Bases y condiciones para privatizar

Bases y condiciones para privatizar

Con su primera ley aprobada en el Parlamento, el gobierno de Javier Milei quedó habilitado para vender varias empresas públicas. La necesidad de dar razones oficiales para volver a los 90.

Le llevó seis meses al Gobierno y ceder en algunas pretensiones pero finalmente la Cámara de Diputados le aprobó en la madrugada del 28 de junio la Ley Bases y el paquete fiscal que la gestión de Javier Milei venía empujando con prisa y sin pausa desde diciembre. El ambicioso paquete de reformas original contaba con más de 600 artículos que atravesaban todas las áreas, desde lo impositivo, privatizaciones, seguridad, reformas laborales, jubilaciones y más. En un semestre de intensas negociaciones -y un rechazo de diputados de por medio- el proyecto fue mermando a una versión más escueta y “suavizada” que la original, que tuvo su aprobación definitiva en el Congreso Nacional, luego que Diputados acompañara la norma con 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto fue el capítulo de las privatizaciones de empresas estatales. Originalmente, se pretendía poner a la venta 40 empresas del Estado, entre las cuales se encontraban YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación. Luego de un intenso tira y afloje -que caracterizó el debate de ley en su totalidad- se redujo a 11 (entre las que se quitó a YPF y al Banco Nación) y finalmente en el Senado se quitaron de la lista a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos.

Según el texto aprobado por el Congreso, las empresas sujetas a una privatización completa son cuatro; Intercargo SAU; Enarsa; Nucleoelétrica Argentina; Yacimientos Carboniferos de Río Turbio. A su vez Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A. quedarán disponibles para su privatización o concesión.

En conversación con ANCCOM, Karina Forcinito, experta en privatizaciones, docente investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Luján y en la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA, afirmó que el plan de Milei está “vinculado con la necesidad de hacerse de reservas y dinero para financiar el programa del gobierno”. Según Forcinito, la decisión de poner algunas empresas estatales a la venta se enmarcaría en la “concepción anarco neoliberal de Milei, donde el Estado es el principal problema de la economía y es por eso que debe reducirse a su mínima expresión”. El mismo mandatario liberal se calificó a sí mismo como “el que destruye el Estado desde adentro” en una entrevista reciente en el medio internacional The FP Honestly.

Forcinito destacó que algunas de las empresas funcionan bien en las manos del Estado: “Intercargo da ganancia, de los corredores viales el 25% de las rutas del país son superhabitarias”. Igualmente, aclaró que todo dependerá de la forma en la que “se desarrollen las privatizaciones y la bajada de línea que determine el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)”, foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión.

La investigadora celebró la quita de Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas a privatizar. Para ella la aerolínea “tiene la carga del servicio universal y asume todas las rutas deficitarias que ningún privado quiere asumir. Si se hubiera privatizado quedarían desconectados muchos lugares”.

Por último, la experta en privatizaciones afirmó la necesidad de poner en discusión los términos de las ventas con “gente que entienda que el Estado, según la Constitución, tiene funciones indelegables que tiene que cumplir en materia de servicios públicos y entienda la diferencia entre un servicio público y uno privado. Lo que pasa es que este gobierno no ve la diferencia, entiende que todo es negocio y no le importa”.

José Castillo, economista, dirigente nacional de Izquierda Socialista y docente investigador de la Universidad de Buenos Aires, conversó con ANCCOM y afirmó que la estrategia de incluir el capítulo de privatizaciones tiene que ver con una necesidad de “mostrar esa imagen de desregulación, una línea ideológica de privatizaciones, que se integra al programa de ajuste estructural clásico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se conforma de tres patas: reforma laboral, reforma jubilatoria y reforma fiscal”.

En relación a esta ley, Castillo aseguró: “Hay una desesperación del gobierno de mostrarle a los organismos internacionales, sobre todo al FMI y a los inversores, que tienen la posibilidad de pasar alguna ley. Desde afuera aplauden el proyecto de Milei pero dudan de su viabilidad política. Milei no está logrando ningún acuerdo político”. El recorte del ambicioso proyecto original de la Ley Bases anuncia lo mismo: Milei tuvo que bajar del “trono” y empezar a hacer concesiones entre los partidos al estilo “casta” para poder lograr apoyo del Legislativo.

Siguiendo a Castillo, el gran desafío que tiene Milei para accionar su plan político es “la estabilización de la economía y no está logrando conseguir esos dólares. El FMI tampoco está dispuesto a prestarle de nuevo a Argentina. Este es el gran problema de corto plazo que tiene el gobierno: no tiene plata ni para pagar las exportaciones hoy, ni siquiera pudo abrir el cepo”. El historial de préstamos y cesación de pagos del país se suma al “miedo que tienen los inversores extranjeros a la gobernabilidad de Argentina. Están de acuerdo con el programa económico pero quieren resultados de estabilización y acuerdo político”, afirmó Castillo. En este sentido, la aprobación de la Ley Bases significa un triunfo; logró finalmente llegar a un primer acuerdo político en su gestión, que podría mandar señales de estabilidad a los inversores extranjeros.

En cuanto al plan a largo plazo del gobierno, el dirigente apuntó: “Está muy claro: que se derrumben los salarios y las jubilaciones, que desaparezca la legislación laboral argentina. Argentina pasaría a ser una economía de enclave, en condiciones de competir con otros países, como los del sudeste asiático. Es un esquema donde vienen empresas extranjeras en búsqueda de mejores precios de producción pero no para mejorar la economía local sino para exportar. Para hacer eso tenés que lograr la tremenda derrota para los derechos a los trabajadores” cerró Castillo.

