Vecinos de Vicente López marcharon para exigir justicia por Octavio Buccafusco

Vecinos de Vicente López marcharon para exigir justicia por Octavio Buccafusco

Las cámaras registraron su muerte cuando una patrulla de la policía municipal lo redujo con violencia mientras pedía ayuda tras un episodio vinculado a su salud mental. El silencio de la intendenta Soledad Martínez.

El 3 de septiembre Octavio Claudio Buccafusco, de 34 años, murió durante un operativo policial en Vicente López, luego de pedir asistencia al 911. En lugar de recibir ayuda, fue interceptado por una patrulla municipal en la intersección de Maipú y Güemes, donde los agentes lo redujeron violentamente en el suelo hasta que perdió la vida.

A un mes y medio del hecho, la causa a cargo del fiscal Alejandro Guevara de la fiscalía de Vicente López Este continúa caratulada como averiguación de causal de muerte, mientras la familia denuncia violencia institucional y negligencia policial. Desde el Municipio, la intendenta Soledad Martínez no realizó ninguna declaración pública sobre el caso, pese a que la patrulla depende directamente de su gestión.

Este fue uno de los ejes de la manifestación del miércoles 15 de octubre, según explicó el hermano de la víctima, Augusto Buccafusco: “La motivación, principalmente, es el silencio del Municipio que ni siquiera se contactó con nosotros para ponerse a disposición, ayudarnos o lo que sea. Estamos un poco enojados en ese aspecto y también para poder visibilizar la causa y que podamos alzar la voz”. En diálogo con ANCCOM, agregó: “Todos los días aparece una situación nueva, aparece un caso nuevo de violencia institucional, queremos que esto deje de ocurrir. Vamos a seguir marchando y vamos a seguir haciendo este tipo de movilizaciones hasta que se haga algún decreto, alguna ley que nos obligue a realizar el protocolo adecuado para tratar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, en situación de consumo, en situación de calle, en situación de salud mental.”

La concentración comenzó pasadas las seis de la tarde, en el mismo punto donde Octavio fue interceptado aquella madrugada, frente a una dependencia de la Superintendencia de la Policía. A pesar de la lluvia, unas cincuenta personas se reunieron en la esquina de Maipú y Güemes, frente al edificio policial. Entre los presentes había familiares, amigos, vecinos, integrantes de la Comisión Zona Norte por la Memoria, Verdad y Justicia y miembros del Centro de Jubilados de la Quinta de Olivos.

El acto, al igual que toda la campaña en redes sociales, fue encabezado por Augusto Buccafusco, quien es actor, bailarín e instructor de zumba. Antes de comenzar, uno de los manifestantes pintó sobre una tela blanca la frase “Soledad Martínez, tu silencio mata”, que se convirtió en la consigna central de la jornada.

Luego, la columna avanzó por un carril de la avenida Maipú en dirección a la Estación de Control Urbano para la Defensa y el Orden (Escudo), presentada por la intendenta Martínez apenas unas semanas antes del ataque que sufrió Octavio como “la central de seguridad más tecnológica del país”. La movilización culminó frente al edificio, enrejado y custodiado por dieciséis miembros de la fuerza, algunos de ellos riéndose, mientras el hermano de Octavio se dirigía a ellos con un megáfono para hablar de lo ocurrido y exigir justicia.

Octavio Buccafusco, vistiendo una gorrra, abrazado a su hermano Augusto, quien ahora está al frente del reclamo de justicia.

Quién era Taby

Octavio Claudio “Taby” Buccafusco tenía 34 años, era entrenador personal, tatuador y bailarín de breakdance. Participaba activamente en la cultura hip hop y era padre de tres hijas pequeñas, de 6, 7 y 9 años. Según recordó su hermano mayor, era “muy vivaz, alegre, alguien que se ganaba la vida con su arte y su cuerpo”.

