Historia de un rugbier desaparecido

Historia de un rugbier desaparecido

En una nueva audiencia del juicio por los crímenes cometidos en el Pozo de  Banfield, Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús, declararon los familiares del militante desaparecido Juan Carlos Abachian.

La audiencia N° 50 del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en los pozos de Quilmes, Banfield y Lanús comenzó casi puntual, con solo cinco minutos de retraso. En esta ocasión, declararon Mercedes Loyarte, Rosario Abachian y Marta Susana Abachian, todas familiares de Juan Carlos Abachian, un joven rugbier y militante de la juventud peronista y Montoneros secuestrado el 27 de diciembre de 1976.

“Corré que te matan”, le gritó Juan Carlos Abachin a su compañera Mercedes Loyarte el día que lo detuvieron en la puerta de su departamento de La Plata. Mercedes, luego de ver por la ventana a personas uniformadas, atinó a escapar gracias al alerta del padre de su hija. Trepó las paredes de las casas linderas y desde ese momento nunca más volvió a verlo. Ambos habían militado en la juventud universitaria peronista, en la Universidad Católica de Mar del Plata hasta 1975, pero cuando mataron a unos compañeros de la Carrera de Derecho, decidieron mudarse a Buenos Aires junto a su bebé recién nacida, Rosario.

Con mucho pesar y dolor, Mercedes Loyarte relata la odisea que los padres de Juan Carlos tuvieron que hacer para saber dónde estaba su hijo y qué habían hecho con él. Además, contó cómo ella, con 22 años, tuvo que esconderse junto con su hermana, su hija y la odisea para conseguir asilo: viajar hasta Montevideo, Brasil y finalmente España, el país que las recibió en el exilio, durante los ocho años de Dictadura argentina y donde vive hasta hoy junto a su hija. “El exilio es un desarraigo enorme. Es volver a empezar en todos los sentidos – expresa Loyarte con angustia y emoción y continúa-:Seguíamos con miedo y era muy difícil relacionarse en España. No te salvaba estar tan lejos. Mi familia fue particularmente seguida, mis padres soportaron once allanamientos donde nos buscaban a mi hermana y a mí. Incluso se presentó un capitán negociando para que nos entregaran”.

A través de la lectura de una carta emotiva, Loyarte expresa su agradecimiento de poder declarar y reivindicó el pedido de justicia en nombre de las y los desaparecidos: “Espero que este proceso judicial sirva como reparación a todos nuestros compañeros, sus familias, amigos y a todos que junto con ellos les desaparecieron su futuro”.

“Yo nací el abril del 76, unos días después del Golpe y en diciembre secuestraron a mi viejo. Yo tenía ocho meses y mi padre 26 años”, dijo Rosario, hija de Mercedes y Juan Abachian, con un marcado acento español Rosario. Todo lo que sabe Rosario de su padre, fue a través de los relatos de su mamá y los distintos testimonios en los juicios por lesa humanidad. Es a partir de ellos que reconstruyó quién era su papá, cómo y dónde fue secuestrado, las torturas que sufrió e incluso las anécdotas que tuvo durante el cautiverio. En el momento que se lo llevaron, Rosario se encontraba junto a sus abuelos en Mar del Plata: “Por suerte, no estaba con ellos, sino mi madre no se hubiera podido escapar y hubiera sido una nieta más robada”, contó. 

Cuando la querella de ¡Justicia Ya! preguntó por cómo impactó en su vida y la de su mamá el exilio y vivir con la desaparición de su padre hasta hoy, Rosario, sin vacilar, expresó: “Fue una ausencia muy grande con la que hemos tenido que vivir todos y todas. Los duelos son distintos de las personas que lo conocieron y de las personas que casi no tuvimos relación con ellos. Es una ausencia y un dolor que forma parte desde siempre, que no se va y es permanente”. Rosario añadió que creció alejada de su familia de origen, ya que recién pudo conocerlos con la vuelta de la democracia a los nueve años. No tuvo la oportunidad de conocer a su padre, ni mucho menos recordarlo, pero pudo saber que fue una persona muy generosa, que soñaba con una sociedad más justa. “Me hubiera gustado conocerle y me siento heredera de ese compromiso que tenía mi padre, mi madre y sus compañeros», expresó al finalizar su testimonio.

La casa de la familia Abachian  sigue mostrando las huellas de los  disparos  hasta hoy.

