La reforma laboral también puede terminar con el cine argentino

La reforma laboral también puede terminar con el cine argentino

Integrantes de la industria cinematográfico denunciaron que la normativa que se quiere aprobar trae escondidos artículos que, de aprobarse, desfinanciarán la actividad.

Cerca de las 11 de la mañana del pasado miércoles, en el Congreso de la Nación, se realizó una conferencia de prensa convocada por el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) para advertir sobre las consecuencias que tendría la aprobación del proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional sobre el cine argentino y el sistema público de fomento audiovisual. La actividad reunió a representantes de las principales entidades del sector, trabajadores y trabajadoras del INCAA, referentes sindicales, realizadores, productores, guionistas y legisladores de distintos bloques, con el objetivo de visibilizar el rechazo colectivo a los artículos 210 y 211 del dictamen, que eliminan las asignaciones específicas que financian al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la Televisión Pública y Radio Nacional.

La conferencia fue presidida por el diputado nacional Esteban Paulón, quien advirtió desde el inicio que se trata de artículos “que no guardan relación con la legislación laboral” y que fueron incorporados “al final de un proyecto de más de 200 artículos, con el riesgo de que sean aprobados sin el debate profundo que merecen”. En ese marco, los referentes del Espacio Audiovisual Nacional alertaron que la eliminación del Fondo de Fomento Cinematográfico implica, en los hechos, un desfinanciamiento estructural del cine nacional, afectando no solo a la producción de películas y series, sino también a la formación, la exhibición, el trabajo registrado y el desarrollo federal de la industria audiovisual. “El fomento del cine no es un gasto, es una inversión que genera riqueza, trabajo e identidad”, sintetizaron en el documento consensuado leído durante la jornada. 

Entre los principales oradores del evento estuvieron Carlos Jaureguialzo, Inés de Oliveira Cézar, Amparo Aguilar, Vanesa Pagani, Miguel Ángel Diani, Daniel Pensa, quienes coincidieron en señalar que la iniciativa oficial pone en riesgo miles de puestos de trabajo directos e indirectos, la continuidad de coproducciones internacionales y la presencia del cine argentino en festivales y mercados globales. “Una película necesita años de desarrollo y financiamiento; sin previsibilidad, no hay inversión posible”, advirtió Pagani, mientras que Diani remarcó que “sin guion no hay proyecto, y sin apoyo estatal los guionistas se convierten en los primeros inversores forzados”.

Ataque al cine nacional 

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el impacto sobre la educación y la formación en cine y producción audiovisual, señalado por los participantes como un golpe directo a las raíces del futuro del cine argentino. Los representantes denunciaron que el desfinanciamiento del INCAA compromete de manera directa a la ENERC, la escuela pública de cine con sedes en todo el país, así como a bibliotecas especializadas, cinematecas, festivales y espacios de exhibición. “No se trata solo de lo que ya se hizo, sino de los pibes y pibas que hoy están imaginando contar las historias de este país”, sostuvo la directora  Amparo Aguilar, al advertir que el recorte pone en riesgo a las próximas generaciones de realizadores y realizadoras.

Por su parte, Nicolás Vetromil, delegado general adjunto de ATE en el INCAA, explicó que la eliminación de las asignaciones específicas implica reemplazar un sistema de financiamiento previsible por partidas discrecionales del Tesoro Nacional, dejando al Instituto “a merced de una decisión política”. Vetromil recordó que el Fondo de Fomento Cinematográfico no solo sostiene la producción de películas, sino también “una escuela de cine, una biblioteca especializada, una cinemateca, los Espacios INCAA y el Cine Gaumont”, y advirtió que un menor presupuesto llevaría al cierre de las sedes federales de la ENERC, ya que “los docentes, el equipamiento y los cargos académicos son solventados por el Instituto”. Como antecedente, señaló que este esquema ya fue aplicado en los años noventa, cuando el impuesto específico pasó al Tesoro Nacional y el financiamiento se redujo sistemáticamente: “Siempre entregaban el presupuesto mínimo”.

Para los convocantes, lo que está en juego no es únicamente una política cultural, sino la continuidad de una industria estratégica, el derecho a la formación y a la cultura, y la posibilidad de que la Argentina siga produciendo y narrando sus propias historias desde una perspectiva propia, federal y soberana.

Golpe a la identidad

Durante la conferencia,  Aguilar puso el foco en el valor simbólico del cine como parte constitutiva de la identidad colectiva, y rechazó con rotundidad la idea de que se trate de una actividad prescindible. Frente a los discursos que reducen al cine a un costo fiscal o a un privilegio, sostuvo que “el cine es útil porque es inútil”, porque “lo humano no es solo producir, no es solo ganar plata”. En su intervención, Aguilar remarcó que el cine cumple una función social irreemplazable: “En este momento horrible del mundo, el cine nos permite darnos un momento de paz, encontrarnos con otros, detenernos, imaginar”. Y agregó: “Nosotros cuidamos, como la música y como otras artes, el espíritu de las comunidades. La fantasía, la imaginación, incluso aquello que no podemos nombrar, lo que nos asusta o nos duele, todo eso lo codifica el arte. No nos atacan porque seamos caros; nos atacan porque damos algo que pareciera que hoy no interesa: algo puramente humano”.

La documentalista Virna Molina profundizó esta idea al subrayar que el cine, y en particular el cine documental, cumple una función central en la construcción de memoria e identidad colectiva. “El cine argentino y en especial el cine documental cuenta nuestras historias, nuestras leyendas, nuestras realidades, y eso nos conmueve; eso nos da identidad como pueblo”, afirmó. Molina remarcó que las películas no sólo dialogan con el presente, sino que enlazan generaciones: “Las películas documentales adquieren con el tiempo un doble valor: como obra artística y como archivo histórico”. Advirtió que no es casual que este sector sea uno de los más golpeados por el proyecto oficial, ya que se trata del “lenguaje que mayor libertad narrativa y estética nos ofrece, el que está siempre dispuesto a la experimentación y al cambio”, y alertó que el ataque al fomento audiovisual busca quebrar esa continuidad histórica y simbólica.

 

Una decisión económicamente absurda

Además de su impacto cultural y simbólico, los oradores coincidieron en que el avance de los Artículos 210 y 211 de la Ley de Modernización Laboral resulta absurdo incluso desde una lógica estrictamente económica, ya que el cine argentino es una de las industrias culturales con mayor capacidad de generar empleo, valor agregado y retorno fiscal. Durante la conferencia se recordó que el sector audiovisual funciona como un motor multiplicador de la economía. “Por cada peso que se deja de invertir en el Fondo de Fomento, la economía argentina pierde 5,4 pesos de valor bruto de producción”, señalaron, citando estudios del propio INCAA. En la misma línea, se destacó que investigaciones del BID demuestran que la inversión audiovisual “se multiplica entre 1,7 y 1,4 veces la inversión inicial”, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el turismo. “No estamos hablando de un gasto, sino de una industria que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos”, insistieron los representantes del EAN.