Aquel 3 de septiembre atravesaba un episodio producto de una afección de su salud mental. “Mi hermano estaba pasando por trastornos de bipolaridad y se cruzó con las personas equivocadas”, contó. “Llamó al 911 porque creía que habían entrado a robar a su casa. Pero en vez de ayudarlo, lo terminaron corriendo y tirando al suelo.”

De acuerdo con la reconstrucción familiar, a las 6.40 de la mañana Octavio caminó varias cuadras con su bicicleta y su perro en brazos, buscando a un policía para pedir ayuda, hasta que fue interceptado por la patrulla municipal. “Entre varios policías lo asfixiaron durante diez minutos y lo dejaron en el piso sin hacerle RCP. Cuando quisieron reanimarlo, ya era tarde”, resumió el familiar.

Las cámaras de seguridad del municipio registraron la brutal secuencia: cuatro policías contra un solo hombre, que nunca dejó de sostener a su mascota entre los brazos.

El hombre fue rodeado, increpado y finalmente derribado, reducido con golpes, esposado en el suelo y sometido a la presión de las rodillas de los oficiales clavadas sobre su cuerpo durante varios minutos. En un momento dejó de reaccionar. Se estaba asfixiando pero ninguno de los agentes reaccionó.

La causa judicial

La investigación continúa bajo la órbita del fiscal Alejandro Guevara, mientras la familia y los organismos que la acompañan reclaman que se avance hacia una imputación por homicidio culposo, al considerar que la evidencia demuestra una intervención negligente de la patrulla municipal.

Durante las últimas semanas declararon varios testigos y se incorporaron nuevos registros audiovisuales. “Ahora aparecen videos más reveladores que muestran el principio de la secuencia”, explicó el referente del reclamo. “Se ve que mi hermano camina con la bicicleta y su perrito buscando un policía hasta que lo abordan estos policías municipales. Al principio hablan, pero cuando él quiere irse, lo tiran al suelo y lo reducen.”

El fiscal ordenó un examen histopatológico para determinar el nexo causal entre la reducción y el paro cardiorrespiratorio. “Estamos esperando ese resultado, que va a confirmar cómo murió mi hermano”, agregó. “Lo que buscamos es que se responsabilice a quienes actuaron y que se investigue si hubo un intento de encubrir lo ocurrido.”

Muchos Octavios

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) afirmó que el acta policial “que debería haber reflejado con precisión lo ocurrido, es más un guion de encubrimiento que un documento oficial. Nada coincide con las imágenes de las cámaras. Nada explica por qué un joven desarmado, vulnerable, terminó muerto bajo las botas policiales”.

Esta organización antirrepresiva recordó que “la historia reciente está marcada por episodios similares: jóvenes, adultos y personas mayores fallecidas en procedimientos policiales de este tipo. No hace falta recordar el caso de George Floyd en EEUU. Aquí están las historias de Diego Villarreal Cabrera (CABA, 2017), Facundo Morales Schonfeld (CABA, 2023), Gianfranco Fleitas Cardozo (Don Torcuato, 2021), todos aplastados o golpeados hasta morir. O Fernando “Pata” Díaz (Moreno 2010), Jorge “Tito” Ortega (Pergamino, 2013) y Alejandro “Tino” John (Lago Puelo, 2021), directamente fusilados por la policía que había sido convocada frente a una crisis emocional o situación de salud mental”.

Cántelo con señas

Cántelo con señas

Missy Coper es la primera rapera en lengua de señas argentina. Su música habla del amor, la pasión y el deseo. También del sexo y el descontrol.

Missy Coper es una artista dúctil, que ha transitado diferentes formatos y hoy se destaca como la artífice del primer proyecto de exploración interpretativa del rap -que ella compone- a la lengua de señas. No se trata de una apropiación cultural sino de una traducción responsable y respetuosa de una intérprete que es oyente. Es una apuesta de convergencia cultural donde se fusiona el rap, la cultura afro, las sexualidades disidentes, la lengua de señas y las discapacidades. La artista, que ya se presentó en lugares como Feliza y Niceto, habló sobre su proyecto con ANCCOM: “Es un macramé de culturas”, definió.

