Criminalizada por preguntar dónde está Tehuel

Criminalizada por preguntar dónde está Tehuel

La activista trans Pierina Nochetti está siendo juzgada en Necochea acusada de pintar un graffitti. Las demoras en la causa como castigo preventivo y las sanciones laborales como mecanismo aleccionador.

Pierina Nochetti es una artista, lesbiana y activista militante por los derechos LGBTI+. Participó del comité organizador de la Marcha del Orgullo en Necochea y en estos años se ha manifestado para exigir la aparición de Tehuel de la Torre, el joven trans de 24 años a quien se lo vio por última vez el 11 de marzo de 2021, a sus 21 años, cuando fue desde su casa de San Vicente a Alejandro Korn por una entrevista laboral.

La criminalización contra Pierina se inició a partir de la denuncia de una abogada de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Necochea, María Sol Castillón, donde, supuestamente, identifica a Pierina en una foto tomada y publicada por un portal de la ciudad. En la misma, de baja calidad, solo se pueden ver tres personas de espaldas frente a un mural con la leyenda de “¿Dónde está Tehuel?” en el anfiteatro del Parque Miguel Lillo, lugar lleno de pintadas y grafitis. Así, la justicia de Necochea le imputó cargos de “daño agravado” a un patrimonio histórico de la ciudad.

La fecha del juicio, que estaba estipulada para el 6 de marzo, quedó sin efecto y no hay ninguna novedad al respecto. “Ha habido una comunicación reciente del juez correccional que estaba designado para realizar el juicio manifestando que debía tomar una licencia, por lo tanto, la jueza -sorteada- integrante de un tribunal oral comunicó que el juicio no se va a realizar. Esto genera mayor angustia e incertidumbre para Pierina”, comentó Margarita Jarque, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y abogada veedora en el juicio contra Pierina Nochetti, quien por otro lado agregó que “se la debe absolver para respetar la libertad de expresión.”

Amnistía Internacional, el CELS, el INESIP, la Comisión Provincial por la Memoria, Akãhatã y Ni Una Menos son algunos de los  organismos de derechos humanos que se presentaron ante el juez en carácter de amicus curiae para velar por los derechos de Nochetti.

En el ámbito laboral, la administración del Municipio de Necochea desplazó a Pierina de los talleres de arte que realizaba en los barrios periféricos de la ciudad y no la recategorizó como sí lo han hecho con sus otros compañeros, lo cual significó para la activista el descuento de su salario. Esta reducción de diez días del sueldo dejó a Pierina por debajo de la línea de la Canasta Básica Alimentaria, ya que ella es una madre soltera con tres hijos.

Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Akãhatã y Ni Una Menos son algunas de las organizaciones y organismos de derechos humanos que se han encargado no solo de difundir las acciones que llevan a cabo desde el entorno de Pierina sino también de elevar presentaciones judiciales en carácter de amicus curiae, es decir, como terceros ajenos al caso, o de ejercer como veedores judiciales. “Le insto (al fiscal José Luis Cipolletti) a que retire el cargo de “daño agravado” presentado contra Pierina Nochetti, ya que parece ser una restricción innecesaria y desproporcionada del derecho a la libertad de expresión. Imponer esos cargos a defensores y defensoras de los derechos humanos por expresarse libremente transmite un mensaje disuasorio que podría limitar aún más el derecho a la protesta pacífica”, expresa el descargo de Amnistía Internacional.

Discriminada

Aramis Amaris Lascano es amiga de Pierina Nochetti y la acompaña en el proceso judicial junto a otros allegados a su entorno. También de Necochea, la activista trans y abogada acusa que “se la persigue por las tareas que realiza como trabajadora municipal, que están vinculadas hacia la Educación Sexual Integral (ESI), por ser lesbiana y por el tipo de reivindicaciones que ella levanta como activista y la molestia que eso genera.”

Margarita Jarque analiza el caso y argumenta que “la figura del daño no se configura en tanto el hecho de haber realizado una pintada, porque había muchas y sólo se persiguió la que tenía un contenido ideológico”. A su criterio, “hay una discriminación de género por el caso que se trata, por la condición asumida públicamente de militante, activista y lesbiana por parte de Pierina y entiendo que hay una criminalización del ejercicio de esas libertades. Se espera su absolución, pero también entiendo que hay un gran interés, en un hecho para el cual no hay pruebas, en aleccionar.” Y se dirige al gobierno: “Esta intolerancia a la libertad de expresión tiene que ver con algo estratégico en relación a su plan de hambre y desocupación que desde el primer momento vino a aplicar por goteo. Por eso, instala el temor como metodología de gobierno”.

