Una asamblea de trabajadores del estado se convocó de manera urgente este jueves en el predio de la Ex-ESMA ante el anuncio del cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria. ATE denunció la militarización del predio y despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos. También hubo cesantías en Parques Nacionales. Mirá las fotos de ANCCOM.
Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la aparición del nieto 138 en la Casa de la identidad. A continuación miles de personas se manifestaron en contra del Gobierno por el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y del despido de su personal.
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La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y organizaciones de derechos humanos convocaron a un abrazo en la exEsma contra el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y sus políticas públicas. Horas antes del encuentro, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo le daba la bienvenida al nieto N° 138 en el mismo predio. La jornada de las dos caras que conforman al país.
El gigantesco predio de la exEsma de repente parecía chico para la cantidad de personas que se acercaron el viernes por la tarde. Banderas, murgas, familias y pañuelos blancos se encontraban allí por el abrazo convocado contra el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei y su tajante política de achique estatal. Pero un anuncio inesperado alegró el tinte del encuentro.
—¿Es nieto o nieta? —pregunta una voz curiosa.
—Es nieto. Se iba a llamar Manuel, como yo.
Quien habla es Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido número 57, sobre las novedades de su nuevo compañero anunciado por Abuelas de Plaza de Mayo tan solo tres horas antes del abrazo convocado. La aparición del 138 agregó una épica inesperada a la jornada: mientras la Secretaría y los Espacios de Memoria sufren un vaciamiento masivo y cientos de trabajadores son despedidos por el topo que confesó que vino a destruir el Estado desde adentro, el hijo de los desaparecidos Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villlamayor recuperaba a su familia, su historia, su verdadera identidad, gracias a los organismos que mantienen encendida una causa sin concluir. “A pesar de los bastones y sillas de ruedas, seguimos de pie”, dijo Tati Almeida.
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Flavia Fernández Brozzi, delegada de ATE de la Secretaría, afirma que hubo despidos a lo largo de todo el año: «De las mil personas que estamos ahora, 600 nos quedaríamos sin trabajo la semana que viene». También subraya que hay reducción de salario y pérdida de antigüedad para los trabajadores de planta permanente, despidos en cuotas extorsivos y cartas documento a quienes rechazan el «retiro voluntario», sin su indemnización correspondiente. Por otra parte, Georgi Andino, militante y trabajadora en los Espacios de Memoria, detalla la situación de estos centros: «Hay un ensañamiento contra el sector. Entre los otros cuatro sitios de Capital, Automotores Orletti, Olimpo, Club Atlético y Virrey Ceballos, somos 60 laburantes. O sea, no es número para el achicamiento del gasto público. No son tontos, no cierran de repente sitios que todavía son pruebas judiciales en causas de lesa humanidad, pero es la lógica del vaciamiento de un gobierno negacionista y reivindicador de la dictadura que ataca las políticas de derechos humanos que supimos conseguir».
El desmantelamiento de estos organismos pone en juego la memoria de un país que, desde el Estado, sufrió la tortura y desaparición de personas y la apropiación de bebés recién nacidos. Pero, del otro lado del negacionismo, como dos caras de una misma moneda, también se trata de un país ejemplo de resiliencia y resistencia que sostiene una lucha imprescindible para el cese de delitos tan aberrantes como los anteriores; y que su inconsciente colectivo no se borra tan fácil porque, como corearon todos al final de la asamblea, “El pueblo unido jamás será vencido”.
A nueve días de la implementación del Plan Güemes, la Gendarmería Nacional reprimió a un grupo de bagayeros en la frontera de la provincia de Salta con Bolivia. Hubo un muerto y múltiples heridos de gravedad. ANCCOM habló con los protagonistas del episodio.
El pasado 18 de diciembre, un numeroso grupo de bagayeros y vecinos de la zona fue reprimido en un operativo de gendarmes del puesto 28, sobre la Ruta Nacional 50, en el municipio de Orán, provincia de Salta. Hubo más de 50 heridos, algunos de gravedad, y fue asesinado Fernando Gómez.
Según el informe oficial, un grupo de 80 personas que se encontraba transportando bultos sobre sus espaldas por la zona conocida como “La Isla” –a la vera del Río Pescado, un afluente del Río Bermejo que es la frontera entre el municipio de Aguas Blancas y la localidad boliviana de Bermejo–, se enfrentó a Gendarmería Nacional en la madrugada del miércoles. Al escuchar la voz de alto, “descartaron la carga y comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los funcionarios”.
El contexto de este episodio impone mencionar aspectos culturales de las comunidades que habitan estas regiones. Los denominados “chancheros” o “coqueros” son personas que se dedican al transporte de hojas de coca desde Bolivia hacia la provincia de Salta o Jujuy. Si bien ese traslado es considerado una práctica ilegal, el consumo de estas hojas es una práctica cultural y completamente normal en el norte del país; y, como establece el artículo 15 de la Ley 23.737, “la tenencia y consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como consumo de estupefacientes”.
Luego de que todas las personas fueran dispersadas, se trasladaron 22 bultos a las instalaciones de la Sección “28 de julio”, que es un puesto de control fijo de la Gendarmería sobre la ruta nacional 50. Allí es donde se habría desencadenado un segundo conflicto luego de que “una multitud de “contrabandistas” del lugar, con actitud agresiva, intentaron recuperar lo secuestrado”.