Desde el sector de la producción, Vanesa Pagani, presidenta de APIMA, subrayó la contradicción central del proyecto: “Nosotros no necesitamos plata del presupuesto general del Estado; tenemos asignaciones específicas que genera el propio sector y que nos dan previsibilidad”. Pagani advirtió que eliminar ese esquema implica, paradójicamente, que el cine pase a depender del Tesoro Nacional: “¿Cómo es que pasamos de solo decir que le costamos plata al Estado en el discurso a empezar a costarle plata al Estado de verdad?”, cuestionó. Y agregó, con respecto a las dificultades logísticas que este cambio implica: “Una película dura cinco años. ¿Cómo le explico a un coproductor de España o de Italia que soy solvente si no sé con qué reglas voy a trabajar?” En el mismo sentido, Miguel Ángel Diani remarcó que se trata de una industria de riesgo que, en todo el mundo, requiere un impulso inicial del Estado: “Sin continuidad no hay futuro”, sostuvo, al tiempo que recordó que los países con industrias audiovisuales desarrolladas combinan fondos públicos, incentivos fiscales y mecanismos de fomento. Para los convocantes, avanzar con estos artículos no solo destruye empleo y producción, sino que elimina un sistema que ya demostró ser económicamente eficiente, reemplazándolo por un esquema discrecional que, lejos de ahorrar recursos, profundiza la pérdida económica.

 Una ley que afecta a todos

Uno de los puntos más cuestionados durante la conferencia fue la forma en que los artículos que afectan al cine fueron incorporados al proyecto de Ley de Modernización Laboral. El diputado nacional Esteban Paulón advirtió desde el inicio que se trata de disposiciones “que no guardan relación con la legislación laboral” y que fueron incluidas “al final de un proyecto de más de 200 artículos, con el riesgo de que sean aprobadas sin el debate profundo que merecen”. En ese sentido, varios oradores coincidieron en que no se trata de un descuido técnico, sino de una estrategia deliberada para que pasen desapercibidas. La documentalista Virna Molina lo sintetizó con crudeza al señalar que “encontrar el artículo que afecta al cine es como encontrar una aguja en un pajar”, y en sus palabras, alertó que se trata de “agujas envenenadas que le van a infligir un daño enorme al pueblo argentino”.

Desde la perspectiva de los trabajadores del Instituto, Nicolás Vetromil, delegado general adjunto de ATE en el INCAA, sostuvo que esta maniobra se inscribe en un proceso más amplio de vaciamiento: “El ataque al cine nacional no empezó con este proyecto”, afirmó, y advirtió que eliminar las asignaciones específicas implica dejar al organismo “a merced de una decisión política”, reemplazando un sistema previsible por uno discrecional. Vetromil recordó que este esquema ya fue aplicado en el pasado y tuvo consecuencias concretas: “Siempre entregaban el presupuesto mínimo”, señaló, al evocar la experiencia de los años noventa. Para los trabajadores, lo que se presenta como una reforma técnica es, en realidad, una herramienta para desmantelar políticas públicas y derechos conquistados.

En ese marco, el diputado Nicolás del Caño planteó que el reclamo del sector audiovisual no puede leerse de manera aislada, sino como parte de una resistencia más amplia al conjunto de la Ley de Modernización Laboral. “No es casual que al final de esta reforma aparezca el desfinanciamiento del INCAA, de la televisión pública y de Radio Nacional”, sostuvo, y afirmó que se trata de una iniciativa que “bajo la idea de modernización esconde un retroceso histórico en derechos laborales, culturales y sociales”. Del Caño remarcó que el desfinanciamiento del cine implica “la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo” y afecta no solo a artistas y técnicos, sino al conjunto de la población, al poner en riesgo la identidad cultural y el derecho a la cultura.

Hacia el cierre de la jornada, los oradores coincidieron en que lo que está en juego excede largamente a la industria cinematográfica y atañe al conjunto de los trabajadores argentinos. “Nadie se salva solo”, afirmó Del Caño, al convocar a articular este reclamo con una respuesta social más amplia frente al proyecto oficial. En ese sentido, llamó a movilizar el próximo 11 de febrero, en rechazo a la Ley de Modernización Laboral, y a construir una respuesta colectiva que impida el avance de una reforma que, según denunciaron, “nos quiere devolver al siglo XIX”. Para los convocantes, defender el cine nacional es también defender el trabajo, la cultura y el derecho de la sociedad a decidir qué país quiere ser y qué historias quiere seguir contando.

La nueva geopolítica

La nueva geopolítica

El analista de política internacional Gabriel Merino explica qué está pasando en el mundo. Los nuevos roles de Estados Unidos, Rusia y China. De los Brics a Uruguay y Argentina.

Las tensiones entre las principales potencias del mundo resurgieron con el comienzo del año, Estados Unidos, Rusia y China se disputan el poder y nuevamente el continente americano aparece como un lugar central para estas contiendas.

Con un Estados Unidos envalentonado por la reciente captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, centró su nuevo objetivo en Groenlandia, Cuba e Irán. Gabriel Merino, analista de política internacional, sociólogo y doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata, habló sobre el “mundo multipolar”, forma en la que él caracteriza la actual coyuntura.

La hegemonía ya no la detenta un solo polo, sino que estamos frente a un proceso de dispersión que sitúa el foco en diversas potencias, tales como China y Rusia. Esta transformación es un agregado a los incentivos de la potencia americana que busca repeler el acceso de oriente en las economías de esta parte del mundo. “En esta segunda administración de Trump se ha priorizado el repliegue estratégico sobre el continente americano, entonces considera fundamental pasar a un imperialismo más territorialista en el sentido de expansión estatal, lo vemos con la idea de anexar Groenlandia, Canadá. Con eso también se garantiza en gran medida la influencia sobre el Ártico, donde Rusia tiene un gran poder en asociación con China. Acá busca Tierra de Fuego, por la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes como paso interoceánico”

En cuanto las instituciones que históricamente surgieron como garantes diplomáticos de los conflictos entre las principales potencias del mundo, tales como la OTAN, el analista describe su rol como desdibujado, “Estados Unidos, acelera la destrucción de los propios organismos que creó como parte de su viejo esquema hegemónico. Hoy hay una crisis interna, incluso vemos cómo se están creando nuevos espacios de decisión de ciertos procesos, como Board of Peace, y también otras instituciones multilaterales como los BRICS y el banco asiático de inversión e infraestructura”.

Trump anunció este 2 de febrero que llegó a acuerdo con Narendra Modi, primer ministro de la India, para reducir los aranceles y según declaró el presidente estadounidense, “hablamos de muchos temas, incluido el comercio y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Él aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más a Estados Unidos y, potencialmente, a Venezuela”

Sin embargo, Merino advierte: “El acuerdo sobre el petróleo no lo confirmó aún el ministro, yo lo veo difícil, hay que entender primero que la India pasó a comprar 33 veces más petróleo ruso a partir del 2022, y ambos países son aliados históricos desde los tiempos de la Guerra Fría. Además, India es un gran comprador de armas Rusas, para mí hay que tomar con pinzas lo que declaró Trump, le hizo un buen ofrecimiento a la India, pero el petróleo venezolano no puede cubrir aún lo que le vende Rusia”

A partir del secuestro, por parte de las fuerzas de seguridad norteamericanas, del expresidente Venezolano Nicolás Maduro, Estados Unidos logró establecer su control sobre el petróleo venezolano, momento en el cual desplazó su atención hacia Cuba con la prohibición de suministrar el crudo a los demás países por medio de la imposición de aranceles adicionales como represalia. Este martes, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad por la inestabilidad de la red eléctrica nacional que se encuentra en crisis actualmente, donde además se notifica sobre protestas de retórica antiestadounidense. “Cuba tiene menos margen de maniobra, este bloqueo absoluto se traduce en un corte masivo porque depende su producción eléctrica de los hidrocarburos. Estamos viendo, tal como en Venezuela, que la apuesta máxima de Estados Unidos es la guerra económica total. Busca hacer inviables la economías de estos países para que en ese marco se generen protestas, se desmoralice el pueblo, se destruya la infraestructura económica y social. Cuba, además es un símbolo de resistencia, de contrahegemonía para la región y el mundo. Se busca destruir su significado político” agrega.