Aramis, también abogada, opina que “el proceso judicial es sumamente endeble por el caudal probatorio que recabó el juez, que busca disciplinar a Pierina como trabajadora y como activista. Hay muchos graffitis cuyos autores no han sido buscados, la fecha de la foto no se sabe y las otras dos personas no fueron identificadas. Nos parece desproporcionado que se amenace con la pena de prisión a una activista por los derechos humanos que es muy visible en un pueblo donde los actores del poder político y del poder judicial se conocen”.

Para ella, “este proceso no sería posible si no hubiese vínculos entre los funcionarios del Municipio con el Intendente (de Necochea) Arturo Rojas y con el fiscal José Luis Cipolletti, quien llevó adelante la investigación y todavía, hasta el día de la audiencia del juicio, puede desistir de la acusación. Y cierra con una reflexión hacia el acto de criminalizar: “Este proceso judicial se instala en un contexto de fuerte cuestionamiento al uso del derecho a la protesta que se traduce en hechos concretos como la represión en las calles y en el monitoreo de la posibilidad de expresarse tanto en el espacio público como en las redes sociales.”

 

El cine tiene cámara de mujer

El cine tiene cámara de mujer

Cada martes, hasta el 16 de abril, se llevará adelante el Ciclo Directoras Argentinas en el Cine Arte Cacodelphia, donde habrá también debates con las realizadoras.

Este martes 5 de marzo comenzó el Ciclo Directoras Argentinas en el Cine Arte Cacodelphia, organizado por el sitio de cine GPS Audiovisual y la Comisión de Género de Directores Argentinos Cinematográficos (Género DAC). Cada semana, el ciclo proyectará una película dirigida por una directora argentina, quien estará presente durante la proyección y será entrevistada posteriormente por Julia Montesoro, directora de GPS Audiovisual. ANCCOM dialogó con ella y con Tamae Garateguy, vocal titular de Género DAC, el día anterior a la proyección inaugural.

Cada martes a las 19,  hasta el 16 de abril inclusive, se proyectará en el Cine Arte Cacodelphia una de siete películas seleccionadas: Puan (2023) de María Alche y Benjamín Naishtat, Partió de mí un barco llevándome (2023) de Cecilia Kang, Baldío (2019) de Inés de Oliveira Cézar, El silencio de los hombres (2023) de Lucía Lubarsky, Blondi (2023) de Dolores Fonzi, El viento que arrasa (2023) de Paula Hernández y Mariquita, mujer revolución (2023) de Sabrina Farji. Cada entrada tiene un precio de 1.600 pesos.

La colaboración entre Montesoro y Género DAC comenzó en la pandemia, época en la que organizaron muestras virtuales, pero hacerlo en sala era “una cuenta pendiente”, según Montesoro. En noviembre del 2023 comenzaron con el proyecto de una muestra presencial que se realice durante el mes de la mujer: “Empezamos a buscar películas, a ver posibilidades porque obviamente no somos dueñas de los derechos, ahí tuvieron que hacer un gran trabajo de hablar con cada una de las productoras o las directoras para ver qué posibilidades había” contó Montesoro.

“Hablamos de mirarnos a nosotras mismas, escucharnos a nosotras mismas, saber nuestros nombres -expresó Garateguy-. Entonces estas son instancias de encuentro que nos permiten ejercer esto, porque las prácticas más patriarcales tienen que ver con que nos aprendemos los nombres de los artistas varones, de los pensadores varones, los intelectuales varones y no de las mujeres”. Garateguy también destacó el hecho de que, al final de cada función, las directoras sean entrevistadas por Montesoro: “Es una experta de cine desde hace mucho tiempo, conoce las carreras de las directoras” y señaló que Montesoro publicó 50 mujeres del cine argentino, un libro con entrevistas a mujeres de diferentes oficios dentro de la industria audiovisual argentina.