Nunca antes se había registrado en ningún informe oficial que los señalados como “contrabandistas” volviesen a intentar recuperar su mercadería. Mucho menos si se tratase de estupefacientes, como alude Gendarmería Nacional. El informe oficial concluye que “una vez controlada la situación, los uniformados comenzaron a inspeccionar las bolsas del contrabando”, y es allí donde supuestamente habrían hallado 49 “ladrillos” con más de 50 kilos de cocaína, junto con más de 200 kilos de hojas de coca y seis mil paquetes de cigarrillos. En ninguna parte del informe se hace alusión a los 53 bagayeros heridos, ni al fallecido.
La primera víctima del Plan Güemes
Fernando Martín Gómez, de 28 años de edad, era pasador de hojas de coca, y se encontraba en el lugar de los hechos cuando fue asesinado por la Gendarmería Nacional. Fernando habría fallecido por un impacto de bala en su costado derecho, que fue donde se encontró el perdigón que le perforó un pulmón y la arteria aorta. Además, también tenía otra herida en la pierna, de una bala que lo hirió y salió.
En diálogo con ANCCOM, Sandra, la pareja de Fernando, contó que “él se dedicaba a pasar la coca, era el único sustento de la familia, nosotros somos 12 personas en un sólo terreno”. Gómez trabajaba de martes a sábado todo el día, y le pagaban por cada viaje que hacía, a la noche llegaba a su casa y dejaba la plata para poder alimentar a su familia. Ese día no fue diferente, estaba llevando su carga a un vehículo que la iba a transportar cuando “lo sacaron a los tiros”. Ellos tenían tres hijos, el mayor de seis, uno de dos años y un bebé recién nacido. “Quedé yo sóla porque él era el que salía a trabajar y yo me quedaba a cuidarlos”, comentó Sandra.
Sobre cómo murió su pareja, ella contó que “estaba trabajando, no va a ir a donde estaban los gendarmes como ellos dicen que fue, porque él tenía que esconder la carga para que no se la quiten, a mi marido lo mató la Gendarmería, me quitaron al padre de mis hijos, le metieron un tiro en el corazón”.
La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich publicó en sus redes un comunicado luego de los hechos con el título de “Bagayeros sí, Narcos no”, en el que aseguró que “a los trabajadores que viven de pasar mercadería les damos un camino ordenado para que puedan seguir caminando, pero a los narcos no”. Sin embargo, según la familia de Gómez, él sólo se dedicaba a pasar coca y cigarrillos.
“Ahora quieren que yo no haga nada y me quede de brazos cruzados, yo voy a hacer justicia”, comentó Sandra. Y sobre esto aclaró: “La ministra Bullrich estaba diciendo que mi marido era un narco, no es así, yo no vivo en una mansión, vivo en una casa humilde, de madera y con piso de tierra. Tenemos dos camas, una tele y una mesa chiquita para 12 personas”.
Entre lágrimas, Sandra contó cómo fue que se enteró del asesinato de su compañero. “Me llamó una vecina a las 3 de la mañana del miércoles, me dijo que mi marido había muerto, y a esa hora me fui al hospital con mi hijo para ver el cuerpo”. Ni la policía, ni el hospital se molestaron en comunicarse con ella, y por eso tuvo que tomar a su hijo recién nacido en brazos y acercarse para confirmar lo que su vecina le había dicho.
“Él siempre contaba que los gendarmes eran violentos con ellos, cada vez que se los encontraban los apuntaban con las escopetas en la nuca y los pateaban como perros”, contó Sandra. “Mi marido no es narco, que venga Bullrich a ver cómo vivimos, yo no tengo nada que esconder”, sentenció entre lágrimas.
Los heridos
En total hay más de 50 trabajadores de frontera heridos. El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que 25 de ellos fueron recibidos en el Hospital San Vicente de Paul, de Orán. A su vez, se notificó un herido con bala en el abdomen que escapó antes de ser identificado, y otro que está en recuperación por una lesión similar. Asimismo hay una persona con una bala en la cabeza que está en terapia intensiva y dependiendo de un respirador artificial. Además, hay cinco víctimas más con graves complicaciones oculares que fueron trasladadas por vía aérea al Hospital San Bernardo, en la Ciudad de Salta.
El parte oficial, sin embargo, afirmó que los uniformados “fueron atacados a pedradas”, y “repelieron la agresión con detonaciones de municiones anti-tumulto”. Se hizo sólo una alusión al fallecimiento de una persona, y se mencionó que posteriormente, un grupo de bagayeros intentó “tomar” el Puesto 28 de Gendarmería, disipándose el “ataque” con “disparos con municiones de posta de goma”. En ningún momento se mencionaron las balas de plomo que acabaron con la vida de Gómez y que dejaron a sus compañeros heridos de gravedad. Los trabajadores mencionan que se trató de ese tipo de munición pero el aspecto está bajo investigación en manos de los fiscales de Orán y Tartagal, María del Carmen Núñez y Marcos Romero.
El conflicto continúa
Luego de la muerte de Gómez, el jueves se hizo un corte sobre la ruta, entre Orán y Aguas Blancas que duró casi ocho horas. Durante el mismo se generó un nuevo conflicto entre vecinos de algunos barrios oranenses que resultó en otra fuerte represión e intercambio de balas de goma por un lado, y piedras por el otro. De este incidente es que el Gobierno de la Provincia de Salta informó que hay en total 54 uniformados heridos, uno de ellos por arma de fuego. Por el lado de los manifestantes también se registraron heridos, pero ninguno se acercó al hospital por miedo a resultar detenido.
