«Los diputados que visitaron a los represores ya perdieron todo tipo de honorabilidad»

«Los diputados que visitaron a los represores ya perdieron todo tipo de honorabilidad»

Legisladores reunidos en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento fracasaron una vez más en el intento de crear una comisión que investigue la visita de los legisladores de La Libertad Avanza a los represores condenados en la cárcel de Ezeiza.

Los legisladores que conforman la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento volvieron a suspender la conformación de una comisión especial para investigar a los diputados del bloque La Libertad Avanza que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad, en el penal de Ezeiza.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato del PRO, fue presenciada por distintos representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo, quien además fue la primera en tener el uso de la palabra: “Venimos a exigir que realmente este deplorable episodio que ocurrió con los diputados que fueron a visitar a los genocidas, o sea a sus amigos, que directamente se los expulse”, pidió Almeida ante la comisión.

Margarita Cruz de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, se sumó a la petición de Taty Almeida y denunció que no todos los represores fueron juzgados: “Se comprobó que hubo 800 centros clandestinos de detención y hay un promedio de dos represores por centro clandestino de detención, y no dan las cuentas porque para que funcione un centro clandestino de detención hay toda una articulación sistemática desde el que abre a la puerta hasta el que enchufa la picana”.

“Desde lo ético, desde lo moral, desde ahí es que nosotros cuestionamos que no tienen que seguir formando parte de esta Cámara, que el nombre completo es Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ellos ya perdieron todo tipo de honorabilidad”, declaró Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido, en diálogo con ANCCOM.

Mientras adentro del establecimiento los diputados debatían, a las afueras del Congreso, sobre Avenida Rivadavia, un grupo de jubilados, que se encontraban protestando en contra del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria que anunció el presidente Javier Milei, fue reprimido con gas pimienta y golpeados por la Policía Federal. Si bien algunos diputados decidieron retirarse de sus sillas para observar qué sucedía, la comisión continuó con normalidad.

Después un largo debate, los legisladores aprobaron la propuesta de Juan Brugge, de Encuentro Federal, quien solicitó convocar una nueva reunión de las comisiones de Peticiones y de Asuntos Constitucionales para debatir si se conforma una comisión especial.

Sin embargo, antes de que esta petición sea aprobada, la diputada Cecilia Moreau, de Unión por la Patria, rechazó que el libertario Nicolás Mayoraz presida la comisión de Asuntos Constitucionales porque tuvo participación en los chats donde se organizó la visita a los represores. Finalmente, Mayoraz Aceptó que la diputada Maria Eugenia Vidal, del PRO, sea quien ocupe su lugar. Además, rechazó que exista “un plan de impunidad”, tal como lo acusó Moreau.

“Indudablemente hubo un retroceso, pero creemos que tienen que reflotar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia con la lucha de los distintos organismos, de los distintos actores y del pueblo. Lamentablemente siempre ha sido así; nosotros no hubiéramos llegado a tener la democracia que tenemos si no hubiéramos estado todo el tiempo levantando estas banderas y reclamando por un poco más de justicia. Si el pueblo no sale a la calle, no salea pelear como las Madres y las Abuelas, no podemos llegar a ningún lado”, finalizó Guillermo Pérez Roisinblit.

Sin el mar y sin memoria

Sin el mar y sin memoria

Debido a las restricciones que aplica el gobierno a las políticas de derechos humanos, ahora corre riesgro el tradicional encuentro final del Programa Jóvenes y Memoria que desde hace 22 años se realiza en Chapadmalal con adolescentes de todo el país.

El Gobierno nacional continúa serruchando las políticas de derechos humanos. En está oportunidad, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) alertó que la realización del encuentro final del Programa Jóvenes y Memoria, está en peligro.

Esta actividad se realizó ininterrumpidamente durante 22 años en el Complejo Turístico de Chapadmalal, más allá del color político de las distintas administraciones, pero el actual gobierno de Javier Milei es el primero que pone en riesgo su continuidad.

El Encuentro Jóvenes y Memoria, según contó a ANCCOM Sandra Raggio, la directora de la Comisión Provincial por la Memoria, es una vivencia basada en la solidaridad, en el reconocimiento de una alteridad positiva y en la igualdad dentro de la diversidad. Se trata de una experiencia que busca democratizar las relaciones sociales y las instituciones.