Por otro lado, esta semana están programadas las reuniones tripartitas entre Rusia, EEUU y Ucrania, donde se realizarán negociaciones en Abu Dhabi, mientras tanto los combates continúan. El doctor en Ciencia Sociales resalta que en torno a este conflicto la posición de fortaleza es de Rusia, que es quien pone las condiciones económicas. “Hoy –señala- Trump y el presidente Zelenski aceptan que Ucrania no puede ser miembro de la OTAN, que era el principal objetivo de Rusia, lo que queda por definirse es si este último se queda con el control del territorio que ya controla, o completa Donetsk, Jersón y Zaporiyia , que son territorios que no controla en su totalidad. Por otro lado, se debe definir si va haber fuerzas militares de la OTAN en lo que quede de Ucrania después de la guerra, el tamaño del ejército Ucraniano, pero la continuidad del conflicto sigue favoreciendo a los intereses Rusos”.

En los últimos años, vivimos el proceso de traspaso del poder hegemónico que perdió Estados Unidos, como su único polo, y que ahora se ubica en múltiples polos, el desplazamiento del sistema mundial tiene a Asia como su principal foco. En los últimos años, la mitad de lo que crece en el mundo, entre el 40 y el 50 por ciento, lo explican China e India. El primero – dice Merino- tiene un producto industrial que es más que la suma de la producción industrial de EEUU, Alemania, Japón y Corea juntos, además del salto en cuanto a tecnología. BYD (marca de autos eléctricos chinos) superó a Tesla como principal vendedor de autos eléctricos del mundo, lo vemos también en cuanto a la IA con DeepSeeker, que rivaliza con otros modelos y es además de código abierto.

Mientras tanto, Yamandú Orsi, presidente Uruguayo, se reunió con su par china Xi Jinping, en su gira por el país asiático, y apostó a aumentar la cooperación entre ambos países. “Lo que vemos es la contradicción entre la estrategia que pretende Trump de controlar el continente americano, y la capacidad real que tienen de hacerlo. Geoeconómicamente, Sudamérica tiene un vínculo con China y Asia, y este vínculo comercial va a ser cada vez más importante, las inversiones vienen de ese lado, y Estados Unidos está en un declive relativo, tiene menos para ofrecer”

En cuanto al posicionamiento de nuestro país, el analista político remarca: “Argentina, en cambio, se está posicionando como una potencia trasera de Estados Unidos, con un alineamiento total que ya dio muestras de que debe ser relativizado, ser pierde el vínculo con el mundo emergente -India, Rusia, Medio Oriente, África-, que es el mundo que crece hoy, donde se presentan oportunidades para los países del sur global. Así, Argentina se aísla de la región, destruye la idea de construir un polo regional. Tenemos un trilema, quedamos como un embate trasero de un país en declive, con pérdida de densidad nacional, un segundo escenario, que es un alineamiento con USA pero negociado, tener una mesa más balanceada para vender materia prima, o por último, se podría construir un espacio emergente, ser nosotros mismo un polo de poder y desarrollo en este escenario, dónde podemos enriquecer nuestras capacidades y fortalecer nuestra soberanía”

Memoria, verdad y justicia también para los colimbas desaparecidos

Memoria, verdad y justicia también para los colimbas desaparecidos

Por lo menos 218 conscriptos desaparecieron mientras realizaban el servicio milita obligatorio durante la última dictadura. El hecho de haber estado dentro de los cuarteles, les quitó la visibilidad necesaria. Hoy empiezan a declarar aquellos comlibas que fueron testigos de los hechos.

Durante décadas, los conscriptos desaparecidos, secuestrados y torturados en la dictadura quedaron fuera del relato oficial: ni héroes ni víctimas. Un puñado de ex colimbas, familiares, abogados y periodistas empuja una reconstrucción tardía, apoyada en testimonios que todavía cargan con miedo, culpa y silencio.

La voz de quienes nunca tuvieron voz

Para el abogado especialista en derechos humanos, Pablo Llonto, la historia de los colimbas desaparecidos es, justamente, la de quienes nunca tuvieron voz. Los primeros relatos llegaron de manera fragmentaria a través de las familias, que se animaban a denunciar que su hijo había desaparecido mientras estaba bajo bandera, aun cuando los partes militares hablaban de “deserción”. Durante años no hubo un espacio específico para estos casos dentro de los organismos ni en los medios; las familias quedaron solas frente a la versión oficial y a la sospecha social. Recién con la reapertura de los juicios de lesa humanidad y la aparición de medios comunitarios y espacios impulsados por exconscriptos (entre ellos el programa radial La Voz de los colimbas, definido por Llonto como “la voz de los sin voz”), esos jóvenes comenzaron a ser nombrados en público como lo que eran: víctimas del terrorismo de Estado.

Una lista de 218

La historia de los colimbas desaparecidos empezó a reconstruirse mucho antes de que los medios masivos la miraran. Ricardo Righi, quien es un exconscripto que conduce el programa de radio La Voz de los colimbas, recuerda que el punto de partida fue la investigación de un capitán del Ejército, José Luis D´Andrea Mohr, quien rastreó 129 conscriptos secuestrados y desaparecidos y los reunió en el libro El escuadrón perdido. “El libro prácticamente no trascendió, al gran público no llegó”, subraya el ex colimba.

Años después, ese primer trabajo fue retomado por exconscriptos como Righi, que empezaron a organizarse para revisar legajos, recopilar datos aportados por las familias y cruzar esa información con expedientes judiciales y archivos de organismos de derechos humanos. De ese trabajo colectivo surgió una lista de 218 conscriptos secuestrados o desaparecidos mientras cumplían el servicio militar, elaborada “en forma artesanal”, sin acceso directo a los archivos militares. Muchos de esos nombres se conocieron por primera vez en tribunales, en charlas públicas y en programas de radio conducidos por excolimbas, y a partir de allí comenzaron a ser incorporados a las causas y a los registros oficiales como víctimas del terrorismo de Estado. “Seguramente los casos son muchos más que 218, porque nosotros no tenemos los archivos de las Fuerzas Armadas”, advirtió Righi.