Las privatizaciones en los ‘90

ANCCOM también conversó con Emiliano Libman, doctor en Economía e investigador asistente del CONICET, sobre el esquema de privatizaciones de los ‘90 y las resonancias con esta ley: “Durante el gobierno menemista efectivamente el esquema de privatización generó una mejora en las cuentas públicas: atrajo ingresos frescos y un atractivo para los inversores internacionales. Buena parte de los activos de las empresas públicas formaron parte de toda la estrategia de reestructuración de la deuda que Argentina y los demás países de América Latina tenían desde los ‘80”. Pero fue una estrategia que sólo funcionó “en el corto plazo para eliminar los problemas fiscales”. Tiempo después y a raíz de la convertibilidad el país volvió a endeudarse y terminó la década con una deuda muchísimo más grande que con la que la había empezado.

“Milei elogia al gobierno menemista, pero el contexto es muy diferente. Hoy Argentina no tiene el mismo acceso al crédito que tenía en los noventa. Queda por verse que si Milei puede sostener el ajuste en estos niveles, que es muy fuerte”, concluyó Libman.

La cultura homenajea a Mercedes Sosa para ayudar a las personas en situación de calle

La cultura homenajea a Mercedes Sosa para ayudar a las personas en situación de calle

Después de la muerte de tres personas mientras dormían en la vía pública, 24 centros culturales harán un homenaje simultáneo a la cantante tucumana para recolectar ropa y alimentos para los sin techo.

En la última semana de junio murieron de frío tres hombres sin techo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dos, un sábado. El otro, un domingo. Uno en la calle Cerviño al 3100, en Palermo. El segundo, entre las calles Padre Carlos Mugica y Ramos Mejía del barrio de Retiro y el tercero, en la Plaza Miserere de Once. “La problemática de situación de calle tiene muchas causas interrelacionadas. Notamos que incrementó muchísimo en virtud de la crisis económica, o sea, estamos frente a una crisis habitacional. El eslabón más precario es el que habita en la calle y el que le sigue es el que alquila una pieza de hotel o inquilinato por el día”, aseguró Mónica Farías de la Asamblea Popular Plaza Dorrego, que se encuentra dentro de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, en diálogo con ANCCOM

Según información oficial del Gobierno de la Ciudad, lo que hasta hace poco se conocía como el programa “Buenos Aires Presente” (BAP), desde mayo empezó a llamarse “Red de Atención”, que pone a disposición 47 Centros de Inclusión Social (CIS), antes llamados “paradores”, que cuentan con 3.300 plazas. “Es una forma de cambiar el nombre para que no cambie la política de asistencia en sí —opinó Farías—, porque se vienen desfinanciando los programas de asistencia. Además los CIS actúan como dispositivos semicarcelarios, los compañeros en situación de calle muchas veces no quieren ir ahí porque reciben maltratos. A veces, en invierno no tienen ni agua caliente”. 

Si bien la “Red de Atención” está pensada para todas las personas sin techo, a diferencia del BAP, segmenta los centros según el tipo de población: algunos están destinados a personas con consumos problemáticos de sustancias o con un padecimiento de salud mental, otros están pensados para familias, otros son para adultos mayores y otros, para mujeres solas. La Línea 108 es el canal de solicitudes de asistencia a personas en situación de calle. Se encarga de derivar los casos a equipos de profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. 

“Primero, lo que vería es si realmente esos dispositivos existen —cuestionó Bárbara Alegre, quien pertenece a la organización Sopa de Letras, que también se encuentra dentro de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle—. ¿Es real que la ‘Red de Atención’ está circulando con sus móviles durante la noche? Porque en cuatro días murieron cuatro personas en situación de calle. El 2 de julio falleció la última. Si hay dispositivos como dicen, ¿por qué esas personas no estuvieron en un refugio?”. 

Por su parte, Farías dijo que “el Gobierno de la Ciudad te dice que, según el último relevamiento, hay alrededor de tres mil personas en situación de calle, pero nosotros estimamos que son más. Lo vemos todo el tiempo caminando por la calle: donde no había una persona ahora hay tres, donde había una, ahora hay cinco”. 

Los CIS existentes parecen no alcanzar para toda la población sin techo. Y ahí es cuando intervienen las organizaciones sociales. Alegre contó que Sopa de Letras asiste de lunes a domingos a entre 150 y 200 personas. “Hacemos, principalmente, recorridas nocturnas, trabajamos sobre la urgencia. Después, hacemos acompañamientos durante el día”, sostuvo. 

“Dentro de nuestro local —contó Farías a su vez— tenemos una olla popular que funciona los domingos y que provee desayuno, almuerzo y un espacio de contención afectivo. Hacemos actividades que también son necesarias para la vida, como mirar una película, charlar con alguien, que te den un abrazo, para restituir la dignidad que la calle les va restando. También los asesoramos acerca de los trámites que tienen que hacer”. Si bien, temporalmente, la olla de la Asamblea Popular Plaza Dorrego no está funcionando, Farías aseguró que ha llegado a asistir a unas 200 personas o más por día. 

Para visibilizar esta problemática, bajo el lema “Nadie elige la calle para vivir”, diferentes organizaciones sociales abocadas a la asistencia de personas sin techo, como las que representan Alegre y Farías, llevarán adelante la quinta edición del Festival Cultural y Solidario “Que no calle”, que se realiza cada año, desde 2019, en 24 centros culturales porteños en simultáneo. La cita en todos los lugares es a las 20 del 8 de julio, en la víspera del que sería el 89° cumpleaños de Mercedes Sosa. Se trata de un encuentro para homenajear a la cantante con diversos artistas y a través del cual las organizaciones sociales recibirán donaciones para personas en situación de calle, que incluyen abrigo, zapatillas, comida, vasos, bandejas y cubiertos de plástico, termos, elementos de higiene personal, útiles escolares, medias y ropa interior sin usar. “Todo lo que se concentre en cada espacio va a ser derivado a un centro de acopio, en donde se va a organizar y se va a repartir entre todas las organizaciones participantes, porque es un modo de garantizar que se cubran las necesidades de cada organización”, contó Farías.  