En tanto, ayer en CABA organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos de la izquierda –que habían evocado la rebelión de diciembre de 2001 con un acto en Plaza de Mayo– caminaron hasta la Casa de Salta donde repudiaron el crimen de Gómez, exigieron su esclarecimiento y pidieron la renuncia de la ministra Bullrich.
Los trabajadores de la frontera
La economía de frontera en esta zona del norte del país lleva un plato de comida a la casa de más de 8.000 personas que trabajan transportando productos desde Bolivia hacia Argentina de forma ilegal. Es por ello que la política en este sector intenta en lo posible no coartar con el alimento de aquellos que viven de esto, porque es muy difícil para esas personas emplearse en otro rubro.
Popularmente, se les da un nombre a estas personas para distinguirlos según la carga que transportan. El bagayero es el que transporta ropa, también está el conocido como “bagayero vip”, que lleva electrodomésticos y productos de mucho mayor envergadura. El “chanchero” o “coquero” es una persona, generalmente de muy bajos recursos, que transporta a nado, y a altas horas de la noche, bolsas de consorcio que se supone deberían llevar hojas de coca y cigarrillos.
Sobre estos últimos, consultado por ANCCOM, comentó Adrián Zigarán, interventor del municipio de Aguas Blancas, que “es gente de escasos recursos que los contratan para que se tiren en el río flotando en esas bolsas que ya las tienen preparadas, en las que ellos no saben qué es lo que llevan, les pagan dos pesos, corren en riesgo su vida, y después no tienen ni para el velorio”.
Sin embargo, en las últimas semanas previas a la implementación del Plan Güemes, se empezó a detectar que la cocaína estaba pasando no sólo en las bolsas de coca, sino también entre los bolsos de ropa y dentro de los electrodomésticos. “La droga pasa de día y de noche, pero obviamente no son todos los bagayeros ni todos los chancheros”, afirmó Zigarán.
El Plan Güemes
Nueve días de implementación llevaba el Plan Güemes por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, hasta que se dió el primer incidente, uno de los más graves en la historia del conflicto con el narcotráfico en Salta. El norte de la provincia tiene desde hace ya muchos años un importante problema con este sector criminal, que se profundizó de manera tal que desde la justicia hasta la política, pasando por policías, bomberos y ambulancias, estaban manchados por numerosos casos de delitos relacionados con el narcotráfico.
El mismo Intendente del municipio de Aguas Blancas había sido destituido meses atrás y condenado a prisión domiciliaria por el encubrimiento de pruebas en el caso del asesinato de su hermano, que supuestamente tenía vínculos con el narcotráfico. Y es por ello que se designa a Zigarán como interventor. “En ese marco, el gobernador Sáenz decide asociar a la Nación, que es quien se encarga del narcotráfico, para poner un freno a esta cuestión que era transversal a todas las instituciones y combatirlo”, comentó Zigarán.
Sin embargo, la situación es mucho más compleja con respecto a los trabajadores de frontera. El mismo Interventor admite que no puede “calificar de narcotraficantes a estos pobres tipos que vienen flotando en una bolsa, que se ganan una moneda, no saben qué llevan y pierden la vida”.
Fernando fue la primera víctima del Plan Güemes, y una víctima más del complejo sistema criminal que se dió lugar en Salta en los últimos años. Lo que hacen no es legal, y ellos lo saben, pero reprimirlos y matarlos no debería pretender ser la solución.
En las dos últimas audiencias del año en el juicio que investiga la masacre del Pabellón Séptimo de Devoto declararon dos sobrevivientes que reafirmaron el relato de todos los testigos que testimoniaron hasta el momento. El sadismo de los guardiacárceles y las marcas que perduran hasta hoy.
Familiares de las víctimas en la primera audiencia del Juicio.
El juicio oral y público por la Masacre del Pabellón Séptimo pasó a un cuarto intermedio hasta el 12 de febrero, cuando seguirán las audiencias testimoniales. Pero antes, en las últimas dos jornadas de este año, declararon dos sobrevivientes de aquel incendio ocurrido el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto, Hugo Alberto Ciardiello y Hugo Castro Bravo. En el banquillo, acusados de la masacre, están los exagentes penitenciarios Juan Carlos Ruiz, Horacio Martín Galíndez y Gregorio Bernardo Zerda.
Ciardiello contó que fue encarcelado un poco más de treinta días antes de los hechos, por lo que era nuevo entre los reclusos del pabellón. Al recordar el momento en que “se lo llevaron” narró un encuentro violento con seis personas vestidas de civil y con tres Falcon estacionados. Entraron a su casa a revolver papeles y boletas, y le encontraron dos plantas de marihuana en el patio que tenía en el fondo. Él y su amigo terminaron presos.
En ningún momento presentaron una orden de allanamiento y al día de hoy el testigo no sabe qué buscaban. “En la comisaría me preguntaban por lugares que no conocía, por gente que no conocía y si había militado en algún lugar”, dijo Ciardiello. Además, añadió que lo torturaron a través de golpizas por no darles las respuestas que esperaban. Cuando llegó a Devoto ranchaza con Hugo Cardozo, uno de los primeros sobrevivientes que testificaron ante el tribunal. Por ser nuevo le tocaba dormir en el piso del Pabellón 7, donde había unos 150 reclusos.