Respecto a la selección de películas, Montesoro expresó: “Nos planteamos que estuvieran las generaciones más jóvenes” y señaló que en la muestra habrán dos “casi preestrenos”: El viento que arrasa, la cual se estrena algunos días antes de la proyección, y el documental Partió de mí un barco llevándome, la cual fue estrenada en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, pero no comercialmente. Otras dos películas del ciclo destacadas por Montesoro fueron Puán y Blondi: “Fueron las dos películas dirigidas por mujeres que más público llevaron a las salas el año pasado”. Montesoro también subrayó que todas las directoras contactadas accedieron y que “algunas incluso tenían otros compromisos y nos pidieron cambiar la fecha que habíamos programado originalmente para poder estar en la función”. También habló sobre sus expectativas para el ciclo: “La sala es muy buena, es de fácil acceso, está todo dado para que convoque”.

Montesoro sostuvo que “la selección que quedó es muy actual, muy ecléctica; hay documentales, ficción, películas de directoras y protagonistas tanto conocidas como emergentes. Nos pareció importante dar un panorama, sobre todo en este momento en el que la cultura, el cine, y el cine realizado por mujeres en particular, atraviesan un momento muy difícil. Por eso la presencialidad en salas también nos parece importante”. Ante la actual incertidumbre del ámbito cultural, Montesoro expresó que para seguir adelante “la forma que encontré, hace un tiempo ya, es seguir trabajando, seguir generando”. “Una de las claves van a ser las asociaciones -expresó Garateguy- esta cosa de las colaboraciones, más en lo que hacemos. Hay que resistir creando espacios, aunque sean pequeños” y destacó que “toma mucha trascendencia lo presencial, el encuentro”.

“Es un momento donde no hay demasiados espacios para el cine argentino en general, los grandes complejos programan otro tipo de cine” señaló Montesoro y concluyó que “abrir esta posibilidad, con películas argentinas y hechas por directoras, por mujeres, es también muy importante, porque cuesta mucho llegar a una sala, pero también cuesta mantenerse y cuesta la difusión. Así que tejiendo redes, sumando voluntades, vamos avanzando”.

Museo del Fitito | No sólo de cuadros están hechos los museos Podcast

Museo del Fitito | No sólo de cuadros están hechos los museos Podcast

La localidad de Caseros guarda un fragmento de la cultura popular: el Museo del Fitito, un auto icónico que no sólo escribió la historia de la industria automotriz nacional, si no que simbolizó el ascenso social de las familias argentinas.

Museo del Fitito | No sólo de cuadros están hechos los museos S01 E02

por Créditos: Laura Alcaráz, Agustina Blanco, Hernán Olivera y Eliana Rossi.

Exigen libertad a los presos por twittear

Exigen libertad a los presos por twittear

Los familiares de Villegas y Morandini brindaron una conferencia de prensa en el Congreso a 50 días de su detención. El caso también ha sido presentado ante organismos de derechos humanos internacionales.

Familiares de los detenidos jujeños Nahuel Morandini y Roque Villegas convocaron ayer a una conferencia de prensa organizada por la diputada del Frente Todos, Natalia Zaracho, en el Anexo A del Congreso de la Nación para exigir su libertad inmediata y desprocesamiento. Ambos llevan detenidos 50 días por haber publicado en redes sociales información sobre el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales. “Es muy difícil explicarle a un niño que hay dos personas presas por hacer un chiste”, dijo Lucía Castro Olivera, compañera de Morandini, sobre la situación que vive con sus hijas. En la conferencia también estuvieron presentes diputados de diferentes bloques y representantes de organismos de derechos humanos.

Desde el 4 de enero, el docente universitario Marcelo Nahuel Morandini y el trabajador independiente Humberto Roque Villegas permanecen en prisión preventiva por twittear una broma sobre el matrimonio del exgobernador Gerardo Morales y Tulia Snopek y por difundir un flyer en redes, respectivamente. Desde entonces, los familiares y compañeros exigen la libertad inmediata de ambos, denuncian lo sucedido y difunden el caso a través del hashtag #PresosPorTwittear. A esta causa se han unido diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y organismos de derechos humanos. El caso también ha sido presentado ante organismos de derechos humanos internacionales, como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

La primera integrante de las familias en hablar fue Lucía Castro Olivera, quien actualmente tiene un bozal legal por el que no se le permite mencionar a los denunciantes, como es el caso de otros familiares y amigos de los detenidos. Castro Olivera recordó cómo la policía entró a su domicilio de civil para confiscar el celular a Morandini y detenerlo. “Tenemos dos niñas pequeñas que tienen que ir a ver a su papá en el penal”, expresó Castro Olivera con angustia. “A mí me resulta muy difícil explicarles la situación”.