En este sentido, Raggio expresó que “es una experiencia enriquecedora para los jóvenes. No hay muchas iniciativas en donde se puedan encontrar a compartir un trabajo sostenido durante todo el año, invitando a la reflexión y a mostrar las historias que tienen en sus diferentes comunidades. Es muy importante como política de memoria para que las nuevas generaciones desde sus propias investigaciones conozcan lo que pasó sin que nadie les cuente, y puedan reflexionar por sí solos”.

Raggio recordó que “gobiernos de signos políticos distintos han  considerado siempre que este encuentro era necesario”. Y envió un mensaje hacía el gobierno: “No queremos que coincidan con lo que vamos a hacer sino que esto es una sociedad heterogénea y los pibes tienen derecho a ir y expresarse, queremos que reconozcan que esto es una obligación del Estado, no pretendemos que estén de acuerdo con lo que hacemos”.

La propuesta

Este programa educativo fue lanzado por la Comisión Provincial por la Memoria en 2002, y consta de la invitación a los jóvenes a formar equipos de investigación en el marco de la escuela, de una organización social o política, para investigar sobre la historia de sus comunidades asociada a las problemáticas de derechos humanos y memoria. “Durante todo el año, los chicos investigan el tema que quieren en relación a su comunidad, respecto a lo que pasó y como resultado, producen alguna pieza comunicacional -una obra de teatro, un audiovisual o un programa de radio- para compartir su investigación” contó Raggio.

Sobre la experiencia en Chapadmalal describió que “el objetivo principal es que se encuentren todos los grupos de investigación, organizándose una gran muestra de todos los productos comunicacionales para compartirlos con el resto y vivir una experiencia única, que incluye conocer el mar”.

En este sentido Mara Damonte, profesora de La Matanza e integrante del voluntariado docente del Programa Jóvenes y Memoria, recordó conmovida la experiencia de varios de los jóvenes que visitan por primera vez la costa marítima. “Un joven, hace mucho, me dijo que al ver el mar se sentía a orillas de la libertad. Jóvenes y Memoria es otro modo de hacer, de convivir, de estar con nosotros, es democracia y apuesta constantemente a la creatividad”, describió.

Por otro lado, Damonte opinó sobre el desprecio del Gobierno a las políticas de derechos humanos. “Milei dijo que venía a destruir el Estado y desde ahí mantiene esa política, además de sostener cierto negacionismo y atacar toda cuestión vinculada a los derechos humanos. Por eso ataca al programa Jóvenes y Memoria”.

Las producciones de los jóvenes, según contó la profesora, narran algunas de las problemáticas que los adolescentes atraviesan diariamente en sus comunidades, tales como el no poder ir a clases por tener que trabajar, la situación en los comedores populares e historias silenciadas durante la dictadura.

 “Un gobierno negacionista que apunta a destruir los derechos, es evidente que va a considerar a nuestro programa como inválido y va a querer destruirlo”, razonó. “Lo importante es que acá seguimos y que Jóvenes y Memoria este año tuvo récord en la inscripción, la voluntad de resistir y luchar por esos derechos, sigue en pie”, agregó.

Una vez que los jóvenes finalizan el secundario, según contó la profesora, muchos eligen seguir conectados con esta experiencia creativa y reflexiva, participando como coordinadores de la actividad. “Caminar por las calles y ver cómo aquellos niños, hoy ya hombres, preguntan por Chapadmalal y saber que la experiencia les quedó marcada, me emociona mucho”, compartió Damonte.

En su definición, “son encuentros plurales de jóvenes, muy importantes, en donde se ponen en común distintas perspectivas, cada uno con un pensamiento político diferente, con diversos consumos culturales. Nuestro foco es que en medio de una diversidad, los jóvenes puedan reconocerse en una igualdad, el ser jóvenes, ciudadanos de este país y poder reflexionar proyectos en común”.

Facundo

Por este programa Jóvenes y Memoria también pasó Facundo Astudillo Castro, el adolescente de la localidad de Pedro Luro que en plena pandemia salió por la Ruta 3 hacia Bahía Blanca y desapareció el 30 de abril de 2020, luego de haber sido demorado por cuatro policías bonaerenses.