Ciardiello relató el incidente de la noche del 13 con los guardias, la discusión por el horario de apagado del televisor. “Hubo un intercambio de palabras entre Tolosa y el agente penitenciario que estaba arriba de la pasarela. No sé si fue por el volumen o porque ya se había hecho tarde”, expresó. Luego de ese intercambio, todos se fueron a dormir. Durante la madrugada identificó a tres agentes penitenciarios que habían entrado al pabellón para llevarse a Tolosa y castigarlo. A la mañana del 14 vino la requisa, con más agentes que lo habitual, que insultaban y agredían. Como defensa, se lanzaron elementos que estaban en la cocina: sartenes y alimentos como papas, cebollas y batatas. Además, comenzaron a empujar las camas contra las rejas para impedir que las autoridades siguieran avanzando.
Luego de “uno o dos minutos de paz”, los penitenciarios volvieron. Esta vez, lanzando gases y disparando con armas de fuego, que incendiaron los colchones. A la sensación de ahogo se sumaba la desesperación por miedo a ser baleados. Gracias a una “toallita” que encontró y un charco de agua que estaba en el piso, Ciardiello se tapó la cabeza y la cara mientras permanecía escondido en una columna del pabellón. Esos minutos fueron interminables, y cuando el fuego cesó vinieron los golpes y el encierro en un calabozo. Lo obligaron a levantar los brazos, de los que se le había comenzando a despegar la piel. Los hicieron salir cuando llegaron los médicos, y ahí vio entre 10 y 15 personas tiradas en el piso, probablemente fallecidas.
Al preguntarle qué ocurrió con Tolosa, el testigo contó que no lo vio durante el incidente ni al salir. Sin embargo, tiempo después de lo ocurrido, en el mismo penal le contaron que lo mataron después del incendio.
Al salir del calabozo, a Ciardiello le dieron una inyección y un calmante y posteriormente fue trasladado al Hospital Álvarez, donde se encontró con su hermano y su madre, quien inicialmente no lo había reconocido. “Gracias a Dios me pude recuperar. Estuve fácil 30 días o un poco menos en el hospital. Me curaban día por medio porque en las quemaduras se creaban unos hongos” contó.
Dado de alta en el hospital, regresó a la cárcel de Devoto por un breve tiempo hasta que fue declarado libre de culpa y de cargo. Ciardiello intentó recuperar su vida normal. Su papá tenía una carnicería, por lo que comenzó a trabajar junto a él. Sin embargo, las secuelas en su piel le provocaba dificultades para mover las manos. Además, contó que vivía con mucho miedo: “Fueron muchos años de no poder dormir a la noche, de estar alerta”. Le costaba salir a la calle, viajar en tren y estar apretujado con más gente le hacía sentir que se le iba a parar el corazón. A pesar de las dificultades, explicó que trató de seguir esforzándose porque tenía a “tres criaturas que cuidar”.
El pasado miércoles 18 declaró por Zoom desde Santiago de Chile el sobreviviente Hugo Castro Bravo. Recordó haber ingresado a Devoto con 22 años, tras haber sido detenido junto a otros compañeros chilenos por una supuesta tenencia de drogas. Al pabellón ingresó junto a 13 de esos compañeros, entre los que mencionó a Gastón Sepúlveda, Mario Escobar y Arnaldo, con quienes también formó su rancho. Sin embargo, Castro expresó que de todos los chilenos que ingresaron al Pabellón Séptimo, el único sobreviviente fue él. Castro Bravo aclaró que él conoció a Patricio “Pato” Tolosa. Al llegar junto a sus compañeros ninguno tenía “abastecimientos” ni medios para pagar ciertos recursos que se solían utilizar dentro del pabellón, como el kerosene. “Pato” les había brindado aquel material varios días hasta que pudieron conseguir un modo de pagarlo.
Durante la noche del 13, Castro se encontraba en el “palito”, término que solían utilizar para referirse a la cocina del pabellón. Tanto él como otros de sus compañeros solían permanecer allí hasta que los que tenían camas se acostaran, ya que a partir de eso es que los que dormían en el piso colocaban sus colchones.
El sobreviviente recordó que esa noche iba a pasar el guardia que nombraba a los reclusos que debían ir a Tribunales. El guardia que solía hacerlo, según contó, era una persona mayor a ellos que acostumbraba a tratarlos con respeto y con quien no habían presentado conflictos. Sin embargo, esa noche estuvo otro celador, descrito por Castro como una persona más joven que la anterior y con un carácter mucho más agresivo. Ese celador les solicitó reiteradas veces que apagaran el televisor “de muy mala manera”, dirigiéndose más que nada a Tolosa, según explicó. A la mañana siguiente, había cierta intranquilidad. “Sabíamos que querían buscar al “Pato” y que nos iban a pegar a todos”. Sus compañeros le aconsejaron que corriera al fondo.
La requisa estuvo acompañada por golpes, hasta que los presos empezaron a defenderse con las camas como escudos, hasta que los agentes empezaron a tirar las bombas lacrimógenas. “Produjeron un desastre: vómitos, gente llorando, asfixiada” relató el testigo. Después comenzaron a disparar con “balas de verdad”. Castro Bravo vio cómo los más audaces agarraban las bengalas con las manos y las devolvían. Los colchones se incendiaron y luego vino “en todo el pabellón una oscuridad horrible”.