Del cuartel a la palabra

Righi remarca que hasta la suspensión de la conscripción en 1994 murieron alrededor de 2.000 jóvenes dentro de los cuarteles, en tiempos de dictadura y de democracia, “por accidentes, negligencias, abusos”, además de quienes quedaron con secuelas físicas y psicológicas. Sin embargo, durante décadas la sociedad idealizó la colimba como escuela de disciplina: “Acá haría falta la colimba, porque los pibes ahí van a aprender respeto”, repite como frase que todavía escucha.

Para él, incluso quienes “sólo vieron” escenas de la represión dictatorial sin ser torturados “también son víctimas”, porque cargan toda la vida con esas imágenes. Una de las historias que lo marcaron es la de Horacio Verstraeten, excolimba que vio secuestros y durante años no se animó a contarlo ni siquiera en su casa. Antes de ir al programa La Voz de los colimbas, le avisó a su familia: “Pongan la radio hoy… van a escuchar cosas que yo nunca les dije”.

Algo similar ocurrió con Aníbal Gómez, otro conscripto que vio gente secuestrada en Formosa y recién muchos años después se decidió a testimoniar. “Han sido contados con los dedos de una sola mano los casos en los cuales aquel que vio cosas… se las haya contado a su familia”, subraya Righi. Esa mochila de décadas sin hablar es parte de la violencia.

¿Parte del “aparato”?

La invisibilización tuvo también un sesgo político: durante años, buena parte del movimiento de derechos humanos vio a los conscriptos como una pieza más del aparato militar. Righi recuerda que, antes de tener el programa, se acercó a pedir apoyo a un símbolo de la lucha, Hebe de Bonafini. “¿Colimbas? No, no, no, yo no tengo nada que ver con eso, conmigo no cuentes”, le respondió sin dejarlo explicar. Esa desconfianza fue generalizada: “A los colimbas de la época de la dictadura se los tomaba como parte del aparato represor”, resume.

Con el tiempo, y a partir de juicios, escraches y trabajos de medios comunitarios como La Retaguardia, esa mirada empezó a cambiar. Hoy muchos exconscriptos se nombran a sí mismos como colimbas y no como soldados.

Malvinas

El presidente del CECIM de La Plata, Hugo Robert, vincula esa invisibilidad con lo que pasó en Malvinas. De la clase 62 (los conscriptos enviados a la guerra) no hubo desapariciones forzadas, pero sí torturas sistemáticas. “Nosotros lo hablamos casi al regreso de la guerra, nunca lo ocultamos”, afirma. La forma de tormento más recurrente fue el estaqueo, “como la crucifixión en el piso”, además de lo que los mandos llamaban “calabozos de campaña” y que Robert define sin rodeos: “Tortura, lisa y llanamente tortura”.

Los excombatientes del CECIM se reconocieron desde el inicio como una organización de derechos humanos, aun cuando otros organismos los miraban “con extrañeza y algo como de rechazo”. Robert subraya que las torturas de Malvinas constituyen un caso casi único de soldados torturados por sus propios oficiales, y no por un enemigo extranjero. Esa paradoja se relaciona con el lugar incómodo que ocupan los colimbas en el imaginario social: fueron a la vez parte de una maquinaria y blanco de sus abusos.

Secuestrados, torturados, sobrevivientes

Jorge Felguer hizo la colimba en 1976, fue secuestrado y torturado, y sobrevivió. Cuenta que, a las dos de la mañana de un día de septiembre lo sacaron de la cuadra, lo esposaron y lo metieron primero en un calabozo y luego en una ambulancia de manera clandestina. Ya de noche, al cruzarse con un patrullero, lo bajaron, lo vendaron “con cintas de tela adhesiva” y lo ataron “como una especie de matambre” antes de tirarlo al baúl de un Falcon rumbo a Concepción del Uruguay, donde lo sometieron a distintas clases de torturas durante días. Mientras lo mantenían oculto dentro del propio regimiento, su familia golpeaba puertas. Un cuñado “exteniente” logró que donde lo tenían secuestrado admitieran: “Sí, lo tenemos nosotros acá, pero no lo van a poder ver”, lo que forzó a “blanquear” su cautiverio sin permitir visitas. Recién entonces lo afeitaron, lo mostraron “a la luz del día” y lo trasladaron a Concordia.

Tardó décadas en poder nombrar lo que le pasó. Durante años, incluso en terapia, el tema aparecía apenas mencionado y enseguida derivaba hacia otro lado. Décadas después, al volver a Gualeguaychú luego de vivir en Buenos Aires, Felguer describe el costo íntimo de aquella oscuridad: sintió “un shock cultural tremendo” y la dificultad de reunirse con su propia identidad. En el pueblo ya no existía el apodo con el que lo habían conocido antes del secuestro (Yoyo, “El Ruso”). Desde su dolor y su bronca sostiene que “la basura más grande que ha habido en la historia del país son estos tipos”, en referencia a los mandos militares.

Un exconscripto, cuya identidad reservamos, explica la dimensión política de romper el silencio: “Creo que sería importantísimo el testimonio de cientos de miles de excolimbas. Pero debería haber habido una acción mucho más fuerte estatal… una ley, mucha más difusión y tal vez obligatoriedad de testimoniar, así como era obligatoria la conscripción”, plantea. También reclama que se cite a todos los oficiales y suboficiales a declarar, no solo a los conscriptos.

Los que se animan a hablar

Muchos de los conscriptos fueron testigos directos de crímenes. José Luis Aguas, por ejemplo, vio cómo asesinaban a una chica y secuestraban a un chico, dos adolescentes que repartían volantes. Durante años cargó con esa escena en silencio, hasta que se animó a declarar y su testimonio ayudó a reconstruir circuitos represivos y responsabilidades.

En otros casos, el silencio se sostuvo incluso frente a las familias. En uno de los juicios por delitos de lesa humanidad, un excolimba declaró que había visto el secuestro de su compañero dentro de una unidad militar. “En aquel momento, la madre del desaparecido lo fue a buscar al cuartel y le preguntó si sabía algo. Él le mintió y le dijo que no sabía nada. Décadas después, ´obligado´ por la citación judicial, decidió decir la verdad, aportando un dato que la familia recibió cincuenta años más tarde” comenta Fernando Tebele, periodista y uno de los fundadores de La Retaguardia.

Esa distancia entre el hecho y la palabra es parte de lo que está en juego cuando se habla de memoria. No se trata solo de condenar a los genocidas, sino también de aliviar esa culpa arrastrada en silencio por exconscriptos que, siendo casi adolescentes, vieron cómo el Estado desaparecía a sus compañeros.

Una búsqueda que no se enfría

Muchos de los familiares de exconscriptos comenzaron a acercarse a organismos de derechos humanos, a fiscalías federales y a algunos medios en busca de respuestas. En ese recorrido también encontraron espacios impulsados por excolimbas, donde pudieron contar por primera vez que su hijo había sido dado por “desertor” mientras estaba de servicio. Entre esas madres está Marcela Brizuela de Ledo, mamá de Alberto Agapito Ledo, conscripto y estudiante de Historia en la Universidad de Tucumán. Incorporado al Batallón de Ingenieros de Construcción 141 a principios de 1976, fue enviado a Monteros, Tucumán, en el marco del Operativo Independencia.