Alegre aseguró que la idea de combinar el homenaje con las donaciones “surgió de unir a la cultura con todo el abordaje que hacemos. La cultura está viviendo una situación bastante crítica y les compas que están en situación de calle, también. La Negra Sosa estaba involucrada, con sus canciones, en las luchas sociales”. Además contó que Sopa de Letras estará presente en el centro cultural “El Tipográfico”, en Avenida San Juan 3246. Allí habrá una exposición de Emilce Fuenzalida, una artista visual. 

Por su parte, Farías dijo que la Asamblea Popular Plaza Dorrego hará su participación en el festival en el local propio, que queda en Avenida San Juan 803. Contó que las expresiones artísticas estarán a cargo, en este caso, de las bandas musicales “Dúo cardinal” y “Dejavú” y del solista Georgi Andino. También participará la “Compañía Folklórica Divergente”, integrada por bailarines. 

Además de los dos centros mencionados, también abrirán sus puertas los siguientes: “Vuela el pez” (Avenida Córdoba 4379), “La casona cultural” (Carlos Calvo 242), “JJ circuito cultural” (Jean Jaurés 347), “La yupanqui” (Avenida Triunvirato 3817), “Batacazo cultural” (Avenida Medrano 627), “El puente” (Avenida Rivadavia 9810), “La Homero Manzi” (Avenida Belgrano 3540), “Casona de Humahuaca” (Humahuaca 3508), “Un lugar aparte” (Juan Ramírez de Velasco 710), “Trivenchi” (Avenida Caseros 1712), “La paz arriba” (Avenida Callao 1082), “Fraga cultural” (Fraga 119), “Casa migrante” (Alsina 2701), “Musicleta” (Aguirre 489), “Páramo cultural” (Carlos Calvo 3974), “El hormiguero” (Yrigoyen 1440), “Escuela popular de arte Loli Ponce” (Avenida Corrientes 6769), “Nuestra América” (Perón 3390), “La Plapla” (Tres Arroyos 1596), “Luzuriaga Club Social” (Luzuriaga 348), “La casa de Apolo” (Virrey Cevallos 768) y “La ronda” (Méndez de Andes 614). En las redes sociales de cada uno se publicará qué eventos artísticos habrá. 

Por otra parte, las organizaciones sociales que recibirán donaciones, además de Sopa de Letras y Asamblea Popular Plaza Dorrego, son: “Abrigar Derechos”, “No tan distintes”, “Amigues por las calles”, “Ser con vos”, “Comedor El Gomero de Barrancas de Belgrano”, “Construyendo puentes solidarios”, “Acción por personas en situación de calle”, “Isauro Arancibia”, “Merendero subcultural Caballito”, “Misión solidaria”, “Oeste solidario Caballito”, “Olla del Parque de la Estación” y “Sociabilidades por los márgenes”.

“En el hospital no sobra nadie”

“En el hospital no sobra nadie”

Los trabajadores del Posadas realizaron un paro para exigir la reincorporación de los 92 trabajadores de la salud despedidos por el gobierno de Javier Milei. Servicios críticos en el área de salud que dejan de prestarse.

Este jueves los dirigentes de la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) realizaron un paro de 24 horas y una ronda en la entrada de la institución para reclamar por la reincorporación inmediata del personal del Hospital Posadas que fue despedido hace una semana como parte de las masivas cesantías que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei en el empleo público.

Desde las 8:30, trabajadores y profesionales de la salud de esta institución sanitaria participaron de la protesta a raíz de los despidos recientes. Fueron acompañados por vecinos, asambleas barriales y organizaciones políticas y sociales como centros de estudiantes y sindicatos. Todos se manifestaron unidos con el objetivo de visibilizar su apoyo y defensa del derecho a la salud pública. La FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) había decidido convocar a una Jornada Nacional de Lucha donde los gremios afiliados, a través de distintas acciones en diferentes provincias mostraron su apoyo y visibilización del conflicto. 

Además de los gremios presentes, las personas que llegaron se fueron sumando a la ronda con carteles en mano, en los que se podían leer mensajes como “En el hospital no sobra nadie”, “No a los despidos en el Hospital Posadas, salud pública y educación pública de calidad” e incluso nombres del personal de salud que había sido despedido en el último tiempo. La caminata fue desarrollándose por medio de aplausos, como una muestra del apoyo de distintos sectores de la sociedad.

Acompañaron la protesta los diputados nacionales Nicolás del Caño, Vanina Biasi y la diputada de PBA Laura Cano (todos parte del PTS-FITU). En busca de una solución al conflicto, la izquierda presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar estos despidos y exigir su reincorporación. Fue durante las rondas que se anunció, por medio de la CICOP, que el jueves próximo se hará una audiencia en el Congreso Nacional junto a diputados, sindicatos y sectores solidarios para seguir difundiendo la problemática. También se anunció un nuevo paro para el viernes 12. 

Las fuerzas federales entraron con motos y armas al Posadas debido a la multitudinaria movilización. Sin embargo, esto no afectó la realización la jornada de protesta ni el compromiso a seguir reclamando que todos los presentes demostraron.

Luis Mariano Sucher, uno de los despedidos del Hospital Posadas. 

Casi cien menos

La noticia de los despidos había llegado al personal el pasado viernes 28 de junio, siendo en total 92 miembros del Posadas a los que se les notificó de ello y de las no renovaciones de contratos. La preocupación fue creciendo tanto por los drásticos despidos como por los servicios que se ven afectados en áreas como fisiatría, emergencias, neumonología, clínica, kinesiología, enfermería, biología molecular aplicada al tratamiento del cáncer, radiología, hemoterapia y administración. 