Mientras buscaba la forma de protegerse recibió un disparo en el pecho que lo dejó tirado en el piso. Recordó que al intentar levantarse estaba cubierto de sangre así que se quedó quieto, rezando. Tras un lapso que el testigo no pudo estimar, el fuego se extinguió solo y las autoridades, luego de tirar un baldazo de agua únicamente hacia la puerta, ya que, según Castro, ésta se encontraba “al rojo vivo”, pidieron que salieran de a tres. A él le pusieron una cadena y las manos atrás, haciéndolo bajar las escaleras en esa posición. “No les importaba si estábamos heridos, si estábamos sangrando, no había misericordia de nada. Ese pasillo era una alfombra roja de sangre, muchos de los que estaban en el suelo estaban muertos”.
Lo dejaron en una celda junto a otras tres personas: Gastón, Arnaldo y a una persona que no pudo identificar en el momento porque estaba todo oscuro. Aquel hombre estaba tirado en el suelo y decía que se había quebrado. Los penitenciarios ingresaron a la celda y con una linterna grande le levantaron la cabeza a cada uno para alumbrarlos e identificarlos. Al realizar dicho procedimiento con el que se encontraba tirado, tanto las autoridades como Castro identificaron a Tolosa y lo sacaron de allí. Contó que lo arrastraron, se escucharon golpes y luego no supo más de él.
Gastón, uno de sus compañeros chilenos con quien había ingresado al penal, sufrió un procedimiento casi similar. “Estaba apoyado en la puerta y como estaba de cuclillas se fue hacia atrás, a lo que uno de los guardias lo agarró del cuello y lo sacó para afuera” relató el testigo. “Le terminaron dando dos tiros”, agregó.
Castro tenía quemaduras en gran parte de la espalda, los brazos, las manos y un disparo en el pecho. Se sometió a distintas operaciones durante su estadía en el hospital Alvear, e incluso contó que una vez retornado a Chile se sometió a nueve operaciones para recuperarse de ciertas cicatrices que aún le habían quedado.
Durante su internación en el Alvear llegaron unas personas que se identificaron como “del Ejército” y como representantes de derechos humanos que le debían tomar declaración. Le recomendaron evitar ciertos aspectos, como el asesinato de Tolosa y Gastón, ya que eso “iba a generar mucho problema”, según le explicaron. Castro obedeció a las recomendaciones. “Era chileno y era la primera vez que me encarcelaban, tenía un temor terrible”, señaló. Luego de ser transferido dos veces a distintos pabellones en Devoto, salió en libertad a los dos años y 4 meses de haber ingresado.
Contestando a otras de las preguntas de la defensa, contó que del juicio se enteró por Facebook, en donde se estaba tratando el tema y donde él se identificó como uno de los sobrevivientes, poniéndose en contacto posteriormente con la abogada querellante Claudia Cesaroni.
Una vez finalizadas las preguntas de ambas partes, el juez Nicolás Toselli, presidente del Tribunal Oral Federal 5, estableció un nuevo cuarto intermedio que será reanudado para el 12 de febrero de 2025 a las 10 horas, donde continuarán las declaraciones testimoniales.
En una nueva audiencia que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Mansión Seré y en la Comisaría 1ª de Moreno, los sobrevivientes revelaron cómo sus hijos también padecieron la represión.
La anteúltima audiencia de este año de la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Mansión Seré y el circuito conocido como RIBA comenzó con el testimonio virtual de la sobreviviente Norma Beatriz Pérez -secuestrada el 25 de mayo 1977-, quien pasó 45 días en la Comisaría 1ª de Moreno. “Pancho -Mario Valerio Sánchez- tocó la puerta de mi casa y me dijo que en el auto alguien me quería saludar”. Allí la esposaron, tabicaron y trasladaron en una camioneta hasta la Comisaría. Pérez relata que durante los días compartidos en cautiverio “Pancho me pidió perdón. Temía por su vida y tuvo que nombrar a todos los que conocía. Luego de unos días se lo llevaron y nunca más lo volví a ver”. Norma quedó en la celda con María Margarita “Coca” Miguens, esposa de Sánchez y embarazada de varios meses. Al momento del secuestro Pérez ya no militaba con ellos, como tiempo antes había hecho en el barrio Lomas de Moreno.
Debido al embarazo de Miguens, que “iba muy seguido al baño”, la celda permanecía abierta. Esto posibilitó a Pérez acceder a algún trato especial, como repartir agua entre los “presos políticos” y con ello reconocer a los detenidos, muchos de ellos, compañeros del barrio. Sin embargo, la libertad se terminó cuando se llevaron a Miguens: “Ya no podía salir, tenía el calabozo cerrado y se hablaba poco”. Relata que solo pudo ducharse una vez, pocos días antes de ser liberada y que “los militares traían comida una vez al día, una milanesa en pan y una naranja. Pero a veces pasaban tres o cuatro días sin que trajeran nada. A causa de esto perdí los dientes”.
Los siguientes testigos en declarar lo hicieron desde la sala de audiencias del Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín. María Teresa García lo hizo en carácter de testigo por la detención, el 20 de mayo de 1977, de su hermano José Jesús García Carballo y la esposa de éste, Susana Bruna. “Aquel día se apareció Susana en la casa de mi madre. Le dejó a mi sobrino, Francisco, porque tenía que ir a declarar. Uno de mis hermanos pudo ver en la calle camionetas de la Aeronáutica y personas con armas largas”, relata Teresa García quien, aunque acababa de parir sólo días antes, salió a buscar a su hermano. Desde la desaparición del matrimonio, las familias de García y de Bruna pasaron “noches en vela en casa de mi madre, momentos de zozobra y altibajos emocionales. A veces teníamos esperanza y luego la perdíamos”, dijo y explicó que esperaban que sus familiares tuvieran la misma suerte que dos compañeros de la comunidad religiosa, Alejandro Miceli y Aldo Ameigeiras, quienes habían sido liberados hacía poco tiempo.