Durante meses, Ledo escribió cartas a su familia: decía que estaba bien, que se cuidaran, que pronto iba a jurar la bandera. La última noticia llegó poco antes de su cumpleaños. Cuando Marcela viajó a visitarlo, le informaron que una noche el capitán lo había sacado a una supuesta recorrida de rutina y había vuelto solo. Desde entonces empezó una búsqueda que incluyó hábeas corpus rechazados, viajes a Buenos Aires para tocar la puerta de todos los organismos de derechos humanos y, ya en democracia, la creación de una filial de Madres en La Rioja.

Juicios, radio y streaming: el rol de La Retaguardia

El trabajo sobre la memoria de los colimbas no se entiende sin la trama de medios comunitarios que decidieron cubrir los juicios por delitos de lesa humanidad desde abajo. Fernando Tebele recuerda que La Retaguardia nació en 2003, cuando todavía regían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y no había juicios: “Lo que cubríamos eran los escraches que buscaban avisarles a los vecinos y las vecinas que estaba viviendo un genocida cerca suyo”, cuenta. Con la derogación de esas leyes y la reapertura de causas, La Retaguardia empezó a transmitir audiencias completas, a poner micrófono a sobrevivientes y familiares y a construir archivos sonoros y escritos de los juicios. En esa tarea se fue encontrando con la lista de colimbas desaparecidos que elaboran exconscriptos, con otras iniciativas que le dan voz al tema, con la intervención de abogados como Llonto y con las Madres y familiares que sostienen la búsqueda: una red que, en conjunto, visibiliza a los conscriptos como víctimas y testigos.

“Es un trabajo inmenso que está llevando años”, admite Tebele cuando habla de la búsqueda de excolimbas que puedan aportar datos en causas como la de la Comisaría 5ª de La Plata, donde declararon colimbas sobrevivientes. Parte de ese trabajo es convencer a quienes creen que lo que vieron “son boludeces” de que su testimonio importa, de que no les trae perjuicios y puede cambiar la historia de una causa.

Los colimbas en la agenda de la memoria

Las banderas que guían la militancia de los excolimbas son memoria, verdad y justicia, buscando difundir qué fue realmente el servicio militar obligatorio, más allá de la nostalgia edulcorada. Hoy se sabe que el camino está lejos de terminar: no hay aún un reconocimiento masivo a los conscriptos desaparecidos, no existió una política estatal contundente para convocar a todos los excolimbas a declarar, y el listado de 218 casos es apenas una base, construida “en forma artesanal”.

Del lado de los excombatientes, Hugo Robert recuerda que durante años las denuncias de torturas en Malvinas circularon en los márgenes, sin que la Justicia, ni gran parte del periodismo, “tomara cartas en el asunto”. Del lado de los sobrevivientes como Felguer, el costo íntimo de hablar se mide en décadas de terapia, retornos difíciles a los pueblos de origen y bronca hacia una institución que convirtió la adolescencia en un campo de experimentación de violencia.

Los relatos de madres como Marcela Brizuela de Ledo, de testigos como José Luis Aguas o el excolimba que se animó a decirle por fin la verdad a la madre de su compañero, muestran que la construcción de memoria sobre los colimbas no puede quedar solo en manos de abogados y periodistas, por más comprometidos que estén. Necesita la voz temblorosa de quienes vieron, la paciencia de las familias, la persistencia de los medios comunitarios. Que hoy hable un excolimba, que una madre vuelva a nombrar a su hijo, que un libro como El escuadrón perdido circule en los juicios, es parte de la misma tarea: hacer que el “Nunca más” alcance también a ellos.

Tal vez por eso resuena con tanta fuerza la frase de Llonto en una charla organizada por La Voz de los colimbas y transmitida por La Retaguardia: “Nuestra última esperanza son los exsoldados. Consigan un colimba para declarar”. Porque en esos testimonios que llegan tarde, que se arrastran desde 1976 hasta hoy, se decide no solo el futuro de las causas judiciales, sino también el modo en que la sociedad argentina va a recordar (o a seguir olvidando) a los colimbas desaparecidos.

Del taller de Puerta 4 a "desertor"

El último rastro de José Manuel Varela aparece cuando sus superiores lo envían a un taller mecánico cerca de la Puerta 4 de Campo de Mayo (RN8). Desde el 21 de julio de 1976 “no estaba” en el cuartel, y poco después quedó declarado “desertor”, con un expediente malicioso que buscaba desalentar la búsqueda. Siguieron hábeas corpus en serie, todos rechazados.

Días más tarde, llegó una llamada anónima: un hombre aseguró haber estado secuestrado con José, dijo vivir en Villa Insuperable y prometió volver a comunicarse; nunca lo hizo. ¿Quién era “Manolo/Chicho”? 1,87 m, ojos castaños, piel mate, delgado, con “muy buen concepto” en la unidad.

Su militancia había empezado en el ENET 28 (Cuba y Blanco Encalada); era pareja de María Inés Monzani, cuya hermana y cuñado (Carlos Andisco) también fueron víctimas, un mapa afectivo que conecta barrios y circuitos represivos. En ese rompecabezas, la familia reconstruyó microindicios (fechas, trayectos, voces sin nombre) contra un sello que aún hoy pelea memoria contra “deserción”.

“Manicomios porteños: la transformación que no llega”

“Manicomios porteños: la transformación que no llega”

Las organizaciones ACIJ y CELS presentaron un trabajo de relevamiento sobre cuatro hospitales públicos que no se han adecuado a la nueva Ley de Salud Mental. Describen las dificultades para la reinserción social de los pacientes y denuncian el ajuste en el programa PREASIS para facilitar la externación; la “patologización de la pobreza» y en algunos casos malos tratos, agravados por la condición de mujer.

El hospital «Tiburcio Borda» en 2024 registró 1.036 ingresos. Foto: Archivo/ ANCCOM

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron Manicomios Porteños: La transformación que no llega. Este documento es un relevamiento de los cuatro hospitales monovalentes públicos en CABA que siguen funcionando sin cambios a pesar de que, por decreto, debían adecuarse y sustituirse definitivamente para el año 2020. La investigación expone el incumplimiento de la ley y el déficit estructural en cuanto a salud mental y discapacidad, siendo los más afectados las personas de bajos recursos, mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNyA). Mientras que en 2024 todos los establecimientos presentaron aumentos significativos en el ingreso de pacientes internados, los dispositivos sociales para garantizar la reinserción en sociedad son prácticamente inexistentes.

Los manicomios en CABA no desaparecieron, son cuatro: Dos hospitales para adultos, “José Tiburcio Borda” y el Neuropsiquiátrico “Braulio A. Moyano”; otro para emergencias psiquiátricas, “Torcuato de Alvear”; y uno para NNyA, “Carolina Tobar García”. En ellos hay una ocupación completa constante. Esto se debe a que los lugares para la internación en salud mental en hospitales generales de la ciudad son muy pocos, apenas 77 camas disponibles. Por este motivo muchos de los pacientes son derivados casi directamente a una institución monovalente, generando una cantidad de internaciones en aumento desde hace varios años. Por ejemplo, en el caso del hospital “Tiburcio Borda”, en 2024 registró 1.036 ingresos, cifra que no alcanzaba desde 2011.