La tercera y última testigo fue Marta Abachian, hermana de Juan Carlos, quien recordó que luego de un partido de rugby de su hermano, en septiembre de 1976, encontraron oficiales en la puerta de su casa. Allí empezaría “la pesadilla”, expresó. Ese día reventaron la puerta de su casa y ellos comenzaron a ir de casa en casa para que no los encontraran. Trece años tenía Marta cuando vivió aquello y cuando el suegro de su hermano les contó en diciembre que Juan Carlos había sido secuestrado. A través de declaraciones de testigos, ella y su padres supieron que su hermano estuvo en La Cacha y en el Pozo de Banfield, entre otros lugares. La búsqueda fue inalcanzable, tanto que viajaron hasta Uruguay detrás de datos que resultan falsos. “La dictadura no solo se llevó a mi hermano Juan Carlos sino a Miguel Ángel que murió de cáncer y reitero que fue por todo eso”, expresó quebrada en llanto. La casa de la familia de Marta sigue mostrando las huellas de los disparos hasta hoy. Los oficiales fueron hasta octubre de 1977 yendo a buscar a su hermano. “Mis padres desde el primer momento fueron a investigar qué había pasado pidiendo habeas corpus”, mencionó.

Marta exige la respuesta que nunca encontró: “No sabemos lo que pasó con mi hermano. Mi mamá es muy fuerte, tiene 90 años y piensa que por ahí Juan Carlos está en la selva en su imaginario, pero en el fondo sabe que no está”.

Muchos son los casos que reúne este juicio, pero el de Abachian es especial ya que permitió que declarase hoy su compañera de vida que pudo salvarse, su hija que por aquel entonces tenía tan solo ocho meses cuando su padre fue secuestrado, y su hermana que hasta hoy cuida a su madre y desde el primer día se abocó junto a su familia a la búsqueda de justicia. Todas reunidas con profundo dolor recordaron al “armenio” como solían llamarle sus compañeros en un acto de memoria, verdad, pero también de amor, valentía y justicia.

Otro caso de violencia institucional sobre culturas originarias

Otro caso de violencia institucional sobre culturas originarias

Esta semana se presentará en Ushuaia una querella por la detención arbitraria de una familia Quechua Aymara en el marco de una celebración ansestral.

 

Esta semana se presentará una querella impulsada por la abogada Solange Verón, representante de Mariana Quisver, quien fue agraviada -ella y su familia- luego de la celebración del Ayamarkayquilla o Día de los Difuntos, a principios de noviembre, a la salida del cementerio Parque del Mar en Ushuaia.

El pasado 2 de noviembre una familia Quechua Aymara -Mariana, su hermano Edgardo Martín y su padre Edgardo Quisver- fueron detenidos a la salida del cementerio con el argumento de su estado de ebriedad.

La familia se encontraba en su auto apagado y estacionado cuando llegó la policía y los instó a bajar. Mientras tanto, una vecina del lugar, observando la situación, disparaba insultos contra la familia. “La vecina nos puteaba, super racista. Se quejaba de que la policía se mete con la gente de ‘acá’, pero a ‘estos’ los dejan hacer lo que quieren”, recordó Mariana Quisver en diálogo con ANCCOM.

Luego de un test de alcoholemia que le realizaron a Edgardo Martín, la policía decidió llevárselo junto a su padre a la comisaría. “Le expliqué que salíamos de una celebración ancestral, que todos habíamos bebido y que no había razones para detenerlos si nunca habían arrancado el auto. Se ve que no le gustó lo que le dije. Me empujó y ahí empezó todo”, relató la mujer.

Tirada en el piso, con una rodilla en su espalda y otra sobre su cabeza, apenas podía respirar. La subieron al patrullero de forma violenta, provocando lesiones en las rodillas, brazos y piernas.

De camino al Hospital Regional de Ushuaia, los insultos racistas y la violencia continuaron mientras Mariana se encontraba completamente inmovilizada, sin representar un peligro que justificara el sometimiento físico.

Durante las horas que pasaron en la comisaría no se les informó el motivo de su detención, ni se les permitió ejercer sus derechos. Se los privó de agua, baño e información. Luego de un cambio de turno de oficiales, el trato fue menos hostil y los insultos racistas cesaron. Primero dejaron ir a Mariana y más tarde a su padre y a su hermano. Sin embargo, tuvieron que esperar para conocer la figura bajo la cual los habían detenido: “Edictos policiales”. Una herramienta arbitraria, vetusta y recientemente -el 15 de julio de este año- declarada inconstitucional mediante un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial.

En el requerimiento fiscal de instrucción se califican los hechos como “delitos de lesiones, severidades, apremios ilegales y abuso de la autoridad” y “se concreta la imputación en contra de los agentes policiales que intervinieron en el operativo realizado el 2 de noviembre de 2021.”

“Nosotros en la denuncia formal aclaramos que lo sucedido lo enmarcamos en torno a una situación de violencia institucional y tortura sobre un cuerpo racializado, por discriminación racial”, señaló Quisver, y agregó: “Es una celebracion estigmatizada, perseguida, no solo acá, pasa en Buenos Aires también en el cementerio de Flores”.