 Ubicado en la localidad del Palomar, el Hospital Posadas surgió como iniciativa de la Fundación Eva Perón y fue proyectado por el doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud que tuvo Argentina. Fue nacionalizado en 2007. Está cerca de la villa Carlos Cardel y el barrio Ejército de los Andes, conocido como “Fuerte Apache”. Por ende, dicha situación deja a una abundante comunidad de pacientes en una grave vulnerabilidad debido a sectores que están sin cubrir o servicios reducidos.

 Distintos gremios habían alertado previo a la realización de la jornada sobre las intenciones del Gobierno Nacional al realizar este tipo de ajustes, explicando cómo buscan desarticular la salud pública e implementar el sistema de «vouchers» que favorece a los privados. 

Despidos criminales

 Luis Sucher fue contratado hace 25 años en el hospital y es uno de los miembros del hospital que fueron despedidos. Es delegado de CICOP en el centro sanitario y en el último tiempo trabajaba en Posadas dentro del área de atención de los consultorios externos. En diálogo con Anccom, Sucher explicó la problemática evidente que se presenta en los intereses del gobierno frente a la salud pública. “En este gobierno si no se ven ganancias para el sector privado o a sus amigos dueños de las grandes prepagas consideran a la salud como un gasto”, dijo. Luego expresó que esto implica un ataque a la salud pública del país y a millones de personas que no tienen la posibilidad de tener una prepaga. “La salud pública es un derecho universal, y esto muestra un desprecio enorme por los sectores populares y por los trabajadores”, apuntó. 

 Por otra parte, Sucher enfatizó sobre la necesidad de movilizarse a través de la jornada y de visibilizar lo gravemente afectadas en que quedarían las condiciones del hospital. “Esto se va a resentir en un momento crítico, el conflicto se va a agudizar limitando muchísimo la atención de pacientes en el sistema sanitario. De por sí estamos entrando en un periodo de enfermedades respiratorias”, expresó. Y añadió que un hospital como el Posadas no puede soportar este tipo de recortes, explicando que “muchísimas personas de por sí se quedan sin trabajo o pierden la posibilidad de pagar una prepaga, por lo que terminan recurriendo al hospital público”. El contexto afecta a la salud preventiva, salitas y atención periférica que están diezmadas. “Es bastante crítico y criminal el despido de todos estos trabajadores. muchos de los cuales son médicos con responsabilidades y especialidades únicas no sólo en el hospital sino también en el país”, opinó el delegado. 

 Por último, Sucher contó que si no se realizan las respectivas reincorporaciones los problemas se agravarán y se sentirán en todo el hospital. “Muchos de los profesionales que echaron tenían pacientes citados en los próximos dos meses. También enfermeros que cumplen tareas en áreas críticas, y al faltar personal van a sobrecargar a otros compañeros. Todo eso se va a sentir y va a poner en peligro la calidad de atención que requieren pacientes complejos”, explicó.

Visibilidad 

Elizabeth Correa fue contratada hace 22 años en el hospital y también es parte del personal que fue despedido el pasado viernes 28. Empezó en servicios generales en la parte de la cocina y luego se formó para ser Técnica Radióloga dedicándose en ese área en los últimos 8 años. Al consultarle por los servicios que más considera que se verán afectados, la radióloga contestó que “el sector de laboratorio, por ejemplo, en el que fue despedida la bioquímica que se encargaba de realizar los diagnósticos de leucemia y linfoma es uno de los más perjudicados. En kinesiología lo mismo, echaron a tres kinesiólogas”. Y que también hay sectores como el de asistencia social que están vaciados. “La verdad es que en todos los sectores hay mucha crisis y demanda. Tiene que haber una solución y en vez de echar gente deberían dar otra cobertura para que la calidad de la salud mejore” expresó Correa en diálogo con Anccom.

 La médica dijo tener mucha expectativa para las rondas que se hicieron el jueves. “De por sí la Asamblea que hicimos el martes para tratar este tema fue bastante masiva. Muchos compañeros se solidarizaron, compañeros que vinieron de otros lugares: ferroviarios, aeroportuarios, vinieron de otros hospitales. También tenemos mucha expectativa de que esa solidaridad sea mayor, que no nos dejen solos en este momento”, manifestó. Y se mostró agradecida porque sus compañeros del hospital demostraron muchas muestras de solidaridad, indignación y miedo a la vez, “que es entendible”.

 Por último, añadió la importancia de resolver el conflicto y el ataque a la salud pública como se hizo con la educación. “Nosotros apoyamos la lucha por la educación pública. Nos movilizamos cuando fue la marcha por las universidades, estuvimos apoyando en todo momento porque también nos parece importante que la educación tenga un lugar preponderante para la sociedad y que tiene que ser visibilizada esa lucha. Pretendemos que en nuestro caso también tome tal visibilidad y que la sociedad y la opinión pública también nos apoye como fue con la educación”. Para ella y sus compañeros esa lucha fue una inspiración enorme a la que pretenden llegar con la defensa de la salud, “porque la salud pública es igual de necesaria y debemos luchar por nuestros puestos laborales”. 

«A muchas personas que hemos crecido con Cuestión de Peso, nos ha cagado la cabeza»

«A muchas personas que hemos crecido con Cuestión de Peso, nos ha cagado la cabeza»

Volvió al aire el programa de televisión centrado en los cuerpos gordos que parecía del pasado. ¿Es el peso y la forma corporal el mejor indicador de salud? ¿Se volvió a legitimar la crueldad? ¿Solo las personas delgadas pueden ser felices?

Hace casi un mes volvió a transmitirse en la televisión “Cuestión de Peso”, el autoproclamado “programa más saludable de la televisión argentina”; su primera edición fue en el año 2006. La propuesta se caracteriza por las escenas en donde los participantes se enfrentan a una balanza y, con música de suspenso, se revela si lograron llegar al objetivo: perder unos kilos.