La concentración no solo es de personas hospitalizadas, sino también de recursos. El relevamiento dedica un segmento al análisis del presupuesto de CABA en 2024 y afirma la “insuficiente inversión en políticas y dispositivos comunitarios, de apoyo y de inclusión social”. En palabras de Sofía Soberón, trabajadora social integrante del equipo de CELS: “El problema es cómo se distribuye ya que la mayor parte [de los recursos] está centralizada y no se refuerza toda esta otra red que tendría que poder tener el peso en la forma de abordar la salud mental. Y esto es solo en salud, cuando deberíamos poder hablar de lo laboral, lo habitacional y la educación. Es decir, debería tratarse transversalmente, no solamente relegado al ámbito de la salud.”

En números, un 75,6% del presupuesto estuvo dedicado a estas instituciones psiquiátricas, 11,4% se destinó a salud mental en centros generales, y solo 0,005% fue dirigido al Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS).

Este último fue creado para acompañar a las personas que egresan de la internación para reinsertarse en la sociedad. En el PREASIS hacia fines de 2024 trabajaban solo 75 personas, lo que podría considerarse insuficiente personal en relación a la cantidad de egresos que en ese año mantuvieron un promedio de 589. El programa también incluye apoyo económico. Un primer “Subsidio de Revinculación Familiar” que consta de 900 pesos mensuales, y un “Subsidio de Externación y Reinserción Social” dirigido a las personas que no pudieran garantizar su independencia habitacional de idéntico monto al primero. Ambos valores sin actualización desde 2012.

De hecho, en el proyecto de Ley del Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de la Ciudad el programa desapareció y tampoco figura en la sección correspondiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat. Cuando los investigadores de ACIJ y CELS consultaron al respecto, las autoridades afirmaron que el programa continuaba activo, pero sin explicación de cómo se sustenta o por qué desapareció del documento oficial.

Otro de los puntos clave es el tiempo de permanencia de los pacientes. La Ley 26.657 estipula que las internaciones deben ser del menor tiempo posible, sin embargo, se identificó que el 72% de las personas adultas internadas entre mayo y octubre de 2024 tuvieron internaciones prolongadas (más de seis meses). También se evidenciaron internaciones máximas de hasta 40 años, con un promedio cercano a los 10 años.

Gran parte de la permanencia en los psiquiátricos no está relacionada a motivos médicos, sino a que muchas personas, después de largos periodos internados, no tienen lugar para vivir. La estadía prolongada produce la pérdida de los vínculos familiares y afectivos, como también la falta de contacto con el mundo laboral, agravando la situación de la persona dada de alta.

Pasillo del Hospital Braulio Moyano. Según el informe, muchas de las mujeres internadas son vistas como “mujeres que fallaron” en su rol socialmente impuesto como madres, proveedoras y cuidadoras. Foto: Archivo/ANCCOM

Si bien los hospitales son de puertas abiertas, salvo en la internación involuntaria, el abogado Eduardo Quiroga, otro de los autores del trabajo por parte de ACIJ, explicó que “eso no se traduce en una vida independiente, ya que la mayor parte de esa población no decide dónde, cómo o con quién vivir, qué trabajo tener, qué rutinas implementar. En la institucionalización están sometidas a lógicas que vulneran el derecho de vida independiente. Eso es mucho más difícil si no se logran los apoyos y recursos para vivir en comunidad”.

Los investigadores identificaron las siete Residencias Asistidas de Rehabilitación Psicosocial existentes en CABA y señalaron dos problemas principales: la escasez de vacantes por un lado (un promedio de 14 personas por residencia), y por otro la falta de adecuación a los requerimientos de la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Son lugares pensados para trastornos mentales severos y un tiempo de permanencia máximo de dos años. Subrayaron que, aunque las residencias deberían funcionar como dispositivos de transición a la vida social, en algunas de ellas se terminan reproduciendo las lógicas del psiquiátrico aunque en menor escala.

Quiroga señaló que no solo se trata de un problema habitacional, sino que “requiere asistencia personal, acompañamiento terapéutico, un lugar de atención ambulatoria de referencia, y muchas otras cosas. Deben externarse de hospitales psiquiátricos, pero también debe existir una continuidad de cuidados con la que actualmente no contamos”. Esta situación expone que en muchos casos el reingreso a los psiquiátricos se debe a la cruda disyuntiva que enfrentan las personas: el manicomio o la calle.

El informe sostiene que las internaciones no solo se atribuyen a un estigma social de la “locura” y “peligrosidad”, sino que esto también convive con otro esquema de exclusión social, la “patologización de la pobreza”. Personas internadas no por salud sino falta de trabajo, vivienda y protección social.

ACIJ y CELS observaron instalaciones precarias, prácticas de aislamiento, casos de violencia física y psicológica, sujeciones físicas y farmacológicas y muertes que no se han investigado debidamente. Así como también usos indebidos de la medicación psiquiátrica, como el castigo, la coerción y la gestión de conflictos, generando graves deterioros orgánicos en la salud. En este panorama, también identificaron a mujeres y NNyA como los grupos más vulnerados.

Entre 2023 y 2024 se registró la mayor cantidad de NNyA internados desde 2012. Allí se encuentran expuestos a “situaciones de riesgo psicofísico y social, traumatismos corporales, amedrentamientos, temores, y falta de acompañamiento adulto”, mencionando posteriormente la pérdida de la escolarización y la dificultad para reintegrarse socialmente.

Con respecto a las mujeres internadas, “están sujetas a lógicas patriarcales de control sobre sus cuerpos y maternidades que afectan su autonomía y las someten a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como la anticoncepción y esterilización forzada y la privación de la responsabilidad parental sobre sus hijos e hijas”. De acuerdo con el trabajo, muchas de ellas son vistas como “mujeres que fallaron” en su rol socialmente impuesto como madres, proveedoras y cuidadoras.

Si bien la transformación está lejos de lograrse, los autores apuestan a que sea posible, tomando como referencia otra investigación elaborada por CELS sobre desmanicomialización en el Hospital Dr. Alejandro Korn “Melchor Romero”. En él se observaron avances para la adecuación a la ley y bienestar de las personas externadas. “Lo que el informe busca transmitir es que más allá de un marco normativo y necesario, hace falta voluntad política para poder pensar en políticas públicas claras”, afirmó Soberón. “Como sociedad deberíamos poder visibilizar estas situaciones de las que cuesta hablar por el estigma social, como también exigirle al Estado la implementación de políticas”, concluyó.

El sistema de salud pediátrico sigue en crisis

El sistema de salud pediátrico sigue en crisis

El recorte al financiamiento, así como el incumplimiento sistemático de la ley por parte del Gobierno nacional, impacta de lleno en el funcionamiento del sistema público de salud, en particular en el sector que atiende a las infancias. Los trabajadores luchan para sostener las instituciones con tanto ingenio como desgaste.

En una sala de terapia intensiva neonatal del Hospital de Clínicas, un médico sostiene una cinta común sobre la piel frágil de un recién nacido. “Si uso esto, se la puedo arrancar”, dice. La cinta especial no está disponible: el hospital no la tiene. La escena se repite, silenciosa, entre gasas contadas y respiradores que necesitan un service que no llega.