Infancias desgarradas

Infancias desgarradas

La sobreviente Claudia Favero y Alejandra Santucho, hermana de una adolescente de 14 años desaparecida y torturada,  declararon en la cuarta jornada que investiga 112 crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Comisaría 5ª de La Plata.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, integrado por Karina Yabor como presidenta, junto a los jueces Ricardo Basílico y Adríán Basso lleva adelante el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la Comisaría 5ª de La Plata. En la cuarta audiencia del jueves estuvieron presentes la abogada querellante de Abuelas de Plaza de Mayo, Colleen Torre y Leonardo Fossati querellante y nacido en ese Centro Clandestino de Detención. La causa investiga los crímenes contra 112 víctimas que fueron desaparecidas allí y el juicio tiene como imputados a Jorge Bergés, Pedro Muñóz -quien seguirá excarcelado mientras dure el juicio- y José Saravia Day. En la cuarta jornada fueron citadas a testimoniar Alejandra Santucho -hermana de Mónica Santucho, asesinada- y la sobreviviente Claudia Favero.

La abogada Colleen Torres manifestó: “La importancia de los testimonios para mí tiene dos aristas: por un lado, la posibilidad de que los sobrevivientes brinden su voz sobre lo sucedido. Se supone que es reparador para ellos y para ellas decirle al Estado lo que les sucedió y que se escuchen esas historias que fueron silenciadas por tanto tiempo, es muy significativo. Por el otro, para nosotros es importante que puedan declarar porque la inmediatez del testimonio no te lo da una incorporación por lectura, para que los jueces puedan escucharlos y verlos en primera persona. Aunque es difícil comprender la magnitud en su conjunto, pero por lo menos que puedan dimensionar lo que vivieron, el daño y la lucha misma”.

La primera en declarar fue Alejandra Santucho: “Toda mi familia fue víctima de la dictadura: mi mamá, mi papá y mi hermana de tan solo 14 años”. Santucho dio a conocer en el Tribunal la historia de su vida. Ella fue testigo de la desaparición de sus padres, militantes de la Juventud Peronista, y de su hermana: “El viernes 3 de diciembre de 1976, yo estaba en el patio de mi casa y de repente se produce un griterío porque miembros del Ejército, vestidos de civil, empezaron a disparar a toda la casa. Mis papás gritaron que dejen salir antes a los niños. Ahí es cuando sale mi hermana Mónica de 14 años, con mi hermanito de dos años y el bebé de otra familia que se hospedaba con nosotros. Nos dejan a mi hermano y a mí a unas cuantas casas de al lado, pero mataron a mis papás y se llevaron a Mónica”.

«Ellos me hicieron sobreviviente porque decidían quienes vivían y quienes morían. A mí no me gusta decir que soy sobreviviente, a mí me gusta decir que soy testimoniante. Es nuestro deber para los que no están”, declaró Claudia Favero.

La historia desgarradora de Alejandra. Durante casi diez años no supo nada sobre su hermana. Sin embargo, en el Juicio de las Juntas, hubo testigos que declararon haber compartido cautiverio con Mónica en Arana y en Comisaría Quinta: “Ellos recordaban que era una niña de entre 12 y 13 años, que fue muy torturada y violada”. También, por una testigo, se supo que Mónica escribió en una pared donde estaba retenida: “Acá hay que aguantar lo inaguantable”. Una nena de 14 años que todavía era una preadolescente sufrió hechos de violencia y maltrato inexplicables.

El testimonio de Alejandra se contrapone con el expuesto por José Saravia Day en la jornada número tres. Al ser la oportunidad para que los acusados den su versión y se defiendan de las imputaciones, solo Saravia Day hizo uso de su palabra. Citó al libro de Nunca Más donde se habla de una casa de brujas y el imputado expresó: “En estos momentos siento que sufro una caza de brujas demencialmente generalizada y estoy siendo ensuciado por una incriminación global e injusta. Todos los militares hoy son vistos como represores”. Sin embargo, luego de declararse inocente, utilizó una estrategia distinta donde se diferenció del genocidio sin negarlo: “La metodología por las FF.AA. para afrontar la violencia de los setenta con las inhumanas torturas y desapariciones siempre me parecieron repugnantes e inaceptables”.