Parecería que entre tantas plataformas, canales de stream y otras opciones, la televisión debería competir con nuevas fórmulas para recuperar la relevancia que supo tener. Sin embargo, este reality y otros volvieron a transmitirse en los últimos años: Gran Hermano, Masterchef y ahora Cuestión de Peso. El programa no se emitía desde hace cuatro años en cable y siete en televisión abierta. Que ahora vuelva y en su primera semana al aire alcance un promedio de 5.1 puntos de rating invita a hacerse preguntas: ¿Por qué en este momento? ¿La sociedad no había cambiado de intereses? ¿Qué hay detrás de esto?

El periodista Agustin Rey explicó a ANCCOM que “el fenómeno realitys explotó en Argentina en el 2001. Si bien el primero se hizo en el 2000 (Expedición Robinson), es algo que viene con la crisis. Recuerdo que las chicas de Bandana siempre remarcan que el grupo surge en uno de los años más caóticos para el país, pero que la gente necesitó volcarse a otra cosa para que los salve. En su caso fue la música”. Para el especialista, Gran Hermano o Cuestión de Peso son “un reflejo de la sociedad, aunque muchos no se quieran hacer cargo. Furia de Gran Hermano en otra temporada hubiese durado dos galas, pero actualmente la violencia está naturalizada tanto en la vida como en la política y la televisión”.

“Veníamos de una temporada de Cuestión de Peso en que la tuvieron que bajar porque prácticamente no tenía rating. Pasamos de una sociedad, que decía ´Yo ya no miro esto porque no me interesa y no estoy de acuerdo´ a volver con todo como si fuera una gran novedad”, cuenta a ANCCOM Brenda Mato, activista por la diversidad corporal y miembra del Colectivo Gordes Activistas de Argentina. Y agrega: “Nos habla de que como sociedad estamos retomando discusiones que parecían saldadas en un montón de aspectos y sobre todo en materia de derechos. La vuelta de Cuestión de peso marca un termómetro social: estamos volviendo a tener un montón de conversaciones que ya habíamos saldado”.

La salud

“Es el programa de siempre, el Cuestión de peso de siempre, porque el propósito es el mismo: tender un puente a la buena salud”, afirmó Mario Massaccesi, el alto y delgado conductor del programa, en el primer capítulo de esta temporada. El conductor es acompañado por el doctor Alberto Cormillot, quien participa desde su primera emisión en 2006.

El primer programa de esta temporada arranca fuerte: «La obesidad es una epidemia global y el futuro es aún más alarmante. El 13% de las personas con obesidad en el mundo son argentinas».

 El objetivo es detener este flagelo balanza en mano, empezando por los diez participantes de esta temporada. Cada uno de ellos llega al estudio, cuenta su nombre, su peso corporal y su historia. Tras presentarse, lo recibe el equipo de profesionales de la salud formado por el clan de Cormillot: su hijo, su esposa y su nieta. Son ellos quienes le plantean el objetivo que puede reducirse a un número: la cantidad de peso que deben bajar.

Brenda Mato señala un primer problema: “Al hablar de salud utilizan el único indicador que no habla de salud” y explica que la medicina que se corre del discurso médico hegemónico sostiene que el peso en sí mismo no es necesariamente indicador de salud, ya que este depende de muchos factores. Entonces se pregunta, “Si ellos hablan tanto de la salud, ¿por qué no premian cuando se modifican otras conductas o métricas que sí son indicadoras de eso?”.

Según la OMS, la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En este sentido, cuenta la nutricionista Irene Schvartzman: “Si quiero evaluar tu estado de salud, puedo preguntarte si tenés análisis de sangre hechos en el último tiempo, cómo es tu alimentación en general, tu relación con la actividad física, si fumás, si tomás alcohol. Fijate la cantidad de preguntas qué podría hacerte. Todas van a estar interrelacionadas entre sí para ver si hay algo que yo pueda hacer para que vos tengas más salud: no tiene nada que ver una balanza”. Y reflexiona: “Mientras nos parezca que el cuerpo delgado es el cuerpo sano, vamos a normalizar programas como Cuestión de peso”.

Desde la perspectiva de Rey, “Cuestión de peso se supo amoldar a la época, quitando pruebas que hoy serían irreproducibles” y explica que “ya no se ríen de lo que se reían antes, no ponen a los participantes en el juego tirándose en una pileta. Por suerte algo cambió”.

Para Mato en esta edición “han tomado parte del discurso activista para después volver a ejercer violencia” y agrega que “es esta dicotomía de que estamos avanzando pero a la vez siempre ellos van a tener la razón”.

La industria de la dieta

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostiene que Argentina es el segundo país con más presencia de trastornos de la conducta alimentaria, que afecta un 29% de la población. El 40% de los casos tiene que ver con la genética y un 60% con cuestiones sociales. Las cifras alertan sobre la necesidad de atender a la salud de una forma responsable y completa, no reducida a una sola cifra.

«Hay mucha plata detrás de una industria que se encarga de decirte que todo lo que sos y lo que hacés está mal y que ellos tienen la solución a todo eso», explica Mato. «Esa es la trampa. Es lo que a ellos les conviene para ganar dinero. Cormillot no solo tiene su programa, también tiene su clínica y su línea de productos light y ultra procesados; esas cosas uno sabe que son las peores.”

Schvartzman coincide: «La industria de las dietas es tremendamente rentable. Es una de las que más plata mueve en el mundo: suplementos, medicamentos, liposucción, cirugías de papada, dietas de todo tipo, actividades físicas. He llegado a ver un tipo de actividad física que era con electrodos en el cuerpo que aumentan el riesgo de deshidratación y problemas renales. Pero bueno, se pierde peso corporal más rápidamente. ¿Qué tiene todo esto de saludable? Para mí, nada».

