
“Hoy la causa está en una instancia crucial”
El proceso judicial por la represión de Gendarmería que mantiene al fotógrafo Pablo Grillo en terapia intensiva, avanza lentamente. El próximo 17 de septiembre será indagado el autor del disparo, el cabo Héctor Guerrero. La familia del fotoperiodista herido reclama que también se investigue a los responsables políticos del hecho.

Fabián Grillo en la Marcha Nacional contra el gatillo fácil el pasado miércoles.
“La expectativa es que este proceso judicial sirva para marcar un antecedente, un antes y un después, en lo que las fuerzas de seguridad no pueden hacer jamás en un contexto de protesta, ni contra periodistas ni contra cualquier manifestante”, afirma Agustina Lloret, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa por la agresión al fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad por un gas lacrimógeno el 12 de marzo pasado, durante una movilización de los jubilados que reclamaban aumento de haberes. Mientras tanto, la evolución del reportero gráficp no es la esperada. Su familia, en un comunicado, informó que se encuentra “clínicamente estable” pero “neurológicamente está en una meseta” y actualmente permanece en terapia intensiva.
La jueza federal María Servini tiene a su cargo la investigación del hecho. Tras una reconstrucción, citó a indagatoria a Héctor Jesús Guerrero, el gendarme que le disparó al fotógrafo, identificado de manera colectiva gracias al proyecto Mapa de la Policía. La audiencia fue reprogramada para el próximo 17 de septiembre, más de seis meses después de la violenta represión en la plaza del Congreso que tiene a Pablo Grillo peleando por su vida.
“Hoy, la causa de Pablo se encuentra en una instancia crucial –sostiene Lloret–,en cuestión de semanas el juzgado va a escuchar, va a conocer al cabo primero Guerrero y él va a tener la oportunidad de declarar”. Y explica: “La figura penal con la que caracterizamos su conducta es tentativa de homicidio doblemente agravada, por abuso funcional y por el uso de arma de fuego. Actualmente sigue en libertad y trabajando para la Gendarmería Nacional, aunque, por supuesto, está apartado de los operativos de protestas en la Ciudad de Buenos Aires”.

A su vez, la familia Grillo enfrenta una doble angustia, por la salud de Pablo y por la espera judicial. “Estamos expectantes. Yo no estoy acostumbrado a estos temas. Para mí es muy lento, pero todo el mundo me dice que es rápido. La justicia tiene tiempos que no son los humanos”, expresó Fabián Grillo, padre de Pablo, en declaraciones a la prensa.»El juzgado tiene pendiente determinar las responsabilidades políticas del operativo represivo que dejó más de cien detenciones arbitrarias, decenas de personas heridas y Pablo al borde de la muerte. En este caso lo probado en forma directa es el accionar del cabo Guerrero. Después veremos a quién responde y a partir de qué orden y en qué contexto accionó”, remarcó.
“Estamos esperando la indagatoria de Guerrero. Después, el juzgado tiene diez días para resolver su situación procesal –puntualiza Lloret–. Lo que sí nos queda pendiente, y es algo en lo que vamos a insistir, es en que se produzcan medidas de prueba que pedimos para esclarecer responsabilidades más vinculadas a la supervisión, al control del operativo en general, pero principalmente del accionar de Guerrero”.
Desde el inicio, la investigación enfrentó intentos de encubrimiento. El sumario interno de Gendarmería se cerró en pocos días, con argumentos como baja visibilidad al momento del disparo y falta de identificación de prensa, para instalar la idea de un accidente. “En un momento hubo un obstáculo importante que tuvo que ver con la resistencia del Ministerio de Seguridad y de la Gendarmería Nacional de aportar aquellas pruebas que pedíamos y el juzgado ordenaba que se produzcan. Por ejemplo, las filmaciones del momento de los hechos, las personas que tenían la responsabilidad de filmar el operativo desde ese lugar donde estaba Gendarmería apostada… También hubo una resistencia relativa al informe administrativo que Gendarmería le había iniciado a Guerrero”, detalla la abogada del CELS.

Sin embargo, pruebas contundentes desmienten la versión del accidente a través del reconocimiento directo de Guerrero como autor del disparo. “Lo que más nos preocupa, y por eso es un momento trascendental del caso, es qué decisión vaya a tomar el juzgado. Van a entrar, obviamente, las variables de lo que él declare, de cuál es la versión que él instale dentro de la causa, de la cual ya tenemos algunas pistas por esta investigación administrativa que le hicieron, y en la cual tanto él como sus colegas de la fuerza buscaron instalar una versión de que ellos habían actuado profesionalmente, de que dispararon, o que en particular Guerrero disparó de acuerdo a la normativa, cuando la propia normativa de Gendarmería rechaza esta idea, demuestra que el disparo fue hecho en un ángulo ilegal y prohibido, y hasta llegó al punto de responsabilizar a Pablo por haber quedado en medio, dice él, de la fuerza y de los manifestantes”, anticipa Lloret.
El caso de Pablo Grillo no es un hecho aislado. La violencia institucional contra los trabajadores de prensa se ha vuelto sistemática y ha motivado el reclamo del sector. Hace poco más de una semana, cientos de cronistas y fotorreporteros se movilizaron al Ministerio de Seguridad para repudiar y exigir la renuncia de Patricia Bullrich bajo la consigna “Sin libertad de prensa, no hay democracia”.