La reforma laboral también puede terminar con el cine argentino
Integrantes de la industria cinematográfico denunciaron que la normativa que se quiere aprobar trae escondidos artículos que, de aprobarse, desfinanciarán la actividad.
Cerca de las 11 de la mañana del pasado miércoles, en el Congreso de la Nación, se realizó una conferencia de prensa convocada por el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) para advertir sobre las consecuencias que tendría la aprobación del proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional sobre el cine argentino y el sistema público de fomento audiovisual. La actividad reunió a representantes de las principales entidades del sector, trabajadores y trabajadoras del INCAA, referentes sindicales, realizadores, productores, guionistas y legisladores de distintos bloques, con el objetivo de visibilizar el rechazo colectivo a los artículos 210 y 211 del dictamen, que eliminan las asignaciones específicas que financian al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la Televisión Pública y Radio Nacional.
La conferencia fue presidida por el diputado nacional Esteban Paulón, quien advirtió desde el inicio que se trata de artículos “que no guardan relación con la legislación laboral” y que fueron incorporados “al final de un proyecto de más de 200 artículos, con el riesgo de que sean aprobados sin el debate profundo que merecen”. En ese marco, los referentes del Espacio Audiovisual Nacional alertaron que la eliminación del Fondo de Fomento Cinematográfico implica, en los hechos, un desfinanciamiento estructural del cine nacional, afectando no solo a la producción de películas y series, sino también a la formación, la exhibición, el trabajo registrado y el desarrollo federal de la industria audiovisual. “El fomento del cine no es un gasto, es una inversión que genera riqueza, trabajo e identidad”, sintetizaron en el documento consensuado leído durante la jornada.
Entre los principales oradores del evento estuvieron Carlos Jaureguialzo, Inés de Oliveira Cézar, Amparo Aguilar, Vanesa Pagani, Miguel Ángel Diani, Daniel Pensa, quienes coincidieron en señalar que la iniciativa oficial pone en riesgo miles de puestos de trabajo directos e indirectos, la continuidad de coproducciones internacionales y la presencia del cine argentino en festivales y mercados globales. “Una película necesita años de desarrollo y financiamiento; sin previsibilidad, no hay inversión posible”, advirtió Pagani, mientras que Diani remarcó que “sin guion no hay proyecto, y sin apoyo estatal los guionistas se convierten en los primeros inversores forzados”.
Ataque al cine nacional
Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el impacto sobre la educación y la formación en cine y producción audiovisual, señalado por los participantes como un golpe directo a las raíces del futuro del cine argentino. Los representantes denunciaron que el desfinanciamiento del INCAA compromete de manera directa a la ENERC, la escuela pública de cine con sedes en todo el país, así como a bibliotecas especializadas, cinematecas, festivales y espacios de exhibición. “No se trata solo de lo que ya se hizo, sino de los pibes y pibas que hoy están imaginando contar las historias de este país”, sostuvo la directora Amparo Aguilar, al advertir que el recorte pone en riesgo a las próximas generaciones de realizadores y realizadoras.
Por su parte, Nicolás Vetromil, delegado general adjunto de ATE en el INCAA, explicó que la eliminación de las asignaciones específicas implica reemplazar un sistema de financiamiento previsible por partidas discrecionales del Tesoro Nacional, dejando al Instituto “a merced de una decisión política”. Vetromil recordó que el Fondo de Fomento Cinematográfico no solo sostiene la producción de películas, sino también “una escuela de cine, una biblioteca especializada, una cinemateca, los Espacios INCAA y el Cine Gaumont”, y advirtió que un menor presupuesto llevaría al cierre de las sedes federales de la ENERC, ya que “los docentes, el equipamiento y los cargos académicos son solventados por el Instituto”. Como antecedente, señaló que este esquema ya fue aplicado en los años noventa, cuando el impuesto específico pasó al Tesoro Nacional y el financiamiento se redujo sistemáticamente: “Siempre entregaban el presupuesto mínimo”.
Para los convocantes, lo que está en juego no es únicamente una política cultural, sino la continuidad de una industria estratégica, el derecho a la formación y a la cultura, y la posibilidad de que la Argentina siga produciendo y narrando sus propias historias desde una perspectiva propia, federal y soberana.
Golpe a la identidad
Durante la conferencia, Aguilar puso el foco en el valor simbólico del cine como parte constitutiva de la identidad colectiva, y rechazó con rotundidad la idea de que se trate de una actividad prescindible. Frente a los discursos que reducen al cine a un costo fiscal o a un privilegio, sostuvo que “el cine es útil porque es inútil”, porque “lo humano no es solo producir, no es solo ganar plata”. En su intervención, Aguilar remarcó que el cine cumple una función social irreemplazable: “En este momento horrible del mundo, el cine nos permite darnos un momento de paz, encontrarnos con otros, detenernos, imaginar”. Y agregó: “Nosotros cuidamos, como la música y como otras artes, el espíritu de las comunidades. La fantasía, la imaginación, incluso aquello que no podemos nombrar, lo que nos asusta o nos duele, todo eso lo codifica el arte. No nos atacan porque seamos caros; nos atacan porque damos algo que pareciera que hoy no interesa: algo puramente humano”.
La documentalista Virna Molina profundizó esta idea al subrayar que el cine, y en particular el cine documental, cumple una función central en la construcción de memoria e identidad colectiva. “El cine argentino y en especial el cine documental cuenta nuestras historias, nuestras leyendas, nuestras realidades, y eso nos conmueve; eso nos da identidad como pueblo”, afirmó. Molina remarcó que las películas no sólo dialogan con el presente, sino que enlazan generaciones: “Las películas documentales adquieren con el tiempo un doble valor: como obra artística y como archivo histórico”. Advirtió que no es casual que este sector sea uno de los más golpeados por el proyecto oficial, ya que se trata del “lenguaje que mayor libertad narrativa y estética nos ofrece, el que está siempre dispuesto a la experimentación y al cambio”, y alertó que el ataque al fomento audiovisual busca quebrar esa continuidad histórica y simbólica.