El Día de los Muertos se celebra en varias culturas del territorio latinoamericano. “Comienza el 1º de noviembre en la casa del homenajeado”, explicó Mariana. “Es un día para recordar a quienes se fueron. Se les hacen ofrendas, se prepara la comida y la bebida que le gustaba al difunto y se toca música. Hay fotos y guirnaldas. Al otro día culmina la celebración en el cementerio. Se lleva todo para allá y se invita a familiares y amigos. Es un homenaje. Para nosotros el Ayamarkayquilla es una forma de entender la muerte: en nuestra cosmovisión los que se van no se van para siempre. Vuelve, están, acompañan. Eso se reconoce en la celebración.”

Tierra del Fuego es la provincia más jóven de Argentina y reúne personas de todas partes, reconocidas con diferentes identidades culturales, que llegan en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, esta diversidad pocas veces es aceptada.

“Yo soy argentina, nacida acá en Tierra del Fuego, aunque no me reconozco con la argentinidad, sino con la preexistencia, con los pueblos preexistentes al Estado-Nación”, afirmó Mariana, y continuó: “El Estado nos quiere en los eventos, en la fiesta de las colectividades, mostrando nuestras comidas en un stand, pero no tolera cuando hacemos uso de los espacios públicos y somos nosotros los que llevamos adelante nuestras celebraciones, como nosotros queremos, no para la cámara”.

“El Estado nos quiere en los eventos, en la fiesta de las colectividades, mostrando nuestras comidas en un stand, pero no tolera cuando hacemos uso de los espacios públicos y somos nosotros los que llevamos adelante nuestras celebraciones»

Mariana Quisvar

Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Ushuaia y Río Grande, junto con numerosas organizaciones, se repudiaron estos hechos de violencia institucional y racismo que suceden constantemente y pocas veces son denunciados o atendidos.

Esta denuncia abre un camino hacia el reconocimiento de una situación invisibilizada y busca hacer valer los derechos de pueblos originarios, para evitar que se continuen los atropellos institucionales y racistas. “Queremos elevar el caso a la Convención contra la tortura y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”, concluyó Mariana.

 

El modus operandi de la policía que termina en asesinatos como el de Lucas González

El modus operandi de la policía que termina en asesinatos como el de Lucas González

Según la CORREPI, cada 20 horas ocurre una muerte por violencia institucional. El caso de Lucas González, ocurrido a una cuadra de la 21-24, es uno de ellos. ANCCOM dialogó con vecinos del barrio para descubrir cómo actúa cotidianamente la policía con los jóvenes. También cuentan cómo se organizan para resistir el abuso de las fuerzas estatales.

 

El homicidio de Lucas González, a manos de la Policía de la Ciudad, tuvo una gran repercusión mediática por su gravedad: un claro ejemplo de la estigmatización y de la criminalización por portación de rostro. Sin embargo, el de González no es el único caso de violencia institucional que ocurre en la Ciudad. Según la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI), cada 20 horas una persona es asesinada por las fuerzas del Estado.

El “Diagnóstico y estrategia para erradicar la violencia institucional en CABA” es un documento presentado por el Ministerio Público de Defensa (MPD) y fue recientemente difundido por Página/12. Revela que sólo entre el 1º de julio y el 19 de noviembre de este año, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 472 hechos de violencia institucional. En promedio se contabilizan 94 casos por mes y más de 3 por día.

Las comunas de la zona sur son las que concentran una mayor cantidad de violencia institucional.

La persecución policial que le costó la vida a Lucas González ocurrió a una cuadra de la villa 21-24, ubicada en el barrio porteño de Barracas. Según el informe, las comunas de la zona sur son las que concentran una mayor cantidad de violencia institucional: la 1, la 4 (en donde se encuentra Barracas) y la 8 suman el 50% de los casos. Además, al menos el 37% de las víctimas se encuentran en una situación habitacional de vulnerabilidad: el 17% situación de calle y el 20% habita viviendas precarias.

Carlos Desajes, docente de una escuela de la Vill 21-24, ex vecino, y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, dice que los jóvenes del barrio ven a las fuerzas de seguridad como “algo violento”, que los “mantienen encerrados y perseguidos». Explica que esto ocurre porque actúan sin estar “en absoluto preparadas para intervenir, en casi ninguna situación, y mucho menos en barrios como los nuestros. No tiene preparación, no saben cómo hacerlo, no tiene estudios en sociología, ni en psicología, ni en antropología, ni en nada”, declara.