Detrás de la fachada gris que se levanta sobre la Avenida Córdoba, el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, orgullo de la universidad pública, atraviesa una de sus etapas más difíciles. Golpeado por la falta de recursos, la situación se agrava por el incumplimiento de parte del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, que debería garantizar tanto la enseñanza como el funcionamiento de la institución.

Fundado en 1881 y dependiente de la Universidad de Buenos Aires, se trata del principal hospital universitario del país: allí se forman médicos, residentes y especialistas de todas las ramas, como la Pediatría, una de las especialidades más afectadas por la situación.

“Este hospital tiene los mejores profesionales, pero está siendo socavado por la falta de recursos. Es muy difícil trabajar en estas condiciones”, resume con lágrimas en los ojos una pediatra, que trabaja en el establecimiento hace 17 años, quien pidió mantener su anonimato.

La Ley de Emergencia Pediátrica, que establece la reasignación de fondos y uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias, fue una lucha de meses de los médicos y profesionales de la salud que sostienen el hospital. Sin embargo, tras su promulgación, el Ejecutivo no la implementó, el dinero no llegó y la rutina médica se convirtió en un ejercicio de resistencia.

La crisis de la pediatría atraviesa a todo el país, como advirtió recientemente la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Verónica Giubergia: “Más del 60% de los 20 mil socios que conforman la SAP son pediatras que hoy se desempeñan en hospitales públicos; el 75% con múltiples empleos simultáneamente. El pediatra enfrenta una situación crítica marcada por el pluriempleo, la precarización y la vulneración de derechos laborales”.

Por ley, las universidades públicas y sus hospitales deberían recibir un financiamiento obligatorio que garantice tanto la formación de profesionales como la atención de los pacientes. Sin embargo, en los últimos años, esto no se ha cumplido, lo que deja a instituciones como el Clínicas con un presupuesto insuficiente para cubrir insumos, sueldos y mantenimiento de equipos médicos.

La falta de inversión afecta a toda la red pública. El problema se replica en hospitales nacionales, municipales y provinciales. Esto tiene un efecto en cadena sobre la formación de nuevos médicos, ya que la precarización laboral desincentiva a las nuevas generaciones a especializarse en pediatría o a permanecer en el sistema estatal. Una profesora e investigadora del área de Citología Exfoliativa y de la Reproducción, que trabaja en el Clínicas desde hace 40 años, cuenta que está manejando la posibilidad de irse al sistema privado. Ella también pidió que se resguarde su identidad. Luego de una vida entera dedicada al Clínicas, no encuentra su futuro en la institución.

Un neonatólogo, pediatra y legista, con 11 años en la institución, habla con un tono que combina cansancio y determinación. Prefiere el anonimato, pero cada palabra dibuja con claridad la precariedad que atraviesa la salud pública. “Pagar sueldos e insumos, todo eso de algún lado tiene que salir. Si el hospital no recibe lo que necesita, la atención se ve comprometida –subraya–. Si la sociedad no entiende que esto es necesario, vamos a ir desapareciendo. Así como le va a pasar al Garrahan, nos va a pasar a todos los hospitales públicos que dependen del aporte nacional o municipal”.

Precisamente desde el Garrahan, el secretario general de la junta interna, Alejandro Lipovich, expresa: «La lucha aparece como un intento por poner un freno a todo esto. Estuvimos seis meses con paros y movilizaciones. Tuvimos un triunfo resonante con un aumento salarial del 61% que, lejos de resolver otros problemas históricos, frena un poco la hemorragia. Lo que falta son incentivos para tener más trabajadores y trabajadoras en el sistema de salud. Es necesario que existan mejores condiciones, mejores salarios, y un refuerzo presupuestario que, por supuesto, es lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de Milei”.

En la práctica diaria, la falta de insumos se traduce en decisiones difíciles y situaciones límite. Cada respirador de la terapia intensiva neonatal requiere mantenimiento constante, si una placa se quema o una pieza falla, el equipo puede quedar inservible justo cuando más se lo necesita. “El bioingeniero hace el diagnóstico, sabe qué placa está quemada, pero si no hay dinero no se puede arreglar. Esta precariedad amenaza la atención de los pacientes más vulnerables”, explica el neonatólogo del Clínicas.

La escasez no se limita a la tecnología. Algunos medicamentos esenciales alcanzan altísimos precios que los hospitales no pueden cubrir. El Spinraza, indicado para pacientes con esclerosis múltiple, puede costar medio millón de dólares por dosis, y los tratamientos requieren administración quincenal.

Incluso los insumos más simples pueden marcar la diferencia entre la vida y la lesión. Las cintas especiales utilizadas para fijar tubos endotraqueales en prematuros evitan dañar la piel frágil de los bebés. Sin ellas, los médicos se ven obligados a improvisar con cintas comunes, conscientes de que pueden lastimar la piel de los recién nacidos.

En algunos casos, los padres deben colaborar directamente aportando medicamentos o insumos que el hospital no puede proporcionar. Esto genera tensiones y malentendidos: algunos familiares sienten que la calidad asistencial depende de su dinero. El dilema refleja la precariedad estructural del sistema.

“El hospital brinda atención con lo que hay. No pedimos lujos, pedimos sobrevivir”, insiste el neonatólogo. La dedicación y el compromiso de los médicos sostienen las instituciones, pero no pueden reemplazar lo que el Estado debería garantizar.

La falta de recursos tiene un impacto profundo en las familias y en la sociedad. Los costos de mantener a un recién nacido en condiciones seguras son cada vez más altos. Una familia de clase media-baja puede gastar cerca de un millón de pesos al mes solo durante las primeras semanas de vida. En muchos casos, la precariedad obliga a recurrir a sustitutos de la lactancia materna, diluyendo leche con agua, aceite o azúcar, con consecuencias graves para la salud de los bebés, como insuficiencia renal o enteropatía intestinal.

“Una persona que no entiende bien o que olvida algún detalle, puede poner en riesgo la vida del recién nacido. Esto pasaba en 2001, y está volviendo a ocurrir”, explica el médico neonatólogo, dando cuenta de cómo la falta de apoyo estatal golpea directamente a los más vulnerables. Y agrega: “La tasa de natalidad, según el Indec, cayó 48% en relación con el año 2000. La gente decide no tener hijos no porque no quiera, sino porque no puede solventarlos”.

Giubergia, la titular de la SAP, ha señalado que la disminución sostenida de la natalidad implica pacientes más complejos, con enfermedades crónicas más frecuentes y demandas familiares más diversas: “Sin embargo, el pediatra enfrenta una situación crítica marcada por la precarización y la falta de relevo generacional”, alertó.

Lucas Demarco realiza sus prácticas para pediatría en el Hospital Tornú de la ciudad de Buenos Aires. Explica cómo las clases prácticas son sostenidas, en su mayoría, por estudiantes y docentes ad honorem. “Lo hacen por pasión a la profesión. Pero toda esta problemática empeora su situación. Si quiero vivir de esto, sé que tengo que ir al sector privado”, manifestó.