“Es muy importante para nosotros saltar la provincia de Jujuy, o sea, nacionalizar esto, porque allá no hay estado de derecho”, dijo Castro Olivera.

En diálogo con ANCCOM, Castro Olivera dijo: “Es muy importante para nosotros saltar la provincia de Jujuy, o sea, nacionalizar esto, porque allá no hay estado de derecho”. Este viaje para hacer oír el caso de su compañero en la Capital argentina requirió de mucho esfuerzo, pero señaló que es necesario: “A pesar de que ya hay denuncias a nivel internacional, los jueces no se hicieron eco de eso, entonces creemos que la única forma es que esto tome estado público, se convierta en un escándalo nacional y de esa manera presionar al gobierno de la provincia para que se ajuste al derecho internacional y a las normas más básicas de la convivencia democrática”.

La siguiente en tomar la palabra fue la hermana de Villegas, Norma Vega, quien habló de cómo la detención de su hermano afectó a su familia, en especial a su madre, y sobre su accionar ante esta situación: “Nos llevó a salir a tocar puertas, a pedir de alguna manera que cese la detención, que no sea extendida, porque no hay causa, no hay razón, no hay delito”. Luego de ella habló Elizabeth Gómez Alcorta, parte de la defensa de Morandini y conocida por litigar en defensa de Milagro Sala. La abogada leyó el tweet de Morandini  y señaló que este no menciona a nadie ni acusó a nadie de nada y que cumple con todos los estándares que la Corte Suprema fija respecto al derecho de libertad de expresión, que “habla respecto del humor” y que se trata de “una publicación en una red social como es Twitter que tiene una dinámica particular”. Gómez Alcorta concluyó que “todos los que estamos acá, si somos usuarios de Twitter, estaríamos presos si viviésemos en Jujuy” y que “depende de nosotros que en los próximos diez días, en donde se vencería el plazo de la prisión preventiva, podamos alzar la voz”.

Pablo Lachener, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), habló del historial de violaciones a los derechos humanos en Jujuy y expresó que este caso es “una banalización del derecho penal y una banalización de la historia” ya que los denunciantes Morales y Snopek han imputado a los detenidos por supresión de identidad. Diego Maita, docente de la Universidad Nacional de Salta, habló sobre Morandini, sobre las violaciones de derechos humanos en Jujuy y Salta e hizo un pedido a sindicatos y organizaciones para que acompañen esta causa para poder lograr la libertad de los detenidos. Finalmente, Francisca Staiti, secretaria general de la CONADU Histórica, contó sobre la iniciativa de un Amicus Curiae por parte de su federación y expresó que pretenden “romper con el cerco mediático que existe en Jujuy y en otras provincias”. Staiti también expresó: “Vienen por todos, todas y todo” y que “lo que hoy está en juego es pensar libremente”.

Lola Castro Olivera, cuñada de Morandini, dialogó con ANCCOM sobre las condiciones en las que se encuentran detenidos su cuñado y Villegas: “Los tres primeros días estuvieron en una celda de castigo, que es algo que es ilegal en todo el mundo, estuvieron incomunicados, desnudos y comiendo con las manos”, situación que se logró detener gracias a la intervención del Comité contra la Tortura y los Tratos Crueles. Luego de eso, Morandini fue trasladado seis veces y llegó a “una situación de detención más liviana” en la que sus familiares pudieron verlo todos los días y brindarle alimentos cocinados por su familia. Sin embargo, “arbitrariamente, en un momento, se lo regresa otra vez al penal” donde solo lo pueden visitar un par de veces por semana, aunque si se pueden comunicar más seguido a través de llamadas.

Durante la conferencia de prensa, también tomaron la palabra diputados de diferentes bloques, como Alejandro Vilca, Vanina Biasi del FIT y Mónica Macha y Daniel Gollán del Frente de Todos, quienes coincidieron al señalar lo antidemocráticas que son estas detenciones y lo compararon con situaciones similares en otras provincias. Además, Maita y Catro Olivera leyeron, respectivamente, cartas de Villegas y Morandini. El primero expresó en su carta que sus denunciantes “no tienen cómo demostrar todo este mamarracho que pusieron a la luz para tapar los verdaderos problemas de Jujuy” y que “hoy somos nosotros y si no se frena en Jujuy estamos todos a un paso del paredón”. Por su parte, Morandini expresó en su carta que su tweet “era en lenguaje potencial y no hace mención directa a nadie” y denunció: “Ajustados, sumisos, amedrentados y disciplinados, eso es lo que pretenden para nuestra sociedad”. Morandini concluyó que “con este caso buscan un precedente, el precedente de poder disponer de tu libertad para hacer uso de una red social”.

