uno de los argumentos favoritos de quienes defienden el negocio es que el verdadero problema son las plataformas ilegales. Para Bianco “el tema está desmadrado en menores de edad”. Y ahí, más que una frontera tajante entre legal e ilegal, existe un ecosistema que se alimenta a sí mismo. “Más allá de que lo hagan en plataformas legales o ilegales, la publicidad de las legales valida, da marco y crea sentido”, explica. Ese marketing “tiene un alcance infinito y una capacidad de instalación notable. Los ídolos de los pibes promocionan apuestas a la vista de todos”.

Consultado por el impacto específico del bombardeo publicitario en los casos de ludopatía, es prudente: “Más que influir en casos de ludopatía, lo cual no tengo conocimiento para afirmar, influyen como invitación y como sentido de la época”. Lo que sí marca es el clima cultural que construyen esas campañas: “La cultura de la influencia a través de streamers, instagramers y deportistas marca que hacer plata fácil y rápido tiene que ser un objetivo. Y que, además, es posible”. Ese mandato se vuelve, para muchos chicos y chicas, una brújula distorsionada.

La primera señal de que el problema dejaba de ser marginal llegó desde las aulas. “En capacitaciones a docentes, hace tres o cuatro años, empezaban a contarnos que los chicos apostaban en las aulas, en los recreos”, recuerda. La escena se repite en distintas escuelas: “De pronto, del fondo del aula gritaban gol un día cualquiera a cualquier hora. Empezaron así a evidenciar que estaban apostando a partidos random de otras ligas, por ejemplo”. Esos testimonios, dice, “se fueron multiplicando y sirvieron como primera señal de alerta de que algo estaba pasando y no tenía suficiente visibilidad”.

En su exposición en el Senado definió a las apuestas como “un síntoma de la época”. En la entrevista con ANCCOM desarrolla la idea: “Asociar todo concepto de éxito, de felicidad y de futuro a la posibilidad de hacer plata fácil y rápido”. Las lógicas de consumo y de ostentación, advierte, “están calando muy fuertemente en la cultura, las aspiraciones, las expectativas de generaciones, contraponiéndose a la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la formación”. Pero no se trata solo de dinero: “La propuesta de esta era también propone la soledad y el individualismo. Todo esto está generando mucha frustración”.

Mientras no haya una ley que ponga límites claros, el especialista insiste en que igual se puede –y se debe– actuar. “Políticas públicas que contengan y concienticen”, resume. En los relevamientos que realizan sobre adolescencias aparece siempre el mismo dato de fondo: “La salud mental es hoy un problema que tienen presente como generación y que, más allá de que los afecte directa o indirectamente, necesitan ayuda”. Esa ayuda, remarca, “solo puede llegar de los Estados y las familias”. Y sentencia: “Las plataformas de apuestas no son instituciones de caridad, son maquinarias creadas para ganar dinero”.

Todas las voces

Sobre el escenario del Senado también se escucharon las voces de quienes miran el fenómeno desde la salud mental, las infancias, el territorio y las organizaciones sociales. Verónica Laplace, presidenta del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental e integrante de la APDH, defendió el proyecto apoyada en la Ley Nacional de Salud Mental: “Este proyecto de ley que ya tiene media sanción (…) acompaña el abordaje de la salud mental desde la prevención y garantiza el derecho a un entorno digital seguro”. Y subrayó la responsabilidad estatal frente al negocio: “Sostenemos que es el Estado el lugar para poder regular ciertos excesos que el mercado y la sociedad de consumo introducen en la cotidianidad de nuestras vidas”.

Miguel Tollo, del Foro de Infancias de CABA, aportó una mirada que cruzó clínica y política. Para él, la iniciativa responde a una demanda que se repite en foros de todo el país: “Los adolescentes entienden que también es una cuestión azarosa el proyecto de vida. No les transmitimos otra posibilidad”. Y desarmó la supuesta inocencia del negocio: “A veces pensamos que los juegos de azar son juegos. En realidad, no son juegos. Son apuestas. Lo que caracteriza al juego de apuestas es el vértigo a perder, no las ganas de ganar”.