“Soy rapera de toda la vida, el movimiento siempre estuvo en mí”, cuenta Missy Coper. “Hace 4 años estuve muy mal, falleció mi bebé de dos meses y al mes también mi mamá, el arte me salvó la vida”, confiesa la cantante. Es en ese contexto de depresión que en su mente fueron surgiendo frases que decidió escribir y que más tarde cobrarían vida con su voz: “Van más de dos años de Missy. Yo subía contenido a las redes y mis amigues sordes me preguntaban qué decían mis canciones, entonces comencé a mandarles videos y ahí me di cuenta que mi destino era llegar a las personas sordas”, destacó Missy.

Un proyecto accesibilizado

Que un proyecto sea accesible implica que se contemple la accesibilidad desde su raíz. El de Missy Coper es un proyecto accesibilizado porque, si bien la artista habla y a veces piensa en lengua de señas, sus canciones se originan en español; es una accesibilidad creada a posteriori. No hay registro de experiencias similares aunque sí se pueden contratar intérpretes: la diferencia radica en la búsqueda de la fidelidad de la traducción que la artista hace en conjunto con personas sordas formadas para tal fin. “Cuando empezamos no sabíamos muy bien todo lo que estábamos haciendo, pero lo hicimos. Si bien yo soy bilingüe, junto con dos asesores sordes hacemos una traducción responsable”, destaca Missy y agrega que antes de esta experiencia “no había poesía señada o poetas sordes” y que “ahora se está viendo un poco más, hay motivación”.

Los shows de Missy son dinámicos, por momentos ella rapea y la acompaña una intérprete, en otros la traducción se proyecta en un video, como puede ser ella la que interpreta con toda su corporalidad la canción que se proyecta: “La lengua de señas es viso-gesto-espacial y hay que ser medido porque si te pasás con los movimientos el mensaje queda desdibujado, se convierte en una danza y no se entiende nada”.

La artista busca unir y crear puentes estratégicos: “El mundo del rap y del hip-hop es muy machirulo, yo pongo un mundillo dentro de otro mundillo, dentro del rap lo LGBT, ahí la lengua de señas y así”, comenta Missy Coper. En las historias de sus letras aparecen temas como el amor, el desamor, la pasión y el, deseo. “Las historias tocan a todos”, resalta Missy poniendo de manifiesto que las personas sordas tienen las mismas necesidades y deseos que las oyentes. Las letras son un acto de justicia que viene a desaniñar a las personas con discapacidad, que generalmente no son vistas como personas deseantes, activas sexualmente, que sienten placeres, goces y que también pueden vivir una sexualidad disidente: “Poder naturalizar un poco eso, porque cuando vos no tenés acceso a determinada información, lo primero que tu cabeza hace para poder entender algunos temas es generar historias posibles o bien prejuicios”.

Recepción

“La mayor parte de mi público son personas sordas. Yo trato de llevar mi proyecto hacia espacios donde puedan encontrarme también desde el mundo oyente y yo encontrar a las personas que les guste mi música en vivo en español. La realidad es que hay una carencia de accesibilidad o de contenido accesibilizado en el espacio de la cultura muy grande. Les sordes cuando saben que hago un show siempre vienen porque no saben cuando van a volver tener otro momento así, de disfrute. Me llegan muchas muestras de cariño, valoran mucho un proyecto que implica la presencia de personas sordas en primera persona porque cuando me tengo que arremangar y ver cómo se traduce esto, ahí es donde me siento con personas sordas y de repente empezamos a explorar y a ver y aprobar y etcétera. Por eso siento que me hacen llegar su apoyo y eso es muy lindo. Ver que se sienten identificados también es muy gratificante. Ahí digo: vale la pena hablar de sexo y descontrol porque sino todo el contenido que se hace es el correcto”, explica, en referencia al estereotipo de la personas con discapacidad que “son luchadoras, existen y eso es un logro”.