“Nos faltaron el respeto”

“Nos faltaron el respeto”

En medio del paro por 24 horas que convocó La Fraternidad, el Gobierno les ofreció un 12 por ciento de recomposición salarial, muy lejos del 50 que piden los maquinistas.

«Nos hemos opuesto a la política de este Gobierno, sabiendo que nuestro accionar probablemente perjudicará a muchos. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos hacer entender al Gobierno nuestra situación si no podemos operar más trenes para aumentar la producción?», se preguntó ayer el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, en una rueda de prensa realizada al mediodía en la sede del sindicato.

En la conferencia, Maturano confirmó que el paro continuaría hasta la medianoche debido al “fracaso” de las negociaciones salariales con el Ejecutivo nacional. «Hoy (por ayer) fuimos a una reunión, demostrando la buena voluntad del sindicato de conciliar, y nos propusieron el 12 por ciento de lo que habíamos solicitado. Nos volvieron a faltar el respeto, como se lo faltaron a la CGT», expresó el jefe de los maquinistas, quien agregó que están a la espera de una nueva propuesta en una reunión convocada para el martes 27 de febrero.

Según el dirigente ferroviario, la ausencia de conciliación obligatoria representa un obstáculo para la resolución del conflicto. “Nos explicaron que es la nueva política de este Gobierno, no aplicar la conciliación obligatoria”, señaló. Lo cierto es que, tal como están las cosas, las negociaciones entre el Gobierno y el sindicato están en un punto muerto, lo cual aumenta la posibilidad de que la situación se agrave en los próximos días.

La falta de respuesta oficial ha exacerbado aún más la tensión y deja a trabajadores y usuarios en una situación de incertidumbre. «No quieren cuidar la paz social, no quieren cuidar a los pasajeros, y el responsable es el Gobierno nacional, no es el trabajador, que está reclamando un pedido básico no de aumento salarial, sino de que le repongan el salario debido a la inflación», agregó Maturano.

Mientras tanto, un millón de personas resultaron afectadas por el paro. La mayoría, ante la falta de trenes, debieron afrontar largas colas y más tiempo para tomar el colectivo como alternativa de transporte. En Plaza Constitución, para subir a un colectivo, hubo gente que tuvo que esperar más de una hora. La espera, sumada, en algunos casos, a la necesidad de pagar múltiples boletos para asegurar el traslado, puso a prueba la paciencia de los pasajeros.

“Hace una hora que estoy esperando el colectivo. Encima tengo que tomar otro más para llegar a casa. Estaré llegando a Berazategui seguramente en tres horas. Diariamente tomo el tren porque me ahorro tiempo y dinero”, expresó Luciano Arriola, uno de los trabajadores afectados por el paro de trenes.

A unos metros, en medio de la vorágine de una jornada agitada en la parada de colectivos, Angelina Acevedo, una auxiliar de enfermería, contó: «No alcancé a almorzar porque tuve que salir corriendo a tomar el colectivo, salí dos horas antes de casa y aun así no llegué a tiempo». Y añadió: “Tengo dos trabajos para llegar con lo justo del mes, porque no me alcanza un solo salario. Mido las compras del mercado, ya no nos damos gustos como antes. Todo sube: el alquiler, el transporte, los servicios. Pero el salario no sube”.

La espera por una resolución del conflicto salarial de los maquinistas se mantiene. La oferta del Gobierno de un 12 por ciento de aumento quedó 40 puntos por debajo del reclamo de La Fraternidad. “Hay que esperar al martes, a ver si cambia la propuesta –anticipó Maturano–. Si hay nuevos valores podremos acordar, y si no hay, vamos a tomar nuevas medidas”.

Jubilados de vanguardia

Jubilados de vanguardia

Como en la década de 1990, un grupo de trabajadores pasivos se reúne todos los miércoles frente al Congreso para exigir aumentos que les den un respiro en el bolsillo. Participaron de las manifestaciones contra la Ley Ómnibus y fueron reprimidos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia?