Desde la psiquiatría, Alberto Trimboli fue terminante: “El consumo problemático de las apuestas online es un problema grave de salud mental”. Cuestionó la tendencia a reducir el debate a números fiscales o voluntad individual y advirtió: “Reducir la discusión únicamente a una cuestión económica, de recaudación o de ganancias sería un error grave”.

La dimensión cultural del problema apareció con fuerza en la voz del presbítero Munir Bracco, que apuntó a la alianza entre casas de apuestas y fútbol: “La camiseta de fútbol, que debería inspirar a los niños, se convierte en una publicidad como si fuera una droga. Legal o ilegal, destruye igual”. Para el cura, el impacto va más allá de historias individuales: “Cuando esta adicción golpea a los jóvenes, hipotecamos el porvenir de la Nación, de nuestra patria”.

El sindicalismo del juego pidió que la regulación no se agote en las formas legales del negocio y ponga el foco en el daño social. Guillermo Martín Cain, secretario adjunto de la Federación Argentina de Empleados de Casinos, advirtió sobre el riesgo de transformarse en la “Argentina de la timba” y fue tajante: “No podemos mirar para el costado cuando nuestra actividad se encuentra desregulada y genera un problema complejo para toda la sociedad, especialmente en los niños, niñas y adolescentes”. Para él, “lo más importante” es regular la publicidad, porque “cuando las plataformas legales publicitan el juego online, indirectamente están publicitando las plataformas ilegales. Un joven de diez, once, doce, trece años no sabe discernir entre una plataforma legal y una ilegal”.

La industria fintech también se sentó a la mesa. Lejos de negar el problema, Natalia Díaz, de la Cámara Argentina Fintech, vinculó la discusión con el avance de las plataformas clandestinas: “Según estadísticas de 2024, el 80% de las apuestas transita por operadores no regulados. Y esto genera un doble riesgo: social, porque vulneran la seguridad de los menores, y de lavado de activos”. Detalló que esas webs usan el sistema de pagos “de forma encubierta” a través de procesadores externos, empresas de cobranza que simulan ser cobradores legítimos y cuentas mula: CBU o CVU de adultos que funcionan como cajeros humanos, reciben dinero de chicos, fondean cuentas de juego y “dificultan la identificación de los menores y se encubren como comercios legítimos para operar”.

El testimonio más crudo llegó de la mano de Valentino Solda, un joven de 21 años que se presentó como exludópata. Contó que empezó a apostar a los 16, que el Mundial de Qatar fue un punto de quiebre y que hoy cuenta los días sin jugar. “Me sumergí en un infierno. Es muy difícil de manejar, con una tristeza muy profunda y aislante”, relató. Su mirada sobre el rol de los clubes y las figuras deportivas condensó el malestar general: “Si los dos clubes más grandes de la Argentina tienen en el pecho un sponsor de una casa de apuestas, ¿cuál es el mensaje? Si el máximo ídolo de todos los niños sale a dar la cara en una casa de apuestas muy grande, ¿cuál es el mensaje como ídolo?”.

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“El remedio que enferma”

Para los representantes de la AFA y para el exdirector de Ordenación del Juego de España, el proyecto que prohíbe la publicidad y el patrocinio de casas de apuestas apunta en la dirección equivocada respecto de lo que planteó la mayoría de los expositores. Sentados ante el plenario de comisiones, reconocieron sin matices que la ludopatía, el acceso de menores al juego online y el riesgo de amaño de partidos son “problemas reales, crecientes y alarmantes”, pero advirtieron que una prohibición total sobre la industria regulada puede desfinanciar a los clubes y, al mismo tiempo, fortalecer al mercado ilegal que opera sin control.

Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas y vocal de AFA, admitió que el fútbol convive con una bomba de tiempo –ludopatía juvenil, arreglos, menor control en el mundo online–, pero se desmarcó de las recetas que borran a las casas de apuestas de camisetas y estadios. “Creemos que aquellos proyectos que proponen una prohibición total y absoluta de la publicidad y el patrocinio de esta industria en el deporte no solo no están atacando la raíz del problema, sino que, además, corren el riesgo de agravarlo seriamente”, sostuvo. Recordó que en la Liga Profesional argentina solo una parte de los clubes tiene sponsors de casas de apuestas, pero que esos ingresos ya son estructurales: en Boca representan alrededor del 13% de sus ingresos totales y en River, cerca del 18%.

Desde ahí lanzó la frase con la que buscó interpelar a los senadores: “Estaríamos hablando de la paradoja del remedio que enferma”, disparó. Según su planteo, para combatir el juego problemático y el acceso de menores, el Estado podría terminar debilitando “a quienes ya vienen trabajando frente a esa problemática”: clubes que sostienen comedores, deportes amateurs, fútbol femenino, futsal y otros espacios de contención. “Los clubes somos parte de la solución. No queremos ni somos parte del problema”, insistió, y pidió que cualquier restricción publicitaria sea graduada y compatible con la supervivencia económica de las instituciones deportivas.

Andrés Patón Urich, gerente de Legales y oficial de Integridad de AFA, reforzó esa línea desde otro ángulo: mostró que la casa ya viene tratando de ordenarse puertas adentro con capacitaciones sobre amaño de partidos e integridad para jugadores, árbitros y dirigentes. “Entendemos que este proyecto de ley que busca prohibir la esponsorización de clubes a través de empresas de betting sería un desfinanciamiento para nuestras instituciones y un desfinanciamiento que iría hacia los más vulnerables”, advirtió, en referencia a los deportes no profesionales y a los pibes que dependen de los clubes como espacio de contención.

A modo de contraste, recordó que la propia FIFA solo prohíbe la publicidad de casas de apuestas en la ropa de árbitros y en las salas de VAR, pero no en las camisetas de los clubes. Y dejó una frase que sintetiza su rechazo al esquema propuesto: “A veces, lo más fácil es prohibir, pero muchas veces regular y controlar es muchísimo más efectivo que la mera prohibición”.

El español Juan Espinosa, exdirector general de Ordenación del Juego, llegó con un discurso más técnico, pero que desembocó en la misma conclusión: una prohibición total de publicidad para la oferta regulada difícilmente logre los objetivos que se propone. “El ejercicio de la eficacia implica el contraste entre el objetivo y el instrumento”, planteó. “Si regulamos el juego en línea es porque creemos que mediante dicha regulación la sociedad va a estar mejor que en su ausencia”. En su experiencia, el corte publicitario sobre el mercado legal “tiene beneficios muy reducidos, por no decir nulos” en relación con los menores, porque, por definición, ellos no deberían acceder a esa oferta y el problema central está en los sistemas de control y sanción, no en la pauta.

Espinosa centró su advertencia en otro frente: el impacto que puede tener un apagón publicitario sobre la relación entre juego legal e ilegal. “La existencia de una oferta ilegal de juego online es el factor disruptor número uno de la sostenibilidad social y de la garantía ciudadana de los juegos de azar. Cuanto mayor sea la oferta ilegal frente a la oferta regulada, más desprotegido está el interés público, más inútil es una prohibición”, sostuvo. Según su diagnóstico, impedir que los operadores con licencia se anuncien y patrocinen clubes los deja sin herramientas para diferenciarse de los clandestinos, que seguirán publicitándose igual en otros canales.

En esa lógica, tanto AFA como el exregulador español buscan mover la discusión desde la “voluntad política” de castigar al juego hacia la ingeniería concreta de la norma. Todos reconocen que la ludopatía juvenil y el vínculo entre apuestas, redes y fútbol son un problema que ya no se puede negar; el punto de conflicto es si la respuesta adecuada es una prohibición plena de la publicidad y del patrocinio o un esquema de regulación más quirúrgico, que ataque con fuerza al mercado ilegal sin cortarle de golpe una fuente clave de financiamiento al ecosistema deportivo. Para Méndez Cartier, Urich y Espinosa, tal como está redactado, el proyecto sigue demasiado cerca de ese “remedio que enferma”.