En relación al rol del Estado en materia de derechos humanos, Alejandra Santucho, declaró: “El Estado tiene que estar para defendernos, protegernos, procurar la reparación y la justicia. Y que hoy algunos estamentos del Estado que llegaron al poder por la democracia y que pidan impunidad para los genocidas para nosotros es devastador”.

Además, la abogada de Abuelas, Colleen agregó: “Si el gobierno de turno no tiene políticas públicas que impliquen la reparación en el marco de políticas de memoria, verdad y justicia puede acarrear responsabilidades internacionales del Estado. Pero esto no es efectivo como uno creería que debiera ser y en lo inmediato con los familiares no tiene ningún tipo de trascendencia, ya que si bien el Estado es condenado internacionalmente eso no va a reparar el daño causado por un Gobierno con un discurso negacionista. Es parte también de continuar la lucha que se da en estos contextos, la continuidad de los juicios y que los familiares puedan declarar es forma de darle batalla a ese discurso negacionista”.

En la cuarta jornada, también declaró la sobreviviente Claudia Favero. Describió su secuestro junto a su hermano Luis: “El 12 de febrero de 1977 un grupo de hombres irrumpió en mi casa buscando a mi hermano Daniel, militante de la Juventud Universitaria Peronista. Nos llevaron a mi hermano y a mí e inmediatamente somos sometidos a torturas, con una especie de cachiporra que nos golpeaba en todo el cuerpo y también nos ahogaban hasta que no podíamos más. Pero de todas formas no sabíamos donde vivía Daniel, es una pesadilla decir que no sabes o simplemente decís la verdad y que no te crean. Estábamos primero en la Brigada de Investigaciones y luego nos trasladaron al Destacamento de Arana. Después nos llevaron a la Comisaría 5ª. No nos torturaron ahí, simplemente estuvimos unos días más, pero finalmente nos liberaron en el Parque San Martín, a unas cuadras de casa”. Años más tarde, la familia se enteró que el 23 de junio secuestraron a Daniel Favero junto a su compañera Paula Álvarez. Para finalizar la declaración, agregó: “El recuerdo más doloroso no es lo que me pasó a mí, porque yo estoy viva y estoy acá contándolo. Ellos me hicieron sobreviviente porque decidían quienes vivían y quienes morían. A mí no me gusta decir que soy sobreviviente, a mí me gusta decir que soy testimoniante. Es nuestro deber para los que no están”.

Hasta el 5 de septiembre hay un cuarto intermedio donde se continuará el debate y notificarán la nómina de personas que serán testigos. Finalmente, Torre concluye: “Es esperar que puedan hacerlo de la mejor manera posible y reitero que puede ser reparador en un punto y más en este contexto. La expectativa siempre es tener la esperanza de que surge algún dato que pueda servir para esclarecer algunos datos que aún siguen ocultos”.

A las mujeres campesinas la salud les queda lejos

A las mujeres campesinas la salud les queda lejos

El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó su informe sobre la salud en mujeres campesinas, junto a integrantes de diversas localidades que reclaman políticas públicas e igualdad en el trato. La discriminación, la ignorancia de las distancias y de los saberes ancentrales, entre otros llamados de atención.

lEl Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) presentó el informe “Campesinas: Organización para la salud”, en donde se demuestra cómo es el difícil acceso a la sanidad por parte de las mujeres en pueblos rurales y el rol clave de sus propias organizaciones para garantizar derechos en un Estado ausente. En la presentación de la investigación participaron Marta Greco, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra; Carolina Rodríguez y Rosalía Pelergrini, de Asociación Mujeres de la Tierra y Pamela Moreno del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, entre otras.

“Si bien en la guía inicial, antes de empezar los viajes, plateábamos algo más vinculado a ‘se aprobó la ley del aborto, queremos ver si se está implementado’, después, al salir al territorio, esa inquietud se amplía y se modifica. Ahí es cuando entendimos que no podemos hablar de la salud sexual reproductiva o del aborto de manera aislada, hay que vincularlo con la salud integral porque hay un problema ineludible que es el acceso a la salud”, mencionó Daiana Aizenberg, miembro del CELS en diálogo con ANCCOM.