Jubilados Insurgentes es un movimiento creado en el año 2019 por personas de distintas afinidades y militancias políticas. No tiene dirigentes ni referentes porque creen en una democracia directa que reemplace a un sistema de representatividad que está en crisis. Todos los lunes hacen asambleas vía Meet para reunir a todos los integrantes esparcidos por la Argentina en las que, a partir de consensos, trabajan, cada uno con su idea política, en función del bienestar no solo de los jubilados, sino también de los trabajadores en actividad –porque pelean por la defensa del sistema previsional vigente–, de los estudiantes y de los desocupados.

“Insurgentes trata de poner sobre la mesa todas las necesidades que tienen los jubilados. Hay compañeros a quienes no les dan los medicamentos oncológicos ni turnos de visitas con el médico. La situación es muy grave”, afirma Beatrice, una de las integrantes del movimiento que en los tiempos que corren prefiere preservar su apellido. Y todos coinciden en un número: 500.000 pesos de jubilación mínima, es decir, un monto que por lo menos alcance para cubrir la canasta básica de un adulto mayor.

En la vereda

El grupo Jubilados Insurgentes se junta todos los miércoles a las 15 horas en la puerta del Anexo “A”, edificio ubicado frente al Congreso sobre la avenida Rivadavia entre Riobamba y avenida Callao, y hacen “semaforazos” sin interrumpir la circulación de autos y peatones. Al ritmo de consignas como “Trabajadores, les estamos avisando que sus jubilaciones se las están afanando”, “Paro general”, “Jubilados, carajo”, “¿A dónde está esa famosa CGT?”, “Necesitamos una huelga general”, Insurgentes se organiza del cordón de la calle hacia la vereda para cumplir con el protocolo de seguridad impuesto por este nuevo gobierno.

Así y todo, la policía bajo las órdenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich los amedrentó, al igual que a tantos otros manifestantes, durante las jornadas del 31 de enero al 2 de febrero. “Me comí el gas en los ojos, por más que tenía lentes, y en la nariz. Me dejaron las fosas nasales ardiendo una hora. Vinieron compañeros militantes, me dieron limón y, más o menos, se me calmó, pero el gas que están usando es venenoso: dicen que con leche se calma, pero esto ataca a los pulmones”, indica uno de los jubilados reprimidos y agrega: “No nos van a doblegar, lo único que han hecho es potenciarnos. A nosotros nos reprimieron y crecimos.”

Desde los 15

Mario Palavecino tiene 69 años y vive en el barrio porteño de Villa Lugano. Trabajó 43 años en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación de dependencia y hace ‘changas’ desde los 15. Hoy cuida a su nieto mientras su hija sale a trabajar. Si bien militó en la izquierda, actualmente no se identifica ni agrupa con ningún partido político.

Palavecino dice que esta arremetida del gobierno no se arregla únicamente con movilizaciones en las calles: les exige a los dirigentes de las centrales obreras, CTA y CGT, más allá de sus diferencias, a ponerse a la cabeza de las demandas con un plan de lucha nacional que incluya paros y marchas. Al ser consultado por el reciente aumento de las jubilaciones del 29%, cataloga este ajuste como “un afano” y agrega que “debería estar, para los compañeros que tienen la mínima, en un piso de 500.000 pesos, el equivalente a la canasta básica de adulto mayor.”

Para Mario, “este gobierno endurece el garrote contra los trabajadores, pero es muy blando con los titulares del Fondo Monetario. Dicen que no hay plata, pero se la llevan todas las grandes corporaciones bancarias. Se está pagando una deuda altamente fraudulenta que es una estafa al pueblo argentino. No hay plata para los trabajadores, para los jubilados ni para los sectores populares. Al final la casta somos vos, él y yo”, se enoja.

Un paseo por la historia

Rubén Cocurullo, de 76 años, nació en el barrio de Saavedra y aún sigue allí. Trabajó ocho años en relación de dependencia hasta que se dio cuenta que “era explotado por el patrón”. Tomó la decisión de continuar de manera autónoma y lo hizo por 43 años hasta jubilarse con la mínima.

No forma parte de ningún partido político porque “son todos piramidales.” Así, desde 1999, cuando se fue del Partido Socialista Democrático, Rubén decidió formar, junto a otras seis personas, el grupo Jubilados Autogestionados en la Biblioteca Popular José Ingenieros. Junto a dicho grupo, organiza reuniones semanales en el Centro Cultural Casa del Pueblo, situado en Villa del Parque, para llevar a cabo charlas, debates, conmemoraciones y muestras, entre otras actividades culturales costeadas por ellos mismos.