Altura mínima: auto
Altura mínima: auto
Anchura máxima: auto
Anchura máxima: auto

En el barrio, la actitud que tiene la unidad de Prevención Barrial (UPB) con los jóvenes , que depende de la Policía de la Ciudad, “es la de siempre”, dice Lucas Bogado, miembro de la Junta Vecinal y militante del Movimiento Evita. Sin embargo, advierte que, en los últimos dos años, cuando la Prefectura dejó de ser la fuerza a cargo del barrio y se creó la UPB, los casos de violencia aumentaron: “Históricamente los molestan por tener un cigarrillo de marihuana, los paran, los revisan, los cachean. Y ni siquiera hace falta que tengan marihuana, sino que tienen esa rutina de parar.  Esas situaciones generan violencia con los jóvenes, porque se hacen los piolas, los pillos; y los efectivos de las fuerzas de seguridad también son jóvenes, entonces se genera un enfrentamiento, una competencia y una pelea. En vez de cuidarte, hacen que sientas miedo y confrontación”, asegura.

Respecto a los cambios en las fuerzas intervinientes en el barrio se puede señalar: inicialmente la presencia de la Policía Federal, después la Prefectura y Gendarmería, durante un breve período la Metropolitana y, hoy, la UPB. Esta última, “al principio se presentaba amablemente hacia la comunidad”, cuenta Desajes. Y continúa: “Como dice el refrán popular: ‘escoba nueva barre bien’. Intentan mostrarse como gente honesta, no corrompible, que iba a hacer su trabajo como corresponde, pero a los pocos meses empezaron los conflictos”.

Tanto Desajes, como Bogado coinciden en que el sector más violentado por la policía es el de la juventud. En tal sentido, el informe postula que la edad promedio de las víctimas es de 33 años, en un rango que va desde los 15 a los 65. Por otra parte, Desajes explica que si bien la adolescencia es un momento difícil en la vida de todas las personas, en las villas se acentúa. “Algo que nota una persona que viene de afuera de la villa es que la niñez tiene algo de jugar en el pasillo, de andar en la calle, de encontrarse con amigos a jugar, de entrar en una casa y salir en otra”, cuenta. 

El problema se genera, especialmente para los varones, cuando terminan la primaria, comenta. “Aquel pibe que ayer era un chico al cual su familia lo cuidaba y lo protegía, de golpe se le cierran las puertas, las posibilidades de continuar”, dice Desajes. Y, acorde con el informe del Ministerio Público de la Defensa, cuanto mayor es el nivel de vulnerabilidad, más alta es la posibilidad de sufrir abusos por parte de las fuerzas de seguridad: el 57% de las víctimas no completó la educación secundaria y el 65% atraviesa una situación laboral de vulnerabilidad: 20% desocupados, 20% actividades de subsistencia y 25% ocupaciones informales”.

Por otro lado, el docente recuerda que, desde una perspectiva psicológica, “lo que genera identidad para un adolescente está en esto de confrontar con un otro para darte identidad a vos mismo. Bueno eso se da en todos lados, no sólo acá por ser una villa, aunque a veces por esta situación de ocultamiento tiene picos más violentos que quizás en otros lugares”, propone. Entonces, a esta sensación de desamparo o de falta de acompañamiento, combinada con una actitud confrontativa se le suma una “presencia policial, que es más notoria dentro del barrio y alrededor del barrio, no solamente por lo numérico sino también por el tipo de relación que se establece con el habitante joven del barrio”.

La presencia de la policía no se limita al cercamiento externo del barrio: mientras los efectivos uniformados rodean el barrio, en su interior se encuentran las “brigadas”, que recorren los pasillos de la villa vestidos de “civil”. Desajes dice que trabajan “con un arma que muchas veces se utiliza para mantener dividida a la población, separada, peleada: el rumor, que funciona como un arma de división dentro del barrio”. De esta forma, la policía genera enfrentamientos entre distintos grupos. “Así tenés la fórmula perfecta: encierra, divide y reinarás. De esta manera mantiene el control social las fuerzas de seguridad en un barrio como el nuestro”, asegura.

Respecto al modus operandi de la policía, tanto Desajes como Bogado coinciden en que los hechos de violencia suelen ocurrir durante la noche y, especialmente, cuando las víctimas se encuentran bajo el efecto de alguna sustancia. Y “cuando (los jóvenes) se encuentran en una situación de soledad, ahí agarrate Catalina porque empieza el baile”, advierte Desajes. En tal sentido dice que la Policía actúa “con una prepotencia que pareciera que se creen los dueños dentro de un zoológico”.