La investigación recupera testimonios de mujeres en zonas rurales de las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Misiones y Jujuy. Dan cuenta desde la discriminación por parte de profesionales de la salud y de enfermedades causadas pore agrotóxicos hasta la negativa de poder decidir sobre sus propios cuerpos, entre otras realidades que viven las mujeres campesinas en pueblos alejados de las capitales de las provincias.

“Una compañera nos comentaba que tenía que ir al centro de salud a hacer el control de su hijo, iba con sus cuatro hijos caminando cinco kilómetros para llegar y ver si era posible tener un turno para poder hacer ese control, mientras pensaba en dónde se iban a quedar. Es fundamental poner esa dimensión del acceso a la salud en la ruralidad, con la distancia de los caminos”, relató Marta Greco durante la presentación del capítulo titulado “Distancia, salud y cuidados” del informe.

Carolina Rodríguez de Asociación Mujeres de la Tierra, denunció: “La violencia por parte de la persona que está del otro lado en un control médico” y la dificultad a la hora de conseguir turnos para la atención. También resaltó la discriminación que se recibe y la desigualdad en el sector.

Para la presentación del capítulo “Salud sexual y reproductiva en la vida rural”, Aizenberg fue la encargada de dar el inicio al debate sobre el tema. Se mencionó que las políticas públicas existen, pero no están puestas en ejecución. Un ejemplo de esta situación es la falta de comunicación por parte del Estado sobre las unidades sanitarias, en donde falta información sobre cuándo y dónde van a estar presentes para que las personas de las comunidades rurales puedan organizarse a la hora de realizarse un chequeo médico. Y, además, como si esta situación no fuera una odisea, varias personas han comentado que no reciben los resultados de sus estudios médicos luego de atenderse en dichas unidades sanitarias.

El informe señala que las personas gestantes expuestas a los agrotóxicos “tienen el 75% más de probabilidades de sufrir un aborto involuntario durante el primer trimestre de la gestación”.

Los efectos de los agrotóxicos en las poblaciones rurales fue un eje central que se agregó a la investigación, luego de que el tema sea relatado en diversos testimonios. En el informe presentado se menciona que, en el país, las personas gestantes expuestas a los agrotóxicos “tienen el 75% más de probabilidades de sufrir un aborto involuntario durante el primer trimestre de la gestación”.

En la presentación también se destacó que, en varias ocasiones, las mujeres rurales se sintieron desvalorizadas por el personal de salud respecto a sus conocimientos de medicina ancestral, subrayan que ese saber les fue despojado: “Te anulan, te hacen olvidar tu sabiduría. Después ellos se quedan sin remedios, y nosotras sin el pan y sin la torta”, cuenta en el informe Guadalupe, una de las integrantes de la Red Puna (en Jujuy), organización que es parte del MNCI Somos Tierra.

Si bien desde las organizaciones mencionaron que pueden “hacer mucho” también afirman que “sin un Estado presente no es suficiente”. Entre las conclusiones finales del informe se presentaron recomendaciones para políticas públicas, dentro de las cuales se encuentra “Diseñar políticas públicas en salud desde una perspectiva integral focaliza da en las particularidades de la población rural, que considere especialmente las distancias, el modo de vida y la cultura”; “Implementar un sistema integral de cuidados, donde se garantice que brindarlos y recibirlos pueda ejercerse independientemente de la condición social, económica, laboral, de género, de capacidad y de ubicación geográfica”; e “Implementar la normativa existente sobre uso de agrotóxicos y prohibición de fumigaciones en zonas pobladas, sancionando su incumplimiento”.

“Para muchos es pagar el alquiler o comer”

“Para muchos es pagar el alquiler o comer”

Tras la muerte en lo que va del año de 17 personas sin techo en todo el país, agrupaciones sociales y políticas realizaron un colchonazo y merienda solidaria en Plaza de Mayo bajo la consigna «la calle no es un lugar para morir”.