Rubén se remonta al pasado para recordar que hoy, en el gobierno, están “los mismos” que participaron de la Semana Roja de 1909 en Plaza Lorea, de la Semana Trágica de 1919 en la Plaza Martín Fierro, de la masacre de la Patagonia rebelde de 1921, de la masacre de Oberá de 1936 y del asesinato de los Pilagá en 1947: “los Vasena, los Bullrich… esos son exactamente los mismos que nos vienen gobernando”, enumera.

Por último, deja dos mensajes, uno de ellos para los policías que reprimen en las movilizaciones: “Muchachos, despierten de una vez. Ustedes cobran 500 ‘lucas’ por mes como cualquiera. Son trabajadores adiestrados para la represión, para asesinar al pueblo, y no saben que de este lado puede estar el abuelo, el tío, o el padre del amigo.” Y otro para la juventud, especialmente, para quienes votaron a Javier Milei: “A los jóvenes les hicieron leer una mitad de la biblioteca y no la otra. Cuando estos chicos se encuentren sin un ‘mango’ en el bolsillo, sin jubilación y explotados, la decisión que van a tomar va a ser irse del país porque «es una mierda».”

De San Fernando al Congreso

Más de una hora y media tarda en llegar Juan Manuel Quintero desde su hogar, ubicado en la localidad de Virreyes, para reunirse con sus compañeros de Jubilados Insurgentes. A sus 76 años, y luego de toda una vida de trabajo como metalúrgico, Juan Manuel muestra una faceta política que se desliga de su militancia en el Partido Comunista de los Trabajadores (PCT), movimiento que integró hasta la irrupción del Golpe de Estado de 1976, y en el fundado por Luis Zamora, Movimiento al Socialismo (MAS), desde el año 1982, y hoy expresa su descontento hacia los dirigentes partidarios.

Juan Manuel acusa a este gobierno de tener relaciones muy estrechas con el sionismo, con los ‘yankis’ y con los anglosajones. “Quieren destruir todas las conquistas que ganó la clase obrera. La mayoría de los políticos se hacen los distraídos y algunos dicen «cuanto peor, mejor». Por eso, les exigimos a las tres centrales sindicales (Confederación General del Trabajo, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores) que luchen para tirar este plan económico e ir con uno distinto que empiece por un aumento de todo: jubilaciones, pensiones”, enfatiza. “Si no, este país es semicolonia. ¿Es difícil? No, no es difícil. La clase obrera a nivel mundial está luchando: hizo 25 paros en Latinoamérica, hizo un paro en Alemania. Hay una situación revolucionaria que llegó acá: la clase obrera puso en jaque al gobierno el 24 (de enero) y, lamentablemente, las conducciones le dieron un respiro”, agrega.

Remando contra la corriente

Beatrice tiene 78 años y vive en Balvanera, “ahí en Once”, dice mientras señala en dirección a los autos que circulan por la Avenida Rivadavia. Estudia Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: le quedan tan sólo dos exámenes y la entrega de dos informes para recibirse y cumplir aquel sueño que se vio truncado desde joven, cuando le contó a su padre que quería arrancar la ‘facu’. “¿Qué? ¡Vos tenés que ser maestra jardinera, casarte y tener hijos!”. En ese recuerdo aparece la lucha histórica de las mujeres, ese combate contra aquello que se llama ‘estigma’ y existe hace siglos. Ella, militante del movimiento feminista, insiste en que la desigualdad de género sigue siendo la misma porque todavía las mujeres no ganan lo mismo que los hombres y deben cuidar a los hijos, cumplir con las tareas del hogar y mantener su empleo formal al mismo tiempo.

Beatrice trabajó en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de manera ininterrumpida por 26 años y, ahora, con una pensión de 169.000 pesos –una cifra que se considera como ‘privilegio’ dentro de los jubilados–, no le “da para nada.” De hecho, cuenta que vive con su hijo de 52 años para recortar sus gastos lo máximo posible. “Se invirtió todo: ahora es mi hijo quien se hace cargo de gran parte de las cosas, es él quien me cuida a mí.”

En la mirada de Beatrice “hay un sistema que indica que somos descartables. Los jóvenes producen hasta que se vuelven descartables, y eso forma parte de un sistema que se llama capitalismo. Es el ‘usar y tirar’. Esto es una lucha de tipo política: en la medida que sigamos así, el capitalismo no va a aguantar”.