Una decisión económicamente absurda
Además de su impacto cultural y simbólico, los oradores coincidieron en que el avance de los Artículos 210 y 211 de la Ley de Modernización Laboral resulta absurdo incluso desde una lógica estrictamente económica, ya que el cine argentino es una de las industrias culturales con mayor capacidad de generar empleo, valor agregado y retorno fiscal. Durante la conferencia se recordó que el sector audiovisual funciona como un motor multiplicador de la economía. “Por cada peso que se deja de invertir en el Fondo de Fomento, la economía argentina pierde 5,4 pesos de valor bruto de producción”, señalaron, citando estudios del propio INCAA. En la misma línea, se destacó que investigaciones del BID demuestran que la inversión audiovisual “se multiplica entre 1,7 y 1,4 veces la inversión inicial”, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el turismo. “No estamos hablando de un gasto, sino de una industria que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos”, insistieron los representantes del EAN.
Desde el sector de la producción, Vanesa Pagani, presidenta de APIMA, subrayó la contradicción central del proyecto: “Nosotros no necesitamos plata del presupuesto general del Estado; tenemos asignaciones específicas que genera el propio sector y que nos dan previsibilidad”. Pagani advirtió que eliminar ese esquema implica, paradójicamente, que el cine pase a depender del Tesoro Nacional: “¿Cómo es que pasamos de solo decir que le costamos plata al Estado en el discurso a empezar a costarle plata al Estado de verdad?”, cuestionó. Y agregó, con respecto a las dificultades logísticas que este cambio implica: “Una película dura cinco años. ¿Cómo le explico a un coproductor de España o de Italia que soy solvente si no sé con qué reglas voy a trabajar?” En el mismo sentido, Miguel Ángel Diani remarcó que se trata de una industria de riesgo que, en todo el mundo, requiere un impulso inicial del Estado: “Sin continuidad no hay futuro”, sostuvo, al tiempo que recordó que los países con industrias audiovisuales desarrolladas combinan fondos públicos, incentivos fiscales y mecanismos de fomento. Para los convocantes, avanzar con estos artículos no solo destruye empleo y producción, sino que elimina un sistema que ya demostró ser económicamente eficiente, reemplazándolo por un esquema discrecional que, lejos de ahorrar recursos, profundiza la pérdida económica.
Una ley que afecta a todos
Uno de los puntos más cuestionados durante la conferencia fue la forma en que los artículos que afectan al cine fueron incorporados al proyecto de Ley de Modernización Laboral. El diputado nacional Esteban Paulón advirtió desde el inicio que se trata de disposiciones “que no guardan relación con la legislación laboral” y que fueron incluidas “al final de un proyecto de más de 200 artículos, con el riesgo de que sean aprobadas sin el debate profundo que merecen”. En ese sentido, varios oradores coincidieron en que no se trata de un descuido técnico, sino de una estrategia deliberada para que pasen desapercibidas. La documentalista Virna Molina lo sintetizó con crudeza al señalar que “encontrar el artículo que afecta al cine es como encontrar una aguja en un pajar”, y en sus palabras, alertó que se trata de “agujas envenenadas que le van a infligir un daño enorme al pueblo argentino”.
Desde la perspectiva de los trabajadores del Instituto, Nicolás Vetromil, delegado general adjunto de ATE en el INCAA, sostuvo que esta maniobra se inscribe en un proceso más amplio de vaciamiento: “El ataque al cine nacional no empezó con este proyecto”, afirmó, y advirtió que eliminar las asignaciones específicas implica dejar al organismo “a merced de una decisión política”, reemplazando un sistema previsible por uno discrecional. Vetromil recordó que este esquema ya fue aplicado en el pasado y tuvo consecuencias concretas: “Siempre entregaban el presupuesto mínimo”, señaló, al evocar la experiencia de los años noventa. Para los trabajadores, lo que se presenta como una reforma técnica es, en realidad, una herramienta para desmantelar políticas públicas y derechos conquistados.
En ese marco, el diputado Nicolás del Caño planteó que el reclamo del sector audiovisual no puede leerse de manera aislada, sino como parte de una resistencia más amplia al conjunto de la Ley de Modernización Laboral. “No es casual que al final de esta reforma aparezca el desfinanciamiento del INCAA, de la televisión pública y de Radio Nacional”, sostuvo, y afirmó que se trata de una iniciativa que “bajo la idea de modernización esconde un retroceso histórico en derechos laborales, culturales y sociales”. Del Caño remarcó que el desfinanciamiento del cine implica “la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo” y afecta no solo a artistas y técnicos, sino al conjunto de la población, al poner en riesgo la identidad cultural y el derecho a la cultura.
Hacia el cierre de la jornada, los oradores coincidieron en que lo que está en juego excede largamente a la industria cinematográfica y atañe al conjunto de los trabajadores argentinos. “Nadie se salva solo”, afirmó Del Caño, al convocar a articular este reclamo con una respuesta social más amplia frente al proyecto oficial. En ese sentido, llamó a movilizar el próximo 11 de febrero, en rechazo a la Ley de Modernización Laboral, y a construir una respuesta colectiva que impida el avance de una reforma que, según denunciaron, “nos quiere devolver al siglo XIX”. Para los convocantes, defender el cine nacional es también defender el trabajo, la cultura y el derecho de la sociedad a decidir qué país quiere ser y qué historias quiere seguir contando.