Fotos: www.anred.org 

Frente a la Casa Rosada, ante un cordón policial permanente, decenas de personas se acercaron ayer a recibir un colchón, una manta, abrigo y comida. La convocatoria de las organizaciones sociales coincidió con la conmemoración del Día Latinoamericano y del Caribe de la Lucha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle, fecha que recuerda la Masacre de Sé en San Pablo, Brasil, ocurrida entre el 19 y el 22 de agosto de 2004. Durante esos cuatro días, siete personas fueron asesinadas a golpes por agentes de seguridad privada y ocho fueron heridas gravemente. Desde entonces, países como Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y Costa Rica realizan anualmente encuentros para honrar a las víctimas y promover los derechos de los sin techo.

El colchonazo comenzó con la recepción de donaciones de ropa, mantas y productos de higiene, seguida por una merienda solidaria y una suelta de globos en homenaje a las personas fallecidas este año. Los globos, algunos sanos, otros completamente en llamas, se alzaron sobre la Pirámide de Mayo iluminando a los protagonistas del encuentro y a los efectivos policiales, bordeando la Casa Rosada. Entre las organizaciones convocantes se encontraban la Red Puentes, Barrios de Pie y Proyecto 7, entre otras.

Según datos recientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la indigencia alcanzó el último mes el 15 por ciento del distrito, es decir que unas 470 mil personas se encuentran en emergencia habitacional o directamente en situación de calle, mientras que un 35 por ciento –más de 1.100.000 personas– están bajo la línea de pobreza. En este contexto, los reclamos principales fueron la declaración de la emergencia para las personas en situación de calle, exigir el cumplimiento de la Ley 3706 de CABA y la Ley nacional 27654, con un presupuesto adecuado al número real de personas que componen esta población, y convertir el decreto 690, que otorga un subsidio habitacional, en ley.

En la Argentina son 17 los fallecidos en lo que va del año por estar en la calle, diez de ellos en la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, donde paradójicamente funcionan hogares y paradores nocturnos. “Los espacios de tránsito no funcionan porque a las siete de la mañana la gente tiene que levantarse y es automáticamente echada –afirma Eduardo González, de Proyecto 7–. Tienen que volver a hacer un ingreso, si quieren permanecer en el recinto, a la tarde o en otro momento del día. Pueden pasar la noche, pero en la mañana tienen que volver a la calle”.

“A la actividad vino mucha gente que se acercó por su colchón y por algo para tomar y comer. Cada vez hay más gente en situación de calle porque no puede sostener un alquiler, para muchos es pagar el alquiler o comer. Hace casi un año que viene aumentando la cifra de personas que caen en la indigencia y este año, en este invierno particularmente, han fallecido muchas personas. No se puede pagar un alquiler, no se puede comprar para comer, no se puede vivir”, agrega.

González está en situación de calle, vive en el Hogar Monteagudo –gestionado por Proyecto 7– con su mujer y sus dos hijas. “Tengo trabajo, pero me la paso haciendo changas para poder llegar a comprar algo para comer para mi familia. Estoy todo el día trabajando para que mi familia no pase hambre. No pueden decir que no me la rebusco, pero este país está cada vez peor”.

Fotos: www.anred.org 

Juana Mansilla, del Frente La Patria es el Otro, asegura que ayudar a compañeros en la calle, incluso en este contexto tan complejo, le nace desde dentro. “Estamos entregando colchones y frazadas para combatir el frío a los compañeros vecinos, y vecinas en situación de calle. La situación está cada vez peor. Gracias a Dios puedo pagar un alquiler y seguir mandando a mi hija al colegio, pero no todos tienen esa suerte, no todos pueden darse ese lujo tan básico. Hay un montón de personas en situaciones muy vulnerables, y nadie hace nada”.

Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, subraya: “Actividades como esta están sucediendo en todas las regiones, por el reclamo para la implementación y correcto funcionamiento de la ley 3706 para que no haya más personas situación de calle, que pare la represión policial sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y que se declare la emergencia de las personas en situación de vulnerabilidad en la Ciudad porque ya hay más de 12 mil, y claramente está sobrepasando. Lamentablemente, tuvimos 17 muertes en todo el país, de las que tenemos real constancia, pero suponemos que ha habido muchas más”.