Como explica la nutricionista, la familia de los Cormillot creó un imperio a partir de la cultura de las dietas: «De hecho, en el programa está toda la familia. Se arma un circo que vende. Es el reflejo de una sociedad resultadista, que busca un número menor y utiliza como indicador un cálculo matemático. Y si no funciona va a buscar otro tipo de intervenciones más drásticas o más violentas que pueda cumplir con el mismo objetivo. Una cirugía bariátrica, por ejemplo, se aplica en personas que tienen órganos sanos. Hay personas que ni siquiera tienen patologías, se hacen una intervención quirúrgica y terminan con consecuencias negativas para la salud mental y física. Pero tal vez, logran una delgadez que nunca lograron, pero está demostrado que las intervenciones al cuerpo en un largo plazo no se sostienen porque se pierde peso corporal al principio y luego se recupera».

“A mí y a muchas personas que hemos crecido con ese programa, nos ha cagado la cabeza”, sostiene Mato y critica una industria de la dieta que hizo furor en los años 90 con nutricionistas famosos como el mismo Cormillot, Ravena y muchos más: «Salían en tapas de revistas y te pasaban las dietas». Mato reconoce también que «si bien hoy puntualmente le pegamos a Cuestión de peso porque está en el aire, no es el único responsable de todo esto. Lo que nos pasa hoy es que queda anacrónico. Si uno pone el contexto en dónde salió Cuestión de Peso, estaba recontra avalado. Era parte de lo que queríamos. Y parte de lo que hoy somos conscientes que no queremos volver a ser”.

Para Rey, “La sociedad va cambiando porque nosotros vamos cambiando en nuestras individualidades. Nadie mira Gran Hermano pero después hace 30 puntos de rating. Es como cuando decían «nadie mira a Tinelli» o «nadie votó a Menem». Ahora por suerte hay un poco más de hacerse cargo que para la distracción no hay programas más y menos cool. Es televisión, entretenimiento, no tienen por qué educar, para eso está la familia y el colegio”, resume polémico.

Espectacularización de los cuerpos

Schvartzman es consciente del rol que tienen los cuerpos en nuestra cultura: “Cuestión de peso es un reality; como tal busca generar audiencia. Con la ridiculización del cuerpo busca que la gente hable. Hay una espectacularización del cuerpo gordo, como si todos los causantes de los males de los participantes fuera el cuerpo gordo. Si ves la historia de los participantes y escuchás la historia de cada quien, lo único que tiene para decir es que el cuerpo gordo es lo que los llevó a fracasar como persona en la vida. Y es la causa de todos sus sufrimientos y cuán distinta sería su vida si pudieran tener un cuerpo delgado”.

“Cuando se habla de todo esto, lo primero que te dicen es: ´Vos le estás diciendo a la gente que no se preocupe por la salud´. No: yo lo que le estoy diciendo a la gente, es que como son están bien. Y que no tienen que cambiar absolutamente nada si no quieren. Pueden reclamar su propia autonomía. A diferencia de toda esta gente que todo el tiempo nos dice lo que tenemos que hacer, lo que desde el activismo le queremos decir a la gente es todo lo contrario: que nadie puede venir a decirles lo que tiene que hacer. Que ellos tienen la total autonomía y potestad de decidir sobre sí mismos”.

 

 

¿Quiénes son los cinco manifestantes contra la Ley de Bases que aún quedan detenidos?

¿Quiénes son los cinco manifestantes contra la Ley de Bases que aún quedan detenidos?

Cuatro hombres y una mujer siguen detenidos en penales federales acusados de delitos graves. Los que fueron liberados continúan con procesos abiertos debido a la apelación del fiscal Stornelli.

Durante la jornada del 12 de junio, mientras se debatía la Ley Bases, el Congreso de la Nación fue el foco de atención durante el día. Pero los protagonistas exclusivos no fueron los senadores ni los artículos que se discutieron, sino la feroz represión que se vivió en las afueras e inmediaciones del Parlamento. El resultado de la violencia de las Fuerzas de Seguridad dejó un saldo de más de 600 heridos y 33 detenidos. Luego de unas horas, 17 de ellos fueron liberados en el transcurso de las horas posteriores, otros 16 resultaron excarcelados seis días después, luego de que una Plaza de Mayo repleta de personas reclamara por su liberación. Pero aún quedan cinco arrestados, acusados de un sinfín de delitos.

Cuatro hombres, cuatro historias

Cristian Valiente de 41 años, extrabajador de un supermercado chino y oriundo de la Provincia de Buenos Aires, arribó a la plaza para el momento de la desconcentración, durante la tarde, de manera individual. Minutos después fue uno de los 33 detenidos por la Policía Federal y de la Ciudad. Es acusado por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad. Según la versión policial, al momento de la detención fue encontrado con una granada de gas lacrimógeno en su mochila. Según la versión de Valiente, un aerosol de gas pimienta vencido en 2022 con inscripciones del Ministerio de Seguridad, que encontró minutos antes de su arresto y que guardó para mostrar luego debido a la caducidad del mismo.

Roberto María de la Cruz Gómez también es acusado por los delitos de intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad. Fue detenido por efectivos de la Ciudad a varias cuadras de la Plaza Congreso, sobre la Avenida de Mayo y Sáenz Peña. Manifestó, en su declaración, haber sido golpeado al momento de la detención.

Facundo Ezequiel Gómez vende café en Plaza Serrano junto con su hermana. Esa tarde del 12 de junio se acercó al Congreso, como muchos otros, para manifestarse contra la Ley Bases. Lo hizo por su cuenta, sin la compañía de amigos u organizaciones. Fue detenido alrededor de las 19:30 en Entre Ríos y Rivadavia, frente al Congreso, al lado de una valla policial, mientras hablaba por celular con su madre. 