Entre los tecnicismos legislativos, las tensiones sobre competencias federales y los lobbies cruzados del juego legal y de la industria del deporte, el debate dejó, al menos, una foto nítida: especialistas y buena parte de la dirigencia política coinciden en que la ludopatía online no es un asunto de “elección individual” ni un mero problema de recaudación. La apuesta ahora es otra: que algún día se pueda traducir ese consenso en una ley que limite la omnipresencia de la publicidad, proteja a las infancias y ofrezca algo más que una señal declarativa frente a una generación que, como repitieron varios expositores, ya está pidiendo ayuda.

¿Cómo piensan las feministas de derecha?

Nov 20, 2025 | Destacado 4, Destacado 5, Géneros

En su libro “Sin padre, sin marido y sin Estado” las investigadoras Carolina Spataro y Melina Vázquez estudian la compleja y paradójica relación de las mujeres liberales con los feminismos desde una perspectiva etnográfica.

“¿Qué hacen las mujeres militando en un espacio que se presenta públicamente como antifeminista, que niega las desigualdades de género y que incluso tiene notas de misoginia?”, se pregunta Carolina Spataro, coautora junto con Melina Vázquez del libro Sin padre, sin marido y sin Estado. Feministas de las nuevas derechas, publicado recientemente por Editorial Siglo XXI.

Doctoras de la UBA e investigadoras del CONICET, Spataro y Vázquez se adentran en un fenómeno novedoso y desconcertante. El proyecto nació del cruce entre las trayectorias de ambas. Vázquez, socióloga, venía estudiando las formas de activismo político entre las juventudes, mientras que Spataro trabajaba sobre mujeres y feminismo en las industrias culturales, y de este diálogo surgió la idea del libro.

Desde el título, plantean una lectura provocadora. La frase “sin padre, sin marido y sin Estado” funciona como síntesis y “permite condensar un montón de capas del trabajo de campo”, explica Vázquez y agrega: “Por un lado, connota una idea de autonomía en la que las mujeres liberales creen, y que forma parte de su visión del feminismo. La idea de ‘sin padre y sin marido’ se relaciona con la condición para poder hacer política, y ‘sin Estado’ es tal vez lo más disonante. Algunas dicen que parece un título de un libro sobre mujeres feministas anarquistas”.

“Feministas de las nuevas derechas”, el subtítulo, también suscita interrogantes. Según las autoras, no todas las mujeres analizadas se reconocen como feministas, pero sí disputan los sentidos del feminismo y su historia. “Esto nos ayuda a entender que no son las feministas a las que estamos acostumbradas, más vinculadas al progresismo o a la izquierda –aclara Vázquez–. Son mujeres que desde las extremas derechas reivindican un lugar, una manera de pensar la política y de organizarse, y también disputas sobre el significado del feminismo, que fue lo que nos motivó a empezar con esta investigación”.

Durante sus primeros acercamientos al fenómeno, Vázquez observó que en los espacios libertarios comenzaban a aparecer mujeres. “A la luz de los resultados electorales era evidente que había mujeres allí. Entonces, nuestra pregunta era cómo se conjuga la identidad de ser mujer con militar en un espacio de estas características”, refiere Spataro.

Las autoras participaron de distintos encuentros con mujeres vinculadas a las nuevas derechas, a quienes conocieron en un acto por el 8M, y así lograron retratarlas en profundidad. Las mujeres liberales se interesan por la economía, ven en el mercado un aliado y buscan un lugar en la política. Su crítica más radical a otros feminismos se centra en la figura del Estado. Rechazan la noción de mujeres como víctimas necesitadas de protección estatal y cuestionan la dependencia de las políticas públicas. Por el contrario: “Creen que el Estado participa en promover la violencia de las mujeres cuando te da un botón antipánico y llega tarde porque el femicidio ya se cometió», grafica Vázquez. Creen que la solución no vendrá del Estado, sino de la acción entre ellas mismas: empoderarse, cuidarse, tomar clases de defensa personal, en lugar de esperar a que intervenga un Ministerio de Mujeres.