Con respecto a las políticas del Gobierno nacional para tratar la situación, Ávila asegura que no hay ninguna, salvo retener 80 mil frazadas conjuntamente con las toneladas de alimentos que “tienen en los depósitos y no quieren entregar”. Y por parte del Gobierno de la Ciudad, las únicas políticas son represivas, de hecho, ayer el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, anunció la incorporación de mil efectivos más a la Policía Metropolitana para combatir las “ranchadas” de la gente en situación de calle.

La calle carga a las personas de caracterizaciones estigmatizantes, el que vive en la calle es peligroso, un delincuente y un malintencionado. ¿Cómo se consigue trabajo si se carga con una reputación así? ¿Cómo se sale adelante? “Nosotros, como organizaciones, trabajamos para que eso pase, pero la verdad que para aquellos que intentan salir de esta situación se torna cada día más difícil: si la política socioeconómica del país no cambia, no sólo va a haber más gente viviendo en la calle, muriendo de frío e inanición, sino que a los que ya están les va a ser muy difícil salir”, explica Ávila.

“El pobre no es pobre porque quiere, como el trabajador no cobra un sueldo bajo porque quiere. La problemática del crecimiento de la indigencia es provocada por los gobiernos. Para estos políticos es más fácil pasarle la pelota a la gente que está sufriendo las problemáticas, en vez de hacerse cargo ellos, que las están provocando día a día –remarca–. Ha cambiado mucho la población de calle, antes la mayoría de los indigentes eran jóvenes o adultos, ahora son abuelos y abuelas, porque con 290 mil pesos por mes nadie puede hacer nada. Entre los remedios para no morirse y pagar una habitación, la jubilación no alcanza. Hay muchas más mamás con criaturas, estamos hablando de familias inocentes. Se ve a muchas de esas familias en la calle con sus muebles, inclusive en las ranchadas, porque hace muy poco fueron desalojadas”.

«No creo que el movimiento feminista tenga que hacerse cargo de Alberto Fernández»

«No creo que el movimiento feminista tenga que hacerse cargo de Alberto Fernández»

La paradoja de los avances de las políticas de género que permitieron demandar a un expresidente que las impulsó y el retroceso en el tratamiento mediático analizados por la investigadora Luci Cavallero y por la autora de «Feminismo Jumanji», Ana Laura Núñez Rueda.

Esta semana, el Poder Judicial resolvió imputar al expresidente Alberto Fernández por los delitos de lesiones graves doblemente agravado por el vínculo y contexto de género y amenazas luego de la denuncia presentada por su expareja Fabiola Yáñez. ANCCOM dialogó con la investigadora feminista Luci Cavallero y con Ana Laura Núñez Rueda, coautora del libro Feminismo Jumanji para pensar sobre la vigencia del patriarcado, el movimiento feminista y el tratamiento de la violencia de género en los medios.

Núñez Rueda puso en contexto el hecho: “Si el sujeto todopoderoso de estos tiempos sigue siendo el varón pudiente, blanco, de traje, con poder y que vive en las grandes urbes ¿qué nos sorprende de que Alberto ejerza la violencia de género? Con esto no quiero decir que cualquier varón blanco ejerza la violencia física y psicológica sobre las mujeres, pero sí, que el sistema sigue reproduciendo la desigualdad estructural -económica- que se vuelven visibles y palpables cuando se materializan en los cuerpos femeninos con marcas, golpes y en algunos casos hasta la muerte”. No obstante, para la autora, el feminismo hoy es uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina, y es por eso que, a pesar del desmantelamiento de políticas públicas para combatir la violencia de género que atraviesa la Argentina, en otro momento histórico no se hubiera podido denunciar a un expresidente y escuchar la voz de la denunciante.