Jesús García había participado, hasta antes de formar su familia, de la comunidad católica formada por el sacerdote José “Pepe” Piguillem, también perseguido por los militares de Moreno. Ellos, junto a otros compañeros que fueron detenidos, realizaban actividades sociales y pastorales en el barrio. Una conocida le confirmó a la familia García que en la Comisaria 1ª de Moreno “cantaban las canciones de Guadalupe. Tenían que ser ellos” y la madre envió comida y una frazada muy particular que, al reencontrarse con su hijo, confirmó que “la había reconocido y le dio esperanza saber que la familia conocía el paradero”. Teresa García recuerda que “para vacaciones de invierno los pasaron a la cárcel de Devoto” y allí pudieron ir a visitar a su hermano, hasta que finalmente fue liberado junto a su esposa para la Navidad de 1977. Durante la declaración, la testigo insistió y remarcó que fue su sobrino, Francisco García, quien se llevó la peor parte de lo ocurrido, quien aún hoy atraviesa por graves secuelas psicológicas. Durante el período de detención, Susana Bruna fue llevada a la casa de su suegra para visitar y jugar con su hijo Francisco por una hora, para luego, volver a ser desaparecida y trasladada al centro de detención y tortura. “Él sufrió y sufre por lo que vivió en su casa, por no tener una madre, que incluso luego de ser liberada cambió mucho”. Para finalizar su testimonio, reconoció que nunca sintió miedo. “Estaba segura de que se cometía un error, de que mi hermano era una persona de fe y de bien. Desconcocía el plan sanguinario que llevaban a cabo los militares, del cual su familia era también víctima, hasta que tiempo después él me contó lo que vivió.”
Luego de ser mencionado en repetidas ocasiones por testigos previos, declaró el sobreviviente Faustino Altamirano, conocido como “El Salta”. “Tenía a mi hija de 4 años abrazada a mis piernas que les pedía que no me peguen. Me tabicaron, encapucharon y me cargaron en una camioneta de las Tres Marías. En un vehículo anterior, un Ford Falcon, estaban “Pancho” y “Mafalda” -Beatriz Boglione-: ellos me habían entregado. Conozco Moreno como la palma de mi mano y, a pesar de las vueltas, sé que me llevaron a la Comisaría 1ª”, relata el entonces dirigente barrial, expresidente de la Comisión de Fomento Barrio San Jorge y fundador de la Unidad Básica Mártires de Ezeiza. “Nos echaban la culpa de ser subversivos. ¿Subversivos de qué?, del hambre que teníamos, de la necesidad de vivír mejor”, detalla sobre el trabajo barrial que realizaba en el que, por ejemplo, extendían las conexiones de agua y luz a quienes carecían de estos servicios.
Desde el día de su secuestro, el 17 de abril de 1977, “fui intermitentemente yendo y viniendo de un lado a otro. Hasta que pasó un tiempo prudencial y antes de fin de año nos soltaron. Pasó por las comisarías de Paso del Rey y de Francisco Álvarez. En todos los centros en los que estuvo encontró a diferentes compañeros de militancia y vecinos de Moreno. Pero sobre lo vivido en el primer centro de detención relata que “tomaba el agua que chorreaban las paredes y comíamos unos huesos que nos tiraban”. En la celda de enfrente estaba Beatriz Boglione: “Por la mirilla de la puerta podía ver cómo ella y otras mujeres eran violadas reiteradas veces por diferentes hombres, que distinguía por las diferentes contexturas físicas”. Cuando la vio por primera vez en el lugar de detención la insultó y la culpó de su detención, pero “luego entendí lo que ella vivía y que me delató para evitar, inutilmente, el infierno. Tiempo después, nos citamos en una plaza, le pedí perdón y estuvimos una hora llorando abrazados”.
“Un día de principios de enero de 1978, cuando caminaba por el costado de la vía, veo que se acerca una camioneta de las Tres Marías. Allí venía Pancho, todo barbudo y con la ropa sucia. Al ver el coche cruzar la vía, empecé a temblar y me orine del miedo. Otra vez, me cargaron en la camioneta y fui a parar otra vez a las mismas comisarías”. Pudo identificar la Comisaría de Paso del Rey porque había hecho una marca en el techo de machimbre -que luego volvió a identificar en las inspecciones realizadas con el juez Daniel Rafecas- y a la Comisaría Francisco Álvarez por estar frente a una escuela, y escuchar la campana y los niños jugar. Durante esta segunda detención, pasó por la Brigada Aérea de Moreno y por Campo de Mayo, desde donde fue liberado junto a otros compañeros. Sin embargo, antes debió vivir varios intentos de fusilamiento: “Paseos nocturnos donde gatillaban varias veces, me amenazaban diciendo que ya habían matado a mi familia y que debía decirles todo lo que supiera”. Para concluir se refirió a las secuelas de aquellos días: “Me costo mi hogar y mi familia”. También puntualizó los secuelas físicas: “Tengo el pecho hundido por un culatazo y la cara deforme por los golpes. Me quebraron, además, los dedos del pie y como nunca se curaron, sangran cuando camino”, expresó.