Una toma cinematográfica

Una toma cinematográfica

Los estudiantes de la ENERC tomaron la escuela de cine en reclamo por el cambio de regimen lagoral que el gobierno quiere aplicar a los docentes, poniendo en riesgo sus derechos laborales.

En rechazo a la nueva propuesta de asignación de carga horaria docente impulsada por el rector Gabriel Rojze, la comunidad estudiantil de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) decidió tomar la sede sin cese de actividades. 

En el hall principal de la ENERC, bajo un techo gastado por los años  y rodeada por decorados de rodajes, una docente pide a sus alumnos que piensen cómo se construye un personaje. “En los momentos de presión es donde se muestra su verdadero carácter”, remarca la profesora. Afuera, la ciudad sigue su ritmo; adentro, la toma transforma el aula en escenario de lucha. Los estudiantes escuchan atentos, algunos de pie, otros sentados o incluso desde el piso. Ahí, la consigna de la clase parece rozar algo más profundo: en tiempos de ajuste y desmantelamiento cultural, también ellos están poniendo a prueba su propio carácter.

Esa búsqueda por sostener el aprendizaje en medio de la incertidumbre, ocurre en una institución que hoy atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años. Gabriel Rojze, rector de la escuela, presentó un nuevo régimen para el cálculo de las horas cátedra, que modifica las condiciones laborales de los docentes y deja sin derechos básicos como el aguinaldo o las vacaciones. La medida, tomada sin ningún tipo de consideración con el cuerpo docente, encendió la alarma entre la comunidad educativa, que decidió ocupar la sede en señal de desaprobación.

Para buena parte del estudiantado, las tensiones actuales no pueden desvincularse del contexto más amplio de recorte y ajuste en el ámbito cultural. Desde la asunción de Carlos Pirovano al frente del INCAA, designado por el gobierno de Javier Milei, distintos sectores del cine vienen denunciando despidos y reducción de fondos. En ese escenario, la dirección de la ENERC y las autoridades del INCAA comparten un mismo desafío: intentar sostener una institución educativa pública en medio de decisiones que los estudiantes perciben cada vez más ajenas.

“Nuestro rector se comporta como un político” expresó un estudiante de la escuela quien, al igual que las demás compañeras y compañeros que contactó ANCCOM, pidieron no dar sus nombres por temor a represalias. Con medidas y conductas que evocan más la de un burócrata que mira desde sus intereses, que a la de un docente y productor de cine, que podría visualizarse en la imagen de estos chicos con sueños similares a los que él tenía a su edad.

En todo este conflicto lo que se ve más afectado es la labor docente. Profesores y ayudantes de cátedra se ven obligados a trabajar en condiciones precarias o directamente a perder sus cargos, mientras que para los estudiantes la calidad educativa que ellos eligieron por el prestigio de la escuela, se ve amenazada. “Nosotros lo único que queremos es cursar bien y que la ENERC permanezca y quede a salvo en esta gestión”, señaló una estudiante. En ese sentido, agregó que la medida está pensada en apoyo a los docentes. “Nos pareció que, como alumnos, era momento de tomar la medida de fuerza nosotros”. La ENERC, al ser una derivación del INCAA, no cuenta con un marco legal que ampare plenamente a su plantel docente, por lo que movilizarse podría implicar consecuencias que pongan en riesgo su sustento económico.

A pesar de las condiciones laborales adversas, los docentes sostienen la enseñanza con dedicación. Ese compromiso no pasa desapercibido para sus alumnos, que buscan devolver algo de lo aprendido. “Para ellos es muy significativo, porque es un gesto que entienden que realmente trazamos la línea en defensa de sus derechos, nos lo agradecen mucho, se sumaron a las clases públicas, vinieron a las asambleas y nos acompañan en todo momento” manifestó otro de los alumnos.