En principio, fue arrestado por averiguación de antecedentes. Luego, según el testimonio de un policía, por saltar el vallado policial, de dos metros de alto, que se encontraba a su lado al momento de la detención. Según su declaración en la causa, un testigo observó toda la situación e intentó frenar el arresto explicando la situación. No hubo caso, era un policía contra dos manifestantes. En ese momento, cuatro uniformados se arrojaron sobre él y lo detuvieron. Su mamá, con problemas de salud, al otro lado del teléfono, fue testigo del suceso. Actualmente se lo acusa, entre otras cosas, de incitar los disturbios y se lo señala como uno de los que arrojó piedras a la policía. Mientras tanto, aguarda su libertad en una cárcel común de Ezeiza.

David Oscar Sica, de 33 años, se encontraba en situación de calle al momento del arresto. Según su propio testimonio, no estaba participando de la manifestación, se dirigía a la iglesia San Expedito, a dos cuadras del Congreso.

David Oscar Sica, de 33 años, se encontraba en situación de calle al momento del arresto. Según su propio testimonio, no estaba participando de la manifestación, se dirigía a la iglesia San Expedito, a dos cuadras del Congreso. Según su testimonio, iba a allí en busca de ropa y comida. No llegó a su destino, ya que fue interceptado por fuerzas policiales que le arrojaron gas pimienta y lo arrestaron por una supuesta patada a una mujer policía. Otra vez, la versión de los uniformados, sin más pruebas que sus palabras, contra la versión de civiles. Está acusado de atentado a la autoridad y es investigado, a pedido de la jueza María Romilda Servini, por incitación a la violencia colectiva.

La única mujer detenida

Patricia Daniela Calarco Arredondo es la única mujer que aún continúa detenida. Es lesbiana, militante social, LGBT y feminista, luchadora ambiental, referente del Movimiento Teresa Rodríguez y trabajadora despedida del exministerio de Desarrollo Social. Trabajó allí desde el 2019 hasta marzo de este año. Tenía más de un motivo para rechazar la Ley Bases y manifestarse en contra. Así lo hizo, junto con su compañera Emilia, militante también. 

Fue arrestada a la salida de un local de comida rápida. «La detuvieron cuando ya estábamos desconcentrando, a varias cuadras del Congreso. Fue un plan de cacería, lleno de motos que se tiraban encima de la gente, gases y balas de goma», afirmó Emilia Manazza, compañera de Daniela, a ANCCOM.

Se la acusa de intimidación pública, como al resto de los detenidos, pero también por daño agravado de un bien público, más precisamente las bicicletas de la Ciudad. «Hubo varias irregularidades. Primero, a Daniela la detuvo un personal de civil, sin identificación ni voz de alto. Entonces, ¿de qué resistencia a la autoridad hablan?», contó Emilia. Y agregó: «Además, a ella la detuvo un policía masculino. Segunda irregularidad. El personal femenino se demoró entre 30 y 40 minutos».

Criminalización de la protesta

 Mientras tanto, La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, junto con otros organismos y otras personalidades, se presentaron como amicus curiae en la causa. Cuestionan la criminalización de la protesta social impulsada por el gobierno nacional y exigen la inmediata liberación de todos los detenidos. “Este Gobierno quiere criminalizar la protesta, pero darle una vuelta de tuerca a nivel represivo”, sostuvo ante ANCCOM Daniel Vázquez, abogado de Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) y defensor de Calarco Arredondo.

 Al mismo tiempo, organizaciones comenzaron a llevar a cabo una serie de colectas para recolectar alimentos, abrigo y dinero, tanto para las personas que aún continúan en prisión como los que ya están fuera y siguen a la espera del cierre de la causa. “Mucha gente piensa que todo terminó cuando se liberó a la gente, pero no es así. La causa sigue para los 33 detenidos ya que Stornelli apeló la falta de mérito de todos y todas”, aclaró Vázquez. Y agregó: “Lo más importante es la organización y la solidaridad”.

 Silvia Oliva, mamá de Camila Juarez Oliva, una de las personas liberadas, convocó este próximo martes 2 de julio a las 18 en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) a una nueva reunión para exigir la liberación de quienes aún continúan presos y debatir sobre cómo seguir de ahora en más. “La idea es continuar con la coordinación y fortalecer la unidad que logramos”, imploró en su pedido. 

“No son supuestos ni opiniones, estos son casos juzgados”

“No son supuestos ni opiniones, estos son casos juzgados”

Se inició un nuevo juicio de lesa humanidad por los crímenes ocurridos en la Comisaría Quinta de La Plata. Por allí pasaron 200 desaparecidos, entre ellos 13 embarazadas y al menos hubo dos partos.

Comenzó un nuevo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio que funcionó en la ex Comisaría Quinta de La Plata. Se trata de una causa residual de lo que fue conocido como Juicio del Circuito Camps, que el 2012 condenó a seis genocidas. El nuevo debate investiga los crímenes contra 112 víctimas, entre ellas embarazadas desaparecidas, además de nietas y nietos apropiados que fueron restituidos. Los imputados son el multicondenado Jorge Bergés, Pedro Muñoz y José Saravia Day.

El juicio iniciado ayer en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata está a cargo de la jueza Karina Yabor y los jueces Adrián Basso y Ricardo Basilico. Según el nieto restituido Leandro Fossati Ortega, uno de los querellantes en la causa, el contexto en que se lleva a cabo el juicio es muy particular: “Cobra una importancia aún mayor, ya que hay un Gobierno que no apoya estas políticas, mientras que la vicepresidenta ha realizado declaraciones negacionistas y hasta reivindicando lo que fue la última dictadura militar, considerando estos delitos como excesos pero hay que llamarlo por lo que son: crímenes de lesa humanidad”. Colleen Torres, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, amplió: “Lo que se espera de este juicio es lo mismo que con todos: que se haga justicia y más teniendo en cuenta que Muñoz es la primera vez que es juzgado. Seguimos en este camino a pesar del tiempo transcurrido”. En relación a las expectativas del juicio Fossati Ortega expuso: “Como con todos los juicios de lesa humanidad espero que se conozca la verdad de los hechos. Queremos encontrar los restos de los desaparecidos, así que ojalá que en este juicio, que es una causa residual, se nos den indicios para encontrar los restos de nuestros seres queridos”.