No obstante, desde hace muchos años, se vienen gestando diversas formas de organización territorial para hacerle frente a los abusos policiales. Cuando algún caso llega a los oídos de los vecinos, conscientes del accionar inhumano de la policía, se organizan en asambleas y salen hermanados a poner el cuerpo. Eso fue lo que ocurrió con el caso de Lucas González, quien no era del barrio, pero “como vecinos son simpatizantes del club Barracas, en el que él jugaba, inmediatamente salieron a denunciar”, narra Desajes. Y agrega: “Al día siguiente estábamos cortando la calle las organizaciones de la 21. Es decir, no teníamos una relación directa, pero acompañamos a la familia a la comisaría y fuimos a reclamar. Inmediatamente se puso sobre la mesa que acá había habido un gatillo fácil; que no había habido ningún enfrentamiento, que los pibes salían de entrenar. Simplemente está esa discriminación de ver al pibe morocho, con ropa deportiva y la gorrita; eso de por sí es sospechoso: cuatro pibes arriba de un auto, por el color de piel y por la forma de vestirse. Eso es lo trágico”, concluye.

Por su parte, Bogado también destaca todo el trabajo de las organizaciones que actúan en el barrio. En ese sentido, cuenta que llevan adelante la tarea de concientizar a los jóvenes y de enseñarles sus derechos pero advierte la complejidad de la situación “porque podés saber todos tus derechos, pero si te agarran en un pasillo a las doce de la noche cuando no hay nadie, es difícil”. Y finaliza diciendo: “Las fuerzas de seguridad dependen del Estado. Deberían tomar medidas más serias y un mayor control. Estas brigadas que existen en el barrio no deberían estar”.

 

 

«Mi gorra no mata, la tuya sí»

«Mi gorra no mata, la tuya sí»

La 5ª Marcha de la Gorra convocó a una multitud, impulsada por los recientes asesinatos de Lucas González y Elías Garay. La CORREPI ya contabilizó más de medio millar de víctimas de la violencia institucional en lo que va de 2021.

Ella tomó unos stickers de su mochila y comenzó a pegarlos con delicadeza en la garita del colectivo. Se podía ver la imagen de un muchacho y se leía No fue enfrentamiento, fue gatillo fácil”, seguido de un nombre: “Alejandro Espíndola”. Un hombre que se percató de lo que las pequeñas imágenes decían, le tocó el hombro y preguntó con un tono cuidadoso: “¿Era tu hermano?” La chica lo miró, un tanto sorprendida, dejando escapar un sollozo: Era mi marido, hoy se cumplen 13 meses desde que lo mataron”. El hombre le sostuvo la mirada, apoyó su mano en el hombro de la chica, y apretó con suavidad. Había una complicidad, no es solo un nombre en un registro, la ausencia es enorme. 

El sol de la tarde porteña combinaba con el calor de los reclamos en la Quinta Marcha de la Gorra. Organizaciones de todas las banderas políticas, y gente no agrupada se movilizaron desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso para hacer oír un Basta de violencia institucional”, una vez más. Una multitud ocupó las más de seis cuadras de distancia, por momentos de manera abigarrada.

Alrededor de las 17, luego de dos horas del horario pactado, las personas comenzaron a llegar en oleada a la Plaza de los Dos Congresos. Los recibirán la Comunidad Charrúa Etriek, con sus banderas bien en alto, la de las Comunidades Indígenas y aquella perteneciente a los Mapuches. Al ritmo de sonidos de percusión y con cantos, la gente que iba llegando comenzó a aplaudirlas y en ese aplauso se fundía un entendimiento, y es que hace pocos días la comunidad Mapuche sufrió la pérdida de Elías Garay a manos de la policía de Río Negro.    

La convocatoria de la Marcha de la Gorra fue nutrida, cuadras completas de gente con sus bombos, trompetas, carteles y ocasionales humos de colores que formaban una nube densa en el aire que luego se evaporaba. Las banderas políticas eran diversas, los colores partidarios podían formar un arcoiris, pero la consigna que los unía era una sola: Basta de violencia institucional”. Y es que las cifras de muertes en manos de la policia solamente este año según el informe de la CORREPI, que aún no tiene su corte definitivo, es de 537 víctimas. 

Los episodios de violencia por parte de las fuerzas represivas comportan un problema sistémico y, por ende, una política de Estado. Mariana Vergara, madre de Cristián Ariel Coqui” Montecinos, el joven fusilado por el gendarme Elliezer Acosta a cinco cuadras de su casa, abraza a una de sus amigas que la acompañó a marchar. Tras haber expresado a ANCCOM con voz temblorosa pero firme: La Policía y la Gendarmería dicen que están acá para cuidarnos, pero es mentira. Hoy el asesino de mi hijo está en la calle y debería estar en la cárcel”.