En diálogo con ANCCOM, el abogado Gastón Fraga de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, querellante de esta causa, se refirió a la declaración de Altamirano: “Es fundamental porque estuvo mucho tiempo detenido y recorrió múltiples centros de detención donde convivió en cautiverio y tomó contacto con muchas víctimas. También porque contó situaciones similares a las que ya hemos escuchado en declaraciones anteriores, lo cual sirve para acreditar su relato y el de otras víctimas. Esta unión de los relatos da solvencia y robustez al desarrollo del sistema represivo de Zona Oeste. En este mismo sentido pudo identificar claramente la participación de la Fuerza Áerea, en las camionetas de las Tres Marías, en la Base Áerea de Moreno y en el desarrollo de los operativos.
La audiencia finalizó con el testimonio de la testigo Carmen Beatriz Altamirano, quien estuvo presente a pesar de manifestar, en varias oportunidades, cierta reticencia a contar por primera vez su historia: “No quiero que mis hijos se enteren de esto, sino que vean a su madre entera” -y agregó-: “Hasta el día de hoy me da miedo pasar por donde hay militares o policías, cuando uno debería confiar en ellos. Yo no puedo”.
Su esposo Juan de Dios Medina “uno de los primeros días de abril, salió a cargar materiales como cada día y no lo volví a ver por tres meses” relata la esposa. Enseguida comenzó a buscarlo en distintas comisarias. Sobre su visita a la Comisaria 1ª de Moreno recuerda que el policía que la atendio le dijo: “¿Para que lo querés si es un viejo?”, aunque recuerda que previamente le había afirmado que no estaba en el lugar y no sabía quién era: “Me agarró del cuello y me dijo que me largue a mi casa”. También fue a la Comisaría de Merlo, pero al acercarse al lugar, esuchó gritos y personas decir ‘no no no’ y se fue.
Junto a sus hijos, Juan Manuel Medina y Victo Hugo Medina, que eran aún bebes, debió sufrir múltiples allanamientos y amenazas. “Golpearon la puerta de casa pero no llegue a abrir porque la tiraron. Me dijeron: ‘Vamos a hablar un ratito, decime quiénes son los compañeros de tu marido, contame qué hace tu marido’. Uno de ellos le puso el arma en la cabeza a mi hijo. ´Decime con quién anda tu marido porque no vas a tener la cabeza de tus hijos, ni de este ni de ese’, me dijeron señalando a los dos niños, que comenzaron a llorar, sin dejarme acercarme para consolarlos. Antes de irse me manosearon. Donde estaba la puerta tuve que poner un sillón”.
En otra ocasión, cuando esperaba en la fila del colectivo, uno de los hombres de aquella noche “le agarró la mano a mi hijo y le dijo: ‘Qué lastima que vos también vas a desaparecer como tu papito si tu mamá no habla’. Cada vez que me hostigaban lo hacían refiriéndose a la matanza de mis hijos”. Su marido fue finalmente liberado pero la familia debió convivir con secuelas. “Con el tiempo empezamos a hablar de lo que nos había pasado: a él, a mí y a los chicos. Mi marido si escuchaba ruidos fuertes o golpes se escondía atrás de los muebles. Estaba muy maltratado”.
Mariana Eva Pérez, querellante del juicio e hija de desaparecidos, en diálogo con ANCCOM hizo referencia a la posibilidad de incluir a las infancias como víctimas en este juicio, luego de reiteradas audiencias en las que fueron ejes centrales y principales afectados de los hechos narrados en las declaraciones. “Es increíble que la justicia aún no nos contemple como sujetos de derechos, que no atienda las vulneraciones que sufrimos en el momentos en que mayores cuidados necesitábamos. Existe la posibilidad de ampliar la acusación para incluir nuevos delitos. Tenemos antecedentes importantes, juicios previos en los que hicieron eco del pedido de las querellas y se condenó a los acusados por delitos contra las infancias. Aunque el criterio a nivel nacional es muy dispar. Las infancias víctimas de la Fuerza Aérea no estamos organizadas. Quizás surja de este juicio porque como nos enseñaron las Madres y Abuelas: cuando vas sola no te escuchan, pero si vas en grupo sí”.
“Cada historia que escucho en la sala me angustia, porque podría ser la mía. No recuerdo mi propio secuestro porque tenía solo 15 meses en ese momento”. Sobre la audiencia de la fecha refirió que “fue especialmente duro el caso de Fernando García, por las consecuencias psíquicas de lo vivido, el secuestro de ambos padres pero principalmente la visita de su madre durante los meses de secuestro, lejos de ser un gesto de humanidad es una amenaza sobre la detenida y la familia, para hacerles saber que los controlaban y que tenían poder sobre el hijo. Luego el caso de Carmen Altamirano, que comentó cómo sus hijos fueron objeto directo de los represores cuando los encañonaron, o en audiencias anteriores el testimonio de Natalia Gobulin, quien sufrió intentos de secuestros. Se podría pensar que es un modus operandi que tenían en la Fuerza Áerea, un modo de presión contra nuestros padres. Hechos perversos que no están estudiados ni estipulado como un tipo de afectación específica como violencia para las infancias: la justicia debe contemplar no solo el uso instrumental de los niños como forma de manipulación, sino también la afectación directa sobre nuestros propios cuerpos”.
Por su parte, el abogado Gastón Fraga anticipó que “para el año próximo se esperan declaraciones muy importantes, ya que comenzará el año con la situación propia de Mansión Seré, que serán un montón de testimonios. Esperamos que para fin de año ya se pueda estar alegando para llegar al veredicto”. Se refirió a este juicio que juzga los crímenes de la dictadura en Zona Oeste como “un avance histórico, una palmada de justicia para las víctimas que nunca habían podido declarar en el marco de un tribunal, y hacerlo en la última etapa de su vida es muy importante”.