El cine también enseña a resistir

 En el actual gobierno de Javier Milei cada vez resuenan más los casos en los que instituciones públicas se ven amenazadas por políticas que comprometen directamente su sostenibilidad. En el caso de la ENERC, esta tensión atraviesa dos frentes centrales: la universidad pública y las artes. No se trata solo de una institución educativa que enfrenta recortes salariales a su cuerpo docente, sino también de un espacio ligado al cine nacional, un sector que hoy sufre recortes presupuestarios, pérdida de apoyos estatales y suspensión de fondos para producciones locales. 

 En esta línea, nos queda pensar que queda el día de mañana para este grupo de futuros realizadores cinematográficos que están luchando por su sueño. “Estamos en un momento muy oscuro de la industria, en la que nuestros docentes nos plantean que muy probablemente cuando nosotros salgamos a trabajar, no nos encontremos con las mismas oportunidades que ellos tuvieron”, aseguró una estudiante que está muy cerca de terminar sus estudios. 

“El cine es capaz de reconstruir la historia”, con esa reflexión concluía una de las clases públicas que se están dando durante la movilización. Desde sus orígenes, el arte se erige como un espacio de resistencia, un terreno donde las obras pueden interpelar al poder y abrir debates que otros intentan clausurar. Los estudiantes enfatizaron que “la comunidad audiovisual y la comunidad artística en Argentina no está bajando la cabeza”. A pesar de los varios intentos por debilitar la industria cinematográfica argentina, esta se mantiene firme por las convicciones de quienes en un futuro tienen el sueño de formar parte de un proyecto importante para el cine nacional.

La toma de la ENERC no es solo un reclamo por derechos laborales o por la continuidad de una escuela: es también una declaración sobre el valor del arte como herramienta de transformación. En su unión, los alumnos y docentes demuestran que la fuerza del cine no está solo en la pantalla, sino también en quienes se organizan para sostenerlo.

Las mujeres de la fila

Las mujeres de la fila

Detrás de cada persona privada de su libertad hay una red de madres, parejas, abuelas e infancias que también cargan con la violencia estructural del sistema penal. ACiFAD, la Asociación que reúne a familiares, denuncia el estigma social, las condiciones inhumanas de las cárceles y la doble condena que impone el Estado.

La cárcel no termina en las rejas ni en los muros de cemento. No termina ni en Ezeiza, ni en Devoto, ni en Marcos Paz. Tampoco termina en aquellas fronteras que delimitan las cárceles alrededor de la Argentina. La cárcel se mete en las casas, en las heladeras vacías, en los pasajes impagables y en la vida de quienes cada semana —cuando las condiciones se lo permiten— hacen la fila para visitar a sus seres queridos detenidos. Para las familias pertenecientes a ACIFAD (Asociación Civil de Familiares de Detenidos), el encierro se vive como una condena extendida, silenciosa y cotidiana.

Ni las personas adultas, ni las infancias permanecen igual cuando un miembro de la familia es encarcelado. Según el informe El impacto de la cárcel en las mujeres familiares (2022) realizado por la Red Internacional de Mujeres Familiares (RIMUF), desde el momento de la detención las familias vivencian un enorme sufrimiento: se reconfigura su organización, se empobrece su economía y se altera su cotidianeidad. Pero este impacto no queda reducido al plano material: se traduce también en preguntas que desbordan lo íntimo.

Diversas investigaciones a lo largo de los años han demostrado que quienes visitan a las personas privadas de su libertad son, en su mayoría, mujeres. Las filas para ingresar a las cárceles están colmadas de madres, esposas, hermanas, abuelas, hijas. Ellas son el sostén —no sólo afectivo sino también económico— del peso del encierro. Son ellas las que sustentan, organizan y reestructuran el hogar. Son las mujeres de la fila quienes se encargan de ser vínculo entre el adentro y el afuera, de la continuidad de la dinámica familiar y de posibilitar el contacto entre los niños, niñas y adolescentes y la persona detenida. Son ellas las que, muchas veces con escasos recursos, enfrentan, resuelven y remedian las consecuencias sociales del encarcelamiento.