Frases en cartulinas decoraban las rejas del Congreso: No más muertos por portación de cara”, Mi ropa no es delito”, Las balas que piden se llevan a los pibes”.

Las fotos impresas y colgadas en los cuellos de los asistentes inundaban la plaza del Congreso. Incontables nombres y fechas en la que fueron asesinados y reiterados pedidos de justicia fueron el símbolo más presente en esta marcha. Estela, la madre de Marcelo Rivero, quien fue asesinado por dos policías en 1989 y su causa archivada en el 2000, gritó a un micrófono: Lo mataron porque era pobre nada más, nos matan por eso”. Las palabras quedaron resonando, igual que aquellas frases escritas en cartulinas que decoraban las rejas del honorable edificio: No más muertos por portación de cara”, Mi ropa no es un delito”,  Las balas que ustedes piden se llevan a nuestros pibes”.

Se hicieron presentes La Cámpora, el MTE, la Juventud Comunista Revolucionaria, el Movimiento Ni un Pibe Menos Por La Droga, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la CORREPI, las Madres en Lucha contra la Impunidad, La Garganta Poderosa y AMMAR. Hubo lectura de un documento consensuado, tres líneas cada representante de cada organización,  tres líneas y se pasaban el micrófono al siguiente, y así completaron que La vida en los barrios se vuelve todavía más precaria y los conflictos por derechos básicos son inevitables. Las políticas públicas para mejorar nuestra vida no llegan, seguimos teniendo que salir a inventarnos un laburo, dejar la escuela, resignar nuestros sueños, sufrimos la falta de salud, de vivienda. La respuesta a estos problemas vienen siendo muy insuficientes y en muchos casos se saldan con represión.” 

 Y continuaron: 

 La represión se vuelve aún más cruda e invisible en contextos de encierro. Nuestros compañeros y compañeras privadas de su libertad sufren de condiciones de detención pésimas, donde la tortura y los malos tratos son moneda corriente.” 

 La gorra como símbolo que marcó a la convocatoria de la tarde, marcó también la narrativa, hay una gorra que mata, y una que no. Mi gorra no mata, la tuya si”, se leía en el cartel que sostenía una de las amigas de Lucas Verón, el joven que salió a comprar con sus amigos y la policía por suponer que estaba robando lo asesinó. No por tener gorrita, estar vestidos de cierta manera, ser de color, la policía tiene derecho a quitarnos la vida” explicó conmovida. 

 La lectura del documento fue la despedida de los asistentes, que cerró:

 Los peligrosos seguimos siendo los pibes de los barrios populares, los trabajadores de la economía popular, las disidencias. Los discursos de odio programados por mercenarios mediáticos, y dirigentes políticos buscan instalar que nosotros somos el problema de la inseguridad.”

«El arma de mi hijo eran sus botines rotos»

«El arma de mi hijo eran sus botines rotos»

Una nutrida concentración, en la que participaron los padres de Lucas González, reclamó justicia frente a los Tribunales. Velas, lágrimas y reclamos.

Los padres de Lucas junto a los tres amigos que viajaban en el auto, también víctimas de la policía.

Faltaban 5 minutos para las siete de la tarde. Un chico con lágrimas en los ojos y la camiseta de Defensa y Justicia llegó corriendo por la calle Tucumán aplaudiendo mientras pide espacio. Detrás de él, dos micros que llegaron desde Florencio Varela llenos de personas, la mayoría niños que sacan la cabeza y los brazos por las ventanillas pidiendo a los gritos justicia por Lucas. Los vecinos de la Ciudad que ya se encontraban en la plaza frente a Tribunales, sin banderas de ningún partido político y con la única consigna por la que se iban a concentrar ese día -“Justicia por Lucas” y “Basta de Gatillo Fácil”-, empezaron a aplaudir con fuerza frente a ellos. Una bandera que apareció colgada a lo largo de todo el micro, en la que se lee “La 2004 siempre presente. Justicia por Lucas”, tensiona angustias y arranca lágrimas. Alrededor todos vuelven a tomar conciencia de lo chiquitos que eran los cuatro amigos que la semana pasada sufrieron la peor furia policial, que terminó con la muerte de Lucas.  

Llegaron cuatro micros más y montones de personas bajaron saltando mientras cantaban “Lucas no se murió, Lucas no se murió, Lucas vive en Varela”. En cada grupo que se acercaba a Tribunales se podía recorrer su historia. Sus amigos del barrio de toda su vida, los clubes en los que jugó; primero Defensa y Justicia, Racing y el último Barracas Central. Lucas, por cada lugar en el que estuvo, dejó huella e hizo amigos. Sus papás también: estaban acompañados de sus familiares, compañeros de trabajo, y vecinos que les daban su apoyo a cada segundo. Las remeras con la cara de Lucas eran todas distintas. Diferentes grupos daban cuenta de lo querido que fue en cada lugar por el que pasó, y cómo su familia lo apoyó para que pudiera jugar al fútbol. 