Al inicio de la audiencia, los jueces escucharon los cargos a los que se les imputa al médico de la Policía bonaerense retirado Jorge Bergés, el policía bonaerense retirado Pedro Muñoz y el teniente retirado del Regimiento de Granaderos a Caballo José Ignacio Saravia Day.

Bergés ya recibió varias condenas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, entre ellas en el Juicio Circuito Camps que en 2012 condenó a él y a otros cinco responsables. Sin embargo, lo novedoso es que para Muñoz se trata del primer juicio. Por otro lado, hay más imputados en la causa pero el aletargamiento de los procesos hizo que dos de ellos fallecieran antes de ser juzgados, Néstor Ramón Buzatto y Cecilio Reinaldo Gómez, ambos expolicías del Cuerpo de Infantería.

Dos de los bebés que nacieron y fueron restituidos en la Comisaría Quinta de La Plata lograron ser restituidos.

Las demoras en los juicios de lesa humanidad generan un obstáculo para que todos los acusados sean juzgados en tiempo y forma: “Este proceso tardó porque la justicia es lenta, para determinar si estaba listo para elevarse a juicio se tomaron desde el 2015, recién ahora estamos con el debate. La fragmentación de las causas también hace que sea más lento”, explicó Torre.

En el circuito represivo bajo el mando del jefe del Ejército Ramón Camps, en la Provincia de Buenos Aires, uno de los centros clandestinos bajo su órbita fue ubicado en la Comisaría Quinta de La Plata. Allí se llevó a cabo una maternidad clandestina donde a los pocos días de nacer estos bebés eran alejados de sus madres y entregados a familias ajenas para ser criados. Sin embargo, los militares les aseguraban a las detenidas que entregarían a sus bebés a sus familias biológicas. Al llevarse a cabo la apertura del juicio con la lectura de cargos e imputaciones las mentiras quedaron al descubierto, mientras que los acusados y el abogado de Muñoz continuaron la presentación mediante videoconferencia.

Además, la audiencia fue seguida por familiares y víctimas, como Leonardo Fossati Ortega, junto con integrantes de organismos de Derechos Humanos tales como Abuelas de Plaza de Mayo que se concentraron en el tribunal, pidiendo justicia por las víctimas y condena a los represores.

Jorge Bergés escuchó sus cargos, mientras su rostro vía Zoom aparecía en primer plano, sin gestos ni reacción. En la sala se le imputó la privación de la libertad a Julio López, sobreviviente de ese Centro Clandestino y desaparecido por segunda vez, en democracia, el mismo día que se darían los alegatos del juicio por los Crímenes del Circuito Camps en 2012. Su familia y la sociedad aún esperan saber qué pasó con él. También se lo acusa de partícipe secundario de torturas, siendo él quién traía al mundo a los bebés de las mujeres secuestradas. Según testimonios reunidos en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, pudo determinarse que en la Comisaría Quinta de La Plata estuvieron secuestradas unas doscientas personas, entre las cuales había niños, niñas y, al menos, trece mujeres embarazadas. Al menos dos de ellas dieron a luz en este centro clandestino. Por sobrevivientes se sabe que Inés Beatriz Ortega dio a luz un varón en la cocina de la Comisaría, ya que fue detenida cuando estaba embarazada de siete meses. El parto fue asistido por Bergés. Fossati Ortega fue uno de esos bebés y restituyó su identidad en 2005: “No lo tomo como el médico que me trajo al mundo, sino como un genocida que ha colaborado en mantener cautivas a mujeres embarazadas en condiciones infrahumanas”.

Luego, continúo la lectura de los cargos a Pedro Muñoz, imputado por todos los crímenes de este centro clandestino de detención. Se lo acusa por los 110 casos de la Comisaría, entre ellos cuatro nietos restituidos y los padres de Fossati Ortega. José Saravia Day está acusado por el secuestro y tortura de tres conscriptos: Jose David Alekoski, Roberto Campos y Juan Ignacio Araujo. Ellos cumplían el Servicio Militar Obligatorio cuando fueron raptados y retenidos en la Comisaría Quinta de La Plata. Saravia Day fue identificado como uno de los represores por López durante uno de sus testimonios en el proceso de juzgamiento a genocidas. Aleksoski aún permanece desaparecido, mientras que Araujo y Campos sobrevivieron. Estos casos antes del juicio no se conocían, salieron a la luz gracias a las investigaciones de los juicios.

Los imputados Néstor Ramón Buzzato y Cecilio Reinaldo Gómez fallecieron antes de que el juicio llegue a la instancia de debate oral, y debían responder por su participación en el operativo de la Calle 30, en el que fue secuestrada la nieta Clara Anahí Mariani, quien aún continúa desaparecida. Este caso por la lentitud de los procesos judiciales quedada sin posibilidad de ser juzgado en este tramo.

Al final de la audiencia hubo peticiones sobre el imputado Muñoz a quien se le otorgó la prisión preventiva, siendo el único que estaba en su casa sin prisión domiciliaria, llegando hasta el día del juicio totalmente libre. El próximo jueves 4 de julio se llevará a cabo otra audiencia. Hay esperanza por la explícita responsabilidad penal de que los tres acusados, sean condenados. Fossati Ortega aseguró la importancia del conocimiento de los procesos judiciales: “La sociedad y sobre todo las nuevas generaciones tienen que saber que no son supuestos ni opiniones, estos son casos juzgados”.