Un compañero suyo, quien pidió anonimato, comparte una situación similar. “Inicié las prácticas en pediatría, pero cuando vi la situación de los salarios y la demanda que hay, cambié por dermatología. Imaginate lo mal que estamos que cambié de idea justo antes de empezar las residencias”.

La precariedad no solo afecta la atención diaria: tiene consecuencias a largo plazo sobre la formación de profesionales, la salud de los niños y la propia estructura social. Y como se ve, las decisiones políticas moldean el presente y el futuro de la sociedad argentina.

Estudiantes de la ENERC reclaman por una formación federal

Estudiantes de la ENERC reclaman por una formación federal

El ajuste al cine nacional no solo ataca la producción audiovisual sino también a las seis escuelas de realizadores dependientes del INCAA. Las ENERC se encuentran con dificultades de funcionamiento y la sede de Formosa corre peligro de cierre.

Toma de los estudiantes en la sede de CABA de la ENERC en octubre de 2025. 

Estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC, reclaman por el cese de los recortes presupuestarios, la regularización de los cargos administrativos y la situación en la que se encuentran las distintas sedes. La escuela cuenta con seis sedes a lo largo del país, las de AMBA y Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires, y las sedes regionales NOA en Jujuy, NEA en Formosa, Patagonia en Neuquén y Cuyo en San Juan.

Aunque la situación edilicia y de contratación varía en cada región, existe un reclamo común por el cine nacional, sector que hoy sufre recortes, pérdida de apoyos estatales y suspensión de fondos para producciones locales. La ENERC es un ente autárquico que depende del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), actualmente bajo la gestión de Carlos Pirovano. Las sedes regionales funcionan bajo un esquema de financiamiento mixto por el cual el INCAA provee el marco académico y técnico, mientras que los gobiernos provinciales deben garantizar el personal administrativo y el mantenimiento de los edificios.

Un área bastante afectada por los recortes es la del personal. Mientras que en la sede de Mar del Plata el mantenimiento es “justo, pero no holgado”, según Tomás Marco, consejero académico, aclara que el mayor problema radica en la falta de “ayudantes presenciales”. En la sede de Patagonia la situación es similar. Adrián Cabrio, representante de esa sede, cuenta que por un lado hay “una fuerte falta de personal administrativo”, donde solo trabajan cuatro, siendo que “el convenio que firmó la provincia con el INCAA dice que en la sede debe haber un mínimo de 6 trabajadores administrativos, lo cual no se estaría cumpliendo”.

Por otro lado, muchos profesores viajaban desde Buenos Aires a dictar clases, pero luego de los recortes se pasó a una modalidad híbrida, lo que concluye en que “afecta en gran medida la enseñanza de una carrera con tanta práctica como es el cine”. En ENERC NEA y NOA también faltan cargos administrativos por despido y no están cobrando sus salarios.

Sobre los equipos ocurre lo mismo, son insuficientes o están en malas condiciones. Integrantes del consejo académico de la sede Cuyo, que prefirieron reservar su identidad, afirman que el equipamiento técnico es muy escaso y costoso de reponer, “Reponemos todo con los ahorros de los alumnos o con lo que sobra de las cajas, pero no es suficiente para comprar los equipos más caros que necesitamos”. En Patagonia, Cabrio explica que los equipos que brinda el INCAA son viejos y muchas veces tienen mal funcionamiento”. Hace una queja, además, respecto a que en la sede AMBA compran equipos nuevos, “Muchas veces se siente que nos dejan de lado en este aspecto y muchos otros”, termina. En Mar del Plata, por ejemplo, el INCAA sí equipó a la sede con instrumentos de calidad, con la potencialidad de tener “una carrera funcional con poco personal”, como dice Marco en relación a la falta de ayudantes.

Si bien en NEA el proceso de admisión para el año 2026 se paralizó por completo, en las demás sedes las inscripciones se llevan a cabo con normalidad, aunque con sus inconsistencias. En Patagonia, por ejemplo, preocupa la baja cantidad de nuevos ingresantes, “El cupo límite de alumnos es de 30, pero ningún curso supera los 18”, dice Cabrio.

El apoyo del INCAA es el mínimo que tiene que brindar por el convenio que firmó con las provincias. Según Marco, el reciente Plan de Reforma de Horas Cátedra, enviado inconsultamente por Gabriel Rojze, rector de la ENERC, al INCAA a espaldas del consejo académico y aprobado por este último, reduce el horizonte de sumar aún más sedes y engrosar la federalidad de una carrera única en el continente. Pero en Cuyo, el apoyo de la sede central es casi nulo y la comunicación con el rector se dificulta cada vez más. En la sede AMBA se dio la iniciativa de una toma en rechazo al plan de Pirovano, realizando así una marcha hacia la sede del INCAA.

La sede regional NEA atraviesa una situación delicada desde agosto de este año, cuando venció el convenio entre el INCAA y el Ministerio de Educación de la Provincia de Formosa. Aunque a través de una carta documento se logró que dicho convenio vuelva a ser tratado para su renovación, tuvo consecuencias destructivas, se paralizó la inscripción de nuevos estudiantes para el año 2026. Eugenio Garay, consejero de la sede, cuenta que actualmente se está llevando a cabo un proceso de lucha contra el nuevo régimen de asignación de cargas horarias que recorta el salario docente y de los ayudantes de cátedra.

Al haber vencido todos los convenios laborales a cargo de la provincia, varios administrativos e instructores no solo no cobran sus salarios, sino que no tienen garantizado un seguro laboral. “Lo único que tenemos de certeza es que, en caso de no renovarse una vez finalizada la cohorte 2025, la escuela definitivamente se cerraría” como posibilidad a corto plazo si no se renuevan los contratos. A la vez, dice que la situación fue parecida en los últimos gobiernos, pero desde la asunción de Milei se profundizó y no hay un presupuesto claro para la ENERC.

El estudiantado se ha organizado a lo largo y ancho del país con consignas como “No al cierre de la sede NEA” y “La ENERC NEA es reparación histórica”. Garay menciona que se hizo material audiovisual para explicar a la población formoseña la importancia de la escuela. Aclara que “si queremos fomentar un sector audiovisual en Formosa, la sede NEA debe seguir existiendo”, ya que “formar profesionales y cineastas es el camino para fortalecer la cultura y nuestra identidad, porque queremos un cine formoseño con nuestra mirada para generar un cine argentino más federal”.

Más allá de la distancia geográfica, las demás sedes están al tanto de la situación, mantienen un contacto fluido con NEA y realizaron distintas manifestaciones de repudio, visibles en diversos posteos en Instagram de las cuentas de los centros de estudiantes de las sedes. En NOA se movilizaron ante el posible cierre de NEA. Algo recurrente en las sedes regionales es el miedo a que suceda lo mismo en las otras, por esto Cabrio reivindica que “hay que estar alerta”.

Marco afirma que en ENERC son una “enorme comunidad unida” que no va a retroceder un paso en la construcción de una ENERC federal que apueste a un cine argentino que llegue a cada rincón del país. Por lo tanto, la lucha es unida y, a pesar de las disparidades entre cada una, el cuerpo estudiantil aboga por un frente nacional por un cine federal y en contra de la eliminación del fomento cinematográfico y los ajustes desde el gobierno nacional y el INCAA.