Madres del dolor

“El venir acá es un alivio, porque sé que no estoy sola. Estamos todas las compañeras de la fila luchando.  Aquí encontré contención, mi familia son todas ellas”. El recorrido de Carmen por ACIFAD comenzó hace unos cuatro años cuando su hijo estaba atravesando un traslado desde la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, hacia un penal en Rawson, provincia de Chubut.

Carmen prefiere resguardar su apellido, como todos los familiares entrevistados. No se trata de vergüenza sino de preservación: no quieren sufrir todavía más violencia institucional del Sistema Penitenciario. “Lo peor de todo fue cuando me dieron la noticia -recuerda-. Una noticia que llevo grabada en mi corazón. El penitenciario me llamó por teléfono y me dijo: `Señora, ¿usted es la mamá de Daniel?`. `Sí` le respondí. `¿Qué pasó?, algo pasó`, le dije. `¿Está sentada o está parada? Siéntese porque le tengo una noticia. Su hijo acaba de fallecer`. Yo escuché esas palabras y no lo creía. Fue muy triste para mí, porque yo no podía traerlo. Mi hijo estaba en Rawson y yo estaba acá” continúa, “y me lo trajeron en una bolsa de consorcio. Yo lo entregué a mi hijo sano, vivo, fuerte, y sin embargo me lo mandaron muerto en un bolsa de consorcio.”

El traslado de las personas privadas de su libertad a prisiones alejadas de su domicilio de residencia es otra de las problemáticas que afrontan muchas familias. Para quienes viven en Buenos Aires y tienen a sus seres queridos detenidos en otras provincias, la visita no sólo implica afrontar el costo del pasaje, sino también pagar el alojamiento; además de la pérdida de días laborales, un drama para quienes por lo general tiene empleos precarizados. Según el informe Más allá de la Prisión (2019) realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) en conjunto con Church World Service (CWS), UNICEF y ACIFAD, el 91% de las personas detenidas en cárceles del interior del país con familias asentadas en Buenos Aires no recibe visitas de sus hijos e hijas. Detrás de esta cifra hay madres y abuelas que hacen malabares para sostener el vínculo, aunque muchas veces las distancias lo vuelven imposible.

Carmen sigue asistiendo a los encuentros de ACIFAD cada martes en el barrio de Once a pesar de que su hijo ya no está. Como otras tantas, allí encontró no sólo apoyo sino también una comunidad de mujeres que comparten la misma carga: mantener a sus seres queridos detenidos vivos ahí adentro y acompañarlos cuando salgan.

La pena privativa de la libertad en Argentina se encuentra regulada por la Ley 24.660 que establece que su desarrollo debe ser progresivo con el objetivo de que la persona condenada adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social. Sin embargo, la realidad penitenciaria está atravesada por la sobrepoblación, el hacinamiento, condiciones materiales precarias y el acceso deficiente a la salud y a la educación. Para las mujeres familiares las preguntas se repiten todos los días: ¿Qué pasa después de la cárcel? ¿Cuáles son las políticas públicas reales y concretas pensadas para la reinserción social de las personas detenidas? ¿Las hay verdaderamente?

Paula es maestra y madre de Valetín, un joven de 25 años que se encuentra privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria de Florencio Varela. “Nosotros también nos hacemos muchos problemas, no solo por Valentín, por muchas cosas, por lo que se vive, por lo que tocó conocer. Sabemos que la única forma de que no se sufra así es no caer. Yo les decía el otro día a mis alumnos  `¿Para qué vamos a la escuela? Para socializar, para aprender a leer y escribir. ¿Para qué vamos a un hospital? Para curarnos de enfermedades. ¿Y a la cárcel? ¿Para qué se va?  Para hacer las cosas mejor y poder reinsertarse, ¿no? Bueno, parecería lo contrario`”.

Susana también pone en palabras las dificultades concretas y cotidianas de la reinserción respecto de su hijo: “La cárcel no los prepara para una nueva oportunidad, para una nueva vida. Mi hijo de 40 años cuando salga dentro de 17, no va a saber lo que es la plata, el dinero; no va a conocer nada. Ni siquiera las calles de su propio barrio van a ser las mismas”.