La próxima audiencia de este juicio se realizará de manera virtual el lunes 30 de diciembre.
Abuelas de Plaza de Mayo presentó un informe sobre el estado de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, al cumplirse el primer aniversario de la asunción de Javier Milei y advirtió a la sociedad y a la comunidad internacional sobre las consecuencias de sus políticas regresivas.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó el informe “Actualidad sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina”, a un año de la asunción de Javier Milei. La presentación se realizó en la Casa por la Identidad de la Ex-Esma y estuvo a cargo de Estela de Carlotto, presidenta de la organización; Claudia Poblete, nieta restituida y miembro de la Comisión Directiva de la institución y Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico. “Como hicieron las abuelas, incluso durante la dictadura, este año tuvimos que salir a buscar la ayuda y el soporte de los amigos, las personas, los Estados que defienden la democracia y los derechos humanos y las organizaciones internacionales que también sienten nuestra lucha como propia”, expresó la nieta restituida Claudia Poblete para dar inicio a la presentación del informe.
En la presentación se describieron las medidas regresivas implementadas durante este año por el gobierno libertario. Por un lado, los ministerios de Seguridad y Defensa se negaron a brindar documentos esenciales para la identificación de los nietos y las nietas y cerró la unidad especializada en la búsqueda de bebés robados durante la última dictadura. Se le suma la precarización laboral, los despidos y el vaciamiento de trabajadores en los sitios de memoria que afectan el funcionamiento de esos espacios. Se redujo, además, el 50% del presupuesto destinado al Banco Nacional de Datos Genéticos y se llevó a cabo una campaña de desprestigio a Abuelas de Plaza de Mayo para no solo desfinanciar la institución, sino también desplazar la memoria colectiva de la sociedad por un revisionismo negacionista y apologista de la dictadura.
Las políticas de vaciamiento y desfinanciación muestran sus efectos. La directora de Sitios y Espacios de Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Lorena Battistiol, en diálogo con ANCCOM explicó: “Va a implicar un número muy grande de personas que no visiten los espacios de memoria. Ya nos pasó en el macrismo. Nos dimos cuenta que hubo una generación completa que hizo casi todo el secundario y que no fue a ningún espacio de memoria”, y continuó: “Ahora va a pasar exactamente lo mismo con la gravedad de que esos espacios se van a quedar sin trabajadores”.
Durante la exposición, también destacaron la vulneración por parte del gobierno de Milei de otros derechos humanos, como los retrocesos que se están dando en áreas como salud, vivienda, educación, cultura y libertad de expresión. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y referente en derechos humanos a nivel internacional, Estela de Carlotto, manifestó que el avance de políticas regresivas “promueven la deshumanización y la estigmatización transformando a compatriotas en enemigos”.
Un llamado a la comunidad internacional
En su primer año, el gobierno libertario recibió varios llamados de atención de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresó preocupación y recordó que la lucha por el derecho de la identidad impulsado por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo sirvió para empezar otros procesos de restauración y reparación de derechos humanos en diferentes partes del mundo. Por esta razón, advirtió que un retroceso de estas magnitudes puede afectar los procesos judiciales y el avance de derechos humanos, no solo a nivel nacional sino también en otros países de la región y a nivel internacional.
A la presentación del informe asistieron representantes de la comunidad internacional, embajadores y organizaciones de derechos humanos. El embajador de la República de Irlanda Gerard McCoy en diálogo con ANCCOM contó qué fue para él lo más importante de lo mencionado en el informe: “Para mí lo más importante es preservar la memoria, pero también que las nuevas generaciones puedan entender su propia historia” y finalizó: “Para entender un país y su gente hay que entender su historia”. En consonancia con lo expresado por el embajador la coordinadora del Área de políticas educativas de memoria y derechos humanos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Celeste Adamoli, expresó sobre la importancia de conocer la propia historia del país: “Creo que es un momento en que la memoria cobra otro valor porque es a través de ella donde podemos observar dolores pero también historias de lucha”. Entre el público también estaban; la Consejera de Asuntos Políticos y Derechos Humanos de la Embajada de Alemania, Golschan Khun Jush; Valentín Tazare, en representación de la Embajada Estados Unidos; intendentes de los municipios de Tigre, Julio Zamora, y de Ituzaingó, Pablo Descalzo; el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo; Eugenia Carbone, del Auschwitz Institute; la Fundación Luisa Hairabedian; la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso; representantes de los sindicatos SUTEPA, FOETRA, APL, SUTEBA, SATSAID; Pablo Parenti por la Unidad fiscal Apropiación; representantes de la Red por el Derecho a la Identidad, la Comisión de Derechos Humanos de River Plate, y del Centro Cultural Coreano; entre otros.
Durante la exposición se hizo especial énfasis en que el informe debe entenderse como un llamado urgente a referentes defensores de derechos humanos y representantes de estados e instituciones comprometidos con la democracia. En este sentido, Estela de Carlotto finalizó la presentación: “En los primeros años de lucha fue la solidaridad internacional la que nos ayudó a denunciar las graves violaciones de derechos humanos cuando todas las puertas se nos cerraban. Hoy ese acompañamiento vuelve a ser clave porque aunque una parte importante de la sociedad Argentina respalda estos valores, existen limitaciones políticas que no podemos ignorar. Por eso llamamos al mundo a que mire lo que está sucediendo en Argentina y actúe en consecuencia que es fundamental”.