Las mujeres liberales dicen: “Queremos llegar por nuestros méritos, no por acciones afirmativas”, cita Spataro. Argumentan que tales acciones llenaron el Congreso de personas que no tienen los méritos suficientes. “Ahora bien, cuando en las entrevistas profundizamos, también reconocen que sin esas leyes no podrían llegar –señala Spataro–. Sobre todo, las que viven en el norte del país, que describen a sus provincias como feudos y reconocen que, si no fuese por la Ley de Paridad, no tendrían ninguna posibilidad de ser escuchadas”. Es decir, parten del argumento liberal de que “somos todos iguales ante la ley”, con el que cuestionan la protección a las mujeres, pero luego, en la práctica, admiten los límites estructurales: “No queremos cupos, pero sabemos que los necesitamos”.

Esta crítica, sin embargo, no es exclusiva de las mujeres liberales. “Incluso otros feminismos cuestionan el paternalismo del Estado, aunque desde perspectivas muy distintas”, plantea Vázquez. Esa reflexión lleva a un tema más amplio que atraviesa al movimiento feminista: los riesgos y desafíos de que las agendas feministas sean asumidas por gobiernos o partidos políticos.

Uno de los puntos que emerge de su trabajo es la incomodidad de ciertos sectores frente a la creciente politización de las marchas y consignas feministas. “Hay mujeres que se preguntan: ‘¿Por qué voy a una marcha por el Ni Una Menos y encuentro el rostro del Che Guevara en las banderas?’”, ejemplifica Vázquez. Estas tensiones revelan cómo las agendas progresistas tienden a concatenarse, aunque no todas las mujeres se sientan representadas por esa ideología. “Para las mujeres liberales, no va de suyo esa relación entre feminismo y posiciones sobre Palestina o Israel”, añade Vázquez.

En un contexto donde el kirchnerismo, que durante años fue el principal impulsor de las políticas de género, atraviesa un proceso de debilitamiento, las autoras se preguntan qué ocurre con aquellas conquistas que se habían institucionalizado. Incorporar demandas feministas en políticas públicas puede significar visibilidad y avances concretos, pero a la vez una fragilidad. Cuando esas banderas se atan a un proyecto partidario, corren el riesgo de caer con él. “Si un partido levanta una agenda, la reconoce, pero si es derrotado, nuestras ideas también pueden quedar derrotadas”, advierte Vázquez.

Ambas coinciden en que pensar en un feminismo unificado es un ideal imposible. “La historia del feminismo organizado es también la historia de sus divisiones –afirma Spataro–. Por suerte, ¿no? Porque eso habla de este movimiento como el más importante de las últimas décadas”. El feminismo, destacan, siempre fue una disputa por representación: quién habla, quién queda adentro y quién afuera. Cada conquista en materia de derechos vino acompañada de nuevas exclusiones, y los debates sobre quiénes integran –o no– el movimiento, siguen siendo centrales. En la Argentina, el feminismo nunca fue un bloque homogéneo, sino un entramado de corrientes diversas, atravesadas por diferencias ideológicas, de clase y de relación con el Estado.

Con el libro, las autoras buscan además replantear los límites del campo feminista. “Trabajamos con mujeres que se reconocen dentro del feminismo liberal, pero esto no agota las experiencias de organización de las mujeres dentro de las derechas”, precisa Vázquez. Una mirada ampliada del fenómeno se puede encontrar en el dossier especial “¿Qué hacen las mujeres en las derechas?”, coordinado por Vázquez y Spataro para la revista Ensambles, publicada por la Universidad Nacional de General Sarmiento, que reúne contribuciones sobre mujeres del colectivo francés Némesis, militantes de Vox en España, el debate sobre el feminismo neoliberal y la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, un conjunto de voces que completan el mapa que propone Sin padre, sin marido y sin Estado: el de un feminismo en disputa.