Arriba del escenario se ubicaron los familiares, el abogado Gregorio Dalbón y los tres chicos víctimas de la policía, quienes lloraban abrazados, junto a sus padres. Todos fueron oradores. Recordaron a Lucas, hijo, amigo, jugador de fútbol y su sueño de llegar a Primera. 

 

«Quiero justicia, perpetua para los tres policías, porque los tres tienen culpa.”

Cintia, la mamá de Lucas, fue la encargada de cerrar el acto: “Cuando yo vi la noticia en la tele donde contaban que le habían pegado un tiro en la cabeza a un delincuente no le di importancia porque mi hijo no era un delincuente. Mi hijo era futbolista. Ahora miro las banderas de Gonzalo, de Luciano y las entiendo tanto a las mamás que perdieron a sus hijos. Nunca sentí un dolor tan grande.” Y continuó: “¿Ustedes saben cuál era el arma de mi hijo?… Esta era el arma de mi hijo… sus botines rotos. Me lo mataron y era un bebé, era mi bebé, todavía venía a dormir conmigo a mi cama. Quiero justicia, perpetua para los tres policías porque los tres tienen culpa”. 

Se hizo un minuto de silencio y se prendieron velas por el joven asesinado, que luego serían colocadas delante de unas fotos frente a Tribunales. 

El inspector Gabriel Alejandro Isassi, el mayor Fabián López y el oficial José Nievas, responsables de la muerte del joven futbolista Lucas González, quedaron detenidos acusados del delito de «homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones», lo cual prevé la pena de prisión perpetua. 

El abogado, Gregorio Dalbón, quien en la marcha de las velas dijo que el juez que detuvo a los chicos en el Instituto de Menores Inchausti y dejó libres a los policías debe ser destituido, dijo a ANCCOM que “asesinaron a Lucas y hubo intento de homicidio a los tres chicos  ¡Fueron doce tiros!. Por eso el pedido de la familia es tan fuerte. La justicia lenta no es justicia, necesitamos esclarecimiento de todo lo sucedido”. Luego agradeció a los medios de comunicación y a la gente “que entiende que no hay grietas sino que se trata de la muerte de un joven de 17 años inocente al que quisieron hacer pasar por delincuente.” El abogado especuló que hoy, martes, ya deberían haber formalizado la presentación como querella.  

Hoy, martes 23 de noviembre es la marcha anual en CABA para terminar con el Gatillo Fácil a lo ancho y a lo largo del país. Se va a pedir por cada uno de los asesinados por las fuerzas de seguridad. Lucas, es uno de los 121 muertos en manos de la Policía de la Ciudad en tan solo 5 años de vida. Según la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) hay una víctima de Gatillo Fácil cada 20 horas en la Argentina. “No es un policía es toda la institución”, aseguran.  

“Justicia por Lucas”, dijo Mario, su papá, cuando ANCCOM le pidió una declaración. “Justicia por mi bebé -reclamó Cintia-. No me suelten la mano. No pido nada más que justicia… Perpetua para los tres policías”.

La violencia institucional como política de Estado

La violencia institucional como política de Estado

En apenas cinco años de historia, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 fusilamientos por gatillo fácil. No es la única: en total la violencia policial alcanzó los 537 casos de fusilamiento, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el atropellamiento deliberado con patrullero.

“En los últimos cuatros días hemos tenido que sumar a Lautaro Rosé en Corrientes, a Lucas González en Capital, a Alejandro Martínez en Provincia de Buenos Aires y, ayer, a Elías Garay, el joven mapuche que mataron en Cuesta del Ternero en Río Negro”, cuenta a ANCCOM María del Carmen Verdú, abogada penalista que forma parte de la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI). 

Anualmente, la CORREPI realiza informes sobre violencia policial, y detalla que en los últimos cinco años la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 “fusilamientos por gatillo fácil”. En un informe previo a aquel que se presentará en diciembre, llegan a 537 los casos totales de fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el uso del patrullero para embestimientos deliberados en persecución.

El de Lucas González no es un caso aislado, ni de “asesinos sueltos”, es sistémico, y por ende una política de Estado, según expresa la abogada penalista. A su vez, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reclamó al gobierno porteño no sólo la sanción de los responsables del homicidio de Lucas González sino que se tomen medidas de prevención “para evitar hechos” que se repiten “desde la creación de la Policía de la Ciudad”.