Luego de la denuncia, la filtración de los chats e imágenes inundó los medios de comunicación que no cesaron de hablar del caso desde entonces. Ante la mediatización de la causa, la socióloga feminista Luci Cavallero dice: “La forma en que fue tratado el caso en los medios es un retroceso en los logros que habíamos obtenido en la disputa por una comunicación feminista. Los medios fueron quienes difundieron las imágenes sin consentimiento previo de Fabiola y sin que ella antes denunciara. También los medios comenzaron una cacería de mujeres que pasaron por Olivos, sin poner en eje a la responsabilidad del denunciado”. El enfoque en las visitas que recibió Alberto Fernández durante la pandemia por el covid-19 tomó más relevancia y generó más odio que la misma violencia de género; incluso, la ira recayó principalmente en las mujeres que fueron a Olivos analiza Cavallero. “Hay una tendencia misógina, puritanista, punitivista, que desaprovecha la oportunidad para el nivel pedagógico del asunto, donde se eduque a todes contra la violencia de género”, agrega al respecto Núñez Rueda.

Las especialistas coinciden en que al cambiar el eje sobre lo que verdaderamente se tendría que dar el tratamiento -la violencia de género- se preguntan si realmente los medios de comunicación tienen la problemática social en su agenda. Cavallero explica: “Esto es parte de una forma de tratar el tema que no tiene que ver con favorecer los intereses de las mayorías sociales que están esperando respuestas del gobierno por la crisis económica, que transforma la salida de la violencia como una utopía. Hoy quien tiene que salir de su hogar porque sufre violencia de género no puede alquilar porque los precios están desregulados, hoy también quién necesita una ayuda del Estado como el programa Acompañar, no puede recibirlo”.

Núñez Rueda retoma el análisis del tratamiento mediático y asegura: “Seguramente hay personas y voluntades que sí están preocupadas por la erradicación de la violencia de género, pero los intereses económicos y políticos detrás de los medios de comunicación, y en un marco donde las leyes que se habían construido a través del debate ciudadano quedan sin efecto o con poca capacidad de accionar, se torna muy difícil posicionar debates que se aparten de las ideas de rating, impacto, amarillismo”. Este caso mediático es una demostración de que, pese a que Yáñez se haya cuestionado el accionar del Ministerio de la Mujer ya que según ella “no hubo ayuda”, cuando es elemental la implementación de políticas públicas a la hora de afrontar casos de violencia de género. En el mismo sentido, Cavallero suma: “Las declaraciones de Fabiola no aportan nada para entender el fenómeno de violencia por razones de género en donde se perjudica de forma gratuita a la institucionalidad feminista. Si bien entendemos su posición, nos parece que deslegitimar una institución fruto de años de lucha, no aporta para nada a la clarificación que tiene que hacer la sociedad sobre las políticas públicas”.

Por otro lado, algunos medios de comunicación y el mismo imputado expresaron que las fotos difundidas de Yáñez estaban trucadas o que los moretones se debían a procedimientos estéticos. Esos rumores no hacen más que deslegitimar a la víctima y generan un retroceso social en cuanto a la credibilidad de la mujer. Cavallero historiza el mecanismo opresor: “El cuestionamiento de la validez de imágenes de una víctima de violencia es un recurso histórico, es una forma de describimiento de la sociedad. Ha habido una gran pedagogía del feminismo no con la finalidad de que se condene de antemano, sino para darle entidad a la persona que denuncia”. 

La imputación cae sobre un exmandatario que durante su gobierno promovió derechos de las mujeres tales como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito además de la erradicación de la violencia de género a través de la implementación de políticas públicas. No obstante, Núñez Rueda comenta: “No creo que el movimiento feminista tenga que hacerse cargo de Alberto Fernández, de hecho, creo que se nos exige mucho. El libro Feminismo Jumanji surge como escritura conjunta en un momento de muchísima expectativa respecto a ese señor, a quien muchas de nosotras militamos, porque desde el 2015 a esa parte, habíamos adquirido mucha visibilidad pública y política y creíamos que un fuerte movimiento de mujeres y un gobierno peronista, nos iba a dar la posibilidad no solo de adquirir el aborto, sino de ganar terreno en muchas batallas. Pero Alberto no es un fiasco, ahora que se sabe que es un golpeador -lo cual, de ser demostrado, lo llevará a prisión- sino, que para muchas de nosotras se constituyó en un fiasco en el preciso momento en el que sobre alguna de nuestras agendas generó política, mientras no resolvía el tema de la redistribución de la riqueza; y no hay feminismo posible, no hay erradicación de la violencia posible, si no hay modificaciones estructurales en lo económico”.