Sin padre, sin marido y sin Estado. Feministas de las nuevas derechas será presentado, junto con el mencionado dossier, el próximo 9 de diciembre a las 19 en Naesqui Libros, Charlone y 14 de Julio (CABA), con la participación de la escritora Claudia Piñeiro y el periodista Juan Luis González.

El tribunal que juzga los crímenes en la Mansión Seré sumó los cargos por delitos sexuales

Nov 19, 2025 | DDHH, Destacado 4

En cambio, rechazó imputar a los acusados por los delitos cometidos contra las infancias y otros familiares de los desaparecidos. Todo hace prever que no habrá sentencia este año.

Durante la audiencia 36° del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Mansión Seré y el circuito RIBA, el tribunal presidido por la jueza María Claudia Morgese Martín, junto a la jueza Silvina Mayorga y el juez Walter Benditti, comunicó su decisión unánime respecto al pedido de ampliación de la acusación solicitado por el Ministerio Público Fiscal y las querellas. En una jornada procesal breve y mayormente informativa, el fallo determinó una resolución dual que, si bien admitió la incorporación de múltiples cargos por delitos sexuales, rechazó de forma sistemática la solicitud de considerar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas directas de los crímenes de lesa humanidad.

La solicitud de ampliación formalizada por el fiscal general Félix Crous y la fiscal auxiliar Nuria Piñol en la audiencia 33°, y posteriormente apoyada y ampliada por las querellas en la audiencia 34°, buscó incluir decenas de nuevos casos y cargos relacionados con delitos de agresión sexual y crímenes conexos cometidos contra infancias y familiares de las víctimas. Los fiscales basaron su solicitud en el Artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, argumentando que si bien los hechos no eran “estrictamente novedosos, sí lo son para el debate”, ya que no habían sido tipificados de manera autónoma en la elevación a juicio.

El eje de la violencia sexual apuntaba principalmente contra los represores Ernesto Rafael Lynch y Juan Carlos Herrera. La Fiscalía argumentó que los abusos sexuales en el contexto concentracionario no eran “conductas de arranques criminales individuales de los agresores”, sino que formaban “parte del plan sistemático”. El eje de las infancias promovía el reconocimiento de niños, niñas y familiares allegados como víctimas directas de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados. El fiscal Crous afirmó que negarles la categoría de víctima implicaría reducirlos a la “condición jurídica de cosas”. La querella de Moreno por la Memoria incluso se enfocó en el caso de Mario Valerio Agustín Bellene, imputando torturas intrauterinas.

En la audiencia 35°, las defensas de Lynch, Herrera, Leston y Zyska rechazaron la ampliación, sosteniendo que afectaría las garantías constitucionales. El abogado de Herrera, Leonardo Miño, se opuso alegando que el Artículo 381 “veda la posibilidad de introducir hechos que ya eran conocidos en la etapa de instrucción” y que aplicarlo hubiera sido “darle una segunda oportunidad a la fiscalía”.

Próximos pasos

Una vez comunicado el fallo, el tribunal anunció que, tras la resolución, el juicio deberá reanudarse de manera formal para los imputados con nuevos cargos. En un primer momento fue propuesta la fecha del 2 de diciembre para continuar, pero Manuel Barros, el abogado defensor de Lynch y Zyska, solicitó una “postergación de una semana más para poder preparar la defensa”. En caso de que el tribunal lo acepte, la fecha para la lectura de cargos se postergaría para el 9 de diciembre.

El fiscal Crous anticipó en la transmisión de La Retaguardia que, debido a la magnitud de la ampliación y el pedido de prórroga de la defensa, “la posibilidad de tener sentencia antes de fin de año se esfumó” e incluso es “bastante incierta la posibilidad de que tengamos alegatos durante este año”.

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