La CIDH señala que las mujeres con familiares en prisión asumen la generación de ingresos, las tareas domésticas y el cuidado de la persona detenida, además de responder a los requerimientos del sistema penitenciario.

La feminización del cuidado

La lógica binaria de los roles de género y la desigual división sexual del trabajo que ordenan nuestra sociedad se ven potenciados por las dinámicas propias del sistema penitenciario debido a que son las mujeres quienes asumen la tarea de cuidado de las personas detenidas. Esta sobrecarga de tareas se refuerza con el trabajo no pago que realizan en sus hogares, además de las actividades laborales remuneradas que realizaban con anterioridad a la detención o que debieron asumir a raíz de ella.

Son las mujeres quienes asumen la responsabilidad de hacerse cargo de quienes están adentro y quienes están afuera. Pero, ¿quién cuida a quienes cuidan? En este contexto, ACiFAD se presenta como aquel espacio de contención y cuidado con el objetivo de transformar la experiencia y el dolor individual en una acción colectiva.

El pasado 7 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su Opinión Consultiva reconociendo el cuidado como un derecho humano autónomo, interdependiente con otros, que declara obligaciones concretas para los Estados. En Argentina, la detención de un ser querido genera para las mujeres, ya no una doble jornada laboral, sino una triple jornada. La Corte señala que las mujeres con familiares en prisión asumen la generación de ingresos, las tareas domésticas y el cuidado de la persona detenida, además de responder a los requerimientos del sistema penitenciario.

Las transformaciones que se generan en el grupo familiar a partir de la detención son tan variadas como variadas son las familias, pero, en su mayoría, hay un común denominador: son las mujeres quienes cargan con la mayor parte del peso. Son ellas las que cuidan, acompañan y escuchan tanto en el adentro como en el afuera.

Herramientas para construir una ciudadanía digital

Herramientas para construir una ciudadanía digital

Impulsadas por la familia de Ema Bondaruk, la adolescente que se suicidó luego de que se viralizara un video íntimo, se presentaron la Guía Ema y un proyecto de ley de prevención de la violencia digital.

En agosto del 2024 Ema Bondaruk, de 15 años, se quitó la vida. Un día antes, un compañero de colegio había difundido un video suyo con imágenes íntimas, que en cuestión de horas acabó en manos del resto de su escuela. Lo que sufrió Ema tiene nombre: violencia digital de género.

Un año después de ese hecho, se presentaron en el Congreso el proyecto de Ley Ema y la Guía Ema, un programa nacional de prevención y abordaje integral de la violencia digital en los ámbitos educativos. La guía fue realizada por la familia Bondaruk, con las organizaciones de Ley Olimpia Argentina, Gentic, Faro Digital, Defensoras digitales de México, Fundación Encuentro por la Participación Ciudadana y la Ampliación de Derechos, y los despachos de la diputada nacional Mónica Macha y la senadora provincial Laura Clark.

Laura Sánchez, mamá de Ema, comentó en diálogo con ANCCOM que la guía surgió en medio del dolor, al ser contactada por la activista mexicana Olimpia Coral Melo y la referente argentina Florencia Villegas, ambas víctimas de violencia digital de género por la difusión no consentida de imágenes sexuales. Al conocerlas, comenzaron a hablar y “soñar” sobre lo que podían hacer respecto a la problemática. Sánchez afirmó: “Yo me estoy reconstruyendo, después de la pérdida de un hijo uno tiene que volver a nacer para seguir viviendo, sino muere con ese hijo. Empecé este camino para resignificar el nombre de Ema, y para que su muerte no sea en vano. Nos puso a todos de cara con la violencia digital”.