Clases de periodismo

Por un hecho absolutamente circunstancial, el caso de Lucas Gonzalez rompió el blindaje mediático, y es que gracias al club, la familia pudo hablar de lo sucedido. El informe inicial fue una versión policial tomado de “forma acrítica y sin hablar con el entorno de la víctima para chequear”. El primer parte se conoció a través del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad, para ser difundido luego por varios medios de comunicación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recalcó la tergiversación de los hechos, al igual que la CORREPI, que apartó el caso para hacerle seguimiento, encontrando en el texto de la nota ciertos vacíos. Se explicita, entonces, que la información que difunden las comisarías no puede replicarse “sin ser contrastada porque es en ese lugar donde se imponen los relatos de los operativos policiales”. El CELS subrayó que existe una “historia muy extendida” de “procedimientos ilegales” en operativos policiales fraguados que quedaron al desnudo en la investigación judicial realizada por Daniel Rafecas a fines de los 90’, cuando actuaba como fiscal e investigó causas fraguadas por la Federal  publicadas por los medios como persecuciones.

El relato policial del caso de Lucas González es idéntico al de “paragüita” Toledo. El joven de la villa 21-24 que el 15 de julio de 2017 fue asesinado a tiros por Adrián Otero, oficial de la Policía de la Ciudad, mientras volvía de bailar junto a dos amigos. A raíz de una discusión de tránsito, Otero comenzó a perseguir el auto donde estaban los tres jóvenes y a disparar contra los tres chicos. Ocho balas impactaron en el auto, una de ellas le causó la muerte a Cristián Toledo. En un primer momento, la versión de los hechos difundida planteaba que el policía había actuado en defensa propia ante un intento de robo, buscando criminalizar a los jóvenes, quienes fueron detenidos durante dos días. La respuesta de vecinos, amigos y familiares fue lo que permitió que liberaran a los dos jóvenes y se exigiera justicia por Cristián.

«-8.500»

El caso de Cristian Toledo comportó el primer juicio contra un efectivo de la Policía de la Ciudad por gatillo fácil. La sentencia para Otero de prisión perpetua, en octubre de 2018, sentó un precedente importante. Los casos en los que se logra una condena correspondiente: aquella de homicidio agravado por el abuso funcional de un miembro de la fuerza de seguridad, explica Verdú, son muy pocos. Y agrega que la regla común del gatillo fácil es que “le sigue sistemáticamente el sobreseimiento fácil”. Explica la abogada que en la mayoría de los casos, cuando no existe una familia que se presente frente a la fiscalía o el juzgado, que se constituya como querella o particular damnificado, y que empiece a poner puntos sobre las íes en materia de prueba o de interpretación de la misma, en menos de seis meses la causa es archivada. 

 La criminalización de la víctima va en paralelo con la narrativa de la víctima inocente, que desde la CORREPI se intenta desterrar y explican que “vuelve a resurgir con los discursos del odio: el ‘algo habrán hecho’ o ‘la polícia no mata porque sí’”. Tal es el caso de Luciano Cabello, el joven que en noviembre de 2015 recibió tres disparos por parte del oficial Ayala de la, entonces, Policía Metropolitana, quedando en estado de cuadriplejia. Las justificaciones del accionar del agente vinieron de la mano de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, por entonces era vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien alegó que Ayala había accionado en un supuesto marco de violencia de género. Lo insólito de sus declaraciones es que fueron desmentidas por la mujer de Cabello, la supuesta denunciante. 

El juicio contra Ayala se llevó a cabo en 2019, y lo condenaron a 16 años de prisión en diciembre de ese año, pero aún así está libre porque la Cámara de Casación aún no se expidió sobre el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la condena no está firme. Dice la abogada del caso que “si vos tenés que querellar a alguien en una situación de empate con la defensa partís de 0. Contra un policía, un gendarme, un prefecto, un servicio penitenciario no arrancàs de cero, arrancás de -8500”. 

Ayer, en el marco de un doloroso reclamo por justicia, se llevó a cabo frente a Tribunales una congregación por el asesinato de Lucas González. Este martes, a las 15, se llevará a cabo en Av. de Mayo y 9 de Julio la quinta Marcha de la Gorra organizada por la CORREPI. Habrá un amplio arco de organizaciones convocadas, y se leerá un documento consensuado. El primordial reclamo es contra la violencia institucional que se carga con las muertes de personas, día tras día. El informe oficial de la Coordinadora hasta ahora presenta cifras récord, con 537 muertes donde no es el gatillo fácil lo que más aumentó sino las muertes en lugares de detención por covid-19. La situación es crítica, concluye Verdú: “Tenemos la falacia de un país que tiene un Código Penal que dice que no existe la pena de muerte, pero a punta de (pistola) reglamentaria está decidida por policías en la calle”.