El encuentro con Melo y Villegas, junto a la repercusión internacional del caso, le demostraron a Sánchez la dimensión de la problemática y la urgencia de una herramienta para prevenir y generar conciencia tanto en las autoridades de los colegios y docentes como en los alumnos y sus familias. Sánchez agregó: “La idea es poder reparar y concientizar, que todos puedan dimensionar el daño que se puede generar con esto. No siempre termina en la muerte, afortunadamente, pero genera daños psicológicos irreparables en algunos casos, abandono de colegios, trastornos alimenticios, aislamiento. En las sobrevivientes de violencia digital aparece esta sensación de sentirse violadas una y otra vez porque su intimidad queda tan expuesta y las deja en un lugar tan vulnerable que genera todas estas consecuencias psicológicas. Lo genera en los adultos, imagínate en una persona de 15 o 16 años que está creando su subjetividad y atravesando un momento bisagra”.

La guía, que se puede descargar de forma gratuita en la página de Faro Digital, se enfoca en el abordaje desde el ámbito educativo y busca la reparación del lazo social, concibiendo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, entendiendo que el entorno digital es tan real como todos los otros ámbitos de la existencia humana. Macha, en conversación con ANCCOM, se refirió al proyecto de ley: “Es pensar en un programa nacional, una política pública que permita prevenir, asistir y acompañar tanto a víctimas como sobrevivientes de la violencia digital, con el mismo marco de la guía, pero más profundo. Tanto la guía como el proyecto fueron pensados muy cercanos a la Educación Sexual Integral (ESI).” Además, reconoció: “Esto es un problema social: no es ni de la familia ni de la escuela, es de todos. La ciudadanía digital la tenemos que construir comunitariamente”.

Ambos documentos reconocen una responsabilidad colectiva y compartida tanto de quienes suben las imágenes íntimas como de quienes contribuyen a su viralización. Si bien no se enmarcan en una lógica punitivista, dado que se trata de violencia entre pares, la diputada destaca la necesidad de pensar en sanciones reparadoras acordes a cada caso. El daño no puede quedar impune, pero tampoco debe recibir una respuesta penal propia del mundo adulto. El objetivo no es generar conciencia a partir del miedo al castigo, sino desde el respeto al consentimiento y a la dignidad humana.

Milagros Schroder, coordinadora de Educación de Faro Digital, destacó que no se trata de una receta única ni mágica, sino de una guía que debe adaptarse a cada caso concreto. A su criterio, el mayor desafío será “leer la guía a la luz de cada situación, con la empatía suficiente para correr nuestra mirada adultocéntrica sobre la cultura de los chicos y las chicas. No se trata de revictimizar ni de poner el foco en si alguien se sacó una foto o mandó un video, sino en lo que ocurrió después. También es clave contemplar si existen violencias que se suman, y poder ponerle nombre y apellido a cada una para realizar un abordaje integral”.

A través de una perspectiva feminista, la guía destaca distintas violencias digitales como el grooming, la sextorsión, el acoso virtual sexual y el porno deepfake, entre otras. Respecto al uso violento de la Inteligencia Artificial Generativa para crear imágenes y/o videos de desnudos, Schroder afirmó: “Hay que concientizar, y por eso se busca la alfabetización digital más allá de cómo usar las herramientas, para qué usarlas y con qué criterios. También hay que pensar cómo se construyen las identidades, que significan las identidades en líneas y las identidades manipuladas con el uso de inteligencia artificial generativa.” La especialista agregó:“Todo eso es un recorrido que es importante transitar desde los ámbitos educativos pero también desde la sociedad, sobre todo con los chicos y chicas en estos entornos donde tienen la posibilidad de aprender a usar la herramienta en sí, pero también para saber qué significa vivir con máquinas, en sociedades con vínculos mediados por pantallas y la construcción de la convivencia digital”.

Sánchez subrayó que la guía no busca responsabilizar a los docentes ni poner en duda su voluntad de actuar, sino brindarles las herramientas que el Estado no les provee. “Queremos acompañarlos con capacitaciones y con la ESI. Sabemos el desborde que atraviesan hoy en las aulas y cómo están trabajando, por eso queremos ofrecerles este instrumento. Nosotros podemos dar esto, pero también entra en juego la sensibilidad humana”, concluyó.